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Acuerdos de gobierno

El Consejo recibe información sobre los convenios suscritos por Administraciones Públicas con corporaciones locales

Se han formalizado, en el segundo trimestre de 2022, un total de cinco convenios y veinte adendas de adhesión

Los acuerdos incluyen materias como seguridad y emergencias, gestión de las oficinas conjuntas de información y atención ciudadana o el uso compartido de listas de reservas de personal interino y temporal

El Consejo de Gobierno de Canarias ha sido informado este jueves de varios acuerdos suscritos por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con las corporaciones locales de las islas, durante el segundo trimestre de 2022. En dicho periodo, se firmaron cinco convenios y veinte adendas de adhesión a diversos conciertos de colaboración.

Estos acuerdos y adendas se han formalizado para la gestión de oficinas conjuntas de información y atención ciudadana, para el acceso a la Red de Emergencia y Seguridad de Canarias (RESCAN), el uso compartido de listas de reserva en el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación de personal laboral temporal y para la implantación de la Red Interadministrativa Canaria de Gobierno Abierto.

Los conciertos se han firmado asimismo para la colaboración entre el Cuerpo General de la Policía Canaria y cuerpos de Policía Local, para la delegación de competencias de los municipios del archipiélago en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de Policía Local y para la implementación de una helisuperficie.

Estos los convenios se han rubricado con el Cabildo de Fuerteventura, para la gestión de las oficinas conjuntas de información y atención ciudadana, el único que implica obligaciones de contenido económico, y con el Cabildo de El Hierro, para la implementación de una helisuperficie en el término municipal de Frontera.

Además, también se han suscrito con el Ayuntamiento del Santiago del Teide, para la colaboración entre el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) y la Policía Local, y con los de Arona y Hermigua, para el acceso a la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN).

En cuanto a las adendas de adhesión, doce de ellas son al Convenio de cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), los siete cabildos insulares y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para la implantación de la Red Interadministrativa Canaria Gobierno Abierto, por parte de los ayuntamientos de El Rosario, Los Realejos, La Frontera, Tejeda, Santa Úrsula, San Sebastián de La Gomera, Adeje, El Sauzal, Teror, Santa Brígida, Alajeró y San Cristóbal de La Laguna.

Otras seis adendas de adhesión son al Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y la Fecam, por la que se instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de Policía Local, al que se han sumado los ayuntamientos de Güímar, Vega de San Mateo, Agüimes, los Llanos de Aridane, La Laguna y Agulo.

Las dos adendas de adhesión restantes son al Convenio Marco de Cooperación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para el uso compartido de listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como para la contratación de personal laboral temporal, por parte de los ayuntamientos de Valverde y San Bartolomé.

El Gobierno autoriza un gasto plurianual de 2,2 millones de euros para que la Policía Canaria adquiera 30 vehículos

La contratación, que será mediante arrendamiento financiero, se hará en dos lotes, uno de veinte turismos-patrulleros con motor de combustión y otro de diez eléctricos, todos ellos adaptados a las necesidades del CGPC

El pago se realizará en cinco anualidades, la primera de ellas, este mismo año, y la última, en 2026

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, un gasto plurianual de 2.237.740,07 euros, destinado a financiar la contratación, por arrendamiento financiero, de 30 vehículos para el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC).

Dicha contratación, según el acuerdo aprobado, se va a realizar mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria, y en dos lotes. El primero incluye veinte vehículos turismos-patrulleros con motor de combustión, dotados con mamparas y adaptados a las necesidades del CGPC. El segundo comprende otros diez vehículos turismos-patrulleros, también adaptados, pero de motor eléctrico.

El importe total del contrato será abonado en cinco anualidades, la primera de ellas en 2022 (169.525,77 euros) y la última en 2026 (542.482,43 euros). Entre ambas, 2023, 2024 y 2025, el importe será de 508.577,29 euros cada año.

Con estos vehículos, que se suman a los doce adquiridos, también mediante arrendamiento financiero, a finales del pasado año, el CGPC pretende cubrir las necesidades a las que desde el 2010 vienen haciendo frente sus miembros tanto en materia de menores, transporte, seguridad ciudadana, policía administrativa como en la prestación de auxilios en casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, al participar, tal y como establecen las leyes, en la ejecución de los planes de Protección Civil.

La dotación de nuevos medios materiales viene acompañada del incremento del número de agentes. Los últimos, a principios de 2022, cuando se incorporaron 57 nuevos miembros que ahora mismo se encuentran en su periodo de formación tras haber pasado la correspondiente prueba de ingreso en el cuerpo. En la actualidad, la plantilla del CGPC está formado por 198 personas que tienen a su disposición treinta y ocho vehículos y ocho motocicletas para llevar a cabo las labores que tienen encomendadas.

