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Acuerdos de gobierno

El Consejo de Gobierno autoriza las condiciones y requisitos para la jubilación parcial del personal laboral

La medida regula el procedimiento y las condiciones de reducción de jornada de entre el 25 % y el 75 %

El Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, el acuerdo por el que se establecen las condiciones y requisitos para el ejercicio del derecho al acceso a la jubilación parcial, sin necesidad de suscribir un contrato de relevo obligatorio, del personal laboral al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.

El acuerdo regulatorio, alcanzado con la Comisión Negociadora del Tercer Convenio Colectivo del Personal Laboral a través de la Dirección General de la Función Pública, permitirá reducir la jornada laboral entre un 25% y un 75%. A partir de ese momento, la persona trabajadora continuará desempeñando su mismo puesto mediante la transformación de su contrato de trabajo de tiempo completo a tiempo parcial, con la correspondiente reducción proporcional de sus retribuciones.

La solicitud deberá presentarse con al menos seis meses de antelación respecto a la fecha en la que pretenda dejar de trabajar a jornada completa. Para poder acceder a esta modalidad, será necesario ser personal laboral de la Administración autonómica, estar en régimen de jornada completa y cumplir los requisitos exigidos por la normativa de Seguridad Social.

Requisitos

El texto establece que, con carácter general, durante los tres primeros meses de jubilación parcial, la persona trabajadora deberá prestar servicio diariamente en la parte de jornada que le corresponda. Este periodo tiene como objetivo facilitar la transmisión de conocimientos y experiencia al resto del personal de la organización.

Una vez superados esos tres meses iniciales, la prestación del trabajo podrá mantenerse de forma diaria o bien organizarse de manera acumulada —semanal, mensual, anual o incluso concentrada en un único periodo— hasta el momento en que la persona acceda a la jubilación ordinaria total.

En los puestos vinculados a servicios públicos esenciales, como centros educativos o del área de bienestar, la jornada podrá organizarse de forma acumulada desde el inicio para garantizar la prestación del servicio.

Derechos

El acceso a la jubilación parcial estará condicionado al reconocimiento de la pensión por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Una vez concedida, se modificará el contrato a tiempo parcial y la persona trabajadora continuará en su mismo puesto hasta la jubilación total, sin poder participar en procesos de promoción interna, selección de personal, concursos de traslado u otros procedimientos de movilidad, salvo por motivos de salud.

La persona que acceda a la jubilación parcial mantendrá los mismos derechos que el personal que trabaja a jornada completa, si bien aquellos vinculados al tiempo de trabajo se disfrutarán de forma proporcional a la jornada efectivamente realizada. En particular, tendrá derecho a vacaciones y a días de asuntos particulares en función del tiempo trabajado, con independencia de que la prestación de servicios se realice de forma acumulada o no.

Asimismo, el acceso a esta modalidad de jubilación no supondrá la pérdida de derechos adquiridos ni de la antigüedad reconocida, y la Administración no podrá disponer del puesto de trabajo mientras la persona permanezca en situación de jubilación parcial.

La autorización del acuerdo se formalizará mediante la firma de un acta entre la Dirección General de la Función Pública y las organizaciones sindicales representadas en la Comisión Negociadora del convenio colectivo. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial de Canarias para su entrada en vigor.

El Gobierno solicita dictamen al Consultivo sobre el decreto de persona facilitadora de apoyo en sedes judiciales

Se regula la figura que asistirá a las personas con discapacidad y a mayores de 75 años en la Comunidad Autónoma de Canarias

El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, solicitar el dictamen al Consejo Consultivo sobre la figura de la persona facilitadora que prestará apoyo a personas con discapacidad y a mayores en sedes judiciales y fiscales.

Este decreto tiene por objeto establecer los requisitos, principios de actuación, actuaciones a realizar y la forma de designación del personal experto que actúe como personal facilitador, para asistir a las personas con discapacidad, así como a personas mayores con 75 años o más en los procesos y actuaciones judiciales o ante el Ministerio Fiscal, garantizándose así, la igualdad de las personas destinatarias de este recurso en sus relaciones con la Administración de Justicia.

De esta forma, el Gobierno de Canarias consolida su apuesta por una mayor humanización de la justicia y avanza en la accesibilidad del sistema al eliminar barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión.

