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Más de 250 profesionales de Gran Canaria se forman para actuar en casos de violencia sexual en la infancia

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, inauguró hoy la primera de las dos jornadas en la isla dirigidas a prevenir y detectar situaciones de abusos sexuales entre la población menor y adolescente

Más de 250 profesionales y técnicos de Gran Canaria se formarán para actuar en casos de violencia sexual en la infancia y la adolescencia. La mitad de ellos, alrededor de 125, participaron hoy en las primeras de dos jornadas organizadas por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias denominadas ‘Detección y actuación integral frente a la violencia sexual contra la Infancia y Adolescencia en contextos de alta vulnerabilidad’.

El perfil de mayoritario de los asistentes ha sido el del profesional técnico que trabaja en alguna administración pública -Infancia, Sanidad, Educación…-, es miembro del Cuerpo General de la Policía Canaria o desarrolla su labor en alguna entidad del tercer sector.

Momento de la inauguración de la jornada

“La jornada tiene por objeto no solo dotar a las y los profesionales que trabajan en el área de infancia y familia de los instrumentos necesarios para prevenir, detectar y actuar ante una situación de violencia o explotación sexual, sino también actualizar los conocimientos y la formación de los equipos técnicos que trabajan con la población menor y adolescente que son, con frecuencia, los primeros que detectan situaciones que indican que las chicas y chicos puedan estar siendo víctimas de abuso sexual”, explicó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, quien estuvo acompañado por la directora de Protección a la Infancia y las Familias, Juana de la Rosa González.

 

Por su parte, la directora general del área de Infancia y las Familias subrayó la importancia de estas acciones formativas a través de las cuales el personal técnico accederá a recursos específicos y especializados “que les permitirán contar con los conocimientos necesarios para detectar y realizar una adecuada actuación ante los casos de violencia sexual que sufran nuestras y nuestros menores y jóvenes, así como las herramientas que garanticen su protección y eviten su revictimización”.

La jornada inaugurada hoy constituye la primera de las dos que se celebrarán en la isla de Gran Canaria y que, a tenor de las inscripciones registradas, supondrá la formación en la isla de más de 250 personas vinculadas profesionalmente al ámbito de atención y protección a la población infantil y juvenil. La segunda jornada tendrá lugar el próximo 6 de junio.

El programa de formación incluye el análisis del marco jurídico que plantea la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) respecto a violencia y explotación sexual. Además, aborda los recursos y conocimientos que permitan detectar la violencia sexual hacia la infancia y adolescencia a través de indicadores; promueve la prevención de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, a través de la educación afectivo-sexual y el fomento de la comunicación con este colectivo; da a conocer pautas de actuación ante la sospecha y profundiza en la coordinación con recursos especializados en la intervención en casos de sospecha de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa formativa tiene carácter gratuito y se ha desarrollado ya en las islas de Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria. Además, se llevará a cabo una segunda edición en Gran Canaria, el próximo 6 de junio; y en Tenerife, los días 28 de mayo y 4 de junio y en Lanzarote, el 7 de junio.

Las personas interesadas en asistir a estas jornadas pueden realizar su inscripción en el siguiente enlace: ‘Detección y actuación integral frente a la violencia sexual contra la Infancia y Adolescencia en contextos de alta vulnerabilidad’  

 

 

 

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Bienestar Social cierra una residencia privada de mayores por atentar contra la seguridad de sus usuarios

La orden de cierre se produce ante las graves irregularidades e insuficiencias que atentan contra la seguridad de las personas usuarias detectadas tanto por Fiscalía como por el Servicio de Inspección de Centros de la Viceconsejería de Bienestar Social

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó en septiembre de 2023 una sentencia que confirma la medida de cierre

La Viceconsejería ha mantenido contacto con las familias afectadas e incluso les ha propuesto alternativas residenciales para sus familiares residentes

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Viceconsejería de Bienestar Social, se ha personado en el día de hoy con el objetivo de ejecutar el cierre definitivo de la residencia de personas mayores Monte Blanco, ubicada en Tafira Alta, en cumplimiento de la resolución de cese de actividad dictada en fecha 19 de abril de 2023, confirmada por vía judicial en septiembre de 2023, y en vía administrativa, con orden de cierre definitivo, en mayo de 2024.

