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Sanidad destinó 5,6 millones de euros a la contratación de emergencia de servicios contra la COVID-19

Entre otros, el control de acceso a los aeropuertos y puertos de Canarias de personas procedentes del resto de España, la cesión temporal de instalaciones para utilizarlas como centros de vacunación o la realización de PDIA

El Consejo de Gobierno fue informado hoy de las contrataciones realizadas por procedimiento de emergencia por la Dirección del Servicio Canario de la Salud para la puesta en marcha y mantenimiento durante 2021 de determinados servicios, necesarios para el control de la pandemia por la COVID-19, que tuvieron un importe total de 5.632.464,79 euros.

Entre ellos figura, por ejemplo, el control de acceso a los aeropuertos y puertos de Canarias de personas procedentes del resto del territorio nacional o la realización de pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) en distintos períodos del año, para evitar la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.

Igualmente, se contrató la cesión temporal de instalaciones y servicios adicionales como centros de vacunación y el traslado del equipamiento necesario desde los almacenes del SCS a los puntos habilitados. Además, se reforzó la línea de información 012 (922 470 012 y 928 301 012) para atender las necesidades del SCS sobre la campaña y la realización del proyecto “Covid-19 experiencia de realidad virtual: respira», entre otras acciones.

Las contrataciones realizadas por el procedimiento de emergencia se ajustaron a los términos de las órdenes de la Consejería de Sanidad nº 931/2020, de 17 de diciembre, y n.º 91/2021, de 15 de febrero.

Autorizados 3M€ para el servicio de lavandería de los hospitales de Gran Canaria y centros sanitarios de La Palma

Se trata de la tercera prórroga del contrato suscrito por el Servicio Canario de Salud

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 17 de febrero, al Servicio Canario de la Salud a realizar un gasto de 3.091.476,10 euros en la prórroga del contrato del servicio de lavandería y lencería de los hospitales de Gran Canarias y de los centros sanitarios de la isla de La Palma.

En concreto, este gasto irá destinado al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, al Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y sus centros dependientes, el Hospital San Roque de Guía y el Juan Carlos I; así como a los centros sanitarios de atención primaria y especializada de la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma.

Se trata de la tercera prórroga del contrato adjudicado por la Dirección General de Recursos Económicos del SCS a la UTE Ilunion Lavanderías de Canarias SAU e Ilunion Bugaderies de Catalunya SAU, el 21 de abril de 2017, con un plazo de vigencia de tres años (del 1 de junio de 2017 al 31 de mayo de 2020) y posibilidad de prórroga de otros tres, hasta un máximo de seis años, prórrogas incluidas.

El 16 de marzo de 2020 y el 9 de marzo de 2021 se aprobaron la primera y segunda prórroga de este contrato, ambas por un período de doce meses y un importe de 3.091.476,10 euros cada una.

La tercera prórroga, cuyo gasto ha sido autorizado hoy, será por idéntico período e importe y se distribuirá a razón de 1.404.449,90 euros en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, 1.309.583,70 euros en el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín y los centros dependientes Hospital San Roque de Guía y Hospital Juan Carlos I; y 377.442,50 euros en la Gerencia de La Palma.

El Servicio Canario de la Salud facturó en enero 4.432.286 recetas, con un gasto medio de 11,65 euros

El gasto en medicamentos y productos dietoterápicos se situó en más de 51 millón y medio de euros

El Consejo de Gobierno fue informado en la sesión de este jueves del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a enero de 2022, mensualidad en la que se emitieron 4.432.286 recetas, un 7,8% más que en el mismo período del año anterior. El gasto total en medicamentos y productos dietoterápicos ascendió a 51.641.284,78 euros.

Por Áreas de Salud, Gran Canaria emitió el pasado mes 1.960.579 recetas; en Tenerife se emitieron 1.870.198; en Lanzarote se recetaron 220.035; en La Palma, 173.588 recetas; en Fuerteventura, 144.397; en La Gomera, 42.082 recetas y, finalmente, en El Hierro, se emitieron en enero de este año 21.407 recetas.

