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Acuerdos de gobierno

Aprobada una subvención de 450.000 euros para la recuperación del polígono Callejón de La Gata

El Consejo de Gobierno da el visto bueno a la declaración de razones de coyuntura económica para otorgar ese crédito, que permitirá la regeneración de esta área afectada por la erupción del volcán

El Cabildo Insular de La Palma, beneficiario de la subvención, pretende reubicar a las empresas afectadas e impulsar la creación de otras nuevas

El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles, a propuesta de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, la declaración de razones de coyuntura económica para la ampliación de crédito por valor de 450.000 euros con la finalidad de habilitar una subvención al Cabildo de La Palma para la recuperación del polígono industrial Callejón de La Gata, afectado por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

El pasado 11 de octubre de 2021, una colada del volcán arrasó esa área industrial destruyendo las instalaciones e infraestructuras existentes. Por ello, la Dirección General de Industria, que ha venido financiando en los últimos años la regeneración y dinamización de las áreas industriales de Canarias, destinará esta subvención al Cabildo Insular de La Palma con el objetivo de reubicar a las empresas afectadas y generar nuevas oportunidades para la creación de otras infraestructuras que contribuyan a impulsar la economía de la isla.

El objetivo de esta medida es impulsar la modernización del actual tejido industrial y que este sector tenga un papel relevante como sector productivo y como generador de valor y empleo para La Palma.

Autorizado un convenio entre la ATC y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey para el cobro en vía ejecutiva

La vigencia del convenio se retrotrae al 1 de enero de 2019, al igual que se ha hecho con otros similares

El Consejo de Gobierno autorizó este miércoles, 3 de agosto, la suscripción de un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de los tributos y otros ingresos de derecho público de su competencia.

Mediante la firma de este convenio, la ATC asume la facultad de recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de naturaleza tributaria y no tributaria de dicho ayuntamiento, a cambio del pago mensual de una cantidad determinada.

En concreto, la corporación insular deberá abonar mensualmente a la ATC tres euros por cada deuda cargada, más una cantidad adicional que se determinará en función de la fecha de cancelación o data de la misma sobre la base de unos baremos establecidos. Asimismo, los ingresos correspondientes a los intereses de demora devengarán un 7 por ciento ya sean por aplazamientos o fraccionamientos de pago, o por actuaciones de embargo.

A semejanza de anteriores convenios, la vigencia se retrotrae al día 1 de enero de 2019, a fin de aplicarles los nuevos porcentajes, más favorables que los precedentes, con ocasión de la modificación de las condiciones del encargo de la Agencia Tributaria Canaria a la sociedad mercantil pública GRECASA, hoy Asistencia Integral Tributaria S.A. (ASISTA CANARIAS).

El Gobierno adapta el Reglamento Orgánico de Hacienda para dar cabida a la “tutela financiera” de entidades locales

El documento también incorpora la evaluación del impacto de las políticas públicas por razón de identidad y expresión de género en los Presupuestos

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el nuevo Reglamento Orgánico de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, que recoge, entre otros aspectos, la asunción de la competencia de tutela financiera de las entidades locales. Una competencia que recoge el Estatuto de Autonomía y sobre la que los ejecutivos central y autonómico alcanzaron la semana pasada un acuerdo sobre el traspaso de las funciones.

La aprobación del Reglamento Orgánico permitirá, en ese sentido, establecer una distribución formal coherente, tanto a nivel interno como externo, de las funciones departamentales. Al mismo tiempo, ofrece un marco organizativo claro y estable para la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, garantizándose el principio de seguridad jurídica dentro del marco competencial del Gobierno de Canarias.

El nuevo Reglamento Orgánico también realiza una readscripción interna de la informática departamental en la Intervención General de la Comunidad Autónoma, incluido el desarrollo de los sistemas de gestión económico-financiera de la Administración de la Comunidad Autónoma Canaria y de sus Entidades de derecho Público.

Otro de los aspectos novedosos de la norma consiste en añadir a la actual Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos -que garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las cuentas autonómicas- las funciones de impulso y fomento de la no discriminación en las políticas públicas por razón de identidad y expresión de género o características sexuales.

