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Autorizado un convenio entre la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de Hermigua para el cobro en vía ejecutiva

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy la suscripción de un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Ayuntamiento gomero de Hermigua para la prestación del servicio de cobro en vía ejecutiva de las deudas tributarias y no tributarias.

De esta manera, la Agencia se encargará de recaudar lo que se deba al Ayuntamiento en vía ejecutiva, lo que permitirá centralizar el servicio en una única administración de forma más ordenada y eficaz, favoreciendo una gestión más eficiente y evitando la duplicidad de órganos recaudatorios, en tanto la Agencia Tributaria dispone de los instrumentos técnicos, organización y experiencia necesarios para llevar a cabo la misma.

El convenio, como otros que se han firmado de la misma naturaleza, regula el procedimiento de cobra y fija las funciones de la Agencia Tributaria y del Ayuntamiento de Hermigua.

El Ayuntamiento deberá abonar una cantidad mensual a la Agencia por el servicio, que vendrá determinada por el coste de inicio de la gestión (tres euros por cada deuda cargada) y coste por gestión realizada, a calcular en función del tipo de operación.

El Gobierno amplía los plazos de ejecución del Fdcan del año 2020 a cuatro cabildos

Aprobados 3,6 millones para dotar a la Dirección de Presupuestos de personal que gestione Next Generation EU

Las corporaciones insulares de La Gomera, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma plantearon prorrogar hasta el segundo semestre del año en curso la realización y justificación de proyectos

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la modificación puntual de cuatro convenios firmados con sendos cabildos insulares para ampliar los plazos de ejecución y justificación de los proyectos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) del año 2020 hasta el segundo semestre del año actual. Se trata, en concreto, de los cabildos de La Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.

El acuerdo del Ejecutivo se adopta tras la petición formulada por las corporaciones insulares, que esgrimen dificultades para el cumplimento de los plazos debido a las consecuencias de la pandemia y, en el caso de La Palma, también por la erupción volcánica. En cualquier caso, viene siendo habitual en la ejecución del Fdcan la petición de prórrogas a las que el Gobierno de Canarias ha ido accediendo como muestra de colaboración interadministrativa.

El plazo de realización de los fondos de la anualidad 2020 estaba previsto en todos los convenios para el 31 de julio de 2021 y, el de justificación para la 31 de octubre de 2021, salvo en el caso de Fuerteventura, que ya habían sido modificados con vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de marzo de 2022, respectivamente.

La ampliación aprobada supone ampliar, en todos los casos, los plazos de realización hasta el 31 de julio de 2022 y de justificación hasta el 31 de octubre de 2022.

Aprobados 3,6 millones para dotar a la Dirección de Presupuestos de personal que gestione Next Generation EU

Aprobados 3,6 millones para dotar a la Dirección de Presupuestos de personal que gestione Next Generation EU

La contratación de los funcionarios interinos será por tres años, hasta 2024

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy un gasto plurianual de 3,6 millones de euros para el nombramiento de funcionarios interinos que se adscribirán a las unidades administrativa provisionales de la Dirección General de Planificación y Presupuesto que gestionan los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominado Next Generation EU.

La contratación de personal será por tres años, de acuerdo con la siguiente distribución: 1,18 millones en 2022; 1,20 millones en 2023 y 1,22 millones en 2024.

El acuerdo del Gobierno permitirá el nombramiento de 30 trabajadores.

Las unidades administrativas provisionales fueron creadas en virtud de la Ley 4/2021 aprobada por el Ejecutivo canario para la agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos del Next Generation EU.

De acuerdo con la norma, las direcciones generales de Planificación y Presupuesto; de Función Pública y la Intervención General son los tres órganos a los que se adscriben las nuevas unidades provisionales.

En concreto, en la dirección general de Planificación se han creado las siguientes: la Subdirección de Costes de Personal, la Subdirección de Gestión de Fondos Europeos, la Subdirección del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y la Subdirección de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea.

El total de funcionarios interinos que se nombrarán para dar cobertura a todas las unidades provisionales asciende a 95.

El total de funcionarios interinos que se nombrarán para dar cobertura a todas las unidades provisionales asciende a 95. Las unidades son la Subdirección de Planificación y Racionalización del Empleo Público y la Subdirección de Selección y Provisión del Empleo Público, en Función Pública; y la Subdirección de Coordinación del control de fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia y la Subdirección de Coordinación para el suministro de información, en la Intervención General.