La persona facilitadora deberá asegurar una comunicación eficaz durante todas las fases de los procedimientos judiciales, apoyar a la persona con discapacidad para que comprenda y tome decisiones informadas, asegurándose de que todo el proceso se explique adecuadamente a través de un lenguaje comprensible y fácil, y de que se proporcionen los ajustes razonables, las adaptaciones y el apoyo adecuados. Se hace constar que la persona facilitadora no habla en nombre de las personas destinatarias, ni del sistema de justicia, ni debe dirigir o influir en la toma de las decisiones o en los resultados. Sus funciones serán informar, diseñar y facilitar, tanto a los profesionales de la justicia implicados, como a las personas destinatarias.

Para poder ser designados como personas facilitadoras, deben estar en posesión de la titulación y/o graduación en educación social, logopedia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, pedagogía, psicopedagogía y criminología. Además, tiene que contar con la cualificación profesional específica necesaria, obtenida por alguna de las siguientes vías: certificado de haber cursado una formación específica en donde se acredite un mínimo de 200 horas específicas en atención a personas con discapacidad; estar en posesión de un título acreditativo de personal facilitador para apoyo a personas con discapacidad o personas mayores en procesos judiciales; acreditar una experiencia laboral mínima de un año en centros o entidades dedicadas a la prestación de servicios de atención a personas con discapacidad y las personas mayores.

Otro requisito es carecer de antecedentes penales en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos, aportando el correspondiente certificado de delitos de naturaleza sexual o bien permitiendo a la administración pública comprobar el contenido del registro. Por último, se requiere estar inscritos en el Registro administrativo canario de personal facilitador.

Cuando la persona con discapacidad sea menor de edad, la persona que actúe como su persona facilitadora debe reunir los requisitos señalados en el artículo anterior y además estar en posesión de cursos de formación específica en atención a la infancia y adolescencia con una duración mínima de 60 horas.

Otras actuaciones de la Consejería

En la misma línea de humanizar la justicia, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha puesto en marcha un proyecto piloto en el partido judicial de Arrecife que permite solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderla y también ha implantado un proyecto de acompañamiento de animales de compañía a las víctimas menores de edad que acuden al denominado juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.

El Consejo de Gobierno autoriza el reparto de 433 millones del Fondo de Financiación Municipal 2026

El gasto supone un incremento del 8,35% con respecto al ejercicio 2025, lo que se traduce en 33.370.484 euros más

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, la distribución del Fondo Canario de Financiación Municipal correspondiente al ejercicio 2026, por un importe total de 433.016.987 euros, en cumplimiento de lo previsto en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este ejercicio.

Este monto supone un incremento del 8,35 % con respecto al 2025, lo que se traduce en un total de 33.370.484 euros más. De esa cantidad global, se destina un 1% —4.330.169,87 euros— a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), tal y como marca la normativa. El resto, 428.686.817,13 euros, se reparte entre los ayuntamientos del archipiélago.

La distribución de estos fondos se realiza siguiendo los criterios fijados por la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal. Entre ellos, destacan el número de habitantes de cada municipio y su dispersión territorial, es decir, cómo se distribuye su población dentro del territorio. Para ello se han utilizado los datos oficiales disponibles más recientes, correspondientes al 1 de enero de 2025.

La distribución del fondo se realiza conforme a varios indicadores, como son la población, en un 68 %; la solidaridad, en un 16 %; la insularidad periférica, en un 1 %; la extensión territorial, en un 2 %; los espacios naturales protegidos, en un 2 %; las plazas alojativas turísticas, en un 2 %; la dispersión territorial, en un 5 % y las unidades escolares, en un 4 %.

Criterios de reparto

En el caso concreto del criterio de dispersión, se han tenido en cuenta variables como la población total del municipio, el número de núcleos de población y los habitantes de la capital municipal. Dado que en los datos actuales no se especifica qué núcleo es la capital en cada municipio, se ha mantenido la misma referencia utilizada en años anteriores, basada en información oficial de 1996, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema.

Asimismo, el criterio de extensión superficial se ha basado en la información cuya certificación corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, mientras que los datos relativos a espacios naturales protegidos, plazas alojativas turísticas y unidades escolares han sido aportados por las consejerías competentes en cada materia.

