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Barreto destaca que el nuevo reglamento de la Policía Autonómica reduce plazos y agiliza las convocatorias

La consejera de Presidencia resaltó que en la selección se primará a la mujer en el caso de un empate en la puntuación de todas las pruebas y siempre que no queden otros criterios evaluables

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, destacó la reducción de plazos para agilizar las convocatorias que recoge el Reglamento de selección y promoción del Cuerpo General de la Policía Canaria, aprobado por el Consejo de Gobierno en el mes de diciembre, y el impulso que dará a la mujer que opte a una plaza al primar su selección si se produce un empate en la puntuación de todas las pruebas, siempre y cuando no quedan otros criterios técnicos objetivos evaluables.

En la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, Nieves Lady Barreto señaló que en la última promoción se graduaron 110 policías, de las que 23 era mujeres. “Es necesario que ellas sean referentes y su incorporación debe pasar de ser un derecho a ser una realidad para superar el 11 actual%”.

La consejera apuntó también que la actividad policial requiere una formación, actitudes y aptitudes específicas, en los diferentes empleos y sus escalas, para lo que era preciso determinar un régimen propio para la cobertura de plazas que contemplara su especificidad como cuerpo policial.

Nieves Lady Barreto explicó que el reglamento facilita el despliegue por todas las islas en un momento en que nos encontramos en una fase expansiva con nuevas convocatorias hasta duplicar el número de efectivos, además de reforzar una formación unificada con las policías locales.

La consejera insistió en la importancia de tener una norma que recoja las particularidades en el acceso, selección, promoción y provisión de puestos de trabajo en aras de una mayor seguridad jurídica y una mayor transparencia, además de incorporar la tramitación electrónica de los procedimientos.

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Vanoostende destaca la alta participación en la consulta pública del reglamento de utilización del suelo agrario

La Consejería ha contabilizado un total de 14 aportaciones por parte de particulares, cabildos insulares, organizaciones profesionales agrarias y colegios profesionales

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha valorado de forma positiva la alta participación en la consulta pública previa del proyecto de reglamento regulador de la utilización del suelo agrario, orientado a corregir la problemática ocasionada por las restricciones que marcan los planes generales y las normas subsidiarias que afectan a la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos.

Una finalizado en enero el plazo de exposición pública del proyecto, el departamento ha contabilizado un total de 14 aportaciones por parte de particulares, cabildos insulares, organizaciones profesionales agrarias y colegios profesionales. Estas sugerencias están siendo analizadas por el equipo técnico de la Consejería para valorar su viabilidad y posterior inclusión en el reglamento.

En una comparativa de estas 14 aportaciones con las 5 recibidas por las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario de Canarias en enero del 2018, se observa un incremento de la sensibilidad de la sociedad de las islas sobre los problemas que presentan los suelos agrarios y la actividad agraria que en ellos se desarrolla.

Vanoostende apuntó que “con este incremento de sugerencias por parte de la sociedad vamos a continuar y mejorar la campaña de divulgación de las DOSA y del reglamento y avances del Decreto Ley 15/2020, tanto a través de charlas como de talleres a lo largo del presente año”.

Cabe destacar que la Consejería ha optado por abordar la problemática de la ordenación territorial de los usos agrarios y ganaderos a través de dos acciones fundamentales: las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) y el impulso de un reglamento que aborde las cuestiones urbanísticas de los usos agrarios en el suelo rústico, con el objetivo de facilitar, homogenizar y aportar carácter agrario a las determinaciones que afectan a la actividad agrícola y ganadera de nuestras islas.

Esta norma pretende la regulación de las condiciones urbanísticas que afecten a los usos agrarios, ordinarios y específicos, así como de sus construcciones e instalaciones, con la explicación de los requisitos documentales que deberán cumplir, en cada caso, los proyectos técnicos y los estudios que sean exigibles para su viabilidad. El Reglamento regulará también los parques agrarios, con especial atención a su formulación jurídica, así como a los procedimientos de creación de nuevos parques agrarios.

 

Torres mantiene una reunión con los presidentes de las Cámaras de Comercio de España y de las Islas Canarias

Cámaras de Comercio

En el encuentro abordaron cuestiones como el desarrollo del Reglamento de la Ley de Comercio, el apoyo de las administraciones a las cámaras y las medidas adoptadas por el coronavirus en Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este lunes una reunión con el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y con los presidentes de las cámaras de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote, José Sánchez, Santiago Sesé, José Torres y Antonio Rodríguez, respectivamente, en la que ha sido la primera reunión de trabajo del Ejecutivo autonómico con los máximos representantes de la Cámara de España.