Para ejecutar el cierre con todas las medidas de seguridad, la Viceconsejería de Bienestar Social ha contado con la presencia de efectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria, de acuerdo al convenio de colaboración establecido para la realización de apoyo en tareas de inspección sobre los centros y servicios sobre los que la Viceconsejería de Bienestar Social tiene competencias.

El expediente de procedimiento de cierre de la residencia Monte Blanco se produce tras la ejecución de diversas actuaciones por parte del Servicio de Inspección de la Viceconsejería de Bienestar Social, en las que se pone de manifiesto que la instalación no cumple con las exigencias mínimas contempladas en la legislación de servicios sociales de Canarias. Entre las múltiples deficiencias detectadas se destacan las relativas al incumplimiento de las condiciones de seguridad del establecimiento, en virtud de lo cual se ha ordenado el cese definitivo de la actividad.

El expediente se inició junio de 2017, cuando el servicio de inspección llevó a cabo la visita al centro y detectó un conjunto de deficiencias que durante todo este tiempo no han sido atendidas por los gestores de la instalación, entre ellas, no contar con itinerario accesible que comunique con la vía pública, insuficiente ancho de pasillos y de puertas y condiciones de accesibilidad aseos, a lo que hay que sumar que el inmueble no reúne condiciones mínimas de habitabilidad.

De esta forma, la instalación no tenía los aseos necesarios -contaba solo con dos para los 16 usuarios que tenía entonces, es decir, incumplía la ratio mínima de un aseo cada cuatro usuarios-, no tenía estancias básicas preceptivas de residencias para mayores dependientes y no disponía del personal debidamente cualificado para la atención de las personas usuarias ni de recursos como sala polivalente, sala de rehabilitación, enfermería y aseos comunes diferenciado por sexo.

Además, se dejaba constancia en esta visita de que la instalación no contaba con la licencia municipal de apertura o acto comunicado equivalente y carecía de cédula de habitabilidad, de tratarse de una vivienda.

Ante ello, se requiere a los responsables de la entidad que subsanen las deficiencias detectadas sin que hasta la fecha lo hayan realizado, con lo cual, se inicia el expediente de cierre por parte del Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Consejería que, tras una nueva visita realizada a la instalación en 2022, levanta nueva acta en la que se recogían los numerosos incumplimientos detectados, entre otros, que carecía de los facultativos para prestar servicios obligatorios como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga o/y trabajadora social, pese a que la mayor parte de los usuarios necesitan ayuda para el desarrollo de las acciones cotidianas y que gran parte presenta dependencia severa.

Se constata, asimismo, que el inmueble no reúne las condiciones de seguridad exigibles a este tipo de establecimientos y que carece de sistema de detección de incendios, los baños no cuentan con pulsadores de llamada de emergencia y la vivienda no está adaptada para personas con movilidad reducida, que es una exigencia requerida a los hogares funcionales.

En visto de todo lo cual, con fecha 19 de abril de 2023, se dictó la orden de cierre ante las múltiples deficiencias existentes especialmente las relativas a las condiciones de seguridad del establecimiento. Contra esta medida el interesado presentó un contencioso administrativo, sin que esto supusiera la paralización de la medida.

Con fecha 5 de octubre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicta una sentencia en la que se confirma la adecuación de la medida cautelar de cierre en respuesta al interés y salud de las personas residentes.

