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Acuerdos de gobierno

Las familias numerosas de La Palma podrán gestionar el carné directamente en la isla

La Consejería de Bienestar Social y el Cabildo insular convenian la tramitación de solicitudes y entrega de copia en soporte papel de títulos de familia numerosa

El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado la suscripción de un convenio de cooperación entre el Ejecutivo, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y el Cabildo de La Palma para la encomienda de actuaciones de información, asesoramiento, registro y tramitación de solicitudes y entrega de copia en soporte papel de títulos de familia numerosa, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

La finalidad de estos convenios es ofrecer una respuesta ágil, eficiente y próxima a las familias numerosas residentes en la isla a la hora de ejercer su derecho al reconocimiento de tal condición jurídica y la obtención del título administrativo que lo acredita, su renovación, modificación y/o duplicado, lo que beneficia a las 1.143 familias numerosas residentes en La Palma.

El acuerdo articula la cooperación entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Cabildo Insular de La Palma, mediante el cual se encomienda a la institución insular las actuaciones relativas a la expedición de títulos de familias numerosas por medios telemáticos, así como su renovación, modificación o expedición por pérdida del título y, de otra parte, de información y asesoramiento en la materia.

En virtud de este acuerdo, la Consejería de Bienestar Social conserva la titularidad y el ejercicio de la competencia administrativa de reconocimiento de la condición de familia numerosa y de expedición del título administrativo correspondiente, de forma que las actuaciones administrativas que se encomiendan al Cabildo Insular se constriñen al ámbito de actuaciones de gestión administrativa, asesoramiento e información a la ciudadanía y acompañamiento de esta en sus trámites con la Administración autonómica.

Canarias cuenta en la actualidad con un total de 28.079 familias con un carné de familia numerosa.

Bienestar Social incrementa en dos millones de euros la financiación del centro sociosanitario de Tahiche

Esta residencia de mayores que construye el Cabildo de Lanzarote ofrecerá 75 plazas residenciales y 50 plazas de estancia diurna

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias el incremento de dos millones de euros en el crédito para la financiación parcial de la residencia de alto requerimiento que construye el Cabildo de Lanzarote en Tahiche.

La actuación tiene por objeto financiar parcialmente el proyecto promovido por el Cabildo de Lanzarote, destinado a la construcción del “Centro Socio Sanitario para Mayores y Centro de Estancia Diurna”, ubicado en la Calle Arcipreste de Hita, Tahiche, en Teguise, que dispondrá de 75 plazas residenciales y 50 plazas de estancia diurna. Se trata de un recurso especializado para personas mayores en situación de dependencia que requieren un nivel medio alto de atención sociosanitaria.

Este proyecto, que ya sido objeto de financiación por parte de la Dirección General de Dependencia en las dos anualidades inmediatamente anteriores (2024 y 2025), en el marco de la planificación estratégica de ampliación de recursos sociosanitarios en el ámbito de la dependencia, es una actuación de carácter estructural y continuado, cuya ejecución requiere garantizar la adecuada dotación presupuestaria en la presente anualidad para asegurar su culminación.

La infraestructura proyectada cumple con los criterios establecidos en la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD.

El Gobierno de Canarias aprueba el decreto que regula la enseñanza del silbo gomero en el sistema educativo isleño

Impulsada por la Consejería de Educación, la norma garantiza su continuidad en las aulas y abre la puerta a que pueda impartirse en centros de otras islas

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, el decreto por el que se regula en las islas la enseñanza del lenguaje silbado de la isla de La Gomera para su impartición en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria. Con esta aprobación, el Ejecutivo autonómico culmina el proceso de elaboración normativa iniciado y consolidado durante la presente legislatura para dotar de un marco jurídico estable a estas enseñanzas y garantizar su continuidad en el sistema educativo.

El silbo gomero constituye una de las expresiones culturales más singulares del archipiélago. En 2009 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento implica para las administraciones públicas el compromiso de impulsar medidas que permitan preservar su conocimiento y asegurar su transmisión a las nuevas generaciones. En el ámbito autonómico, además, el silbo fue declarado Bien de Interés Cultural en 2024 en la categoría de Tradición y Expresión Oral, reforzando su consideración como elemento fundamental del patrimonio cultural de las islas.

