La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, destaca que se han empleado 1.546 personas a través de los proyectos
La inversión de este año supone un incremento del 19,37 % con respecto a 2024
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha destinado 17.883.734,07 euros a financiar programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades (IRPF), lo que supone un total de 2.901.841,63 más que en 2024 y un aumento del 19,37 % de financiación.
A través de esta partida, se ha dado cobertura financiera a un total de 354 programas de interés general, ejecutados por entidades sociales con cargo al IRPF, lo que supone un total de 119 programas más de programas subvencionados con respecto a la convocatoria de 2024, cuando se alcanzó 235. De esta forma, se ha aumentado el número de programas que recibieron ayudas en un 50,64 % durante el presente ejercicio.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, explicó que “a través de estas ayudas se han beneficiado a un total de 841.198 personas y se ha empleado a 1.546, según datos indicados por las propias entidades en cada uno de sus proyectos subvencionados. Hemos hecho un esfuerzo con las entidades sociales, que han duplicado el número de programas con respecto al año pasado”.
Delgado subrayó que «el incremento de la financiación para proyectos sociales con cargo al IRPF y el cambio en la forma de distribución de este crédito conforme a las nuevas bases reguladoras ha permitido llegar a un mayor número de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. Estas ayudas se han canalizado a través de los programas de interés social desarrollados por las entidades del tercer sector que están dirigidos a cubrir las necesidades específicas de las personas en situación de pobreza y exclusión social en nuestra tierra”.
El Consejo Canario de los Mayores celebró un Pleno donde se dio cuenta de los trámites realizados para el cambio normativo
La propuesta liderada por la Dirección General de Mayores y Participación Activa establecerá un marco jurídico integral que da garantía a la promoción de la autonomía personal, la participación activa y deliberativa del colectivo
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias ha iniciado los trámites para elaborar el proyecto de Ley de reforma parcial de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones con el objetivo de establecer un marco jurídico integral que garantice los derechos fundamentales, la promoción de la autonomía personal, la participación activa y deliberativa, la inclusión plena y la protección integral de las personas mayores en el Archipiélago.
Así lo expusieron hoy (jueves 11) la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, durante la celebración del pleno del Consejo Canario de los Mayores. Delgado indicó que con la reforma “se trata de adaptar la ley a las demandas actuales de las personas mayores y tener en cuenta no sólo los cambios normativos operados en los últimos años sino también la experiencia y buenas prácticas obtenidas desde la entrada de vigor de la ley en Canarias, en otras comunidades autónomas y en otras partes de Europa. El anterior texto es de 1996 y se hace necesaria esta reforma para adaptarla a las demandas y requerimientos de las personas mayores de Canarias».
Verónica Meseguer indicó que “se realizará una consulta previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas en este ámbito” y recordó que esta acción se encuentra dentro del plan Maresía, que establece cinco pilares para promover el envejecimiento activo, mejorar las infraestructuras, impulsar la innovación, la protección de los derechos y la cooperación con el tercer sector. “El segundo pilar de Maresía está dedicado a los Derechos, cuidados y protección de las personas mayores y tiene como objetivo garantizar los derechos de las personas mayores, reforzar su protección jurídica y promover una atención integral centrada en los derechos, la dignidad y la protección de las personas mayores”.
Reforma legislativa para adaptarla a los nuevos tiempos
La iniciativa incorpora los principios generales básicos de legalidad, de igualdad sustantiva y no discriminación por edad, género, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, origen étnico o cultural, condición socioeconómica o territorial, la accesibilidad universal, la equidad interterritorial e insular, la participación activa y deliberativa, la solidaridad intergeneracional, la cohesión social y el enfoque de derechos como principios generales básicos.
La propuesta contempla reconocer y garantizar el ejercicio efectivo y justiciable de los derechos fundamentales, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las personas mayores; establecer las bases para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas coherentes, inclusivas, accesibles y sostenibles, orientadas al bienestar, la protección y la participación de las personas mayores; consolidar un modelo de atención centrado en la persona, que promueva la autonomía, el envejecimiento activo en el entorno habitual elegido y los apoyos necesarios para el ejercicio pleno de la capacidad jurídica; fomentar la corresponsabilidad institucional, comunitaria y social en la atención y acompañamiento, así como el reconocimiento recíproco y la solidaridad entre generaciones como eje vertebrador de la cohesión social e incorporar de forma transversal la perspectiva de género, el enfoque interseccional y el reconocimiento de la diversidad personal, cultural, funcional, territorial y socioeconómica en todas las actuaciones públicas dirigidas a las personas mayores.
Además, se busca garantizar condiciones de accesibilidad universal, equidad territorial, calidad, seguridad y calidez en la provisión de servicios, centros y recursos, públicos o concertados, destinados a la atención, cuidado o inclusión social de las personas mayores; prevenir, detectar y atender situaciones de vulnerabilidad, discriminación por edad, violencia institucional, soledad no deseada, exclusión social, abuso económico o patrimonial, mediante medidas jurídicas, sociales y comunitarias específicas y regular un sistema público de evaluación, transparencia, seguimiento y rendición de cuentas de las políticas, servicios, recursos y resultados dirigidos a las personas mayores, con participación efectiva de estas y de sus organizaciones representativas.
