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Acuerdos de gobierno

El Gobierno inicia la elaboración del proyecto de ley de Gestión del Litoral y las Costas de Canarias 

La iniciativa permitirá adaptar la normativa básica estatal a las singularidades territoriales, ambientales y socioeconómicas del archipiélago

La futura norma reforzará la seguridad jurídica y la gestión integrada del litoral, garantizando el equilibrio entre desarrollo y protección ambiental

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno, se inicia formalmente el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de ley

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno sobre los objetivos y los principios generales que inspiran la iniciativa legislativa que está impulsando su departamento, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, para contar con una norma que regule la gestión territorial costera.

La propuesta se enmarca en el Programa Legislativo de la XI Legislatura (2023-2027) y responde al mandato recogido en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación y gestión del litoral, respetando el régimen general del dominio público marítimo-terrestre.

La iniciativa tiene como finalidad adaptar el marco estatal básico en materia de costas a las singularidades del archipiélago, tras el traspaso efectivo de medios y servicios en 2023. Hasta ahora, la gestión se ha venido desarrollando conforme a la normativa estatal, sin una adecuación específica a la realidad territorial, ambiental y socioeconómica de las islas. Con esta futura ley, el Ejecutivo pretende dotarse de un instrumento jurídico propio que armonice el desarrollo económico y social con la preservación de los recursos naturales y los ecosistemas marinos, garantizando niveles de presión compatibles con la salud ambiental del litoral.

El litoral canario, que se extiende a lo largo de 1.126 kilómetros y presenta una configuración discontinua propia de un territorio archipielágico, concentra una parte esencial de la población residente y de las principales actividades económicas, especialmente las vinculadas al turismo. Al mismo tiempo, alberga una biodiversidad marina de gran valor y fragilidad, lo que exige una gestión diferenciada y cercana al territorio.

El objetivo de la futura norma es concretar y adaptar las determinaciones de la legislación básica estatal a la realidad insular, integrar plenamente la ordenación del litoral en la planificación ambiental, territorial y urbanística de Canarias y establecer un marco competencial y procedimental claro que refuerce la seguridad jurídica. Todo ello desde la premisa de alcanzar un equilibrio efectivo entre la protección ambiental y el mantenimiento de las actividades sociales y económicas que históricamente se desarrollan en la costa, en un contexto insular donde no resulta viable desplazar de forma generalizada dichas actividades hacia el interior.

La ley se inspirará en los principios de desarrollo sostenible, gestión integrada del litoral, conservación prioritaria de los ecosistemas costeros, adaptación al cambio climático, participación ciudadana y consideración de la mejor evidencia científica disponible. Asimismo, atenderá al adecuado reparto de competencias entre la Administración autonómica, los cabildos insulares y los ayuntamientos, garantizando una ordenación coherente de un espacio territorial que, aun siendo insular y discontinuo, requiere una visión integral y coordinada.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno, se inicia formalmente el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de ley, con el objetivo de que Canarias disponga de un marco normativo propio que permita ejercer plenamente sus competencias en materia de ordenación y gestión del litoral desde la cercanía institucional y la responsabilidad ambiental.

El Gobierno canario legaliza cuatro explotaciones con un total de 2.446 cabezas de ganado

El Consejo de Gobierno ha acordado conceder autorización a la actividad y las correspondientes edificaciones de una instalación en Antigua (Fuerteventura), otra en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), y de dos fincas en Teguise (Lanzarote)

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 23 de febrero, la legalización territorial de cuatro explotaciones, que suman en total 2.446 cabezas de ganado, en los municipios de Antigua (Fuerteventura), San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) y Teguise (Lanzarote). De acuerdo a la aplicación del procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, se concede autorización a la actividad y a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

Esta medida supone un nuevo avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería y afecta a cuatro instalaciones dedicadas principalmente a la producción de leche para la elaboración de lácteos, pero también a la cría y reproducción, con un censo que, en el conjunto de las cuatro explotaciones autorizadas, abarca 2.416 cabras, catorce caballos, doce vacas, tres ovejas y un burro.

