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El Gobierno de Canarias saca a licitación las obras para construir 26 viviendas protegidas en Gáldar

La actuación, situada en la parcela M-18 de El Roque, cuenta con un presupuesto base de 5,08 millones de euros e incluye 26 plazas de garaje

El proyecto ha sido redactado siguiendo procesos de construcción industrializada

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de noviembre, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha sacado a licitación las obras para la construcción de 26 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio de Gáldar, en Gran Canaria, con un presupuesto base de 5.084.525,48 euros.

La actuación se desarrollará en la parcela M-18 de El Roque, situada en la calle José de Sosa, números 84-92, y contempla también la construcción de 26 plazas de garaje, una por cada vivienda. El proyecto ha sido redactado siguiendo procesos de construcción industrializada, incorporando esta metodología a la planificación de la nueva promoción.

Esta licitación forma parte del expediente de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, que suman un total de 126 viviendas y 126 plazas de garaje, situadas en Gáldar, Santa Lucía de Tirajana y Santa María de Guía, con una inversión conjunta de 26.258.717,45 euros.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 23 de noviembre, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

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El Ejecutivo saca a licitación las obras de rehabilitación energética de diez viviendas públicas en Valleseco

El Gobierno de Canarias saca a licitación las obras de rehabilitación energética de diez viviendas públicas en Valleseco

La actuación, que se desarrollará en el grupo Lanzarote, cuenta con un presupuesto de 237.937 euros

Los trabajos forman parte de un contrato conjunto que contempla la mejora energética de 89 viviendas públicas de cinco municipios de Gran Canaria

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, qie dirige Pablo Rodrñiguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de diez viviendas protegidas de promoción pública situadas en el grupo Lanzarote, en el municipio de Valleseco, en Gran Canaria.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 237.937,14 euros, IGIC incluido. Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Esta intervención corresponde al lote 4 de un expediente que contempla la mejora energética de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, con un total de 89 inmuebles. Además de las diez viviendas de Valleseco, el contrato incluye 25 viviendas del grupo Las Arenillas, en Santa Brígida; 26 viviendas de la Urbanización La Atalaya, en Artenara; 20 viviendas del Residencial Almogarén, en Valsequillo; y ocho viviendas del Residencial Los Lentiscos-I, en Gáldar.

El contrato conjunto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.990.782,82 euros sin impuestos. El expediente se ha dividido en cinco lotes, uno por cada grupo residencial, y está financiado con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también podrán consultar los pliegos y las condiciones del procedimiento.

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El Ejecutivo saca a licitación las obras de rehabilitación energética de 20 viviendas públicas en Valsequillo

La actuación, que se desarrollará en el Residencial Almogarén, cuenta con un presupuesto de 400.154 euros

Los trabajos forman parte de un contrato conjunto que contempla la mejora energética de 89 viviendas públicas de cinco municipios de Gran Canaria

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de 20 viviendas protegidas de promoción pública situadas en el Residencial Almogarén, en el municipio de Valsequillo, en Gran Canaria.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 400.154,90 euros, IGIC incluido. Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Esta intervención corresponde al lote 3 de un expediente que contempla la mejora energética de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, con un total de 89 inmuebles. Además de las 20 viviendas de Valsequillo, el contrato incluye 25 viviendas del grupo Las Arenillas, en Santa Brígida; 26 viviendas de la Urbanización La Atalaya, en Artenara; diez viviendas del grupo Lanzarote, en Valleseco; y ocho viviendas del Residencial Los Lentiscos-I, en Gáldar.

El contrato conjunto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.990.782,82 euros sin impuestos. El expediente se ha dividido en cinco lotes, uno por cada grupo residencial, y está financiado con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también podrán consultar los pliegos y las condiciones del procedimiento.

 

 

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El Ejecutivo saca a licitación las obras de rehabilitación energética de 26 viviendas públicas en Artenara

La actuación, que se desarrollará en la Urbanización La Atalaya, cuenta con un presupuesto de 530.157 euros

Los trabajos forman parte de un contrato conjunto que contempla la mejora energética de 89 viviendas públicas de cinco municipios de Gran Canaria

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de 26 viviendas protegidas de promoción pública situadas en la Urbanización La Atalaya, en el municipio de Artenara, en Gran Canaria.

La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 530.157,28 euros, IGIC incluido. Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de tres meses.

