La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha informado en comisión parlamentaria de que el Estado ha enviado una carta avisando de que puede ser inconstitucional esa ayuda a las familias más vulnerables
Primero prohibió continuar con la ayuda de cien euros mensuales basándose en la eliminación de las circunstancias especiales que propició la pandemia; y ahora amenaza con considerar inconstitucional la ayuda de 400€ que ha previsto en los presupuestos el Gobierno de Canarias para cualquier perceptor de la Pensión No Contributiva (PNC), la que cobran las familias más vulnerables de las Islas.
Esta ayuda extra se pensó como respuesta a una necesidad de complementar las rentas más bajas, a través de la Renta Canaria de Ciudadanía, debido a la lentitud del Estado en cumplir el mandato del Congreso de modificar la Ley de la Seguridad Social.
“Desde hace dos años”, explicó la consejera en comisión parlamentaria hoy (viernes, 28 de noviembre), “el Gobierno de Canarias ha trabajado con mucha cautela. Sabemos que el límite de ingresos para acceder y mantener una PNC es muy estricto y que, si se supera, la persona puede perder la prestación. Para evitar ese efecto perverso impulsamos un debate en el Congreso de los Diputados para que el Estado reconociera de forma expresa la compatibilidad entre los complementos autonómicos y las pensiones no contributivas del sistema nacional. Esa iniciativa salió adelante y mandató a la Seguridad Social a articular una regulación que impida que una ayuda autonómica descuente o bloquee la pensión”, recordó. Delgado continuó explicando que “en paralelo, hemos trasladado al Estado una propuesta muy concreta: modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que se pueda contemplar el desarrollo de un complemento a las PNC en Canarias, como región ultraperiférica, sin que compute como ingreso; e incluir entre las rentas exentas de cómputo los complementos que puedan establecer las comunidades autónomas”.
La consejera respondió a la pregunta del diputado herreño Raúl Acosta que el fin de este complemento es elevar el nivel de vida de quienes menos tienen. “En nuestra comunidad hay hoy 43.934 pensiones no contributivas de jubilación y discapacidad, 15.931 correspondientes a hombres y 28.003 a mujeres. Hablamos de decenas de miles de personas que viven con ingresos muy ajustados en un territorio insular, con costes de vida más altos y más dificultades de acceso a servicios”.
Canarias es la quinta comunidad autónoma de España en número absoluto de PNC, pese a ser una comunidad de tamaño demográfico medio, lo que da una idea del peso que estas prestaciones tienen en nuestra estructura social y del impacto que tiene cualquier mejora que podamos impulsar.
“Nuestra sorpresa ha sido que esta semana recibimos una carta del Gobierno de España en la que se nos anuncia la posible inconstitucionalidad de esta medida y su intención de bloquear este complemento para las personas más vulnerables de Canarias”, explicó. “A pesar de que no pedimos cheques en blanco ni soluciones milagrosas, parece que la mayor preocupación del Gobierno central es bloquear una ayuda que está en el Proyecto de Ley de Presupuestos para ofrecer una respuesta a quienes más lo necesitan, que no ponga en riesgo la pensión estatal y que, al mismo tiempo, eleve el nivel de vida de las personas que viven exclusivamente de una PNC en Canarias”.
