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Bienestar Social acuerda con los cabildos la creación de 781 plazas sociosanitarias residenciales nuevas

La consejera, Candelaria Delgado, ultima las sextas adendas a los convenios de cooperación con los cabildos para mejorar el catálogo de recursos dirigidos a atender a la población con necesidades de apoyo

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha consensuado con los cabildos insulares la creación de 781 nuevas plazas residenciales en el archipiélago que estarán incluidas en las sextas adendas al convenio de cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los cabildos insulares para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad. Para ello, el Gobierno de Canarias aportará una financiación de 193, 2 millones de euros y las corporaciones insulares un total de 76,8 millones.

En total, Gobierno y cabildos destinarán 270 millones de euros a sufragar los nuevos recursos. Esta cuantía supone siete millones más que el montante destinado a la quinta adenda del convenio, aún en vigor. “Las administraciones canarias estamos trabajando de forma coordinada y de la mano, haciendo un esfuerzo presupuestario muy importante, para atender uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta la sociedad canaria, que es consolidar y crear nuevos recursos para personas con distintas necesidades sociosanitarias”, explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Además de las plazas residenciales, la ampliación del convenio contempla 315 plazas diurnas extras y 490 plazas de teleasistencia. Asimismo, el acuerdo también incluye más de 30.000 horas de promoción de la autonomía personal y 85.040 horas de servicio de ayuda a domicilio.

Delgado destacó la importancia de prevenir el deterioro de las personas dependientes y la conveniencia de hacer hincapié en promover la autonomía personal. “Debemos prevenir la agravación de situaciones de dependencia y fomentar que las personas puedan mantenerse activas dentro de sus capacidades. De esta forma se trabaja la inclusión social y, en la medida de lo posible, la recuperación de ciertas habilidades funcionales perdidas”. En este apartado se incluyen actividades como la terapia ocupacional, la rehabilitación, el entrenamiento en habilidades, la estimulación cognitiva y la atención temprana”, precisó.

De forma paralela a la aprobación de esta sexta adenda, el Gobierno de Canarias trabaja ya con los cabildos insulares en el diseño de un nuevo plan de infraestructuras sociosanitarias que atienda las necesidades de la población canaria a medio plazo.

“Es importante que seamos capaces de dimensionar adecuadamente las necesidades que va a tener nuestra población y que lo hagamos de manera detallada, teniendo en cuenta las distintas realidades de nuestras islas y municipios, además del desarrollo futuro de la pirámide poblacional. Por eso es tan importante trabajar de la mano de las corporaciones insulares y locales, escuchando sus demandas y poniendo por delante las demandas de nuestra ciudadanía”, señala Delgado.

“Tenemos que ser capaces de combinar los recursos residenciales con otros de otro tipo, que permitan a nuestros mayores o dependientes permanecer en sus hogares, siempre que sea posible, o que garanticen el respiro familiar”, añade Delgado.

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Bienestar Social publica la convocatoria de ayudas para proyectos en materia de inmigración e inclusión social

Las ayudas están dirigidas a administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de carácter social en la comunidad autónoma de Canarias

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado la orden para la concesión de subvenciones, para el año 2024, destinadas a financiar la ejecución de proyectos en las áreas de inmigración e inclusión social por un importe global que asciende a 7.044.097,26 euros.

La convocatoria de ayudas de la Dirección General de Servicios Sociales se realizará en régimen de concurrencia competitiva, atendiendo a los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación y establece dos líneas de subvenciones dirigidas a financiar proyectos vinculados a la Inmigración, por un lado, y a proyectos que tengan como materia la Inclusión Social.

En el campo de proyectos de Inclusión social, la convocatoria establece una global partida que asciende a 6.044.097,26 euros, distribuidas en diferentes líneas de financiación: para Programas de intervención para la inclusión social y la atención a personas en situación de exclusión social, con un montante que asciende a 3.369.097,26 euros; para Planes integrales de inclusión social de intervención en la comunidad, con una partida de 360.000 euros; para progrmas de Intervención integral con personas sin hogar, con una partida global de 1.335.000 euros y para proyectos de Inclusión social exclusiva para unidades de convivencia perceptoras de la prestación canaria de inserción y/o de la renta ciudadana, con 980.000 euros.

Por su parte, en la línea de inmigración, la convocatoria fija un importe global que asciende a 1 millón de euros.

