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El Ejecutivo y el sector inmobiliario elaboran un Código para promover prácticas más transparentes y responsables

El Ejecutivo y el sector inmobiliario elaboran un Código para promover prácticas más transparentes y responsables

Esta iniciativa impulsa un marco común de principios, deberes y estándares de actuación

La adhesión al Código es voluntaria, pero su cumplimiento será obligatorio para los agentes adheridos

CIVICAN refuerza la protección de los consumidores y la seguridad jurídica en las operaciones inmobiliarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director gerente de VISOCAN, Javier Terán, han presentado esta mañana el Código de Buenas Prácticas con el Sector Inmobiliario de Canarias (CIVICAN), un instrumento pionero destinado a establecer un marco común de principios, deberes y estándares de actuación que orienten la actividad inmobiliaria en las Islas hacia prácticas responsables, transparentes y legalmente seguras.

El documento, impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, en colaboración con las asociaciones profesionales del sector, ha nacido con el objetivo de reforzar la confianza entre la ciudadanía y los agentes inmobiliarios, ofreciendo mayor credibilidad y garantías a quienes intervienen en procesos de compraventa o alquiler de vivienda.

Al acto de presentación ha asistido la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, como primer agente adherido, con la representación de su presidente, Rafael Tarajano. El consejero Pablo Rodríguez ha destacado que “el Código de Buenas Prácticas del Sector Inmobiliario nace con la voluntad de generar confianza y ofrecer garantías a la ciudadanía en uno de los ámbitos más sensibles de su vida, el acceso a una vivienda”.

En esta línea, Rodríguez ha destacado que esta iniciativa “marcará un antes y un después en la profesionalización del sector reforzando la transparencia, la ética y la seguridad jurídica en todas las operaciones”. Asimismo, ha añadido que “comprar o alquilar una vivienda no puede entenderse como una transacción económica, sino como un paso esencial en la construcción de un proyecto de vida”. En este sentido, ha explicado que el Código “es un sello de calidad que distingue a los profesionales que actúan con rigor, honestidad y compromiso, ofreciendo a los ciudadanos la certeza de que están en manos de agentes acreditados y comprometidos con la legalidad y las buenas prácticas”.

El presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria, Rafael Tarajano, ha apuntado que “la compraventa o el alquiler de una vivienda es una de las decisiones más importantes que toma una familia a lo largo de su vida, y por eso resulta esencial contar con profesionales formados, éticos y comprometidos que acompañen todo el proceso con rigor y transparencia”. Asimismo, ha destacado que el Código “servirá para dignificar la profesión, reconocer a los agentes que hacen las cosas bien y ofrecer a los consumidores una referencia clara de confianza y calidad”.

Tarajano ha añadido que “con este acuerdo damos un paso decisivo hacia la profesionalización real del sector inmobiliario en Canarias”. Recordando, además que “el Registro de Agentes Inmobiliarios, unido ahora al Código de Buenas Prácticas, permitirá identificar a quienes actúan con responsabilidad y alejar del mercado a quienes no cumplen con los estándares mínimos que la sociedad merece”.

Por su parte, el director gerente de VISOCAN, Javier Terán, ha destacado “la importancia de avanzar en la colaboración público-privada para fortalecer la confianza en el mercado inmobiliario”. Además, ha indicado que el nuevo Código “supone un paso firme hacia un modelo más transparente y seguro, en el que tanto propietarios como inquilinos puedan tener la tranquilidad de que sus operaciones se desarrollan con todas las garantías éticas y jurídicas”.

Terán ha subrayado además que “iniciativas como esta pueden contribuir a que afloren más viviendas al mercado, tanto en régimen de alquiler como de compraventa, al ofrecer mayor seguridad y fiabilidad a la ciudadanía”. En ese sentido, ha asegurado que desde VISOCAN “se impulsará la difusión y el seguimiento del Código, con el objetivo de que cada vez sean más las agencias y profesionales que se adhieran y promuevan una cultura de buenas prácticas que beneficie a todo el sistema”.

El Código define principios rectores como la transparencia, la protección de los derechos de los consumidores, la igualdad, la no discriminación y la legalidad en todas las operaciones inmobiliarias. Además, establece mecanismos de supervisión, arbitraje y resolución de conflictos, e incorpora un distintivo oficial que identificará a los agentes adheridos.

Asimismo, ha fomentado la difusión de las políticas públicas de vivienda, el acceso a ayudas y subvenciones, y el uso de herramientas de garantía en los contratos de arrendamiento, con el fin de reforzar la seguridad jurídica y económica de propietarios e inquilinos.

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Canarias exige al Ministerio que contemple las singularidades de las islas en el nuevo Plan de Vivienda 

Pablo Rodríguez lamenta que, una vez más, el Estado no atienda las especificidades de un territorio como el canario y subraya la necesidad de un plan flexible y consensuado con las comunidades autónomas

El consejero y el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, han participado en la sexta Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada esta mañana en el Ministerio

El Ejecutivo insiste en la propuesta ya planteada al Estado para que permita el uso de remanentes y superávits de las administraciones públicas, que en el caso de Canarias asciende hasta los 2.000 millones de euros, para dar respuesta a la emergencia habitacional

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha exigido al Ministerio que contemple las singularidades de las islas en el próximo Plan Estatal de Vivienda (2026-2030), a la vez que ha incidido en la necesidad de que este sea flexible y atienda a las propuestas y mejoras planteadas por las comunidades autónomas.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones durante la sexta Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, celebrada esta mañana en el Ministerio, en la que ha estado acompañado por el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega.

