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Visto bueno al proyecto de decreto para la prestación económica por acogimiento familiar de menores bajo tutela

El Consejo de Gobierno acuerda, además, remitir por la vía de urgencia este proyecto de Decreto al Consejo Consultivo de Canarias, para recabar su preceptivo dictamen

El Consejo del Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno al proyecto de decreto por el que se regula la prestación económica por acogimiento familiar de personas menores de edad tuteladas por la entidad pública con competencia en materia de protección de menores de Canarias y acuerda solicitar, por vía de urgencia, al Consejo Consultivo de Canarias, el preceptivo dictamen sobre el referido proyecto de decreto, para lo que se establece un plazo para su emisión de quince días.

El proyecto de decreto regula la prestación económica para las familias que tengan acogidas a personas menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias, tanto en acogimiento en familia extensa como en familia ajena.

La prestación económica por acogimiento familiar es una compensación económica de carácter finalista que tiene por objetivo compensar a dichas personas o familias por los gastos en que incurren como consecuencia del acogimiento derivados de la alimentación, vestimenta, ocio educativo, movilidad, actividades físicas y práctica del deporte, asistencia médica y educación de la persona acogida, y en general, de las obligaciones alimenticias que se asumen por el acogimiento.

El proyecto de decreto distingue entre acogimiento en familia extensa (con lazos de consanguinidad) y en familia ajena (sin lazos de consanguinidad), y dentro de esta, entre acogimiento ordinario y especializado, entendiéndose como acogimiento en familia ajena especializado aquel que se desarrolle en una familia ajena en la que al menos una de las personas que integra la familia disponga de cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar funciones de acogimiento respecto de personas menores de edad con necesidades o circunstancias especiales.

La cuantía total de la prestación económica a percibir por acogimiento familiar, vendrá determinado por una cuantía básica diaria. Así se establece, en el acogimiento en familia extensa y en familia ajena ordinario, una cuantía diaria básica de 20 euros y en el acogimiento en familia ajena especializado una cuantía diaria básica de 50 euros por cada menor a cargo. Además, cuando la persona menor de edad en situación de acogida tenga reconocido oficialmente un grado de discapacidad de al menos el 33%, se reconocerá una cuantía adicional diaria de siete euros.

Estructura del proyecto de decreto

El presente decreto se estructura en tres capítulos. El primero, de los artículos 1 a 3, establece las disposiciones generales del régimen de la prestación económica general definiendo su objeto, ámbito de aplicación y competencia orgánica.

El segundo capítulo, que abarca de los artículos 4 al 13, aborda la regulación de la prestación económica por acogimiento familiar, definiendo aspectos esenciales como su naturaleza jurídica, atributos jurídicos, cuantía, requisitos para su reconocimiento, obligaciones generales de las personas perceptoras, duración y devengo de la prestación, así como la posibilidad de reconocimiento del abono de gastos extraordinarios.

El tercer y último capítulo comprende los artículos 14 a 17, relativo a los procedimientos administrativos en materia de prestación económica por acogimiento, para el reconocimiento del derecho, su modificación o extinción, así como para el reconocimiento en su caso del derecho al abono de gastos extraordinarios.

El Ejecutivo destina más de 2,5 millones a un nuevo recurso de acogimiento para menores con discapacidad grave

El nuevo servicio está dirigido a menores de entre 6 y 17 años bajo protección del Gobierno canario que requieran una intervención específica y especializada

El Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto derivado de la contratación de un nuevo Servicio regional de acogimiento residencial de atención a menores en situación de desprotección y bajo la tutela del Gobierno de Canarias, con grave discapacidad o pluridiscapacidad física o psíquica, dependencia severa o gran dependencia, que afecta al nivel cognitivo y motórico, por un importe de 2.581.408,80 euros.

El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, consta de un total de diez plazas para  menores entre 6 a 17 años bajo una medida de protección, guarda o desamparo, que se encuentren bajo la tutela del Gobierno de Canarias y que requieran una intervención específica y especializada, debido a su situación de grave discapacidad y/o pluridiscapacidad física o psíquica, dependencia severa ó gran dependencia, que afecta al nivel cognitivo y motórico.

La contratación de un servicio regional de acogimiento residencial, que estará ubicado en Gran Canaria o Tenerife, tendrá una duración del contrato de 36 meses, con posible prórroga de 24 meses, estimándose un total de cinco años de duración.