Esta intervención corresponde al lote 2 de un expediente que contempla la mejora energética de cinco grupos de viviendas protegidas de promoción pública en Gran Canaria, con un total de 89 inmuebles. Además de las 26 viviendas de Artenara, el contrato incluye 25 viviendas del grupo Las Arenillas, en Santa Brígida; 20 viviendas del Residencial Almogarén, en Valsequillo; diez viviendas del grupo Lanzarote, en Valleseco; y ocho viviendas del Residencial Los Lentiscos-I, en Gáldar.

El contrato conjunto cuenta con un presupuesto base de licitación de 1.990.782,82 euros sin impuestos. El expediente se ha dividido en cinco lotes, uno por cada grupo residencial, y está financiado con fondos europeos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre de 2026, a las 15:00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde también podrán consultar los pliegos y las condiciones del procedimiento.

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El Gobierno de Canarias impulsa la tramitación parlamentaria de la Ley de Movilidad Sostenible

El proyecto de ley supera el debate de toma en consideración en el Parlamento y abre ahora el plazo para la presentación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios

La futura norma establece un marco canario de planificación que integra los transportes terrestre, marítimo y aéreo y refuerza la coordinación entre administraciones

La iniciativa apuesta por una movilidad más sostenible, accesible e interconectada, con especial atención al transporte público, la digitalización y la participación ciudadana

El Parlamento de Canarias ha aprobado la toma en consideración del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez. 

En este sentido, el Proyecto de Ley inicia así su tramitación legislativa en la Cámara. Tras este primer debate, se abrirá el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas y formular propuestas de modificación al texto.

El consejero del área, ha defendido durante su intervención la necesidad de dotar al Archipiélago de un marco normativo propio que permita ordenar y planificar la movilidad desde una perspectiva integral, adaptada a las singularidades territoriales de Canarias y centrada en las necesidades de los canarios y canarias.

La iniciativa tiene su origen en el dictamen de la Comisión de Estudio sobre la situación del transporte en las islas, aprobado por el Pleno del Parlamento en marzo de 2019, que instaba al Gobierno de Canarias a elaborar una ley específica de movilidad sostenible.

El proyecto responde a cuatro necesidades fundamentales: establecer un sistema que articule los diferentes instrumentos de planificación de la movilidad; avanzar en la reducción de las emisiones contaminantes asociadas al transporte; impulsar la digitalización de los datos para mejorar la gestión y la toma de decisiones; y reforzar la transparencia y la participación pública en las políticas de movilidad.

La movilidad como derecho colectivo

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el reconocimiento de la movilidad sostenible como un derecho colectivo. En este sentido, establece entre sus objetivos garantizar desplazamientos seguros y accesibles, mejorar la conexión entre los distintos modos de transporte y promover alternativas más eficientes y respetuosas con el medioambiente. También presta especial atención a las personas con discapacidad y a los colectivos en riesgo de exclusión.

Cinco instrumentos para planificar la movilidad del Archipiélago

Uno de los principales elementos de la futura ley es la creación de un sistema de planificación estructurado en cinco instrumentos: el Plan Estratégico de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias, los planes insulares, los planes supramunicipales y municipales y los planes de movilidad de los grandes centros generadores de movilidad.

La norma aborda de manera conjunta los tres grandes modos de transporte —terrestre, marítimo y aéreo— y refuerza la intermodalidad para mejorar las conexiones dentro de cada isla, entre islas y con el exterior. Además, integra la movilidad en la ordenación territorial y urbanística, al considerar que la planificación de las ciudades y del territorio condiciona directamente los desplazamientos de la población.

El texto incorpora también estándares de calidad y seguridad para las infraestructuras y los servicios de interés autonómico, así como las bases para las obligaciones de servicio público y los principios de financiación de los servicios de movilidad.

Entre las medidas previstas destaca la creación del Laboratorio de la Movilidad, un instrumento destinado a impulsar la investigación, la experimentación y el desarrollo de proyectos piloto que permitan identificar soluciones innovadoras y fomentar desplazamientos más eficientes.

Un proyecto con participación 

La Consejería ha desarrollado un proceso de elaboración participativo que ha contado con entrevistas a agentes del sector, mesas de participación en todas las islas, reuniones con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI), así como con la participación de la Mesa del Transporte de Canarias.

El texto ha contado también con la colaboración técnica de los cabildos insulares y ha sido sometido a los procedimientos de información pública y audiencia, con participación de las administraciones públicas, las empresas del sector y las organizaciones sindicales.

Asimismo, ha recibido el dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias. Con el inicio de su tramitación parlamentaria, la iniciativa continúa su recorrido para dotar a Canarias de una regulación propia que permita ordenar la movilidad, ofrecer seguridad jurídica a las administraciones y situar a las personas en el centro de las políticas de transporte.