La reunión se ha celebrado con motivo de la agenda de contactos prevista para el Encuentro de Cámaras de Comercio Españolas y Africanas, que finalmente ha quedado aplazado por la situación internacional del coronavirus Covid-19.

Ángel Víctor Torres explicó la necesidad de contar con el reglamento para el desarrollo de la Ley de Comercio aprobada en mayo de 2019. También recordó el aumento en un 14% en la aportación del Gobierno a las cámaras de comercio en el Presupuesto de este año para sus gastos de funcionamiento. Torres valoró “la labor fundamental” que hacen las cámaras en el comercio de Canarias, que produce muchísimo empleo en la Islas.

También abordaron las acciones adoptadas por el Ejecutivo regional con relación a los casos detectados de coronavirus y las medidas para mitigar sus efectos socioeconómicos, tanto en el turismo como en lo relativo al desarrollo empresarial del Archipiélago.

El Gobierno de Canarias aprueba el decreto que regula el alquiler de las viviendas vacacionales de Canarias

El Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes, 22 de mayo, el reglamento de viviendas vacacionales de Canarias. El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente Armas, aseguró que «tras meses de trabajo de forma conjunta con las asociaciones, agentes del sector e instituciones públicas, Canarias cuenta finalmente con la norma para el desarrollo de esta actividad en las Islas»

El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Ricardo Fernández de la Puente Armas, aseguró que “tras meses de trabajo de forma conjunta con las asociaciones, agentes del sector e instituciones públicas, Canarias cuenta finalmente con la norma para el desarrollo de esta actividad en las Islas”

El decreto recoge cuál es el ámbito territorial en el que puede desarrollarse la actividad, «quedando expresamente excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento», tal y como especifica el artículo 3, «las edificaciones ubicadas en suelos turísticos que se encuentren dentro de las zonas turísticas o de las urbanizaciones turísticas, así como las viviendas ubicadas en urbanizaciones turísticas o en urbanizaciones mixtas residenciales turísticas, conforme a las definiciones establecidas en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias».

También contempla que «cuando se trate de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, sólo podrán comercializarse como viviendas vacacionales aquellas en las que, expresamente, no se prohíba dicha actividad por los estatutos de la comunidad de propietarios».

Otro de los aspectos recogido en el decreto se refiere a la forma de iniciar la actividad, mediante la presentación de declaración responsable por parte del explotador. De esta forma, «con carácter previo al inicio de la actividad de explotación de una vivienda vacacional», especifica el documento, «los titulares de la misma o, en su caso, las personas físicas o jurídicas a las que previamente el propietario haya encomendado su explotación, deberán formalizar una declaración responsable de inicio de actividad, dirigida al Cabildo Insular correspondiente, en la que se manifiesta el cumplimiento de los requisitos y preceptos desarrollados en el presente reglamento, y que se comprometen a mantener dicho cumplimiento durante el tiempo en que se desarrolle la actividad».

Además de esta declaración responsable de inicio de actividad, es necesario presentar uno de estos tres documentos, en función de la fecha en que se solicitara la licencia de edificación de la vivienda: la licencia de ocupación, la cédula de habitabilidad, o la declaración responsable de ocupación de inmuebles o instalaciones.

El decreto también busca la protección del usuario de estas viviendas especificando, en el artículo 7, que «la publicidad, oferta y gestión de las viviendas vacacionales se ajustará a las exigencias de veracidad, objetividad y buena fe, proporcionando a la persona usuaria información suficiente sobre las características de aquéllas, las condiciones de uso y las prestaciones que comprenden los servicios contratados; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por las normas vigentes sobre publicidad y defensa del consumidor y de la persona usuaria».

Por otra parte, el decreto que regula el alquiler de las viviendas vacacionales en Canarias detalla, en el artículo 12.4 que «con carácter previo a la efectiva ocupación de la vivienda vacacional por los usuarios, si la contratación no se hubiese realizado por escrito con anterioridad, será preceptivo que ambas partes firmen un documento en el que, como mínimo, se han de recoger las condiciones extractadas del contrato, con indicación de los horarios, número máximo de personas que pueden ocupar la vivienda y los precios a cobrar por el servicio de alojamiento, con el IGIC incluido. Este documento estará redactado al menos, en castellano y en inglés».

