Logo del Gobierno de Canarias

Acuerdos de gobierno

Sanidad destina 2,4 millones al servicio de Historia Clínica Electrónica del SCS

Con ello se unifica en un único punto el historial médico de cada paciente, tanto de atención primaria como de especializada, esencial para facilitar el acceso a la información clínica personal

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 21 de julio, el gasto relativo a la prórroga del contrato de los servicios de evolución y soporte de la Historia Clínica Electrónica de Atención Especializada (DRAGO AE) del Servicio Canario de la Salud, por un importe de 2.461.512,36 euros.

La prórroga tendrá una duración de veinticuatro meses, comprendidos entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2023, lo que permitirá la continuidad de este servicio que da soporte a la actividad asistencial y resulta esencial para el acceso a la información clínica.

La Historia Clínica Electrónica de Atención Especializada (DRAGO AE) surgió a partir del Real Decreto 1093/2010, que establece el conjunto mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. En el SCS se implantó con el objetivo de unificar en un único punto toda la historia clínica de cada paciente, tanto en el ámbito de atención primaria como especializada.

Se trata de un sistema de información que contiene un repositorio único de informes para el acceso tanto por los profesionales del SCS como de la ciudadanía y que permite, además, la consulta de la información clínica que pudiera existir en otros servicios de salud de las comunidades autónomas.

La información clínica registrada en el repositorio consta de la Historia Clínica Resumida del paciente (alergias, fármacos, antecedentes de salud, etc.), informes de alta, informes de consultas externas, informes de cuidados de enfermería, entre otros.

El Consejo aprueba destinar 6,5 millones a los programas municipales de atención a la infancia y la familia

Se trata de servicios de carácter especializado que tienen como fin la prevención de factores de riesgo y la atención a familias en situación de vulnerabilidad

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy jueves, 21 de julio, destinar a los ayuntamientos canarios una partida de 6,5 millones de euros destinada a financiar la continuidad y desarrollo del “Programa de atención a la infancia y la familia” durante el año 2022, lo que supone casi 700.000 euros más que en 2021.

Mediante esta financiación, el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y concretamente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, contribuye al sostenimiento económico de los programas municipales de atención a la infancia, la adolescencia y la familia.

Los programas municipales de Atención a la Infancia y la Familia son servicios de carácter especializado de ámbito municipal que tienen como fin la prevención de factores de riesgo. Al mismo tiempo, ofrecen a las familias herramientas con las que afrontar situaciones de vulnerabilidad, al objeto de garantizar el desarrollo integral y crecimiento adecuado de las personas menores y población adolescente.

Estos programas municipales se articulan a través de los equipos municipales de Atención a la Infancia y la Familia y los Centros o Servicios de Día, estos recursos tienen por objeto fomentar en todos los miembros de la familia la adquisición de habilidades básicas y hábitos de conducta necesarios para superar la situación de crisis, riesgo o vulnerabilidad. Lo que supone apoyar al sistema familiar para disminuir los indicadores de riesgo detectados y fomentar los protectores, asegurando así una atención adecuada de las personas menores, cubriendo sus necesidades físicas, emocionales, cognitivas y sociales.

El Gobierno aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar

Permite dotarlos de un régimen jurídico cierto, garantizando las condiciones de profesionalidad y calidad con las que se debe prestar este servicio

Se crea un Registro donde deberán figurar todas las entidades públicas y privadas con este fin y la que ya estén funcionando tendrán un año para adaptarse a las prescripciones de esta norma

En la actualidad, hay once PEF, diez promovidos por el Gobierno de Canarias y uno cuya competencia y gestión corresponde al Cabildo de Gran Canaria, a los que se destina un presupuesto en 2022 de 920.000 euros

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el proyecto de decreto que desarrolla el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar, dando así cumplimiento a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en su artículo 51.5 atribuye a la Administración autonómica la creación de los PEF.