En cuanto al gasto medio por receta se situó en enero en 11,65 euros, sin variación respecto al mismo mes del año anterior.  Solo el Área de Salud de La Gomera superó los 12 euros de gasto medio por receta (12,86 euros), mientras que en el resto de islas este gasto osciló entre los 11,16 euros de gasto medio en Fuerteventura y 11,98 euros en La Palma.

Comunicación al Ministerio de Sanidad

La Administración General del Estado establece que, para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio de Sanidad no incluya la facturación de los productos dietoterápicos. Tampoco se incluye el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

Por tanto, y de acuerdo a estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de enero que se comunica al Ministerio asciende a 49.913.780,43 euros.

El Gobierno canario asume la competencia de evaluación ambiental estratégica de Arrecife

El acuerdo alcanzado se ajusta a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aceptado, en la sesión mantenida hoy en Gran Canaria, la delegación del Ayuntamiento de Arrecife de la competencia para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipal. Además, ha aceptado también asumir la competencia de evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar la corporación municipal de la capital lanzaroteña.

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal. Y añade que los ayuntamientos pueden delegar, en el órgano ambiental autonómico o el órgano ambiental insular, la competencia de evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación municipales.

En ese sentido, el Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de Impulso de los Sectores Primario, Energético, Turístico y Territorial de Canarias, dio nueva redacción a la Ley antes mencionada, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local, y un acuerdo de aceptación por parte del Gobierno de Canarias.

El este caso, el Ayuntamiento de Arrecife justifica la delegación solicitada y aceptada en la carencia de recursos humanos y técnicos suficientes para realizar evaluaciones ambientales por sus propios medios.

 

El Consejo de Gobierno es informado del gasto de 2 millones en Justicia para hacer frente al impacto de la COVID-19

El importe total se debe a obras en locales para juzgados de nueva creación, instalación de sistemas de control del aire y de climatización y ventilación, así como el suministro de redes de telecomunicaciones en edificios judiciales

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy, jueves 17 de febrero, del gasto de 2.077.620,12 euros correspondientes a siete contratos aprobados, por tramitación de emergencia, para la prestación de obras, servicios y suministros en edificios judiciales, con el objetivo de hacer frente al impacto generado por la COVID-19, incluyendo la creación de nuevos Juzgados de lo Social y de lo Mercantil, para la resolución de aquellas materias especialmente derivadas de la crisis sanitaria.

Por esta razón, la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, llevaron a cabo, entre mayo y diciembre de 2021, varios contratos dirigidos a efectuar obras en locales para juzgados de nueva creación, la instalación de sistemas de control de calidad del aire y de climatización y ventilación, y el suministro e instalación de redes y telecomunicaciones Wifi en edificios judiciales.

Por parte de la Viceconsejería de Justicia se aprobaron dos resoluciones. Una, para la ejecución de las obras de acondicionamiento de local destinado a acoger la sede de los juzgados de nueva creación del Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife (804.201,30 euros). La otra, para las actuaciones necesarias, en las instalaciones técnicas (sistemas de climatización y ventilación, sistemas de seguridad y detección de incendios), para completar el acondicionamiento de local para futura sede de los Juzgados de lo Mercantil 1 y 2 de Santa Cruz de Tenerife (685.798,70 euros).

En cuanto a las resoluciones dictadas por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, los expedientes de contratación ascienden a cinco. El primero se refiere a la redacción del proyecto y las correspondientes direcciones de obra del contrato denominado ‘Ejecución de las obras de acondicionamiento de local para futura sede de juzgados de nueva creación del Partido Judicial de Santa Cruz de Tenerife’ (82.623,15 euros).

Hay un segundo relacionado con el suministro e instalación de equipos de tecnología NANOENVI ® IAQ, sistemas de control de calidad del aire interior CO2 y CO (Monóxidos) en edificios judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias (218.725,93 euros).

Un tercero dirigido al suministro de la nueva instalación del sistema de climatización del Edificio Judicial Principal de Puerto del Rosario, en Fuerteventura (88.572,33 euros) y, un cuarto para el suministro e instalación de sistemas de redes y telecomunicaciones Wifi (panel de información de nivel CO2, mecanismo de control aerosoles y ventilación) en edificios judiciales de Gran Canaria y Puerto del Rosario, en Fuerteventura (168.681,59 euros).

