La Dirección General de Modernización dirige su estrategia en seguir mejorando los tiempos de espera y facilitar medios de pago directo de las tasas en las oficinas

El 97% de las personas encuestadas por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos sobre el servicio de Información y Atención Ciudadana de las oficinas ubicadas en los edificios múltiples de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se muestran satisfechas con la gestión, según informó la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto en la Comisión de Gobernación. El estudio indica también que el 74,5% de las personas valoraron su satisfacción con un 10.

El trabajo lo realizó una empresa especializada con 500 entrevistas presenciales, durante el último trimestre del año pasado. Analizadas las 15 respuestas que mostraron insatisfacción, el motivo de la misma fue que en seis de ellas que no se solucionó su problema, en cuatro cuestionan la falta de información, en tres la tardanza o lentitud y en dos de ellas problemas técnicos.

Además de la satisfacción se analizó la atención del personal, obteniendo un 9,53; el tiempo de espera con un 9,13 y la claridad en el lenguaje con un 9,53 sobre 10.

Entre los aspectos a mejorar, los encuestados proponen reducir los tiempos de espera en la sala, facilitar medios de pago directo de las tasas en la oficina, más personal en la oficina y ampliar los trámites telemáticos. En este sentido, la consejera apuntó que la Dirección General dirige su estrategia a mejorar los tiempos de espera en sala con la cobertura de plazas y facilitar medios de pago directo de las tasas en las oficinas. Para ello, Nieves Lady Barreto anunció que se está trabajando, conjuntamente con la Dirección General de Transformación Digital (DGTDSP) y la Agencia Tributaria Canaria (ATC) en el sistema que permitirá el pago de las tasas con tarjeta de débito/crédito en las oficinas de atención presencial.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acompañado de la viceconsejera de Justicia y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, se reúne con los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

Con un presupuesto de 185 millones de euros para el próximo ejercicio, un 15% más que en 2019, el área de Justicia supone el 45,6% de todo el departamento dirigido por Julio Pérez

Julio Pérez destaca los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluye, entre otras cosas, el expediente judicial electrónico, que permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se ha reunido esta semana, acompañado de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, con los decanos de los colegios de abogados de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Rafael Massieu y José Manuel Niederleytner, respectivamente, para informarles de las líneas programáticas que contiene el presupuesto del área de Justicia en el año 2023.

Julio Pérez ha explicado a ambos decanos que, dentro de las cuentas de su departamento para 2023, cuyo montante es de 406 millones de euros, el área de Justicia tiene asignados 185 millones, lo que supone un 45,6% sobre el total y representa un 15% más que en 2019, donde ascendieron a 161 millones.

Según ha señalado, con este presupuesto se pretende ofrecer un servicio público de justicia más accesible y eficiente, y responder al desafío de la tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica; y a la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, a la atención a las víctimas y al acceso a la justicia gratuita.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha destacado los 23 millones de euros con los que se consolida el incremento de la partida destinada al turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, y los 28 millones de euros dirigidos a programas de transformación digital, que incluye el expediente judicial electrónico y permitirá a los letrados y letradas obtener copias desde la sede judicial electrónica. Esta cantidad también engloba las actuaciones que tienen como fin mejorar la ciberseguridad, la interoperabilidad y mejorar los equipamientos informáticos de la Administración de Justicia.

En relación a la estrategia para la transformación digital, Julio Pérez ha detallado que el programa de modernización de la Administración de Justicia en Canarias abarca, además del expediente judicial electrónico, el proyecto de justicia digital, el equipamiento de los órganos de nueva creación, la gestión inteligente de la cita previa y la accesibilidad a los servicios públicos de justicia.

Una parte de la financiación de esta estrategia se hará a través de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). En concreto, la adquisición de dispositivos informáticos para juzgados y salas de vista, y la implantación de servicios homogéneos digitales en el servicio Atlante web.