Durante la sesión, el consejero Rodríguez ha subrayado la necesidad de diálogo y consenso: “El plan comienza sin el consenso necesario. Desde Canarias estamos a disposición del Ministerio para trabajar de manera conjunta y que sea un plan compartido por todos y útil para dar respuesta a la emergencia habitacional”, ha indicado.

Asimismo, el consejero ha destacado que Canarias ha aprovechado esta cita para adelantar las alegaciones y propuestas que planteará el Ejecutivo “con el objetivo de elaborar un plan que pueda aprobarse antes de final de año y que no sea impuesto, sino que integre las realidades y particularidades de todas las comunidades autónomas”.

En esta línea, Canarias busca garantizar que el Plan del Gobierno de España se adapte a la realidad del archipiélago y sea efectivo en la respuesta a la emergencia habitacional. Entre estas propuestas, destaca la utilización de los remanentes y superávits de las administraciones públicas, una iniciativa que ya el Gobierno canario presentó en la Conferencia de Presidentes y que permitiría destinar de manera temporal recursos extraordinarios a políticas de vivienda. “Aunque por el momento el Ministerio de Vivienda no ha dado respuesta definitiva, derivando en gran parte la cuestión al Ministerio de Hacienda, el Gobierno canario considera  que esta medida  es viable y necesaria para aportar un plus a la financiación autonómica en la materia”, ha explicado Rodríguez.

Asimismo, el consejero responsable del área ha detallado que “la mayor parte de nuestras mejoras se centran en la búsqueda de flexibilización del Plan Estatal para que se convierta en un marco de coordinación entre las políticas del Estado y las ya implementadas por Canarias, sin imponer medidas que puedan perjudicar los avances locales. Es importante contemplar la singularidad de las islas no capitalinas, donde las dificultades para la construcción y promoción de vivienda son mayores debido a la escasez de mano de obra, la falta de materiales y el encarecimiento de los costes”, ha insistido.

En este sentido, el consejero ha subrayado también que Canarias destina actualmente más recursos a vivienda de los que exige el Plan Estatal, movilizando herramientas, instrumentos y fondos públicos “sin precedentes en la historia de Canarias, con cerca de 200 millones de euros destinados a las políticas públicas de vivienda”.

Rodríguez también se ha referido a la exigencia del Ejecutivo estatal sobre compartir datos, y ha destacado que las islas ya cuentan con un Observatorio Canario de Vivienda, que proporciona datos públicos y rigurosos para evaluar la eficacia de las políticas y permitir una planificación más precisa. Además, ha recordado que Canarias fue la primera comunidad autónoma en garantizar la permanencia de la vivienda pública, mediante el decreto-ley 1/2024.

“Las propuestas canarias combinan flexibilidad, innovación y adaptación a la singularidad territorial, buscando un Plan Estatal que sea realmente un plus a todo lo que ya estamos impulsando desde Canarias” ha insistido, a la vez que ha señalado que en estos dos años, “hemos impulsado una estrategia 360º, que contempla diferentes impulsos normativos para reducir las trabajos y acelerar procesos con dos decretos leyes, que han permitido reactivar la construcción de vivienda pública con cifras inéditas en los últimos años y movilizar promociones paralizadas desde hace una década. Este esfuerzo también ha buscado generar un cambio estructural que permita avanzar de manera sostenida en el ámbito de la vivienda, dejando atrás el inmovilismo normativo que había limitado el desarrollo en los últimos años”.

Rodríguez ha recordado que la prioridad debe ser “garantizar políticas eficaces y eficientes que respondan a esta situación”. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de asegurar la financiación de las políticas de vivienda más allá de 2026, cuando finalizan los fondos europeos del Plan de Recuperación.

 

 

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El Gobierno de Canarias publica la convocatoria del Bono de Alquiler Joven 2025

El Gobierno de Canarias publica la convocatoria del Bono de Alquiler Joven 2025

Los jóvenes de entre 18 y 35 años podrán presentar sus solicitudes en el plazo de 15 días hábiles, desde el 29 de septiembre al 17 de octubre de 2025

Esta ayuda se concederá por un plazo de 24 meses, con una cuantía de hasta 250 euros al mes

Se reconocerá el derecho a acceder a ella, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2024, en el caso de que ya fuese titular de un contrato desde este fecha

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha abierto el plazo para presentar solicitudes a la nueva convocatoria del Bono de Alquiler Joven, dirigida a personas jóvenes, de entre 18 y 35 años, con el objetivo de ayudarles a hacer frente al pago del alquiler de su vivienda habitual y facilitar su emancipación y desarrollo vital, con un importe que puede alcanzar hasta los 250 euros.  

Esta línea de subvenciones, gestionada a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, cuenta con un crédito global que asciende a 10,6 millones de euros, aportados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y otros 1,4 millones procedentes del convenio de colaboración entre el ICAVI y el Cabildo de Lanzarote para ampliar la cobertura de esta ayuda en la isla.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, atendiendo a la mera concurrencia de los requisitos para ser persona beneficiaria, sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes ni la prelación entre las mismas.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el plazo de 15 días hábiles, desde el 29 de septiembre al 17 de octubre de 2025, preferentemente de forma telemática a través de la sede electrónica.

También se podrá presentar por el resto de medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Requisitos de las personas beneficiarias

1. Ser persona física y tener entre 18 y 35 años, ambos incluidos, en el momento de la solicitud.

2. Tener nacionalidad española, o de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. En el caso de personas extranjeras no comunitarias deberán hallarse en situación de estancia o residencia regular en España.

3. Ser titular o estar en condiciones de suscribir, en calidad de persona arrendataria, en la Comunidad Autónoma de Canarias, un contrato de arrendamiento de vivienda formalizado en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos o, en calidad de persona cesionaria de un contrato de cesión de uso. Se reconocerá el derecho a acceder a esta ayuda, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2024, en el caso de que ya fuese titular de un contrato desde este fecha.

4. Disponer al menos de una fuente regular de ingresos que le reporte unas rentas anuales, incluidos los de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, consten o no como titulares del contrato, iguales o inferiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

En el supuesto de alquiler de habitación no se incluirá la renta de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, solamente se considerarán las de la persona física arrendataria.

En cuanto a los límites del importe de la renta arrendaticia mensual, el Instituto Canario de la Vivienda ha realizado un análisis del precio del alquiler de la vivienda por municipios, en el que se ha determinado la conveniencia de distribuir estos en tres ámbitos, a efectos de determinar el precio máximo admisible del alquiler de vivienda.

En el caso de los municipios de ‘Ámbito A’, el precio máximo de la renta de alquiler no podrá superar los 900 euros al mes, y los 450 para alquiler de habitación. En esta área se ubican, en la provincia de Las Palmas: Mogán; Las Palmas de Gran Canaria; San Bartolomé de Tirajana; Santa Brígida; Teguise; Tías y Yaiza. En la de Santa Cruz de Tenerife: Adeje; Arico; Arona; Candelaria; Puerto de la Cruz; El Rosario; San Miguel de Abona; Santa Cruz de Tenerife y Santiago del Teide.

Por otro lado, en el ‘Ámbito B’, el precio máximo será de 750 euros al mes, para alquiler de vivienda, y de 375 euros para habitación. En la provincia oriental se incluyen Agüimes; Arrecife; Arucas; Haría; La Oliva; Pájara; San Bartolomé; Telde y Tinajo. En la occidental, Breña Baja; Granadilla de Abona; Guía de Isora; Güímar; La Orotava; San Cristóbal de La Laguna; Santa Cruz de La Palma; El Sauzal; Tacoronte; Tazacorte; Valle Gran Rey y Vallehermoso.

Finalmente, para el ‘Ámbito C’, o general, para los 51 municipios restantes, el importe de la renta arrendaticia mensual no puede superar los 600 euros al mes, para alquiler de vivienda, y los 300 euros al mes para alquiler de habitación.

Las ayudas se abonarán de forma semestral, previa justificación por la persona beneficiaria. No obstante, en el caso de que se solicite la ayuda con carácter retroactivo, el abono se podrá realizar con la resolución de concesión, siempre que se hayan aportado los correspondientes recibos de abono del alquiler en el momento de la solicitud.

Convenio con el Cabildo de Lanzarote

En el caso de la isla de Lanzarote, tras el convenio firmado entre el ICAVI y el Cabildo insular, incorporando una aportación de esta administración de 1,4 millones de euros, se amplía la cobertura de las ayudas y se garantiza que un mayor número de jóvenes lanzaroteños pueda beneficiarse de este apoyo al alquiler.

La aportación del Cabildo se integrará en la gestión ordinaria que realiza el Instituto Canario de la Vivienda, lo que permitirá optimizar la tramitación, evitar duplicidades administrativas y asegurar una gestión coordinada y transparente de los fondos públicos.

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Pablo Rodríguez expone en LANDCAM la estrategia de Canarias para desbloquear suelos y fomentar vivienda protegida

Pablo Rodríguez expone en LANDCAM la estrategia de Canarias para desbloquear suelos y fomentar vivienda protegida

El consejero ha intervenido en la mesa “Transformaciones Urbanas en España: Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia y las Islas Baleares”, de este foro organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid junto con representantes de otras comunidades autónomas 

Rodríguez ha explicado las medidas a corto y medio plazo implementadas a través de los Decretos-leyes 1/2024 y 3/2025, orientadas a desbloquear terrenos que llevan años paralizados y que resultan esenciales para el futuro del Archipiélago para no consumir más suelo

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha participado hoy en el foro LANDCAM: La brújula de los suelos en desarrollo, organizado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA), en el Espacio Fundación Telefónica, donde ha detallado la estrategia de las islas para desbloquear terrenos que llevan años paralizados e inutilizados y resultan esenciales para hacer frente a la emergencia habitacional para no consumir más suelo”.   

Rodríguez ha intervenido en la mesa redonda “Transformaciones Urbanas en España: Madrid, Andalucía, Canarias, Murcia y las Islas Baleares”, en la que ha compartido con representantes de otras comunidades autónomas los avances y propuestas que está liderando Canarias en materia de vivienda y planificación territorial.

“Canarias se incorpora a este foro porque, en estos dos años de legislatura, hemos puesto en marcha numerosos instrumentos y herramientas que permiten impulsar el desarrollo de suelo en el Archipiélago con el objetivo de dar respuesta a la emergencia habitacional, garantizando que la ciudadanía pueda acceder a un hogar digno y desarrollar su proyecto de vida en esta tierra”, ha subrayado.

Además, el consejero ha explicado que, en Canarias “contamos desde hace décadas con suelo ya planificado que puede dar respuesta a la emergencia habitacional sin necesidad de ocupar nuevos espacios. El reto, por tanto, no está en ampliar el territorio urbanizable, sino en poner en marcha herramientas eficaces que permitan desbloquear estos suelos y transformarlos en solares y viviendas reales. Solo así podremos convertir esa planificación en hogares para las familias canarias, atendiendo la enorme demanda actual tanto de alquiler como de compraventa”.

En este sentido, ha destacado que Canarias ha abierto nuevas posibilidades con el Decreto-ley 1/2024, que permite destinar a vivienda protegida suelos de dotaciones, equipamientos o sistemas generales, impulsando a los ayuntamientos a identificar estos suelos para cederlos al Instituto Canario de la Vivienda o sacarlos a concurso público.

Rodríguez también ha detallado las medidas a corto y medio plazo puestas en marcha mediante los Decretos-leyes 1/2024 y 3/2025. El primero, aprobado como respuesta urgente a la emergencia habitacional, se centra en tres bloques de actuación: aumentar la disponibilidad de suelo para vivienda, facilitar el uso de edificaciones existentes como vivienda y agilizar la gestión administrativa. Entre las medidas más relevantes se encuentran la posibilidad de transformar suelos turísticos en residenciales con reserva obligatoria a vivienda protegida, el cambio de uso de locales y edificios terciarios a vivienda, la rehabilitación de edificaciones inacabadas o la simplificación de trámites administrativos con silencio positivo.

El Decreto-ley 3/2025, por su parte, profundiza en estas líneas, ampliando plazos para rehabilitación, facilitando la ejecución anticipada de suelos destinados a vivienda protegida, permitiendo el paso de suelo terciario a residencial y, sobre todo, regulando por primera vez en España las viviendas asequibles incentivadas, destinadas a alquiler para rentas intermedias. Además, habilita que los informes técnicos necesarios para licencias urbanísticas puedan ser emitidos por entidades colaboradoras, reduciendo los tiempos de tramitación.

“Canarias está dando pasos valientes y pioneros en materia de vivienda y ordenación territorial. Hemos asumido que la emergencia habitacional exige medidas extraordinarias y, por ello, hemos desplegado un marco legislativo ágil, innovador y de referencia nacional”, ha concluido Rodríguez.

 

 

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Pablo Rodríguez avanza que el nuevo Plan de Vivienda de Canarias priorizará a colectivos vulnerables

Pablo Rodríguez avanza que el nuevo Plan de Vivienda de Canarias priorizará a colectivos vulnerables

El consejero destaca que el nuevo plan nace con vocación social y busca el mayor consenso parlamentario posible

El objetivo es dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en las islas con medidas eficaces, realistas y de impacto inmediato

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha comparecido hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias para abordar las directrices del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029, aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de julio, “un pan que dará prioridad a colectivos vulnerables, jóvenes y personas con discapacidad, promoviendo viviendas adaptadas, facilitando la emancipación juvenil y garantizando el acceso a soluciones habitacionales dignas para quienes más lo necesitan en todo el archipiélago”.

Durante su intervención, Rodríguez ha subrayado que el archipiélago atraviesa “un momento decisivo en materia de vivienda”, condicionado por un fuerte crecimiento demográfico en los últimos años, la aparición de nuevos modelos de hogar y la dificultad estructural para que el sector de la construcción recupere el ritmo necesario tras la crisis de 2008.

“El reto es claro, necesitamos un plan realista, consensuado y eficaz que garantice que todas las familias canarias puedan acceder a una vivienda digna. No podemos perder más tiempo, la ciudadanía nos exige respuestas inmediatas”, ha afirmado el consejero.

Avances y medidas ya en marcha

Rodríguez ha recordado que al llegar a la Consejería se encontró con un Plan de Vivienda 2020-2025 “sin grandes avances”, por lo que desde entonces se ha trabajado “a contrarreloj” para revertir la situación. En estos dos años, se han puesto en marcha más de 2.000 nuevas viviendas públicas, -a las que se sumarán otro montante igual en los próximos ejercicios-, además de aprobarse dos decretos-ley con medidas extraordinarias para impulsar la construcción, agilizar trámites y fomentar la vivienda asequible incentivada.

Asimismo, ha destacado el trabajo en red con cabildos, ayuntamientos, sector privado y tercer sector; la protección permanente del parque de vivienda pública; la elaboración de un nuevo sistema de adjudicación basado en criterios objetivos, que elevará del 5% al 20% las viviendas destinadas a jóvenes; y la tramitación del programa Mi primera vivienda o Hipoteca joven.

Directrices del Plan 2026-2029

El nuevo plan se apoyará en once ejes estratégicos, entre los que destacan: la prioridad a colectivos vulnerables, el impulso al alquiler asequible, la regeneración urbana y rural, la cesión de suelo municipal para vivienda protegida, la lucha contra el fraude y la ocupación ilegal en el parque público, la apuesta por la sostenibilidad y la industrialización de la construcción, y el refuerzo de la colaboración público-privada.

“Queremos que este plan sea una herramienta común, con el mayor respaldo parlamentario posible, que trascienda siglas y legislaturas. Porque la vivienda no es solo un problema de quienes acceden a la pública, es un problema que afecta a toda la sociedad canaria: a las clases medias, a los jóvenes que buscan emanciparse, a las personas mayores y a las familias monoparentales”, ha señalado Rodríguez.

El consejero ha concluido solicitando el compromiso de los grupos parlamentarios para que el Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029 pueda aprobarse con urgencia y convertirse en una “palanca real de transformación social y económica para el archipiélago”.

La demanda de vivienda de las personas con discapacidad

Por otro lado, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el consejero ha explicado que, del total de inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Canarias, cerca del 15% corresponde a personas con algún grado de discapacidad, de las cuales un 8,6% presenta una discapacidad de carácter grave.

Rodríguez ha destacado que, aunque “no se trata de grandes cifras, sí reflejan una demanda real que debemos atender con especial sensibilidad”. Para ello, ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha convocatorias específicas de ayudas para mejorar la accesibilidad en viviendas, dotadas con 5 millones de euros en colaboración con la FECAM, así como líneas de apoyo para adaptar viviendas con medidas como ampliación de espacios, instalación de señales acústicas o sistemas de domótica.

Asimismo, ha señalado que en todas las convocatorias de ayudas públicas se contempla puntuación adicional para unidades familiares con personas con discapacidad, y que el actual decreto de adjudicación de viviendas ya prevé un cupo específico para solicitantes con movilidad reducida, que se mantendrá, e incluso podrá reforzarse, en el nuevo decreto en tramitación.

“Hoy contamos con un marco que prioriza y protege a las personas con discapacidad, si bien, siempre hay margen de mejora. Mi compromiso es seguir revisando y reforzando estas medidas para ofrecer una cobertura más amplia y eficaz”, ha asegurado el consejero.

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Pablo Rodríguez avanza que el nuevo Plan de Vivienda de Canarias priorizará a colectivos vulnerables

Pablo Rodríguez avanza que el nuevo Plan de Vivienda de Canarias priorizará a colectivos vulnerables

El consejero destaca que el nuevo plan nace con vocación social y busca el mayor consenso parlamentario posible

El objetivo es dar respuesta a la creciente demanda de vivienda en las islas con medidas eficaces, realistas y de impacto inmediato

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha comparecido hoy en el Pleno del Parlamento de Canarias para abordar las directrices del Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029, aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado 29 de julio, “un pan que dará prioridad a colectivos vulnerables, jóvenes y personas con discapacidad, promoviendo viviendas adaptadas, facilitando la emancipación juvenil y garantizando el acceso a soluciones habitacionales dignas para quienes más lo necesitan en todo el archipiélago”.

Durante su intervención, Rodríguez ha subrayado que el archipiélago atraviesa “un momento decisivo en materia de vivienda”, condicionado por un fuerte crecimiento demográfico en los últimos años, la aparición de nuevos modelos de hogar y la dificultad estructural para que el sector de la construcción recupere el ritmo necesario tras la crisis de 2008.

“El reto es claro, necesitamos un plan realista, consensuado y eficaz que garantice que todas las familias canarias puedan acceder a una vivienda digna. No podemos perder más tiempo, la ciudadanía nos exige respuestas inmediatas”, ha afirmado el consejero.

Avances y medidas ya en marcha

Rodríguez ha recordado que al llegar a la Consejería se encontró con un Plan de Vivienda 2020-2025 “sin grandes avances”, por lo que desde entonces se ha trabajado “a contrarreloj” para revertir la situación. En estos dos años, se han puesto en marcha más de 2.000 nuevas viviendas públicas, -a las que se sumarán otro montante igual en los próximos ejercicios-, además de aprobarse dos decretos-ley con medidas extraordinarias para impulsar la construcción, agilizar trámites y fomentar la vivienda asequible incentivada.

Asimismo, ha destacado el trabajo en red con cabildos, ayuntamientos, sector privado y tercer sector; la protección permanente del parque de vivienda pública; la elaboración de un nuevo sistema de adjudicación basado en criterios objetivos, que elevará del 5% al 20% las viviendas destinadas a jóvenes; y la tramitación del programa Mi primera vivienda o Hipoteca joven.

Directrices del Plan 2026-2029

El nuevo plan se apoyará en once ejes estratégicos, entre los que destacan: la prioridad a colectivos vulnerables, el impulso al alquiler asequible, la regeneración urbana y rural, la cesión de suelo municipal para vivienda protegida, la lucha contra el fraude y la ocupación ilegal en el parque público, la apuesta por la sostenibilidad y la industrialización de la construcción, y el refuerzo de la colaboración público-privada.

“Queremos que este plan sea una herramienta común, con el mayor respaldo parlamentario posible, que trascienda siglas y legislaturas. Porque la vivienda no es solo un problema de quienes acceden a la pública, es un problema que afecta a toda la sociedad canaria: a las clases medias, a los jóvenes que buscan emanciparse, a las personas mayores y a las familias monoparentales”, ha señalado Rodríguez.

El consejero ha concluido solicitando el compromiso de los grupos parlamentarios para que el Plan de Vivienda de Canarias 2026-2029 pueda aprobarse con urgencia y convertirse en una “palanca real de transformación social y económica para el archipiélago”.

La demanda de vivienda de las personas con discapacidad

Por otro lado, en respuesta a una pregunta parlamentaria, el consejero ha explicado que, del total de inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Canarias, cerca del 15% corresponde a personas con algún grado de discapacidad, de las cuales un 8,6% presenta una discapacidad de carácter grave.

Rodríguez ha destacado que, aunque “no se trata de grandes cifras, sí reflejan una demanda real que debemos atender con especial sensibilidad”. Para ello, ha recordado que el Gobierno ha puesto en marcha convocatorias específicas de ayudas para mejorar la accesibilidad en viviendas, dotadas con 5 millones de euros en colaboración con la FECAM, así como líneas de apoyo para adaptar viviendas con medidas como ampliación de espacios, instalación de señales acústicas o sistemas de domótica.

Asimismo, ha señalado que en todas las convocatorias de ayudas públicas se contempla puntuación adicional para unidades familiares con personas con discapacidad, y que el actual decreto de adjudicación de viviendas ya prevé un cupo específico para solicitantes con movilidad reducida, que se mantendrá, e incluso podrá reforzarse, en el nuevo decreto en tramitación.

“Hoy contamos con un marco que prioriza y protege a las personas con discapacidad, si bien, siempre hay margen de mejora. Mi compromiso es seguir revisando y reforzando estas medidas para ofrecer una cobertura más amplia y eficaz”, ha asegurado el consejero.

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El ICAVI aprueba técnicamente la rehabilitación de 88 viviendas en Añaza, en Santa Cruz de Tenerife

Vivienda aprueba el expediente de contratación para la redacción del proyecto de 59 viviendas protegidas en Granadilla de Abona

Las obras están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán financiadas con los fondos Next Generation 

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha aprobado técnicamente el proyecto de ejecución para la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de 88 viviendas protegidas de promoción pública situadas en el barrio de Añaza, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Las obras, que se llevarán a cabo en el grupo de viviendas denominado Añaza I-10, cuentan con un presupuesto de 1.688.831,51 euros. La actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y será financiada con fondos europeos Next Generation EU.

El proyecto incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.

Impulso a la vivienda en Tenerife

En el marco del Plan de Vivienda de Canarias, la Consejería cuenta con una obra en ejecución de 65 viviendas en el municipio de La Orotava y está trabajando en el expediente para la construcción de 13 viviendas en La Chacona, en Güímar.

Dentro de este mismo plan, el ICAVI ha firmado un convenio de colaboración con el Cabildo de Tenerife por importe de 45 millones de euros, donde la aportación de la institución insular es de 19,7 millones para las siguientes actuaciones: 17 inmuebles en Santiago del Teide, 17 en El Sauzal, 47 en Granadilla de Abona, 30 en Güímar, 27 en Los Realejos, 90 en San Miguel Abona y 29 en El Rosario.

Asimismo, a través del programa 6, destinado a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se desarrollarán 59 inmuebles en Arona, 51 en Adeje y 24 en Guía de Isora donde, de nuevo, el Cabildo de Tenerife se ha sumado al convenio Canarias-Estado, aportando 4,4 millones de euros.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, llevará a cabo actuaciones de rehabilitación, a través del programa 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 59 viviendas en La Hornera, 100 en Los Menceyes, 80 en Los Olivos, 36 en La Esperanza, y de 504 en Añaza.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), junto al Estado, ha aportado 900.000 euros de una inversión total de 1.400.000 euros al Ayuntamiento de La Laguna para la adquisición de 12 viviendas en La Laguna.

Por otro lado, en Santa Cruz de Tenerife, se ha realizado una aportación complementaria al Plan Activa Vivienda del Cabildo insular, de 2 millones de añadidos al millón de euros aportados por la institución insular, lo que permitirá la adquisición 26 viviendas de promoción pública en la capital tinerfeña.

Asimismo, el ICAVI ha destinado una inversión inicial de 16,7 millones de euros para la construcción de 37 viviendas en María Jiménez y 226 viviendas en Cuevas Blancas, que contarán con una inversión global que alcanzará los 41 millones de euros.

La empresa pública Visocan ejecuta en estos momentos 100 viviendas en el municipio de Santa Cruz, 7 en La Orotava y 52 en Icod de los Vinos, con financiación del Instituto Canario de la Vivienda y del Plan Estatal de Vivienda.

Sobre +VICAN

Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago. Esta estrategia tiene como objetivo principal dar una respuesta integral a la emergencia habitacional mediante la implementación de soluciones sostenibles e inclusivas. +VICAN busca garantizar el acceso a una vivienda digna, priorizar a los colectivos más vulnerables y promover un desarrollo territorial equilibrado y adaptado a las necesidades actuales de la población canaria.

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Vivienda aprueba técnicamente la rehabilitación energética de 108 viviendas protegidas en Candelaria

El Gobierno de Canarias saca a licitación las obras de construcción de 34 viviendas protegidas en Tazacorte

Las obras están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán financiadas a través de los fondos Next Generation EU

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha aprobado técnicamente el proyecto de ejecución para la rehabilitación energética y la mejora de la accesibilidad de 108 viviendas protegidas de promoción pública situadas Los Menceyes, en el término municipal de Candelaria, en Tenerife.

Este lote forma parte del expediente para la redacción de proyectos de construcción de un total de cinco grupos de inmuebles de titularidad pública repartidos en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, en la provincia de Las Palmas, y de Candelaria, Adeje y El Rosario, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Las obras, que cuentan con un presupuesto de 5.518.031,27 euros, están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán financiadas a través de los fondos Next Generation.

Dentro de esta iniciativa, se contemplan subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección de obra tanto del proyecto principal como de los subproyectos de instalaciones.

Impulso a la vivienda en Tenerife

En el marco del Plan de Vivienda de Canarias, la Consejería cuenta con una obra en ejecución de 65 viviendas en el municipio de La Orotava y está trabajando en el expediente para la construcción de 13 viviendas en La Chacona, en Güímar.

Dentro de este mismo plan, el ICAVI ha firmado un convenio de colaboración con el Cabildo de Tenerife por importe de 45 millones de euros, donde la aportación de la institución insular es de 19,7 millones de euros para las siguientes actuaciones: 17 inmuebles en Santiago del Teide, 17 en El Sauzal, 47 en Granadilla de Abona, 30 en Güímar, 27 en Los Realejos, 90 en San Miguel Abona y 29 en El Rosario.

Asimismo, a través del programa 6, destinado a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se desarrollarán 59 inmuebles en Arona, 51 en Adeje y 24 en Guía de Isora donde, de nuevo, el Cabildo de Tenerife se ha sumado al convenio Canarias-Estado aportando 4,4 millones de euros.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, llevará a cabo actuaciones de rehabilitación, a través del programa 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 59 viviendas en La Hornera, 100 en Los Menceyes, 80 en Los Olivos, 36 en La Esperanza, y de 504 en Añaza.

El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), junto al Estado, ha aportado 900.000 euros de una inversión total de 1.400.000 euros al Ayuntamiento de La Laguna para la adquisición de 12 viviendas en La Laguna.

Por otro lado, en Santa Cruz de Tenerife, se ha realizado una aportación complementaria al Plan Activa Vivienda del Cabildo insular, de 2 millones de añadidos al millón de euros aportados por la institución insular, lo que permitirá la adquisición 26 viviendas de promoción pública en la capital tinerfeña.

Asimismo, el ICAVI ha destinado una inversión inicial de 16,7 millones de euros para la construcción de 37 viviendas en María Jiménez y 226 viviendas en Cuevas Blancas, que contarán con una inversión global que alcanzará los 41 millones de euros.

La empresa pública Visocan ejecuta en estos momentos 100 viviendas en el municipio de Santa Cruz, 7 en La Orotava y 52 en Icod de los Vinos, con financiación del Instituto Canario de la Vivienda y del Plan Estatal de Vivienda.

Sobre +VICAN

Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago. Esta estrategia tiene como objetivo principal dar una respuesta integral a la emergencia habitacional mediante la implementación de soluciones sostenibles e inclusivas. +VICAN busca garantizar el acceso a una vivienda digna, priorizar a los colectivos más vulnerables y promover un desarrollo territorial equilibrado y adaptado a las necesidades actuales de la población canaria.

 

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El Gobierno de Canarias saca a licitación la construcción de 75 viviendas protegidas en Puerto del Rosario

Vivienda destina más de un millón de euros a la rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad de 380 inmuebles protegidos

La actuación está distribuida en dos lotes de 47 y 28 inmuebles ubicados en las parcelas Don Quijote y Bernegal
Las obras, con un presupuesto de 12.825.473,96 euros, están incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán financiadas con fondos Next Generation y con aportación de la Comunidad Autónoma y del Cabildo de Fuerteventura
Las empresas interesadas en concurrir podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 18 de septiembre de 2025, a las 17.00 horas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), actualiza la licitación para la ejecución de un total de 75 viviendas protegidas de promoción pública en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

La actuación, que quedó desierta en un primer proceso de licitación, cuenta ahora con una inversión global de 12.825.473,96 euros, financiada con fondos europeos Next Generation, a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una aportación de 328.893,27 euros del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, mientras que el Cabildo de Fuerteventura destina 717.443,18. Por su parte, la Comunidad Autónoma de Canarias asume la mayor parte de la inversión, con 12.496.580,69 euros.

La iniciativa, que corresponde a una tramitación urgente como consecuencia de la aplicación del decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, que establece medidas para afrontar la emergencia habitacional, se divide en dos lotes independientes.

Por un lado, en la parcela Don Quijote, situada entre las calles Don Quijote, Dulcinea y Sorolla, se ejecutará la construcción de 47 inmuebles protegidos y 47 plazas de garaje, con un presupuesto de licitación de 7.110.230,36 euros, y un plazo de ejecución estimado de 20 meses.

Por su parte, en la parcela Bernegal, ubicada entre las calles Bernegal, El Alpende y Tabajoste, se edificarán 28 viviendas protegidas y 28 plazas de garaje, con una inversión de 5.715.243,60 euros, y un plazo de ejecución estimado de 18 meses.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el día 18 de septiembre de 2025, a las 17:00 horas (hora peninsular), a través de la web de la Plataforma de Contratación Pública del Estado, donde, además, podrán consultar los pliegos y condiciones.

Con esta iniciativa, el Instituto Canario de la Vivienda avanza en el impulso a la construcción de vivienda pública en Canarias, reafirmando el compromiso del Ejecutivo autonómico con el derecho a una vivienda digna y con el objetivo de dar respuesta efectiva a la actual emergencia habitacional que afecta a miles de familias en el archipiélago.

Proyectos de vivienda en marcha en Fuerteventura

En la isla de Fuerteventura, el ICAVI, que dirige Antonio Ortega, cuenta con cuatro proyectos que se desarrollarán dentro del programa 6 de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes: 28 inmuebles en la Calle El Bernegal, 47 viviendas en la Calle Don Quijote, en Puerto del Rosario, 77 inmuebles en La Oliva y 24 en Rosa Vila. En el marco de este programa, firmado entre el Estado y el Gobierno de Canarias, se está preparando una adenda a través de la cual el Cabildo de Fuerteventura contribuirá a la construcción de estas viviendas con una aportación económica de 1.683.598 euros.

Asimismo, a través del programa 1, destinado a actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, la Consejería rehabilitará las 50 viviendas ya mencionadas en el barrio de Fabelo, 40 en La Oliva y 10 en el Valle de Santa Inés.

En este sentido, el Gobierno de Canarias dispondrá de un total de 28.672.246,08 euros para llevar a cabo diversas actuaciones en materia de construcción y rehabilitación. De esta cantidad, 26.396.117 euros serán destinados a la construcción a través del programa 6, mientras que los 2.276.129,08 euros restantes se emplearán en intervenciones de rehabilitación, a través del programa 1.

Sobre +VICAN

Todas las actuaciones de vivienda en Canarias se desarrollan en el marco de la iniciativa +VICAN, para fortalecer y coordinar las políticas habitacionales en el archipiélago. Esta estrategia tiene como objetivo principal dar una respuesta integral a la emergencia habitacional mediante la implementación de soluciones sostenibles e inclusivas. +VICAN busca garantizar el acceso a una vivienda digna, priorizar a los colectivos más vulnerables y promover un desarrollo territorial equilibrado y adaptado a las necesidades actuales de la población canaria.

 

 

 

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Vivienda avanza en la rehabilitación energética de 35 viviendas protegidas en San Mateo

Las obras, adjudicadas a la empresa Velplus Construcciones S.L., cuentan con una inversión de más de 992.000 euros financiada con fondos europeos Next Generation EU y del Gobierno de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, continúa ejecutando la rehabilitación energética de 35 viviendas protegidas de promoción pública situadas en el municipio de San Mateo, en la isla de Gran Canaria.

La actuación, financiada mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos europeos Next Generation EU y con aportación de la Comunidad Autónoma, supone una inversión total de 992.109,28 euros, de los cuales 539.167,26 euros proceden del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y 452.942,02 euros del Ejecutivo canario.

El contrato fue adjudicado a la empresa Velplus Construcciones S.L., con un plazo de ejecución de ocho meses. La intervención permitirá alcanzar un importante ahorro en el consumo de energía primaria no renovable, en línea con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética marcados por la Unión Europea.

El director del ICAVI, Antonio Ortega, ha destacado que “esta actuación no solo mejora las condiciones de habitabilidad y eficiencia energética de estas viviendas y del parque público, sino que también contribuye a la reducción de emisiones y al compromiso de Canarias con la transición energética y la lucha contra el cambio climático”.

Con este proyecto, el Gobierno de Canarias continúa desarrollando programas de rehabilitación a nivel de barrio, mejorando la calidad de vida de las familias y modernizando el parque público residencial para adaptarlo a las exigencias actuales de eficiencia y sostenibilidad.

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