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Acuerdos de gobierno

El Gobierno de Canarias autoriza la implantación de nuevas titulaciones universitarias

El Consejo de Gobierno aprueba el Máster Universitario en Arquitectura por la ULPGC y otros decretos sobre enseñanzas universitarias en Canarias

En su sesión celebrada este martes, 17 de marzo, el Gobierno de Canarias ha autorizado varios proyectos de decreto relativos a la implantación y supresión de enseñanzas universitarias oficiales.

Entre los acuerdos adoptados figura la implantación del Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Asimismo, se autoriza la implantación del Grado en Matemáticas y Ciencias de Datos, el de Maestro en Educación Primaria y el Grado en Matemáticas y Filosofía por la Universidad de las Hespérides.

También se aprueba la implantación del Grado en Física y del Programa de Doctorado en Sostenibilidad y Circularidad por la Universidad Europea de Canarias.

Por otra parte, se autoriza la supresión de dos enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad del Atlántico Medio: el Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, y el Máster Universitario en Seguridad en el Trabajo y Sistemas de Gestión Normalizados.

El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Recuperación del drago de Gran Canaria

El documento establece medidas para garantizar la conservación de Dracaena tamaranae, especie endémica de la isla catalogada en peligro de extinción

La estrategia, con 1.095.607 de euros de presupuesto, prevé incrementar la población hasta al menos 300 ejemplares, proteger su hábitat y asegurar la conservación de su material genético

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, a petición de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, el Plan de Recuperación del drago de Gran Canaria (Dracaena tamaranae), una especie endémica de la isla catalogada en peligro de extinción tanto en el Catálogo Canario como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

El plan aprobado establece una serie de medidas destinadas a mejorar el estado de conservación de la especie y aumentar su población. Entre las principales actuaciones previstas se encuentra el refuerzo de los núcleos existentes mediante la plantación de al menos 240 nuevos ejemplares obtenidos en vivero, así como la creación de cuatro nuevos núcleos poblacionales con un mínimo de 15 individuos cada uno.

Asimismo, el documento contempla la conservación ex situ del material genético mediante la recogida anual de semillas y su depósito en bancos públicos de germoplasma, con el objetivo de garantizar la preservación genética de la especie.

El documento elaborado por la Consejería de Transición Ecológica y Energía también recoge medidas dirigidas al control de las principales amenazas que afectan al drago de Gran Canaria, entre ellas los herbívoros introducidos, la presión sobre el hábitat o factores ambientales como sequías, incendios o desprendimientos.

Además, se delimitan 1.754 hectáreas como áreas críticas para la conservación de la especie, en las que se regulan determinados usos del suelo con el fin de evitar impactos negativos sobre su hábitat natural.

El presupuesto estimado para la ejecución de las actuaciones previstas asciende a 1.095.607 euros. Las medidas consideradas prioritarias, dirigidas a evitar la desaparición de la especie, concentran la mayor parte de la inversión prevista.

El plan tendrá vigencia indefinida hasta alcanzar los objetivos de recuperación establecidos y contempla un horizonte inicial de cinco años para la programación de actuaciones y su financiación. Transcurrido este periodo, se realizará una evaluación para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos y determinar la necesidad de posibles ajustes.

Una vez aprobado el plan, su ejecución corresponderá al Cabildo de Gran Canaria, bajo la supervisión del Gobierno de Canarias. Para el desarrollo de las actuaciones se designará una dirección técnica responsable de la planificación y seguimiento de las medidas, y se constituirá un grupo de trabajo con representación del Cabildo y del Ejecutivo autonómico encargado de evaluar periódicamente los avances del programa.

La población natural de esta especie es actualmente muy reducida. Según el censo más reciente realizado en 2023, se contabilizan 61 ejemplares en estado silvestre, de los cuales 13 son adultos y 48 juveniles. Estas poblaciones se localizan en riscos de difícil acceso del suroeste de Gran Canaria, principalmente en las zonas de Rampa de Tauro y Fataga-Vicentillos, y presentan una distribución fragmentada.