Podrán acogerse a esta línea de subvenciones las Corporaciones Locales, Mancomunidades, y Agrupaciones de Municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, Fundaciones y Universidades Públicas así como entidades sin ánimo de lucro registradas y legalmente constituidas que cuyos fines y objetivos estatutarios estén dirigidos al ámbito social y/o colectivo susceptible de esta convocatoria.

Todas las entidades beneficiarias deberán desarrollar sus actividades de forma efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo el destino de la subvención contribuir a sufragar los costes de las actividades relacionadas con la prestación de servicios y/o actuaciones en las distintas áreas, descritas en las bases de la presente convocatoria, debiendo acreditar sede física y/o delegación de la entidad en el territorio de Canarias y/o indicar la dirección donde se desarrollará el proyecto, mediante declaración responsable de la persona que ostente la representación legal de la entidad en el momento de la solicitud.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del miércoles, 15 de octubre.

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Más de sesenta entidades se reúnen en torno a la Responsabilidad Social Corporativa

El acto desarrollado en la sede del Gobierno de Canarias ha servido para reactivar esta Red Canaria, impulsada por el Ejecutivo canario en la legislatura 2015-2019

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, subrayó la importancia de esta red “como una plataforma para conectar y visibilizar las iniciativas de responsabilidad social en las empresas de Canarias”

Más de sesenta empresas y entidades de todo tipo se dieron cita hoy en la sede del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria en el marco del acto de reactivación de la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa. Este proyecto, impulsado por el Gobierno de Canarias en la legislatura 2015-2019, busca ser un punto de encuentro para entidades en el que compartir sus prácticas sostenibles, a nivel social, económico y medioambiental.

Durante el acto de presentación, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, aclaró que la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se enmarca entre los esfuerzos del Gobierno de Canarias “por construir un ecosistema social más responsable y comprometido”. “De hecho, aclaró, este proyecto, impulsado por la administración, tiene como objetivo principal crear un espacio de encuentro y aprendizaje donde las diversas entidades puedan compartir sus mejores prácticas y visibilizar su labor ante la comunidad”.

El viceconsejero de Bienestar Social durante el acto de reactivación de la Red Canaria de RSC

Candil subrayó que la creación de esta Red “es un ejemplo claro de cómo el Gobierno de Canarias actúa como facilitador, proporcionando un entorno propicio para que empresas, organizaciones del tercer sector, cooperativas y otros agentes sociales puedan intercambiar experiencias, generar alianzas y mostrar su impacto positivo en la sociedad”.

Además, el responsable de Bienestar Social, que fue el encargado de presentar los datos extraídos de la última encuesta realizada a las empresas de la Red y dibujar la hoja de ruta de este proyecto, matizó que, en la nueva fase, se actualizarán las iniciativas de RSC en la plataforma web así como el diagnóstico de situación y se abrirá un proceso de nuevas adhesiones visitando a las entidades interesadas en cada isla. “Todo este plan desembocará en un acto público de encuentro con las empresas y entidades responsables socialmente a final de año”, anunció.

Por su parte, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, afirmó que “la Red de Responsabilidad Social Corporativa es una iniciativa central de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030”. Cabello desgranó algunas de las metas de la Estrategia Canaria 2030 en las que incide la iniciativa. Por su incidencia holística, está inserta en las tres dimensiones de la sostenibilidad: social, económica y medioambiental.

La RSC es una iniciativa alineada con la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, que busca transformar el modelo de desarrollo de las islas, impulsando un crecimiento equilibrado y respetuoso con el medio ambiente, y promoviendo la inclusión social y la igualdad de oportunidades. A través de esta estrategia, el Gobierno de Canarias persigue implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU, abordando desafíos clave como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la protección de los ecosistemas. La Red de RSC se convierte, por tanto, en una herramienta fundamental para canalizar estos esfuerzos, facilitando que las entidades canarias contribuyan a estos objetivos globales desde sus propias prácticas empresariales.

La Red Canaria de RSC no solo ofrece una plataforma desde donde las entidades pueden visibilizar y dar a conocer sus acciones a la comunidad, sino que también refuerza el entorno social canario, al promover prácticas que benefician tanto a las organizaciones como a las comunidades a las que sirven.

La Red RSC Canarias estuvo en marcha en la legislatura 2015-2019, logrando la adhesión de más de 150 empresas. De ellas, el 20% actuaron en el ámbito de la promoción de igualdad entre mujeres y hombres, el 19% en servicios sociales y sanitarios y el 18% en protección de medio ambiente.