Durante el proceso de cierre, el propietario optó por cambiar la denominación de la instalación pasando a denominarla asociación Social Josephine, de carácter privado y sin plazas conveniadas con ninguna administración pública. Sin embargo, en enero de 2024, la Fiscalía Provincial de Las Palmas llevó a cabo una visita a la residencia en cuya acta se concluye, entre otras consideraciones, que en la documentación de la presumiblemente asociación titular Social Josephine tan solo consta “la única modificación del cambio de la designación de Monteblanco por Josephine, lo que evidencia la sucesión de esta última en la actividad prestada por Monteblanco, por lo tanto, se trata de una continuidad de la Residencia Monte Blanco. Además, el acta de Fiscalía constata que “no ha habido variación al respecto es estos últimos años, ni siquiera en lo relativo al desarrollo de tareas o trabajos de mantenimiento y/o adecentamiento, como pintura o sustitución de mobiliario”.

Por todo lo cual, en aplicación de la normativa vigente y velando por la protección de las personas usuarias de esta instalación, con fecha 13 de noviembre de 2023, la Consejería de Bienestar Social dictó una orden en la que se confirma la medida de cierre definitivo además de imponer una multa de 232.000 euros al propietario de la instalación.

 

Comunicación con las familias de las personas residentes

Desde la Viceconsejería, a través del servicio de inspección de centros, se ha mantenido a las familias de las personas usuarias informadas del procedimiento realizado en todo momento, ya que se han remitido comunicaciones con fechas 22 de junio de 2023, 11 de marzo de 2024 y 7 mayo de 2024, en las que se les indica que el establecimiento debe cerrar al no reunir las condiciones de seguridad exigidas por la ley y se insta a la reubicación cuanto antes de sus familias residentes.

Además, se contactó de forma telefónica con las familias afectadas para ofrecerles alternativas en residencias privadas legales, con costes similares a los que pagaban en Monte Blanco.

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El Gobierno coincide con CEAR que la situación de los menores migrantes en Canarias es insostenible

La dimensión del fenómeno migratorio imposibilita el correcto desarrollo de proyectos integradores y de inclusión social
El encuentro, presidido por el presidente Clavijo, contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil

El presidente de Canarias mantuvo esta tarde una reunión con la nueva codirección de la CEAR; formada por Mónica López y Mauricio Valiente, así como su coordinador territorial en las islas, Juan Carlos Lorenzo, con los que coincidió en que la situación de los menores migrantes en Canarias es insostenible para las administraciones públicas, por lo que esperan que en breve se apruebe la modificación del art. 35 de la Ley de Extranjería.

Como se recordará este cambio legislativo, permitirá al Estado distribuir entre todas las comunidades autónomas a los menores que lleguen a Canarias para evitar situaciones de colapso que redundan en perjuicio de los niños y niñas que están bajo el amparo de la administración pública.

En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, manifestó la posibilidad de que “a final de semana podamos contar con el documento, que es de extraordinaria necesidad dadas las previsiones de la ACNUR o la Guardia Civil, que estiman una llegada masiva de personas en los próximos meses de verano”.

Por otra parte, se refirió a la colaboración estrecha que siempre se ha mantenido con CEAR “y que vamos a seguir prolongando especialmente en proyectos relacionados con la emancipación de los menores para cuando pasen a extutelados”, afirmó.
En este sentido, Juan Carlos Lorenzo, advirtió que la dimensión del fenómeno migratorio está impidiendo el desarrollo de proyectos de integración que están en marcha y coincidió que hay que reforzar los itinerarios de inserción sociolaboral.

En el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo, Candelaria Delgado, aprovechó el encuentro para presentarles el protocolo con las 18 medidas para proteger y atender a la infancia migrante que ya presentó la pasada semana en Bruselas al director de Asuntos Horizontales, Migración y Asilo de la Comisión Europea, Michael Shotter.

La consejera explicó que “el objetivo del Gobierno de Canarias es que Europa, y España en concreto, tengan en cuenta estas 18 medidas de cara a la implementación del Pacto de Inmigración y Asilo, una propuesta de la Comisión Europea para todos los países, dirigidas a velar por los derechos de la infancia en todo el territorio europeo y que se fundamentan en la experiencia de Canarias como frontera sur, el reto al que nos enfrentamos a diario para atender y proteger a la infancia no acompañada”.