El Gobierno de Canarias aprueba los planes de recuperación de los lagartos gigantes de El Hierro y Tenerife

Los documentos establecen las medidas necesarias para mejorar el estado de conservación de estas especies endémicas, catalogadas en peligro de extinción

El presupuesto total previsto en el caso de El Hierro es de 1.991.187 euros y en el caso de Tenerife alcanza los 1.703.022 euros

Las actuaciones incluyen el control de amenazas, el refuerzo de poblaciones, la investigación científica y la divulgación para favorecer su conservación

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, a petición de la Consejería de Transición Ecológica y Energía encabezada por Mariano H. Zapata, los nuevos planes de recuperación del lagarto gigante de El Hierro (Gallotia simonyi) y del lagarto gigante de Tenerife (Gallotia intermedia), dos especies endémicas del archipiélago incluidas en la categoría de “en peligro de extinción” tanto en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como en el Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Estos instrumentos de planificación establecen las medidas necesarias para mejorar el estado de conservación de ambas especies, cuya distribución actual se encuentra muy reducida respecto a la que presentaban históricamente en sus respectivas islas.

En el caso del lagarto gigante de El Hierro, la especie se distribuía antiguamente por amplias zonas de la isla, aunque en la actualidad su población se encuentra mayoritariamente restringida a los riscos de Tibataje. Esta situación está relacionada con distintos factores de amenaza, entre los que destacan los depredadores introducidos, que han limitado su expansión y han favorecido su refugio en zonas de difícil acceso.

El plan aprobado, que cuenta con un presupuesto total previsto de 1.991.187 euros, establece diferentes líneas de actuación orientadas a garantizar la supervivencia de la especie a largo plazo. Entre ellas se incluyen el impulso de la cooperación entre administraciones públicas, el refuerzo de los programas de cría en cautividad, la creación de nuevos núcleos poblacionales en áreas seguras y el desarrollo de estudios científicos que permitan ampliar el conocimiento sobre su biología, su ecología y los factores que afectan a su conservación. Asimismo, contempla acciones de divulgación dirigidas a la población local y a los visitantes para favorecer el conocimiento y la protección de la especie. Las acciones serán ejecutadas por el Cabildo Insular de El Hierro.

En cuanto al lagarto gigante de Tenerife, la especie presenta actualmente una distribución muy limitada, localizada principalmente en los acantilados de Teno y Guaza, ocupando menos del 1% de su área de distribución original en la isla.

El plan de recuperación, que cuenta con un presupuesto total previsto de 1.703.022 euros, prevé la aplicación de medidas destinadas a detener el declive de las poblaciones naturales, mediante el control de mamíferos introducidos y el seguimiento de las poblaciones existentes. Además, contempla la creación de un stock genético en condiciones de semicautividad mediante la translocación de individuos, con el objetivo de disponer de una reserva de ejemplares que contribuya a reforzar la viabilidad de la especie. Las acciones serán ejecutadas por el Cabildo Insular de Tenerife.

Ambos planes se desarrollarán por fases, con una primera etapa de cinco años durante la cual se ejecutarán las principales actuaciones previstas. Transcurrido este periodo, se realizará una evaluación del estado de conservación de las especies y del grado de cumplimiento de las medidas adoptadas, manteniéndose la vigencia de los planes hasta la consecución de los objetivos establecidos.

El Gobierno autoriza el gasto de 11 millones de euros para la prestación de los servicios postales

El Consejo de Gobierno ha autorizado en el día de hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, la realización del gasto correspondiente al expediente para la contratación administrativa de los servicios postales, integrados en el Servicio Postal Universal, para el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, por importe de once millones ochenta y seis mil trescientos ochenta y nueve euros con cuarenta y dos céntimos (11.086.389,42 €).

Este gasto ya se autorizó en junio del año pasado por valor de 10.536.389,42 euros por dos años, pero no prosperó, ya que Correos no se presentó. El gasto autorizado ahora es igual al anterior, pero adiciona un importe anual de 550.000 euros por el coste de impresión, plegado y ensobrado en la modalidad de gestión informatizada integral de notificaciones administrativas.

Los servicios postales en el ámbito de la administración pública incluyen el envío de cartas, notificaciones administrativas y libros y publicaciones periódicas (hasta 2 kg de peso), así como el servicio de paquetería de prestación periódica concertada (envío de todo tipo de paquetes con destino nacional e internacional, con un peso de hasta 60 kg)

El procedimiento de contratación que ahora se propone es el negociado sin publicidad por razón de la protección de derechos exclusivos, ya que Correos y Telégrafos, S.A. tiene la condición de operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal por un período de 20 años y es el único operador que goza de la presunción de veracidad y fehaciencia en la práctica de notificaciones y comunicaciones. Esta última condición respecto a los administrados, le permite garantizar la certeza de su entrega, con todos los requisitos exigidos para que notificaciones y comunicaciones administrativas tengan plena eficacia.

El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto que regula la adjudicación de viviendas públicas en Canarias

La norma sustituye el sistema de sorteo por un modelo de baremación objetiva y refuerza los requisitos de arraigo y residencia

El texto amplía las reservas para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género

El Consejo de Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha aprobado este lunes, 9 de marzo, el nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y del régimen de adjudicación de viviendas de promoción pública.

La norma introduce una reforma estructural en el sistema de acceso al parque público. El anterior modelo basado en el sorteo queda sustituido por un procedimiento reglado de baremación, sustentado en criterios objetivos vinculados a la situación económica, social y familiar de las personas solicitantes. Con este cambio, el Ejecutivo autonómico refuerza los principios de equidad, transparencia y seguridad jurídica, garantizando que las viviendas se asignen conforme a parámetros verificables y ajustados a la realidad de cada unidad de convivencia.

Entre las novedades del nuevo sistema también se incorpora una importante simplificación administrativa del proceso de inscripción en el Registro de Demandantes. A partir de ahora, se sustituye la cita previa y la visita presencial por un formulario que podrá cumplimentarse de forma telemática, mediante una declaración responsable en la que la persona solicitante indique que cumple los requisitos exigidos. Esta medida permitirá agilizar los trámites, facilitar el acceso al registro y reducir tiempos de gestión para los ciudadanos.

El decreto incorpora además un refuerzo sustancial de los requisitos de residencia y arraigo. Para poder resultar adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública, será necesario ser mayor de edad o menor emancipado, estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y acreditar una residencia en la Comunidad Autónoma de al menos doce años de forma ininterrumpida, o quince en caso de residencia discontinua.

Asimismo, se exigirá residencia o desempeño laboral ininterrumpido durante un mínimo de cinco años en el municipio donde se ubique la promoción, con anterioridad a la publicación del procedimiento de adjudicación. Este requisito no será aplicable a las víctimas de violencia de género cuando la situación sufrida haya imposibilitado su permanencia en el municipio de residencia habitual, circunstancia que deberá acreditarse conforme a la legislación estatal vigente.

En paralelo, el decreto consolida y amplía los cupos de reserva para colectivos prioritarios, reforzando el carácter social del sistema público de vivienda. Se establece una reserva mínima del diez por ciento del total de viviendas en cada promoción para personas con limitaciones funcionales graves o totales en movilidad o comunicación, distribuyéndose internamente entre quienes requieren el uso permanente de silla de ruedas u otros dispositivos técnicos de apoyo y quienes presentan limitaciones graves acreditadas sin necesidad de dichos dispositivos. Además, se fija una reserva mínima del veinte por ciento para jóvenes de hasta treinta y cinco años, del diez por ciento para personas de sesenta y cinco o más años y del ocho por ciento para víctimas de violencia de género, mientras que el cupo para personas emigrantes retornadas podrá alcanzar hasta un máximo del uno por ciento.

Con esta actualización normativa, el Gobierno de Canarias consolida un modelo más justo, transparente y orientado a la protección efectiva del derecho a la vivienda, priorizando a quienes acreditan arraigo en el territorio y mayores necesidades sociales.