Con este acuerdo, el Gobierno de Canarias autoriza además el gasto completo del fondo y dará cuenta de esta decisión al Parlamento de Canarias, tal y como exige la normativa vigente.

La propuesta ha seguido todos los trámites necesarios, incluyendo la consulta a la Federación Canaria de Municipios y los informes de la Intervención General y de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia.

El Gobierno de Canarias aprueba seis planes de recuperación de flora endémica en peligro de extinción

Los documentos establecen medidas para mejorar el estado de conservación de especies amenazadas en varias islas del archipiélago

Se trata de los planes de recuperación de la yerbamuda de Jinámar, el cardo de Tenteniguada, el pico de fuego y pico cernícalo y el de la piñamar y la piñamar mayor

Los planes del drago de Gran Canaria y de la escobilla de Guayadeque ya habían sido aprobados en semanas anteriores, así como los de los lagartos gigantes de Tenerife y El Hierro

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, seis planes de recuperación dirigidos a especies de flora endémica catalogadas en peligro de extinción, con el objetivo de garantizar su supervivencia y mejorar el estado de conservación de sus hábitats.

Estos instrumentos de planificación dan cumplimiento a la normativa estatal y autonómica en materia de biodiversidad, que establece la obligatoriedad de desarrollar planes específicos para las especies incluidas en esta categoría de protección, y se integran en la estrategia autonómica de conservación del patrimonio natural.

Entre los planes aprobados se encuentra el de la yerbamuda de Jinámar (Lotus kunkelii), localizada en la isla de Gran Canaria, con un presupuesto de 908.959 euros. La ejecución de este plan corresponderá al Cabildo de Gran Canaria, bajo la supervisión del Gobierno de Canarias. También se ha aprobado el plan del cardo de Tenteniguada (Onopordum carduelium), igualmente en Gran Canaria, con una dotación de 794.109 euros, cuya ejecución recaerá en el Cabildo insular.

En el caso de las especies pico de fuego (Lotus pyranthus) y pico cernícalo (Lotus eremiticus), presentes en La Palma, el plan cuenta con un presupuesto de 738.792 euros y será ejecutado por el Cabildo de La Palma, bajo coordinación autonómica.

Asimismo, el Gobierno ha dado luz verde al plan conjunto de la piñamar (Atractylis preauxiana) y la piñamar mayor (Atractylis arbuscula), con presencia en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote. Este plan dispone de un presupuesto de 1.859.126 euros y su ejecución corresponderá directamente al Gobierno de Canarias, con la participación de los cabildos implicados.

A estos cuatro planes se suman los dos ya aprobados en semanas anteriores, como el de la escobilla de Guayadeque (Thesium canariense), especie endémica de Gran Canaria, con un presupuesto de 728.252 euros, cuya ejecución corresponde al Cabildo de Gran Canaria, y el del drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae), con una inversión de 1.095.607 euros.

Los distintos planes contemplan actuaciones orientadas a incrementar el número de ejemplares, mejorar las condiciones del hábitat, ampliar las áreas de distribución y reducir las amenazas que afectan a estas especies, como la herbivoría por fauna introducida, la presión humana o la presencia de especies invasoras.

Además, incluyen medidas para la conservación de material genético en bancos de germoplasma, la producción de plantas en vivero, la designación de áreas críticas, así como acciones de seguimiento, investigación y divulgación.

Los planes tienen un horizonte de actuación de cinco años, aunque su vigencia se mantendrá hasta alcanzar los objetivos de conservación fijados. Con su aprobación, el Gobierno de Canarias refuerza los instrumentos de gestión destinados a la protección de la biodiversidad terrestre del archipiélago.

Dos planes de recuperación de fauna

Además de estos planes de flora, en el pasado Consejo de Gobierno también se aprobaron los planes de recuperación de los lagartos gigantes de El Hierro (1.991.187 euros) y Tenerife (1.703.022 euros). Las actuaciones incluyen el control de amenazas, el refuerzo de poblaciones, la investigación científica y la divulgación para favorecer su conservación. Ambos planes serán ejecutados por el cabildo correspondiente.