 

 

 

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Más de sesenta entidades se reúnen en torno a la Responsabilidad Social Corporativa

El acto desarrollado en la sede del Gobierno de Canarias ha servido para reactivar esta Red Canaria, impulsada por el Ejecutivo canario en la legislatura 2015-2019

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, subrayó la importancia de esta red “como una plataforma para conectar y visibilizar las iniciativas de responsabilidad social en las empresas de Canarias”

Más de sesenta empresas y entidades de todo tipo se dieron cita hoy en la sede del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria en el marco del acto de reactivación de la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa. Este proyecto, impulsado por el Gobierno de Canarias en la legislatura 2015-2019, busca ser un punto de encuentro para entidades en el que compartir sus prácticas sostenibles, a nivel social, económico y medioambiental.

Durante el acto de presentación, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, aclaró que la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se enmarca entre los esfuerzos del Gobierno de Canarias “por construir un ecosistema social más responsable y comprometido”. “De hecho, aclaró, este proyecto, impulsado por la administración, tiene como objetivo principal crear un espacio de encuentro y aprendizaje donde las diversas entidades puedan compartir sus mejores prácticas y visibilizar su labor ante la comunidad”.

El viceconsejero de Bienestar Social durante el acto de reactivación de la Red Canaria de RSC

Candil subrayó que la creación de esta Red “es un ejemplo claro de cómo el Gobierno de Canarias actúa como facilitador, proporcionando un entorno propicio para que empresas, organizaciones del tercer sector, cooperativas y otros agentes sociales puedan intercambiar experiencias, generar alianzas y mostrar su impacto positivo en la sociedad”.

Además, el responsable de Bienestar Social, que fue el encargado de presentar los datos extraídos de la última encuesta realizada a las empresas de la Red y dibujar la hoja de ruta de este proyecto, matizó que, en la nueva fase, se actualizarán las iniciativas de RSC en la plataforma web así como el diagnóstico de situación y se abrirá un proceso de nuevas adhesiones visitando a las entidades interesadas en cada isla. “Todo este plan desembocará en un acto público de encuentro con las empresas y entidades responsables socialmente a final de año”, anunció.

Por su parte, el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, afirmó que “la Red de Responsabilidad Social Corporativa es una iniciativa central de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030”. Cabello desgranó algunas de las metas de la Estrategia Canaria 2030 en las que incide la iniciativa. Por su incidencia holística, está inserta en las tres dimensiones de la sostenibilidad: social, económica y medioambiental.

La RSC es una iniciativa alineada con la Estrategia Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, que busca transformar el modelo de desarrollo de las islas, impulsando un crecimiento equilibrado y respetuoso con el medio ambiente, y promoviendo la inclusión social y la igualdad de oportunidades. A través de esta estrategia, el Gobierno de Canarias persigue implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU, abordando desafíos clave como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y la protección de los ecosistemas. La Red de RSC se convierte, por tanto, en una herramienta fundamental para canalizar estos esfuerzos, facilitando que las entidades canarias contribuyan a estos objetivos globales desde sus propias prácticas empresariales.

La Red Canaria de RSC no solo ofrece una plataforma desde donde las entidades pueden visibilizar y dar a conocer sus acciones a la comunidad, sino que también refuerza el entorno social canario, al promover prácticas que benefician tanto a las organizaciones como a las comunidades a las que sirven.

La Red RSC Canarias estuvo en marcha en la legislatura 2015-2019, logrando la adhesión de más de 150 empresas. De ellas, el 20% actuaron en el ámbito de la promoción de igualdad entre mujeres y hombres, el 19% en servicios sociales y sanitarios y el 18% en protección de medio ambiente.

 

 

 

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Mayores lanza una campaña para desarrollar una marca propia que dé protagonismo al colectivo

La Dirección General de Mayores y Participación Activa recoge la opinión de la ciudadanía de cara a diseñar la nueva identidad de los mayores

La Dirección General de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias ha lanzado una iniciativa orientada a dar protagonismo y visibilidad a las personas mayores. A través de una encuesta, se invita a la ciudadanía a participar en la creación de una nueva marca para las personas mayores de Canarias, con el objetivo de crear una identidad que aglutine la contribución de los mayores a la sociedad.