El Consejo de Gobierno acuerda el nombramiento de Esther García como secretaria general del SCS

Hasta ahora desempeñaba el cargo de directora de Gestión de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno, en la reunión celebrada este jueves, día 28 de julio, ha acordado nombrar a Esther García Cabrera como secretaria general del Servicio Canario de la Salud (SCS), toda vez que se había informado de la jubilación por motivos familiares del secretario general actual, Abraham Cárdenes, a quien el Gobierno agradece los servicios prestados durante su trayectoria como personal del SCS y especialmente como alto cargo al frente de la secretaría general.

Esther García Cabrera, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna y diplomada en Ciencias Empresariales en las especialidades de Gestión Financiera y de Contabilidad y Sistemas Informativos en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Las Palmas, cuenta además con una amplia formación complementaria. Actualmente, desempeñaba el cargo de directora de Gestión de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria del SCS.

A lo largo de su trayectoria laboral, ha sido secretaria general de la Agencia Tributaria Canaria y en la consejería de Hacienda ha ocupado las jefaturas del Servicio Central de Régimen Interior en la Dirección General de Tributos y de sección de Presupuestos y Control de Gestión; además ha sido jefa de servicio de Programación, Control de Efectivos y Retribuciones en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

Además, fue designada directora-gerente de la Entidad Gestión Recaudatoria de Canarias, SA (GRECASA) y ha ocupado las jefaturas de los servicios de Régimen Interior, de Información y de Recursos Humanos en la Agencia Tributaria Canaria, y ha sido vicegerente de Asuntos Económicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

También ha formado parte del Consejo de Administración de GRECASA, del Consejo Asesor y del Consejo Rector de la Agencia Tributaria Canaria, así como del Consejo para la Dirección y Coordinación de la gestión de los tributos integrantes del Bloque de Financiación Canario de la Agencia Tributaria Canaria.

Por otro lado, asistió durante varias campañas de Renta al Consejo Territorial para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria de la AEAT en Canarias, como coordinadora de la Campaña de Renta en Canarias y ha desempeñado el cargo de inspectora superior de tributos de la Agencia Tributaria Canaria.

Autorizado un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria y el Cabildo de La Palma para el cobro en vía ejecutiva

La corporación insular deberá abonar mensualmente a la ATC tres euros por deuda cargada, más una cantidad determinada en función de la fecha de cancelación de la misma

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la suscripción de un nuevo convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Cabildo Insular de La Palma para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de las deudas de naturaleza tributarias y no tributarias.

Mediante la firma de este convenio, la ATC asume la facultad de recaudación en vía ejecutiva de los débitos de dicho cabildo, a cambio del pago mensual de una cantidad determinada.

En concreto, la corporación insular deberá abonar mensualmente a la ATC tres euros por cada deuda cargada, más una cantidad adicional que se determinará en función de la fecha de cancelación o data de la misma sobre la base de unos baremos establecidos. Asimismo, los ingresos correspondientes a los intereses de demora devengarán un 7 por ciento ya sean por aplazamientos o fraccionamientos, o por actuaciones de embargo.

El convenio permitirá centralizar estas funciones en una única Administración de forma más ordenada y eficaz, favoreciendo una gestión más eficiente, evitando la duplicidad de órganos recaudatorios, en tanto la Agencia Tributaria dispone de los instrumentos técnicos, organización y experiencia necesarios para llevar a cabo la misma.

El Gobierno destina 8,5 millones al servicio de vigilancia y seguridad en centros de Atención Primaria de Tenerife

El Consejo autorizó hoy el gasto necesario para la contratación del servicio por un plazo de tres años

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto de 8.500.570,17 euros en la contratación del servicio de vigilancia, seguridad, protección y servicios auxiliares de los centros de salud, consultorios periféricos, servicio de urgencias y servicios centrales de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por importe de 8.500.570,17 euros.

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y tramitación urgente, para un período de tres años, con la finalidad de garantizar, con la máxima eficacia posible, la seguridad tanto de las personas como de los bienes que se encuentren en cualquiera de las dependencias de la Gerencia.

Para el cálculo del presupuesto de licitación, se ha realizado un exhaustivo estudio técnico y económico que se ha tenido en cuenta el convenio laboral de aplicación, los medios personales necesarios para la prestación del servicio, número de horas, distribución de los vigilantes en la totalidad de las dependencias, así como los medios materiales y técnicos para su prestación.

Asimismo, se han valorado las necesidades de personal con cualificación y formación, turnos del personal y sustituciones, entre otros aspectos.