La enseñanza del lenguaje silbado se incorporó por primera vez de forma reglamentaria al sistema educativo de La Gomera en 1999, en cumplimiento de una proposición aprobada previamente por el Parlamento de Canarias. Aquella regulación permitió introducir esta práctica comunicativa en los centros educativos de la isla dentro del área de Lengua Castellana y Literatura, reconociendo su valor etnográfico, social, cultural y lingüístico. Posteriormente, una nueva orden aprobada en 2018 actualizó el marco regulador y derogó la normativa anterior.

Con la implantación de la LOMLOE, el desarrollo de los nuevos currículos educativos hizo necesario adaptar la normativa existente para garantizar su plena coherencia con el marco educativo vigente. En ese contexto, el área que dirige Poli Suárez, a través de la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, coordinada por David Pablos, impulsó al inicio de la presente legislatura la actualización de la adaptación curricular que permite impartir el silbo gomero dentro del área de Lengua Castellana y Literatura. Esta revisión permitió comenzar a desarrollar estas enseñanzas en los centros educativos de La Gomera conforme al nuevo marco educativo, mientras la Consejería avanzaba en la tramitación del decreto que ahora se aprueba y que establece definitivamente su regulación.

El proceso ha incluido la tramitación administrativa correspondiente, con la emisión de informes preceptivos, la participación de los órganos consultivos y la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. La aprobación de este decreto permitirá consolidar definitivamente la enseñanza del silbo gomero dentro del sistema educativo canario, evitando que su enseñanza dependa de decisiones coyunturales o de iniciativas puntuales, garantizando así su continuidad en el tiempo.

La norma establece la regulación de la enseñanza del lenguaje silbado como concreción curricular dentro del área de Lengua Castellana y Literatura en Educación Primaria y en Educación Secundaria Obligatoria. Para ello incorpora una definición específica de los contenidos, criterios de evaluación y saberes vinculados al aprendizaje de este sistema de comunicación, que quedan recogidos en los anexos que desarrollan su aplicación en ambas etapas educativas.

El decreto regula también los aspectos organizativos relacionados con la coordinación de estas enseñanzas, la formación y acreditación del profesorado encargado de impartirlas y el procedimiento que deben seguir los centros educativos para solicitar su implantación. De esta forma se establece un marco ordenado que permite planificar su desarrollo con garantías pedagógicas y organizativas.

Con la aprobación de este decreto, la continuidad de la enseñanza del silbo gomero queda garantizada en los centros educativos de La Gomera, donde forma parte del currículo desde hace décadas, y abre además la posibilidad de que otros centros educativos de Canarias puedan solicitar su impartición cuando así lo consideren oportuno, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Más allá de su incuestionable valor patrimonial, su incorporación al currículo educativo permite trabajar competencias relacionadas con la comunicación lingüística, el conocimiento del patrimonio cultural y el respeto a la diversidad cultural y lingüística del archipiélago. Su aprendizaje contribuye además a reforzar la conexión del alumnado con la historia, la cultura y las tradiciones de su entorno.

Con la aprobación de este decreto, el Gobierno de Canarias refuerza el papel del sistema educativo como instrumento fundamental para la protección y transmisión del patrimonio cultural del archipiélago, consolidando una política educativa que integra el conocimiento, la valoración y la preservación de los elementos que conforman la identidad cultural de Canarias.

El Gobierno da luz verde a la conmemoración del V Centenario de la creación de la Real Audiencia de Canarias

En el decreto aprobado hoy se constituye el Comité Organizador, bajo la presidencia de honor del Rey, y el Comité Ejecutivo como órgano técnico

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, el decreto por el que se constituye la Comisión Organizadora para la Conmemoración del V Centenario de la Real Audiencia de Canarias, su composición, estructura organizativa y normas de funcionamiento.

La Real Audiencia de Canarias, una institución clave para la organización judicial y administrativa del archipiélago, se creó en 1526, tras la integración de las Islas Canarias en la Corona de Castilla. Su origen se encuentra en una real cédula de Carlos I, que establecía un tribunal de apelación con sede en Gran Canaria y jurisdicción sobre todas las islas, ya que antes de su creación, la justicia se administraba de forma separada en las islas y las apelaciones se resolvían en tribunales peninsulares.