Durante el encuentro, también se abordó el plan de infraestructuras judiciales contemplado en el presupuesto, con la creación de nuevos órganos y la mejora de otros, bien a través del arrendamiento o la compra de inmuebles, para lo que hay previsto casi seis millones de euros; los puntos de encuentro familiar, 920.000 euros ampliables a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género; la mediación extrajudicial y las oficinas de atención a las víctimas del delito, 110.000 euros.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señala que, según la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica realizada por el Istac, en el cuarto trimestre de 2021, para un 65,8% de los canarios la seguridad y la emergencia es el servicio público que mejor funciona

Reitera la voluntad del Gobierno canario para que los trabajadores de GSC recuperen el 5% de su salario perdido en 2010, como demuestra el acuerdo suscrito con ellos en 2021 y la reserva de los fondos necesarios

Sin embargo, no ha sido posible ejecutar el acuerdo porque no se cumplen las condiciones legales que permiten la autorización de Hacienda

Valora la labor efectuada por el gerente e indica que su dimisión se debe al cambio de la estructura de dirección, que a juicio del consejero es más operativa

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha manifestado este lunes en el Parlamento de Canarias que “quienes de verdad presumen de sus servicios de emergencia son los ciudadanos, no el Gobierno canario”, tal y como demuestra la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica realizada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), en el cuarto trimestre de 2021, que refleja que para un 65,8% de los canarios la seguridad y la emergencia es el servicio público que mejor funciona.

Julio Pérez, que ha comparecido en la Cámara autonómica para explicar la gestión que realiza la empresa Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias (GSC), ha calificado de excelente la labor de esta sociedad, que en 2022 contó con un presupuesto de 92 millones de euros, tiene 300 trabajadores, recibió 774.000 demandas de servicios en 2021 y 1.600.000 llamadas al año, lo que supone 4.000 diarias.

Durante su intervención, ha indicado que eso no significa que no haya cosas a mejorar y ha puesto como ejemplo el marco normativo que regula su funcionamiento, su capacidad física, de ahí el propósito de habilitar dos nuevos edificios para los servicios de emergencia, el fortalecimiento de su estructura y separar lo que son emergencias de lo que no lo es, como ocurre con el transporte sanitario no urgente.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, presidente a su vez del Consejo de Administración de GSC, ha reiterado que la voluntad del Gobierno canario es que los trabajadores de esta empresa recuperen el 5% de su salario, perdido en 2010, y así lo demuestra el acuerdo suscrito con ellos en 2021 y la reserva de los fondos necesarios, que aún no se ha podido materializar porque, a su vez, Hacienda ha considerado que no se cumple las reglas fiscales establecidas, como la regla de gasto en 2019.

Pérez también ha valorado el trabajo efectuado por el actual gerente y ha explicado que su dimisión se debe a que no está de acuerdo con la nueva estructura de dirección implantada, que ha calificado de más operativa, porque permite una mejor supervisión del funcionamiento de la empresa. Ha confesado que no ha podido convencerle de que continuara.

También ha hecho referencia a la conciliación y a la desconexión digital, que ha admitido no se alcanza en situaciones excepcionales y que se trabaja para que llegue a todos los trabajadores.

Su objetivo es fortalecer este servicio público, garantizando el acceso a toda la ciudadanía y la implantación de procedimientos ágiles y eficaces

Un 20% de ellas ya están finalizadas. Entre otras, la consecución del expediente judicial electrónico, al lograr el pleno despliegue del sistema de gestión Atlante web

También se han dado pasos relevantes con otras administraciones como, por ejemplo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al implantar la remisión telemática de atestados

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha logrado poner en marcha ya todas las acciones programadas, para el periodo 2021-2023, en la Estrategia para la Transformación Digital de la Justicia en Canarias y que se divide en cuatro ejes, trece objetivos y cuarenta y cuatro acciones, de las cuales un 20% están ya finalizadas.

Esto supone, en palabras del consejero, que, estando a mitad del periodo de vigencia de la estrategia, el grueso de la actividad más compleja, que es el inicio de las acciones, ya se ha conseguido, y que se puede ver con cierto optimismo su grado de cumplimiento al término de esta.

La finalidad de esta iniciativa, según ha explicado la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, es fortalecer el servicio público de Justicia, garantizando su accesibilidad a toda la ciudadanía y la implantación de procedimientos ágiles y eficaces.

De las acciones ya finalizadas, cabe destacar todas aquellas que tienen que ver con la adopción de planes de contingencia y reacción frente a futuras crisis y que se desplegaron durante las fases más agudas de la pandemia.

Además de estas, la viceconsejera de Justicia ha señalado que se ha profundizado y logrado hitos muy importantes en cuanto a la consecución del expediente judicial electrónico, al conseguir el pleno despliegue del sistema de gestión Atlante web, que permite ya trabajar y llevar a cabo la mayor parte de las acciones de forma telemática.

Igualmente, se han dado pasos relevantes con otras administraciones, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al implantar la remisión telemática de atestados.