Esta norma dota a estos recursos de un régimen específico, no sólo como un instrumento para hacer efectivo el régimen de visitas establecido en una resolución judicial o administrativa, sino como un verdadero servicio público de asistencia, orientación y mediación familiar, al que puedan ser derivadas aquellas familias que precisen de una intervención que asegure el bienestar de las personas menores a su cargo.

Para ello, como su propio nombre indica, regula el régimen de funcionamiento de los PEF, determina los profesionales mínimos de los que deben estar dotados, el procedimiento de derivación y los derechos y obligaciones de las personas usuarias

En cuanto a los requisitos de personal, exige la existencia de un equipo técnico interdisciplinar que cuente con una organización y esté compuesto, como mínimo, por tres profesionales con titulación en Psicología, Trabajo Social y Educación Social, además de formación acreditada en materia de igualdad, violencia de género y atención a la diversidad.

Dispone, igualmente, las condiciones de su ubicación, exigiendo que estén situados en el casco urbano o próximos a este, en locales o pisos integrados en la comunidad, en zonas con buena comunicación mediante transporte público, así como cercanos o con fácil acceso a plazas o jardines públicos. Y fija los requisitos y distribución que tienen que tener sus instalaciones, como son disponer de espacio suficiente que permita desarrollar todas las actuaciones previstas: salas de visita, de entrevistas, zona de recogida y entrega de los menores y un área de juego infantil.

Además, establece la obligación de contar con un reglamento interno de organización y funcionamiento, en el que se deben respetar las normas comunes que contiene este documento, y la posibilidad de que las personas usuarias puedan presentar sugerencias, reclamaciones y quejas.

Se crea, asimismo, el Registro de Puntos de Encuentro Familiar, donde deberán figurar todas las entidades públicas y privadas que presten este servicio. Las que se encuentran funcionando en la actualidad tendrán un año para adaptarse a las prescripciones de esta norma.

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un espacio neutral e idóneo para facilitar la relación de las personas menores de edad con sus progenitores y demás familiares, en aquellos supuestos en los que esta relación resulte dificultosa y así lo haya determinado una autoridad judicial o administrativa.

Se trata de un recurso social especializado de responsabilidad pública, pudiendo establecerse tanto por la Administración autonómica como por los cabildos insulares y los ayuntamientos de canarias. No obstante, también se permite la iniciativa privada, a través de entidades sociales o del tercer sector reconocidas e inscritas en los correspondientes registros de acuerdo a la normativa de servicios sociales.

En la actualidad, en Canarias existen once PEF, nueve de ellos financiados y promovidos por el Gobierno de Canarias, uno cuya gestión y competencia corresponde al Cabildo de Gran Canaria y otro especializado en violencia de género (Telde) con cargo a los Fondos del Pacto de Estado.

Desde el año 2019 se ha desarrollado una estrategia destinada a favorecer la extensión de estos servicios a través de la concesión de subvenciones a entidades con experiencia y formación en este ámbito. En tal sentido, se han creado cinco PEF y se ha incrementado notablemente el presupuesto dedicado a esta línea de actuación (de 600.000 euros en 2020 a 920.000 euros en 2022), además de una línea específica de financiación apoyada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Genero con el fin de especializar a los PEF y que den una respuesta específica a esta realidad.

La red, en concreto, está integrada por tres PEF en Gran Canaria –uno promovido por el Gobierno en San Bartolomé de Tirajana, otro a cargo del Cabildo y un tercero especializado en violencia de género que financia el Estado–, tres en Tenerife y uno en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma –con dos sedes, Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane–, La Gomera y El Hierro.

Los PEF ubicados en El Hierro, La Gomera, La Palma y Santa Lucía de Tirajana son gestionados por Cruz Roja Española; los situados en Santa Cruz de Tenerife, La Orotava y Fuerteventura, por la Fundación canaria ‘Centro de Atención a la Familia de Tenerife’; el que está en Lanzarote, por la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial ‘+ Familia’ y el emplazado en Arona por la Asociación ‘Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Oportunidades’.