Presentación del plan Maresía
Durante el Pleno del Consejo Canario de los Mayores, Delgado y Meseguer dieron a conocer el plan Maresía, una iniciativa que integra todas las actividades, programas y proyectos destinados a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias.
Maresía se apoya en cinco grandes pilares: Programa Integral de Actividades para un Envejecimiento Activo y Saludable; Derechos, Cuidados y Protección; Plan de Infraestructura Espacios Seguros; Innovación, Investigación y Transformación Digital; y Alianzas y Cooperación Institucional. La puesta en marcha de este plan forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con la visión de Islas Iguales, entendida como una apuesta por la equidad territorial, la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todas las islas y generaciones.
Consejo Canario de los Mayores
El Consejo Canario de los Mayores es un órgano colegiado con representación de las distintas Administraciones Públicas, asociaciones y federaciones de personas mayores existentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, de carácter consultivo y de información permanente, adscrito a la Consejería competente en materia de Asuntos Sociales, en el marco del Consejo General de Servicios Sociales.
El Consejo Canario de los Mayores tiene por objeto materializar la colaboración y participación del movimiento asociativo de las personas mayores en las políticas de atención, inserción social y calidad de vida dirigidas a este sector de la población y orientadas a la consecución de los objetivos previstos en esta Ley, en el marco de las competencias propias de la Comunidad Autónoma Canaria.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, intervino en el Parlamento para abordar la situación del Archipiélago
El Gobierno de Canarias ha reiterado hoy (martes 9) en sede parlamentaria que la gestión migratoria que afronta el Archipiélago constituye “el mayor reto humanitario, jurídico y político” al que se enfrenta la comunidad autónoma, y ha subrayado que se trata de una crisis estructural que solo puede abordarse desde “respuestas de Estado y respuestas europeas”.
Así lo expresó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular para explicar la gestión migratoria. El Ejecutivo insistió en que la ruta canaria sigue siendo una de las más mortíferas del mundo, recordando que cada semana se registran llegadas con personas fallecidas y rescates en situaciones extremas. “No podemos normalizar estas tragedias. Detrás de cada cifra hay vidas, familias y proyectos truncados que nos interpelan como sociedad de acogida”, señaló Delgado.
A pesar de un descenso respecto al año anterior, 2024 cerró con más de 46.000 migrantes llegados a Canarias y, en lo que va de 2025, 16.824 personas han arribado al archipiélago, con un repunte significativo en las últimas semanas. Entre ellas, 2.280 menores no acompañados, una cifra superior al número de menores redistribuidos por el Estado hacia la Península.
En la actualidad, Canarias tutela 4.471 menores, “casi seis veces más que la capacidad ordinaria fijada por el propio Estado, lo que evidencia una situación insostenible sin una respuesta solidaria del conjunto del país”, indicó Candelaria Delgado.
La consejera de Bienestar Social detalló que el Gobierno ha destinado 190 millones de euros en 2025 a políticas migratorias, de los cuales 155,1 millones se dedican a la atención de menores no acompañados. La red autonómica cuenta con más de 80 centros y dispositivos, muchos de ellos abiertos en tiempo récord desde 2023, con equipos educativos, sanitarios y sociales que trabajan “al límite” para garantizar una atención digna. Asimismo, se han reforzado los equipos de tutela, tramitación de expedientes y coordinación con fiscalías, juzgados y fuerzas de seguridad para agilizar la documentación y mejorar la planificación.
Avances legislativos: nuevo régimen de contingencia migratoria
Candelaria Delgado destacó que Canarias “no solo ha pedido recursos”, sino que ha impulsado cambios normativos decisivos. Gracias a la presión política y técnica, el Estado aprobó el Real Decreto-ley 2/2025, que establece un sistema obligatorio de reparto de menores entre comunidades cuando se triplica la capacidad ordinaria, algo que Canarias “multiplica por seis”.
Este marco fija dos obligaciones claras: el traslado de nuevas llegadas en un máximo de 15 días y la distribución del exceso acumulado en un plazo de un año (marzo de 2026). Estos avances fueron posibles gracias a un amplio consenso del Parlamento canario y subrayó que “no fue un regalo de nadie, sino una conquista de toda Canarias”.
Delgado recordó que el Tribunal Supremo, a instancias del Gobierno de Canarias, ha emitido diversos autos que obligan al Estado a asumir su responsabilidad en la protección internacional de menores, y mencionó también la Sentencia 43/2025 del Tribunal Constitucional, que confirma que la inmigración “excede la capacidad de gestión de una comunidad autónoma”.
A día de hoy, 578 menores con protección internacional se encuentran en recursos estatales ubicados en la Península y en Canarias, mientras continúan los traslados a otras comunidades. El Gobierno ha remitido ya 497 expedientes de menores sujetos a contingencia. No obstante, advirtió que persisten problemas en la ejecución del decreto, ya que los traslados avanzan a un ritmo insuficiente para aliviar la presión sobre el archipiélago.
Candelaria Delgado abogó por mantener una agenda canaria compartida, especialmente en torno a la defensa del reparto solidario de menores entre comunidades, la suficiencia de la financiación estatal y la prioridad de la ruta atlántica en Europa. “Cada vez que Canarias habla con una sola voz, nuestra influencia se multiplica”, señaló el Gobierno, que se comprometió a reforzar la información parlamentaria y asumir propuestas de todos los grupos.