Tal y como recoge el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cuatro instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Según recoge la normativa, el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medioambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Además, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Las referidas autorizaciones se enmarcan en un plan de regularización del Ejecutivo canario para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

Pino de León, nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda

La nueva responsable ya dirigió el organismo entre los años 2017 y 2019

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en la sesión de este lunes, 23 de febrero, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, el nombramiento de Pino de León como nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).

De León asume la dirección del organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, del que ya fue responsable en el periodo 2017-2019, con el objetivo de reforzar la gestión del parque público, impulsar las promociones en marcha y consolidar la ejecución de los programas vinculados al Plan de Vivienda de Canarias.

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, cuenta con un máster universitario en Urbanismo y Ordenación Territorial por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, así como con el Diploma de Técnica Urbanista del Instituto Nacional de Administración Pública.

Desde agosto de 2023, ejercía como directora del Instituto Canario de Administración Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia. Con anterioridad, desempeñó el cargo de directora adjunta del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre abril de 2022 y agosto de 2023. Entre enero de 2017 y septiembre de 2019 ya estuvo al frente del Instituto Canario de la Vivienda, etapa en la que impulsó distintas actuaciones en materia de promoción pública y gestión del parque público de vivienda.

Su experiencia institucional se completa con responsabilidades políticas en el Cabildo Insular de Tenerife, donde fue consejera del Área de Planificación Territorial entre 2007 y 2015 y consejera del Área de Cooperación Municipal y Vivienda entre 2003 y 2007.

Funcionaria de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales, Subgrupo A1, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad técnica, entre ellos la jefatura del Servicio de Patrimonio y Parque Móvil de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, jefa del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. También asumió responsabilidades como jefa de Servicio de la Dirección General de Juventud de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, jefa de sección de Planificación en la Dirección General de Infraestructura Turística, así como jefa de sección de Coordinación presupuestaria de la Dirección General de Industria y Energía, y asumió diferentes responsabilidades en la Dirección General de Vivienda, tanto como jefa de sección en la unidad de apoyo al director general como en etapas anteriores de su carrera administrativa.

Inició su trayectoria profesional como funcionaria interina en el Servicio de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal del Cabildo Insular de Tenerife.

Con este nombramiento, el Gobierno de Canarias refuerza la dirección del ICAVI con un perfil de acreditada solvencia técnica, conocimiento institucional y experiencia directa en la gestión de políticas de vivienda.

El Consejo de Gobierno nombra a Gustavo Pérez nuevo director del ICAP

Sustituye en el cargo a Pino de León, que pasa a ocuparse de la dirección del Instituto Canario de la Vivienda

El Consejo de Gobierno ha nombrado este lunes a Gustavo Pérez Martín como nuevo director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) en sustitución de Pino de León Hernández, que pasa a ocupar la dirección del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), nombramiento que también se ha hecho efectivo.

Gustavo Pérez es técnico especialista en Formación Profesional de Segundo Grado en Comercio Exterior y técnico en Marketing. A lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido como docente, gerente comercial y gestor sociocultural. Entre los años 2013 y 2021 fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Güímar y, de julio de 2021 a agosto de 2025, alcalde de este municipio tinerfeño.

Obras Públicas destina 400 M€ en licitaciones estratégicas en carreteras y vivienda en el último mes

El Consejo de Gobierno da su visto bueno a la puesta en marcha de obras en carreteras por más de 299 millones en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria

Pablo Rodríguez informa al Consejo de Gobierno de que el área de Vivienda impulsa 1.161 casas entre nueva construcción y rehabilitación gracias a la inversión de 86 millones

Puertos adjudica la ampliación del contradique del puerto de Tazacorte con una inversión superior a 5,8 millones de euros

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno de las licitaciones que ha tramitado el departamento en el último mes los meses por un importe total de 385.668.938,95 euros en actuaciones vinculadas a infraestructuras viarias, construcción y rehabilitación de vivienda en distintas islas. En concreto, el departamento en pocas semanas ha sacado a licitación 299.411.408,28 euros en infraestructuras viarias, 58.244.400,28 euros en construcción de vivienda protegida y 28.013.130,39 euros en rehabilitación de vivienda, inversiones que darán un fuerte impulso a políticas prioritarias del Ejecutivo canario.