Según los últimos datos recabados por la Viceconsejería de Justicia, que dirige Carla Vallejo, el número de familias que utilizan los PEF supera las cuatrocientas, existiendo, en algunos de ellos, lista de espera para poder hacer uso del servicio que prestan.

El reglamento ahora aprobado incluye la posibilidad de que en los PEF se lleven a cabo actuaciones de mediación y orientación familiar, ofreciendo a las personas usuarias herramientas para el desarrollo de sus habilidades parentales y la superación de los conflictos existentes.

La actuación de los PEF se guía, como principio fundamental, por el superior interés del niño, niña y adolescente, debiendo desarrollarse sus funciones bajo las máximas de neutralidad y objetividad, confidencialidad y protección del derecho a la intimidad, temporalidad, gratuidad y profesionalidad, integrando a su vez la perspectiva de género en todas sus actuaciones.

Sus objetivos principales son cuatro. Facilitar el encuentro y relación del niño, niña y adolescente con sus progenitores y otras personas integrantes de su familia, en un espacio neutral, seguro y libre de violencia, garantizando su bienestar psíquico, afectivo y emocional; orientar y promover la autonomía de las personas usuarias, facilitándoles las herramientas necesarias para que sean capaces de relacionarse y comunicarse con las personas menores, sin la ayuda ni supervisión de este servicio; informar regularmente a los órganos de los que derivó su uso de la evolución de los encuentros y visitas, de las incidencias que se puedan producir y, si es necesario, realizar propuestas sobre el ejercicio de los derechos de relación y comunicación; y prestar, en su caso, servicio de mediación familiar para la consecución de acuerdos que permitan la resolución de una crisis familiar y el adecuado ejercicio de los derechos de los usuarios.

El Gobierno acuerda el nombramiento de Alberto Brito como miembro del Consejo Social de la ULL

Sustituye a Luis Ortigosa, que cesa del cargo como vocal por las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Alumnas de la Universidad

El Consejo de Gobierno aprobó hoy jueves, 21 de julio, el decreto por el que se dispone el cese de Luis Ortigosa y el nombramiento de Alberto Brito como vocal del Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL), en representación de los intereses sociales de las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Alumnas de la Universidad.

La Ley sobre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias dispone que el nombramiento de los vocales del Consejo Social se realizará por acuerdo del Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero competente en materia de educación, con arreglo a la designación que realice el Consejo de Gobierno de la Universidad y las instituciones, entidades, organizaciones o colectivos correspondientes, que será publicado en el Boletín Oficial de Canarias.

Además, establece que la representación de los intereses sociales se verificará a través de 22 vocales nombrados entre personalidades de la vida cultural, profesional, económica, laboral y social, incluyendo un representante propuesto por las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Alumnas de la Universidad.

El Gobierno autoriza el gasto plurianual de Turismo para actividades promocionales de clubes deportivos canarios

Darán a conocer la marca Islas Canarias Latitud de Vida y difundir el destino turístico a través de los grandes equipos profesionales de fútbol y baloncesto durante cuatro años

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este jueves el gasto plurianual de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio para financiar actividades promocionales de la marca ‘Islas Canarias, Latitud de Vida’ a través de los clubes deportivos canarios para los ejercicios de 2022, 2023, 2024 y 2025.

El objeto de este presupuesto, que ya para la temporada 2022-2023 sumará una aportación conjunta de 3.050.000 euros, es dar a conocer Canarias como destino turístico a través de los equipos profesionales de fútbol y baloncesto como son: Unión Deportiva Las Palmas (1.000.000 de euros) Club Deportivo Tenerife (1.000.000 de euros), Club de Baloncesto Gran Canaria (400.000 euros) Cantera Base 1939 Canarias (400.000 euros) y Club Deportivo Akeki de Tenerife (250.000 euros).

Con esta autorización el Consejo de Gobierno aprueba la promoción de las Islas Canarias a través de patrocinios publicitarios con los equipos de fútbol y baloncesto canarios profesionales, durante las próximas cuatro temporadas deportivas, ya que participan en ligas deportivas y profesionales de gran repercusión mediática generando, mediante esta actividad promocional un retorno publicitario de la inversión que se realiza.

