Candelaria Delgado informó de que el personal se ha incrementado en 76 personas, y actualmente cuentan con 562 profesionales para atender a 114 menores, cumpliendo las ratios “sobradamente”
El Gobierno de Canarias ha reafirmado su compromiso con la gestión de los Centros de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEM) “mediante un refuerzo de recursos económicos, mejoras estructurales en la seguridad y la resolución de conflictos laborales históricos”, afirmó hoy en el Pleno del Parlamento la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado.
Durante su intervención, la consejera ha querido poner en valor las dificultades del servicio, pero rechazando con firmeza el relato de la parálisis: “Trabajar en un centro de internamiento educativo para menores infractores es difícil, exige una enorme profesionalidad, una clara vocación y comporta situaciones de tensión y de riesgo que no pueden minimizarse. Pero reconocer esa realidad es una cosa y utilizarla para construir la imagen de unos centros abandonados, sin personal y sin seguridad es otra muy distinta; esa descripción no se corresponde con los hechos”, ha aseverado de forma contundente.
La consejera quiso hacer hincapié en que, desde el primer momento, las demandas del personal han sido atendidas y la plantilla debidamente reforzada. Actualmente, el programa cuenta con 562 profesionales, 76 más que en la anterior legislatura, para una ocupación efectiva global de 114 menores con medidas judiciales. Los centros registran niveles de ocupación notablemente inferiores a su capacidad máxima, facilitando una intervención individualizada. De hecho, el CIEM Valle Tabares cuenta con 63 menores para un total de 100 plazas y el CIEM La Montañeta registra una ocupación actual de unos 54 jóvenes de media sobre una capacidad de 85 plazas. Entre 8 y 10 menores de ellos están ubicados en las unidades de internamiento educativa periférica, separados del edificio principal. Asimismo, aseguró, con estos refuerzos de personal y número de menores, “las ratios profesionales en todos los turnos se cumplen sobradamente”.
La seguridad en los CIEM está estructurada mediante un departamento de seguridad propio, registrado ante la Dirección General de la Policía. En La Montañeta se despliegan 30 efectivos de seguridad privada por jornada (15 por la mañana, 15 por la tarde y 8 por la noche), apoyados por sistemas de auxilio como el «Código Azul» (comunicación por radio y alarmas silenciosas) y conexión directa con el CECOES 112.
Con respecto a las reivindicaciones salariales, la consejera recordó la autorización por parte del Consejo de Gobierno de la formalización del II Convenio Colectivo de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, que regulariza las retribuciones de 766 trabajadores y recupera el 5 % salarial descontado en el año 2011, gracias a una dotación adicional de 1,3 millones de euros para este ejercicio. A ese respecto, Delgado recordó que la reclamación salarial permaneció bloqueada durante la pasada legislatura y matizó que “una reivindicación laboral no demuestra abandono institucional, sobre todo cuando existe una solución acordada. Los conflictos existen, pero este Gobierno no los esconde, los negocia y los resuelve”.
Por lo que respecta a la dotación económica ordinaria destinada a la Fundación IDEO para la ejecución de medidas judiciales, Candelaria Delgado aseguró que se mantiene una tendencia alza ininterrumpida, pasando de 26,29 millones de euros en 2024 a 28 millones en 2025, hasta llegar a los 29,45 millones de euros consignados para 2026. A esto se suma la reciente aprobación de casi 14 millones de euros adicionales para garantizar la vigilancia, protección perimetral y los sistemas de videovigilancia de Valle Tabares y La Montañeta entre los años 2027 y 2029.
La consejera desmintió con rotundidad las afirmaciones que califican a los CIEM como espacios de mera contención o fuera de control. Ha aclarado que no consta la existencia de ningún episodio grave de inseguridad en el centro de La Montañeta como se ha querido hacer creer a la opinión pública.
Para concluir, la consejera ha remarcado el objetivo prioritario del área de Bienestar Social en materia de justicia juvenil: “Nuestra obligación seguirá siendo exactamente esa: proteger a quienes trabajan en los centros, garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales y conseguir que los jóvenes que entren en ellos tengan más herramientas para vivir sin violencia y no reincidan cuando regresen a la sociedad”.
