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Acuerdos de gobierno

Sanidad destina más 6,4M€ a la adquisición de 2.302 camas clínicas y camillas para los centros del SCS

El Consejo autoriza el gasto plurianual, lo que permitirá renovar las camas de los hospitales del SCS, así como adquirir nuevas unidades necesarias para la actividad asistencial tanto hospitalaria como de los centros de salud

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, a propuesta de la Consejería de Hacienda, un gasto plurianual de 6.436.470 euros del Servicio Canario de la Salud para financiar la contratación de un suministro e instalación de 2.302 camas clínicas y camillas con destino a diferentes centros hospitalarios.

La contratación se realizará por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para las anualidades de 2023 y 2024, a razón de 3.956.642 y 2.479.828 euros, respectivamente, cofinanciados al 85% por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER Canarias 2021-2027).

Las camas y camillas clínicas constituyen un equipamiento indispensable para el funcionamiento de las instituciones sanitarias, cada vez más tecnificado, con una elevada tasa de uso y sobre el que actúan muchos profesionales sanitarios, por lo que requiere de labores de mantenimiento constantes. De ahí que cuando los costes de mantenimiento anuales exceden el 15% del precio de compra inicial, se considere que este equipamiento es ineficiente y se aconseje su reposición.

En este sentido, el suministro de nuevas camas y camillas se destinará tanto a reponer las que han quedado obsoletas como a dotar a nuevas áreas asistenciales de los hospitales y centros de Atención Primaria del Servicio Canario de la Salud.

Por su impacto asistencial y económico y con el fin de homogeneizar las prestaciones asistenciales, se realizará una adquisición centralizada de las camas clínicas y camillas a través de la Dirección General de Recursos Económicos del SCS.

El Gobierno aprueba el decreto que designa la autoridad de control de la Ley de Cadena Alimentaria en Canarias

La Viceconsejería del Sector Primario será el órgano encargado del cumplimiento de la normativa

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 27 de abril, el proyecto de decreto por el que se designa la autoridad de ejecución de la Comunidad Autónoma de Canarias para el control del cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria.

Según el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, a propuesta conjunta de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca y del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y previa deliberación del Consejo de Gobierno, se designa a la Viceconsejería de Sector Primario como el órgano adecuado dentro de la estructura orgánica del departamento autonómico para llevar a cabo el control necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 12/2013.

Entre sus principales funciones recoge el control, que de acuerdo con el ámbito de aplicación de la dicha ley, tiene por objeto las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios.

Las actuaciones de control tendrán por objeto el examen, comprobación e investigación de la obligaciones impuestas a los operadores de la cadena alimentaria por la Ley 12/2013 de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria o norma que la sustituya, así como la determinación de la comisión de posibles infracciones en materia de contratación alimentaria tipificadas en la misma ley que pudieran dar lugar al correspondiente procedimiento sancionador. Las actuaciones se llevarán a cabo por personal funcionario debidamente acreditado por la autoridad de ejecución, que tendrá en el ejercicio de sus funciones, la condición de agentes de la autoridad.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

El Gobierno aprueba cinco programas del FDCAN por 416,7 millones de euros

Los proyectos corresponden a los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro, y a las dos universidades públicas

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, los programas y proyectos del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro y de las dos universidades públicas. El importe total asciende a 416,7 millones de euros hasta el año 2027. El acuerdo permitirá también la firma de los respectivos convenios con los beneficiarios.

Estas instituciones son la que en su momento no suscribieron los primeros convenios del Fondo por diez años (el programa arrancó hace seis años) y, por tanto, no tenían ninguno en vigor.

Los 416,7 millones se distribuyen de la siguiente manera: Cabildo de Fuerteventura, 99 millones; Cabildo de El Hierro, 50,2 millones; Cabildo de Gran Canaria, 254,4 millones; Universidad de La Laguna, 6,5 millones, y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 6,5 millones.

A la aportación aprobada por el Gobierno habrá que añadir el porcentaje de cofinanciación de cada corporación insular, que son del 20% en el caso de Fuerteventura; del 10% en El Hierro y del 50% en Gran Canaria. La inversión en las universidades corre exclusivamente de parte del Ejecutivo.

El Gobierno aprueba un gasto de 10,8 millones de euros para sufragar la deuda histórica del transporte escolar

De esta cuantía, 3,2 millones de euros se desembolsarán este año, y 7,5 millones se pagarán en el próximo ejercicio

El Consejo de Gobierno aprobó hoy jueves, 27 de abril, un gasto plurianual planteado por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por importe de 10.829.533 euros para sufragar la actualización de precios prevista en los contratos del servicio público de transporte escolar del alumnado de centros docentes públicos no universitarios de las islas. De la cuantía total, este año se desembolsarán 3.291.366 euros, y los restantes 7.538.166 euros se pagarán en el próximo ejercicio.