Las propuestas son: crear una red de recursos de primera acogida en zonas fronterizas; la habilitación de fondos de financiación comunitarios y plurianuales; la declaración de la emergencia social en territorios fronterizos; agilizar la determinación de la mayoría o minoría de edad así como dotar de los medios necesarios para realizarse; la atención a la diversidad; la atención a la salud mental con enfoque de infancia y culturalmente competente; la creación de itinerarios formativos para niñas y niños extranjeros; la creación del banco de familias de acogida; la formación especializada para detección y actuación en violencia sexual; cobertura jurídica a niñas y niños; la creación de programas de atención a jóvenes extutelados, un plan de formación a personal en materia de atención a la infancia; plan de retornos con garantías; un plan de reagrupamientos familiares dentro de la UE; ayuda oficial al desarrollo con perspectiva en materia de infancia y juventud; sistema integral de información; plan contra el racismo y la xenofobia; la creación de mecanismos de identificación y  por último, el acompañamiento a las víctimas.

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Delgado: “Trabajamos en un decreto que agilice la resolución de los expedientes de dependencia”

La consejera de Bienestar Social avanzó en sede parlamentaria que la nueva regulación permitirá reconocer el grado y el derecho a las prestaciones en un único acto administrativo, lo que reducirá notablemente los tiempos de tramitación

El texto incorporará alegaciones de entidades, corporaciones y ciudadanía para que el documento final se adecúe a las necesidades de la ciudadanía canaria

“Esperamos que el futuro decreto de la dependencia, en el que estamos trabajando, tenga un gran impacto en las personas dependientes que residen en Canarias, porque nos permitirá gestionar con mucha mayor rapidez sus expedientes”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, hoy, en una intervención parlamentaria en la que valoró el impacto que tendrá la aprobación de una nueva regulación relativa al procedimiento de reconocimiento y asignación de prestaciones del sistema de la dependencia.

El nuevo decreto permitirá pasar de las dos fases actuales a un procedimiento unificado en el que se reconocerá el grado y el derecho efectivo de las prestaciones que le correspondan a la persona reconocida como dependiente. “Esta unificación de dos procedimientos en uno solo contribuirá de forma notable a reducir la burocracia y, en definitiva, a que los derechos se hagan efectivos en un breve período de tiempo”, subrayó.

Delgado recordó que la norma que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia data de 2006 y establece un procedimiento complejo que se desarrolla en dos fases -reconocimiento de la dependencia, primero, y aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), después- en el que intervienen múltiples profesionales (técnicos y administrativos) y cuya culminación resulta difícilmente posible en los tiempos legalmente establecidos.

“Frente a los seis meses que establece la norma, lo cierto es que, en Canarias, según datos oficiales del IMSERSO, durante el año 2022, el tiempo medio de tramitación se situó en 977 días; es decir, más de dos años y medio. Sin embargo, la gestión que hemos realizado desde que asumimos las tareas de gobierno nos ha permitido reducir los tiempos hasta alcanzar los 594 días actuales, hemos disminuido en algo más de un año la tramitación de la dependencia. Somos consciente de que no es suficiente, por eso es imprescindible este decreto”, afirmó la consejera regional de Bienestar Social , quien recordó que “la solución definitiva al problema de la demora en la tramitación de este procedimiento exige también otras medidas no regulatorias, de tipo organizativo (refuerzo de personal y la definitiva implementación de nuevas herramientas informáticas, entre otras) que ya estamos poniendo en marcha”.

“Por supuesto, para contar con el mejor decreto estamos analizando todas las propuestas presentadas por la ciudadanía, los colectivos y las instituciones. Se incorporarán las propuestas que mejoren el texto para que contemos con una regulación acorde a las necesidades de la sociedad canaria”, aseguró Delgado.

El proyecto de decreto acaba de superar los trámites de consulta pública y se encuentra en proceso de análisis de las aportaciones realizadas en el plazo abierto para ello. A este respecto, Delgado indicó que se tomarán en cuenta las soluciones técnicas que se demuestren adecuadas o eficaces para alcanzar los fines perseguidos de simplificación de los procedimientos porque, concluyó, “lo que buscamos es dotar a Canarias de un decreto definitivo que sea producto del enriquecimiento de todos los procesos de información y consultas públicas y, sobre todo, garantice la atención a nuestra ciudadanía en situación de dependencia”.