Bienestar Social convenia con Fuerteventura la realización de informes previos reconocer el grado de discapacidad

El Ejecutivo destinará 125.055 euros a financiar los equipos de psicólogos y trabajadores sociales

El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio por el que el Ejecutivo canario, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, encomienda al Cabildo Insular de Fuerteventura la elaboración de los informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad en la isla.

Para la ejecución de este acuerdo, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias destinará una partida de 125.055,27 euros del presupuesto de la Dirección General de Discapacidad con el objetivo de sufragar los costes de personal asignado por el Cabildo Insular de Fuerteventura, esto es, una psicóloga y dos trabajadoras sociales. La valoración médica, por su parte, continuará realizándose con personal que aporta la propia dirección general, que dispone de personal médico, de enfermería y terapeuta ocupacional.

Según explicó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, «como ya se ha señalado, las islas no capitalinas ya no tienen lista de espera en la valoración de la discapacidad. Esto significa que las personas obtienen su reconocimiento en menos de seis meses. Con este convenio, se agilizará aún más la tramitación de los expedientes de reconocimiento de grado de discapacidad en la isla, manteniendo nuestro compromiso con conseguir unas islas más iguales, donde el lugar de residencia no determine el nivel de atención y la rapidez en la consecución de sus derechos».

El acuerdo contempla la redacción de los informes técnicos para vivienda de protección oficial, acceso y adecuación a puestos de trabajo y acceso a planes de ayudas de ayuntamientos, así como cualquier otro que corresponda emitir a los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad.

La encomienda de gestión se llevará a cabo en coordinación con los equipos multiprofesionales, encuadrados orgánica y funcionalmente, en el Centro de Valoración de la Discapacidad de Las Palmas, centro dependiente de la Dirección General de Discapacidad de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Serán estos equipos multiprofesionales los encargados de emitir el dictamen-propuesta, a partir de la valoración efectuada y de los informes psicológicos y sociales elaborados por el personal del Cabildo Insular de Fuerteventura.

Con el objeto de evaluar los resultados del convenio y de coordinar la colaboración entre las partes, se creará una Comisión de Seguimiento y control del presente convenio, que tendrá, entre otras funciones, velar por el correcto cumplimiento del mismo y garantizar el intercambio de información entre ambas administraciones.

El Gobierno autoriza una inversión 15,7 millones de euros para la adquisición de vacunas para el SCS

Se adquirirán 319.000 dosis de vacunas de calendario y otros productos inmunizantes para 2026

Las vacunas contempladas en el calendario afectan tanto a la edad pediátrica como adulta y se inoculan frente a la Hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, varicela y rubeola, entre otras

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto total de 15.722.330 euros para la adquisición por el Servicio Canario de la Salud (SCS) de un suministro de 319.500 dosis vacunas de calendario y otros productos inmunizantes para 2026.

El suministro de vacunas de calendario está incluido en el Acuerdo Marco vigente para determinados órganos de contratación de la Administración General del Estado, Ciudades de Ceuta y Melilla y varias Comunidades Autónomas, entre las que se incluye Canarias.

A parte de los contratos para vacunas derivados de este Acuerdo Marco, la Comunidad Autónoma adquirirá otras vacunas destinadas también a la protección de la población canaria frente a diferentes enfermedades infecciosas, como hepatitis A, neumococo o rabia.

Con la autorización del gasto por el Consejo de Gobierno, la Dirección General de Salud Pública del SCS podrá iniciar los expedientes de contratación de las dosis de vacunas de calendario para 2026, a razón de:

-37.000 dosis de vacuna Hexavalente frente a hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina acelular, poliomielitis inactivada y conjugada frente a Haemophilus influenzae tipo b.

-18.000 dosis de vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular y poliomielitis inactivada.

-15.000 dosis de vacuna frente a difteria, tétanos, tosferina acelular de contenido antígeno reducido.

– 25.000 dosis de vacuna frente a difteria y tétanos de contenido antigénico reducido.

– 1.000 dosis de vacuna frente a hepatitis A para edad adulta.

– 25.000 dosis frente a sarampión, rubeola y parotiditis.

– 25.000 dosis de vacuna frente a varicela.

– 17.000 dosis de vacuna sarampión, rubeola, parotiditis y varicela.

– 35.000 dosis de vacuna conjugada frente a meningococo de serogrupos A, C, Y, W.

– 38.000 dosis de vacuna frente al meningococo serogrupo B.