En carreteras, la Consejería ha impulsado actuaciones estratégicas para la movilidad en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. Entre ellas se encuentra el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte, que ha salido a licitación por 66.401.344,71 euros. También se ha licitado el tramo Aeropuerto–Pozo Negro de la autovía Norte-Sur de Fuerteventura, por 215.924.834,98 euros, así como la ampliación de capacidad de la GC-1 entre La Estrella y Las Terrazas, en Telde, por 9.439.864,65 euros.

A estas obras se han sumado los contratos de control y vigilancia asociados a su ejecución. Para el seguimiento del tercer carril de la TF-5 se ha licitado un contrato por 2.662.116,34 euros; para el control de la obra del tramo Aeropuerto–Pozo Negro en Fuerteventura, un contrato por 4.245.333,66 euros; y para el control de las actuaciones en la GC-1, un contrato por 737.913,94 euros.

Impulso a la vivienda asequible

El Gobierno también ha dado un fuerte impulso en el último mes a sus políticas para mejorar el acceso a la vivienda en el archipiélago, con la inversión de más de 85 millones de euros en la construcción y rehabilitación de 1.161 casas.

En construcción de vivienda protegida, el departamento ha activado promociones a través del Instituto Canario de la Vivienda y VISOCAN. Se han impulsado 24 viviendas protegidas en Frontera por 5.160.417,73 euros; 51 viviendas en Adeje por 8.326.335,84 euros; 59 viviendas en Arona por 11.409.610,47 euros; 24 viviendas en Guía de Isora por 4.148.036,24 euros; y 168 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria por 29.200.000 euros.

En rehabilitación, la Consejería ha distribuido intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia energética y la accesibilidad del parque público de vivienda. Las actuaciones han alcanzado a 50 inmuebles en Puerto del Rosario por 1.449.153 euros; 20 viviendas en Valsequillo por 400.154,90 euros; 108 inmuebles en Candelaria por 5.518.031,27 euros; 10 viviendas en Valleseco por 237.937,14 euros; 42 viviendas en Mogán por 2.027.800,07 euros; 416 viviendas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife por 11.865.384,16 euros; 80 viviendas en Adeje por 3.274.668,77 euros; 73 inmuebles en Santa Lucía de Tirajana por 2.116.975,04 euros; y 36 inmuebles en El Rosario por 940.845,08 euros.

Infraestructuras portuarias

Asimismo, en el ámbito portuario, la Consejería ha adjudicado, en este mismo periodo, la ejecución de las obras del proyecto para la ampliación del contradique del puerto de Tazacorte, en la isla de La Palma, a la entidad ACCIONA, por un importe de 5.838.000,06 euros, excluido IGIC. Esta actuación estará destinada a reforzar la protección y la operatividad de esta infraestructura portuaria estratégica para la isla.

El Gobierno autoriza 31,8 M€ para construir un nuevo edificio para terapias avanzadas en el Hospital Doctor Negrín

El nuevo edificio albergará un equipo de protonterapia y un ciclotrón, indispensables para mejorar la atención a los pacientes oncológicos y dejar de depender del exterior para disponer de radiofármacos

Los tratamientos de protonterapia han demostrado su eficacia contra el cáncer y están especialmente indicados en pacientes con larga supervivencia, en especial en la edad pediátrica.

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la realización de un gasto por importe de 31.803.838,55 euros por el Servicio Canario de la Salud para la contratación de las obras de construcción del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, que albergará tanto un equipo de protonterapia como un ciclotrón, para la producción de radiofármacos.