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El Ejecutivo fija sus prioridades para reforzar las obligaciones de servicio público en las Islas Verdes 

 Pablo Rodríguez destaca en el Parlamento que el Ministerio ha iniciado la tramitación urgente de las OSP aéreas entre El Hierro, La Gomera y La Palma, tras las reiteradas solicitudes del Ejecutivo canario

La Consejería ha presentado siete alegaciones al borrador estatal para garantizar vuelos directos y horarios que permitan ir y volver en el mismo día

En materia marítima, el Gobierno de Canarias trabaja en un análisis de la demanda de los servicios actuales para elaborar una posible propuesta y avanzar hacia una conectividad adaptada a las necesidades de las tres Islas Verdes

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado este martes en el Parlamento de Canarias de las gestiones que está desarrollando el Ejecutivo canario para avanzar en la declaración de las obligaciones de servicio público (OSP) y mejorar la conectividad aérea y marítima entre El Hierro, La Gomera y La Palma, conocidas como las Islas Verdes.

Durante su comparecencia, Rodríguez ha recordado que la mejora de la conectividad de estas tres islas ha sido una reivindicación reiterada del Gobierno de Canarias en distintas legislaturas, a través de proposiciones no de ley, comparecencias y reuniones de la Comisión Mixta de Seguimiento de las OSP Aéreas. En este sentido, ha señalado que, en diciembre de 2025, el Ministerio trasladó que no tenía previsto declarar nuevas obligaciones de servicio público aéreas en el Archipiélago.

No obstante, el consejero ha destacado que, tras las reiteradas solicitudes del Ejecutivo canario, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado la tramitación de las OSP aéreas para las conexiones entre El Hierro, La Gomera y La Palma.

En concreto, el pasado 30 de octubre, el director general de Transporte Aéreo ha acordado tramitar por la vía de urgencia, por razones de interés público, la propuesta de declaración de estas obligaciones de servicio público para su posterior aprobación por el Consejo de Ministros. Esta decisión permitirá reducir a la mitad los plazos establecidos en el procedimiento ordinario.

Ese mismo día, el Gobierno de Canarias ha recibido la notificación del inicio del trámite de audiencia, con un plazo de cinco días, junto con el borrador del acuerdo para la declaración de las OSP.

Entre las principales condiciones recogidas en el documento estatal figuran una frecuencia mínima diaria de ida y vuelta por ruta, con libertad para que las compañías determinen los horarios; una capacidad mínima de 27.000 asientos anuales por conexión y aeronaves con al menos 38 plazas.

Asimismo, el borrador establece una tarifa de referencia de 84 euros, con posibilidad de aplicar tarifas flexibles cuyo importe no podrá superar en un 30 % esa cantidad. También contempla la revisión de la declaración en un plazo de tres años y la creación de una comisión mixta de seguimiento, integrada por tres representantes del Ministerio y tres del Gobierno de Canarias.

Siete propuestas para garantizar una conectividad real

En esta línea, el consejero ha subrayado que la declaración de las OSP debe responder a las necesidades reales de movilidad de la ciudadanía y no limitarse a garantizar la existencia de vuelos entre las islas.

Por este motivo, la Consejería, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras, ha presentado siete alegaciones al borrador estatal con el objetivo de mejorar las condiciones inicialmente planteadas.

La primera propuesta plantea la explotación conjunta de las tres rutas mediante un circuito que permita optimizar la operativa y mejorar las conexiones entre las Islas Verdes.

Asimismo, el Gobierno de Canarias ha solicitado establecer franjas horarias obligatorias que permitan realizar desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día, con salidas por la mañana y regresos por la tarde. El objetivo es facilitar que la ciudadanía pueda realizar gestiones y desplazamientos por motivos laborales, sanitarios, administrativos, educativos o empresariales en Tenerife y Gran Canaria sin necesidad de pernoctar.

La tercera alegación contempla un incremento progresivo de las frecuencias mediante un mecanismo objetivo que permita ampliar los servicios cuando la ocupación media supere el 70 % durante una temporada.

Además, la Consejería ha solicitado garantizar las frecuencias mínimas con independencia de que se utilicen aeronaves de mayor capacidad que las 38 plazas inicialmente previstas.

La quinta propuesta plantea que, en caso de que exista un mercado restringido y no haya operadores interesados en prestar el servicio, la licitación se realice de forma conjunta para el circuito completo de las tres rutas, evitando una explotación fragmentada.