Además, la consejera de Bienestar Social recordó que la migración “no se mide solo en plazas o expedientes”, sino en la protección de la infancia y en la gestión responsable del miedo social: “Somos tierra de emigración y de acogida. Enfrentamos un reto difícil, pero debemos hacerlo con firmeza, humanidad y cohesión. Canarias merece apoyo, respeto y solidaridad del Estado y de Europa”.
Durante su intervención, Delgado indicó que Canarias ha logrado situar la ruta atlántica como prioridad en la agenda europea y ha impulsado programas de cooperación como Tierra Firme en Senegal, Mauritania y Gambia, orientados a ofrecer formación y oportunidades a jóvenes para reducir la migración irregular.
Asimismo, destacó la implantación del programa Canarias Convive, que unifica la estrategia autonómica de gestión migratoria y promueve la convivencia intercultural. Asimismo, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), se establece un protocolo estable de información para que los ayuntamientos reciban comunicación previa ante la apertura de recursos y dispongan de canales fluidos de participación.
El Gobierno de Canarias aumenta su gasto, mejora su cobertura y ofrece una protección más intensa, por encima de la media estatal
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales presenta hoy su informe anual
El Gobierno de Canarias consolida su modelo de garantía de ingresos como uno de los más sólidos del país. Según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción en España 2024, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) no solo mantiene su papel como red autonómica de último recurso, sino que refuerza su alcance, su intensidad y su esfuerzo presupuestario, en contraste con la tendencia general de recortes en otras comunidades autónomas. Este retroceso se detecta en un total de trece autonomías.
La RCC alcanzó en 2023 una cobertura del 6,6 % de la población bajo el umbral de pobreza, por encima de la media estatal (5,9 %). Canarias se sitúa así entre las comunidades que más protegen a los hogares vulnerables, con un crecimiento sostenido desde 2020 en un contexto estatal marcado por retrocesos. La intensidad de la renta mínima —el gasto por titular en relación con la renta media de los hogares— alcanza en Canarias un 17,9 %, frente al 15,9 % estatal. La Renta Canaria se confirma de esta forma como una prestación más intensa y protectora, especialmente tras su reforma reciente.
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, explica que “la Renta Canaria de Ciudadanía se consolida como una de las rentas mínimas más robustas del país: cubre más, protege más y se financia mejor que la media estatal. Mientras otras comunidades reducen sus redes autonómicas, en Canarias hemos reforzado nuestro modelo propio, lo hemos alineado con el Ingreso Mínimo Vital y lo hemos orientado tanto a la protección económica como a la inclusión social”.
Por su parte, la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, señala que entre 2023 y 2024, el gasto en la RCC pasa de 86,95 a 102,41 millones de euros, un incremento del 17,79 %. En contraste, el gasto total en rentas mínimas en España disminuye un 4,68 %. “El aumento en Canarias refleja una apuesta política por consolidar la renta mínima como pilar del estado social en el Archipiélago”.
Según el Informe de Rentas Mínimas de Inserción en España 2024, el pasado año se registraron 14.155 titulares, un 5,1 % más que en 2023, lo que indica una mayor penetración de la prestación entre los hogares en situación de necesidad. Al respecto, Elisabet Santana asegura que la RCC “se mantendrá mientras persista la situación de necesidad”, lo que sitúa a Canarias entre las comunidades que ofrecen mayor estabilidad y continuidad a las personas perceptoras.
La cuantía básica de la RCC está alineada y coordinada con el Ingreso Mínimo Vital que otorga el Estado para evitar solapamientos y garantiza coherencia entre sistemas. La cuantía básica en 2024 fue de 604,21 euros, equivalente a la del IMV para un adulto solo, con un máximo de 1.329,27 euros por hogar.
A diferencia de otras comunidades, Canarias no exige antigüedad mínima en la unidad de convivencia, facilitando el acceso a familias recién formadas, personas tras rupturas de pareja o jóvenes emancipados. Además, la RCC está vinculada a itinerarios de inclusión socio-laboral, con obligatoriedad de inscripción como demandante de empleo y participación en programas de inserción. “Desde el Gobierno de Canarias reforzamos el enfoque de la renta mínima como palanca de integración social, no solo como transferencia económica”, indica Santana.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destacó la reducción de más de 6.500 expedientes este año y los avances logrados gracias al nuevo Decreto-Ley
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha defendido hoy (viernes 28) en la comisión de Discapacidad los cambios emprendidos para transformar el sistema de reconocimiento de la discapacidad, un proceso que está permitiendo reducir por primera vez la bolsa histórica de expedientes acumulados y agilizar el acceso a derechos y prestaciones.
Delgado recordó que entre 2020 y 2025 se recibieron cerca de 90.000 solicitudes, pero hasta 2024 nunca se alcanzó el nivel de resoluciones necesario para frenar la acumulación. El año 2023, marcado por cambios de legislatura y la paralización de valoraciones, fue el más crítico, con un incremento de más de 13.000 expedientes pendientes. “Para corregir esta situación, pusimos en marcha en marcha una reforma normativa, tecnológica y organizativa a través del nuevo Decreto-Ley de Discapacidad que ya está dando resultados”, aseguró.