Canarias aprueba el decreto que completa todo el sistema de prestaciones en dependencia

El Gobierno remitirá el nuevo proyecto de Decreto-ley que, solucionará carencias en la atención a determinados perfiles de personas dependientes, al Parlamento

El decreto también regula, por primera vez en Canarias, la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP) y permitirá la compatibilidad entre algunas ayudas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación normativa que completa todo el sistema de prestaciones del Sistema de Dependencia.

El nuevo Decreto establece un nuevo grado, el III+, para los casos de mayor intensidad de apoyo en domicilio, incluyendo ajustes para facilitar la aplicación del Grado III+ (dependencia extrema), especialmente en lo relativo a la atención y apoyos intensivos en el entorno domiciliario mediante ayuda a domicilio y/o asistencia personal, con el objetivo de reforzar una tramitación homogénea y evitar situaciones de desprotección.

Conforme a la normativa estatal, se fijan las cuantías máximas tanto de la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio, como de la prestación económica de asistencia personal, para estas personas en dependencia extrema, pensadas para atender personas en situación terminal afectadas, principalmente, por la ELA.

También se regula, por primera vez en Canarias, la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), estableciendo un marco claro sobre quién puede acceder, cómo se tramita, cómo se paga y cómo se justifica esta ayuda. De esta manera, se facilita que, por fin, las personas mayores, en situación de dependencia o con discapacidad, puedan seguir viviendo en sus hogares sin tener que desarraigarse de su entorno social y familiar.

Según explicó la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, “la prestación económica de asistente personal está pensada para reforzar los apoyos en el hogar y en el entorno cercano. Su finalidad es apoyar a las familias y contribuir a que las personas mayores y las personas con discapacidad o en situación de dependencia puedan permanecer en su domicilio y en su comunidad, manteniendo sus rutinas, su entorno y sus redes de apoyo.”

“Con esta medida, Canarias avanza hacia un modelo de cuidados centrado en la persona que prioriza los apoyos en el entorno y contribuye al objetivo de la desinstitucionalización, favoreciendo alternativas a la atención institucional cuando sea posible y adecuado para la persona usuaria”, aclaró la consejera del área.

Además, el acuerdo contempla la modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en cuanto al régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones de atención a la dependencia en Canarias. Esto permitirá a muchas familias poder acceder a distintas prestaciones para mejorar la atención en determinados perfiles. Por ejemplo, a partir de la publicación de este decreto, se podrá disfrutar de una asistencia del Servicio de Ayuda a Domicilio con una prestación para la asistencia personal.

El nuevo Decreto, que modifica el Decreto ley 3/2023, de 23 de marzo, regula las cuantías máximas de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, la de cuidados en el entorno familiar y de apoyo a personas cuidadoras no profesionales y la de asistencia personal. Las cuantías máximas de la prestación económica de asistente personal según el grado de dependencia son para Grado III, 900 euros; Grado II, 577,25 euros y Grado I, 436 euros. La aplicación de estas nuevas cuantías tendrá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Con carácter general, la persona beneficiaria deberá justificar, ante el órgano gestor competente, el destino finalista de la prestación mediante la aportación de documentación acreditativa de la contratación y del gasto realizado, en los plazos y con los requisitos que se determinen.

Asimismo, el acuerdo adoptado hoy en Consejo contempla la remisión del mismo al Parlamento de Canarias.

El Gobierno inicia la tramitación del proyecto de ley por el que se creará la Agencia Canaria de Emergencias

El consejero del área, Manuel Miranda, explica que el Gobierno está apostando por un nuevo sistema que “mejore la protección y seguridad de la ciudadanía frente a nuevos desafíos”

La iniciativa legislativa llegará en unos meses al Parlamento y dará respuesta al acuerdo de la Cámara de impulsar la constitución de un organismo de estas características

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy el informe de objetivos y oportunidad que da vía libre a la elaboración del proyecto de ley de creación de la Agencia Canaria de Emergencias y Protección Civil. Este organismo contribuirá a centralizar los recursos humanos y materiales que operan en una situación de emergencia y permitirá mejorar la protección de la ciudadanía frente a los nuevos desafíos en esta materia.