El Reglamento también incorpora formalmente a la Dirección General de Asuntos Europeos dentro de la estructura del Departamento y modifica determinadas funciones de las oficinas presupuestarias.

Asimismo, se atribuyen a la Dirección General de Patrimonio y Contratación las funciones de impulso y fomento de la contratación pública sostenible y socialmente responsable, de acuerdo todo ello con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

El Gobierno extiende su colaboración con las Cámaras de Comercio

El Consejo declara que existen causas de coyuntura económica justificadas para que la Consejería de Economía pueda gestionar una ampliación de crédito que le permita seguir contando con la colaboración cameral para tramitar la justificación de subvenciones otorgadas en 2021

El Consejo de Gobierno estudió hoy las causas de coyuntura económica existentes para decidir si está justificado que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo pueda ampliar en 176.000 euros el crédito que ha destinado en los últimos meses a abonar la colaboración de las Cámaras de Comercio del Archipiélago para la tramitación de la Línea covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas, prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.

Cabe recordar que de los 7.000 millones de euros que se destinaron a esta partida en toda España, 1.144 correspondieron a Canarias que, junto con Baleares, fue la única comunidad autónoma capaz de gestionar las ayudas en su totalidad y que no tuvo que devolver un solo euro, al lograr gestionar todo el expediente dentro del año 2021.

Además, ese enorme éxito de gestión, sobre el que han preguntado otras comunidades autónomas y entidades privadas del resto del Estado, tuvo su base en la tramitación a través de las Cámaras de Comercio que, con su agilidad en la gestión, fueron muy importantes para lograr adjudicar un volumen tan relevante de fondos, con más de 20.000 solicitudes aprobadas.

El Gobierno aprueba el Instrumento de Planificación Estratégica del ITC hasta 2024

El Consejo de Gobierno aprueba en su sesión de hoy el Plan, en el que se incluye la autorización para contratar hasta a sesenta y nueve personas más con carácter indefinido, para reforzar la investigación y la innovación en las Islas

El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles, por iniciativa conjunta de las Consejerías de Economía, Conocimiento y Empleo y Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, el Instrumento de Planificación Estratégica 2022-2024 de la empresa pública Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que contempla un aumento de plantilla de sesenta y nueva personas para los próximos años, con el objetivo de atraer y retener el talento científico y tecnológico y de propiciar la expansión de los proyectos y de las líneas de investigación y desarrollo que sean necesarias para cumplir con la programación prevista.

Tramitado desde el departamento dirigido por la consejera Elena Máñez, el documento estratégico para el próximo trienio se aprobó en el Consejo de Administración del ITC antes de trasladarlo al Gobierno, con el fin de dar respuesta a los compromisos en el impulso de la investigación y de la divulgación científica que ha adquirido el Instituto para los próximos años y para los que necesita contar con una mayor plantilla de forma estable.

Así, la propuesta estratégica aprobada hoy por el Consejo de Gobierno incluye pasar de 158 personas contratadas de manera indefinida en la actualidad, contando con las 13 de los próximos procesos de estabilización del empleo temporal y la tasa ordinaria de reposición, ya previstos, a 227, con un crecimiento de 69 contratos.

El Consejo de Gobierno asigna 300.000 euros para la mejora de la cancha deportiva del IES Santa Úrsula

El Ayuntamiento de Santa Úrsula (Tenerife) cuenta con los medios personales necesarios para tramitar esta iniciativa en colaboración con el Ejecutivo autonómico

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, miércoles, 3 de agosto, una transferencia por importe de 300.000 euros con la finalidad de dar cobertura económica a la tramitación de la adenda al convenio de cooperación suscrito entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Santa Úrsula (Tenerife) para la ejecución de la obra del pabellón cubierto del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Santa Úrsula.

El Consejo de Gobierno aprueba el IV Plan Canario sobre Adicciones 2022-2024

El documento es una herramienta de planificación, ordenación de actuaciones e instrumento estratégico para detectar y prevenir situaciones de riesgos asociadas a las adicciones con y sin sustancia

El IV Plan, elaborado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, será remitido al Parlamento de Canarias para su aprobación definitiva

El Consejo de Gobierno, en su sesión celebrada este miércoles, día 3 de agosto, acordó aprobar el IV Plan Canario sobre Adicciones 2022-2024, elaborado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud y que será remitido al Parlamento regional para su aprobación definitiva.