Este abono, que se refiere a la llamada deuda histórica, comprende la actualización de precios de este servicio al IPC desde septiembre de 2011 hasta agosto de 2022. Anteriormente, concretamente el 1 de febrero de 2023, se aprobó en Consejo de Gobierno el gasto de 7,3 millones de euros para la actualización de precios desde septiembre de 2022 en adelante, ya efectuada.

El viernes pasado, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Departamento educativo, Manuela Armas, se reunieron con el responsable de la Federación de Empresarios de Transportes (FET), Agustín Espino, para abordar el cumplimiento del calendario y los compromisos fijados de abono. Entre otros asuntos, se refirieron a este grupo de expedientes así como a otro bloque que suma 7,5 millones de euros, buena parte del cual ya ha sido abonado a las empresas de transporte, y el resto se va pagando conforme estas presentan sus facturas.

La inversión anual de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el servicio de transporte escolar ronda los 50 millones de euros y sirve para transportar a unos 37.000 estudiantes.

Autorizado un gasto de 7,6M€ para el mantenimiento y actualización del Atlante web los próximos tres años

El presupuesto total del contrato asciende a 17.257.537,80 euros, pero el resto, 9.630.000 euros, se financia con fondos europeos, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)

Abarca la gestión integral y evolutiva de las aplicaciones, servicios y funcionalidades TIC de los órganos de la Administración de Justicia ubicados en las islas y su adaptación a las nuevas estructuras organizativas, así como de los aplicativos de asistencia jurídica gratuita

Su periodo de vigencia va del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2026 y permite seguir prestando un servicio público de calidad, reconocido tanto a nivel autonómico como estatal, capaz de atender las necesidades de los usuarios y las usuarias judiciales

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, un gasto de 7.627.537,80 euros, para hacer frente a la contratación del servicio de gestión integral y evolutiva de las aplicaciones de gestión procesal implantadas en los órganos judiciales, fiscales e institutos de medicina legal radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de los aplicativos de asistencia jurídica gratuita, en la parte no financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El objeto de este contrato, cuyo presupuesto total asciende a 17.257.537,80 euros –9.630.000 euros se financian a través de los fondos europeos provenientes del MRR–, es el soporte, mantenimiento y actualización de las aplicaciones, servicios y funcionalidades TIC de los órganos de la Administración de Justicia de las islas, también conocido como sistema Atlante web, con el fin de continuar prestando un servicio público de calidad, reconocido tanto a nivel autonómico como estatal, capaz de atender las necesidades que demanden los usuarios y las usuarias judiciales.

Junto al mantenimiento y actualización de todos los servicios y aplicaciones existentes actualmente, el contrato incluye el diseño, desarrollo, integración, despliegue, formación, comunicación de nuevas funcionalidades y servicios demandados por los operadores jurídicos, así como la migración de datos y aplicativos a nuevas versiones tecnológicas sobre los que estén montados, y, en general, todas las actividades necesarias para la gestión integral del servicio, cubriendo todo el ciclo de vida de los proyectos y los servicios y productos entregados.

Con todo ello se pretende atender y dar solución a las necesidades y requerimientos, tanto del personal funcionario como de los profesionales y ciudadanos que se relacionan con la Administración de Justicia, con el objetivo de prestar un servicio público de calidad, eficiente, cercano, transparente y moderno, conforme con los términos establecidos en la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

El periodo de vigencia del citado contrato es de tres años, del 1 de julio de 2023 al 30 de junio de 2026, y su presupuesto total, se distribuye en cuatro anualidades, del 1 de julio al 31 de diciembre de 2023, 2.876.256,30 euros; del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024, 5.752.512,60 euros; del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, 5.752.512,60 euros; y del 1 de enero al 30 de junio de 2016, 2.876.256,30 euros.

El sistema Atlante web es una solución de gestión judicial que integra los elementos sobre los que se orquestan los principales retos que la sociedad demanda de la justicia. Entre otros, una justicia digital que permita alcanzar el objetivo de papel cero e implementar el expediente judicial electrónico; que facilite el desplegar nuevos servicios digitales a través de la sede judicial; que mejoren la relación entre funcionarios, profesionales y ciudadanos, además de una justicia abierta e innovadora que incorpore en el nuevo sistema tecnologías de inteligencia artificial, robotización de acciones y aprendizaje automático, de forma que permita asistir a los funcionarios de justicia a la hora de tomar una decisión o realizar una tarea, reduciendo el tiempo de tramitación de los procedimientos.