La Audiencia permitió acercar la justicia a los habitantes de Canarias y, además, reforzó la presencia y autoridad de la monarquía en un territorio fragmentado. Con el tiempo, esta institución evolucionó en estructura y competencias hasta convertirse en el actual Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

La Comisión Organizadora, que actuará como órgano de representación del Poder Judicial, de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las instituciones canarias vinculadas con la celebración, tendrá como presidente de honor al Rey de España.

Lo componen, además, las personas titulares de la Presidencia del Gobierno de Canarias; Presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo; Presidencia del Parlamento de Canarias; del departamento del Gobierno de Canarias competente en materia de justicia; Presidencia del Tribunal Superior de Justicia en Canarias; Fiscalía Superior de Canarias y la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. También forman parte las personas titulares de la alcaldía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; los titulares del rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y de la Universidad de La Laguna; y de las Presidencias del Consejo Canario de Colegios de Abogados, del Consejo Canario de Colegios de Procuradores y del Consejo Canario de Graduados Sociales y Diplomados en Relaciones Laborales. Quienes integran esta Comisión podrán actuar en su nombre o mediante representación.

Entre sus funciones está elaborar y aprobar un programa de actividades y recabar la colaboración de los órganos de las Administraciones Públicas, organismos y entidades públicas y privadas, así como de particulares, para el cumplimiento de sus funciones, objetivos y proyectos.

A los efectos de la gestión ordinaria, se constituye un Comité Ejecutivo que estará presidido por la persona titular de la Viceconsejería en materia de Justicia del Gobierno de Canarias. Lo componen otros tres representantes del Gobierno de Canarias y los titulares de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias; de las presidencias de las Audiencias Provinciales en ambas provincias, de los Tribunales Superiores de Justicia en ambas sedes provinciales y una persona representante de cada una de las Universidades Públicas Canarias experta en la Real Audiencia de Canarias.

Este Comité se hará cargo de proponer a la Comisión Organizadora la aprobación de los proyectos de investigación, organización de cursos, seminarios y jornadas, edición de libros y estudios, documentales, exposiciones, confección de catálogos, o cuantos otros actos y tareas contribuyan a difundir el conocimiento del significado y papel de la Real Audiencia de Canarias y del Poder Judicial en la historia de Canarias.

Además, impulsará la ejecución del programa de actividades aprobado por la Comisión Organizadora, y será responsable de la promoción de la gestión presupuestaria y de la relación con otros órganos de cualquiera de las Administraciones Públicas.

El Gobierno autoriza 12 millones para el abono de la bonificación al combustible en las islas no capitalinas

El Consejo de Gobierno ha autorizado en el día de hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la realización del gasto correspondiente a la aportación dineraria de 12 millones de euros a la Agencia Tributaria Canaria para que pueda proceder al abono de la bonificación extraordinaria y temporal al combustible en las islas no capitalinas.

La tramitación y resolución de las solicitudes de bonificación corresponde a la Agencia Tributaria Canaria, por lo que, con la partida aprobada este lunes, podrá librar los fondos necesarios para abonar la bonificación por la venta de combustible en las islas no capitalinas, a medida que se vayan resolviendo las solicitudes de las empresas colaboradoras.

Desde febrero de 2025, el Gobierno de Canarias decidió ampliar la bonificación a todas las islas no capitalinas con el fin de ajustar los costes reales que soportan los ciudadanos en cada una de ellas en comparación con las dos islas capitalinas. Para la consejera Matilde Asián, se trata de una medida que corrige los posibles desequilibrios en base, exclusivamente, a datos objetivos de precio.

Por este motivo no se ha establecido una cuantía única, sino que el importe de la bonificación y las islas en las que se aplica se determina trimestralmente según los precios de la isla no capitalina comparados con los de Gran Canaria y Tenerife para el mismo período. La ayuda oscilará entre los cinco y los 30 céntimos por litro, en función del diferencial de precios. Si la diferencia es inferior a 5 céntimos por litro, no dará derecho a la bonificación.

Esta bonificación extraordinaria y temporal está contemplada en los presupuestos de este año de la comunidad autónoma con efecto hasta el 31 de diciembre de 2026. Actualmente, y hasta la próxima revisión trimestral, las cuantías de la bonificación se han fijado en 25 céntimos por litro para las islas de El Hierro y La Gomera, mientras que en La Palma la bonificación será de 20 céntimos por litro de combustible.