El IV Plan Canario sobre Adicciones es resultado de la colaboración de diferentes instancias, administraciones públicas, entidades sin ánimo de lucro del tercer sector, agentes sociales y profesionales en la materia. Se enmarca en la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 del Plan Nacional sobre Drogas, vigente actualmente, en consonancia con la misión, principios, valores y objetivos en la misma.

Estructura y líneas de acción

El documento se estructura en una primera parte de aproximación epidemiológica y análisis de las adicciones en Canarias, marco conceptual, marco legal, principios generales, campos de actuación y metas que sirven de base a este Plan, para proseguir con las cinco áreas de actuación que figuran a continuación:

  • Prevención y sensibilización: en la que se establecen acciones para reducir los factores de riesgo y aumentar la protección frente al consumo de drogas y otras conductas susceptibles de generar adición.
  • Atención Integral: para promover y garantizar una atención integral y continuada adaptada a las nuevas realidades de las adicciones y atendiendo a los distintos perfiles de las personas, en especial a aquellas vulnerables, excluidas o en riesgo de exclusión social.
  • Reducción del daño: en la que se aborda cómo reducir o limitar las consecuencias negativas de las adicciones en las personas con dicha problemática.
  • Incorporación social y laboral: en la que se recogen acciones para promover la participación y la colaboración en los procesos de incorporación social y laboral de los agentes sociales y económicos, de las instituciones y de las entidades, así como para sensibilizar en relación con el cumplimiento de la normativa vigente en esta materia a las diferentes instituciones públicas.
  • Reducción de la oferta: que engloba aquellas acciones en materia de reducción de la oferta y otras cuestiones relacionadas con conductas adictivas desde un enfoque integral y coordinado.
  • Soporte y apoyo: que incluye la gestión del conocimiento, la formación de los profesionales e investigación en adicciones; la coordinación y participación creando mecanismos de coordinación a nivel regional, insular y municipal facilitando la participación de todos los agentes públicos y privados relacionados con el ámbito de las adicciones; la evaluación para medir de forma eficiente todas las actuaciones desarrolladas relativas al ámbito de las adicciones; y la comunicación y difusión de las acciones para dar a conocer todas las actividades que se realizan en materia de adicciones favoreciendo el intercambio de conocimientos y experiencias y facilitando la participación de todos los agentes implicados.

Adicciones en Canarias

Según las encuestas epidemiológicas EDADES y ESTUDES las drogas más consumidas en Canarias son el alcohol, el tabaco y los hipnosedantes, siendo el cannabis la droga ilegal que presenta una mayor prevalencia. Además, en este nuevo documento se recogen como aspectos emergentes la capacidad adictiva de las tecnologías de la información y comunicación, el incremento del consumo de determinados fármacos con un alto poder adictivo, o la fuerte vinculación del consumo de drogas con la violencia de género, lo que plantea la necesidad continua de formación y actualización de las políticas y de las actuaciones a desarrollar en este ámbito.

Por ello es determinante conocer y detectar precozmente las prevalencias y los patrones de consumos para diseñar y ejecutar políticas públicas eficaces en la reducción de daños asociados al consumo de sustancias o comportamentales.

La Atención Primaria desempeña un papel fundamental, ya que es en este ámbito asistencial en el que se pueden detectar los primeros síntomas de las adicciones y desde donde se articula la derivación y tratamiento de forma integral con las unidades especializadas de adicciones, de aquellas personas que han desarrollado un trastorno adictivo.

Por otro lado, la aparición conjunta de trastorno adictivo y trastorno mental requiere la implicación y coordinación con la red de salud mental para unificar tratamientos y dar respuesta eficaz a este problema de salud pública.

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de Ley de Políticas de Juventud

Se remite ahora al Parlamento para su debate y aprobación definitiva

La nueva normativa contempla, entre otras acciones, asegurar el personal y el presupuesto necesario para las áreas de juventud a todos los niveles institucionales

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado el proyecto de Ley de Políticas de Juventud, paso previo para su remisión al Parlamento, donde se procederá a su debate antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor.