Aprobado agilizar y simplificar el procedimiento para las reclamaciones y lo adapta a las nuevas tecnologías

La nueva regulación de los servicios de atención al cliente y de presentación de quejas, denuncias y reclamaciones será remitida ahora al Consejo Consultivo

Las empresas, obligadas a la relación electrónica con la administración, mientras que los consumidores podrán presentar sus discrepancias tanto ‘online’ como en papel

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un documento con el que se pretende agilizar el procedimiento para las reclamaciones y denuncias en las relaciones de consumo.

Se trata de un proyecto de decreto por el que se regulan los servicios de atención a la clientela y las características de obtención de las hojas de reclamaciones y su tramitación administrativa online, a través de la sede electrónica. El Consejo remitirá ahora el texto al Consejo Consultivo para su preceptivo dictamen, paso previo a su aprobación.

Según el nuevo procedimiento que contiene el borrador de decreto, las empresas estarán obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. En este sentido, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, los comerciantes y demás empresas deberán obtener las hojas de reclamaciones para sus establecimientos (ya sea en papel o través de un sistema de códigos QR), que pondrán a disposición de los consumidores y usuarios para que éstos puedan interponer sus denuncias, quejas y reclamaciones.

El proyecto de decreto contempla, a su vez, la obligación de las personas empresarias de poner a disposición de los usuarios un servicio de atención a la clientela, bien de forma presencial, en el propio establecimiento, o a distancia.

El servicio de atención a la clientela a distancia se prestará a través de una dirección postal o electrónica, así como por cualquier otro medio, como un número de teléfono que deberá ser gratuito en el caso de servicios básicos como luz, agua, financiero, seguros, transporte aéreo, ferroviario o por carretera, servicios de protección de la salud y saneamiento o residuos.

Asimismo, las personas empresarias de Canarias estarán obligadas a efectuar los procedimientos y trámites previstos en esta norma a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Inicialmente, deberán solicitar por esta vía las hojas de reclamaciones y, de forma inmediata, recibirán por parte de la Administración la siguiente documentación: el cartel anunciador de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de las personas consumidoras y usuarias; el código QR que el establecimiento deberá facilitar a la clientela para la descarga en su dispositivo electrónico a través del cual podrá acceder al formulario de la hoja de reclamaciones electrónica, y el formulario en formato impreso que deberá entregar a la persona reclamante que no pudiera o no quisiera optar por el formato electrónico.

La entrega debe ser inmediata y gratuita y, en caso de negativa, la persona consumidora podrá solicitar el auxilio de los agentes de autoridad para que se haga constar la circunstancia de la inexistencia de las hojas de reclamaciones o bien la negativa a facilitarla.

Tras la correspondiente cumplimentación de sus reclamaciones, ya sea con su presentación online o mediante registro físico ante la administración, si ésta se formula en formato impreso, se sustanciará el expediente desde las respectivas oficinas de información al consumidor para su remisión a la Dirección General de Comercio y Consumo para que lleve a cabo las actuaciones necesarias.

El Gobierno prorroga el contrato del servicio de peritaciones en los órganos judiciales por 2,3 millones de euros

Un total de 1.346.862,5 euros se asignan a actuaciones desarrolladas en los órganos judiciales de Las Palmas y 960.325 euros a las realizadas en los de Santa Cruz de Tenerife

Este contrato se formalizó por primera vez en mayo de 2020, por 1.875.000 euros (sin incluir el IGIC), siendo el plazo de ejecución del 1 de junio de ese mismo año al 31 de mayo de 2021

Con cargo al objeto del presente contrato se realizan más de diez mil actuaciones periciales cada año

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, 2 de marzo, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el gasto correspondiente a la tercera prórroga del contrato del servicio para la realización de peritaciones en los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias, por un importe de 2.307.187,5 euros (IGIC incluido).

Su vigencia abarca desde el 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024. Del montante total, 1.346.862,5 euros se destinarán a las peritaciones efectuadas en los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas y 960.325 euros a las desarrolladas en los de la de Santa Cruz de Tenerife.

Este contrato de servicio que se prorroga ahora se formalizó por primera vez en mayo de 2020, por un importe de 1.875.000 euros (sin incluir el IGIC) y en dos lotes. El Lote I, para los órganos judiciales de Las Palmas, y el Lote II, para los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, siendo el plazo de ejecución entre el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021.

Al terminar la vigencia de este, el 19 de mayo de 2021 se prorrogó, por primera vez, por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2022, por un importe de 2.006.250 euros (incluido el IGIC). Antes de finalizar su vigencia, se modificó el importe del referido contrato, ascendiendo la cuantía de la modificación a 281.250 euros (sin incluir el IGIC).