Con ello la Consejería de Turismo, Industria y Comercio pretende dar a conocer la marca Islas Canarias no solo para la promoción turística sino en acciones o proyectos deportivos de contenido social, ético o medioambiental a través de la actividad deportiva de los clubes canarios, añadiéndose también a esta iniciativa el equipo de fútbol femenino de división de honor UD Granadilla Tenerife.

El Gobierno canario realizará la evaluación ambiental simplificada para un centro de salud en Playa Honda

El acuerdo supone que el Ejecutivo asume esta competencia delegada del Ayuntamiento de San Bartolomé

El Consejo de Gobierno en su sesión de hoy jueves, 21 de julio, ha aceptado la delegación del Ayuntamiento de San Bartolomé de la competencia para la evaluación estratégica simplificada de la ordenanza provisional municipal para la construcción de un centro de salud en el entorno de Playa Honda.

La aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someten al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Los instrumentos autonómicos de esta índole son competencia del órgano que designe el Gobierno de Canarias, mientras que en el caso de los instrumentos municipales lo será el que pueda designar el Ayuntamiento, si cuenta con los recursos suficientes, pudiendo delegar esta competencia en el órgano ambiental autonómico o el órgano ambiental insular de la isla a la que pertenezca, o bien constituir un órgano ambiental en mancomunidad con otros municipios.

En los municipios de menos de 100.000 habitantes, la evaluación ambiental de la ordenación urbanística estructural de los planes generales de ordenación, así como en los casos de modificación sustancial de los mismos, corresponderá al órgano ambiental autonómico.

El Gobierno prorrogará el plazo para que los ayuntamientos presenten planes de seguridad para sus playas

El Consejo de Gobierno decide buscar el mecanismo jurídico más adecuado para esta ampliación del margen, que inicialmente se estableció en 4 años en virtud del decreto que regula la seguridad en las calas y zonas de baño

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció esta tarde, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado desde esta mañana en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, que el Ejecutivo ha decidido buscar el mecanismo jurídico adecuado para prorrogar el plazo que tenían los ayuntamientos de las Islas para cumplimentar los planes de seguridad de sus playas.

Pérez explicó que, tras analizar la situación, el Gobierno ha optado por ampliar ese margen de tiempo, que según el decreto (de 2018) que regula la seguridad en las zonas de baño era inicialmente de cuatro años (vencería el próximo 8 de agosto). Sin embargo, la mayoría de municipios (en torno a un 70% de las playas) aún no han cumplimentado toda la documentación y, por ese motivo, se ha decidido la prórroga, cuyo plazo se definirá en los próximos días en coordinación con la Fecam.

Según indicó Pérez, hay un total de 360 zonas de baño que requieren de ese plan de seguridad específico y que, en su mayoría, aún no cuentan con esa exigencia del decreto.

El portavoz explicó también que, en unos días, la consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad publicará una orden, elaborada en colaboración también con la Fecam y los servicios técnicos del departamento, con unas correcciones y aclaraciones de los anexos del decreto y que concretará también la prórroga a aprobar. Por ejemplo, se aclararán los tipos de bandera, la necesidad de servicios de seguridad únicos en calas anexas, la modulación de los servicios en función de la afluencia, peligrosidad y otras características de cada cala o zona de baño, entre otros aspectos.

Pérez aludió a la reciente sentencia del TSJC que ratifica el decreto de seguridad en las playas 2018 y que sostiene que no se aumentan las exigencias estatales de seguridad en sus concretos, sino que se concretan aspectos puntuales. En este sentido, el consejero recalcó que la complejidad del sistema trata de adaptarse precisamente a las características de cada playa en función de su peligrosidad, media de bañistas y otros aspectos, siempre con el objetivo prioritario de evitar ahogamientos y aportar la máxima seguridad posible. “Que Canarias tenga unas playas seguras es algo a lo que no podemos renunciar”, remarcó.