El proyecto de Ley tiene como objeto favorecer la autonomía de la población joven de Canarias, entendiendo como tal la capacidad de construir un proyecto propio de vida, individual y colectivo, promoviendo la igualdad de oportunidades. Esta nueva ley se adecúa a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 y hace hincapié en recursos materiales, económicos y humanos a todos los niveles institucionales favorecer las políticas de juventud.

Además, la nueva Ley fija como prioridad, además de la consolidación de sus órganos, la ejecución del Primer Plan Integral de Políticas de Juventud, con carácter transversal, donde se asegurará las actividades, servicios y oportunidades para la juventud canaria, así como fijará cuantitativamente el presupuesto para el desarrollo y garantía de las mismas.

Hay que recordar que en octubre 2020, el texto del Anteproyecto de Ley se sometió a consulta pública como paso previo a la elaboración del correspondiente proyecto normativo con el fin de recabar la opinión de las personas y de las organizaciones relacionadas con el sector juvenil en Canarias, desarrollándose desde la Dirección General de Juventud un extenso proceso de participación social en la elaboración del borrador del Anteproyecto de Ley de Políticas de Juventud de Canarias, con la intervención de colectivos juveniles, técnicos de juventud, empresas de ocio y tiempo libre, así como con universidades, cabildos y ayuntamientos.

Una norma de ocho títulos y setenta y seis artículos

El texto del anteproyecto recoge una estructuración de la futura Ley en ocho títulos, setenta y seis artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El Título I comprende las disposiciones generales que inspiran la ley, definiendo su objeto y ámbito de aplicación y recogiendo los principios y directrices en materia de juventud. Hay que destacar en este Título la ampliación del espectro del concepto de persona joven acomodándose a un nuevo tramo de edad que comprende desde los 12 a los 30 años.

En el Título II se identifican las Administraciones públicas territoriales implicadas en el ámbito de aplicación de la ley, haciendo especial hincapié en el régimen de corresponsabilidad que debe presidir su gestión, al tiempo que se determinan las competencias que se les atribuyen en la materia.

El Título III está dedicado al Consejo de Políticas de Juventud, como órgano de participación, coordinación y toma de decisiones en el que se encuentran representados los principales agentes intervinientes en las políticas de juventud, con una significativa presencia de las personas jóvenes.

El Título IV regula la participación juvenil, concretando su definición e identificando los agentes y las vías de participación de las personas jóvenes, introduciendo una referencia explícita a la representación de la juventud no asociada.

El capítulo II consagra la obligación del Gobierno de Canarias de reconocer periódicamente el desarrollo de trayectorias, servicios y actuaciones relevantes en el ámbito de la juventud a través de los Premios Joven Canarias.

El tercer capítulo se dedica al Consejo de la Juventud de Canarias, máximo órgano de representación de la juventud canaria ante el Gobierno de Canarias, configurado como corporación pública de base privada, dotada de personalidad jurídica, mientras que el cuarto capítulo hace referencia a los consejos insulares y municipales de la juventud.

El Título V regula las Planificación de las Políticas de Juventud, cuyo máximo exponente es del Plan Integral de Juventud de Canarias, concebido como instrumento clave para su diseño, desarrollo y ejecución, y regula en su capítulo III el Observatorio Canario de la Juventud como instrumento de seguimiento permanente de la realidad juvenil canaria.

El Título VI contempla los servicios y equipamientos juveniles y el Título VII, regula el régimen financiero.

Por su parte, el Título VIII se dedica a la inspección y el régimen sancionador.

El Gobierno concreta la distribución de 598 millones de euros del Fondo Social Europeo

El Ejecutivo valida la propuesta de actuaciones de este programa, centrado en la formación, el empleo y la inclusión social hasta 2027

El FSE+ y el FEDER, cuyas inversiones se aprobaron hace unas semanas, ascienden conjuntamente a 2.535 millones de euros

El Consejo de Gobierno de Canarias dio hoy el visto bueno a la propuesta de actuaciones del programa Fondo Social Europeo (FSE+), que asciende a 598,7 millones de euros hasta el año 2027, tras el informe presentado por el consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. De esta cantidad, 185 millones de euros se asignan por la condición de región ultraperiférica de las islas.