El Gobierno destina 400.000 euros a Femepa y Femete para la campaña de promoción de la industria legal

El Ejecutivo aprobó, a propuesta de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, la ampliación de crédito para sendas subvenciones

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio destinará 400.000 euros a la Federación de la Pyme del sector del metal de Las Palmas (Femepa) y a la Federación de Empresas del metal de Santa Cruz de Tenerife (Femete) para sendas campañas de ‘Promoción de la Industria Legal’.

En este sentido, el Consejo de Gobierno aprobó este jueves la ampliación de crédito para dotar de presupuesto ambas subvenciones, por importe de 200.000 euros a cada asociación, con objeto continuar con los objetivos marcados en la Estrategia de Desarrollo Industrial (EDIC), con la que se pretende impulsar un cambio positivo y relevante en el papel de la industria en el modelo de desarrollo de Canarias.

La finalidad es dotar de recursos y capacidades los procesos de consolidación del tejido industrial actual y de creación de nuevas empresas bajo los principios de sostenibilidad y resiliencia. Por tanto, supone un primer paso hacia un modelo productivo más competitivo, sostenible, diversificado y resiliente, con mayor capacidad de generar riqueza y más resistente a las coyunturas adversas.

Femete y Femepa realizarán, con esta ayuda económica, una campaña de ‘Promoción de la Industria Legal en las Islas Canarias’, con la que pretenden potenciar la industria canaria como generadora de empleo de calidad, por cuenta propia y ajena, difundiendo entre la ciudadanía el valor y la necesidad de la industria, y de la formación de la juventud, en oficios y profesiones industriales.

Asimismo, contribuirá a la reducción y prevención de la economía sumergida en este sector, que se ha podido ver agravada como consecuencia del contexto socioeconómico derivado de la Covid-19.

El Gobierno autoriza un convenio para impulsar enseñanzas de Hostelería y Turismo

La Consejería de Educación aportará al Ayuntamiento de Tías 228.000 euros para la ejecución de esta colaboración, establecida para un periodo de cuatro años

El Consejo de Gobierno autorizó hoy jueves, 28 de julio, la suscripción de un convenio de cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Tías, con una duración de cuatro años, para la puesta en marcha y desarrollo de enseñanzas de FP de la Familia Profesional de Hostelería y Turismo, para lo que este departamento compromete 228.000 euros.

 

El Gobierno completa su propuesta de programa de ayudas del Posei para 2023

El nuevo diseño, que incluye financiación de la UE y del Estado, se terminó de definir hoy con la aprobación de la propuesta para el reparto de las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento

El Consejo de Gobierno completó en su reunión extraordinaria de hoy la propuesta canaria de ayudas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (Posei) para 2023 al alcanzar un acuerdo sobre el Régimen Especifico de Abastecimiento (REA) para ese mismo año. El Ejecutivo autonómico trasladará ahora esta propuesta a las autoridades estatales y europeas para que se pueda aplicar en el año 2023. Se contempla que las ayudas del REA estén abiertas a revisión en función de la evolución de la inflación durante ese periodo anual.

El Posei supone inyectar en la economía canaria un volumen máximo anual de ayudas directas de la UE de hasta 268 millones de euros, más los 33 millones de ayudas de Estado previstos para 2023, el llamado Posei adicional, con un aumento de 12 millones respecto a esa misma variable en 2022 (el total es de 301 millones para 2023). Este programa apoya a las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea (UE) que se enfrentan a problemas específicos por su lejanía, insularidad, pequeño tamaño, relieve o clima adverso.

Ese marco de apoyo comunitario singular tiene dos componentes: el de ayudas directas a la producción agraria local (con financiación de la UE y del Estado -Posei adicional-) y el de apoyo público a la importación de alimentos transformados y materias primas para la industria y el campo isleño (solo de la UE). Este es el conocido como REA. El objetivo del REA es garantizar el suministro en Canarias de productos alimentarios esenciales para consumo humano y de materias primas para la industria y el sector agrario local.

Esa segunda línea de ayudas del Posei, la que se recoge a través del REA, es la propuesta que aprobó el Consejo en su sesión extraordinaria de hoy. Incluye ayudas a la importación y exenciones arancelarias orientadas fundamentalmente a paliar el sobrecoste del transporte que afronta el Archipiélago como región ultraperiférica.

De ahí que el acuerdo del Consejo sobre el REA se produzca a partir de la propuesta de la Comisión de Seguimiento de este instrumento de política económica, en el que intervienen cuatro consejerías del Gobierno autonómico. En concreto, la preside la persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y participan en ella las áreas de Turismo, Industria y Comercio; Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y Agricultura, Ganadería y Pesca.