El Gobierno autoriza destinar 9,8 millones a la realización de estudios diagnósticos por resonancia magnética

El servicio se realizará a través de la sociedad pública mercantil Instituto Médico Tinerfeño SA (IMETISA), entidad íntegramente pública, declarada medio propio del Servicio Canario de la Salud

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, destinar una partida económica de 9.818.480 euros a la realización de estudios diagnósticos por resonancia magnética a través de la sociedad pública mercantil Instituto Médico Tinerfeño SA (IMETISA), entidad íntegramente pública, declarada medio propio del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Con la autorización del gasto, el SCS formalizará un encargo a medio propio con la citada entidad, que permitirá seguir atendiendo la demanda creciente de estos estudios diagnósticos y reducir las listas de espera de pruebas complementarias de los hospitales de la isla de Tenerife.

La partida económica se distribuirá entre las anualidades de 2026 a 2030, tomando como referencia la realización de unos 14.000 estudios cada año.

Desde su creación, IMETISA ha desempeñado un papel esencial como recurso complementario del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, con la prestación de servicios de resonancia magnética en condiciones óptimas de integración física y funcional.

Su ubicación, dentro del propio complejo hospitalario, permite una rápida derivación de pacientes ingresados y atendidos en urgencias, optimizando la continuidad asistencial.

Además, cuenta con personal altamente cualificado, que incluye radiólogos pediátricos especialistas en resonancia magnética, cuya intervención es indispensable en la realización de estas pruebas a paciente en edad pediátrica.

Para el SCS concurren razones de interés general suficientes que justifican la formalización del encargo a medio propio a IMETISA, como instrumento eficaz para incrementar la capacidad de respuesta del sistema público de salud, así como la tramitación urgente del procedimiento, para garantizar su rápida ejecución y efectos inmediatos en la reducción de las listas de espera.

Sanidad destinará 44,5 M€ al servicio de limpieza y retirada de residuos del Hospital Universitario Dr. Negrín

El servicio se contratará por un período de 48 meses y abarcará a todos los centros dependientes del complejo hospitalario

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto de 44.580.946,02 euros por el Servicio Canario de la Salud para la contratación del servicio de limpieza y otros servicios auxiliares de los centros dependientes del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín.

La contratación se realizará por la Dirección Gerencia mediante procedimiento abierto, tramitación ordinaria y regulación armonizada, para cubrir las necesidades de limpieza integral y otros servicios auxiliares durante un período de cuarenta y ocho meses, distribuidos entre los años 2026 y 2030.

El servicio a contratar incluye la limpieza, desinfección e higienización de todos los centros dependientes del complejo hospitalario: el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, el Hospital Juan Carlos I y su anexo, el hospital polivalente; el Hospital San Roque de Guía, los centros de asistencia especializada (CAE) de Arucas, Gáldar y Casa del Mar, y las unidades de salud mental (USM) de Canalejas y Costa Ayala.

Además de las tareas indicadas de limpieza, desinfección e higienización, el servicio incluirá la retirada de residuos, el suministro y distribución interna de artículos de reposición, el arreglo de áreas del personal y la retirada, transporte y distribución de ropa hospitalaria.

La limpieza integral debe garantizar la higienización de las instalaciones sanitarias que utilizan diariamente centenares de usuarios; evitar y minimizar la transmisión de agentes infecciosos y adaptarse al desarrollo de la actividad asistencial, motivos por los que precisa el empleo de sistemas, procedimientos y programaciones muy rigurosas y específicas.

El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo que coordinará el uso de drones durante las emergencias

Prevé la creación de la Unidad de Coordinación de Medios Aéreos y la elaboración de un catálogo de medios y recursos

Manuel Miranda explica que la medida obedece a “la progresiva implantación de esta herramienta, que permite obtener información en tiempo real y mejorar la respuesta durante la emergencia”

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes una modificación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (PLATECA) para incorporar un protocolo que ordene el uso de aeronaves no tripuladas durante la gestión de las emergencias.

El expediente, impulsado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, responde a “la progresiva implantación de esta útil herramienta por parte de los diferentes agentes intervinientes, lo que hace necesario ordenar su uso en estas situaciones”, ha explicado el titular del área, Manuel Miranda.

Entre otras medidas, el protocolo prevé la creación de una Unidad de Coordinación de Medios Aéreos y un catálogo de recursos y medios.