La creación de esta agencia, avalada por un acuerdo parlamentario de noviembre de 2024, se enmarca en un complejo proceso de transformación del sistema autonómico de protección civil que tiene como fin “fortalecer la coordinación, la eficacia y la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo en el Archipiélago”, añadió el consejero de Planificación Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda. El consejero explicó que la voluntad del Gobierno es que sea el Parlamento, que ya respaldó esta medida, quien termine de definir la estructura de esta futura agencia, de forma que “nazca con el mayor consenso político posible”.

El informe aprobado hoy por el Consejo de Gobierno propone la Agencia como un “organismo público con autonomía propia para aplicar las directrices generales en materia de protección civil en Canarias”. Además, señala que será el encargado de elaborar las normas y reglamentos en este ámbito, actualizar los diferentes planes territoriales de protección y diseñar las políticas de coordinación con otras administraciones públicas y privadas que operan en esta materia.

También se ocupará de promover una formación homogénea y actualizada de todas las personas intervinientes en este sistema.

Principios fundamentales

La agencia funcionará bajo tres principios fundamentales. El primero será el de especialidad, ya que será un organismo con competencias exclusivamente en este ámbito y actuará como referente técnico y operativo para el resto de administraciones. El segundo será el de eficacia, puesto que se constituirá como una entidad con personalidad jurídica propia que agilizará los trámites para movilizar recursos en materia de intervención o prevención. El tercer principio, derivado de los dos anteriores, será el de eficiencia, al diseñarse un modelo que garantiza —con menor coste que el actual, gracias a la reducción de cargas administrativas y a la concentración de funciones hoy dispersas— un resultado más eficiente.

Como paso previo a su creación, ya se ha iniciado el proceso de traspaso de aproximadamente un centenar de trabajadores relacionados con las emergencias desde la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud (GSC) a otra empresa pública, Gesplan. Esta última cuenta con experiencia en la gestión en este ámbito y en el desarrollo de proyectos complejos, “como el que nos ocupa”, indicó el consejero, y permitirá agilizar la dotación de mayores recursos humanos y materiales al sistema.

Manuel Miranda calificó como “complejo” el proceso de transformación del sistema, ya que implica la reordenación de competencias, la coordinación entre diferentes administraciones y el traspaso de personal con “plenas garantías laborales, jurídicas y presupuestarias”.

El objetivo último, indicó, “es la consolidación de un sistema que profundice en la prevención y la autoprotección, mejore la capacidad de reacción e incorpore los mejores recursos”.

El consejero recordó el compromiso del Gobierno con la mejora en esta materia, que se ha traducido en un aumento del presupuesto para 2026 del 23% como respuesta a diferentes necesidades operativas que permitan “reforzar y coordinar el sistema público canario de emergencias”.

“Todo ello —añadió— bajo el paraguas de una futura Ley del Sistema de Protección Civil que esperamos entre a finales de este año en el Parlamento para su debate”.

Cabe recordar que el Gobierno trabaja ya en la elaboración de una primera propuesta de esta ley, fruto de un proceso en el que durante 2025 participaron cerca de 150 expertos y profesionales en este ámbito.

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Salud de Canarias 2026-2031

Este documento, elaborado a partir de aportaciones de otras administraciones, profesionales y ciudadanos, establece las prioridades, líneas de actuación y metas para la planificación, coordinación y articulación de actividades de promoción y protección de la salud

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes, día 9 de marzo, en su sesión celebrada en Las Palmas de Gran Canaria la propuesta de la Consejería de Sanidad, el Plan de Salud de Canarias 2026 – 2031. Se trata de un instrumento estratégico de planificación sanitaria que establece las prioridades, líneas de actuación y metas para la planificación, coordinación y articulación de actividades de promoción y protección de la salud, la prevención de enfermedades y la prestación de la asistencia sanitaria.

El documento, elaborado a partir de las aportaciones de otras administraciones, profesionales y ciudadanos, se basa en los valores de equidad, eficiencia y compromiso con la evidencia científica y comunidades saludables.

