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La Consejería analiza con FEPECO el decreto ley para agilizar licencias y facilitar la construcción de viviendas

La Consejería analiza con asociados de FEPECO el decreto ley para agilizar las licencias de obras y facilitar la construcción de viviendas

El encuentro se enmarca en la ronda de reuniones que el Ejecutivo ha mantenido antes y después de la aprobación del decreto ley con colectivos del sector y administraciones en todo el archipiélago para dar a conocer la norma

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido un encuentro con asociados de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), coordinada por Óscar Izquierdo, con el objetivo de analizar el decreto ley para agilizar las licencias de obras y facilitar la construcción de viviendas. 

A esta cita, que se enmarca en la ronda de reuniones que la Consejería ha organizado antes y después de la aprobación del decreto ley con colectivos de todo el archipiélago, también han asistido el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el catedrático Francisco Villar.

El consejero ha asegurado que “desde el inicio de esta legislatura, el Gobierno de Canarias ha planteado la vivienda y el acceso a la misma como una prioridad central en su agenda política. En 2024 hemos multiplicado las calificaciones de vivienda protegida en comparación con 2022, gracias al decreto ley 1/2024, que ha agilizado esta actividad en el archipiélago”.

Por su parte, Óscar Izquierdo ha agradecido a la Consejería “por su participación en esta reunión, así como por su disposición a dialogar con el sector, tanto antes como después de la tramitación de este segundo decreto ley, algo que ha sido fundamental para aclarar dudas y avanzar en dar soluciones a la emergencia habitacional”.

Asimismo, Izquierdo ha apelado a que las administraciones “dejen a un lado argumentos ideológicos para ir en contra de los instrumentos que se están desarrollando y se centren en atajar el problema para atender y cubrir las necesidades de todas y todos los canarios en materia de vivienda. Es imprescindible trabajar unidos y de forma coordinada para garantizar el bienestar de nuestra gente”.

Rodríguez ha añadido que el nuevo decreto ley 3/2025, ya en vigor tras su aprobación en Consejo de Gobierno y su posterior convalidación en el Parlamento de Canarias, «no solo introduce un mecanismo para agilizar la obtención de licencias urbanísticas, sino que también desarrolla la figura, pionera en España, de la Vivienda Asequible Incentivada, destinada a familias trabajadoras que encuentran dificultades para acceder a la vivienda protegida y a la libre”.

Sobre el proceso de elaboración de esta norma, el consejero ha subrayado que «este decreto ha sido fruto del consenso, trabajado conjuntamente con la Federación Canaria de Municipios y apoyado por su Comité Ejecutivo, así como por la sociedad civil, patronales y colegios profesionales. Todos han colaborado para desarrollar un marco normativo que responda a la declarada emergencia habitacional».

Asimismo, en relación con la situación actual del mercado inmobiliario, Rodríguez ha señalado que “la principal dificultad radica en la insuficiencia de oferta, especialmente en las principales ciudades de Canarias, donde el alquiler se ha vuelto cada vez más escaso y costoso. Por ello, es fundamental incentivar la construcción de vivienda protegida y asequible, así como promover que aquellas viviendas que actualmente permanecen vacías vuelvan a integrarse en el mercado, mediante incentivos fiscales efectivos”.

Finalmente, Rodríguez ha aclarado que “el informe jurídico de la FECAM  respalda la posición del Ejecutivo, confirmando la legalidad de la norma y que, por tanto, no invade competencias. Lejos de disminuir la seguridad jurídica, el decreto introduce la posibilidad de que terceros externos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) emitan informes técnicos, asegurando imparcialidad y competencia en el proceso, sin modificar los controles establecidos por la normativa estatal vigente”.