La incorporación de esta herramienta se ha consolidado en la gestión de las emergencias como un elemento de gran utilidad, “por ejemplo en el caso de incendios, erupciones volcánicas, rescates, situaciones de emergencias en el mar y otro tipo de intervenciones, durante las que las aeronaves permiten obtener información en tiempo real y el acceso a zonas de difícil o peligroso alcance para los equipos de intervención”. Ello permite, continúa Miranda, “la evaluación rápida de riesgos y la mejora en la capacidad de toma de decisiones por parte de los responsables de la emergencia”.

El protocolo incorporado al PLATECA mejora el uso de estas aeronaves pilotadas por control remoto en situaciones en las que la Comunidad Autónoma dirija y coordine un Plan de Protección Civil activado. El documento detalla asuntos como el control de los vuelos, su autorización y condiciones, todo ello para mejorar la seguridad de las operaciones y la coordinación con el uso de otros medios aéreos tripulados.

Dice la normativa aprobada hoy que los servicios de este tipo podrán ser movilizados a solicitud de la dirección del Plan activado y que los medios públicos tendrán preferencia sobre los operadores privados habilitados. Además, el documento prevé la elaboración de un catálogo de medios y recursos que será integrado en el PLATECA para posibilitar su rápida movilización en caso de que sea necesario.

La coordinación de los vuelos siempre dependerá de la dirección del operativo de emergencias y se contempla también su relación con vuelos tripulados que pudiesen estar operando en el mismo espacio. Los gestores autorizados de los drones deberán poner a disposición de la dirección de la emergencia la información generada (imágenes, videos, entre otra) para contribuir a la mejor información sobre la gestión del riesgo y la toma de decisiones.

El protocolo también regula vuelos de aeronaves ajenas a la emergencia, cuya operatividad dependerá de la persona al frente del puesto de mando avanzado (PMA), tanto el permiso de vuelo como el espacio que podrá utilizar. Así mismo, prevé la creación en el futuro de una Unidad de Coordinación de Medios Aéreos (CMA) que se integrará en la estructura del Plan de Emergencias.

El documento propone, por último, que para cada emergencia se distribuyan espacios de vuelo, estableciendo zonas de aterrizaje, vuelo, entradas y salidas, y con carácter flexible en función de la progresión de la emergencia y del uso de otros medios aéreos tripulados.

Clavijo pide a Sánchez que impulse una cumbre en defensa de las RUP durante el próximo Consejo Europeo

El presidente de Canarias reitera la importancia de elevar una posición firme y coordinada ante Bruselas sobre el encaje de las regiones ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual

El Gobierno autonómico lidera otro gran encuentro con los productores del sector primario que tendrá lugar el 16 de marzo y al que ya ha confirmado su asistencia la ministra francesa de Ultramar

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que impulse la celebración de una reunión de alto nivel entre las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y sus tres países, aprovechando la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo que tendrá lugar los días 19 y 20 de marzo en Bruselas.

El pasado 11 de febrero, Pedro Sánchez trasladó por carta al presidente Clavijo su compromiso de participar en una cumbre destinada a defender el blindaje del estatus RUP en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea (UE). Sin embargo, desde entonces el Ejecutivo canario no ha recibido ninguna información adicional sobre la organización de dicho encuentro, lo que preocupa al Ejecutivo canario, según ha explicado este lunes el portavoz Alfonso Cabello tras el Consejo de Gobierno.

Ante la relevancia estratégica de esta cuestión, Clavijo remitió el pasado viernes una nueva carta al presidente del Gobierno español en la que le solicita que “dé el impulso necesario” para movilizar con suficiente antelación al resto de autoridades nacionales y regionales y garantizar la celebración de esta reunión de alto nivel en Bruselas. El presidente de Canarias recuerda que esta cumbre entre las RUP y sus tres Estados es clave para elevar una posición firme y coordinada ante las instituciones europeas sobre el encaje de las regiones ultraperiféricas en el próximo Marco Financiero Plurianual.

De forma paralela, el titular del Ejecutivo autonómico también ha enviado una misiva a la actual presidente de las RUP para reiterarle la importancia de que se celebre una cumbre en Bruselas con la presencia de los jefes de Estado aprovechando el Consejo Europeo. El liderazgo de las nueve regiones ultraperiféricas es rotatorio y en estos momentos está en manos de la presidente de Guadalupe, Ary Chalus.

