Pablo Rodríguez señala que el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia coincide con las reformas impulsadas por Canarias desde 2024 para flexibilizar el planeamiento, transformar suelo y edificaciones y agilizar las licencias
El Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030 incorporará medidas para impulsar la construcción industrializada y aumentar la capacidad de producción
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha explicado hoy en el Parlamento de Canarias que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la transformación urbanística del suelo para vivienda viene a confirmar el diagnóstico realizado por Canarias y las medidas adoptadas desde 2024 para agilizar la producción de vivienda y aumentar la oferta residencial.
Pablo Rodríguez ha defendido que la respuesta a la emergencia habitacional requiere una política transversal, que actúe sobre las distintas circunstancias que condicionan el acceso a una vivienda y que no se limite exclusivamente a la vivienda pública, protegida o libre.
“Para hablar de política de vivienda no solamente nos podemos circunscribir a una parte, sino que tenemos que hacer un diagnóstico y una política transversal, 360, que permita actuar desde las distintas aristas”, ha señalado.
En este sentido, ha destacado que el informe de la CNMC coincide con problemas que el Gobierno de Canarias ya había identificado como por ejemplo, un planeamiento rígido, licencias excesivamente lentas y un exceso de trámites, factores que retrasan la construcción y transformación de viviendas y terminan encareciendo su precio.
Canarias ya ha puesto en marcha medidas para agilizar la producción
El consejero ha recordado que Canarias comenzó a adoptar medidas para afrontar estos obstáculos antes de la publicación del informe de la CNMC. En concreto, ha citado el Decreto Ley 1/2024, que declaró la emergencia habitacional y permitió adoptar primeras medidas sobre la transformación del suelo y de edificaciones existentes; el Decreto Ley 3/2025 y, posteriormente, la Ley 7/2026, que incorporó nuevas medidas de transformación del suelo y las edificaciones, así como de agilización de las licencias.
El estudio de la CNMC recomienda, entre otras cuestiones, simplificar la normativa urbanística, flexibilizar el planeamiento, agilizar sus modificaciones, facilitar actuaciones de regeneración y rehabilitación y sustituir, cuando sea posible, las licencias por declaraciones responsables o comunicaciones previas.
“Este estudio viene a confirmar que este Gobierno va por el buen camino”, ha afirmado Pablo Rodríguez.
Más de 5.000 viviendas en producción en 2025
El consejero ha destacado que las medidas adoptadas ya están teniendo resultados en la producción de vivienda. En esta línea, ha explicado que durante más de una década la producción media se situó en torno a las 1.000 viviendas anuales, mientras que en 2024 se superaron las 4.000 viviendas en producción y en 2025 se alcanzaron más de 5.000, según informes independientes.
Rodríguez ha reconocido que estas cifras “todavía no son suficientes”, pero ha subrayado que muestran un cambio significativo respecto a la situación anterior.
Canarias llegó a alcanzar antes de la crisis económica y financiera de 2008 una producción de alrededor de 35.000 viviendas al año. El consejero ha señalado que actualmente no existe capacidad industrial para recuperar una cifra de esa magnitud, pero ha defendido que el Archipiélago debe aspirar a producir unas 10.000 viviendas anuales para responder a la demanda existente.
“Probablemente hoy no hay capacidad industrial para hacer una producción de esa magnitud, pero desde luego sí que podemos aspirar a producir unas 10.000 viviendas al año”, ha señalado.
El suelo disponible debe poder transformarse en vivienda
Pablo Rodríguez ha indicado que el suelo disponible debe poder transformarse en vivienda vinculando esta necesidad con los resultados del reciente estudio del Observatorio Canario de la Vivienda, creado durante esta legislatura, que ha analizado el suelo disponible, público y privado, en las siete islas que cuentan con disponibilidad.
Según ha explicado, este estudio demuestra que existe suelo suficiente para dar respuesta a la oferta de vivienda, pero ha advertido de que disponer de suelo no es suficiente si los procedimientos para transformarlo y construir sobre él se prolongan en el tiempo.
“Lo que sucede es precisamente lo que viene a sacar a la luz la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Un planeamiento rígido, unas licencias en muchas ocasiones excesivamente lentas y exceso de trámites”, ha señalado. El consejero ha subrayado que el tiempo que se tarda en transformar el suelo, tramitar las autorizaciones y construir también repercute en el precio final de la vivienda.
La construcción industrializada, una vía para acelerar los plazos
Pablo Rodríguez ha destacado también el papel que tendrá la construcción industrializada en el Plan de Vivienda de Canarias 2026-2030, como una herramienta para reducir los plazos de construcción, mejorar la eficiencia y aumentar la capacidad de producción.
“La vivienda industrializada ya no es una alternativa, se ha convertido en una necesidad”, ha afirmado el consejero, quien ha señalado además que este modelo permite afrontar la falta de mano de obra del sector mediante una mayor especialización y cualificación profesional.
El futuro Plan de Vivienda incorporará medidas específicas para fomentar la construcción industrializada dentro del Eje 4, destinado a incentivos a los promotores. El Plan se encuentra actualmente en fase de elaboración del informe de evaluación del proceso de participación, que concluyó el pasado 30 de julio.
El Gobierno de Canarias considera, además, necesario adaptar la industrialización a las características del Archipiélago. La insularidad, la lejanía y la condición de región ultraperiférica generan sobrecostes cuando determinados elementos deben trasladarse desde la Península.
En esta línea, VISOCAN ha puesto en marcha la licitación de dos proyectos piloto de vivienda industrializada que sumarán 88 viviendas protegidas, con 52 viviendas en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, y 36 en San Sebastián de La Gomera, en La Gomera.
Preservar la oferta residencial en las zonas más tensionadas
El consejero ha defendido también la necesidad de preservar la oferta residencial existente, especialmente en las zonas donde existe una mayor presión sobre el mercado de la vivienda.
En este sentido, Pablo Rodríguez ha recordado que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha dejado de aplicar los artículos del Decreto Ley 1/2024 que permitían determinados cambios de uso de locales y oficinas para destinarlos a vivienda, mientras se han autorizado cambios de uso de edificios completos para convertirlos en hoteles.
La medida impulsada por el Gobierno de Canarias tenía como objetivo incrementar la oferta de vivienda y reservar el 50% de las viviendas resultantes para vivienda protegida. “Durante el periodo de aproximadamente un mes y medio en el que estuvo vigente en Las Palmas de Gran Canaria, se presentaron más de una veintena de solicitudes para transformar locales y oficinas en viviendas”, ha apuntado Rodríguez que además ha advertido de que la transformación de viviendas en hoteles en zonas con mayor presión residencial supone una reducción de la oferta disponible y puede contribuir al incremento de los precios de alquiler y venta.
“No estamos en contra de nuevos hoteles”, ha aclarado, pero ha defendido que, ante la emergencia habitacional, es necesario mantener las herramientas que permitan incrementar la oferta residencial.
Pablo Rodríguez ha insistido finalmente en que la respuesta a la emergencia habitacional exige actuar sobre todas las aristas del problema, aumentando la producción de vivienda pública, protegida y libre, agilizando los procedimientos y facilitando nuevos modelos de construcción que permitan responder a la demanda existente.