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El Gobierno capta la atención de los promotores para poner en el mercado 2.137 viviendas protegidas en las islas

En el último año y medio la Consejería de Obras Públicas ha gestionado 56 peticiones para la puesta a disposición de 2.137 nuevos inmuebles por el sector privado, lo que supone un récord histórico en los últimos años

Este incremento se ha visto favorecido por el Decreto Ley 1/2024, que ha permitido agilizar los procedimientos e impulsar los expedientes para la calificación de estos inmuebles en diferentes islas

Otra modificación clave ha sido la actualización del Módulo Básico, -el precio del metro cuadrado para la construcción de vivienda protegida-, que ha permitido ajustarlo a la realidad de los costes de construcción en Canarias y al incremento de los precios

El consejero Pablo Rodríguez destaca que este incremento “refleja la efectividad de las políticas públicas que hemos puesto en marcha, demostrando así el compromiso del Ejecutivo con la solución del problema habitacional en Canarias”

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha registrado en el último año y medio un incremento sin precedentes en las peticiones para la puesta a disposición en el mercado de 2.137 nuevas viviendas protegidas. 

Durante ese periodo, se han recibido 56 solicitudes para la calificación de esos 2.137 inmuebles como protegidos, para llevar a cabo su construcción o rehabilitación en el archipiélago. Se trata de un aumento significativo en comparación con los dos años anteriores.

En este sentido, en 2021 solo se recibieron 3 solicitudes para la calificación de 112 viviendas; y en 2022, la cifra bajó a 2 solicitudes con 78 viviendas. Unos datos que se vieron incrementados en 2023 con 14 solicitudes para 414 viviendas, y en 2024 con 42 peticiones para 1.723 inmuebles.

La cédula de calificación definitiva, que es la petición que hacen, en este caso, los promotores privados, es un documento que emite la Comunidad Autónoma en relación con una promoción de viviendas, por la que se declara su protección pública y se establece su régimen legal, y reciben una subvención por ello. Puede solicitarse por las personas físicas o jurídicas (públicas o privadas), las cooperativas o las comunidades de bienes.

Rodríguez ha subrayado que medidas como el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que impulsa la disponibilidad de suelo y la reutilización de edificaciones para uso residencial, así como otras iniciativas destinadas a fomentar la promoción y construcción de inmuebles protegidos, han sido determinantes para garantizar el acceso a una vivienda digna. “De hecho, este incremento en el número de solicitudes y su resolución se ha visto favorecido por el Decreto Ley 1/2024, que ha permitido agilizar los procedimientos e impulsar los expedientes para la calificación de estos inmuebles en diferentes islas”.

El consejero ha destacado que “el aumento en las solicitudes y el número de viviendas calificadas desde el inicio de este grupo de Gobierno refleja la efectividad de las políticas públicas que hemos puesto en marcha, así como el impulso de la colaboración público-privada para que el sector sume esfuerzos junto a las administraciones públicas y, a través de la inversión en activos inacabados, por ejemplo, se puedan poner en el mercado un mayor número de viviendas. Estamos hablando, concretamente, de que se ha multiplicado por cuatro el número de solicitudes de viviendas protegidas en el conjunto de las islas, lo que es una muy buena señal de que el decreto ley, efectivamente, ha servido de impulso a la construcción de vivienda protegida en el archipiélago”.

“Otra modificación que ha sido clave para este incremento de las solicitudes, recogida también en el decreto ley, es la actualización y revalorización del Módulo Básico Canario, es decir el precio del metro cuadrado para construir vivienda protegida, conforme a la realidad de los costes de construcción en Canarias, teniendo en cuenta el incremento en el precio de los materiales en los últimos años, adecuándose a la realidad actual del mercado y a cada isla”, ha señalado.

Asimismo, ha resaltado que  “el mercado de la vivienda, prácticamente paralizado desde la crisis inmobiliaria de 2008, precisaba de respuestas y cambios normativos desde la administración pública, que permitieran volver a niveles pre-crisis e incentivar la oferta de vivienda. Ahora mismo nos encontramos en fase de aprobar un segundo decreto ley que incluirá la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, abordando uno de los mayores obstáculos para la construcción de viviendas, así como nuevas medidas para impulsar la construcción”.

De las solicitudes recibidas para la calificación de viviendas protegidas durante el último año y medio, 37 pertenecían a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para un total de 1.234 viviendas, mientras que en la provincia de Las Palmas se contabilizaron 19 peticiones, sumando un total de 903 inmuebles.

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