Por otra parte, el Ejecutivo canario ha solicitado ampliar de tres a cinco años la duración de los contratos y evitar sobrecostes para los pasajeros en los trayectos con parada intermedia. En este último caso, se propone que, cuando el viajero no tenga que abandonar la aeronave, abone la tarifa correspondiente a su destino final y no un importe superior por el trayecto con escala.

Rodríguez ha valorado el inicio de la tramitación aunque ha insistido en que el objetivo es conseguir que las conexiones sean realmente útiles para la población de El Hierro, La Gomera y La Palma.

En cuanto al calendario, el consejero ha explicado que, una vez aprobado el acuerdo por el Consejo de Ministros, se ofrecerá a las compañías la posibilidad de operar las rutas en régimen de mercado libre. Si no se presentan, se convocará mediante concurso público. En este último supuesto, el Ministerio ha trasladado que las conexiones podrían estar operativas en el verano de 2027.

El Gobierno de Canarias reclama al Estado una OSP marítima

En cuanto al transporte marítimo, Pablo Rodríguez ha recordado que el Gobierno de Canarias ha solicitado en al menos tres ocasiones al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la declaración de una obligación de servicio público para la ruta triangular entre La Palma, La Gomera y El Hierro, al considerar que reúne los requisitos de interés general y cohesión territorial.

Asimismo, se ha solicitado un informe sobre la situación actual de la conectividad marítima entre las tres islas, un estudio de viabilidad para una posible OSP de pasajeros y vehículos y un nuevo encuentro en Bruselas con la Comisión Europea para retomar la propuesta de establecer esta conexión como OSP.

Actualmente, las conexiones marítimas entre las Islas Verdes se encuentran en régimen de libre prestación y cuentan con dos compañías operadoras, Fred. Olsen y Baleària. Además, se ha incorporado un nuevo buque de Fred. Olsen en La Palma, que ha ampliado las opciones de conexión con Tenerife, mientras que se han iniciado trabajos para descongestionar el puerto de Los Cristianos.

Ante la falta de respuesta del Ministerio a las solicitudes trasladadas, la Consejería está trabajando en un análisis de la demanda y una evaluación de los servicios marítimos actuales.

El objetivo es disponer de datos que permitan determinar si la oferta actual responde a las necesidades de conectividad de las Islas Verdes y, en caso de resultar insuficiente, establecer las correspondientes obligaciones de servicio público.

 

 

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El II Congreso de Marinas de España abre su jornada institucional con el foco en la modernización

Pablo Rodríguez y Tomás Azcárate abordan los retos de modernización de las marinas y destacan su papel estratégico en la economía y el desarrollo del litoral

El II Congreso Nacional de Marinas de España ha abierto este jueves su jornada institucional en el Salón Gran Canaria del Hotel Cristina by Tigotan, con una bienvenida en la que el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el presidente de Marinas de España, Tomás Azcárate, han situado la modernización de las instalaciones, la seguridad jurídica y el reconocimiento económico y social del sector entre los principales asuntos de trabajo.

El Congreso, que reúne en Gran Canaria a más de 250 participantes de 64 puertos deportivos y a representantes de administraciones, empresas y organizaciones vinculadas a la actividad náutico-portuaria, cuenta con el apoyo y la colaboración de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y de Puertos Canarios.

Durante su intervención, Pablo Rodríguez destacó que la celebración en Canarias del segundo Congreso de Marinas de España supone un respaldo al trabajo que se desarrolla para modernizar las marinas y los puertos deportivos del archipiélago. El consejero defendió que Canarias dispone de condiciones especialmente favorables para este tipo de instalaciones y señaló la necesidad de actualizar infraestructuras que, en muchos casos, han quedado obsoletas.

Rodríguez explicó que una de las líneas desarrolladas por el Gobierno de Canarias es la ampliación de las concesiones próximas a su vencimiento o ya vencidas, con el objetivo de facilitar nuevas inversiones privadas. Según detalló, estas prórrogas pueden movilizar más de 60 millones de euros de capital privado para la modernización de las marinas canarias.

Como primeros ejemplos, citó Pasito Blanco, en Gran Canaria, y Puerto Calero, en Lanzarote, las dos primeras marinas que han prorrogado sus concesiones dentro de este modelo. Ambas instalaciones prevén movilizar conjuntamente más de 15 millones de euros en inversiones para su transformación durante los próximos años.