El Decreto-Ley de Discapacidad, que simplifica el procedimiento, permite reconocimientos directos de grados del 33%, 65% o 75% cuando la situación médica está clara y establece una priorización más justa: atención preferente de 0 a 18 años y en situaciones de vulnerabilidad social. También incorpora trámites automáticos, como la concesión directa de la tarjeta de estacionamiento en casos de movilidad reducida, y garantiza criterios homogéneos en todas las islas.
Candelaria Delgado fue contundente a la hora de señalar que “los datos son objetivos y los resultados son visibles: entre enero y octubre de 2025 se resolvieron 14.395 expedientes, casi el doble de las entradas (7.818), lo que supone un nivel de resolución del 185% y una reducción neta de 6.577 expedientes de la lista de espera. Todas las islas registran avances, especialmente las de Gran Canaria y Tenerife.
Además, explicó que esta reforma es fruto de la colaboración con entidades, cabildos y ayuntamientos, y reafirmó su compromiso con la transparencia y la publicación periódica de los indicadores. “La discapacidad no puede esperar y cada expediente representa una historia concreta y un derecho que debe garantizarse en tiempo y forma”.
Tarjeta Digital de Discapacidad
La consejera de Bienestar Social indicó en su intervención que el proceso de modernización implementado por la consejería “se refuerza con la Tarjeta Digital de Discapacidad, que ya está siendo utilizada por más de 137.000 personas, y con la digitalización completa del proceso de valoración. Además, hemos puesto en marcha equipos itinerantes de valoración, como el programa ITINERA, y hemos consolidado equipos estables en islas como Fuerteventura y Lanzarote, en coordinación con los cabildos y los ayuntamientos. De esa forma acercamos el servicio a la ciudadanía, reducimos gastos adicionales y garantizamos que la Ley de Servicios Sociales se cumple en todas las islas”.
Candelaria Delgado señaló que la inversión en accesibilidad y apoyo al tercer sector también ha aumentado con la instalación de 252 bucles magnéticos, la adquisición de 76 sillas anfibias y la financiación de 50 proyectos sociales a través del IRPF. Además, las entidades sociales recibirán este año 4,8 millones de euros.
La consejera de Bienestar Social aseguró que todavía quedan retos por alcanzar -cumplir el plazo de 180 días, reforzar equipos y mejorar la coordinación interadministrativa-, pero subrayó que “la tendencia ha cambiado: tras años de incremento, la lista de espera de discapacidad empieza por fin a descender. En ese camino estamos y vamos a seguir trabajando para lograr nuestros objetivos”.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha informado en comisión parlamentaria de que el Estado ha enviado una carta avisando de que puede ser inconstitucional esa ayuda a las familias más vulnerables
Primero prohibió continuar con la ayuda de cien euros mensuales basándose en la eliminación de las circunstancias especiales que propició la pandemia; y ahora amenaza con considerar inconstitucional la ayuda de 400€ que ha previsto en los presupuestos el Gobierno de Canarias para cualquier perceptor de la Pensión No Contributiva (PNC), la que cobran las familias más vulnerables de las Islas.
Esta ayuda extra se pensó como respuesta a una necesidad de complementar las rentas más bajas, a través de la Renta Canaria de Ciudadanía, debido a la lentitud del Estado en cumplir el mandato del Congreso de modificar la Ley de la Seguridad Social.
“Desde hace dos años”, explicó la consejera en comisión parlamentaria hoy (viernes, 28 de noviembre), “el Gobierno de Canarias ha trabajado con mucha cautela. Sabemos que el límite de ingresos para acceder y mantener una PNC es muy estricto y que, si se supera, la persona puede perder la prestación. Para evitar ese efecto perverso impulsamos un debate en el Congreso de los Diputados para que el Estado reconociera de forma expresa la compatibilidad entre los complementos autonómicos y las pensiones no contributivas del sistema nacional. Esa iniciativa salió adelante y mandató a la Seguridad Social a articular una regulación que impida que una ayuda autonómica descuente o bloquee la pensión”, recordó. Delgado continuó explicando que “en paralelo, hemos trasladado al Estado una propuesta muy concreta: modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que se pueda contemplar el desarrollo de un complemento a las PNC en Canarias, como región ultraperiférica, sin que compute como ingreso; e incluir entre las rentas exentas de cómputo los complementos que puedan establecer las comunidades autónomas”.
La consejera respondió a la pregunta del diputado herreño Raúl Acosta que el fin de este complemento es elevar el nivel de vida de quienes menos tienen. “En nuestra comunidad hay hoy 43.934 pensiones no contributivas de jubilación y discapacidad, 15.931 correspondientes a hombres y 28.003 a mujeres. Hablamos de decenas de miles de personas que viven con ingresos muy ajustados en un territorio insular, con costes de vida más altos y más dificultades de acceso a servicios”.
Canarias es la quinta comunidad autónoma de España en número absoluto de PNC, pese a ser una comunidad de tamaño demográfico medio, lo que da una idea del peso que estas prestaciones tienen en nuestra estructura social y del impacto que tiene cualquier mejora que podamos impulsar.