– 35.000 dosis frente a Virus de Papiloma Humano (VPH) nonavalente.

– 7.000 dosis de vacuna frente a rotavirus.

– 33.000 dosis de vacuna contra el Herpes Zóster.

– 8.500 dosis de anticuerpo monoclonal frente a virus respiratorio sincitial (VRS).

Todas estas dosis se sumarán a las disponibles en la actualidad en el almacén de la comunidad autónoma y serán gestionadas para cubrir las necesidades de inmunización para todas las edades de la vida.

Bienestar Social presenta el primer Diagnóstico y Análisis del estado de los Servicios Sociales en Canarias

El documento incluye diversas propuestas de mejora como aumentar la inversión por habitante, modernizar los procesos de gestión y ampliar las plantillas laborales

El Gobierno de Canarias ha aprobado en Consejo de Gobierno el primer Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la situación y el estado de los Servicios Sociales en Canarias, paso previo al Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Canarias.
El informe presenta los resultados del Diagnóstico y Análisis Multisectorial de la Situación y el Estado de los Servicios Sociales en Canarias (DSSC), elaborado entre mayo de 2024 y julio de 2025 por encargo del Observatorio Canario de los Servicios Sociales y la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, en colaboración con la Universidad de La Laguna. Su objetivo principal es analizar la situación del Sistema Público de Servicios Sociales (SPSS) en Canarias para conocer su funcionamiento real y mejorar su adecuación a las necesidades de la población, garantizando calidad, eficiencia y equidad.

Objetivos y metodología del diagnóstico

El estudio se desarrolló en dos grandes fases. En la primera se analizaron las necesidades sociales de la población canaria y la oferta existente de servicios sociales, con el fin de estimar la distancia entre lo disponible y lo previsto en el Catálogo de Servicios y Prestaciones del sistema público. En la segunda fase se examinó cómo funciona el sistema en la práctica, considerando las percepciones de las personas usuarias, del personal técnico y de expertos en el ámbito de los servicios sociales.

Para ello se integraron distintos estudios y fuentes de información. En primer lugar, se utilizó el módulo de servicios sociales del ECOSOC del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que analizó la opinión general de la población mayor de 18 años. Además, se llevó a cabo un análisis de fuentes secundarias sobre el contexto social y administrativo del sistema. También se realizaron encuestas a personas usuarias de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria (691 participantes en 56 municipios) y al personal técnico de los servicios sociales municipales (258 profesionales de 77 municipios). Finalmente, se aplicó un estudio Delphi con expertos del sector para recoger valoraciones estratégicas sobre el sistema.

«Se trata de la primera vez que Canarias cuenta con una herramienta como el Diagnóstico del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, un hito que nos permitirá acercarnos a la realidad del Sistema Público de Servicios Sociales en el conjunto del territorio autonómico, ya que nos permite contar con información sobre la percepción y valoración del sistema de servicios sociales, las demandas y los grados de satisfacción de las personas usuarias, los servicios y coordinación técnica de los servicios y el clima laboral técnico», explicó la consejera del área, Candelaria Delgado.

Conclusiones

El estudio muestra que un 30 % de la población canaria ha tenido contacto con el sistema público de servicios sociales y el 20 % ha sido beneficiaria directa. La valoración media del sistema es positiva, especialmente entre quienes han utilizado los servicios, que le otorgan una puntuación de 6,56 sobre 10, frente al 5,8 de las personas no usuarias. Sin embargo, el conocimiento de la normativa es limitado: solo el 21,4 % de la población conoce la Ley de Servicios Sociales de Canarias y apenas el 8,7 %, el Catálogo de Servicios y Prestaciones.

El análisis de fuentes secundarias también evidencia que la información disponible sobre el sistema es fragmentada y heterogénea, con escasez de datos a nivel municipal. El personal técnico por su parte destaca que funciones como la información, orientación y valoración están consolidadas, pero existen carencias de recursos, especialmente humanos, que dificultan cumplir con los objetivos de la ley.

En general, las personas usuarias valoran positivamente la atención recibida: el 89 % tiene una valoración favorable del servicio y los niveles de satisfacción superan el 90 % entre las personas beneficiarias. Los aspectos que más se señalan para mejorar son los tiempos de espera, la información y asesoramiento, y la burocracia administrativa.