La segunda prórroga al referido contrato, por otros 12 meses más, se realizó el 9 de mayo de 2022 y abarcaba desde el 1 de junio de 2022 hasta el próximo 31 de mayo de 2023, siendo el importe de 2.307.187,5 euros (incluido el IGIC).

Ante la finalización del plazo de la prórroga el próximo 31 de mayo, y valiéndose de que el contrato permite su prolongación por un periodo máximo de cinco años (uno de vigencia más cuatro de prórroga), el Ejecutivo canario ha considerado necesario una nueva prórroga hasta el 31 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que se está ejecutando por la empresa adjudicataria de forma satisfactoria, siendo los precios por actuación pericial los que rigen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación.

Hay que tener en cuenta, además, que se trata de un servicio necesario para el desarrollo de la función jurisdiccional que desarrollan los órganos judiciales radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, y que con cargo al objeto del presente contrato se realizan más de diez mil actuaciones periciales cada año.

Autorizado el gasto de 3,7 millones para la póliza del seguro colectivo de vida de los empleados públicos

Este pago cubre desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, aunque el contrato, formalizado el 2 de febrero de 2022, tiene una duración de tres años, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024

Cubre el fallecimiento por cualquier causa (12.020,24 euros) y la incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, también por cualquier causa (6.010,12 euros)

A 1 de enero de 2023, el colectivo de asegurados asciende a 84.205 empleados públicos (12.003 en Administración General, 28.497 en Educación, 2.750 en Justicia y 40.955 en Sanidad)

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el gasto correspondiente a la prima de la póliza del seguro colectivo de vida en favor del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, por importe de 3.749.950 euros.

La contratación de este seguro colectivo de vida fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Canarias, en la sesión celebrada el 8 de julio de 2021, y se adjudicó a la compañía Surne Mutua de Seguros y Reaseguros, mediante la Orden número 201/2021, de 29 de diciembre de 2021, del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. El contrato se formalizó el 2 de febrero de 2022, siendo su duración de tres años, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, y la forma de pago de la prima es a través de un abono único anual.

La póliza de seguro actual cubre el fallecimiento por cualquier causa (12.020,24 euros) y la invalidez permanente total, absoluta y gran invalidez (6.010,12 euros) del personal público (funcionarios, laborales y estatutarios del Servicio Canario de Salud). A 1 de enero de 2023, el colectivo de asegurados asciende a 84.205 empleados públicos (12.003 en Administración General, 28.497 en Educación, 2.750 en Justicia y 40.955 en Sanidad).

La inclusión en la póliza, para todo el colectivo a asegurar, es automática, no existiendo condiciones de adhesión de ninguna clase ni siendo necesario la cumplimentación de boletín de adhesión, la declaración de estado de salud o requisito médico.

Están excluidos de la cobertura de este seguro los riesgos calificados como extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros, según legislación vigente en cada momento, cubiertos por dicha entidad, los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra, y los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.

La siniestralidad comunicada en 2022 e imputada a la compañía de seguros en 2022 ha sido 30 personas fallecidas (360.607,20 euros) y 317 personas con incapacidad (1.905.208,04 euros). No obstante, para ver la siniestralidad completa de ese año hay que reflejar también aquellos comunicados ese año, pero que han de ser imputados a años anteriores.

Siendo así, tanto en el año 2021 como en el 2022 la siniestralidad total comunicada asciende a importes cercanos a 3,7 millones de euros. Por ejemplo, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022, se comunicaron 59 fallecimientos (709.194,16 euros) y 498 personas con incapacidad (2.993.039,76 euros), lo que supone un total de 3.702.233,92 euros.

El Gobierno autoriza fondos para la atención de personas menores migrantes

A través de esta partida se financian los recursos de atención a menores migrantes no acompañados en dispositivos de atención inmediata

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado la autorización de gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los centros y dispositivos de emergencia de atención inmediata de personas menores migrantes no acompañadas, por importe 17.080.506,59 euros.

Esta autorización de créditos tiene como objetivo dar cobertura a los gastos derivados del mantenimiento de los dispositivos de emergencia para la atención integral de Menores Extranjeros y Extranjeras No Acompañados (DEAMENAC).

El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, está dirigido a la atención integral de personas menores extranjeras no acompañados que llegan a las costas canarias garantizando su atención inmediata así como su integración a espacios residenciales y recursos de formación educativa y laboral.