“Nuestra sorpresa ha sido que esta semana recibimos una carta del Gobierno de España en la que se nos anuncia la posible inconstitucionalidad de esta medida y su intención de bloquear este complemento para las personas más vulnerables de Canarias”, explicó. “A pesar de que no pedimos cheques en blanco ni soluciones milagrosas, parece que la mayor preocupación del Gobierno central es bloquear una ayuda que está en el Proyecto de Ley de Presupuestos para ofrecer una respuesta a quienes más lo necesitan, que no ponga en riesgo la pensión estatal y que, al mismo tiempo, eleve el nivel de vida de las personas que viven exclusivamente de una PNC en Canarias”.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señala que es una herramienta estratégica para el presente y el futuro de los cuidados en las islas de la que se beneficiarán, en una primera fase, 20.000 personas
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, afirmó hoy (viernes 28) en comisión parlamentaria que la reciente implantación del sistema de teleasistencia avanzada sitúa al Archipiélago a la vanguardia en este ámbito a nivel europeo y pone dicho servicio en el centro de la estrategia sociosanitaria de las islas.
Destacó que esta medida, que mejorará la atención de 20.000 personas de todas las islas en una primera fase, ha supuesto una inversión en torno a los 30 millones de euros, de los cuales 7 millones se destinan al servicio de atención hasta 2027 y 22,7 millones a la adquisición de dispositivos y equipos tecnológicos, financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el marco de los fondos europeos Next Generation EU.
Candelaria Delgado insistió en que “el nuevo modelo de teleasistencia domiciliaria avanzada no es un lujo tecnológico, sino que es una herramienta estratégica para el presente y el futuro de los cuidados en Canarias”. En este sentido, destacó que “va a permitir que más personas mayores puedan permanecer en su hogar con tranquilidad, además de facilitar altas hospitalarias más seguras, apoyar a quienes cuidan y garantizar el acceso a lugares donde sería muy difícil desplegar otros servicios presenciales con la misma intensidad”.
Asimismo, incidió en la relevancia de esta herramienta en un momento como el actual, en el que el envejecimiento de la población es uno de los grandes desafíos de la próxima década, que, aseveró, “debe ser afrontado no solo construyendo recursos residenciales, sino reforzando todo lo que permite vivir en casa con apoyos”.
Adaptado a las necesidades
La consejera de Bienestar Social destacó que la teleasistencia es una pieza básica para que las personas puedan seguir en sus domicilios con seguridad y acompañamiento. Añadió que, a diferencia del modelo tradicional del botón de emergencia, permite dar un salto cualitativo en la atención a través de un servicio que observa patrones, detecta cambios y se adelanta a la crisis, además de acompañar después de un ingreso hospitalario y mantener una comunicación coordinada con los servicios sociales, el ámbito sanitario y el 112 en caso de que sea necesario.
El nuevo sistema ofrece una batería de recursos, adaptados a la necesidad de cada persona y que incluyen dispositivos móviles con geolocalización, sensores en la vivienda que detectan humo, gas o ausencia prolongada de movimiento, así como sistemas de comunicación que permiten una relación más frecuente y cercana con la persona usuaria.
Candelaria Delgado incidió en que el cambio tecnológico ha ido acompañado de otro organizativo, ya que cada alta en teleasistencia irá acompañada de una valoración social y funcional de la persona para ajustar qué dispositivos necesita, qué tipo de seguimiento requiere y con quién hay que coordinarse en caso de alerta.
Esta labor, puntualizó, ha ido acompañada de una apuesta importante por la formación de los profesionales del servicio y la coordinación con los equipos de servicios sociales y de salud. De esta forma, insistió, se pretende ir más allá y valorar cada caso con el fin de detectar situaciones de soledad no deseada, de maltrato, de desorientación, y para activar los recursos pertinentes.
La Dirección General de Mayores y Participación Activa, que cuenta con un presupuesto de 19,4 millones de euros para 2026, también refuerza la protección y participación social en todo el Archipiélago
El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Mayores y Participación Activa de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, pone en marcha el plan Maresía, una iniciativa que integra todas las actividades, programas y proyectos destinados a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias.
Maresía se apoya en cinco grandes pilares: Programa Integral de Actividades para un Envejecimiento Activo y Saludable; Derechos, Cuidados y Protección; Plan de Infraestructura Espacios Seguros; Innovación, Investigación y Transformación Digital; y Alianzas y Cooperación Institucional. Sus objetivos específicos son transformar los centros de día y los espacios comunitarios en entornos modernos, sostenibles y accesibles; reconocer y poner en valor el conocimiento, la trayectoria y la contribución de las personas mayores como agentes de cambio, mentores y referentes de responsabilidad social y cultural; y garantizar la dignidad, la seguridad jurídica y la atención integral de las personas mayores, fortaleciendo un sistema de cuidados centrado en la persona, la prevención de abusos y la lucha contra la soledad
La Dirección General de Mayores y Participación Activa cuenta con un presupuesto de 19,4 millones de euros en 2026, lo que supone 2,2 millones de euros más que en el presente ejercicio y un incremento del 12,6 % con respecto a este año. Con esos fondos se pretende dar un impulso al envejecimiento activo, la prevención de la soledad no deseada y la detección del maltrato a personas mayores. Además, se refuerzan programas comunitarios y proyectos insulares para ampliar actividades y dispositivos de participación con el objetivo de alcanzar de forma directa a unas 100.000 personas en todo el Archipiélago.
La presentación de Maresía realizada hoy (jueves 27) contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado; el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil; la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, y una representación de las entidades que colaboran en el plan.