El consejero vinculó esta política a una visión más amplia sobre el papel de las marinas en Canarias. Recordó que el archipiélago dispone de alrededor de 1.500 kilómetros de costa y defendió que la actividad portuaria deportiva genera empleo y actividad económica más allá del atraque de embarcaciones, a través de servicios como la reparación naval, los suministros y otras actividades empresariales ligadas a las instalaciones.

Rodríguez señaló también que Puertos Canarios gestiona, de forma directa e indirecta, alrededor de 50 puertos, refugios y marinas, y explicó que durante la legislatura se han desarrollado actuaciones orientadas a mejorar su eficiencia mediante energías renovables, tecnología y nuevos sistemas de gestión.

Por su parte, Tomás Azcárate centró su intervención en la necesidad de reforzar la cohesión del sector a escala nacional y avanzar en el reconocimiento de los puertos deportivos y turísticos como infraestructuras estratégicas para el desarrollo del litoral.

El presidente de Marinas de España agradeció expresamente el apoyo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y de Puertos Canarios a la celebración del Congreso y al trabajo desarrollado por el sector. Azcárate defendió que la colaboración con las administraciones resulta necesaria para abordar problemas comunes y para que las marinas puedan avanzar en sostenibilidad, actividad económica, navegación, turismo y relación con las ciudades.

Azcárate subrayó también la dimensión social de estas instalaciones, a las que definió como “puertas de acceso al mar” para la ciudadanía, y reclamó un mayor conocimiento institucional y estadístico de la actividad que generan.

Según explicó, el sector representa alrededor de 27.000 empleos directos e indirectos, aunque todavía carece de una clasificación estadística específica que permita identificar con precisión el conjunto de la actividad económica vinculada a las marinas y a las empresas que operan en ellas.

El presidente de Marinas de España señaló que alrededor de los puertos deportivos conviven concesionarios, actividades portuarias, restauración, comercio, embarcaciones de excursiones y tránsito y otras empresas vinculadas al mar. Esta concentración de actividad, afirmó, convierte a las marinas en polos de atracción e influencia económica para los territorios en los que se ubican.

La inauguración institucional abre una jornada con ponencias y ocho mesas de debate sobre concursos y pliegos concesionales, estrategias marinas y costas, prórrogas concesionales, gestión ambiental y biodiversidad, grandes esloras, innovación y digitalización, mercado náutico europeo y coordinación, seguridad y emergencias.

El tramo final del II Congreso Nacional de Marinas de España incluye una plenaria con representación de las asociaciones territoriales de la Federación y culmina con el Pacto de Canarias por las Marinas, una declaración de principios y compromisos por unas marinas sostenibles, competitivas y abiertas a la sociedad.

El Pacto de Canarias por unas marinas sostenibles 

El Pacto de Canarias por las Marinas, adoptado hoy en Las Palmas de Gran Canaria en la Jornada Institucional del II Congreso de Marinas de España, es una declaración de principios y compromisos por unas marinas sostenibles, competitivas y abiertas a la sociedad. Reconoce a las marinas y puertos deportivos como infraestructuras estratégicas del litoral y como un servicio de interés general. Defiende la cooperación leal entre administraciones, la colaboración público-privada como motor de inversión y calidad, y la seguridad jurídica y una administración ágil y proporcionada como condiciones para invertir y modernizar.

El texto recoge además compromisos para cuidar el medio marino y avanzar de forma progresiva en la reducción de emisiones, abrir el mar a todas las personas, integrar las marinas en la ciudad y en los destinos turísticos, impulsar la formación y el empleo de calidad y tener en cuenta las particularidades de las marinas insulares. Es una declaración institucional que está abierta a la adhesión libre y gratuita de administraciones, entidades, empresas y personas.

 

 

 

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El Ejecutivo inicia las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte

Obras Públicas redirige el tráfico de la TF-1 para continuar con las obras de ejecución del tercer carril

La Consejería comienza los trabajos, que cuentan con una inversión de 58,1 millones de euros

La actuación permitirá ampliar de dos a tres carriles la autopista en sentido Santa Cruz de Tenerife y remodelar los enlaces de Guamasa y San Lázaro, además de construir un nuevo acceso directo al aeropuerto

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha iniciado las obras de ejecución del tercer carril de la autopista TF-5, en el tramo comprendido entre Guamasa y el Aeropuerto de Tenerife Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife. El comienzo de los trabajos se produce tras la firma del acta de replanteo, que marca el inicio efectivo de esta actuación para mejorar la capacidad y las condiciones de circulación de una de las principales vías de Tenerife.