Según explica la directora general del área, Verónica Meseguer, la iniciativa tiene como fin “construir una marca que refleje de manera fiel la diversidad, el conocimiento y la vitalidad de las personas mayores en las islas”.

Para ello, indicó, se ha puesto en marcha una encuesta pública en la que se recogerán opiniones, sugerencias e ideas, especialmente de las propias personas mayores. Las personas interesadas pueden acceder al formulario hasta finales del mes de diciembre.

“Esta nueva marca será una herramienta de comunicación fundamental para futuros proyectos y actividades que busquen promover el bienestar, la inclusión y el reconocimiento de este colectivo”, especifica la directora general, quien espera que esta consulta “no solo aporte ideas valiosas, sino que sirva para fortalecer el sentido de pertenencia y el reconocimiento del importante rol que tienen los mayores en el tejido social de las islas”.

El objetivo principal de esta campaña es involucrar activamente tanto a las personas mayores como al resto de la comunidad en la creación de una nueva marca que represente la identidad de los mayores de Canarias, dado que se busca que esta marca sea un fiel reflejo de su diversidad, experiencia y papel en la sociedad.

Con este fin, la Dirección General de Mayores y Participación Activa ha habilitado una encuesta a través de la cual la ciudadanía podrá aportar sus puntos de vista sobre los aspectos clave que deben estar presentes en la nueva identidad de los mayores. La encuesta está disponible en el portal web NUESTROS MAYORES OPINAN  y es accesible mediante código QR.

“Se trata, en definitiva, de fortalecer el sentimiento de pertenencia y comunidad ofreciendo a la ciudadanía y, muy en especial a las personas mayores del Archipiélago, una plataforma para que expresen sus opiniones, potenciando el proceso participativo como elemento clave para promover su inclusión en la vida pública y social”, concluyó Meseguer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Delgado: “Hemos reducido en 271 días el tiempo de espera de reconocimiento de dependencia”

La consejera de Bienestar Social informa en sede parlamentaria de los resultados de las diversas medidas impulsadas por su departamento de cara a la mejora de la gestión en Canarias en materia de dependencia

“Hemos reducido en 271 días el tiempo de espera de un reconocimiento de la situación de dependencia. Durante la anterior legislatura, se tardaban 847 días y hoy se tardan 576. Esto no es una alegría, pero demuestra que se está trabajando en el buen camino”, afirmó hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en sede parlamentaria, donde intervino para explicar las medidas impulsadas por su departamento en materia de dependencia.

“Estamos trabajando para resolver, en el plazo legalmente establecido, las resoluciones de grado, del Plan Individual de Atención, y las prestaciones… pero solo llevamos un año”, indicó Delgado, quien felicitó a todo el personal de la Dirección General de Dependencia y de toda la Consejería, “porque gracias a su esfuerzo y constancia el trabajo sale, los expedientes se tramitan y las prestaciones se pagan, tal y como refrendan los datos oficiales que publica cada mes el Imserso”.

Según expuso la consejera regional, Canarias gestionó en 2023 un total de 72.563 solicitudes, de las que se resolvieron 56.213, lo que supuso el reconocimiento de 49.605 personas con derecho a recibir ayuda, “lo que supone un avance significativo en la capacidad de respuesta del sistema”.

Además, indicó, en el último año “se ha reducido en un 14,5% el número de personas que, aunque tienen el derecho reconocido a recibir ayuda, aún no reciben servicio, y se ha incrementado la atención en el entorno familiar en más de 18.800 personas, lo que indica que se está potenciando este tipo de prestación, que es fundamental para aquellas personas que prefieren recibir cuidados en sus propios hogares en lugar de en instituciones”.

Asimismo, señaló que en 2023 el Gobierno de Canarias incrementó la financiación destinada a la atención a la dependencia, lo que ha permitido aumentar el número de beneficiarios atendidos y mejorar las condiciones de los servicios ofrecidos, y se ha expandido el acceso a programas de prevención y promoción de la autonomía personal, con más de 2.300 personas beneficiándose de estos servicios.

Estas actuaciones en el área de la atención a las personas dependientes se suman a la tendencia a la baja en el número de personas en lista de espera para recibir prestaciones, lo que demuestra una agilización en la tramitación de solicitudes y la asignación de recursos. Asimismo, se han incrementado los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio, lo que ha permitido que Canarias se convierta, en el último año, en la segunda comunidad autónoma que más incrementó el número de servicios de ayuda a domicilio, con un aumento del 7,7%.

