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Julio Pérez escuchó las principales reivindicaciones de los sindicatos de la Administración

Primera reunión Julio Pérez con los representantes sindicales

Representantes sindicales y miembros del equipo de la Consejería de Administraciones Públicas acuerdan mantener reuniones de forma periódica para abordar diversos temas tras esta toma de contacto y ahondar en el diálogo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la directora general de la Función Pública, Laura Martín, el director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Pablo A. Hernández, y la directora del ICAP, Eva de Anta, tuvieron ayer lunes un primer encuentro con representantes sindicales de la Administración General que sirvió de toma de contacto entre ambas partes.

Al encuentro, mantenido en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria mediante videoconferencia, acudieron por parte de los sindicatos, acudieron al encuentro Manuel González y Francisca Martín por Sepca; José Ramón Barroso y Pedro Costeras, por CCOO; Javier Galván y Elías Martín por CSIF; Gregorio Acosta por UGT; y Abraham Catalina Méndez y Ana María García por Cobas y un representante por Intersindical Canaria.

Julio Pérez expuso a los representantes sindicales cuatro aspectos a los que pretende dar prioridad a en esta legislatura: reforzar la estabilidad de la estructura de la propia Administración autonómica; avanzar en la digitalización de los procedimientos; aumentar la transparencia en la gestión, y mejorar la medición y evaluación de las actuaciones.

Ambas partes hicieron constar la necesidad, y su intención, de dialogar para consolidar los avances ya alcanzados, mejorar los aspectos que lo necesiten y plantear nuevos objetivos en esta nueva etapa. Para ello, ambas partes se comprometieron a celebrar reuniones periódicas que les permita continuar debatiendo sobre los asuntos a abordar.

El Programa de Desarrollo Rural ha permitido invertir 135.744.270 euros en 4.000 proyectos en las Islas

Las líneas de modernización (58 millones) y apoyo a jóvenes (17 millones) suman más de la mitad de lo invertido y, junto al gasto privado, ha supuesto una inyección económica en el sector de más de 100 millones para su renovación

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, ha tramitado ya el 73% del total previsto del Programa de Desarrollo Rural de Canarias para el periodo 2014-2020 (que podrá ampliarse hasta 2023), sin contabilizar las convocatorias que actualmente se encuentran en vías de resolución y que permitirán cubrir la totalidad de la inversión pública prevista, que es de 185 millones de euros. Al terminar el mes de mayo el gasto público ascendía a 135.744.270 euros con un número de beneficiarios finales de 3.980.

El titular de este departamento autonómico, Narvay Quintero, ha explicado que el trabajo de este Gobierno ha pretendido que el sector sea “más equilibrado, menos dependiente del clima, más competitivo y moderno e innovador, además de la incorporación de jóvenes y de la promoción de la labor de la mujer”.

Este Programa de Desarrollo Rural cuenta hasta 2020 con los citados 185 millones de euros para impulsar medidas en el sector primario promoviendo su modernización, mayor competitividad y equilibrio medio ambiental. Con el fin de hacer más efectivas estas ayudas, según ha explicado Quintero, Canarias incorporó para su tramitación diversas novedades como la solicitud telemática, la justificación de las inversiones mediante un precio medio ponderado, la publicación plurianual de las convocatorias y la cobertura de todas las solicitudes que cumpliesen con los requisitos establecidos.

El director general de Agricultura, César Martín, ha manifestado que estas medidas han permitido facilitar los trámites y aumentar la eficacia de esta línea de ayudas que ha detallado más en profundidad.

La línea de apoyo a la modernización ha sido la que más recursos ha reunido, 58 millones ya convocados, “incentivando a su vez una inversión privada para alcanzar los 100 millones de euros en total para modernizar e incorporar nuevas explotaciones agrícolas y ganaderas en el Archipiélago”, ha explicado Martín. Las mejoras han tenido que ver con reestructuración y modernización, respecto a su tamaño u orientación productiva, y a retos relacionados con el medio ambiente, cambio climático y bienestar animal.

El objetivo ha sido mejorar los resultados económicos, a través de un mejor uso de los factores de producción,  la introducción de nuevas tecnologías y de innovación, y apostando por la calidad, diversificación o la producción ecológica.