El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha destacado la importancia de esta intervención para mejorar la movilidad en uno de los tramos con mayor complejidad circulatoria de la isla.

“Esta actuación permitirá aumentar la capacidad de la TF-5 con un tercer carril y, además, rediseñar los enlaces de Guamasa y San Lázaro para mejorar la fluidez de la circulación y las condiciones de seguridad”, ha señalado Rodríguez.

Por su parte, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha señalado que la actuación contempla diferentes intervenciones en el trazado y los enlaces de la TF-5 para reorganizar los accesos y mejorar la circulación en este tramo de la autopista.

Coordinación con los vecinos

Por otra parte, el equipo técnico de la Dirección General de Infraestructura Viaria mantendrá esta tarde un encuentro con los vecinos de la zona para explicarles los detalles del proyecto, informarles sobre el desarrollo de los trabajos y atender sus consultas.

La obra ha sido adjudicada a la UTE formada por Ferrovial Construcción, S.A. y Asyota Asfaltos y Obras, S.L., por un importe de 58.182.981,26 euros, IGIC incluido.

Una nueva configuración de los accesos al aeropuerto

El proyecto contempla la ampliación de dos a tres carriles de la TF-5 en dirección Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de incrementar la capacidad de la vía y mejorar las condiciones de circulación para los conductores que utilizan diariamente esta infraestructura.

Asimismo, los trabajos incluyen la remodelación de los enlaces de Guamasa y San Lázaro y la construcción de un nuevo enlace directo con el Aeropuerto de Tenerife Norte. Esta nueva configuración permitirá diferenciar los tráficos con origen y destino norte y sur, sustituyendo el actual sistema de acceso único por conexiones independientes.

De esta forma, los vehículos procedentes del norte podrán acceder directamente al aeropuerto a través del nuevo enlace, sin necesidad de continuar hasta San Lázaro, como ocurre actualmente. Esta reorganización contribuirá a mejorar la distribución del tráfico y la fluidez de los desplazamientos en este tramo de la autopista.

Con el inicio de esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa avanzando en la ejecución de las infraestructuras previstas en el Convenio de Carreteras, con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad y la movilidad de la ciudadanía.

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La Consejería avanza a la FECAM el anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias 

El encuentro da continuidad a la ronda de reuniones con los distintos sectores implicados para recoger aportaciones y favorecer un proceso participativo

El Ejecutivo destaca la importancia de contar con los municipios en la elaboración de una norma que tenga en cuenta las particularidades del litoral canario

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha mantenido este miércoles un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), presidido por Mari Brito, para presentar las principales líneas del anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias, que actualmente se encuentra en fase de información pública.

Esta reunión da continuidad a los encuentros impulsados por la Consejería con los distintos colectivos vinculados a la gestión del litoral, después de la reunión de la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas celebrada esta semana. El objetivo es generar espacios de diálogo y colaboración que permitan conocer las distintas realidades del Archipiélago y recoger aportaciones para enriquecer el texto normativo.

Pablo Rodríguez ha destacado que “Canarias necesita una Ley de Costas propia que adapte la normativa a las singularidades de nuestro Archipiélago. Hablamos de 1.500 kilómetros de costa, ocho islas y unas circunstancias territoriales muy diferentes a las del conjunto del Estado. Esta norma busca dar respuesta a esa realidad y, además, establecer un marco de cooperación entre administraciones que nos permita gestionar nuestro litoral de una manera más eficiente. Queremos proteger mejor nuestra costa y dar más seguridad a quienes viven en ella y de ella, acercando las decisiones al territorio”.

Durante el encuentro, Rodríguez y Acosta han explicado el alcance de la futura norma, que pretende establecer un marco propio de ordenación y gestión del litoral canario, teniendo en cuenta las particularidades del Archipiélago. “77 de nuestros 88 municipios tocan el mar, y son los ayuntamientos los que gestionan la costa día a día: limpian las playas, atienden a los vecinos de los núcleos costeros y conocen cada charco y cada rincón de su litoral. Nadie conoce mejor la costa que los ayuntamientos; por eso esta ley tiene que contar con ellos, porque quienes mejor conocemos el territorio somos los que vivimos, trabajamos y luchamos para que esta tierra salga adelante”, ha señalado el consejero.

El anteproyecto aborda cuestiones fundamentales para la planificación y protección de la costa, entre ellas la ordenación de los núcleos costeros tradicionales, la gestión de las playas y la regulación de los espacios de baño naturales, así como la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en el litoral.