 

Más plazas en centros y diversificación de prestaciones

En su intervención, Delgado explicó que Canarias ha impulsado la diversificación en las prestaciones, ampliando las prestaciones para las personas dependientes, especialmente en el cuidado en el entorno familiar, con 18.829 beneficiarios en 2023. Además, indicó que 14.817 personas recibieron prestaciones vinculadas a servicios especializados, como centros de día o asistencia en residencias, “lo que representa un aumento de la diversidad en los servicios ofertados”.

A esta medida se ha sumado la ampliación de oferta de plazas en centros residenciales y de día, lo que ha mejorado el acceso a este tipo de servicios para las personas dependientes que requieren atención especializada.

A este respecto, la consejera avanzó también en sede parlamentaria, en respuesta a una pregunta sobre los convenios establecidos con los cabildos insulares para la prestación de los servicios a las personas en situación de dependencia, que la dirección general competente se encuentra actualmente negociando con los cabildos el nuevo convenio de cooperación entre el Ejecutivo canario y las administraciones insulares para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, con un plazo de vigencia para el periodo 2025-2028.

 

 

 

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Delgado: “En materia de migración, somos muy conscientes de que nos encontramos ante un fenómeno que no va a ceder»

La consejera de Bienestar Social apuesta por una gestión corresponsable del fenómeno migratorio por parte de Europa y España que deje fuera del debate partidista a los menores

“Hoy se contabiliza un incremento del 83% en la llegada de migrantes con respecto al año pasado, que ya fue récord. Somos muy conscientes de que nos encontramos ante un fenómeno que no va a ceder en los próximos meses, ni siquiera en los próximos años”, aseguró la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en comparecencia parlamentaria en la que abordó la evolución de la migración en Canarias.

En su intervención, Delgado avanzó que “el Gobierno de Canarias ha hecho un llamamiento a la Unión Europea para que refuerce sus proyectos sobre el terreno en África y para que lo haga con el archipiélago como puerta de entrada, aprovechando sus históricas relaciones de vecindad con muchos países del área occidental del continente africano”. En esta línea, indicó, se enmarca la visita del presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, a Marruecos para celebrar sendas reuniones con el ministro de Exteriores de este país y con el presidente del Parlamento de Marruecos, que “servirán para transmitir la crítica situación en la que se encuentran las islas, al tiempo que plantea alternativas para evitar la masiva salida de estos niños, niñas y jóvenes hacia la mortífera ruta atlántica”.

En relación a la atención y acogida de personas menores migrantes no acompañados, la responsable regional de Bienestar Social afirmó que “Canarias sufre un grave colapso en la red de recursos de acogida, a lo que se añade que también estamos trabajando para superar las dificultades que tenemos para integrar a estos niños, niñas y jóvenes”.

En este sentido, aclaró que Canarias ha puesto en marcha más de cincuenta centros nuevos y ha asumido en solitario el coste económico que supone la acogida de estos menores.

En este contexto, Delgado reiteró la necesidad de que se alcance un pacto de Estado que deje fuera de la lucha partidista a los menores y que permita gestionar un fenómeno que explica la propia historia de la humanidad.

“A día de hoy, no se ha recibido financiación del Estado para afrontar los problemas que está generando la migración, aunque hay más de seis millones ya aprobados y otros cincuenta prometidos que no han empezado a gestionar”, afirmó la consejera, quien recordó que el Gobierno de Canarias aprobó en Consejo de Gobierno celebrado el lunes, 7 de octubre, un requerimiento dirigido al Gobierno de España y a la Administración General del Estado para que cumpla con sus obligaciones constitucionales y legales de garantía de la solidaridad territorial en materia migratoria relacionadas con el exceso de menores migrantes no acompañados que están acogidos por los servicios de acogida y protección de menores de Canarias, por el que demanda al Estado el abono de más de 157 millones de euros.

 

 

 

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El Gobierno de Canarias establece un protocolo de recepción de menores migrantes no acompañados

Esta herramienta, la primera que se establece como tal en Canarias, ordena la intervención de todas las instituciones y administraciones afectadas en la acogida y atención de la persona menor migrante no acompañada

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy la resolución por el que se establece el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en Canarias, un documento que da cumplimiento al Protocolo Marco estatal en relación con los menores extranjeros no acompañados, aprobado por Resolución de 13 de octubre de 2014.