Junto a ello, Carla Vallejo ha resaltado el establecimiento de sistemas seguros de identificación de los profesionales que trabajan en la Administración de Justicia y de métodos de acceso de la ciudadanía, con la puesta en marcha de servicios de cita previa y acceso telemático a través de escritorios virtuales. Todo ello, ha apuntado, llevando a cabo acciones específicas de formación de todos los profesionales de Justicia implicados.

La viceconsejera ha agregado que también se han fortalecido la acción coordinada y la cooperación interinstitucional, al llevarse a cabo reuniones periódicas con el Comité Técnico Estatal d la Administración Judicial Electrónica, así como con la celebración regular de comisiones mixtas con la Fiscalía y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La Cámara autonómica convalida el decreto ley que permite reiniciar el procedimiento de contratación de nuevo equipamiento técnico de la Televisión Canaria tras quedar desierto el concurso anterior

Al igual que el Consejo Consultivo de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad califica el decreto como necesario, justificado y adecuado a los parámetros normativos

El Gobierno canario ha logrado este miércoles que el Parlamento de Canarias convalidara el Decreto Ley 3/202, de 17 de marzo, por el que se prorroga durante seis meses la habilitación del administrador único del ente Radio Televisión Canaria, con objeto de garantizar la continuidad en las actuales instalaciones de la gestión del servicio público de televisión autonómica y sus programas informativos, y de que se pueda reiniciar el procedimiento de contratación de un nuevo y completo sistema de equipamiento técnico.

Debido a que el último concurso público resultó desierto, y ante la falta de aprobación por el Parlamento de Canarias del Mandato Marco y el nombramiento de los órganos rectores de la RTVC, el Gobierno canario se ha visto obligado a aprobar otro decreto ley que habilite de nuevo, con carácter extraordinario y provisional, al administrador único, para retomar el procedimiento.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, encargado de defender la convalidación del decreto ley ante la Cámara, lo ha calificado, ciñéndose para ello al dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, de necesario, justificado y adecuado a los parámetros normativos.

Según ha expuesto Julio Pérez, siguiendo también lo dicho por el Consejo Consultivo, la justificación del decreto está en que se trata de una situación nueva, sobrevenida y ajena a la voluntad del Gobierno, y, además, en la ausencia de cobertura jurídica para que el administrador único convoque una nueva licitación. Todo ello permite considerar, en opinión del Ejecutivo, que concurre el presupuesto habilitante.

Este decreto posibilita contratar el sistema de equipamiento, de forma conjunta o por separado, garantizando la necesaria participación de los operadores económicos del mercado en los procedimientos de licitación a tramitar.

Por otro lado, amplía la habilitación al administrador único para mantener el régimen provisional de afectación de los medios materiales disponibles actualmente hasta la definitiva implantación y funcionamiento del equipamiento de nueva contratación, con el fin de garantizar el mantenimiento del servicio.

El decreto aprobado confiere un plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de la norma, para que se puedan iniciar todos los procedimientos necesarios para la sustitución del equipamiento existente, con lo que se resolverán los problemas de desfase tecnológico y agotamiento de la vida útil de los equipos.

Alicia Álvarez, directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, que visitó esta semana las oficinas de información y atención de la Isla, prevé suscribir en breve un convenio para la gestión conjunta

La directora general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, Alicia Álvarez, y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se han reunido esta semana en la sede de la Corporación insular, acompañados por el consejero insular de Participación Ciudadana, Jonathan Gil, y personal técnico, para coordinar y unificar criterios tendentes a mejorar y reforzar la prestación del servicio público de atención e información a la ciudadanía, que quedarán plasmados en un convenio a suscribir en breve.

Tras la reunión, la titular de Modernización y Calidad de los Servicios, departamento adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, se trasladó a las oficinas de atención ciudadana de la Isla, que prestan servicios integrados de información, orientación, actividad administrativa, registro de solicitudes, escritos y trámites o gestión de sugerencias y reclamaciones, entre otros.

Para la directora general, la ciudadanía es la protagonista de la actividad de las Administraciones Públicas y a ella hay que prestar un conjunto de actividades y medios que faciliten el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y el acceso a los servicios públicos.

Las actuaciones del Gobierno de Canarias están alineadas con el Plan Justicia 2030 que presentó hoy en Tenerife la ministra de Justicia, Pilar Llop

El consejero Julio Pérez, responsable del Plan PEVOLCA, no pudo estar en la presentación al encontrarse en La Palma, isla a la que se ha desplazado de nuevo hoy el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para conocer in situ la evolución de la erupción volcánica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias destaca la Estrategia para la Transformación Digital del Servicio Público de la Administración de Justicia en Canarias para el período 2021-2023 desarrollada por el departamento que dirige Julio Pérez, quien afirma que se está trabajando por una justicia que responda a las necesidades de las personas, con la meta de que la tecnología sea una de las principales herramientas para mejorar la vida de las personas y hacer más eficiente el funcionamiento de los servicios públicos de justicia.