El expediente del edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario Doctor Negrín cuenta con proyecto aprobado desde finales de 2025 y se contratará mediante procedimiento abierto de adjudicación y regulación armonizada, para su ejecución en tres anualidades, con la siguiente distribución del presupuesto de licitación: 4.093.275,68 euros, en 2026; 15.979.168,38, en 2027 y 11.731.394,49 euros, en 2028.

La construcción de este nuevo edificio es indispensable para mejorar la atención a los pacientes oncológicos de las islas, al permitir la incorporación de los tratamientos de protonterapia, que no se ofertan actualmente en ningún hospital público del país, y la producción local de isótopos, lo que evitará la dependencia histórica de Canarias de centros peninsulares.

La protonterapia figura entre los tratamientos que han demostrado su eficacia contra el cáncer porque utiliza protones, en vez de rayos X o electrones, y permite una liberación más localizada de la radiación, lo que adquiere especial relevancia en pacientes con larga supervivencia, especialmente en la edad pediátrica.

Actualmente, en España no existe ningún equipo de protonterapia en la sanidad pública y solo se dispone de dos en la sanidad privada, lo que hace que el número de pacientes que se benefician de este tratamiento sea muy limitado.

En respuesta a esta situación, y de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas inmersas en la actualidad en la implantación de esta tecnología, la Consejería de Sanidad ha previsto la instalación de un equipo de protonterapia en el Hospital Doctor Negrín.

En cuanto al ciclotrón, se trata de una avanzada tecnología que desempeña un papel vital en el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Los isótopos que produce, carbono-11 y yodo-124, se utilizan en radioterapia para administrar radiación dirigida a las células cancerosas, lo que minimiza el daño a los tejidos sanos circundantes y lo convierte en una opción de tratamiento más precisa y eficaz.

La incorporación de esta infraestructura sitúa al centro hospitalario como un referente en medicina nuclear y diagnóstico avanzado a nivel nacional.

El Consejo autoriza la participación de Canarias en INECO para avanzar en los proyectos de los trenes

La sociedad mercantil estatal prestará sus servicios como medio propio del Ejecutivo en el proceso de estudio, planificación e implantación de los sistemas ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, asume la representación de las islas en la Junta General y en el Consejo de Administración de la sociedad

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, la suscripción por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias de una acción de la sociedad mercantil estatal Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., S.A. (INECO), con el objetivo de convertir a esta en medio propio del Ejecutivo para poder avanzar en la planificación e implantación de los proyectos ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

En el mismo acuerdo, el Gobierno de Canarias ha designado al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, como representante de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias en la Junta General y en el Consejo de Administración de INECO, garantizando así la presencia directa del Ejecutivo canario en el máximo órgano de decisión de la entidad.

La aprobación de esta iniciativa ha respondido al interés del Gobierno de Canarias en reforzar la cooperación institucional con una entidad pública de amplia experiencia y solvencia técnica en el ámbito de las infraestructuras y los sistemas de transporte terrestre, especialmente en el contexto de los trabajos de estudio de los futuros sistemas ferroviarios en las islas de Gran Canaria y Tenerife.

El Gobierno de Canarias podrá realizar con INECO trabajos específicos para el desarrollo de proyectos de ingeniería y consultoría, para que tanto el Ejecutivo como los Cabildos puedan disponer del apoyo técnico que necesitan para afrontar proyectos complejos y estratégicos.

Del mismo modo, el acuerdo ha manifestado expresamente la conformidad del Gobierno de Canarias para que INECO sea declarada medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, una vez se materialice la suscripción y el desembolso total de la acción, lo que permitirá agilizar encargos y reforzar la capacidad técnica de la Administración autonómica en proyectos estratégicos de movilidad.

El acuerdo ha permitido a Canarias incorporarse al capital social de INECO mediante la adquisición de una acción, con un valor nominal de 125,01 euros y un valor de adquisición de 1.450,27 euros, en el marco de la ampliación de capital aprobada por la propia sociedad. Esta operación dota a Canarias de los mismos derechos políticos y económicos que el resto de las acciones actualmente en circulación.