En cuanto a las necesidades sociales emergentes, el informe considera necesario reforzar la atención a problemáticas como la soledad no deseada, la salud mental y las adicciones. Aunque la mayoría de las personas usuarias considera relativamente fácil obtener cita en los servicios sociales, se identifican diversas barreras de acceso, especialmente la brecha digital, las barreras físicas o arquitectónicas y los procedimientos burocráticos.

Financiación y retos de futuro

El informe señala que la infrafinanciación del sistema público de servicios sociales es una situación estructural, compartida con el conjunto del sistema español. En Canarias, esta situación se refleja en un reparto desigual de recursos y en una carga financiera significativa para los municipios, que son el primer nivel de atención del sistema.
Entre los principales retos de futuro destacan la necesidad de aumentar la financiación, reforzar las plantillas profesionales, mejorar los sistemas de información y reducir la burocracia. También se plantea la importancia de adaptar el sistema a nuevos desafíos sociales mediante un enfoque más preventivo, comunitario y coordinado entre administraciones.

Balance general

El diagnóstico concluye que existe una brecha significativa entre el marco legal de los servicios sociales en Canarias y su aplicación efectiva en la práctica. Aunque el sistema ofrece una atención valorada positivamente por la ciudadanía y cuenta con profesionales comprometidos, las limitaciones en recursos, planificación y coordinación dificultan garantizar plenamente los derechos sociales recogidos en la normativa.

En consecuencia, el informe subraya la necesidad de avanzar desde un modelo basado en derechos formales hacia un sistema capaz de hacerlos efectivos, mediante mejoras estructurales en financiación, organización y gestión de los servicios sociales.

El Gobierno avanza en la elaboración de la futura Ley de la Canariedad en el Exterior

La futura norma sustituirá a la vigente desde hace 40 años, adaptando la protección y participación de los isleños emigrantes a sus necesidades reales en pleno siglo XXI

El Ejecutivo autonómico traslada el proyecto a todos sus departamentos tras cerrarse el proceso de consulta pública e incluirse muchas de las aportaciones de entidades y ciudadanía

El Consejo de Gobierno ha dado un paso más este martes en el procedimiento para elaborar la futura Ley de la Canariedad en el Exterior. Esta norma sustituirá a la ley que regula la red de entidades canarias en otros países desde 1986 y que, tras cuatro décadas en vigor, ha quedado desfasada respecto a la realidad social, normativa y demográfica de los canarios residentes fuera del archipiélago.

Tras el acuerdo alcanzado hoy, el Ejecutivo autonómico remite el proyecto a todos sus departamentos para que analicen su contenido y realicen aportaciones, con lo que el texto sigue el proceso reglado y avanza hacia su aprobación en Consejo de Gobierno y posterior envío al Parlamento canario.

La futura Ley de la Canariedad en el Exterior ya ha superado el periodo de consulta pública previa de 20 días durante los que cualquier persona u organización pudieron presentar opiniones y propuestas a través del portal web institucional, según marca la legislación estatal y autonómica en materia de participación ciudadana. Muchas de esas aportaciones han sido incluidas en el proyecto por parte de la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias.

El Gobierno autonómico considera necesario actualizar el marco legal para reconocer adecuadamente la contribución histórica de la emigración canaria y reforzar los vínculos culturales, sociales e institucionales con las comunidades asentadas en otros países y territorios. En este sentido, la nueva ley regulará de forma más completa los derechos de los emigrados y sus descendientes, incluyendo aspectos como la cobertura sanitaria de urgencia durante estancias temporales en Canarias, ayudas para estudios universitarios, acciones para los retornados y medidas de apoyo social y económico.

También definirá conceptos clave como arraigo, cultura e identidad, actualizará los cauces de participación de las comunidades canarias en el exterior y establecerá un régimen específico de subvenciones que permita justificar los gastos conforme a la normativa del país donde se encuentre cada entidad beneficiaria. Asimismo, la norma cuyo proceso de redacción sigue avanzando habilitará la posibilidad de utilizar entidades públicas o convenios con organizaciones españolas o extranjeras para facilitar el pago de ayudas.