La Consejería remarca que dicha Estrategia, aprobada en marzo de 2021, es pionera en el territorio nacional al alinearse con el Plan Justicia 2030 que presentó hoy en Tenerife la ministra del área Pilar Llop. Dicho Plan tiene como objetivos esenciales consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, garantizando su accesibilidad al servicio público de justicia; promover una mayor eficiencia del servicio público; garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio e incidir en una mayor eficiencia, articulando instrumentos de cooperación y coordinación entre instituciones y eliminando solapamientos.

En la presentación del Plan estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, ante la ausencia del consejero Julio Pérez, al encontrase en La Palma como responsable del Plan del Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA) del Gobierno de Canarias. Pérez informó sobre la evolución de la erupción volcánica al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se desplazó hoy a la Isla, en lo que representa su sexta visita a La Palma.

Ante la referida ausencia del consejero, Vallejo y Bonnet celebraron una reunión técnica con miembros del Ministerio de Justicia para abordar los retos de la transformación digital de la Justicia y la alineación con el Plan Justicia 2030. Posteriormente, Vallejo, en sustitución del consejero, mantuvo un encuentro con la ministra en el que también participaron el Fiscal Superior de Canarias, Luis del Río, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad califica la Estrategia canaria como un proyecto ambicioso, enmarcado en el esquema de cogobernanza y destinado a garantizar que Canarias ofrezca un servicio público de justicia moderno, de calidad, ágil, accesible y transparente. Un servicio público, agregó, con una gestión eficaz y eficiente y que contribuya a la mejora del Estado de Derecho, garantizando la seguridad jurídica, el respeto de los derechos y libertades, el cumplimiento de las obligaciones y el desarrollo económico sostenible.

Respuesta a las personas

El departamento que dirige Julio Pérez destaca el trabajo realizado en Canarias para dar una respuesta a las demandas de las personas se desarrolla por medio de una mayor accesibilidad de la justicia, a través de una mayor claridad en el lenguaje jurídico, en la sede judicial electrónica; de un nuevo plan de adopción digital de la justicia tutorizado para cada uno de los empleados y traccionando una red de cambio dónde están todos los actores clave; así como de un programa de Oficinas de Atención a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer y un programa de bienvenida a las y los nuevos empleados públicos.

También se incide sobre la eficiencia del servicio público de Justicia por medio de la plataforma única de gestión para tribunales, juzgados y fiscalía Atlante Web, con el reto de llegar al cero papel durante 2022, fortaleciendo la interoperabilidad entre las oficinas de mediación y arbitraje con los Juzgados y Tribunales.

Asimismo, se están incorporando tecnologías e inteligencia artificial con el objetivo de hacer más eficiente el trabajo, implantando un sistema de comparecencias judiciales a distancia con identificación biométrica, e implementando tecnologías que han permitido el que trabajo con todas las garantías jurídicas y de seguridad, con nuevas alternativas de firma a través de biometría en las actuaciones judiciales.

Para dar una mayor sostenibilidad y cohesión social en Canarias, se ha implementado un sistema de cita previa, que evita la conglomeración de ciudadanos y profesionales. Además, se han nuevos modelos de medición de calidad en la satisfacción de los usuarios, con sedes judiciales autosostenibles energéticamente que controlan la emisión de CO2 y el confort del personal público; y se ha automatizado los procesos judiciales masivos que impulsan la eficiencia digital para la actividad empresarial, logrando una tramitación soportada por los datos.

Con la meta de que la tecnología sea una de las principales herramientas para mejorar la vida de las personas y hacer más eficiente el funcionamiento de los servicios públicos de justicia, se han incorporado nuevas funcionalidades y tecnologías en la plataforma Atlante Web, como una navegación atractiva funcional y que mejora la experiencia de los usuarios; la textualización de las vistas comparecencias y otras actuaciones orales, o la tramitación inteligente en procesos masivos como los monitorios por demandas de compañías aéreas.

Otras de las actuaciones son el Apud Acta Telemático del sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica; la accesibilidad al expediente judicial electrónico completo, a través de la sede; la firma biométrica en las actuaciones judiciales; la digitalización del puesto de trabajo con la implantación del armario digital; y la gestión del dato 360 en los procesos judiciales.