En este sentido, el Plan de Salud de Canarias se vertebra en dos ejes principales: ‘Salud en Todas las Políticas’, orientado a promover la intersectorialidad y la colaboración con otros ámbitos institucionales, y ‘Mejora de los Resultados en Salud’, centrado en los problemas de salud con mayor impacto poblacional y en el coste-efectividad de las intervenciones.

Tramitación del Plan

La aprobación del Plan de Salud de Canarias 2026-2031 se produce este 9 de marzo toda vez que se han cumplido todos los trámites preceptivos establecidos en la normativa. Así, su borrador fue sometido a información pública en noviembre y fue aprobado por el Consejo de Dirección del SCS en diciembre. Además, el Consejo Canario de la Salud quedó informado del proyecto de este plan en su sesión celebrada el pasado 18 de diciembre.

Por otro lado, cuenta con el informe preceptivo de la Dirección General de Planificación y Presupuesto y con una memoria descriptiva en la que se incorpora el informe sobre el impacto por razón de género, el informe de impacto sobre la familia y la adolescencia, el informe sobre el impacto empresarial y el informe de impacto ambiental.

El documento también obtuvo el informe sobre la idoneidad de los indicadores de seguimiento, emitido por la Intervención General, y el Dictamen del Consejo Económico y Social de Canarias (CES), emitido por el Pleno con fecha 11 de febrero de 2026.

Contenidos del Plan de Salud de Canarias

El Plan se organiza en cinco bloques temáticos, dentro de los cuales se distribuyen un total de 49 líneas prioritarias, desarrolladas a través de 147 objetivos específicos y 280 indicadores de evaluación, que permitirán realizar un seguimiento sistemático y una evaluación continua de su grado de cumplimiento durante el periodo de vigencia 2026-2031.

Las áreas temáticas son: ‘Promoción y protección de la salud y prevención de la enfermedad’; ‘Mejora de los servicios y de los resultados en salud’; ‘Envejecimiento saludable y atención a la cronicidad’; ‘Intersectorialidad’ y ‘Perspectiva transversal’, que incorpora ámbitos como la atención centrada en la persona-humanización, la modernización tecnológica, la salud laboral y la gestión eficiente de la demanda asistencial.

Su desarrollo se apoya en valores guía como la equidad, la eficiencia, el compromiso con la evidencia científica y la atención centrada en la persona, con el objetivo de avanzar hacia comunidades más saludables.

El Gobierno destina más de 16,7 M€ a la atención sanitaria especializada en el sur y sureste de Gran Canaria

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy la prórroga del contrato, suscrito inicialmente en abril de 2023, que supone la renovación de los servicios de atención sanitaria especializada en las Zonas Básicas de Salud de Maspalomas, Mogán, Tirajana y Vecindario

El Consejo de Gobierno de Canarias en su sesión celebrada este lunes, 9 de marzo, ha autorizado a la Consejería de Sanidad el gasto relativo a la primera prórroga del contrato para la prestación del servicio de asistencia sanitaria especializada a pacientes del área sur y sureste de Gran Canaria por un importe de 16.743.170 euros.

En concreto, se refiere a las Zonas Básicas de Salud de Maspalomas, Mogán, Tirajana y Vecindario.

Este contrato, suscrito inicialmente en abril de 2023 con la entidad CSR Inversiones Sanitarias Sur, S.A., se destina a la prestación de servicios sanitarios especializados para la población residente en los municipios de Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán, del Área de Salud de Gran Canaria.

La prórroga de este contrato tiene un periodo de vigencia de un año, desde el 1 de mayo de 2026 al 30 de abril de 2027. De esta forma, para los ocho meses de 2026 se destinarán 11.162.113 euros, mientras que para los cuatro meses de 2027 la inversión será de 5.581.056 euros.

Con la autorización de esta prórroga, el Gobierno de Canarias da continuidad al servicio que se presta a la población residente en estos municipios mencionados, garantizando la atención sanitaria a la ciudadanía de esta zona sur y sureste de la isla de Gran Canaria de una manera cercana para evitar desplazamientos a la capital, a la vez que se favorece la descongestión de los servicios del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, centro de referencia para el área sur de Gran Canaria.