El apoyo a nuevos emprendedores en el sector ha sido una apuesta de este PDR y en los últimos años ha permitido que se pongan en marcha 319 proyectos empresariales protagonizados por jóvenes menores de 40 años, de los 211 son explotaciones agrarias y 108, ganaderas.

El objetivo de esta línea es generar las condiciones para promover un relevo generacional necesario en el sector, así como la incorporación de la mujer a proyectos empresariales agrarios. La inversión total ha ascendido a 15,7 millones, a los que hay que añadir 1,8 sobre asesoramiento y otros incentivos en la línea de apoyo a la modernización como la puntuación preferente o el acceso hasta el 75% de la subvención.

El Programa de Desarrollo Rural ha apostado también por apoyar la comercialización, transformación o desarrollo de nuevos productos agrícolas, con una inversión de más de 10 millones de euros, o el compromiso por mejorar los sistemas de regadíos privados, que ha recibido un impulso de 4,4 millones de euros (más otro millón que se espera incrementar), que han de sumarse a los más de 11 millones invertidos por el Gobierno autonómico en obras en diferentes Islas, partida que se verá incrementada en otros 6 millones de euros en los próximos meses.

Este PDR ha servido, además, para incentivar la cohesión social en las zonas rurales de las Islas, así como el desarrollo de proyectos para mejorar los servicios en las medianías y paliar así su despoblamiento. En total, casi 20 millones de euros invertidos.

Más de 8.500 tabletas y 1.003 ordenadores para las aulas canarias

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Los centros educativos del Archipiélago avanzarán en la digitalización de programaciones y contenidos gracias a una nueva dotación de 8.515 tabletas y 1.003 ordenadores portátiles, en los que se ha realizado una inversión cercana a los 3 millones de euros. La mayor parte de este equipamiento se destinará a los centros que participan en el proyecto Brújula 20, para la digitalización de las programaciones didácticas, aunque también tendrán dotación las federaciones de Ampas a quienes se entregarán 150 tabletas.

Una parte de las tabletas se destinará a las federaciones de madres y padres, con el fin de que puedan acceder con más facilidad a la nueva plataforma En_Familia, a otras actividades de formación y contribuir a que se reduzca la brecha digital entre las distintas generaciones

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, que estuvo acompañada durante la presentación del equipamiento por la directora general de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa y responsable del Servicio de Innovación, Teresa Acosta, así como por Eusebio Dorta, presidente de la Federación insular de Ampas de Tenerife, Fitapa, apuntó que «si uno de los rasgos más característicos de la sociedad actual es que es digital, obviamente, la escuela debe serlo también y, en consecuencia, el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado debe ser uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo.»

«Y no sólo eso» -apuntó Soledad Monzón- «sino que debemos facilitar también que en el seno de las familias se reduzca la brecha digital y las madres y padres sepan también cómo acompañar a sus hijos en su proceso de aprendizaje en estas competencias, con iniciativas como la nueva plataforma de formación En_Familia, o esta dotación de tabletas digitales». Por esta razón, ciento cincuenta de las tabletas se distribuirán entre las federaciones de Ampas, que las emplearán para la educación digital de las propias familias.

Por su parte, Eusebio Dorta agradeció la iniciativa de la Consejería, así como su implicación con las familias, y señaló también «la importancia de reducir la brecha digital, haciendo más asequibles los contenidos para alumnado y para sus familias».

Proyecto Brújula 20

El grueso d ellas 8.515 tabletas y los 1.003 ordenadores portátiles se distribuirán entre los centros que aplican este curso el Proyecto Brújula 20, que consiste en la digitalización progresiva de las programaciones de todas las materias en las enseñanzas obligatorias, es decir, en Primaria y Secundaria. El método empleado para el desarrollo del proyecto es el pilotaje en un número limitado de centros, que después se extiende progresivamente al resto.

El curso pasado, 34 centros participaron en el primer pilotaje, que digitalizó las programaciones de 3º y 5º de Primaria y 1º de la ESO. Este curso, el pilotaje se hará en 4º y 6º de Primaria y 2º de ESO, además de algunas especialidades que no se hicieron en el primer año, como 1º de alemán y de PMAR, el programa de mejora del aprendizaje, para el alumnado con dificultades en 2º de la ESO.

Además, el pilotaje realizado el pasado año se extiende ahora a numerosos centros, de manera que, si en el curso 2017-2018 eran 34, este curso serán 151 los que participen en las diferentes modalidades del Brújula 20. La planificación es que el proyecto se siga extendiendo a más niveles y que, en el curso 2020-2021, se cuente ya con todas las programaciones digitales para estas enseñanzas obligatorias.

La consejera explicó que con esta iniciativa, además de lograr un desarrollo más rápido de las competencias digitales del alumnado, «logramos dar respuesta a una de las peticiones más repetidas por parte de las familias, como es que vayamos extendiendo en lo posible la gratuidad de las enseñanzas públicas obligatorias a todos los aspectos, como la compra de materiales».

Gratuidad de las enseñanzas

Soledad Monzón recordó también que la digitalización de contenidos no es la única medida adoptada por la Consejería para abaratar el coste de la Educación para las familias que más lo necesitan. Se refería así a la extensión del Programa para el Uso Gratuito de los Libros de Texto, «que al comenzar la Legislatura apenas tenía dotación para el alumnado de 1º y 2º de Primaria y que

este año alcanza a todo el alumnado, desde Infantil a Bachillerato y FP, cuyas familias tengan rentas menores a unos 16.000 euros anuales, para lo que se han destinado más de 24 millones de euros en tres años».

Más de 8.500 tabletas y 1.003 ordenadores para las aulas canarias

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Los centros educativos del Archipiélago avanzarán en la digitalización de programaciones y contenidos gracias a una nueva dotación de 8.515 tabletas y 1.003 ordenadores portátiles, en los que se ha realizado una inversión cercana a los 3 millones de euros. La mayor parte de este equipamiento se destinará a los centros que participan en el proyecto Brújula 20, para la digitalización de las programaciones didácticas, aunque también tendrán dotación las federaciones de Ampas a quienes se entregarán 150 tabletas.

Una parte de las tabletas se destinará a las federaciones de madres y padres, con el fin de que puedan acceder con más facilidad a la nueva plataforma En_Familia, a otras actividades de formación y contribuir a que se reduzca la brecha digital entre las distintas generaciones

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, que estuvo acompañada durante la presentación del equipamiento por la directora general de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa y responsable del Servicio de Innovación, Teresa Acosta, así como por Eusebio Dorta, presidente de la Federación insular de Ampas de Tenerife, Fitapa, apuntó que «si uno de los rasgos más característicos de la sociedad actual es que es digital, obviamente, la escuela debe serlo también y, en consecuencia, el desarrollo de la competencia digital del alumnado y del profesorado debe ser uno de los objetivos prioritarios del sistema educativo.»

«Y no sólo eso» -apuntó Soledad Monzón- «sino que debemos facilitar también que en el seno de las familias se reduzca la brecha digital y las madres y padres sepan también cómo acompañar a sus hijos en su proceso de aprendizaje en estas competencias, con iniciativas como la nueva plataforma de formación En_Familia, o esta dotación de tabletas digitales». Por esta razón, ciento cincuenta de las tabletas se distribuirán entre las federaciones de Ampas, que las emplearán para la educación digital de las propias familias.

Por su parte, Eusebio Dorta agradeció la iniciativa de la Consejería, así como su implicación con las familias, y señaló también «la importancia de reducir la brecha digital, haciendo más asequibles los contenidos para alumnado y para sus familias».

Proyecto Brújula 20

El grueso d ellas 8.515 tabletas y los 1.003 ordenadores portátiles se distribuirán entre los centros que aplican este curso el Proyecto Brújula 20, que consiste en la digitalización progresiva de las programaciones de todas las materias en las enseñanzas obligatorias, es decir, en Primaria y Secundaria. El método empleado para el desarrollo del proyecto es el pilotaje en un número limitado de centros, que después se extiende progresivamente al resto.

El curso pasado, 34 centros participaron en el primer pilotaje, que digitalizó las programaciones de 3º y 5º de Primaria y 1º de la ESO. Este curso, el pilotaje se hará en 4º y 6º de Primaria y 2º de ESO, además de algunas especialidades que no se hicieron en el primer año, como 1º de alemán y de PMAR, el programa de mejora del aprendizaje, para el alumnado con dificultades en 2º de la ESO.

Además, el pilotaje realizado el pasado año se extiende ahora a numerosos centros, de manera que, si en el curso 2017-2018 eran 34, este curso serán 151 los que participen en las diferentes modalidades del Brújula 20. La planificación es que el proyecto se siga extendiendo a más niveles y que, en el curso 2020-2021, se cuente ya con todas las programaciones digitales para estas enseñanzas obligatorias.

La consejera explicó que con esta iniciativa, además de lograr un desarrollo más rápido de las competencias digitales del alumnado, «logramos dar respuesta a una de las peticiones más repetidas por parte de las familias, como es que vayamos extendiendo en lo posible la gratuidad de las enseñanzas públicas obligatorias a todos los aspectos, como la compra de materiales».

Gratuidad de las enseñanzas

Soledad Monzón recordó también que la digitalización de contenidos no es la única medida adoptada por la Consejería para abaratar el coste de la Educación para las familias que más lo necesitan. Se refería así a la extensión del Programa para el Uso Gratuito de los Libros de Texto, «que al comenzar la Legislatura apenas tenía dotación para el alumnado de 1º y 2º de Primaria y que

este año alcanza a todo el alumnado, desde Infantil a Bachillerato y FP, cuyas familias tengan rentas menores a unos 16.000 euros anuales, para lo que se han destinado más de 24 millones de euros en tres años».

Pérez-Dionis subraya la apuesta del Gobierno de Canarias por la modernización de la inspección educativa

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El viceconsejero de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, David Pérez-Dionis, ha destacado la apuesta del Ejecutivo autonómico por la modernización de la inspección educativa para lo cual «la formación juega un papel fundamental, por lo que el Plan de Formacicón de la Inspección resultará clave».

El viceconsejero de Educación y Universidades destacó, durante la celebración de las Jornadas de Inspección, la dimensión global que ha de tener la educación, así como la importancia de la formación dentro del proceso de modernización, la supervisión de las buenas prácticas docentes y el papel activo de la inspección en la Estrategia Canaria para la Internacionalización de la Educación

Así, durante el acto de inauguración de las XXVII Jornadas de la Inspección Educativa de Canarias, Pérez-Dionis aseveró, que «este año hemos renovado el modelo de supervisión educativa y hemos puesto en manos de la Inspección la supervisión de las buenas prácticas docentes, con el doble objetivo de reconocer que el inspector o la inspectora es el personal cualificado para este cometido y, por otra parte, facilitar el acercamiento de la inspección a las últimas tendencias en metodología e innovación, lo que también debe reflejarse en el Plan de Formación».

Asimismo, subrayó «el papel primordial y activo que ha de tener la inspección educativa dentro de la Estrategia Canaria para la Internacionalización de la Educación (ECIE), que está impulsando el Ejecutivo autonómico para abrir nuevos horizontes a la educación canaria».

De esta forma, Pérez-Dionis explicó que la ECIE establece acciones como la movilidad internacional, la creación de redes internacionales de trabajo e investigación o el reconocimiento de centros con perfil internacional que, «dentro del enfoque innovador por el que estamos apostando, es importante que cuenten con la implicación de la Inspección».

Finalmente, el viceconsejero de Educación y Universidades anunció, como vía para la modernización de la inspección, la intención de la Consejería de modificar el Decreto que establece el reglamento de la Inspección (52/2009) y, por lo tanto, la Orden que lo desarrolla. Para ello, indicó que se creará una comisión de trabajo, puesto que la Consejería quiere contar con las aportaciones de los miembros de la inspección, desde su experiencia y visión de la inspección.

Una apuesta por la inspección y la mejora educativa

Bajo el lema «Una vía hacia la mejora educativa, una apuesta para la Inspección», las XXVII Jornadas de la Inspección Educativa de Canarias han tenido como objetivo fundamental el compartir y reflexionar sobre las actuaciones de supervisión, especialmente, la de las buenas prácticas docentes llevadas a cabo recientemente por el Servicio de Inspección, que suponen una actuación innovadora para el desarrollo de la mejora de la calidad en los centros docentes.

Asimismo, otro de los fines de las Jornadas ha sido el de completar la formación específica del personal inspector mediante la actualización normativa y su vinculación a la función inspectora de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,y la 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, desarrollando así la mejora de la organización y funcionamiento interno del Servicio.