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Descentralización, refuerzo del personal y tarjeta acreditativa, las claves para mejorar la discapacidad

La consejera del área, Candelaria Delgado, explica en sede parlamentaria las iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Bienestar Social para agilizar el reconocimiento del grado y garantizar el acceso a los derechos del colectivo

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias está llevando a cabo una profunda reestructuración de la gestión de la discapacidad en Canarias para mejorar la atención que se presta. Así lo anunció hoy en sede parlamentaria la consejera del área, Candelaria Delgado, que resaltó que estas medidas pasan por descentralizar la gestión de la dependencia con ayuda de los cabildos, seguir incorporando más personal y poner en marcha la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.

“Desde el Gobierno de Canarias somos muy conscientes de que el retraso en los tiempos de reconocimiento del grado de discapacidad lleva aparejados efectos perjudiciales para el colectivo de personas con discapacidad, por eso hemos puesto en marcha un conjunto de medidas dirigidas a revertir esta situación y mejorar la atención a estas personas”, anunció la consejera en comparecencia parlamentaria, en relación a la situación de la discapacidad en las islas.

Según explicó Delgado, “cuando el actual equipo de Gobierno asumió el pasado mes de julio la gestión en materia de discapacidad, nos encontramos con una lista de espera de muchísimas personas que había que atender. Este motivo fue el que llevó al actual equipo de gobierno, entre otros, a tomar la decisión de crear una Dirección General específica para acometer el reto que supone la atención a las personas con discapacidad en nuestra tierra”.

“Para ello, lo primero que hicimos fue planificar y articular un conjunto de medidas dirigidas a corregir la grave situación, comenzando por incrementar el número de valoraciones y, por tanto, disminuir los tiempos de espera. Así, hemos incorporado ya a doce nuevos médicos a los equipos multiprofesionales de valoración y hemos encargado a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas) la implantación de dos nuevos equipos adicionales para la valoración del grado de discapacidad.

Además, Delgado indicó que se está trabajando con los cabildos para mejorar la gestión de la discapacidad en el archipiélago, para lo que se han reforzado con nuevo personal los equipos de valoración de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, además de los de las islas capitalinas. Asimismo, se está ultimando la puesta en marcha de un equipo de valoración en la isla de La Gomera y se está negociando con el de El Hierro.

“Estas medidas comienzan a ser efectivas dado que, en los últimos meses el número de valoraciones realizadas ha sido superior a la entrada de nuevas solicitudes, lo que significa que estamos consiguiendo reducir las listas de espera por primera vez en años”, enfatizó la consejera.

Por otro lado, en su intervención Delgado anunció que la puesta en marcha de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, antigua reivindicación del colectivo, se encuentra ya en fase de exposición de motivos de la regulación de su disposición normativa, “lo que permitirá que las personas con discapacidad puedan acreditar de forma ágil, práctica y fehaciente su grado de discapacidad, facilitando su acceso a determinados servicios que puedan mejorar su calidad de vida a través de un instrumento más práctico y cómodo”.

En cuanto a la atención temprana, Delgado aclaró que el esfuerzo de la Consejería se ha centrado en la detección, “lo antes posible, de aquellos menores de 6 años que padecen un trastorno del desarrollo susceptible de necesitar una intervención”, para lo cual se está ya trabajando con los equipos de atención temprana propios, los equipos que se han conseguido mediante encargo a FUCAS y los equipos de las entidades externas que han recibido subvenciones de la Dirección General de Discapacidad para atención temprana y que se han comprometido a atender derivaciones de los Centros de Valoración de la Discapacidad.