En la actualidad, Canarias cuenta con un total de  39 dispositivos de emergencia gestionados directamente por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, 22 en Gran Canaria, 13 en Tenerife, 1 en el Hierro y 3 en Fuerteventura, en los que se da acogida y atención a más de 2.100 menores migrantes.

El Gobierno canario asume competencias de evaluación ambiental de Haría

El acuerdo transfiere las funciones para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales y para la evaluación de impacto ambiental de proyectos

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aceptado la delegación del Ayuntamiento de Haría (Lanzarote) de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Consistorio.

La Evaluación de Impacto de Proyectos tiene por objeto evaluar los efectos que un proyecto tiene sobre el medio ambiente, mientras que la Evaluación Ambiental Estratégica evalúa ambientalmente planes o programas.

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha Ley.

El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.

La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental. Se trata de un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.

Más de 42.000 pensionistas perceptores de las PNC recibirán un complemento extraordinario de 250 euros

Más de 42.000 pensionistas perceptores de las PNC recibirán un complemento extraordinario de 250 euros

El abono, que supondrá una inversión de más de 10 millones de euros y se realizará en un pago único, ha sido aprobado hoy en Consejo de Gobierno

El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno al Decreto ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria de 250 euros a las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos residentes en Canarias.

Este suplemento extraordinario, de carácter único y finalista, llegará a un total de 42.795 pensionistas de Canarias, fundamentalmente de pensiones no contributivas, y también del FAS y LISMI, para lo cual se destinará una partida de 10.698.750 de euros.

Este abono, que se efectuará mediante transferencia bancaria en la cuenta de las personas beneficiarias, se aprueba por tercer año consecutivo para las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social, del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos al objeto de paliar los efectos sociales derivados de la Covid-19.

La prestación extraordinaria regulada en este Decreto ley se excluirá y no se tendrá en cuenta para el cómputo de rentas al tratarse de una ayuda finalista que viene a compensar los gastos realizados por las personas pensionistas durante el año 2022 derivados de la COVID-19, que se han visto agravados por la situación social derivada de la guerra en Ucrania.

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El Gobierno solicita dictamen al Consultivo para designar al órgano de control de la Ley de Cadena Alimentaria

El Ejecutivo propone que la Viceconsejería del Sector Primario sea la autoridad competente para el cumplimiento de la normativa

El Consejo de Gobierno ha solicitado hoy, jueves 23 de febrero, el preceptivo dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto que designa a la Viceconsejería del Sector Primario como el órgano de control de la Ley de Cadena Alimentaria, una propuesta conjunta de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

La Viceconsejería del Sector Primario ha sido designada como el órgano adecuado dentro de la estructura orgánica de la Consejería para llevar a cabo el control necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Cadena Alimentaria, que tiene por objeto las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de productos agrícolas o alimentarios.

El decreto establece también las funciones y actuaciones de la autoridad de ejecución, determinando los elementos sustanciales de la actividad de control, a fin de que el ejercicio de las funciones encomendadas se lleve a cabo con la seguridad y garantía precisas para todos los operadores de la cadena alimentaria.

Tales funciones de control recaen sobre el conjunto de actividades de los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de productos agrícolas y alimentarios, incluyendo las empresas de hostelería y restauración.

Las actuaciones de control tendrán por objeto el examen, comprobación e investigación de las obligaciones impuestas a los operadores de la cadena alimentaria por la Ley, así como la determinación de la comisión de posibles infracciones en materia de contratación alimentaria tipificadas en la misma Ley que pudieran dar lugar al correspondiente procedimiento sancionador. Dichas actuaciones se llevarán a cabo por personal funcionario debidamente acreditado por la autoridad de ejecución, que tendrán la condición de agentes de la autoridad.

El personal funcionario podrá acceder a cualquier local, terreno, instalación o medio de transporte utilizado por las personas operadoras sometidas a control; verificar las existencias de sus almacenes, los productos obtenidos, los procesos que aplican y las
instalaciones, maquinaria y equipos utilizados; acceder a los libros y documentos relativos a la actividad; retener por un plazo máximo de cinco días los libros o documentos mencionados; precintar almacenes, instalaciones, vehículos, libros o documentos y demás bienes de la entidad durante el tiempo y en la medida que sea necesario para llevar a cabo el control; y levantar acta en la que se reflejen las actuaciones realizadas, la información requerida y la obtenida y los hechos constatados, entre otras competencias.