El Gobierno asigna 343,4 millones del Fondo Canario de Financiación Municipal de 2023, un 17,6% más que en 2022

La Fecam recibe 3,4 millones y el conjunto de los 88 municipios de las islas se reparten 340 millones en función de los criterios establecidos por la Ley 3/1999, de 4 de enero, del Fondo Canario de Financiación Municipal

La distribución se efectúa según las siguientes variables: población (68%), solidaridad (16%), dispersión territorial (5%), unidades escolares (4%), extensión territorial (2%), espacios naturales protegidos (2%), plazas alojativas turísticas (2%) e insularidad periférica (1%)

Para los criterios de población y dispersión territorial, se tienen en cuenta los datos suministrados por el INE a 1 de enero de 2022, y, en el caso de la solidaridad, a los municipios menores de 10.000 habitantes se les asigna el 11% y a los restantes el 5%

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente al año 2023, que asciende a 343.448.920 euros, lo que supone un 17,6% más que en 2022, cuyo montante fue de 291.899.473 euros.

Del importe global de dicha dotación, 340.014.420, 80 euros se repartirán entre los 88 municipios de las islas. El uno por ciento restante, 3.434.489,20 euros, se destinará a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), tal y como establece el artículo 3 de la Ley 3/1999, de 4 de enero, del Fondo Canario de Financiación Municipal.

Dicho artículo fija, igualmente, que la distribución se realizará en función de los siguientes criterios: población (68%), solidaridad (16%), dispersión territorial (5%), unidades escolares (4%), extensión territorial (2%), espacios naturales protegidos (2%), plazas alojativas turísticas (2%) e insularidad periférica (1%).

En el caso de la solidaridad, a los municipios menores de 10.000 habitantes se les asigna el 11% y a los restantes el 5%. Del mismo modo, para los criterios de población y dispersión territorial tendrán en cuenta los datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1 de enero de 2022, así como los datos relativos al número de núcleos de población del municipio y población de la capital de municipio a esa misma fecha.

Para calcular la extensión territorial de cada municipio, los datos se obtienen del registro Central de Cartografía del Instituto Geográfico Nacional (IGN) relativo a las superficies oficiales de los municipios canarios a fecha 1 de enero de 2023, mientras que la superficie declarada espacio natural protegido, las unidades escolares y las plazas alojativas turísticas de datos proporcionados por las direcciones generales de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas, y de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa y del Observatorio de Turismo de Canarias.

El Consejo recibe la información sobre el incremento de fondos del ‘Next Generation’ para el ITC

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo da cuenta de la ampliación de las subvenciones concedidas a los proyectos ‘Biogreenfinery-Hidrógeno verde para biorrefinería’ y ‘Consolidación del área experimental de biotecnología azul y acuicultura de Pozo Izquierdo’

El Consejo de Gobierno ha recibido hoy, en sesión ordinaria, la información sobre que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo duplicó el pasado 30 de marzo la inversión inicial realizada en dos proyectos considerados de interés público que se desarrollan en la sede del Instituto tecnológico de Canarias (ITC) en Pozo Izquierdo, Gran Canaria, y que tienen por objeto la diversificación económica de las islas y el impulso a la transición ecológica, a partir de la acuicultura terrestre y de la producción de hidrógeno con energías renovables. Son dos proyectos para los que se logró captar casi seis millones de euros de fondos Next Generation en 2021, a través de procesos de concurrencia competitiva, y que ahora duplican su importe hasta alcanzar los 12.087.790 euros.

Se trata de más de seis millones de euros adicionales, que se transfirieron al ITC mediante una subvención directa otorgada a través de una orden de la consejera del área, Elena Máñez, por lo que, al superar los 150.000 euros en los dos proyectos, era preceptivo dar cuenta de esta inversión al Consejo de Gobierno.

De ambos proyectos, el de Consolidación del área experimental de biotecnología azul y acuicultura de Pozo Izquierdo (Blueact), que impulsa especialmente el cultivo de algas en tierra, cuenta con la mayor financiación, de 6.151.735 euros. Su principal objetivo es incrementar el tamaño y capacidades del área experimental existente, para dar al tejido científico y empresarial de las islas más posibilidades de desarrollo en este sector a escala industrial.