El Servicio Canario de la Salud facturó en diciembre 4.547.727 recetas, con un gasto medio de 11,63 euros

El gasto en medicamentos y productos diototerápicoss se situó en 53.550.185,29 euros

La Consejería de Sanidad dio cuenta este jueves, 26 de enero, en Consejo de Gobierno del informe del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud correspondiente a diciembre de 2021, mensualidad en la que se emitieron 4.547.727 recetas, un 6,43% más que en el mismo periodo del año anterior, y el gasto total en medicamentos y productos dietoterápicos ascendió a 53.550.185,29 euros.

Las Áreas de Salud de Gran Canaria y Tenerife concentraron el 85,42% del gasto farmacéutico total (45.744.383 euros), al emitir 2.007.971 y 1.928.473 recetas, respectivamente, mientras que en el resto de islas el gasto se distribuyó a razón de 2.596.286,21 euros Lanzarote, 2.123.931,69 euros en La Palma, 1.678.395,36 euros en Fuerteventura, 570.258,91 euros en La Gomera y 265.746,66 euros en El Hierro.

En cuanto al gasto medio por receta se situó en diciembre pasado en 11,63 euros, un 0,49% menos que en el año anterior, si bien el gasto medio por receta del periodo enero a diciembre registró una variación al alza del 0,73%. Solo La Gomera superó los 12 euros de gasto medio por receta (12,87 euros) y el resto de islas osciló entre los 11,26 euros de gasto medio en Fuerteventura y 11,99 euros en La Palma.

El Ministerio de Sanidad establece que, para uniformar los criterios de información de todas las comunidades autónomas, el gasto farmacéutico que se comunica mensualmente al Ministerio no incluya la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiaros, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

Según estos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS del mes de diciembre que se comunica al Ministerio asciende a 51.077.828,51 euros.

La Cámara de Comercio de Gran Canaria recibe una ayuda de 35.790 euros para impulsar la mediación mercantil

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad da cuenta al Gobierno de la subvención concedida en el cuarto trimestre de 2021

El Consejo de Gobierno ha recibido este jueves, 27 de enero, información sobre la subvención directa otorgada en el cuarto trimestre de 2021 a la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria, por importe de 35.790,97 euros, para el mantenimiento del servicio de mediación extrajudicial y extrajudicial civil y mercantil y posibilitar el impulso de la cultura del acuerdo desde el entendimiento.

Además de sufragar los gastos de funcionamiento y el coste de los honorarios de las personas mediadoras, esta ayuda se destina también a ejecutar un curso de reciclaje a dicho personal e incorporar a más mediadores.

La mediación es un procedimiento voluntario en el que un tercero, debidamente acreditado, denominado mediador o mediadora, informa, orienta y asiste, sin facultad decisoria propia, a las partes en conflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo y la búsqueda por estos de acuerdos justos, duraderos y estables, al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos, poner fin a los ya iniciados o bien reducir el alcance de estos.

Así, la mediación mercantil, además de suponer una importante descongestión de los órganos judiciales, presenta múltiples ventajas para todos los agentes implicados. Entre otros, el ahorro de costes y recursos, la reducción de los tiempos de respuesta, la restauración de la confianza entre las partes o un alto grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

La subvención, concedida por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, se articula a través de dos proyectos: la mediación intra y extrajudicial en el ámbito mercantil y la formación de personas mediadoras. El periodo de realización de la actividad objeto de subvención finaliza el 31 de mayo de 2022.

Respecto al primer proyecto, los conflictos objeto de mediación son las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, intelectual y publicidad; conflictos societarios, con especial atención a los producidos dentro de la empresa familiar; pretensiones que se promuevan en materia de transportes, nacional o internacional; acciones relativas a la responsabilidad civil de administradores sociales, administradores concursales, liquidadores o auditores en procedimientos liquidatarios o concursales, o procedimientos de jurisdicción voluntaria en los que se suscite oposición.

La ayuda también se destina a la formación a las personas mediadoras, con el fin de incorporar a más profesionales al Registro.

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gran Canaria ejecutó entre noviembre de 2020 y mayo de 2021 y mediante otra subvención concedida por el departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, un proyecto piloto de mediación mercantil que incluyó la formación continua de personas mediadoras y la tramitación de 20 mediaciones que habían sido derivadas por los Juzgados de lo Mercantil 1 y 2 de Las Palmas.

La asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio reciben 11,9 millones de euros en el segundo semestre de 2021

Los cuatro colegios de abogacía de Canarias perciben 10.823.759 euros, mientras que los dos colegios de procuraduría obtienen 1.156.527 euros

El Consejo de Gobierno ha conocido hoy, jueves 27 de enero, las subvenciones concedidas en el segundo semestre de 2021 a los colegios de abogados y procuradores de las Islas, para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, que han sido tramitadas por la Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad y cuyo importe total asciende a 11.980.286,98 euros.

Dichas ayudas se han otorgado a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote por importe total de 10.823.759,98 euros, y a los colegios de procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, por 1.156.527 euros.

Respecto a la relación de subvenciones, un total de 5.694.338,83 euros han correspondido al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife; 4.068.452,64 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas; 644.063,16 al de Lanzarote; y 416.905,35 al de Santa Cruz de La Palma.

En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife se le han concedido 621.792 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 534.735 euros.

Con esta dación de cuentas se cumple con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, que establece que semestralmente se informará al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogacía y procuraduría por la persona titular del departamento competente.

Otras subvenciones

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de su titular, Julio Pérez, ha dado cuenta también de las subvenciones concedidas de forma directa, cuyo importe no excede de 150.000 euros, que han sido otorgadas durante el cuarto trimestre de 2021 y cuya razón responde al interés público por favorecer el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.

Entre otras, ha informado de la entrega de una subvención por 80.000 euros al Consejo Canario de Colegios de Procuradores para gastos por el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos.

Concedidos 419.386 euros en subvenciones para los Puntos de Encuentro Familiar en el segundo semestre de 2021

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad otorgó un total de siete ayudas para programas PEF en Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma y Fuerteventura

El Consejo de Gobierno ha recibido hoy, jueves 27 de enero, información sobre las siete subvenciones otorgadas durante el segundo semestre de 2021 por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destinadas a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios neutrales que favorecen las relaciones de menores con sus progenitores y/o familiares en situaciones de conflicto. El importe del conjunto de las subvenciones ha ascendido a 419.386,36 euros.

Estas ayudas están motivadas por el interés social en la protección del menor y un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, así como por la especial cualificación y amplia trayectoria de las entidades beneficiarias.

En concreto, se han otorgado cuatro subvenciones a la Cruz Roja Española dirigidas a los programas Punto de Encuentro Familiar en Santa Lucía de Tirajana, por importe de 131.301,38 euros; Punto de Encuentro Familiar en la isla de La Palma, por 59.126,28 euros; Punto de Encuentro Familiar en la isla de La Gomera, por un total de 42.519,90 euros; y Punto de Encuentro Familiar en la isla de El Hierro, con 51.438,80 euros.

Las tres subvenciones restantes se han concedido a la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife para el programa Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en la isla de Fuerteventura (35.980,32 euros); Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en Santa Cruz de Tenerife (64.174,20 euros); y Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en Tenerife Norte (34.845,48 euros.

Con esta dación de cuentas se ha dado cumplimiento a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que establece que semestralmente se informará al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas para los Puntos de Encuentro Familiar por la persona titular del departamento competente.

Aprobado el decreto ley para la reparación de los daños urbanísticos ocasionados por la erupción volcánica

Consejo de Gobierno de Canarias

La normativa autonómica tiene como objeto la reconstrucción de los inmuebles destinados a vivienda y también su rehabilitación

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto ley autonómico que adopta medidas urgentes en materia urbanística para la reparación de los daños ocasionados por la erupción volcánica de la isla de La Palma, con el fin de que las personas que hayan perdido sus viviendas puedan proceder a la reconstrucción de otras. El documento cuenta con la conformidad de los tres ayuntamientos afectados: Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, además del Cabildo Insular de La Palma.

Esa normativa, cuyo ámbito territorial son los términos municipales afectados por ese proceso eruptivo y sus coladas, tiene como último objetivo la reconstrucción de inmuebles destinados a vivienda y además su rehabilitación.