Candelaria Delgado explicó que “el plan Maresía forma parte del compromiso del Gobierno de Canarias con la visión de Islas Iguales, entendida como una apuesta por la equidad territorial, la igualdad de oportunidades y la cohesión social en todas las islas y generaciones. Como saben, esta dirección general es de nueva creación y es una de las apuestas firmes de nuestro presidente, Fernando Clavijo. Maresía promueve que todas las personas mayores independientemente de su isla, municipio o situación, puedan envejecer con salud, autonomía y participación, convirtiéndose en referentes activos y corresponsables en la construcción de una Canarias más justa y cohesionada dando sentido a su vida”.
Francis Candil destacó que “este plan supondrá un impulso al envejecimiento activo, para la prevención de la soledad no deseada y la detección del maltrato a personas mayores. Además, se refuerzan los programas comunitarios y los proyectos insulares para ampliar las actividades y los dispositivos de participación en toda Canarias. Sin duda, estamos en un día importante para la consejería, para la dirección general y, sobre todo, para todas las personas mayores del archipiélago”.
Momento de la presentación del Plan Maresía
Por su parte, Verónica Meseguer agradeció el trabajo del personal de la dirección general para sacar adelante el plan y explicó que Maresía, “se convertirá en una nueva forma de vivir la madurez con plenitud, participación, salud y sentido de comunidad en Canarias. ¿Y por qué el nombre de Maresía? Porque la maresía del mar simboliza la energía y el movimiento; es refrescante, revitalizante y fuente de bienestar; es un proceso fluido natural y continuo; la maresía une el mar y la tierra como queremos que conecte a los jóvenes con los mayores y es símbolo de identidad canaria”.
El plan Maresía se estructura en cinco grandes pilares de intervención.
1.- Programa Integral de Actividades para un Envejecimiento Activo y Saludable.
Con una dotación de 4,8 millones de euros, este eje reúne las principales acciones dirigidas a fortalecer la red de apoyo, participación y autonomía de las personas mayores, fomentando su bienestar físico, emocional, cognitivo y social. De esta forma, promueve hábitos de vida saludables, garantiza el acceso a la formación y a las nuevas tecnologías, favorece la convivencia intergeneracional y previene la soledad no deseada. Dicha labor se realiza en colaboración con ayuntamientos, entidades del tercer sector y universidades.
1.1.- Vida activa y saludable.
Se incluyen actividades físicas en los 24 Centros de Día (yoga, mantenimiento, taichí), sociales, artísticas y patrimoniales (costura, club de escritores, folclore, rondallas, murgas, instrumentos, pintura, cerámica) y cognitivas (estimulación cognitiva, memoria).
En este apartado también se incluye el proyecto Al Golpito que se desarrolla con las fundaciones del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, así como el proyecto Música para el bienestar, las neurolimpiadas, crecimiento personal, acompañamiento psicológico y fisioterapeutas y entrenamiento de fuerza. Otros programas y actividades incluidas en este apartado son las comunidades saludables, el turismo social y los encuentros y eventos sociales.
1.2.- Formación, tecnología y cultura digital.
Se incluyen apartados como tecnología (formación en informática, redes y dispositivos móviles), ciberseguridad (proyecto de asesoramiento jurídico), idiomas (clases en los Centros de Día), capacitación digital (talleres en los Centros de Día, convenio con la Caixa) y la Feria TecnoSocial Mayores.
1.3.- Participación y vida comunitaria.
Está integrado por los proyectos Dialogae (aplicación que conecta a jóvenes y mayores para combatir la soledad y fomentar la convivencia) y Auchon (talleres entre jóvenes y mayores que fomentan la convivencia, los valores y la memoria colectiva), un podcast entre generaciones y la actividad Parlamento de futuro. Además, se incluyen actividades de voluntariado sociocomunitario, deportivo y ambiental, y los proyectos de teatro generacional Isla Encuentro, Iocus (Fundación Neotrópico), Kinder, Vida Unión, 3ª Juventud en el Parlamento y el Consejo del Mayor (en la actualidad se están redactando los estatutos del que será el principal órgano de representación y consulta de las personas mayores en Canarias).
1.4.- Talento senior, referentes y corresponsabilidad
Está formado por iniciativas como Voces de Ancianidad (iniciativa de recuperación y preservación del testimonio vital, tradiciones y aprendizaje de las personas mayores mediante entrevistas y grabaciones), los talleres de escritura y de indumentaria tradicional y los premios Solidaridad.
2.- Derechos, cuidados y protección.
Este bloque, que cuenta con una partida de 122.150 euros, agrupa las líneas de trabajo orientadas a garantizar los derechos de las personas mayores, reforzar su protección jurídica y promover una atención integral centrada en los derechos, la dignidad y la protección de las personas mayores. Se incluye en Plan Integral de Mayores y Soledad no deseada de Canarias, la Ley del Mayor y el nuevo reglamento de los Centros de Día, la Ley de Voluntariado, el Protocolo de Malos tratos a Personas Mayores y la elaboración de nuevos pliegos técnicos.
3.- Plan de Infraestructura Espacios Seguros.
Este eje tiene un presupuesto de 1.519.699 euros y tiene como finalidad mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de los 24 Centros de Día de Mayores de Canarias. Aquí se incluyen las obras en curso en los Centros de Santa Cruz II, Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz y La Palma, la redacción de nuevos proyectos de los centros de San Miguel, Santa Cruz de La Palma, Los Realejos, Arucas, Tunte y Santa María de Guía), la próxima inauguración de las obras del Centro de Día de Agaete y Escaleritas y una subvención de 450.000 euros destinada a la mejora integral del Centro de Día de Mogán.
4.- Innovación, investigación y transformación digital.
Este pilar del plan, con 100.000 euros, impulsa una Canarias que mira al futuro desde la experiencia y el conocimiento de sus mayores. A través de la innovación social y tecnológica, se promueven proyectos que mejoran la calidad de vida, fortalecen la autonomía y favorecen la conexión entre personas e instituciones.
Así, se incluyen proyectos como ACTAge (iniciativa europea liderada desde Canarias para promover la innovación tecnológica y el diseño de políticas públicas), Neuroarquitectura (estimulación cognitiva, memoria, estudio de ambas universidades públicas canarias), mapa de recursos, página web y web app para las pantallas de los Centros de Día.
5.- Alianzas y cooperación institucional.
La partida asciende a 8,2 millones de euros y están contempladas las curatelas que realiza la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS) para la atención a las personas mayores con discapacidad cuya tutela/curatela ha sido designada por sentencia judicial firme. Este acuerdo permitirá que FUCAS, como fundación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, continúe ofreciendo servicios de apoyo a las personas mayores con discapacidad curateladas por la consejería de Bienestar Social.
Por otra parte, se integran las subvenciones de inclusión social para personas mayores. Estas ayudas están destinadas a entidades del Tercer Sector y administraciones públicas para financiar proyectos que promuevan la participación, la inclusión y la atención integral de las personas mayores en el territorio canario.
Una parte importante del plan Maresía se desarrolla a través de convenios con entidades públicas y privadas y del tercer sector como el Cabildo de Tenerife, Fundación la Caixa, Radio ECCA, Universidad de La Laguna, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Amalvite y Amilgran, Colegios Profesionales, Redes Internacionales de Italia, Portugal y Países Bajos y Servicio Canario de la Salud.
El nuevo marco entrará en vigor con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025 y consolida un modelo común para los siete cabildos
Canarias es, de nuevo, la Comunidad Autónoma en la que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación y las personas con derecho
El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, asegura la estabilidad, reglas comunes y financiación cierta para la red de atención a la dependencia en todas las islas a través del nuevo convenio de dependencia 2025–2028.
Así lo expuso hoy (martes 25) la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, durante una comparecencia en el pleno del Parlamento donde señaló que el acuerdo tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2025 y que ordena competencias. “Los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por la Comunidad para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa”, explicó la consejera.
“Los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. Además, se incorpora un protocolo sociosanitario que regula las altas hospitalarias y urgencias sociales, evitando pérdidas de financiación estatal y mejorando la coordinación con el sistema sanitario”, detalló Delgado.
La consejera de Bienestar Social aseguró que el nuevo convenio de dependencia “refuerza la igualdad territorial con criterios comunes de acceso a las listas de reserva y la acreditación obligatoria del tercer sector, garantizando la misma calidad de atención en todas las islas”.
Negociación e incremento del presupuesto para 2026
Candelaria Delgado recordó que durante la negociación del convenio no se interrumpió ningún servicio y que en diciembre de 2024 el Ejecutivo aportó 14,83 millones de euros más para cubrir los costes derivados del IPC, el SMI y el convenio estatal de la discapacidad en sus costes laborales. Además, la Dirección General de Dependencia invertirá este año 35,32 millones de euros más para dar cumplimiento a este compromiso. “Todo el procedimiento ha sido documentado y participativo, con la implicación de los cabildos y agentes del sector. Es más, el Cabildo de El Hierro, que era el que faltaba para sacar adelante el convenio, ha reconocido recientemente que tenía bloqueado el mismo a falta de resolver por su parte asuntos con otras instituciones públicas”, afirmó.
Candelaria Delgado destacó el papel de los cabildos insulares y reiteró el compromiso del Gobierno de Canarias “con la igualdad territorial, consolidando un sistema sociosanitario más justo, estable y sostenible”. Además, la consejera señaló que el presupuesto de Bienestar Social para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2%), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%).
De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4%), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios. Además, se prevé una modificación presupuestaria superior a 35 millones de euros para cubrir la retroactividad de los convenios.
Nuevo decreto
Candelaria Delgado también defendió hoy “el compromiso del Ejecutivo autonómico con una mayor agilidad, eficacia, calidad real en la atención y, sobre todo, más respeto a las personas en situación de dependencia y a sus familias”. Una apuesta que, señaló, queda patente con la aplicación del nuevo Decreto 46/2025, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia en la Comunidad Autónoma de Canarias, cuyos efectos quedan reflejados en los últimos datos del Imserso.
En respuesta a una interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, afirmó que el nuevo decreto, según recoge las estadísticas del SISAAD, ha hecho posible que, desde su entrada en vigor el pasado mes de junio hasta octubre, se hayan resuelto 14.330 programas individuales de atención (PIA), frente a los 16.343 alcanzadas por el gobierno del Pacto de las Flores en cuatro años.
Respecto a la concesión de prestaciones, recordó que en los últimos cinco meses se han materializado 15.079, frente a las 20.073 contabilizadas desde agosto de 2019 a julio de 2023. Y añadió que estas mejoras se han hecho extensivas al tiempo del trámite de la dependencia, que ha pasado de 800 días en julio de 2023 a los 456 actuales.
Candelaria Delgado incidió que esta mejora es debida a un modelo que, a través de un único procedimiento y, sobre todo, de una única visita al domicilio, recaba la información, aplica el baremo, propone el PIA y deja encaminado el expediente, lo que permite que el derecho se materialice antes.
Una tramitación que, apuntó, a diferencia del anterior, “elimina las duplicidades que alargaban de forma injustificada los plazos y generaban una lista de espera inaceptable y que en la práctica llegaba tarde a demasiadas personas”.
La consejera señaló que el nuevo modelo se apoya, además, en una modernización tecnológica que ya se está implantando. En esta línea, puntualizó que la aplicación del baremo y la propuesta de PIA se realiza directamente en el ordenador del profesional durante la visita, lo que permite obtener el grado de dependencia en ese mismo momento y reduce notablemente la carga burocrática interna del procedimiento.
Reiteró que, pese a estas mejoras, “se está llevando a cabo un seguimiento riguroso de las medidas del decreto, con una evaluación interna y la escucha permanente a los profesionales y a las entidades del sector con el fin de poder corregir las deficiencias que se detecten”.
Candelaria Delgado salió al paso de las críticas de la oposición a quien acusó de “meter miedo” y adoptar un comportamiento “irresponsable por alarmar a la población más vulnerable”. En este sentido, aclaró que el nuevo decreto “no supone ningún recorte encubierto de derechos, sino que supone un cambio en el procedimiento, organizándolo de forma más eficiente, dando a los profesionales herramientas, formación y soporte técnico para que puedan hacer mejor su trabajo”. Asimismo, sentenció que “no se van a conservar inercias que no funcionaban, sino que se va a garantizar que el derecho a la dependencia se ejerce de verdad y a tiempo”.
Recordó también que, si bien queda mucho aún por avanzar, los datos que arroja el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales reflejan que Canarias es la Comunidad en la que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación (+22,1%) y en la que más se incrementan las personas con derecho a una ayuda (+25,2%).
El mismo informe recoge, asimismo, una reducción de 105 en el número de días en los que se tarda en tramitar la dependencia, lo que, aunque la sitúa por encima de la media nacional de 350 días, con 456 días de tramitación, la convierte también la Comunidad en que más mejora en ese ámbito. Por su parte, aunque la lista de espera aumentó en más de un 1,8% en toda España, Canarias es una de las tres que más la reducen, con un -21,9%, lo que supone bajarla en 6.564 personas.
La iniciativa, impulsada por la Consejería de Bienestar Social, se celebra hoy y mañana viernes, 21 de noviembre, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, realizó un recorrido por los distintos estands de la Feria, que contó con la asistencia de unas 200 personas mayores de centros de día
«Acercar a la población mayor de Canarias las herramientas, programas e iniciativas que les introduzcan en un campo a veces complicado para ellas como son los nuevas tecnologías es el objetivo de la Feria Tecno-Social, un espacio, el primero de estas características que se celebra en nuestra tierra, que pone a disposición de la población mayor diferentes talleres y estands informativos dirigidos a ampliar los conocimientos tecnológicos de este colectivo», afirmó hoy (jueves 20 de noviembre) la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante el acto de inauguración de la Feria Tecno-Social Mayores que se celebra hasta mañana vienres, 21 de noviembre, en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología (Gran Canaria).
Según explicó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, «con este espacio, se busca que la población mayor pueda contar con los instrumentos necesarios que les ayuden a romper los techos de cristal que existen entre este colectivo en relación al uso de las nuevas tecnologías de forma práctica y concreta a través de talleres de utilización del móvil impartido por la Policía Canaria con el fin de evitar estafas o el uso de los aparatos como el microondas para hacer comidas que se ofrece a través de un taller de gastronomía incluido en la muestra».
Por su parte, la directora general de Mayores y Participación, Verónica Meseguer, explicó que la Feria cuenta con diferentes estands y talleres a través de los cuales las personas del colectivo pueden conocer los distintos programas que les facilitan a introducirse y aprender nuevas tecnologías, «con lo cual no solo podrán conocer, por ejemplo, cómo acceder a los servicios públicos digitales sino también cómo buscar información a través de la red, permitiéndoles su conexión a una sociedad cada vez más tecnificada como la nuestra». Además, la directora general adelantó que esta muestra se llevará a los centros de día de personas mayores del Archipiélago en el marco del programa de envejecimiento activo, en una apuesta para ampliar las competencias digitales y la cultura tecnológica de este colectivo.
Tras la inauguración de la Feria, que contó con la participación de unas 200 personas mayores procedentes de asociaciones y centros de día de personas mayores de varios puntos de la isla de Gran Canaria, Delgado y su equipo recorrieron los distintos estands para conocer las propuestas de servicios y talleres demostrativos e interactivos de divulgación a través de los cuales se recogen soluciones innovadoras de tecnología social dirigidas específicamente a las personas mayores, como aplicaciones en el ámbito de la asistencia, relojes de teleasistencia, herramientas de la domótica y de la inteligencia artificial aplicados al hogar.
La Feria Tecno-Social Mayores es una iniciativa de la Consejería de Bienestar Social y cuenta con el patrocinio de las empresas ICOT, MasOrange, Tunstall España, Amazon Web Services y Atlantis Technology.