Por último, también de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, está la autorización del gasto y adjudicación a una entidad mercantil del servicio de traslado de enseres y documentación a la nueva sede de juzgados de nueva creación del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife (29.017,12 euros).

Tal y como puede observarse en algunos de los expedientes de contratación citados, el objetivo es atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al COVID-19. Para ello, se han tenido en cuenta todas las recomendaciones y medidas de carácter preventivo, organizativas, higiénicas, de obras de acondicionamiento, de climatización y protección que deben adoptarse en el ámbito laboral y en los edificios administrativos para minimizar el riesgo de contagio.

El Gobierno aprueba 5 millones de euros más para Pymes y personas autónomas de La Palma

La partida se suma a los 2,4 millones de euros ya abonados a los negocios que sufrieron pérdidas relevantes a causa de la erupción volcánica

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy la ampliación de la partida presupuestaria destinada a compensar a las Pequeñas y Medianas Empresas y a las trabajadoras y trabajadores autónomos de la isla de La Palma por las pérdidas que les ha ocasionado la erupción volcánica.

Ya el año pasado, el Gobierno autonómico tramitó unas primeras ayudas para las personas que habían perdido o tenido que cerrar sus negocios. Esas ayudas supusieron el pago de 2,4 millones de euros, en dos convocatorias abonadas en los meses de diciembre y enero, a través de la Dirección General de Promoción Económica, que permitieron compensar a 177 damnificados y damnificadas.

Con la aportación aprobada hoy, sumada a las remesas anteriores, el Gobierno prevé llegar a entre 350 y 400 empresas en total, que serían todas las que vieron sus negocios devastados, dañados o cerrados por la lava.

Además, el Ejecutivo recuerda que las bases de este crédito, que tiene carácter ampliable, incluyen la posibilidad de volver a recibir la ayuda, en el caso de que transcurran tres meses desde el primer cobro sin que se haya podido recuperar la normalidad del negocio.

El Gobierno de Canarias trabaja para lograr que todas las ayudas que se puedan poner a disposición del tejido productivo palmero lleguen a materializarse. En consecuencia, el Consejo de Gobierno entendió que era necesario ampliar esta partida concreta, ahora que llega el momento de impulsar la reconstrucción, para la que muchos negocios en la isla parten en condiciones desventajosas.

Por eso, las solicitudes para el cobro de las ayudas no han parado de tramitarse a través del Registro de Personas Afectadas y se seguirán recogiendo, tramitando, subsanando de ser necesario y posible, y concediendo durante todo el año, mientras duren las causas que motivaron la puesta en marcha de esta línea de ayudas.

Una línea de ayudas, cuyo requisito de acceso fundamental es haber sufrido la paralización total y continuada de la actividad económica o profesional desarrollada en infraestructuras afectadas por la erupción volcánica, ya sea como consecuencia de la pérdida total del establecimiento o por otras circunstancias sobrevenidas que hayan impedido el normal desarrollo del negocio: corte de los accesos al municipio, pérdida de suministros básicos, cierre del espacio marítimo o confinamiento de la población, entre otras cuestiones, con la consiguiente pérdida total de ingresos propios de la actividad empresarial.

El Gobierno establece una desescalada en las medidas de cada nivel de alerta flexibilizando los horarios y aforos

El Gobierno establece una desescalada en las medidas de cada nivel de alerta flexibilizando los horarios y aforos

El informe de la Dirección General de Salud Pública mantiene a todas las islas en el mismo nivel en el que se encontraban hasta ahora al mantenerse los indicadores de capacidad asistencial en riesgo alto o muy alto

A pesar de que la presión asistencial continúa en valores elevados, el descenso continuado de casos diarios permite aplicar a cada isla las medidas establecidas para el nivel inmediatamente inferior

La Incidencia Acumulada a 7 días ha descendido desde el día de pico máximo, el 14 de enero,  un 83,6 por ciento con una tendencia favorable aunque aún se mantiene en riesgo alto o muy alto

El Consejo de Gobierno de Canarias en su sesión ordinaria celebrada este jueves, día 10 de febrero, acordó continuar con la desescalada moderada y progresiva de las restricciones ante el descenso continuado de la incidencia acumulada de esta sexta ola de la pandemia de la COVID-1. La medida aprobada, que se adopta tras evaluar el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, contempla flexibilizar las restricciones de cada nivel de alerta sanitaria, de modo que a cada isla se le aplicarán las medidas en vigor correspondientes al nivel de alerta anterior al que se encuentre el territorio en cuestión.