En la actualidad y según los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), la cifra de canarios y descendientes en el exterior se sitúa en 200.000. La mayoría están en Cuba (unos 65.000), Venezuela (más de 55.000) y Estados Unidos (13.000), aunque también hay muchos en Reino Unido (7.000), Alemania (5.000) y Francia (3.000).

El informe justificativo de la futura Ley de la Canariedad en el Exterior subraya que esta actualización responde al principio de seguridad jurídica, a las demandas actuales de los canarios en el exterior y al mandato expreso del Estatuto de Autonomía de Canarias, que obliga a regular el reconocimiento de la identidad de origen de las comunidades canarias fuera del archipiélago.

Esta iniciativa forma parte del programa legislativo aprobado por el Gobierno presidido por Fernando Clavijo para la XI Legislatura. El documento descarta soluciones alternativas, ya que mantener la normativa vigente supondría prolongar una situación de desajuste legal y de falta de respuesta a las necesidades reales de los emigrados.

El Gobierno autoriza la licitación del servicio de limpieza de Educación por un importe de 68,4 millones

La medida permitirá tramitar el contrato que dará cobertura a los más de trescientos centros docentes y dependencias administrativas del departamento hasta 2028

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este lunes, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y a iniciativa de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, un gasto plurianual de 68.450.625,95 euros, con la finalidad de tramitar la licitación del servicio de limpieza de los 311 centros docentes y dependencias administrativas del área educativa en el archipiélago.

La dotación de fondos, que se extenderá a lo largo de tres años, se distribuirá de la siguiente forma: 13.205.566,09 euros en 2026; 34.225.312,98 euros en 2027 y, finalmente, 21.019.746,88 euros en 2028. El contrato permitirá cubrir el servicio de limpieza en la red de centros docentes públicos del archipiélago, integrada por instalaciones educativas distribuidas en todas las islas, además de las dependencias administrativas del departamento.

El nuevo contrato incorpora además mejoras en los mecanismos de control y calidad del servicio, ya que incluye un lote específico de seguimiento y auditoría destinado a supervisar su correcta prestación y garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos en los centros docentes y dependencias administrativas del departamento.

Con la aprobación de esta autorización, el Ejecutivo autonómico da el paso previo necesario para iniciar la licitación del contrato de limpieza y asegurar la continuidad de un servicio básico para el funcionamiento ordinario de las dependencias que se encuentran bajo la gestión del departamento.

 

 

Canarias avanza en la certificación digital de sus docentes

El Consejo de Gobierno, a petición de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, ha tomado en consideración este lunes el proyecto de decreto por el que la Comunidad Autónoma de Canarias regulará los procedimientos para la certificación y reconocimiento de la competencia digital docente, permitiendo unificar criterios en las islas y que las acreditaciones obtenidas por el profesorado canario tengan validez en todo el territorio nacional.

De esta forma, la norma cumplirá lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que establece la obligación de las administraciones educativas de promover el uso pedagógico de las tecnologías en el aula y de desarrollar marcos de referencia sobre competencia digital docente. Tras la actualización, en 2022, del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD), el Ejecutivo regional impulsa ahora su desarrollo reglamentario a nivel autonómico para alinear el sistema educativo canario con el marco estatal.

El proyecto de decreto, impulsado por la Dirección General de Personal y Formación al Profesorado, que coordina Mónica Ramírez, fija un marco homogéneo para el reconocimiento de los distintos niveles de progresión —del A1 al C2— y establece las vías mediante las cuales el profesorado podrá acreditar su competencia digital, mediante formación específica o a través de la evaluación de su práctica profesional y la validación de méritos.

El establecimiento de esta normativa dotará al sistema de mayor seguridad jurídica y reconoce tanto el esfuerzo formativo como la experiencia de los docentes canarios en el proceso de transformación digital. Además, el nuevo marco regulador refuerza la apuesta por un uso responsable, seguro y pedagógicamente eficaz de la tecnología en los centros educativos, poniendo el foco no solo en la capacitación técnica del profesorado, sino también en el bienestar digital del alumnado y en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en línea con una de las prioridades estratégicas del área que dirige Poli Suárez.

Con este paso, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes continúa avanzando en la modernización del sistema educativo canario, consolidando un modelo alineado con los estándares estatales y europeos y orientado a reforzar la competencia profesional de los equipos docentes en el entorno digital.