Canarias prorroga la declaración de excepcionalidad de la atención a menores migrantes no acompañados

Esta declaración permitirá dar continuidad, hasta 2028, a los 19 profesionales de trabajo social y 20 administrativos que tramitan la documentación relativa a la atención de menores migrantes

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, ha aprobado en Consejo de Gobierno la prórroga de la declaración del carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a Canarias, lo que permitirá dar continuidad hasta 2028, a los 19 profesionales de trabajo social y 20 técnicos administrativos que tramitan la documentación relativa a la atención de menores migrantes. El montante del contrato programa de carácter temporal asciende a 1.706.186,97 euros.

La decisión de reforzar el personal se ha adoptado para continuar agilizando la tramitación de documentación, un esfuerzo que se ha hecho precisamente para cumplir, entre otras cosas, con los envíos de expedientes a las delegaciones de gobierno, donde ya tienen 755 completos, de los que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias solo ha recibido 331 resoluciones de traslado. Desde la Consejería de Bienestar Social considera importante reseñar que de estos expedientes se han archivado 135 (por diversas circunstancias, como la mayoría de edad), mientras132 menores han sido reubicados en otras comunidades, y 14 de ellos se negaron a viajar y permanecerán en las Islas.

Además, también es personal que está gestionando las 228 resoluciones de traslado recibidas desde las delegaciones de Gobierno, de las 572 nuevas llegadas de menores a Canarias, niños y niñas que permanecen en centros del Ejecutivo autonómico desde que arriban al archipiélago.

Este personal, entre otras cosas, ha gestionado las 173 reubicaciones de estas nuevas llegadas (77 han cumplido la mayoría de edad). El esfuerzo en el refuerzo del departamento también afecta a las diversas gestiones que hay que realizar con otras comunidades autónomas, las comunicaciones a la Fiscalía, reunificaciones familiares y seguimiento social, así como el traslado a la Península u otros territorios de la Unión Europea y la gestión de la protección internacional de estos chicos y chicas.

El Gobierno de Canarias declaró el carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a las islas en acuerdo adoptado en julio de 2024 a fin de realizar el nombramiento de personal funcionario interino para la ejecución de un programa de carácter temporal de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

La situación determinante de la declaración de su carácter excepcional en 2024, se mantiene en la actualidad en los mismos términos en cuanto al volumen de expedientes a tramitar, a la cantidad de documentación pendiente de gestionar así como al aumento de la carga de trabajo que suponen las derivaciones a otras Comunidades autónomas y las previsiones de llegadas futuras, por lo que se prorroga la declaración de excepcionalidad al no poder ser atendidos por los recursos personales ordinarios de la Consejería.

El Gobierno de Canarias califica el enoturismo como actividad turística reglada

El acuerdo permite inscribir el enoturismo en el Registro General Turístico de Canarias, al igual que otras actividades del sector

La medida fomentará el empleo local y la conservación de paisajes agrícolas

El Consejo de Gobierno aprobó este lunes, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, la calificación del enoturismo como actividad turística reglada en Canarias, de acuerdo con el artículo 2.2.i) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Con esta decisión se reconoce formalmente una actividad organizada y planificada que ofrece experiencias turísticas vinculadas al vino y su entorno, le otorga reconocimiento institucional y seguridad jurídica a las empresas y profesionales, y permite su incorporación al Registro General Turístico.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, subraya que esta medida “impulsará el desarrollo económico sostenible de las zonas rurales” y destaca que “el enoturismo tiene un gran potencial para generar empleo local, contribuir a la conservación de nuestros paisajes agrícolas y fijar población en los municipios rurales”. La calificación del enoturismo como actividad turística reglada permitirá, además, favorecer la profesionalización del sector vitivinícola y el fortalecimiento de una oferta turística diferenciada y de calidad, alineada con los principios de sostenibilidad, diversificación y cohesión territorial del modelo turístico del archipiélago.