Diálogo y colaboración con los municipios  

La reunión con la FECAM permite acercar el contenido de la futura norma a las administraciones locales, cuya participación resulta fundamental en la ordenación y gestión del territorio costero.

En este sentido, el consejero ha subrayado que “los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y las que atienden y cuidan diariamente nuestras costas, junto al resto de administraciones. Por eso, su participación es esencial en la elaboración de esta ley. Habrá Ley de Costas de Canarias si existe consenso con los ayuntamientos”.

Asimismo, ha señalado que “esta reunión con la FECAM es fundamental y no será la última. Queremos que la futura norma llegue al Parlamento de Canarias con un amplio consenso municipal, porque los ayuntamientos deben tener un papel protagonista en este proceso”.

La presidenta de la FECAM, Mari Brito, ha agradecido la presencia del consejero y del director general de Costas, destacando la importancia de avanzar en el desarrollo de la Ley de Costas de Canarias desde el diálogo y el consenso entre administraciones. “Esta ley representa una oportunidad para Canarias. No podemos vivir de espaldas al mar, sino que debemos gestionar nuestro litoral de forma eficiente y sostenible. Para ello, es fundamental la cogobernanza entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, a través de la FECAM como órgano de representación e interlocución municipal”.

Además, ha indicado que “necesitamos establecer un marco común, con competencias y criterios claros y consensuados, que permita a todos los municipios actuar de manera coordinada y colaborar en la protección y gestión de nuestro litoral”, a la vez que ha añadido que “confiamos en que durante los próximos meses podamos seguir trabajando en el texto y alcanzar su aprobación en esta legislatura. Es importante, además, que este instrumento cuente con el necesario consenso del Estado, para dar respuesta a cuestiones que, en muchas ocasiones, los ayuntamientos no podemos resolver desde el ámbito municipal. El objetivo compartido debe ser disponer de una herramienta que nos permita gestionar nuestras costas de forma coordinada, eficaz y sostenible”.

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El Ejecutivo eleva a 249 millones de euros la inversión en vivienda para 2027, cerca de un 26% más que en 2026

El consejero Pablo Rodríguez presenta ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias unas cuentas de más de 551 millones de euros para la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

Rodríguez subraya que vivienda, infraestructuras y movilidad se han planificado como un conjunto, con el territorio y las oportunidades de cada isla como eje

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha presentado este martes ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias el presupuesto de su departamento para 2027, que asciende a 551.082.944 euros, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Las cuentas refuerzan la inversión en vivienda y garantizan la continuidad de las principales actuaciones en infraestructuras viarias, transporte público y movilidad, costas y Puertos Canarios. El esfuerzo inversor del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) alcanzará los 249.052.938 euros, un 26% más que en el ejercicio anterior.

Durante su intervención, Rodríguez ha explicado que “estos presupuestos responden a las necesidades actuales de Canarias y parten de una idea: vivienda, infraestructuras y movilidad no son compartimentos estancos. Dónde se construye una promoción de vivienda pública condiciona cómo se van a desplazar quienes vivan en ella, y la red de carreteras, el transporte público o los puertos determinan las oportunidades de cada isla. Por eso hemos planteado unas cuentas que atienden lo inmediato sin perder de vista el modelo territorial que necesita Canarias a medio plazo”.

Según ha detallado el consejero ante la Cámara, el Instituto Canario de la Vivienda dispondrá de 249.052.938 euros, un 26% más que en 2026, lo que lo sitúa como el presupuesto más elevado de su historia por cuarto año consecutivo. De esta cantidad, 93,3 millones de euros se destinarán a la construcción de vivienda pública; 84,7 millones, a subvenciones para el alquiler, la adquisición de vivienda para jóvenes, el medio rural y otros programas; y 51 millones, a actuaciones en barrios y edificios para la rehabilitación, la conservación y el mantenimiento del parque público.

La actuación conjunta del ICAVI y VISOCAN permitirá seguir ampliando el parque público de vivienda en todas las islas, que suma ya 3.963 viviendas en diferentes fases: 1.307 en Gran Canaria, 1.116 en Tenerife, 701 en Lanzarote, 478 en La Palma, 236 en Fuerteventura, 97 en La Gomera y 28 en El Hierro.