Las actas tendrán el carácter de documento público y, salvo que se acredite lo contrario, harán prueba de los hechos que en ellas se recojan. Asimismo, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución en los procedimientos sancionadores en materia de contratación alimentaria será de seis meses contados a partir de la fecha del acuerdo de incoación. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

La propuesta normativa ha sido sometida a consulta pública entre los días 24 de junio y 10 de julio de 2022, ambos inclusive, sin que se haya recibido aportación alguna de la ciudadanía y organizaciones agrarias.

Aprobada una comisión para consolidar el modelo de planificación estratégica y Dirección por Objetivos de Canarias

El propósito es afianzar y mejorar las capacidades y las bases metodológicas de planificación y gestión basadas en resultados de la organización y ponerlas al servicio del cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda Canaria 2030

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 23 de febrero de 2023, la creación de una comisión de trabajo para la elaboración de un borrador del modelo de referencia de planificación estratégica y Dirección por Objetivos (DPO) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de sus organismos y sociedades mercantiles públicas vinculadas o dependientes.

La Agenda Canaria 2030 insta a las administraciones públicas canarias a avanzar hacia la cultura de la planificación y la implantación de sistemas normalizados de gestión basada en resultados en pro de la eficacia de las políticas públicas, la eficiencia de la asignación de recursos públicos y la efectiva rendición de cuentas.

Esta invitación la hizo suya el Gobierno de Canarias, adoptando, antes incluso de que la Agenda Canaria 2030 viese la luz, un sistema simplificado de DPO. Aprobado por Acuerdo de Gobierno de fecha 3 y 4 de septiembre de 2020, este sistema simplificado implantado en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en sus organismos públicos vinculados o dependientes se ha erigido como una herramienta fundamental en el impulso progresivo de la cultura de la planificación y la gestión basada en resultados, todo ello con el fin último de impulsar los objetivos y metas comprometidos en la Agenda Canaria 2030 y, por esta vía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ese sistema simplificado de DPO formaba parte de una primera fase, la que se cierra durante este 2023 y que ha permitido, entre otras cosas, alinear la agenda de acción política del Gobierno durante el trienio 2021-2023 con las dimensiones, retos, prioridades de actuación y metas de la Agenda Canaria 2030. Un ejercicio cuyo resultado, aún preliminar, puede consultarse desde hoy en la web de la Agenda Canaria 2030, aquí.

Este documento, denominado Plan de Acción 2021-2023 del Gobierno de Canarias. Conjunto de instrumentos de planificación e iniciativas legislativas y normativas para el impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, está siendo objeto de revisión por parte de todos los equipos de trabajo implicados en el proceso con un doble propósito. Por un lado, ofrecer al conjunto de la ciudadanía a finales de marzo o principios de abril próximos una versión mejorada del Plan de Acción 2021-2023, a modo de rendición de cuentas. Segundo, y es posible que más importante, identificar los pasos que deben darse y las cuestiones que hay que mejorar para consolidar este proceso, lo que conecta de forma directa con el acuerdo de Gobierno de hoy.

Superada esta primera fase del sistema simplificado de DPO, y tal y como establece el Acuerdo de Gobierno de 2020, toca ahora avanzar en la definición de un esquema completo de DPO, que deberá desplegarse durante la próxima legislatura y estar perfectamente alineado con la programación presupuestaria y los avances que se están dando en el proyecto de implantación de un sistema de Presupuestación Orientado a Resultados (POR).

En paralelo, y con el objeto de facilitar la puesta en marcha de esta segunda fase en el arranque de la XI Legislatura, en la sesión del Consejo de Gobierno de hoy se ha mandatado la elaboración de un diagnóstico institucional de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, preparatorio del proceso de planificación del periodo 2024-2027. Este informe será elaborado por cada departamento del Gobierno, facilitará información suficiente sobre la situación de partida en clave de recursos y capacidades disponibles y deberá estar concluido antes del 30 de junio de 2023.

En síntesis, la finalidad de ese acuerdo de Gobierno es afianzar las capacidades y bases metodológicas de planificación y gestión basadas en resultados y facilitar la máxima imbricación de las políticas del futuro Gobierno y de todos los organismos vinculados a esa estructura administrativa con las metas y los objetivos definidos en la Agenda Canaria 2030, con independencia de los eventuales cambios que se produzcan en el Ejecutivo de Canarias y en otras entidades públicas dependientes.

Se trata, por lo tanto, de no entorpecer los plazos y las actuaciones previstas en ese programa canario, dirigido a potenciar la sostenibilidad de forma integral en el archipiélago, a través de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU ya adaptados a la realidad de las islas.