Clavijo recuerda a Chalus en su carta la “delicada situación” que atraviesa el estatus RUP y “el futuro incierto que se vislumbra para nuestras regiones en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034”. Ante esta situación, considera “fundamental organizar una reunión a la mayor brevedad, que nos permita alzar una voz unida y firme ante las instituciones europeas y seguir reclamando la defensa del estatus diferenciado que históricamente se ha concedido a las regiones ultraperiféricas”.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz subrayó que Canarias espera que el presidente de las RUP impulse la celebración de esta cumbre, porque el tiempo juega en contra de los intereses de las regiones ultraperiféricas. El objetivo es dar la batalla en Bruselas para revertir la “peligrosa” propuesta de Marco Financiero 2028-2034 elevada por la Comisión Europea, un texto que acaba con los fondos directos para las RUP y deja en manos de los Estados el reparto de recursos que son “vitales para nuestro sector primario y para toda Canarias”.

El portavoz, explicó que para Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas es “fundamental” que Bruselas escuche con claridad esta defensa del estatus RUP y, especialmente, que los máximos representantes de España, Francia y Portugal se sumen a esta posición, dado que tienen capacidad de veto en el Consejo Europeo sobre un Marco Financiero que pudiera vulnerar el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y poner en riesgo las medidas específicas destinadas a garantizar la cohesión de las nueve regiones más alejadas de la UE.

Cumbre liderada por Canarias

A la espera de que se pueda celebrar esa cumbre en defensa del estatus RUP en el marco del próximo Consejo Europeo, Cabello ha anunciado que el próximo 16 de marzo se celebrará en Tenerife un gran encuentro con la participación de productores del sector primario y representantes institucionales de las regiones ultraperiféricas.

El objetivo de esta nueva cita de movilización, liderada por el Ejecutivo canario, es reforzar la visibilidad de la importancia vital que tiene para agricultores, ganaderos y pescadores la existencia de una ficha financiera propia en los fondos europeos.

Con el apoyo de los gobiernos de todas las RUP, y como ya ocurrió en Bruselas hace unos meses, los gobiernos y productores de los nueve territorios ultraperiféricos volverán a alzar la voz en defensa del blindaje del POSEI y de unos recursos imprescindibles para garantizar la supervivencia del sector primario en estos territorios.

En esta reunión está confirmada la asistencia de la ministra francesa de Ultramar, Naïma Moutchou, y se espera la participación de representantes de los gobiernos de España y Portugal. También contará con los máximos representantes canarios y nacionales de las organizaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras, sectores que se han unido al Gobierno de Canarias en su estrategia para lograr la continuidad de los fondos RUP.

Canarias experimenta la mayor subida porcentual de ejecución presupuestaria de los últimos cuatro años

El grado de ejecución presupuestaria para 2025 asciende al 92,6% hasta alcanzar los 12.145 millones de euros

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha presentado en el Consejo de Gobierno, celebrado en el día de hoy, un avance de la ejecución presupuestaria de 2025. En base a los datos comunicados por la Intervención General de la CAC al Ministerio de Hacienda, y a falta de los ajustes definitivos en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), el Gobierno de Canarias se ha ajustado a las previsiones, lo que ha permitido aprovechar los recursos disponibles ajustándose a los objetivos fijados y la normativa vigente.

Con un crédito definitivo ajustado para 2025 de 13.814 millones de euros, y teniendo como prioridad el mantenimiento del estado del bienestar, las obligaciones no financieras han pasado de 11.350 millones a 12.145 millones de euros, con un nivel de ejecución al cierre del ejercicio 2025 del 92,6% de obligaciones reconocidas sobre el crédito definitivo frente al 89,8% del 2024. Este incremento porcentual es el mayor de los últimos cuatro años.

En términos absolutos, por capítulos, descontando el efecto del MRR, las operaciones no financieras crecen 673,7 millones de euros con respecto a 2024. En cuanto a las obligaciones corrientes, con MRR, se mantiene el ritmo de ejecución alrededor del 97% anual. Por su parte, el porcentaje de ejecución de las operaciones de capital es del 68,6%, lo que supone una mejora significativa sobre el nivel de 2024, situándose también ligeramente por encima de los años 2022 y 2023.