“La vivienda es una de las principales preocupaciones de las familias canarias, y por eso la cuantía que destinamos a esta área atiende a todas sus caras”, ha señalado Rodríguez en sede parlamentaria. “Construir parque público es la respuesta estructural. Las ayudas al alquiler y a la adquisición acompañan a las familias mientras ese parque crece. Y rehabilitar el que ya existe es imprescindible, porque una vivienda pública que no está en condiciones es también una vivienda que falta. A eso se suma movilizar vivienda vacía y suelo, y colaborar con ayuntamientos y sector privado, porque ninguna administración puede abordarlo sola”.

En esta línea, Rodríguez ha subrayado que “la vivienda es una de las principales preocupaciones de las familias canarias y, por tanto, una prioridad para el Gobierno de Canarias. Destinar el mayor presupuesto hasta ahora refleja la voluntad de mantener un esfuerzo sostenido para incrementar la oferta pública, impulsar nuevas promociones y facilitar el acceso a una vivienda, especialmente a quienes encuentran mayores dificultades”.

Por su parte, VISOCAN continuará desarrollando distintas líneas de actuación para incrementar la oferta de vivienda pública y asequible. Entre ellas se encuentran el programa Rehabita Canarias, el desarrollo de suelo propio para construir viviendas en régimen de alquiler, la captación de vivienda vacía, la gestión urbanística de nuevos suelos y la colaboración con las entidades locales y con el sector privado mediante fórmulas como el derecho de superficie.

En materia de infraestructura viaria, la Dirección General contará con 227,4 millones de euros. De esta cantidad, 215 millones corresponden a la anualidad de 2027 del Convenio de Carreteras 2018-2027, cuyo marco financiero global asciende a 1.448,2 millones de euros tras la aprobación de su tercera adenda. Esta dotación permitirá continuar con las obras comprometidas y avanzar en los proyectos previstos en la planificación de la red viaria del archipiélago.

En cuanto a Transportes y Movilidad, el presupuesto ascenderá a 147,3 millones de euros. De esta cantidad, 99,6 millones se destinarán a medidas de apoyo al transporte público: 47,7 millones para transferencias a los cabildos insulares, 10,1 millones para el Bono Residente Canario y 42 millones para garantizar la gratuidad del transporte público.

Además, las cuentas mantienen el impulso a un modelo de movilidad más sostenible, eficiente e inteligente, con recursos para el desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible de Canarias o el MobilityLab. Por un lado, también se mantienen las partidas para los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y los Planes de Movilidad Insulares Sostenibles (PMIS). Por otra parte, el estudio y la implantación de carriles BUS-VAO dispondrán de 244.091 euros, un 22,04% más que en el ejercicio anterior.

“Carreteras y transporte público forman parte de la misma planificación”, ha afirmado el consejero. “El Convenio de Carreteras nos permite avanzar en las obras comprometidas, y el apoyo al transporte público, con la gratuidad incluida, busca que la guagua sea una alternativa real al vehículo privado. En un territorio fragmentado y con el suelo limitado, la demanda de movilidad no puede resolverse únicamente con más infraestructura viaria”.

Asimismo, Puertos Canarios dispondrá de 30,4 millones de euros, de los que cerca de 19,9 millones se destinarán a inversiones a través de su Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF). Las actuaciones previstas permitirán continuar mejorando y conservando la red de puertos de Canarias, dotar las instalaciones de servicios de interés, avanzar en la transición energética mediante la incorporación de placas fotovoltaicas y reforzar la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras portuarias.

La Viceconsejería de Infraestructuras contará con 10,6 millones de euros, que permitirán mantener distintas líneas de trabajo vinculadas a la innovación, la movilidad y la economía azul. Entre ellas destacan la colaboración con la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) para establecer puntos de trabajo en instalaciones de Puertos Canarios en todas las islas, el desarrollo de un tanque de oleaje para la modelización física de la Universidad de La Laguna y el proyecto Biocrit, en Lanzarote.

Por último, la Dirección General de Costas dispondrá de 3,6 millones de euros para continuar desarrollando sus competencias y avanzar en los trabajos preparatorios para la elaboración de una Ley de Costas de Canarias, que permita definir un marco normativo propio para la ordenación y gestión del litoral del archipiélago.

Rodríguez ha cerrado su intervención subrayando que “el litoral es para Canarias infraestructura, recurso y territorio al mismo tiempo. Las inversiones en Puertos Canarios, la incorporación de energía fotovoltaica en sus instalaciones, la colaboración con PLOCAN y la Universidad de La Laguna y los trabajos hacia una Ley de Costas propia parten de una misma idea: gestionar el mar con un marco adaptado a la realidad del archipiélago y aprovechar su potencial de innovación”.

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