Esta medida será de aplicación desde las 00:00 horas del 11 de febrero de 2022 hasta las 24 horas del 10 de marzo de 2022, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga en función de la situación epidemiológica.

El Consejo de Gobierno insiste en la importancia de continuar manteniendo la cautela ante la variante Omicron y la presión asistencial que esta sexta ola ha provocado sobre el sistema sanitario del Archipiélago, que mantiene a todas las islas en el nivel de alerta sanitaria en el que se encuentran. El informe de la Dirección General de Salud Pública mantiene los niveles al continuar la capacidad asistencial en riesgo alto o muy alto en todas las islas a pesar de la reducción del número de casos diarios. Si bien la incidencia acumulada desde el 14 de enero ha experimentado un descenso continuado en el número de casos, con una reducción del 83,6 por ciento a 7 días; fue tal alta la transmisibilidad alcanzada que también esos indicadores continúán aún en riesgo alto.

No obstante, ese descenso continuado de la incidenica acumulada que se ha producido en las últimas semanas permite flexibiliar las medidas acordes a la situación epidemiológica actual.

Esta medida se acuerda a la vista de la evolución favorable de los indicadores epidemiológicos, y en aplicación de lo previsto en el artículo 22.4 del Decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de COVID-19 en Canarias, establece que “La autoridad sanitaria autonómica podrá acordar, de forma motivada, la aplicación de un nivel de alerta inferior al aplicable en un ámbito territorial determinado en función de su concreta situación epidemiológica, siempre que no se pongan en riesgo los intereses generales de intervención sanitaria contra la pandemia de COVID-19 y la preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud”.

Desescalada y flexibilización

El acuerdo tomado hoy supone, de facto, la suspensión de las medidas restrictivas que se aplicaban a las islas en nivel de alerta 4, entrando en vigor las medidas del nivel de alerta 3. Del mismo modo, a las islas que se encuentren en nivel 3, se le aplicarán las medidas del nivel 2 y las que pasen en las siguientes revisiones al nivel 2, se beneficarián de las del nivel 1. Cuando haya islas en nivel 1, se le aplicarán las propias de ese nivel.

La flexibilización de medidas a un nivel inferior al establecido en cada isla afecta a todas las actividades y establecimientos sujetos a limitaciones por la pandemia. De este modo, se establece que los grupos de personas en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre, deberán ser, como máximo, de 12 personas, salvo convivientes, en los niveles de alerta 1 y 2; de ocho personas, salvo convivientes, en nivel de alerta 3, y de seis personas, salvo convivientes, en el nivel de alerta 4.

En cuanto a los horarios de cierre en establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre o tuvieran fijado uno superior, los horarios máximos autorizados son los del nivel anterior al correspondiente en cada isla. Por tanto, quedan del siguiente modo: cierre a las 04.00 horas en nivel de alerta 1 y 2; a las 03.00 horas en nivel de alerta 3, y a las 02.00 horas en nivel de alerta 4.

En lo referente a establecimientos y actividades de hostelería y restauración, en nivel 1 y 2 el aforo será del 100% al aire libre y del 75% en interiores, las mesas podrán ser ocupadas por un máximo de 12 personas y la hora máxima de cierre del local se establece a las 04.00 horas; en nivel de alerta 3 el aforo será de 75% al aire libre y del 50% en interiores, las mesas serán ocupadas por 8 personas como máximo y el cierre será antes de las 03.00 horas; y, por último, en nivel de alerta 4 el aforo será del 75% en terrazas y del 40% en interiores, las mesas serán ocupadas por 6 personas como máximo y la hora límite de cierre del establecimiento será la 02.00 horas.