El protocolo territorial pretende la ordenación de la recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados que se encuentren en situación de desamparo en Canarias, para lo que establece un conjunto de actuaciones previas para el acogimiento de un menor migrante no acompañado por parte de Canarias. Así, se requerirá su previa reseña de identificación, su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) si contase, y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del órgano correspondiente del Estado, previa audiencia al menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del Fiscal.

De esta forma, tras la cumplimentación de las actuaciones previas, el órgano competente estatal comunicará a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias la existencia de un menor migrante no acompañado en condiciones de ser entregado para este pueda ser acogido de forma adecuada.

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Bienestar Social refuerza la atención a la dependencia con la contratación de 104 nuevos profesionales

La medida anunciada hoy por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en sede parlamentaria, permitirá agilizar los procedimientos y reducir las listas de espera

Los nuevos efectivos laborales del departamento regional de Dependencia se sumarán a los 24 nuevos trabajadores sociales ya contratados que comenzarán sus funciones la próxima semana

La reducción de las listas de espera y la puesta en marcha de un nuevo decreto de reconocimiento de la dependencia constituyen las principales prioridades del Gobierno de Canarias de cara a mejorar la atención de la población que requiere estos servicios en las islas. Para seguir avanzando en ambos objetivos, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, anunció hoy la puesta en marcha de un nuevo contrato programa que supondrá la incorporación de 104 trabajadores y trabajadoras al servicio de dependencia, una medida que “dará respuesta al creciente número de solicitudes presentadas, agilizará los procedimientos y rebajará los tiempos de espera”.

Esta decisión fue dada a conocer por la responsable regional de Dependencia en el marco de la comparecencia parlamentaria celebrada hoy en la que abordó las líneas de actuación previstas por su departamento en materia de atención a la dependencia en Canarias. En su intervención anunció, además, que la próxima semana comenzarán a operar 24 nuevos trabajadores sociales, “lo que permitirá reforzar los equipos de valoración y tramitación de solicitudes, incrementando la capacidad operativa del sistema”.

“Con esta ampliación de personal -aseguró la consejera de Bienestar Social- disminuiremos el tiempo de espera para el reconocimiento de la situación de dependencia de forma significativa, mejorando la respuesta a las necesidades urgentes de las personas dependientes y sus familias, lo que refleja el compromiso con la eficiencia y la calidad del servicio por parte de este Gobierno”.

Estas medidas fueron algunas de las medidas adelantadas por Delgado, quien también anunció la implementación del nuevo decreto de reconocimiento de atención a la dependencia como “una medida fundamental para garantizar que las personas en situación de dependencia puedan acceder de manera más eficiente a los servicios y apoyos que necesitan, ya que el nuevo decreto modernizará y agilizará los procesos de evaluación y reconocimiento, facilitando la tramitación y reduciendo los tiempos de espera para los solicitantes”.

En su intervención, informó sobre el fomento e impulso de la figura del asistente personal como “figura clave para promover la autonomía de las personas en situación de dependencia, permitiendo que los dependientes reciban apoyo personalizado en su vida diaria, potenciando su independencia y facilitando su participación activa en la comunidad”, así como del establecimiento del Decreto de copago que “regulará la contribución económica de las personas usuarias a los servicios de dependencia, asegurando que esta sea justa y proporcional a sus ingresos y patrimonio”.

Además, Delgado avanzó la realización de encuestas de calidad y satisfacción de las personas usuarias “como herramienta fundamental para evaluar la eficacia de los servicios de dependencia”, así como la constitución de grupos de trabajo especializados “para buscar fórmulas que reduzcan las listas de espera de acceso a los servicios, en una estrategia colaborativa que permitirá mejorar la fluidez del sistema, optimizar el uso de los recursos y garantizar que las personas en situación de dependencia reciban atención en el menor tiempo posible”.

10.000 prestaciones en el Servicio de Teleasistencia

Impulsar la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio directamente desde el Gobierno de Canarias mediante una licitación pública; la ampliación del Servicio de Teleasistencia, con el objetivo de incrementar su cobertura actual pasando de 2.579 a 10.000 prestaciones para finales de año 2025, y la adaptación del aplicativo SIDECAN (Sistema de Información de Dependencia de Canarias) al nuevo Decreto de la Dependencia así como el desarrollo de un aplicativo que unifique las listas de espera que actualmente controlan exclusivamente los Cabidos, fueron otras de las medidas anunciadas por la consejera en la intervención celebrada hoy en sede parlamentaria.