El Gobierno de Canarias actualiza la normativa que regula la implantación de titulaciones universitarias

El Consejo de Gobierno acuerda solicitar el dictamen del Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto que moderniza los procedimientos del sistema universitario de Canarias

El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el proyecto de decreto promovido por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias para actualizar la normativa que regula la implantación de titulaciones universitarias oficiales en el sistema universitario de Canarias.

En el mismo acuerdo, el Ejecutivo autonómico solicita el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, trámite preceptivo dentro del proceso de elaboración normativa previo a la aprobación definitiva del decreto.

La nueva norma sustituirá al Decreto 168/2008, de 22 de julio, con el objetivo de adaptar la regulación autonómica al marco estatal vigente, definido principalmente por el Real Decreto 822/2021, que regula la organización de las enseñanzas universitarias y los mecanismos de aseguramiento de su calidad, y por la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, señala que esta actualización normativa “permite ordenar con mayor claridad la tramitación vinculada a la implantación de titulaciones y adaptarla al marco jurídico, garantizando al mismo tiempo la calidad del sistema universitario de Canarias”.

Machín subraya que uno de los objetivos centrales del nuevo decreto es simplificar la tramitación administrativa y reducir cargas burocráticas, una demanda trasladada por las universidades para facilitar la implantación, modificación o extinción de enseñanzas universitarias oficiales.

El proyecto establece un sistema más ágil para la emisión del informe sobre la necesidad y viabilidad académica y social de las titulaciones (INVAS), definiendo con mayor precisión los contenidos de la memoria que deben presentar las universidades y fijando un plazo máximo para su emisión.

Asimismo, reorganiza la verificación de los planes de estudios y fija plazos para la emisión de los informes de las agencias de calidad correspondientes, lo que contribuye a mejorar la planificación de nuevas titulaciones dentro del sistema universitario de Canarias.

El texto también modifica el orden para la implantación de titulaciones, que pasa a tramitarse una vez verificado el plan de estudios, eliminando duplicidades administrativas y ajustando el proceso al marco normativo estatal.

La propuesta incorpora además medidas orientadas a asegurar la sostenibilidad de las titulaciones, de modo que, cuando se detecten determinadas circunstancias tras su implantación, las universidades públicas deberán elaborar un plan de actuación que permita evaluar su continuidad.

También se prevé la creación de un mapa de titulaciones del sistema universitario de Canarias, que recogerá la oferta vigente de estudios de grado, máster y doctorado y las titulaciones previstas por las universidades, facilitando una visión global y accesible de la oferta académica.

El texto introduce igualmente mecanismos de seguimiento de las enseñanzas universitarias oficiales, especialmente en aquellos centros que no cuentan con acreditación institucional, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos académicos adquiridos y salvaguardar los intereses formativos de los estudiantes.

En el ámbito de la internacionalización, el proyecto establece medidas destinadas a reforzar la dimensión internacional de las titulaciones. Estas actuaciones pueden incluir docencia en otras lenguas, programas de movilidad o dobles titulaciones internacionales, siempre adaptadas a la naturaleza de cada estudio y sin que supongan coste adicional para los estudiantes.

Asimismo, el decreto incorpora medidas dirigidas a reforzar la empleabilidad en las enseñanzas de grado, estableciendo que los planes de estudios deben contemplar actuaciones formativas orientadas a facilitar la inserción profesional de los estudiantes. Estas podrán incluir, cuando corresponda, períodos de prácticas académicas externas con una duración mínima de doce créditos ECTS, preferentemente en los últimos cursos de la titulación.

Para la consejera, la actualización de esta normativa “permite avanzar hacia un sistema universitario más ágil en sus procedimientos y más sólido en la planificación de su oferta académica, garantizando que las titulaciones respondan con calidad a las necesidades formativas y profesionales de Canarias”.

Todas las modificaciones han sido acordadas por las universidades canarias, tanto públicas como privadas, cuyas alegaciones han sido recogidas en el documento.