El Gobierno de Canarias aprueba el Reglamento de Policía y Gestión de los puertos de la Comunidad Autónoma

El nuevo Reglamento tiene por objeto regular,el funcionamiento de los servicios y operaciones, así como los usos y actividades, que se desarrollen en dicho ámbito, estableciendo las actuaciones administrativas a desarrollar para los supuestos de incumplimiento de la normativa de aplicación.

Regula las funciones de seguridad encomendadas a los Oficiales de Puertos y Vigilantes de seguridad privada

El documento es de aplicación a los puertos del Grupo I y III, que se encuentren en explotación directa por la Administración portuaria canaria, detallados en el anexo de la Ley 14/2003, de 8 de abril, de Puertos de Canarias.

Se establece como PERSONAL DE VIGILANCIA DEL DOMINIO PÚBLICO PORTUARIO a los Oficiales de Puertos y los Vigilantes de seguridad Privada. Los primeros son los agentes administrativos y de policía especial del dominio público portuario y del servicio portuario de gestión directa de la Administración portuaria canaria. Su actuación se realiza bajo la jefatura inmediata y directa del Director Gerente o cargo análogo de la Administración portuaria canaria, siguiendo las instrucciones de la Jefatura de Explotación.

Se trata de un colectivo de agentes de la autoridad, que la Administración portuaria canaria destina al dominio público portuario objeto de su gestión directa. No ejercerán las funciones coercitivas y represivas, de mantenimiento del orden público y de persecución del delito, atribuidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad públicos, por lo que no portarán armas.

Sus principales funciones son:

a) Vigilancia y control, dentro de la totalidad del dominio público portuario de:

Las infraestructuras, obras y edificaciones.

Las embarcaciones, vehículos, maquinaria y mercancía.

Los usuarios y transeúntes.

Los usos, actividades y servicios, asegurando que se realizan bajo la correspondiente cobertura administrativa, propiciando igualmente su coordinación.

b) Control y gestión de la documentación administrativa inherente y necesaria a la explotación de los puertos, requiriendo, generando y tramitando la que se deba requerir, expedir y tramitar en el propio puerto, procediendo a su posterior remisión a la Administración portuaria canaria.

c) Gestión y cobro de las tasas y precios públicos o privados fruto de la explotación del puerto que se generen a favor de la Administración portuaria canaria y que deban liquidarse dentro del recinto portuario.

d) Información, señalización, asesoramiento y prestación de servicios de ayuda y auxilio a usuarios, transeúntes y embarcaciones.

e) Cooperación y colaboración con las Administraciones, instancias judiciales y fuerzas de seguridad públicas en todas sus actuaciones, poniendo en conocimiento de las mismas y de la Administración portuaria canaria, las actividades que puedan ser objeto sanción o que estén tipificadas como falta o delito por la legislación vigente, aportando los datos necesarios de los hechos y de los sujetos que los cometan.

Por su parte, los vigilantes de seguridad privada son aquellos empleados asignados por la empresa contratista de la prestación de servicios de vigilancia en los puertos gestionados directamente por la Administración portuaria canaria.

Sus funciones son las siguientes:

a) La vigilancia y protección de los bienes muebles e inmuebles, públicos o privados, y de las personas, que se encuentran dentro de la zona de servicio de los puertos de referencia, en coordinación con la Capitanía Marítima en lo que a ésta le competa.

b) Control de identidad en los accesos a los puertos o en el interior de los mismos si así lo requiriera La Administración portuaria canaria a la empresa de seguridad contratista.

c) Control de entrada de embarcaciones autorizadas y en general, mantenimiento del buen orden y correcto funcionamiento de las actividades, extendiendo parte de incidencias en caso de producirse cualquier hecho que por sí o por sus efectos merezca constancia, incluso tratándose de caso fortuito o de fuerza mayor.

d) Reaccionar ante situaciones de emergencia en el puerto, conforme a los planes e instrucciones recibidas.

e) Actuar para evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su protección.

f) Poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a quienes hubiesen delinquido, no pudiendo proceder a su interrogatorio, y a los instrumentos, efectos y pruebas de tales delitos cometidos dentro del ámbito del puerto.

g) Todas aquellas otras funciones que respetando la normativa vigente del sector, se hayan contemplado en el contrato suscrito con la empresa contratista.

Con la aprobación de este reglamento, quedan perfectamente delimitadas las funciones que corresponderán a cada uno de los profesionales que ejercen su labor en los puertos, así como las facultades que tienen atribuidas en sus relaciones con los usuarios y visitantes de los recintos y la obligación de los mismos de reconocer la autoridad de los oficiales y vigilantes de seguridad, en el desarrollo de sus respectivas atribuciones.