El texto también define los conceptos que sirven de base a la regulación de la norma: vivienda habitual, vivienda legal y vivienda asimilada a la situación de legalidad. En cuanto a las situaciones urbanísticas en que podían encontrarse las edificaciones destruidas, se distingue entre las de legalidad y las asimiladas a la primera, que comprenden las situaciones de consolidación, afectación por actuación pública y fuera de ordenación, conforme a los conceptos legales contenidos en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

La reconstrucción podrá ejecutarse en cualquier parcela que esté clasificada como suelo urbano, suelo rústico de asentamiento, suelo rústico común, suelo rústico de protección agraria y suelo rústico de protección paisajística. Se excluyen los espacios naturales protegidos, los incluidos en la Red Natura 2000, las parcelas destinadas a dominio público y las que puedan resultar afectadas por riesgos de cualquier naturaleza, según el Plan Insular de Ordenación o el Plan de Gestión de Inundaciones.

La edificabilidad máxima será la del inmueble sustituido, adaptándose a la tipología del entorno en el que se encuentre la parcela. En el caso de inmuebles en situación de fuera de ordenación, se limita la altura en función de la clase y la categoría del suelo.

En cuanto a la edificación, puede afectar a parcelas que aún no tengan todos los servicios propios de la urbanización primaria y secundaria, por lo que se prevé la imposición de la dotación de los servicios que demanden dichas edificaciones, salvo en suelo urbano consolidado, donde se impondrá la ejecución de la urbanización necesaria para que la parcela adquiera la condición de solar.

En esta línea, se excluye el requisito de estar abiertas al uso público, en condiciones adecuadas, todas las vías que circunden la parcela, limitándose exclusivamente a la vía que permita el acceso a ella.

Dichas obras de implantación de servicios podrán realizarse de forma simultánea a la ejecución de las correspondientes edificaciones, que podrán conservar su emplazamiento en el caso de que la respectiva parcela se ubique dentro de una unidad de actuación.

El procedimiento para la concesión de las correspondientes autorizaciones se basa en el procedimiento establecido en el artículo 342 de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, si bien la competencia se atribuye al pleno del ayuntamiento correspondiente, como órgano competente para la aprobación de la ordenación urbanística que resultará derogada singularmente.

Por último, se prevé la entrada en vigor de la norma el mismo día de su publicación y una aplicación temporal de esta limitada a dieciocho meses, dado su carácter extraordinario.

El Gobierno crea el primer registro de agentes inmobiliarios de Canarias

El Consejo aprueba el decreto tras el dictamen favorable del Consejo Consultivo

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, y en coordinación con la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, ha acordado la ratificación del decreto por el que se crea y regula el primer registro de agentes inmobiliarios del Archipiélago, tras obtener el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias.

Con la creación de este registro se da cumplimiento a uno de los objetivos que incorpora el Pacto por la Vivienda Digna, reflejado en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es el de facilitar el acceso de la ciudadanía a una vivienda, identificar a los profesionales del sector de forma adecuada, con transparencia y garantías de contratación, teniendo como objetivo la protección de los consumidores y favoreciendo la calidad en la prestación de un servicio que, habitualmente, supone grandes desembolsos para la ciudadanía.

La ratificación acordada hoy en la sesión semanal del Consejo de Gobierno es el último paso para la entrada en vigor de este registro, que tendrá carácter gratuito y voluntario. Para su aplicación será necesario disponer de un domicilio fiscal en la Comunidad Autónoma de Canarias, con un establecimiento abierto al público o prestar servicio telemático desde las Islas y acreditar la capacidad profesional mediante la pertenencia al colegio oficial u otros criterios de cualificación y experiencia profesional certificados. Además, los profesionales deberán disponer de solvencia económica suficiente mediante las garantías y seguros de responsabilidad necesarios.

Durante la tramitación de este registro por parte de personal de la Consejería, se ha consultado a los representantes del sector inmobiliario y a las asociaciones profesionales vinculadas, dando respuesta a las demandas del sector y regulando esta actividad para facilitar un mejor acceso al parque de viviendas de Canarias y así cumplir con uno de los principales ejes del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 que es garantizar el acceso a la vivienda con toda seguridad.

Este registro, compuesto por un total de 16 de artículos, no pretende regular la actividad profesional de los agentes inmobiliarios, sino solo precisar los requisitos que deben cumplir tales profesionales para poder inscribirse en el mencionado registro y las obligaciones a que se comprometen con ello, siendo la inscripción voluntaria y gratuita.