De León explica que “esta decisión además de lo dispuesto en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que permite al Gobierno reconocer como turísticas aquellas actividades relacionadas con el turismo, se ampara en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, que contempla la compatibilidad del uso turístico con la actividad agraria y vitivinícola, facilitando así el desarrollo del enoturismo en el medio rural”.

El acuerdo cuenta también con el respaldo técnico y académico de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, adscrita al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y a la Universidad de La Laguna (ULL), que valora la calificación del enoturismo como una medida adecuada y proporcionada para garantizar la seguridad jurídica del sector vitivinícola y reforzar el desarrollo económico sostenible de las zonas rurales.

Asimismo, esta actividad dispone de un reconocimiento específico en el ámbito formativo y profesional a través del Real Decreto 1128/2025, de 11 de diciembre, por el que se establece el Certificado Profesional en Enoturismo, lo que refuerza su consolidación como ámbito especializado dentro del sector turístico y vitivinícola.

A partir de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la Consejería de Turismo y Empleo pondrá a disposición de los interesados el modelo de comunicación previa para inscribir la actividad de enoturismo en el Registro General Turístico, estableciéndose un plazo máximo de un mes para realizar dicho trámite.

El Gobierno declara de interés público de Canarias a la Asociación Canaria de Salud Mental Espiral

Su finalidad primordial es la adopción de medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas diagnosticadas de enfermedad mental, sus allegados y familiares

El Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes el decreto por el que se declara de interés público de Canarias a la Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por entender que sus fines estatutarios tienden a promover el interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias y por el beneficio que para la sociedad canaria reporta la actividad de la Asociación.

La Asociación Canaria de Integración de Salud Mental Espiral tiene como finalidad primordial la adopción de medidas que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por diagnóstico de la enfermedad, de sus allegados y familiares. Figura inscrita desde el año 2011 en el Registro de Asociaciones de Canarias, teniendo como ámbito territorial el de la Comunidad Autónoma de Canarias y presentó la solicitud de declaración el 6 de agosto de 2025.

De conformidad con la documentación aportada, la asociación colabora con profesionales de salud mental en Canarias; participa en el Consejo psicosocial y Acción comunitaria para enfermos mentales; tiene presencia en todos los eventos que tengan que ver con la salud mental en los niveles autonómicos, estatales y supranacionales. Además, declara ser punto de referencia e innovación para la integración sociolaboral, jurídica y sanitaria del discapacitado psíquico, contando con asesoramiento jurídico, social y de formación para favorecer la integración sociolaboral, todo ello encaminado a su independencia, autonomía y felicidad. La asociación contribuye, también, a la creación de puestos de trabajo para discapacitados psíquicos y promueve actividades culturales y artísticas, así como jornadas y congresos.

Entre sus fines sociales está la asistencia, rehabilitación, reinserción social y laboral de las personas con diagnóstico de enfermedad mental; representar, defender y apoyar a sus asociados, sus familiares y allegados antes instituciones y organizaciones públicas y privadas; reivindicar la creación de servicios alternativos públicos especializados y exigir la adecuada atención en los ámbitos sanitario, social, de empleo, educación y justicia y contribuir a la mejora de los servicios de salud mental, cuando estos sean deficitarios.

Además, promueve el principio de solidaridad entre la asociación, las personas que la componen y la sociedad y defiende los derechos de las personas con discapacidad, en especial aquellas que son víctimas de violencia, atendiendo a sus necesidades.

Como en otras declaraciones de interés público de Canarias, se ha constatado que su actividad no está restringida a sus asociados exclusivamente; que los miembros de los órganos de representación que perciban retribuciones no lo hacen con cargo a fondos subvenciones públicas, y que disponen de medios materiales y personales adecuadas para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en sus estatutos. Además, la asociación ha demostrado que está en funcionamiento efectivo y realizando actividades de forma ininterrumpidas al menos durante los dos años precedentes a la presentación de la solicitud.