Modificaciones en el ámbito deportivo y cultural

En cuanto al ámbito deportivo y cultural, dado el descenso continuado de casos, se aplicarán los límites de aforo máximo  del 85% para eventos en recintos abiertos y del 75% para eventos en recintos cerrados, respetando las medidas no farmacológicas de protección frente a la COVID-19.

Estos límites afectan a las competiciones deportivas de la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga de la Asociación de Clubs de Baloncesto (ACB), así como de otros eventos deportivos multitudinarios, tal como se acordó esta semana en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en cuyo acuredo se recoge que los asistentes a los eventos serán preferentemente personas abonadas y público local. Los entrenamientos se realizarán preferentemente sin público y, en todo caso, con los límites de aforo máximo establecidos anteriormente y bajo las normas de cumplimiento referentes a la organización de los accesos, sectorización y movimiento de los asistentes.

En cuanto al ámbito cultural, los aforos máximo para la actividad cultural en el conjunto de los niveles, con independencia de que tenga o no la consideración de evento multitudinario, serán los siguientes:

  • La actividad que se realice en locales y establecimientos culturales y artísticos cerrados cuya actividad ordinaria sea cultural, el aforo máximo permitido será del 75%.
  • La actividad que se realice en espacios públicos acotados al aire libre, tales como plazas, parques o instalaciones deportivas, el aforo máximo permitido será del 85%.

Sanidad Mortuoria

El consejo de Gobierno también fue informado en su sesión de hoy de la revocación de la Orden de 20 de marzo de 2020, de Sanidad Mortuoria, dictada al principio de la pandemia, por la que se preveía la posibilidad de inhumación o incineración de las personas fallecidas con COVID antes de las 24 horas de su fallecimiento y prohibía el velatorio y cualquier intervención de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver.

La evidencia científica, tras los dos años de pandemia, permite tratar y asistir el fallecimiento de pacientes con COVID como el de cualquier otro deceso que tenga lugar por otra enfermedad cualquiera con el correspondiente velatorio bajo las normas generales vigentes para este tipo de actividades.

Todas las islas mantienen sus niveles actuales de alerta sanitaria

Todas las islas mantienen sus niveles actuales de alerta sanitaria

Tenerife y Gran Canaria continúan en nivel de alerta 4; La Palma, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y Lanzarote en nivel 3

Aunque la incidencia acumulada en la última semana desciende un 33,7%, el porcentaje de ocupación hospitalaria continúa en riesgo muy alto en Gran Canaria; en Tenerife en riesgo alto; en Fuerteventura, La Gomera y El Hierro en riesgo medio; y en Lanzarote y La Palma en riesgo bajo, lo que mantiene a todas las islas en el mismo nivel de alerta en el que se encontraban

La Consejería de Sanidad ha actualizado hoy los niveles de alerta sanitaria tras el informe epidemiológico de la Dirección General de Salud Pública con datos consolidados a 9 de febrero. El informe especifica la evolución de los indicadores sanitarios por COVID-19, que mantiene a todas las islas en sus actuales niveles de alerta. Esto supone que Tenerife y Gran Canaria continúan en nivel de alerta 4; y La Palma, Fuerteventura, El Hierro, La Gomera y Lanzarote (donde epidemiológicamente se incluye La Graciosa) siguen en nivel 3.

En el conjunto de la Comunidad Autónoma, entre el día 1 y el 7 de febrero, se notificaron 6.230 casos nuevos de COVID-19, lo que supone una reducción en torno al 33,7% en el promedio diario de nuevos casos en relación con la semana anterior. Datos que responden al descenso del 33,7% de la Incidencia Acumulada (IA) a 7 días en Canarias. De un promedio semanal de 432,1 casos por 100.000 habitantes, se pasó a 286,3 casos esta semana.

Todas las islas se encuentran en nivel de riesgo muy alto en este indicador, salvo Tenerife y Lanzarote que descienden a nivel de riesgo alto.

En la IA a 7 días en personas de más de 65 años y en la IA a 14 días todas las islas se encuentran en riesgo muy alto, si bien en ambos indicadores se registran descensos en el conjunto del Archipiélago del 38,6% y 52,3%, respectivamente. El Hierro es la única isla que registra un ascenso en el indicador de IA a 7 días para personas de más de 65 años, que aumenta un 15%.

Indicadores asistenciales

En cuanto a los indicadores asistenciales, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas desciende un 16,4% con respecto a la semana anterior y con un 14,2% de ocupación promedio, se sitúa en riesgo alto. El porcentaje de ocupación en Gran Canaria está en nivel de riesgo muy alto; en Tenerife en riesgo alto; Fuerteventura, La Gomera y El Hierro en riesgo medio; y Lanzarote y La Palma en riesgo bajo.

El número de camas UCI ocupadas mantiene la tendencia ascendente, aumentando un 10,2 por ciento respecto a la evaluación anterior. El porcentaje de ocupación en el conjunto del Archipiélago es del 20%. Tenerife está en nivel de riesgo muy alto, Gran Canaria y Fuerteventura se sitúa en nivel de riesgo alto, mientras que el resto de las islas se sitúan en circulación controlada.

Mediana de edad

La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 30 días es de 73 años y de 66 años en los ingresados en UCI, mientras que la mediana de edad de los fallecidos en los últimos 30 días es de 82 años, con un rango que abarca de los 37 a los 99 años.

El 59,3% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante los últimos 30 días no había recibido la pauta de vacunación completa, un porcentaje alto si tenemos en cuenta que sólo el 18,21 por ciento de la población mayor de 5 años aún no se ha vacunado.

El Consejo recibe información de los convenios suscritos por Administraciones Públicas con corporaciones locales

Los acuerdos abarcan materias como seguridad y emergencias, procesos de selección a los cuerpos de Policía Local y el uso compartido de listas de reservas de personal interino y temporal

El Consejo de Gobierno de Canarias ha sido informado este jueves, 10 de febrero, de varios acuerdos suscritos por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con las corporaciones locales de Canarias en el cuarto trimestre de 2021. En concreto, en dicho período el departamento que dirige Julio Pérez firmó cinco convenios y 23 adendas de adhesión a diversos conciertos de colaboración.

Estos acuerdos y adendas se suscribieron para el acceso a la Red de Emergencia y Seguridad de Canarias (RESCAN), para la delegación de competencias en procesos de selección para la incorporación a los cuerpos de la Policía Local y para el uso compartido de listas de reservas en el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como en la contratación de personal laboral temporal.

En cuanto a los convenios de cooperación para el acceso a la RESCAN, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribió tres acuerdos con los ayuntamientos de Garafía, Fuencaliente y Haría. Los otros dos convenios fueron firmados con las corporaciones locales de La Frontera y Guía de Isora para la colaboración entre el Cuerpo General de la Policía Canaria y el Cuerpo de la Policía Local.

De las 23 adendas, se formalizaron las adhesiones al Convenio Marco de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y los ayuntamientos de Teguise, Puntallana, Agulo, Puerto de la Cruz, Tejeda, Buenavista del Norte, Tuineje, Arrecife , Valsequillo, El Pinar, Moya, Candelaria, Tazacorte y San Miguel de Abona, así como el Cabildo de Tenerife, para el uso compartido de listas de reservas para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal.

Durante el cuarto trimestre de 2021, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribió con los ayuntamientos de El Sauzal, Teguise, Tacoronte, Tegueste, Tías, Icod de los Vinos, Haría y Tijarafe adendas de adhesión al Convenio de Cooperación entre la Administración Pública canaria y la Federación Canaria de Municipios por la que se instrumenta la delegación de las competencias de los municipios de Canarias en los procesos de selección para el acceso a los cuerpos de la Policía Local.

El Gobierno aprueba el nombramiento de dos vocales del Consejo Social de la ULPGC

Se trata de Rafael Pérez Jiménez, en representación del profesorado, y de Nerea García García, del sector estudiantil

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 10 de febrero, el decreto de nombramiento de dos vocales del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como representantes de la comunidad universitaria por los sectores del profesorado y del estudiantado.

A propuesta de la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas y del Consejo de Gobierno de la ULPGC, se nombra a Rafael Pérez Jiménez en representación del sector del profesorado, y a Nerea García García, por el estudiantil. Asimismo, el Gobierno ha declarado el cese como vocal por el alumnado de Ada Santana Aguilera.