 

El Gobierno usará su capacidad financiera para proteger los servicios públicos y ayudar a los sectores castigados

El Ejecutivo aprobó hoy las Directrices para la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2023 con la vista puesta en las decisiones de política económica que se adopten a nivel internacional

Las previsiones apuntan, hoy por hoy, a que Canarias crecerá por encima de la media española

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy las Directrices para la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2023, unas cuentas a las que se transferirá toda la capacidad financiera de la Comunidad Autónoma con el objetivo de fortalecer los servicios públicos esenciales y ayudar a los sectores más castigados por la inflación, en un contexto internacional incierto.

La confección de los Presupuestos se encara, según el documento, en un escenario de incertidumbre, “en el que todavía se mantienen en parte las medidas que se han tenido que adoptar para hacer frente a la pandemia del Covid-19, y ahora se añaden las consecuencias que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando en el contexto geopolítico y económico, y sus efectos en términos inflacionarios sobre la economía europea a través de un alza de los precios sin precedentes en energía, materias primas y alimentos”.

No obstante, la posición de Canarias es “razonablemente sólida”, con unas expectativas de crecimiento de la economía por encima de la media española y unas cuentas públicas saneadas.

“La recuperación podría continuar durante todo el 2022, sustentada principalmente en el sector turístico, que muestra niveles muy próximos a la prepandemia”, si bien esta circunstancia dependerá “de lo que pueda suceder en el segundo semestre del año, ya sea por la subida confirmada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo para hacer frente a la inflación, y/o por los problemas de suministro energético que pudiera ocasionar los efectos de la permanencia de la guerra en los principales países emisores de turistas”.

El documento indica que “de nuevo la respuesta que se dé desde el ámbito público será fundamental para abordar los riesgos que se avecinan, evitando que las medidas de contención de la inflación no conlleven estancamiento del crecimiento, especialmente para los Estados europeos con mayor deuda pública, como España”.

En todo caso, a fecha de hoy, el Gobierno canario espera contar con los recursos suficientes para seguir reforzando los servicios públicos esenciales y aplicar medidas de ayuda específicas que requieran aquellos sectores más sensibles a la situación actual, en especial los hogares y las empresas con mayor exposición a la crisis energética. “La disponibilidad de tales recursos está en función de las cantidades a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica, del avance de los ingresos tributarios propios y de los fondos europeos”, precisa Román Rodríguez.

Previsiones económicas

Las Directrices asumen el contenido del último informe elaborado por la Viceconsejería de Economía e Internacionalización, en marzo de este año, cuyos tres escenarios posibles indican que el PIB real de Canarias en 2022 experimentaría un crecimiento que oscilaría entre un 4,1% y un 8,5%, con un escenario central del 6,3%. Para 2023, el intervalo de crecimiento de los escenarios se estrecha, moderándose el extremo superior y estabilizándose el extremo inferior del intervalo. Así el crecimiento previsto para 2023 se mueve en un intervalo entre el 4,1% y el 5,2% dependiendo de los escenarios.

Se concluye, en todo caso, la continuidad de la recuperación económica en Canarias, si bien su intensidad “se va moderando ante la mayor incertidumbre internacional y la aceleración de la inflación”, advierte el vicepresidente.

Además de la protección de los servicios públicos y las medidas de ayuda para combatir la inflación, los Presupuestos también estarán alineados con los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible y la máxima eficacia en la gestión y ejecución de los fondos europeos.

A este respecto, el despliegue de los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) será una de las directrices relevantes en la elaboración del Presupuesto 2023.

Con respecto al personal, las cuantías de los conceptos retributivos se fijarán teniendo en cuenta la previsión del límite, de carácter básico, de incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, así como de actualización de las bases de cotización.  Se presupuestarán, también, los créditos necesarios para financiar las unidades administrativas de carácter provisional que se constituyan para la gestión de proyectos financiados con fondos Instrumento de Recuperación de la UE (Next Generation EU),

Las Directrices constituyen el segundo paso para la confección de los Presupuestos, después de que el pasado 23 de abril se aprobaran los denominados del Plan Presupuestario a Medio Plazo (PPMP) y los Escenarios Presupuestarios Plurianuales (EPP) de la Comunidad Autónoma para el período 2023-2025.