En concreto, con el proyecto de Consolidación del área experimental de biotecnología azul y acuicultura de Pozo Izquierdo se pretende desarrollar nuevas soluciones tecnológicas para la implantación de sistemas de captación, almacenamiento, tratamiento y evacuación del agua que sean escalables a procesos industriales y permitan a las empresas moverse en el marco de la ley y de los reglamentos vigentes en todas las fases de su implantación.

El uso mancomunado de infraestructura y equipamiento que se propone implementar en el área experimental permite alcanzar un doble objetivo: facilitar la implantación de empresas en el área y evitar la duplicación de infraestructuras y equipamiento y la consecuente ocupación improductiva de suelo y espacio.

De esta manera, se permite que las empresas eviten inversiones económicas y de tiempo desproporcionadas, así como trámites engorrosos, consiguiendo una solución para sus pruebas de viabilidad, incubación e implantación en las fases iniciales de su desarrollo y una ayuda sustancial para su ampliación y la producción de numerosos productos, como piensos, cosméticos, complementos alimentarios, etcétera, a partir del cultivo sostenible de microalgas.

En el marco de este proyecto, se pretende adquirir parcelas idóneas para el desarrollo tecnológico-industrial en el campo de la biotecnología y de la acuicultura. Así, la posibilidad de realizar ampliaciones hasta escalas mayores permite a las empresas del sector alcanzar no solo potenciales productivos superiores sino también acceder a una plataforma para ensayos y a un banco de prueba para la viabilidad de su proyecto a escala industrial.

El segundo de los proyectos, denominado Biogreenfinery-Hidrógeno verde para biorrefinería, dotará al ITC de una plataforma para la integración de energías renovables (EERR) en la producción de hidrógeno verde, precursor en la síntesis de futuros combustibles sintéticos, que incluirá amoniaco para barcos, y en futuros desarrollos otros biocarburantes como querosenos de síntesis para la aviación.

Para hacerlo, se implantará un sistema integrado de producción de hidrógeno, alimentado con un sistema híbrido eólico-fotovoltaico, para su posterior utilización en la síntesis de combustibles. Con un presupuesto total de 5.936.055 euros, esta instalación permitirá disponer de hidrógeno para su investigación en el uso directo o la síntesis de combustible verde.

Tanto el hidrógeno para su uso directo en el sector del transporte pesado por carretera como los combustibles de síntesis obtenidos a partir de hidrógeno para los sectores del transporte marítimo y aéreo de Canarias contribuirán a reducir la actual dependencia total del petróleo importado en el archipiélago. En el contexto actual la actuación contribuirá a acelerar la transición energética en Canarias con todos los beneficios sociales, económicos y ambientales y de diversificación que esto conlleva, con una reducción prevista en la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera de 835,74 toneladas de CO2 al año.

Aprobado el decreto que regula la prestación económica por el acogimiento familiar de personas menores bajo tutela

El decreto autonómico contempla las ayudas que reciben las familias que acogen a menores en su seno

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se regula la prestación económica por acogimiento familiar de personas menores de edad tuteladas por la entidad pública con competencia en materia de protección de menores de Canarias.

Tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, el proyecto de decreto, que  regula la prestación económica para las familias que tengan acogidas a personas menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias, tanto en acogimiento en familia extensa como en familia ajena, ha sido aprobado por el Ejecutivo canario.

La importancia de la aprobación de este decreto radica no solo en que regula un derecho legalmente reconocido a las personas o familias de acogida, sino también en el hecho de que constituye una medida eficaz de fomento del acogimiento de personas menores de edad que en situación de desamparo se encuentran bajo la tutela de la Administración pública.

Regulación de las cuantías de las prestaciones

A través de este decreto se regula la prestación económica para el acogimiento familiar  de carácter periódico, destinada a remunerar el acogimiento familiar, tanto en familia ajena como extensa, por el tiempo que dure la medida de protección.

La prestación económica por acogimiento familiar es una compensación económica de carácter finalista que tiene por objeto compensar a dichas personas o familias por los gastos originados del acogimiento derivados de la alimentación, vestimenta, ocio educativo, movilidad, actividades físicas y práctica del deporte, asistencia médica y educación de la persona acogida, y en general, de las obligaciones alimenticias que se asumen por el acogimiento.

El decreto distingue entre acogimiento en familia extensa (con lazos de consanguinidad) y en familia ajena (sin lazos de consanguinidad), y dentro de esta, entre acogimiento ordinario y especializado, entendiéndose como acogimiento en familia ajena especializado aquel que se desarrolle en una familia ajena en la que al menos una de las personas que integra la familia disponga de cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar funciones de acogimiento respecto de personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales.