Gastos consolidados por capítulos

Al desglosarlo sin MRR, se observa que las operaciones corrientes crecen 555 millones hasta alcanzar los 10.596,4 millones de euros. Esto se debe al crecimiento de 293,4 millones del capítulo de gastos de personal, que asciende hasta los 4.778,6 millones de euros; al incremento de 160 millones que experimentan los gastos corrientes en bienes y servicios hasta reconocerse un total de 2.056,3 millones de euros; la subida en los gastos financieros de 4,3 millones hasta los 107,5 millones de euros, y al crecimiento del capítulo de transferencias corrientes, que aumenta 97,4 millones, hasta alcanzar los 3.653,9 millones de euros.

Por su parte, también sin MRR, las operaciones de capital crecen en 118,7 millones, lo que da una cifra total de 1.235,2 millones de euros. Este incremento se explica por el crecimiento de 77,9 millones en inversiones reales (hasta los 585,2 millones), motivado por el incremento inversor del Servicio Canario de la Salud y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Las transferencias de capital también crecen en 40,8 millones hasta alcanzar los 650 millones de euros por el incremento del FDCAN (en la sección de Diversas Consejerías) y por el incremento de las transferencias en Transición Ecológica y Energía.

En términos porcentuales, sin MRR, el mayor incremento de las operaciones no financieras se da en el capítulo VI (15,3%), seguido del capítulo II (8,4%), capítulo VII (6,7%), capítulo I (6,5%), capítulo III (4,1%) y capítulo IV (2,7%).

Efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Descontando el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el gasto en operaciones no financieras se ve incrementado en un 6% frente al 7% que se desprende al contar el efecto del MRR.

Por secciones, en términos cuantitativos, el gasto en operaciones no financieras, descontando el MRR, creció en 673,7 millones de euros. Las que presentaron un mayor crecimiento fueron el Servicio Canario de Salud, con 369,8 millones, seguido de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, con 112,5 millones; Diversas consejerías con un crecimiento de 72 millones, y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, con 71 millones de euros.

En cuantías globales, las mayores ejecuciones las presentó el Servicio Canario de Salud con 4.909 millones, seguido de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes con 2.197 millones y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias con 914 millones de euros.

Ingresos

Con respecto a la previsión de ingresos en 2025, se han reconocido derechos netos por importe de 11.936 millones de euros, lo que supone un incremento en 198,2 millones de euros y representa un 1,7% adicional a la previsión realizada en la elaboración de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Canaria para 2026.

Si se comparan los derechos reconocidos netos del ejercicio 2024-2025, se observa que crecen en 37,3 millones de euros, lo que supone un incremento de un 0,29% sobre los derechos reconocidos en el ejercicio anterior 2024.

La disminución de los derechos reconocidos en las transferencias de capital se corresponde con el convenio de carreteras, que pasó de 282 a 176 millones de euros, y a una menor certificación de fondos europeos al final del ejercicio, tanto en lo que respecta a las previsiones iniciales como a las realizadas en el último trimestre, donde redujo en 84,7 millones de euros. Este importe se certificará en 2026.

Resultado presupuestario

Vistos los gastos e ingresos, y como resumen en relación con la última estimación realizada de cierre del ejercicio 2025 para el presupuesto 2026, los ingresos superaron en un 1,1% la estimación realizada y los gastos lo hicieron en un 0,9%. El efecto conjunto de estas variaciones provoca que la estimación de saldo presupuestario realizado por importe negativo de -224,4 millones de euros, finalmente, se situara en -209 millones de euros.

Deuda pública

En cuanto a la deuda pública, y pendientes de la publicación de los datos oficiales del Banco de España, la estimación a cierre de 2025 del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, se situará en 6.625 millones de euros, lo que implica una mejora en la ratio de deuda pública sobre PIB con respecto al cierre de 2024, de 11,3 a 10,8 por ciento; es decir, por debajo del 13% que marca como referencia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En términos de deuda por habitante, Canarias presenta la mejor métrica respecto al resto de comunidades autónomas, 2.923,9 euros, frente a una media de 6.907,1 euros sobre el PIB. Asimismo, el porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes de la CAC al tercer trimestre del ejercicio 2025 es de 61,5 por ciento, muy por debajo del nivel de 175 por ciento que las agencias de rating consideran como una situación de sobreendeudamiento, nivel que sobrepasan comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia.