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El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley que regulará la Renta de Ciudadanía de Canarias

El Consejo de Gobierno aprueba el proyecto de ley que regulará la Renta de Ciudadanía de Canarias

El documento será ahora remitido al Parlamento para su debatey aprobación definitiva

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la PCI y equiparael Archipiélago al resto de comunidades autónomas en la concesión de una renta garantizada

El proyecto contempla tres modalidades de renta ciudadana que se irán implantando progresivamente y un incremento de las cuantías

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy jueves, 10 de febrero, en Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley de Renta de Ciudadanía de Canarias, paso previo para su remisión y aprobación en sede parlamentaria.

La Ley de Renta de Ciudadanía tiene por objeto regular el derecho a la renta de ciudadanía como prestación económica de percepción periódica. Por tanto, reconoce el derecho a las prestaciones económicas que aseguren la cobertura de las necesidades básicas a la unidad de convivencia que carezca de recursos económicos suficientes para atender dichas necesidades.

Además, regula el derecho a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, con la finalidad de prevenir y atender a las personas en situación de exclusión o vulnerabilidad social.

La entrada en vigor de la Renta de Ciudadanía supone un cambio de modelo con respecto a la Prestación Canaria de Inserción (PCI). De hecho, no solo equipara al Archipiélago al resto de comunidades autónomas en tener una renta garantizada, sino que mejora las cuantías que recibirán las personas beneficiarias con respecto a la PCI, estableciendo la misma cuantía de base que el Ingreso Mínimo Vital (IMV), más elevada que la actual PCI.

El proyecto de Ley contempla que la Renta de Ciudadanía complemente al IMV, en caso de que este no ofrezca la cuantía completa, y en función de las otras fuentes de ingresos de las familias. De esta forma, se aumentan las cuantías, lo que permitirá mejorar la acción protectora sobre la población que más lo necesita, además de ampliar la cobertura incrementando la protección a las familias que pueden acogerse a ella.

Hay que recordar que la renta de ciudadanía se concibe como un derecho subjetivo que se instrumenta a través de una prestación económica que se percibirá de forma ininterrumpida mientras persistan las circunstancias que motiven su concesión y, en su caso, a través de un proceso de inclusión social, destinado a corregir situaciones de necesidad relacionadas con la falta de medios de subsistencia, para combatir la exclusión y la vulnerabilidad social.

De esta forma, constituye una prestación reglada de naturaleza económica, otorgada a la unidad de convivencia, nominativa e intransferible.

El anteproyecto contempla la simplificación de los trámites administrativos, eliminando procedimientos como las renovaciones, que serán sustituidas por revisiones periódicas, y por la comunicación de cambios de circunstancias por parte de las familias en los servicios sociales municipales, para evitar periodos sin cobrar de las familias.

Tres modalidades de renta

Según establece la futura Ley, serán titulares de este derecho todas las personas con residencia efectiva en Canarias que se encuentren en situación de exclusión social o vulnerabilidad social y que cumplan los requisitos recogidos en el proyecto de Ley.

Las personas beneficiarias de la renta de ciudadanía serán tanto la persona titular como aquellas personas que compongan la unidad de convivencia.

Además, el anteproyecto de ley contempla tres modalidades diferenciadas en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia que se irán implantando de forma progresiva: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, que será la primera en implantarse; la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

También se reconocen a tres complementos (vivienda, educación y pensiones no contributivas) que se desarrollarán a través de un reglamento específico.

El Gobierno se persona en los recursos de inconstitucionalidad presentados por VOX

El Ejecutivo considera que los recursos buscan perjudicar el control sanitario y la recuperación económica, así como evitar los avances en derechos y libertades de una norma aprobada por unanimidad y a instancia de los grupos LGTBI+

El Consejo de Gobierno celebrado hoy en la sede de la Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido que el Ejecutivo autonómico se persone en los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados de VOX en el Congreso contra el decreto COVID aprobado por Canarias en noviembre de 2021 y, además, contra diversos preceptos de la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales (Ley 2/2021), respaldada por el Parlamento isleño por unanimidad el pasado 26 de mayo y publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 7 de junio.

El Gobierno de Canarias no sólo se reafirma en los contenidos del decreto que fija el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas de control y gestión en las Islas, sino que considera que el recurso de VOX sólo pretende obstaculizar la lucha contra la pandemia y, así, perjudicar a la economía y la sociedad isleña, ya que sin control sanitario no puede haber recuperación socioeconómica.

Asimismo, la personación en el recurso contra la Ley de Igualdad Social, una de las más avanzadas, pioneras y consensuadas con los colectivos LGTBI+ del país, se debe a que la única intención de VOX pasa por frenar los avances en derechos e igualdad logrados en el país y en la Comunidad, aparte de que se trata de una norma aprobada a instancia de esos grupos y que salió por unanimidad del Parlamento de Canarias, la mejor prueba de su legitimidad, con los votos del PSOE, CC-PNC, PP, NC, Sí Podemos Canarias, ASG y Cs.

Entre otros avances, esta norma establece que, para acreditar la identidad de género, basta con que la persona interesada manifieste expresamente su identificación como mujer, hombre o persona no binaria sin necesidad de informes psicológicos o médicos. También se fijan sanciones de hasta 45.000 euros en casos muy graves de agresión o acoso.

Ampliados al suelo rústico los beneficios fiscales para la reconstrucción de viviendas afectadas en La Palma

El Ejecutivo aprueba una norma que adapta las medidas tributarias ya en vigor a lo previsto en el decreto-ley para la reparación de los daños urbanísticos aprobado el 20 de enero

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy un decreto-ley que adapta las medidas tributarias excepcionales ya en vigor a lo que establece otro, del 20 de enero, en materia urbanística y de construcción de viviendas habituales afectadas por la erupción en La Palma  De este modo, el Ejecutivo extiende los beneficios fiscales que estaban vigentes para las actuaciones en suelo urbano a aquellas que se ejecuten también en suelo rústico.

La norma aprobada hoy se aplicará, como las anteriores, a la transmisión onerosa o gratuita de parcelas situadas en los términos municipales de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Se aplicará el tipo cero a las transmisiones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, siempre que las parcelas sean destinadas a la construcción de viviendas habituales en situación legal o asimilada a la misma en sustitución de las destruidas por la erupción del volcán. El adquirente de la parcela y el promotor de las obras de construcción deben ser la misma persona física.

Las obras de construcción deben comenzar en el plazo de un año desde la fecha en la que el Pleno del Ayuntamiento en el que se ubique la parcela donde se pretende ejecutar la construcción adopte el acuerdo de autorización y deben concluir en dos años desde el inicio de las obras.

Asimismo, se bonificará en un 100 por cien la cuota tributaria a la donación de las parcelas destinadas a los citados fines y se aplicará el tipo 0 del IGIC a las ejecuciones de construcción de obra.

El decreto en materia urbanística aprobado el pasado 20 de enero, cuyo ámbito territorial son los términos municipales afectados por ese proceso eruptivo y sus coladas, tiene como último objetivo la reconstrucción de inmuebles destinados a vivienda y, además, su rehabilitación.

El texto define los conceptos que sirven de base a la regulación de la norma: vivienda habitual, vivienda legal y vivienda asimilada a la situación de legalidad. En cuanto a las situaciones urbanísticas en que podían encontrarse las edificaciones destruidas, se distingue entre las de legalidad y las asimiladas a la primera, que comprenden las situaciones de consolidación, afectación por actuación pública y fuera de ordenación, conforme a los conceptos legales contenidos en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La reconstrucción podrá ejecutarse en cualquier parcela que esté clasificada como suelo urbano, suelo rústico de asentamiento, suelo rústico común, suelo rústico de protección agraria y suelo rústico de protección paisajística. Se excluyen los espacios naturales protegidos, los incluidos en la Red Natura 2000, las parcelas destinadas a dominio público y las que puedan resultar afectadas por riesgos de cualquier naturaleza, según el Plan Insular de Ordenación o el Plan de Gestión de Inundaciones.

El Gobierno de Canarias destina 484.625 euros a recursos del ‘Arca de Noé’ en Fuerteventura, La Palma y La Gomera

Este programa tiene como finalidad posibilitar el aislamiento o cuarentena de personas que lo tengan indicado por razón de la COVID-19 y presenten dificultad para su cumplimiento

El Consejo de Gobierno ha dado hoy el visto bueno a las contrataciones realizadas por el procedimiento de emergencia en las Áreas de Salud de Fuerteventura, La Palma y La Gomera de servicios de transporte y de alojamiento de corta estancia destinados a personas positivas en COVID-19 o que han sido contactos estrechos, por un importe total de 484.625 euros.

Las contrataciones, que se realizaron dentro del proyecto del Servicio Canario de la Salud Arca de Noé, consistieron en la puesta a disposición de alojamientos de corta duración en el Área de Salud de Fuerteventura, por importe de 482.784 euros, y en el Área de Salud de La Palma, por importe de 980 euros, a personas migrantes o socialmente vulnerables que presentaban dificultades para cumplir los períodos de cuarentena. En el Área de Salud de La Gomera se contrató un servicio de transporte de personas migrantes por importe 856 euros.

El proyecto Arca de Noé fue puesto en marcha en octubre de 2020 para garantizar que personas socialmente vulnerables y migrantes puedan realizar con garantías los períodos de aislamiento o cuarentena prescritos por ser casos positivos en COVID-19, sospechosos o contactos estrechos de un positivo.

Igualmente, está destinado a personal sanitario con diagnóstico, sospecha o contacto de COVID-19 o con alto nivel de exposición laboral al contagio, con independencia de que deban realizar aislamiento o cuarentena.

De esta manera se evita la propagación del virus como consecuencia de nuevos contagios, el uso de recursos sanitarios sin que existan motivos asistenciales que lo justifiquen y la reducción de la presión hospitalaria.

El Gobierno aprueba un incremento de las ayudas a los canarios en Venezuela

El Consejo autoriza una ampliación de 82.780 euros en el seguro médico de isleños residentes en ese país, cifra que se une a los 501.661 extras entregados en Navidadpara los programas de alimentos y medicamentos

Durante 2021, el presupuesto para estas subvenciones se elevó hasta los 1,95 millones para afrontar con más garantías la difícil situación de las 57.286 personas que,según los datos de enero de 2020, se acogen a esos programas

El Consejo de Gobierno celebrado hoy en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado una transferencia de crédito por valor de 82.780 euros que refuerza la política de incremento de las ayudas a los canarios residentes en Venezuela desarrollada durante esta legislatura.

La medida, impulsada por la Viceconsejería de Acción Exterior, aumenta la dotación del seguro médico de canarios o descendientes de isleños residentes en el país hermano y se dirige a los colectivos del tejido asociativo que atienden las necesidades básicas de los sectores más desfavorecidos de la población en estos momentos de crisis.

La transferencia la efectúa la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y se une a la recarga extraordinaria de las tarjetas de alimentos y medicamentos de canarios en Venezuela efectuada en diciembre pasado, con motivo de las fiestas de Navidad. En esa ocasión, la cantidad añadida fue de 501.661 euros, lo que intensificó la campaña de incremento de las partidas en apoyo a los canarios en el país caribeño, tal y como prueba el hecho de que el presupuesto para este ámbito pasó de 1,5 a 1,95 millones (un 23% más) del año 2020 al 2021.

Esos 1,95 millones del presupuesto global han permitido afrontar con más garantías la difícil situación de las 57.286 personas que, según los datos oficiales de enero de 2020, se acogían a estos programas, reforzando la subida que ya se produjo en 2020 respecto a las partidas de 2019. Esta apuesta posibilitó la incorporación, durante 2021, de 725 canarios como beneficiarios de las ayudas sanitarias a través de la Fundación España Salud, pasando de 845 a 1.570.

En el caso de las de medicamentos, las cifras barajadas se elevan de los 1.800 beneficiarios en 2020 a los 2.240 el año 2021, lo que implica 440 personas más, mientras que, en lo que respecta al programa de alimentos (para diversos grupos de edad), el alza permitió llegar hasta 3.365 personas, lo que supone 365 más que las 3.000 de 2020.

El refuerzo de las tarjetas de alimentos y medicamentos realizado en diciembre pasado se confirmó el día 10 de ese mes, cuando el Consejo de Gobierno decide añadir una cantidad suplementaria de 469.774 euros, tras tramitarse un expediente de modificación de crédito.

A esa cantidad se añadió un remanente de 31.887 euros y se alcanzaron los citados 501.661 para una acción que comenzó a ejecutarse en 2020 y que no tenía precedente hasta entonces.

Ese aumento permitió recargar un total de 3.365 tarjetas de alimentos, a razón de 102,73 euros por cada beneficiario, lo que contrasta con los 16,17 euros mensuales del resto del año. Asimismo, se incrementó la cuantía de 1.564 tarjetas de medicamentos por un importe de 99,6 euros por cada canario en Venezuela acogido a este programa de ayudas, frente a los 17,17 habituales de cada mes.

En 2020, estas ayudas contaron con una partida inicial de 200.000 euros para medicamentos y 600.000 para alimentos. A finales de año, y con otra modificación de crédito, se añadieron 353.000 euros, hasta un total de 1,153 millones. Por el contrario, en 2021 se dispuso de entrada de 250.000 euros para productos de salud y 700.000 para comida. Sin embargo, ese cambio de crédito de 469.774 euros y el remanente de 31.887 permitieron este dinero extra para dos de los programas estrella de Acción Exterior.

El viceconsejero insiste en que estos incrementos sólo confirman “la sensibilidad del Gobierno de Canarias hacia los emigrantes isleños y sus descendientes en Venezuela, que cada vez se les hace más difícil sobrevivir por la situación económica por la que atraviesa el país centroamericano, agravada, encima, por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19”.

El Gobierno duplica la dotación anual para las becas de posdoctorado ‘Catalina Ruiz’

El Consejo acordó destinar 680.000 euros al año, hasta 2024, al programa para becas de posdoctorado de la ACIISI, con lo que la convocatoria superará los 2 millones de euros

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó este jueves, 10 de febrero, el gasto plurianual de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, con el fin de dar cobertura a la concesión de subvenciones del programa de ayudas ‘Catalina Ruiz’ por importe total de 2.040.000 euros.

En 2021, la dotación del programa, financiado con fondos propios de la Comunidad Autónoma, fue de 368.000 euros: menos de la mitad de la cifra aprobada hoy para cada año. En el ejercicio, pasado, cuando este programa comenzó a andar, se pudo becar a diez personas recién doctoradas.

Ahora, la inversión de nuevos fondos va a permitir elevar esa cifra hasta las diecisiete personas, con una iniciativa que ayuda a formar en el exterior a jóvenes investigadores e investigadoras, para después consolidar su formación en el Archipiélago, con la transferencia de lo aprendido a las entidades de investigación colaboradoras.

En concreto, en el desarrollo de las becas ‘Catalina Ruiz’, las ayudas van destinadas a la formalización de un contrato laboral entre las personas que han terminado su doctorado recientemente y la entidad beneficiaria, durante tres anualidades, a contar desde la fecha de firma del contrato.

Los dos primeros años realizarán una estancia posdoctoral en un centro de I+D de excelencia internacional. Una vez finalizado este periodo, se incorporarán durante un año al centro investigador de referencia en las islas con el que hayan establecido su relación laboral, donde seguirán desarrollando sus proyectos, al tiempo que actúan como enlace entre las investigaciones en las que hayan participado en el extranjero y las que se efectúan en las Islas.

De esta manera, el Gobierno de Canarias potencia la retención, recuperación y atracción del talento para la investigación de Excelencia en Innovación y Desarrollo, a través de la ACIISI.

El programa ‘Catalina Ruiz’ recibe el nombre de una mujer que ha sido referente en el ámbito científico internacional y un ejemplo a seguir por las mujeres investigadoras. De ella, destaca además de su constancia para lograr una Canarias comprometida con la igualdad, el desarrollo de su carrera como catedrática de Física Aplicada de la Universidad de La Laguna (ULL) y como Premio Canarias de Investigación e Innovación 2017. En la convocatoria 2021 -la primera del programa de becas que lleva su nombre- el 60 por ciento de los expedientes concedidos fue a mujeres.

El Gobierno revoca la obligatoriedad del certificado en niveles 3 y 4 y lo activa voluntario en todos los niveles

Consejo de Gobierno de Canarias

Ante la reducción sostenida de la Incidencia Acumulada a 7 y 14 días, se acuerda tomar medidas de desescalada progresivas, adaptables y proporcionadas mediante el uso del certificado covid voluntario

Para ello, se solicitará al TSJC la prórroga de la orden del consejero sobre el uso voluntario del documento, por el que los establecimientos que lo apliquen podrán acogerse a las restricciones en vigor en el nivel de alerta inferior al que se encuentren

En esta coyuntura, se acuerda flexibilizar los horarios de cierre, recurriendo a los establecidos antes del incremento de casos de la sexta ola

El Consejo de Gobierno de Canarias, en la sesión ordinaria celebrada este jueves, día 3 de febrero, ratificó la orden del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, por la que, ante el descenso pronunciado de la Incidencia Acumulada experimentado en las últimas semanas, se revoca el uso obligatorio del certificado COVID en las islas que se encuentren en los niveles de alerta 3 y 4. De esta forma, el uso de este documento pasaría a ser voluntario en todos los niveles de alerta.

En este sentido, el Consejo de Gobierno aprueba emprender una desescalada progresiva de las medidas, manteniendo la cautela ante la presión asistencial, que continúa en riesgo alto y muy alto aún. Vigilantes con evolución de la situación epidemiológica del Archipiélago, se acuerda por tanto flexibilizar algunas medidas temporales y extraordinarias que se pusieron en marcha en momentos de acusado aumento de los contagios por SARS-CoV-2.

La orden ratificada hoy, que se publicará mañana, viernes, en el BOC, deja sin efecto la obligatoriedad del uso del certificado COVID en las islas en niveles de alerta 3 y 4, medida que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y que estaba en vigor hasta el 24 de febrero, tras ratificarse una prórroga el pasado 21 de enero. Esta revocación del certificado obligatorio activa el uso del certificado covid voluntario en todas las islas independientemente del nivel en el que se encuentren.

Ratificación del certificado COVID voluntario

Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó solicitar al TSJC la prórroga por un mes más de la orden del consejero de Sanidad relativa al uso voluntario de este certificado, que pasaría a estar en vigor en todas las islas, independientemente del nivel de alerta en el que se encuentre cada una de ellas. El certificado COVID voluntario continúa vigente hasta el próximo día 9 de febrero, por lo que la prórroga se extendería hasta el 9 de marzo.

Flexibilización de horarios

Por otro lado, el Gobierno de Canarias aprobó flexibilizar los horarios de cierre de todos los establecimientos y actividades que con anterioridad a la pandemia no tuvieran fijado un horario de cierre en las islas que se encuentren en los niveles de alerta 1, 2 y 3, puesto que el del nivel 4 se mantiene con el mismo horario.

Hasta ahora, en el nivel de alerta 1 el horario de cierre se fijaba en las 3.00 horas y a partir de mañana se establecerá a las 4.00; en nivel de alerta 2 pasa de las 2.00 a las 3.00 horas, y en el nivel 3, que hasta ahora estaba establecido el cierre a la 1.00 pasa a las 2.00.

En en el nivel de alerta 4, el horario de cierre de estos establecimientos y actividades se mantiene, como hasta ahora, en las 00.00 horas.

En el caso de que el TSJC ratifique la prórroga del uso voluntario del certificado COVID, aquellos establecimientos que soliciten la presentación de este documento podrán acogerse a las restricciones en cuanto horario vigentes en el nivel de alerta inferior al que se encuentre su isla.

El Gobierno aprueba un Plan para evitar el fraude en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción

La Comisión Europea obliga a la elaboración de documentos de este tipo para garantizar que los recursos del MMR se utilicen correctamente

El Plan contiene medidas específicas para la prevención, detección, corrección y persecución del fraude

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy -a propuesta de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad- un Plan Marco de Medidas Antifraude para garantizar que los fondos del Mecanismo europeo de Reconstrucción y Resiliencia (MRR) se utilicen adecuadamente.  El documento se aplicará a todos los departamentos autonómicos y personal que gestionan fondos del citado instrumento.

El acuerdo obedece al mandato de la Comisión Europea para que toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en los planes nacionales de Recuperación disponga de un plan antifraude que permita “garantizar y declarar”, en su respectivo ámbito de actuación, que los fondos se han utilizado de conformidad con las normas aplicables en lo referido a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

El documento aprobado hoy por el Gobierno incluye cuatro tipos diferentes de medidas: de prevención, de detección, de corrección y de persecución.

Entre las primeras, se encuentra la creación de unidades específicas para la prevención del fraude en los departamentos de la Administración autonómica, que deberán llevar a cabo funciones como las evaluaciones periódicas del riesgo, la gestión del canal de denuncias interno o la verificación del cumplimiento de la normativa. También está previsto el desarrollo de mecanismos adecuados de evaluación del riesgo para todas las medidas gestionadas, en busca de las partes del proceso más susceptibles de sufrir fraude, y controlarlas especialmente. Se atenderá particularmente la identificación de medidas que son más susceptibles del fraude, como pueden ser aquellas con alta intensidad, alto presupuesto o muchos requisitos a justificar por el solicitante; y se realizará un análisis de datos, dentro de los límites relativos a la protección de los mismos, que permitan detectar posibles situaciones de alto riesgo incluso antes de la concesión de los fondos.

En cuanto a las medidas de detección, se incluirán herramientas que permitan el uso de bases de datos de subvenciones y de puntuación de riesgo, o el desarrollo de indicadores de fraude y comunicación de los mismos al personal en posición de detectarlos.

Las medidas relativas a la corrección del fraude parten de la premisa de que la detección del mismo conllevará la inmediata suspensión del procedimiento, la notificación a las autoridades interesadas y la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo. En esa línea, se procederá a evaluar la incidencia y su calificación como sistémico o puntual; y se retirarán los proyectos o la parte de los proyectos afectados por el fraude y financiados o a financiar por el MRR.

En cuanto a la persecución, se comunicarán los hechos a la autoridad decisora quien, a su vez, hará lo propia con la autoridad responsable. Si fuera el caso, se denunciará los hechos punibles al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude para su valoración y eventual comunicación a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

Del mismo modo se iniciará un expediente de información reservada para depurar responsabilidades o incoar un expediente disciplinario y se denunciarán los hechos ante la fiscalía y los tribunales competentes, en los casos oportunos.

El Gobierno agiliza el procedimiento de reclamaciones y quejas turísticas al incorporar el trámite telemático

Turismo de Canarias sustituirá las hojas de reclamación autocopiativas por un impreso con código QR y la opción de que los usuarios puedan presentar sus denuncias, quejas y demandas de forma electrónica

El nuevo decreto obliga a los titulares de empresas o establecimientos turísticos a relacionarse electrónicamente con la Administración, con lo que se busca dotar de mayor seguridad jurídica, capacidad analítica y agilidad a todo el procedimiento

El procedimiento de obtención de las hojas de reclamaciones y de tramitación de estas en materia turística contará con una mayor agilidad y seguridad jurídica, conforme al nuevo decreto por el que se regulan las características y actuaciones a seguir ante las reclamaciones, quejas y denuncias. A propuesta de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, el nuevo texto fue tomado hoy en consideración en el Consejo de Gobierno y elevado al Consejo Consultivo de Canarias, con la solicitud del correspondiente dictamen, antes de su aprobación definitiva por parte del Ejecutivo.

Entre las principales novedades del proyecto de decreto visto hoy por el Gobierno se encuentra la incorporación del trámite electrónico tanto en el procedimiento de obtención de las hojas de reclamaciones como en el procedimiento de tramitación de las reclamaciones, quejas y denuncias que se produzca por parte de los usuarios de servicios turístico.

En ese sentido, para cumplir con la obligatoriedad de que los establecimientos tengan a disposición de su clientela hojas de reclamación, las empresas ya no tendrán que esperar que los correspondientes cabildos insulares les envíen los impresos autocopiativos, los cuales dejarán de emitirse.

El nuevo procedimiento supone que las personas titulares de empresas o establecimientos turísticos estarán obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, tanto para la obtención, como para la tramitación de las hojas de reclamaciones, así como para las quejas o denuncias. Así, las empresas que se encuentren inscritas en el Registro General Turístico, deberán solicitar las hojas de reclamaciones a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Una vez hecho el trámite y validado, la Administración proporcionará a las empresas solicitantes cartel que anuncia la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de su clientela; códigos QR a disposición de las personas usuarias para la descarga en su dispositivo electrónico del formulario, y ejemplares de hojas de reclamaciones, que deberá imprimir y entregar a las personas reclamantes que no pudieran o quisieran optar por el formato electrónico.

Por su parte,  los usuarios turísticos podrán presentar las reclamaciones, quejas y denuncias de forma telemática en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a la que accederá a través del código QR, sin perjuicio de que si la persona usuaria turística lo estima conveniente, pueda ejercer su derecho mediante la presentación del formato impreso en cualquiera de los registros establecidos en la Ley. Además, la cumplimentación del formulario ya no tendrá que hacerla en el establecimiento sino que podrá el cliente rellenarlo en el momento que lo estime conveniente.

La fundamentación del nuevo Decreto, según la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, “obedece a la necesidad de adaptarse a una nueva realidad como consecuencia del propio desarrollo de la sociedad de la información y al cambio de las circunstancias tecnológicas y sociales. De este modo, el acceso voluntario por las personas usuarias turísticas a las hojas de reclamaciones en formato electrónico reforzará el derecho a formular quejas y reclamaciones de un modo más sencillo y simplificado. Se trata, además, de una actuación que reduce trámites administrativos, costes adicionales, como el uso de papel y tiempos de espera”.

Asimismo, de acuerdo con el nuevo procedimiento de tramitación, se otorgará a los establecimientos sobre los que haya sido formulada una reclamación, queja o denuncia un plazo de 15 días para presentar sus alegaciones y a partir de ahí valorar por parte de la Administración si corresponde o no iniciar el procedimiento sancionador.