El propio documento aprobado hoy contiene también el calendario de elaboración y tramitación de las cuentas, aspectos en los que están involucrados todos los departamentos autonómicos, de suerte que el Gobierno pueda aprobar en octubre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023 y remitirlo al Parlamento.

Autorizado el reembolso de cuatro millones a Fred Olsen por el descuento de residentes del primer trimestre

Durante el primer trimestre de 2022, más de 430.000 pasajeros optaron por realizar viajes interinsulares con esta compañía, alcanzando ya cifras  previas a la crisis sanitaria

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el abono de 4.530.182 euros a la naviera Fred Olsen, SA, en concepto de reingreso del 25% correspondiente a la Administración de la Comunidad Autónoma de la subvención para residentes canarios por los viajes interinsulares realizados durante el primer trimestre de 2022.

Este reembolso a la naviera corresponde a la subvención otorgada a 435.839 personas residentes en Canarias que optaron por realizar viajes interinsulares a través de esta compañía marítima. Estos viajes corresponden a los meses de enero, febrero y marzo del año 2022 y certifican un incremento de la movilidad frente al registro previo en la misma temporada en 2021, cuando optaron por este transporte 268.080 pasajeros. Estas cifras del primer trimestre de 2022 consolidan la recuperación de la conectividad interinsular tras las restricciones por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La partida presupuestaria necesita la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno de Canarias, al tratarse de una cantidad superior a los dos millones de euros.

Los abonos se realizan con carácter trimestral a todas las navieras que operan en el Archipiélago, en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias, contribuyendo el Ejecutivo autonómico con el 25% del total.

El 50% restante de esta bonificación, hasta completar el 75% del valor del billete de los viajeros, corresponde abonarlo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Gobierno concede 1.378.771 euros a Puntos de Encuentro Familiar de las islas en el primer semestre de 2022

Se trata de 15 subvenciones para el desarrollo de estos programas en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro

Tienen como objetivo implementar la perspectiva de género y superar la violencia machista en los PEF

El Consejo de Gobierno ha sido informado este jueves de la concesión de quince subvenciones por un valor total de 1.378.771,06 euros, durante el primer trimestre de 2022, para quince programas Punto de Encuentro Familiar (PEF) que se desarrollan en las islas.

Estas ayudas están fundamentadas por su interés público o por su interés social en la protección del menor, al favorecer, en ambos casos, el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, la protección de las personas vulnerables, así como la especial cualificación y amplia trayectoria del beneficiario.

En el primer caso, las subvenciones se han otorgado a la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, por varios programas implantados en Fuerteventura (94.561,86 euros), Santa Cruz de Tenerife (166.139,30 euros) y Tenerife Norte (55.628,87 euros); a la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial ‘+Familia’, también por varios programas desarrollados en Lanzarote (122.895,21 euros), uno de ellos para implementar la perspectiva de género (66.315,99 euros), y Gran Canaria (146.366,08 euros), específico de violencia de género; y a la Asociación Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Oportunidades, por su programa ‘PEF Familias Domitila’ en el Sur de Tenerife (170.172,93 euros) y por su programa ‘PEF Viogensur Miradas Resilientes’ (65.000 euros).

Por su interés social en la protección del menor, se han concedido ayudas a la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, por su programa ‘PEF La Fortaleza: Superando la Violencia Machista’ en Tenerife Norte (57.096,36 euros), Santa Cruz de Tenerife (99.825,75 euros) y Fuerteventura (30.077,89 euros); y a Cruz Roja Española, por su programa PEF en La Palma (64.410,93 euros), La Gomera (47.673,23 euros), El Hierro (61.305,28 euros) y San Bata Lucía de Tirajana (131.301,38 euros).