El Ejecutivo da continuidad así al acuerdo adoptado hace unas semanas en similares términos para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y culmina formalmente el procedimiento liderado desde el departamento de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos para la elaboración de una propuesta consensuada con los agentes económicos y sociales de la Comunidad Autónoma, en sintonía con el principio de asociación que rige estos programas. Antes, los centros gestores del Gobierno ya habían formulado también sus aportaciones e identificados los programas a desarrollar.

El documento contiene la distribución de recursos entre las cinco prioridades genéricas fijadas por la Unión Europea para este fondo: empleo, inclusión social, educación y formación, empleo juvenil y garantía infantil. Además de ellas, se establece una sexta prioridad específica para el caso de las RUP, también con objetivos propios.

Por lo que respecta a las prioridades comunes y de acuerdo con la propuesta, la mayor partida se destinará a la inclusión social, con 94 millones de euros, de los cuales 31 millones se invertirán en proyectos de itinerarios de inserción laboral y otros 20 en servicios sociales de atención primaria y comunitaria. En esta prioridad también se han consignado 15 millones para salud mental e idéntica cantidad para el programa contra la exclusión social “Canarias te cuida +”.

A continuación, se sitúa la prioridad de la educación y formación, con 80 millones de euros para la Formación Profesional; y el empleo juvenil, con 73 millones.  Además, Canarias destinará 43,5 millones de euros al empleo, cuyas mayores partidas se concentrarán en la creación de nuevas oportunidades de empleo y acciones formativas para desempleados, con 15 millones para cada apartado. La prioridad de garantía infantil está dotada con 23 millones de euros.

Por lo que respecta a la prioridad específica para las RUP, las mayores partidas se reservan para cubrir los sobrecostes de los servicios educativos, con 23 millones de euros; y para el programa predoctoral para la formación de personal investigador, con 19,5 millones de euros. También con cargo a la dotación RUP habrá casi 10 millones para la Formación Profesional.

El documento aprobado por el Gobierno de Canarias se remitirá ahora al Ejecutivo español, quien lo enviará a Bruselas para su aprobación definitiva por parte de la Unión Europea.

En conjunto, los programas operativos del FSE + y FEDER supondrán una inversión en Canarias de 2.535 millones de euros hasta el año 2027, cuando concluye el actual marco presupuestario plurianual de la UE.

El Gobierno de Canarias impugna seis acuerdos de entidades locales en el primer semestre de 2022

La Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia es la competente para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de la legalidad de los actos y acuerdos de las corporaciones locales

Las materias objeto de impugnación son acuerdos para la actualización de las tarifas de la tasa de por suministro de agua, ordenanzas provisionales municipales de edificación para ordenar parcelas o la aprobación de proyectos de interés para un determinado ámbito

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha informado este jueves al Consejo de Gobierno de Canarias de las resoluciones dictadas por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, durante el primer semestre de 2022, para ejercer acciones judiciales en materia de control de la legalidad de los actos y acuerdos de las corporaciones locales. Según ha indicado, durante dicho periodo se llevaron a cabo seis impugnaciones y un desistimiento.

Las impugnaciones tenían que ver con actos o acuerdos del Cabildo de Fuerteventura y de los ayuntamientos de El Sauzal, Adeje, Alajeró, Santa Lucía y Santa Cruz de Tenerife. El desistimiento estaba referido a un acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de San Bartolomé en 2021.

En cuanto a las materias objeto de impugnación o desistimiento, éstas van desde acuerdos para la actualización de las tarifas de la tasa por suministro de agua a ordenanzas provisionales municipales de edificación para ordenar parcelas o adaptar el régimen de usos de PGOU, pasando por acuerdos relativos a la aprobación de proyectos de interés para un determinado ámbito.

Conviene recordar que, en virtud del Decreto 157/2011, de 16 de junio, el Gobierno delegó en la viceconsejería competente en materia de administración local la competencia para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, según lo contemplado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.