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El nuevo decreto de dependencia incorpora el 80% de las aportaciones colectivos, entidades y administraciones

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, presentó al Consejo General de Servicios Sociales un texto “enriquecido” que recoge la mayoría de las propuestas realizadas en el periodo de información pública

El nuevo Decreto, que contempla pasar de un sistema bifásico a uno monofásico, agilizará y reducirá los tiempos de tramitación a seis meses, tal como contempla la ley estatal

La nueva normativa que regulará el sistema de la dependencia en Canarias contará con el 80% de las aportaciones realizadas por colectivos, administraciones y entidades en el periodo de información pública y permitirá acortar el tiempo que tarda un ciudadano en recibir las ayudas asociadas a la Ley de la Dependencia. Así lo explicó hoy la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el marco del Consejo General de Servicios Sociales, celebrado en Santa Cruz de Tenerife, en el que se presentó el borrador de decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en el archipiélago.

“Esta normativa supondrá un cambio sustancial en la forma de atender a las personas en situación de dependencia en las Islas, ya se pasará de un sistema bifásico a uno monofásico, lo que permitirá reducir los tiempos de tramitación a seis meses y, por tanto, cumplir con los plazos previstos en la ley estatal”, detalló Delgado.

“Hasta ahora, en Canarias ha existido un sistema bifásico, esto significa que para obtener la resolución de la situación de dependencia y las prestaciones asociadas a la ley deben ir dos profesionales al domicilio del solicitante en distintas ocasiones, primero, un valorador o valoradora que determina el grado de dependencia del ciudadano y, posteriormente, otro profesional que determina el programa de atención individualizada, es decir, las ayudas a las que tiene derecho. Con el sistema monofásico acudirá al domicilio un solo profesional y, si se determina que la persona cuenta con un grado de dependencia, en el mismo instante se elaborará el PIA. De esta forma, reduciremos un año el tiempo de tramitación”, puntualizó la titular del área.

Según expuso la consejera de Bienestar Social en el transcurso de su intervención, el borrador del proyecto de Decreto, cuyos trámites de información pública y de audiencia han finalizado, recoge en su texto definitivo el 80% de las aportaciones realizadas, “lo que supone la modificación completa de artículos y otros cambios sustanciales de plazos que han dado como resultado un documento en el que espero todos nos sintamos partícipes al tratarse de un texto consensuado con las Administraciones públicas y entidades sociales, políticas y económicas implicadas, y sustancialmente enriquecido como resultado del trabajo de todos”.

No obstante, la titular del área agradeció todas las nuevas matizaciones planteadas hoy en el seno del Consejo y avanzó que seguirá dando cuenta de cada paso que lleve este borrador hasta que finalmente se apruebe, “con el mayor consenso posible”.

Delgado afirmó que, por tanto, “la entrada en vigor del nuevo decreto traerá consigo grandísimos cambios para la ciudadanía, ya que no se tardará, como sucede actualmente, casi dos años en resolver el reconocimiento de la dependencia, logrando que se cumpla la Ley y que la gestión no supere los seis meses”.

“Las primeras medidas puestas en marcha por la Dirección General de Dependencia ya han permitido que se reduzca notablemente el tiempo de resolución de una solicitud. A finales de 2022 se tardaban 977 días y ahora 585 días”, añadió.

 

Un sistema público que dé respuesta a la realidad de la ciudadanía

En su intervención, Delgado quiso dejar clara la postura del Gobierno sobre la necesidad de contar con un sistema público potente que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. En este sentido, aseguró que la Ley de la Dependencia recoge que el reconocimiento de la situación de la dependencia “es competencia de las administraciones públicas y se efectuará siempre por el personal empleado público habilitado por la Dirección General competente en materia de Dependencia”.

“No existe ningún riesgo ni de privatización ni de externalización del sistema de la dependencia”, aseguró la titular del área. “Nuestro objetivo es transparentar el sistema y hacerlo más eficaz y ágil, que responda a las expectativas de la ciudadanía y atienda a la realidad de la sociedad canaria. En eso hemos estado trabajando desde que llegamos y en esa línea continuaremos, porque este es uno de los mayores desafíos de las sociedades modernas y tenemos que hacerle frente”.

 

 

 

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