La aprobación de la propuesta del REA para el año 2023 ha implicado un exhaustivo análisis de las necesidades de abastecimiento que se prevén para cada sector a lo largo del próximo año, para establecer la asignación más equilibrada y eficaz posible a todos los productos, para que se mantenga el tejido productivo y para que las ayudas tengan un efecto beneficioso en el coste de la cesta de la compra.

Como ejemplos, la importación de carnes y productos lácteos mantiene una dotación muy parecida a la de 2022 y, por otro lado, se incrementan los volúmenes subvencionados y la cuantía de la subvención para la alimentación animal con productos como la paja, la alfalfa o el raigrás.

El listado completo de ayudas del Posei (en el que se incluye la parte del REA) se remitirá ahora al Gobierno del Estado y éste, a su vez, a la Comisión Europea, que tendrá que dar su aprobación definitiva a la propuesta canaria antes de final de año, para que los nuevos importes de cada producto y las nuevas medidas destinadas a apoyar la producción agraria local puedan entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2023.

El Gobierno autoriza el gasto de 10,6 millones de euros para poner en marcha el Bono Joven del Alquiler en Canarias

Este programa cuenta con una dotación de 21.200.000 euros para dos años y se estima que podría beneficiar a entre 3.500 y 4.000 jóvenes canarios

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado hoy el gasto plurianual de 10.600.000 euros destinado a la financiación del programa de ayudas Bono Alquiler Joven que se convocará próximamente y del que se calcula que podrían beneficiarse entre 3.500 y 4.000 jóvenes canarios.

De esta forma, con la autorización de hoy, se da uno de los últimos pasos previos a la puesta en marcha en esta Comunidad Autónoma del Bono Joven del Alquiler, una línea de ayuda que se enmarca en el Plan Estatal de Vivienda y que el Estado financia en Canarias con 21.200.000 euros repartido en dos anualidades.

La ayuda podrá solicitarse desde que se publique en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de forma telemática, o presencialmente en alguno de los registros oficiales. Para acelerar la tramitación de la ayuda, la Consejería volverá a contar con la colaboración de las Cámaras de Comercio -como ocurriera con las ayudas al alquiler general- para que contribuyan con la recogida de solicitudes, la información telefónica y la tramitación posterior.

Esta línea de ayuda está destinada a personas de entre 18 y 35 años que se encuentren empadronadas en alguna vivienda de Canarias en régimen de alquiler y que dispongan de una fuente de ingresos iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que supone un total de 23.725 euros.

Es una ayuda fundamental porque afecta a un sector de la población muy importante de nuestra comunidad como son los jóvenes, un sector que es el que más dificultades tiene a la hora de buscar alojamiento, que es la que peor sufre las consecuencia de las crisis económicas que hemos padecido en los últimos años, por eso, estoy convencido que este Bono Alquiler Joven será un elemento clave para incrementar los niveles de emancipación que existen actualmente entre los jóvenes canarios y aumente mucho más de ese 14% de la población joven emancipada que existe actualmente.

Con el objetivo de fomentar la emancipación y el acceso a una vivienda digna a este sector, estas ayudas concederán a las personas beneficiarias una ayuda de 250 euros mensuales, con el límite del importe mensual del alquiler que deberá ser igual o inferior a 600 euros mensuales o, en el caso del alquiler de una habitación, no podrá superar los 300 euros al mes.

El abono de esta ayuda se hará trimestralmente previa justificación de los pagos del alquiler. La ayuda se concederá a las personas beneficiarias por el plazo de dos años y podrá reconocerse con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 y por plazo de 24 meses.

Gobierno y Cabildos amplían el plazo de ejecución del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias

Esta ampliación se realiza tras la firma de Adendas de prórroga y la imposibilidad de aprobación del Plan antes del 31 de julio de este año

El Gobierno de Canarias acordó hoy jueves, 21 de julio, en Consejo, ampliar el plazo para la elaboración y aprobación del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias de las Consejerías de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y de Sanidad, en coordinación con los Cabildos Insulares, hasta el 30 de noviembre de 2022.

Esta ampliación de los plazos se realiza tras la suscripción en octubre de 2021 de las Adendas Cuartas de prórroga y de modificación de los Convenios de cooperación suscritos entre el Ejecutivo canario, a través de la consejería Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y de la consejería de Sanidad, así como los cabildos insulares de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife.

El objetivo de estas adendas y convenios es financiar o cofinanciar la construcción de infraestructuras y reforma de las ya existentes para la creación de nuevas plazas sociosanitarias. Sin embargo, ante la imposibilidad de completar el proceso de elaboración y tramitación necesario para la aprobación del citado Plan no será posible disponer de dicho documento antes del 31 de julio de 2022, tal y como se contemplaba en las citadas Adendas, por lo que hoy se ha aprobado la ampliación del plazo.

El Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas previstas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad.