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La inoperancia del Estado y la insolidaridad de algunos territorios deja a Canarias, de nuevo, sola frente al drama

La Conferencia Sectorial de Infancia que tenía que resolver la distribución de los menores migrantes no acompañados no se celebra por la falta de quorum, al no comparecer las comunidades gobernadas por el PP

La ministra Sira Rego ha asegurado que los decretos que desarrollan el Real Decreto Ley se aprobarán el 22 de julio y el 26 de agosto en Consejo de Ministros

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha vuelto a mostrarse indignada ante “la falta de respeto mostrada por parte del conjunto del Estado hacia Canarias, a quien siguen dejando sola frente a la situación crítica que atraviesa al tener desbordada su capacidad de mantenimiento de los menores migrantes no acompañados que arriban a las Islas”, aseguró. “Quizás es cansino seguir repitiendo las cifras, pero cuando comunidades como Baleares se echan las manos a la cabeza por tener 200 menores en sus centros en los últimos meses, mientras Canarias lleva dos años con una sobreocupación de más de 5.000 niños, nos quedamos atónitas. ¿Qué tipo de cinismo es este? ¡Nosotros tenemos centros con 200 y 400 niños en islas como El Hierro!”, enfatizó.

“Y, todavía, podemos entender las prevenciones que tienen las comunidades porque el Estado no da ejemplo. No están dispuestas a asumir en solitario como lo estamos haciendo nosotros desde hace dos años, insisto. Pero la inoperancia del Gobierno Central sigue siendo evidente porque no es capaz de articular una respuesta negociada, con una financiación óptima, que permita a estas comunidades ahuyentar sus miedos de tener que dedicar una financiación extra a un asunto que es un problema europeo”, recordó. La consejera aseguró que “la prueba de que el Estado es el primero que no cumple, la tenemos en las reuniones de la comisión Canarias Estado para solventar el mandato del Tribunal Supremo, donde llevamos dos meses escuchando todo tipo de excusas peregrinas para no asumir al menos la responsabilidad que les corresponde de dar un espacio físico fuera de Canarias a los niños migrantes con la condición de protección internacional. Los gestos para ganar el relato empiezan a dejarlos en evidencia, ya que por el momento no ha salido ni un solo niño hacia la Península de tal manera que se pueda aliviar la carga que tiene el Archipiélago”, recordó.

Delgado relató las diversas tácticas que utiliza el Estado para, por un lado, que parezca ante el Tribunal Supremo que están avanzando y colaborando para asumir su responsabilidad y, por otro, no hacer efectiva ninguna salida, como las continuas peticiones de documentación, ya enviada, con nuevos datos, o la resolución negativa de expedientes de protección oficial para reducir la lista de menores que tienen que asumir. “Si en los últimos años han hecho 19 expedientes, en las últimas semanas, Interior se ha aplicado intensamente a evacuar 141 resoluciones, de las cuales 53 han sido negativas. A nosotras, al menos, nos parece bastante sospechoso”.

 

Aplicar la ley

“El resultado, de nuevo, es que volvemos a Canarias con la única esperanza de que el Estado aplique de una vez por todas la ley, desarrolle y apruebe los Real Decreto que desarrollan en Real Decreto Ley de Modificación de la Ley de Extranjería, y comience sin dilación las derivaciones a todas las Comunidades Autónomas según el criterio de reparto presentado en la Comisión Sectorial porque pueden hacerlo y les ampara la ley”, sentenció. “Si ese reparto se produjera, Canarias seguiría en contingencia migratoria, con tres veces su capacidad de acogimiento superada, pero por lo menos sentiríamos un cierto alivio que nos permitiría seguir dando respuesta a las nuevas llegadas. Si esto no es así, en las calmas de septiembre veremos una situación insostenible sin recursos alojativos, profesionales, sanitarios, judiciales ni económicos para estos menores y, lo más importante, sin capacidad para poner por delante el bien superior del menor”.

La ministra Sira Rego afirmó que en el Consejo de Ministros previsto para el próximo 22 de julio se aprobará decreto que desarrolla el Real Decreto Ley de Modificación de la Ley de Extranjería, mientras que el próximo 26 de agosto se prevé la aprobación del decreto que regulará la capacidad de acogida ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas y la financiación a las comunidades autónomas que acojan a personas menores migrantes no acompañados.

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Bienestar Social destina casi un millón de euros a financiar proyectos de atención a la infancia

La convocatoria de subvenciones, publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), contempla un incremento de 80.000 euros con respecto a 2024

Los proyectos deben procurar la mejora de la situación de vulnerabilidad social de las familias, facilitar la conciliación familiar y laboral y garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de la población menor

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el miércoles, 9 de julio, las bases que regulan la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones destinadas al desarrollo de acciones destinadas a proyectos sociales de apoyo a la infancia y las familias para el año 2025, por un importe que asciende a un total de 918.872,00 euros, lo que supone un incremento de 80.000 euros con respecto a la convocatoria del ejercicio 2024.

“A través de ayudas garantizamos apoyo financiero a los programas impulsados desde las entidades sociales dirigidos a atender a la infancia y familias canarias que peor lo están pasando, no solo garantiando aspectos tan básicos y necesarios como su alimentación sino también mediante el apoyo a los servicios de intervención familiar y a los programas dirigidos a facilitar la conciliación familiar y laboral”, aclara la consejera del área de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno canario, Candelaria Delgado.

Podrán acceder a estas ayudas las entidades sin ánimo de lucro que tengan entre los fines establecidos en sus estatutos, la realización de las actividades consideradas subvencionables, con al menos un año de antelación a la fecha del último día de presentación de solicitudes, y cuyo ámbito de actuación sea de manera real y efectiva las islas Canarias.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, es decir, hasta el próximo martes, 22 de julio.

Las solicitudes de ayudas se deberán presentar de forma telemática, a través de la sede electrónica única del Gobierno de Canarias, en este enlace.

La publicación de la Orden que podrá consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones: bases 

 

Tipologías de proyectos

Los proyectos presentados deberán ajustarse a las citadas Tipologías y a los Servicios y Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales en el Área de Infancia, Adolescencia, Personas Jóvenes Extuteladas o en Riesgo de Exclusión y familias. En concreto, las bases establecen cuatro tipos de proyectos a subvencionar:

1. Proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, etc. y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación (material escolar, ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, suministros, etc.) así como el acompañamiento y trabajo social con las familias.

2. Proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias en procesos de inserción socio-laboral con hijos e hijas a cargo tales como gastos de asistencia a escuelas infantiles, la atención de niños y niñas para cubrir necesidades puntuales de conciliación, los servicios de apoyo complementarios de los servicios normalizados educativos u otros que garanticen el derecho de los niños y niñas a una atención y desarrollo adecuados.

3. Servicios de intervención y apoyo familiar (intervención y orientación socio-familiar, mediación familiar, puntos de encuentro o atención socioeducativa de niñas, niños y adolescentes).

4. Proyectos para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de las y los menores durante las vacaciones escolares, periodos no lectivos (fines de semana y tarde) y la conciliación de la vida familiar y laboral.

 

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Canarias avanza hacia un nuevo modelo “más humanizado” en la atención sociosanitaria

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explicó en sede parlamentaria los avances en la Estrategia de Coordinación Sociosanitaria de Canarias

“La Estrategia de Coordinación Sociosanitaria de Canarias supone una apuesta profunda por cambiar el modelo de cuidados en Canarias, una apuesta para la cual ya tenemos una hoja de ruta y el respaldo técnico y social necesario para dar un salto cualitativo”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en sede parlamentaria, donde intervino para explicar los avances sobre la Estrategia Sociosanitaria impulsada por el Ejecutivo canario.

“La Estrategia Sociosanitaria se encuentra en estos momentos en los últimos trámites administrativos para su aprobación, a falta solo de algunos informes internos del Gobierno”, aclaró Delgado quien indicó que, de forma paralela, Bienestar Social avanza en el diseño del III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias, “que no solo prevé la construcción de nuevas plazas, sino un cambio en las políticas de atención a la persona contemplando tipologías residenciales más flexibles, con unidades convivenciales pequeñas y servicios que permitan mantener a la persona en su entorno familiar”.

“Para atender de forma adecuada a las personas mayores y en situación de dependencia -subrayó la consejera del área social-, trabajamos en un modelo de coordinación real entre lo social y lo sanitario, una integración efectiva que permita dar respuestas rápidas, humanizadas y sostenidas en el tiempo, una labor que, evidentemente, no puede hacerse en dos días”.

Para ello, Bienestar Social avanza en la aprobación de la Estrategia Sociosanitaria como un instrumento de planificación y transformación “que definirá el modelo de coordinación entre el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales en Canarias durante los próximos años”. Una Estrategia para cuyo diseño e implementación se ha contado con las aportaciones de los diferentes agentes implicados (Cabildos, Ayuntamientos, entidades del Tercer sector, colegios profesionales, sindicatos y sector empresarial vinculado al cuidado).

 

Consolidación de un sistema de cuidados de larga duración

La Estrategia, que se estructura en torno a cinco objetivos estratégicos y 14 líneas de acción, tiene como fin consolidar un sistema de cuidados de larga duración en red, que supere la fragmentación institucional, además de avanzar hacia la coordinación funcional y operativa entre los sistemas, desarrollando protocolos compartidos, circuitos de derivación y herramientas tecnológicas comunes.

Para ello, contempla el diseño de servicios conjuntos, especialmente en el ámbito del alojamiento residencial, de los cuidados domiciliarios y de la atención a la cronicidad, así como la promoción de la participación de los agentes sociales y profesionales, la implementación de equipos sociosanitarios de coordinación insular, con presencia del SCS y de los servicios sociales insulares y municipales, la creación de protocolos únicos de valoración y derivación para casos como el alta hospitalaria de personas sin red de apoyo y la consolidación de plazas de atención sociosanitaria con carácter mixto, en coordinación con los cabildos.

“Nuestro objetivo es que Canarias cuente con nuevo modelo centrado en la atención integral, rápida, continua y digna de la persona”, aseveró Delgado.

 

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Canarias recibirá una partida de 8,5 millones de euros para la atención de menores migrantes

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, insistió que esta cantidad resulta “totalmente insuficiente sobre todo cuando Canarias ya cuenta con un déficit de 140 millones de euros en la atención a menores migrantes”

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada hoy en Madrid, aprobó la distribución del crédito destinado a las Comunidades Autónomas de Canarias para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por importe de 22 millones de euros, de los cuales, Canarias recibirá un total de 8,5 millones de euros.

“Esta aportación resulta claramente insuficiente teniendo en cuenta que Canarias ya soporta un déficit de 140 millones de euros en la atención de menores migrantes no acompañados, por eso hemos insistido en el seno de la Conferencia en que la financiación se amplíe, no por un año, sino por todo el periodo hasta la mayoría de edad del menor, que es la única forma de que podamos garantizarles una atención adecuada”, enfatizó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, tras la salida de la Comisión Sectorial celebrada en Madrid.

En cuanto a los traslados, Delgado indicó que “se sigue avanzado en el proceso para la aplicación definitiva del Real Decreto Ley y el Real Decreto que lo desarrolla”. El próximo paso será llevar nuevamente al seno de una segunda Conferencia Sectorial de Infancia prevista para julio la financiación de los traslados de menores. “Desde Canarias, seguimos exigiendo al Estado celeridad para el inicio de los traslados”.

“Eso sí, lo que no podemos es a esperar a septiembre ya que es justo en esas fechas cuando se producen repuntes de llegadas de embarcaciones a las islas”, aseguró la consejera del área quien indicó que “esperar a septiembre es totalmente inviable para un sistema totalmente colapsado como el que soportamos en Canarias, con la atención de un total de 5.685 menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno canario”.

Delgado insistió en el traslado urgente a los más de 800 menores migrantes con protección de asilo, “que ya llega muy tarde”.

El acuerdo de distribución del crédito destinado a las Comunidades Autónomas contempla, además, de los 8,5 millones de euros para Canarias, una partida de 2 millones de euros para la Comunidad Autónoma de Illes Balears, 7 millones de euros para la Ciudad de Ceuta y 4,5 millones de euros para la Ciudad de Melilla.

 

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Canarias, modelo de buenas prácticas en el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas

Delgado presenta el modelo en el marco de unas jornadas técnicas organizadas por Liber, asociación de apoyo a personas con discapacidad, que aúna a varias entidades de atención a la discapacidad

“El concierto social permitirá garantizar el apoyo financiero necesario a las entidades privadas que realizan un trabajo fundamental en el apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica de las personas mayores y con discapacidad”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en el marco de una jornada técnica organizada por la asociación Liber. Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones, donde explicó el modelo impulsado por el Ejecutivo canario en esta materia.

“Desde Canarias apostamos por un sistema mixto público-privado que garantice la atención de las personas que necesiten de curatela, con garantías de financiación y de calidad” afirmó Delgado, quien intervino en esta jornada donde expuso el modelo establecido en el Archipiélago para asegurar el apoyo financiero a las entidades que llevan a cabo esta labor.

Momento de la exposición del modelo canario

Las jornadas, celebradas en el Congreso de los Diputados en Madrid, contó con la participación de las entidades y diversos representantes de comunidades autónomas. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, estuvo acompañada por la directora general de Discapacidad y de Mayores, Dulce Gutiérrez y Verónica Meseguer, respectivamente.

Delgado recordó que el Ejecutivo canario ha venido financiando este tipo de apoyo a través de ayudas nominadas “pero desde que se modifique el decreto de concierto social, podremos establecer el concierto social con las fundaciones de curatela y garantizar de esta manera la estabilidad financiera necesaria para el desarrollo de este tipo de actuaciones de tutelaje en las islas”.

“El modelo de Canarias es un modelo mixto, con una fundación pública y fundaciones privadas, lo que convertido a este modelo en un ejemplo de éxito que garantiza a las personas con discapacidad un sistema de apoyo que mejore su calidad de vida”, aseguró la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez.

Por su parte, la directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, destacó el esfuerzo que desde Canarias se está llevando a cabo para garantizar la capacidad jurídica de las personas mayores de las islas.

“Desde las fundaciones canarias de iniciativa privada, Funcaprosu, Fundación Sonsoles Soriano y Adepsi, queremos subrayar la apuesta que ha hecho el Gobierno de Canarias para financiar el servicio de apoyo del ejercicio de la capacidad jurídica por lo que creemos que es fundamental dar a conocer este modelo público-privado como ejemplo de buenas prácticas”, afirmó la directora de la Fundación Sonsoles Soriano, Tania Paredes.

La exposición del modelo canario se realizó en el marco de una jornada técnica organizada por la asociación Liber. Asociación de entidades de apoyo a la toma de decisiones, en la que se presentó el «Estudio sobre la situación del apoyo a la toma de decisiones en España», en el que se abordan diversas cuestiones relativas a la financiación de las entidades prestadoras de este servicio. Liber cuenta en Canarias con tres asociaciones integradas: La Fundación Canaria de Apoyos al ejercicio de la capacidad jurídica (Funcaprosu), la Fundación Canaria Sonsoles Soriano Bugnion y la Fundación Canaria de Apoyos Adepsi.

 

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Canarias recibirá en 2025 un 6,65% más que en 2024 para financiar programas sociales con cargo al IRPF

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, aclaró que esta partida supone 1,2 millones de euros más procedentes del 0,7% recaudado en 2023

Canarias contará con más de 19,4 millones de euros para la financiación de programas de interés general con cargo al IRPF para el año 2024, lo que supone un incremento de 1.214.360,48 euros en relación a la convocatoria de ayudas correspondientes al año 2024, en la que se contó con una partida de 18.268.134,72 euros.

Según se acordó en la reunión ordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrada hoy, el Archipiélago contará en 2025 con una partida para financiar programas sociales con cargo al IRPF del año 2023, que asciende a 19.482.495,20 euros, lo que supone un aumento del 6,65% con respecto a la convocatoria de 2024 y un 25,2% más que en el año 2023, cuando se recibió un total de 15.557.106,97 euros (3.925.388,23 euros menos).

“El aumento de las partidas para financiar proyectos sociales con cargo al IRPF en nuestra comunidad nos permitirá atender a un mayor número de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad social a través de los programas de interés social desarrollados por las entidades del Tercer Sector, dirigidos a cubrir las necesidades específicas de las personas en situación de pobreza y exclusión social en nuestra tierra”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado. “No obstante, tengamos en cuenta que esta propuesta es una distribución de este 0,7% pero aún queda la aprobación en Consejo de Ministros y vuelta al Consejo Territorial para su aprobación definitiva”, aclaró la consejera.

Las ayudas con cargo al IRPF se ejecutan en colaboración con las entidades del tercer sector con el fin de desarrollar diferentes actuaciones que tienen como fin promover la inclusión social; mejorar la calidad de vida de las personas mayores; atender a las personas migrantes y al pueblo gitano; promover de la participación y el voluntariado y de la autonomía personal y atención a la dependencia; apoyar a la inclusión social de las personas con discapacidad, además, de otras líneas de ayudas como las dirigidas a la infancia y familia, juventud, diversidad y a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y prevención de la violencia de género.

 

22,9 millones de euros para el nivel acordado en dependencia

En este Consejo se abordó también el acuerdo marco de Cooperación Interadministrativa y criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante 2025 del nivel acordado, previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.

Para la financiación del nivel de protección acordado, en el ejercicio presupuestario de 2025, se cuenta con un crédito presupuestario de 783.197.420 euros, de los cuales, un total de 22.987.191,53 euros corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que supone un descenso de 2.325.449,63 euros con respecto a la aportación por nivel acordado del año pasado para Canarias que se cifró en 25.312.641,16 euros.

Canarias ha solicitado del Estado, una vez más, el aumento de la financiación y el cambio de modelo para definir los criterios de reparto de la financiación.

“Esta disminución viene motivada por la incorporación al sistema de 8.000 solicitudes que estaban pendientes de ser grabadas, lo que ha hecho que se incremente la lista de espera y penalice la distribución de créditos del nivel acordado”, explicó Delgado, quien subrayó que “asumimos esta penalización porque primero están las personas y, a pesar de este incremento de la lista de espera en el Imserso, lo cierto es que todo el mundo tiene derecho a que su solicitud esté grabada y conozca en cada momento el estado en que se encuentra”.

No obstante, la consejera ha recordado que si bien “la transparencia y la defensa de los derechos de las personas es nuestra prioridad, los criterios para esta financiación deben volver a ser discutidos”, enfatizó la consejera del área. “Nosotros estamos licitando con 27 millones de euros la teleasistencia avanzada. El año que viene, si este criterio sigue siendo el mismo que actualmente, igual a Canarias le corresponde toda la financiación porque se incorporarán 20.000 nuevas personas con un servicio prestado dentro del SAAD. ¿Sería esto justo? Tampoco, y esta es la razón por la que solicitamos esa revisión de criterios”. Tal y como reflejaron el resto de comunidades autónomas, el presupuesto está congelado para todas las comunidades “menos para el País Vasco, a quien se ha prometido que el Estado asumirá el 50% del coste total del sistema, mientras que en Canarias solo asume el 22%. El Ministerio tendrá que darle una vuelta a este reparto porque no puede ser que compitamos por la financiación entre comunidades”, reiteró.

Precisamente, para abordar este asunto, el Consejo Territorial ha decidido crear un grupo de trabajo para atender las demandas de la mayoría de las comunidades, que han coincidido en reprochar al Estado que la financiación del sistema no puede basarse en una competición entre comunidades.

El nivel acordado se calcula a partir de los fondos de estructura, fondos de gestión, fondos de cumplimiento de objetivos y fondo de acreditación de calidad de centros y servicios. Su objetivo es establecer un nivel de protección y financiación para la atención a las personas en situación de dependencia a nivel estatal y autonómico.

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Delgado invita al sector privado a colaborar en el modelo de atención sociosanitaria propuesto por el Gobierno

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias participó hoy en un foro para la colaboración pública-privada, donde resaltó el valor del tercer sector y las empresas

“Apostamos por un nuevo modelo sociosanitario centrado en la persona, con la colaboración e implicación de los actores privados, que son el tercer sector y la empresa, quienes movilizan y dinamizan la economía, para asentar las bases de la atención sociosanitaria del presente y el futuro”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el marco del Foro para la Colaboración Público-Privada IV Jornadas Sector Sociosanitario que bajo el lema ‘Un modelo para responder a los desafíos de los cuidados sociosanitarios y el bienestar social’, se desarrolló en Las Palmas de Gran Canaria de mano de la Confederación Canaria de Empresarios, con el apoyo de la consejería regional de Turismo y Empleo.

Según explicó Delgado, el Gobierno de Canarias está impulsando diferentes medidas con el objetivo de garantizar la calidad de vida de las personas, especialmente las que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad social, en el nuevo marco de actuación 2025-2030, “una labor en la que estamos trabajando en diferentes ámbitos, que culminarán con la nueva Estrategia Sociosanitaria”.

Candelaria Delgado en el transcurso de su intervención en el Foro

“Las personas con necesidades de atención sociosanitaria ocupan un lugar fundamental en las políticas sociales de este Gobierno y por ello, seguimos avanzando tanto en la mejora de los servicios prestados como en la potenciación de la desinstitucionalización”, afirmó Delgado quien aclaró que “una de las prioridades a las que nos enfrentamos es la reducción de la lista de espera en materia sociosanitaria, para ello ya hemos modificado el actual decreto regulador del procedimiento de dependencia, que permitirá simplificar y agilizar el proceso administrativo”.

Estas medidas se suman, según explicó la consejera del área de Bienestar Social, a otras promovidas por el Ejecutivo como son, en el marco de la Estrategia Sociosanitaria, el impulso del III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias. “La empresa privada tiene mucho que decir en este ámbito, no solo en la implantación de nuevas infraestructuras, sino en la consecución de profesionales preparados para abordar las necesidades de un sector como este que no solo requiere de preparación, sino de vocación”. También se contempla el cambio de modelo de atención hacia la desinstitucionalización con acciones concretas como llegar a 20.000 personas atendidas con la teleasistencia avanzada licitado por 23 millones de euros de fondos europeos para conseguir “un moderno sistema que nos permitirá, al mismo tiempo, recopilar datos de la persona que permitan adaptar la atención a las necesidades concretas de esa unidad familiar, así como el desarrollo de programas de cuidados sanitarios en el domicilio, de programas de vivienda integrada en la comunidad con recursos personalizados, la profesionalización de las empresas que prestan los servicios, impulsando la acreditación de centros, y la promoción de entornos comunitarios inclusivos, mediante comunidades que respeten la diversidad y reduzcan las barreras sociales”.

“La mirada ha de ser holística, abordando todos y cada uno de los retos que nos acucian y en este proceso se hace necesaria la mejora de los recursos humanos y materiales, un ámbito en el que la empresa privada puede tener un papel crucial”, aseguró la consejera de Bienestar Social, quien puso el énfasis en la realidad del paulatino envejecimiento de la población canaria, “una situación que genera un nuevo marco al que tenemos que hacer frente”.

“Se trata, en definitiva, de poder hacer realidad un nuevo modelo de atención sociosanitario para Canarias que pasa por la necesaria implicación de toda la sociedad, creando redes de apoyo y colaboración entre administraciones públicas y las entidades privadas, especialmente del tercer sector, combinando el liderazgo de las primeras con el conocimiento en primera persona y cercanía de las segundas, y que nos permitirá dar respuesta a la nueva realidad de nuestra población necesitada de apoyo sociosanitario”, concluyó Delgado.

El Foro contó con la presencia en mesas de debate del viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y de la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez.

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Delgado exige al Estado que reconozca la financiación de los cabildos al sistema de dependencia en Canarias

La consejera regional de Bienestar Social recordó que el Ejecutivo central solo aporta el 22% del total mientras que financia entre el 40 y el 50% a otras comunidades

“Estamos cerrando las negociaciones con los Cabildos sobre el nuevo convenio que regirá el periodo 2025-2028. La previsión es que esté aprobado muy pronto, aunque sus efectos económicos se aplicarán con carácter retroactivo a 1 de enero de 2025”, anunció hoy la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, en sede parlamentaria donde abordó la situación del convenio de cooperación que establece el Ejecutivo regional con los Cabildos para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia.

“Es muy triste que venga aquí a reivindicar unos convenios que terminaron en 2021 y que el pacto de las flores fue incapaz de empezar a negociar. Si realmente interesara a los socialistas este asunto deberían hacer entender a sus compañeros de partido en el Gobierno de España el gran papel que desempeñan los cabildos y exigirles que cumplan la ley y aporten a los canarios el 50% del coste de la dependencia”, aseguró Delgado dirigiéndose a la diputada Elena Máñez. “El Gobierno de España solo financia el 22% del coste del sistema, mientras que en otras comunidades llega al 40%. Y, ahora, para mayor agravio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez acaba de anunciar que abonará el 50% en el País Vasco”.

“Mientras se culmina el proceso de firma de los convenios”, indicó, “el Gobierno canario realizó en diciembre una aportación extraordinaria de 14,8 millones de euros con el fin de asegurar la continuidad de los servicios y amortiguar el impacto económico que están soportando las entidades del tercer sector, a causa del incremento del IPC, el salario mínimo interprofesional y el nuevo convenio colectivo estatal del sector de la discapacidad”.

En relación a la disminución puntual que reflejan los últimos datos del IMSERSO sobre el número de personas en situación de dependencia atendidas en Canarias, Delgado insistió en que “no obedece a un retroceso en el compromiso del Gobierno de Canarias con las personas dependientes, sino a que estamos realizando revisión de PIAs y a un fenómeno administrativo coyuntural que estamos abordando con contundencia”. A este respecto, anunció que su departamento ha activado un nuevo plan de choque de personal “que ya está en marcha” y que permitirá incorporar en estos meses a un total de 133 efectivos laborales que realizarán trabajos de valoración, así como funciones técnicas y administrativas. “Este refuerzo, indicó, permitirá acelerar tanto los procedimientos de valoración como la resolución de los PIAs”.

 

Sustanciales mejoras en el convenio

En su intervención, Delgado puso el énfasis en las novedades del nuevo convenio de colaboración que se firma con los Cabildos, “fruto del trabajo técnico desarrollado en el último año, con reuniones específicas con cada cabildo insular”, entre ellas, el Servicio de Ayuda a Domicilio especializada, que será asumido directamente por la Comunidad Autónoma en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, a petición de estas islas, mientras que en El Hierro, La Palma y Gran Canaria se mantendrá el modelo actual.

Además, la gestión directa de la teleasistencia avanzada será asumida por el Ejecutivo regional, gracias a la captación de fondos Next Generation por valor de 22,7 millones de euros que se destinaron a la compra del nuevo material, a los que se añaden otros 7 millones de euros de financiación propia, lo que permitirá que se pase de atender a 4.746 personas a más de 20.000.

A estas novedades se suma la fijación de precios por plaza “adaptados a la realidad de cada isla y se incluirá un mecanismo de actualización económica durante la vigencia del convenio”.

Según explicó la consejera de Bienestar Social, los nuevos convenios de colaboración con los cabildos prevén un nuevo protocolo de urgencia que dará respuesta a cualquier situación de vulnerabilidad social, cuyo borrador de documento para su activación ha sido ya remitido a los Cabildos insulares.

La propuesta de una cofinanciación para el transporte, el Servicio de Ayuda a Domicilio especializada y el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, así como la acreditación de todas las entidades prestadoras de servicios, son otras de las novedades incluidas en el nuevo convenio de atención a la dependencia que permitirán mejorar a la atención a este colectivo de población en el Archipiélago.

“Este nuevo convenio no es una prórroga mecánica. Es una transformación en profundidad que responde a las demandas históricas de los cabildos, del tercer sector y, sobre todo, de las familias”, culminó Delgado.

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Delgado: “No vamos a permitir que se juegue a meter miedo a la ciudadanía con mentiras”

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias aseguró que se están “poniendo los cimientos de un nuevo sistema de la dependencia” y la directora de Dependencia argumentó que a su llegada “había más de 6.500 solicitudes sin grabar, esto significa que esas personas ni si quiera estaban en el sistema”

 

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, informó en rueda de prensa de la situación actual del sistema de la Dependencia en Canarias afirmando que “no vamos a hacer política con la situación de las personas dependientes, ni a permitir que a base de mentir se juegue a meter miedo a la ciudadanía, pero tenemos que explicar cuál era la situación que nos encontramos a la llegada a la Consejería, que hemos revertido y estamos poniendo los cimientos de un nuevo sistema de Dependencia, cambiando todas las estructuras para que no quepa la posibilidad de una vuelta atrás a las antiguas formas de atender esta situación”.

Delgado, entre otros datos, afirmó que durante los veinte meses de su gestión, se han realizado más 4.300 revisiones de grado y otras tantas revisiones de PIA que quedaron paralizadas en la legislatura anterior. La consejera apeló a “centrase en la atención de las personas, mejorar el sistema y abandonar la confrontación política” y aseguró que se está realizando un esfuerzo muy importante, poniendo, por ejemplo, treinta nuevos efectivos para reducir los tiempos de espera. “Con el nuevo decreto, que unifica la valoración de grado y de PIA en un solo paso, los reduciremos aún más”. Recordó también que la situación que asumió en materia de Dependencia a su llegada se había comunicado en diferentes comparecencias tanto parlamentarias como ante la prensa.

“Si nos vamos a las medias, Canarias en este momento está por encima de los datos que hizo en la legislatura anterior quienes hoy critican esta gestión”, aseguró. “Obviamente, no queremos sacar pecho con los datos porque aunque mejoremos mucho, siempre será poco para quienes están a la espera de una ayuda, pero puedo asegurar que todo nuestro foco está puesto en poner a la ciudadanía en el centro y sentar las bases que permitan una mejora muy evidente al final de esta legislatura”.

Delgado quiso también agradecer la dedicación de todo el personal funcionario o laboral que como “servidores públicos, comprometidos con este ámbito, están dando todo y más para sacar adelante los expedientes. Es impresentable que se trate de atacar a estos trabajadores y trabajadoras”.

La directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, explicó que cuando se incorporó en septiembre de 2023 a este cargo encontraron 6.500 solicitudes sin registrar en el sistema y 1.741 solicitudes sin revisión de grado que por tanto “no habían empezado a generar derechos” y manifestó que cree que se hizo para evitar que crecieran las listas de espera porque, “obviamente, si no se graban las solicitudes, estas listas tampoco crecen, y si se realizan las revisiones de grado también aumentan las listas de espera, pues la persona dependiente precisa una nueva valoración, una nueva espera por la resolución, un nuevo PIA” . Ante esta situación desde la Dirección General se contrató una empresa para grabar y digitalizar las solicitudes acumuladas.

La directora recordó que cuando se terminó la migración de todos esos datos, en febrero de 2024, el Imserso informó de que se debían solventar unas incidencias que quedaban pendientes de la legislatura pasada lo que supuso “revisar, uno a uno, más de 16.000 expedientes pendientes de la legislatura anterior que de no haber sido resueltos, hubiese supuesto que la Comunidad Autónoma hubiera tenido que devolver un millón de euros”.

 

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El Foro Canario de Inmigración da visto bueno al Plan Canario de Inmigración dotado con 27,1 millones de euros

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, presidió hoy la reunión del pleno del órgano de asesoramiento y consulta

El documento contempla 59 medidas de actuación en materia de educación, sanidad, servicios sociales, empleo y vivienda

El Pleno del Foro Canario de la Inmigración ha dado el visto bueno hoy al Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural y su ficha financiera, por un montante que asciende a más de 27,1 millones de euros, una financiación que, según afirmó la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, “supone avanzar en un plan que nos permitirá seguir trabajando en pos del desarrollo de una Canarias acogente convirtiendo a nuestra comunidad en punta de lanza y referente en España en cuanto a la respuesta pública y social frente a la complejidad creciente de la cuestión migratoria y la diversidad etnocultural de nuestra sociedad”

“El acuerdo logrado hoy significa continuar apostando por la integración y la multiculturalidad en Canarias a partir de la concreción, no de manera teórica sobre el papel, sino con acciones concretas, en los diferentes programas, iniciativas y actuaciones contempladas dentro del Plan”, afirmó la consejera, quien aclaró que su departamento, y más concretamente la Viceconsejería de Bienestar Social junto con la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración, son los principales centros directivos en el reparto de competencias para el desarrollo de las medidas del plan, un documento que ha contado con la implicación de las diferentes administraciones públicas, desde los ayuntamientos y cabildos insulares, a la administración general del Estado y a la Unión Europea.

“Hoy estamos ante un día histórico para Canarias ya que tras más de veinte años sin Plan, hoy se ha aprobado el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, hemos logrado impulsar un documento basado en el respeto de los derechos humanos y alineados con la Agenda 20/30, un Plan de carácter transversal que afecta no solo al Ejecutivo canario sino a toda la ciudadanía del Archipiélago; hoy es un día importante”, afirmó la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, quien mostró su satisfacción por el visto bueno logrado en el marco del Pleno del Foro para el impulso del Plan canario de Inmigración 2026-2029.

Este trabajo, que se ha llevado a cabo en el marco del programa Canarias Convive, impulsado por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, se ha desarrollado en colaboración directa y continuada con la Universidad de La Laguna, con el fin de contar con un documento amplio y consensuado “que nos permita abordar la convivencia intercultural en nuestra tierra desde la realidad y contando, para ello, con la implicación de la ciudadanía y de las distintas administraciones”.

Para el diseño y elaboración del Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural se ha llevado a cabo un amplío proceso de participación comunitaria en las ocho islas pobladas, apoyada por la vertiente técnica relacionada de una manera u otra con las migraciones y sus implicaciones, junto a una amplia representación de la esfera política municipal, insular, regional y estatal, “por lo que podemos afirmar que no solo contamos con un Plan que coordinará las diferentes acciones en materia de convivencia intercultural en nuestra tierra, sino que además, lo hace desde el compromiso y seriedad de contar, por vez primera, con una ficha financiera bien dotada que nos permitirá desarrollar y concretar un Plan verdaderamente consensuado y trabajado”, ya que en su definición han participado casi mil personas a través del proceso de escuchas, consultas, talleres, encuentros y aportaciones, “lo que que contribuirá a fortalecer una sociedad diversa en pos de la acogida, la inclusión y la convivencia multicultural y bajo los principios de una democracia justa e integradora”, afirmó Delgado.

Fruto de la participación directa de los diferentes agentes sociales, económicos y ciudadanos, y siempre en el marco de Derechos Humanos, se materializa en el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural que concierne a un total de nueve consejerías con 22 centros directivos implicados.

 

Un Plan con de 59 medidas de actuación

El Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural parte de la premisa de que Canarias es protagonista en el desarrollo de las migraciones internacionales en su amplia variedad de manifestaciones, las cuales, en su proyección regional, están asimismo relacionadas con la fragmentación territorial y las particularidades de cada una de las islas y sus comunidades.

Para la ejecución del Plan se contempla una financiación global que asciende a un total de 27.190.579,87 euros, que será distribuida entre las diferentes Consejerías y órganos directivos implicados, atendiendo a las medidas que se vinculan y los recursos económicos necesarios para su desarrollo.

El Plan contempla el desarrollo de un total de 9 ámbitos de actuación, 29 objetivos específicos y 59 medidas incluidas en diferentes áreas de intervención relativos a Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Empleo, Vivienda, Administración, Justicia y Atención humanitaria.

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