La cuantía total de la prestación económica a percibir por acogimiento familiar vendrá determinada por una cuantía básica diaria. Así se establece, en el acogimiento en familia extensa y en familia ajena ordinario, una cuantía diaria básica de 20 euros, y en el acogimiento en familia ajena especializado, una cuantía diaria básica de 50 euros por cada menor a cargo. Además, cuando la persona menor de edad en situación de acogida tenga reconocido oficialmente un grado de discapacidad de al menos el 33% habrá una cuantía adicional diaria de 7 euros.

En los casos de acogimiento múltiple, se aplicará la cuantía diaria básica que corresponda en su totalidad respecto de las dos primeras personas menores de edad en acogimiento. Respecto de la tercera y cuarta persona acogida se reconocerá un setenta y cinco por ciento de la cuantía diaria básica, y a partir de la quinta y siguientes, un sesenta por ciento.

Además, cuando el acogimiento se constituya de urgencia, se reconocerá una cuantía adicional única de 300 euros que se producirá con ocasión del abono de la primera mensualidad y cuya finalidad será contribuir a hacer frente a los gastos adicionales en que se incurre por razón de la urgencia del acogimiento.

En los casos de acogimiento urgente múltiple, se aplicarán a esta cuantía adicional los mismos porcentajes previstos en el apartado anterior de este artículo relativos a la cuantía básica.

Aprobada una partida de 300.000 euros para mejoras en la playa de Las Teresitas y el molino palmero del Roque

El Gobierno aprueba la transferencia de crédito para dotar de fondos las actuaciones de mejora de infraestructuras turísticas a realizar por los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Puntagorda

El Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves en Consejo de Gobierno a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio a una transferencia de crédito por importe de 300.000 euros para actuaciones de mejora de las infraestructuras turísticas y servicios en la playa de Las Teresitas, en Tenerife, y para la restauración del entorno del molino del Roque y servicios complementarios de este, en el municipio palmero de Puntagorda.

En concreto, el Gobierno otorgó hoy el visto bueno a la transferencia de crédito de la sección 19 del Presupuesto de la Comunidad Autónoma denominado Diversas consejerías a la sección 16, relativa a Infraestructuras  Turísticas y Gestión Integral de Núcleos Turísticos.

Ello permitirá destinar 100.000 euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que ejecute diversas acciones de mejora en infraestructuras y servicios en la capitalina playa de Las Teresitas, y 200.000 euros al Ayuntamiento de Puntagorda para actuaciones en el entorno del molino del Roque.

Para ambos casos, el Gobierno ha considerado a la hora de autorizar estas transferencias de programa que resulta más idóneo que la ejecución de estas actuaciones se lleve a cabo por los ayuntamientos correspondientes.

Por tanto, el crédito de 300.000 euros se habilita en el capítulo de transferencias con la consiguiente concesión de subvención directa al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y al Ayuntamiento de Puntagorda, para alcanzar los objetivos previstos de mantenimiento y sostenibilidad de la competitividad turística, con un constante proceso de renovación y modernización de las infraestructuras, primando la creación de espacios eficientes, accesibles, estéticos y en consonancia con el entorno ambiental.

El Gobierno aprueba la ejecución de cuatro plantas fotovoltaicas en Gran Canaria

El acuerdo se alcanza aplicando el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario

El Gobierno de Canarias ha aprobado en el Consejo de este jueves, 20 de abril, la ejecución de cuatro proyectos de plantas fotovoltaicas promovidas por la empresa Hierba Muda, SL, en los municipios de Gáldar y Agaete (Gran Canaria). Con este acuerdo también se ordena la alteración del planeamiento municipal afectado.

Los proyectos en cuestión son las plantas fotovoltaicas de Anzo, Barrial, Marmolejos y Gáldar, todas ellas de una potencia renovable prevista de 2 megavatios cada una, que contribuirán al proceso de descarbonización de los distintos sectores de Canarias.

Esta decisión se toma según al artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario. Se trata de un procedimiento excepcional que tiene por objeto eximir de licencia urbanística a determinados proyectos de instalaciones eléctricas que son declarados de interés general por parte del departamento implicado; es decir, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias.

Cabe recordar que el Plan de Transición Energética de Canaria (PTECan) establece un objetivo de potencia para el sistema eléctrico de Gran Canaria de 264,6 MW (en su alternativa 2) para el año 2030. En la actualidad, hay instalados en la isla unos 73,4 MW, por lo que estos parques contribuirán a conseguir este hito.