 

 

 

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‘Infancia en Cifras’ compila datos estadísticos para la planificación y el diseño de políticas públicas

Esta herramienta estadística ha sido elaborada por el ISTAC en colaboración con UNICEF Comité Canarias y la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias

El Instituto Canario de Estadística (ISTAC), adscrito a la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, en colaboración con UNICEF Comité Canarias y la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, pone desde hoy a disposición de instituciones y ciudadanía la herramienta ‘Infancia en Cifras’. Esta nueva operación estadística de síntesis tiene como objetivo fundamental facilitar la planificación y el diseño de políticas públicas relacionadas con la infancia a partir de datos fiables y actualizados.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, destacó que esta nueva herramienta sitúa a Canarias a la cabeza de España ya que, por primera vez, una comunidad autónoma desarrolla una operación estadística de esta naturaleza que desagrega los datos de una manera tan pormenorizada. “Conocer los datos exactos relativos a la infancia en riesgo de pobreza y exclusión social es un instrumento estadístico muy interesante para conocer la realidad de las islas y los municipios, por lo que hemos acordado presentarlo también ante la Federación Canaria de Islas (FECAI) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM)”.

Canarias supera en 10 puntos la media nacional en cuanto a riesgo de pobreza y exclusión social. Unas cifras alarmantes que Matilde Asián ve necesario elevar a Europa para que se conozcan. “Además, como Consejería de Hacienda debemos contemplar esta situación en el presupuesto autonómico y, sobre todo, atacar la raíz del problema, que no es otra que la dificultad para conseguir empleo y el altísimo coste de la vivienda que existe en nuestra región”, concluyó.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, destacó “con esta herramienta logramos algo tan importante como que los informes que tenga Canarias en materia de infancia y población juvenil en riesgo de pobreza y exclusión social se nutran de datos propios. Esto nos permitirá diseñar mejor las políticas que pongamos en marcha, tanto por parte de las administraciones públicas del archipiélago como por parte del tercer sector. Y todo ello, en definitiva, nos ayudará a que esas niñas y niños que peor lo están pasando puedan salir de la espiral de la pobreza”.

Esta operación estadística, fruto de la vinculación establecida a través del convenio entre el ISTAC y UNICEF Comité Canarias, supone para la presidenta de UNICEF Comité Canarias, Rosa Gloria Suárez, un “ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones contribuye a la creación de herramientas como esta, que nos permiten mejorar en el acceso y sistematización de los datos sobre la infancia y la adolescencia en la comunidad autónoma en un único espacio. Esperamos que pueda desarrollarse de forma progresiva y que nos ayude en el diseño de políticas públicas dirigidas a la población infantil y adolescente del archipiélago con la rigurosidad y relevancia que merecen”.

‘Infancia en Cifras’ recopila de forma transversal información proveniente de casi una veintena de operaciones estadísticas que elabora el ISTAC, incluyendo indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y ofrece datos a nivel de municipios, islas, o Canarias en su conjunto, dependiendo de las variables analizadas. En la actualidad se pueden consultar datos sobre población, educación, calidad de vida, salud e infancia vulnerable, si bien el objetivo es seguir incorporando variables, de forma que se convierta en una operación en mejora y actualización continua.

Debido a su carácter divulgador, el ISTAC organizará encuentros con colectivos especializados para ampliar el alcance de los datos obtenidos e incorporar mejoras y sugerencias.

 

Descenso continuado de la población infantil en Canarias

Los datos de población de esta operación desvelan cómo los menores de 18 años en Canarias están en continuo descenso desde el año 2009, momento en el que había 378.577 menores en las islas, frente a los 332.630 menores registrados en el Padrón Municipal de Habitantes de 2022. Esta cifra revela que en 2022 los menores de edad representan un 15,3% de la población total, mientras que en 2009 representaban un 18%.

Si nos centramos en educación, se observa que en el año 2023 la tasa neta de escolarización, es decir, la proporción de niños y niñas de 5 años matriculados en educación infantil, primaria y especial sobre el total de niños y niñas de 5 años, es de un 96,3%.

En 2022, último año con datos disponibles, se llevaron a cabo más de 98 mil prestaciones relacionadas con la infancia (9%) y más de 438 mil (40%) relacionadas con la familia, dentro de las prestaciones realizadas en el marco del Plan Concertado de prestaciones básicas de servicios sociales.

Por otro lado, el 42,8 % de la población de 18 y más años usuaria de servicios sociales conoce los centros o servicios para la atención a la infancia, definiendo persona usuaria tanto las personas beneficiarias como quien ha ayudado a otra persona a realizar trámites para la solicitud de un servicio.

En el año 2021, los datos sobre salud revelan que un 78% de la población de 1 a 15 años sigue una alimentación adecuada o muy adecuada, una cifra ligeramente menor a la del año 2015, que llegaba al 80%. Para el mismo año, el 88% de la población de 1 a 15 años realiza alguna actividad física, una cifra superior a la del año 2015, que era de un 76%.

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Servicios Sociales coordina el programa de asistencia material básica con los ayuntamientos canarios

El programa con financiación europea será efectivo a partir del 1 de junio y centrará en la distribución de ‘tarjetas monedero’ a las familias en situación de exclusión social

Canarias cuenta en 2024, con una partida de 6,2 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo plus (FSE+)

Elisabet Santana durante la presentación del programa de asistencia a los ayuntamientos

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección general de Servicios Sociales e Inmigración, celebró esta semana la primera reunión de trabajo con representantes políticos y técnicos de los ayuntamientos de Gran Canaria a fin de presentar el Programa de Asistencia Material Básica, cofinanciado con Fondo Social Europeo Plus, para el periodo 2021-2027.

Según explicó la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, la reunión tuvo como objeto informar a las administraciones locales sobre la puesta en marcha a partir del próximo 1 de junio del Programa de Asistencia Material Básica, “así como coordinar con los ayuntamientos las vías para hacer efectivo este programa y llegar a las personas y familias en situación de pobreza y exclusión social que más lo necesitan en nuestra tierra”.

El Programa Asistencia Material Básica es la continuación del programa de alimentos del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (Fead), que en el periodo 2014-2020 financió las medidas de los países de la Unión Europea proporcionando alimentos o asistencia material básica a las personas que más lo necesitaban.

El programa operativo que se pone en marcha en junio contempla dos cambios principales. Por un lado, se sustituye el reparto de bolsas de alimentos por tarjetas monedero, lo que permitirá la adquisición de productos de alimentación y de asistencia material básica, como artículos de higiene tales como jabón, champú y pasta de dientes, artículos de higiene femenina menstrual y pañales infantiles. Por otro lado, el programa europeo fija que podrán acceder a estas tarjetas las familias con menores a cargo que viven en hogares cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la renta mediana nacional.

Para complementar este programa, la Dirección General ha dispuesto una partida extra para financiar a los bancos de alimentos, que llegará a los 1,1 millones de euros este año, el doble que el ejercicio anterior, con el objetivo de atender al resto de personas y unidades de convivencia.

En cuanto a la forma de distribución de las tarjetas monedero, se establece que serán las comunidades autónomas, mediante los departamentos de servicios sociales de los ayuntamientos, los que identifiquen a las familias con menores a cargo en situación de pobreza severa, beneficiarias de estas ayudas, para su posterior derivación a Cruz Roja, entidad que será la encargada de contactar con las familias y proceder a la entrega de la tarjeta monedero.

De esta forma, el programa básico se articula a través de una modalidad indirecta de provisión de la ayuda mediante un sistema único de tarjetas, mientras que los servicios sociales de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las ONG continuarán proporcionando ayuda a estos colectivos a través de otros medios y al margen de este programa.

“Para hacer frente a este programa, Canarias contará en el marco de este programa con una partida que asciende este año a 6,2 millones de euros euros”, aclaró Santana, quien indicó que “la reunión celebrada con los ayuntamientos de Gran Canaria es la primera de una serie de reuniones que se realizarán con todos los municipios del archipiélago con el objetivo de dar a conocer y coordinar el Programa a partir del 1 de junio de 2024, fecha en la que las administraciones locales podrán comenzar a derivar a familias que cumplan con los requisitos establecidos por el Programa a Cruz Roja, que durante el año 2024 será la encargada de realizar el reparto de las tarjetas monedero de todo el estado español”.

El Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (Fead) se engloba ahora dentro del Fondo Social Europeo plus (FSE+) y propone un cambio de rumbo donde los Estados miembros sean los que organicen el reparto incluyendo acciones de acompañamiento encaminadas a eliminar la pobreza severa.

 

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Canarias anuncia una batería de medidas ante el Estado para complementar las pensiones no contributivas

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explica en sede parlamentaria las iniciativas impulsadas por su departamento para mejorar las cuantías sin que ello implique un perjuicio para los beneficiarios

La puesta en marcha de estos complementos depende de la regulación estatal, por lo que se ha propuesto la modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias trabaja para poner en marcha una batería de complementos para mejorar las cuantías de las pensiones no contributivas en Canarias. Para ello, el departamento que dirige Candelaria Delgado ha entablado negociaciones con el Estado para impulsar las reformas legislativas oportunas que permitan aumentar estas pensiones sin que ello implique un perjuicio para sus perceptores, situación que ocurre en la actualidad.

Delgado hizo estas consideraciones hoy en el pleno del Parlamento de Canarias, en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre cuándo se tiene previsto implementar el complemento a las pensiones no contributivas regulado en la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía. Durante su intervención, la consejera sintetizó las acciones emprendidas desde su departamento en este sentido y la necesidad de que se den los pasos oportunos a nivel estatal para que esta medida se pueda hacer efectiva.

“Estamos trabajando en un conjunto de medidas dirigidas a permitir la aplicación de un complemento a las pensiones no contributivas sin perjudicar a los beneficiarios, pero su puesta en marcha depende de lo que se decida en el ámbito del Estado”, explicó la consejera.

Según señaló Delgado, la ley que regula la Renta Canaria de Ciudadanía prevé el complemento a las pensiones no contributivas, “pero la aplicación de dicho complemento puede tener efectos negativos sobre algunas de las personas que reciben estas pensiones, porque con la normativa actual computaría como incremento de renta y podría poner en peligro hasta el cobro de la propia pensión”.

Entre las medidas impulsadas por el Ejecutivo canario se incluyen, avanzó la consejera, modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que se pueda contemplar el desarrollo del complemento a las PNC de Canarias en su condición de región ultraperiférica sin que compute como ingreso e incluir entre los importes exentos de cómputos los complementos que pudieran establecer las comunidades autónomas.

“El fin de este complemento es elevar el nivel de vida de las personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social, y está dirigido a aquellas unidades de convivencia con mayor necesidad de protección social. Por eso hemos hecho valer ante el Estado que Canarias presenta singularidades por su lejanía, insularidad y condición de región ultraperiférica, reconocidas por los Tratados constitutivos de la Unión Europea, la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía”, puntualizó Delgado.

A ello se une -continuó la consejera- que “los efectos económicos y sociales derivados de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, sumados a la condición de territorio insular y ultraperiférico, suponen un factor diferenciador de Canarias frente a otras comunidades autónomas en lo que se refiere al encarecimiento de la cesta de la compra, la subida de precios de los combustibles o el mayor coste de importación de materias primas y productos para el consumo”.

En este contexto -a juicio de Delgado-, “urge que el Estado tenga en cuenta la realidad que viven miles de canarios y canarias y no dilate más este asunto”.

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Bienestar Social avanza en el diseño del Programa de Atención Integral para Personas Mayores

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Mayores, anuncia la adjudicación de la redacción de pliegos técnicos para la licitación del Programa de Atención por parte de personas expertas en la materia

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Mayores, anuncia la adjudicación de la redacción de pliegos técnicos para la futura licitación del Primer Programa de Atención Integral para Personas Mayores en Canarias. El programa que se defina tras la licitación incluirá estrategias y acciones que redunden en una mejora de la vida de las personas mayores que residen en Canarias y que son usuarias de los centros.

El programa pretende dar respuesta a las personas mayores de Canarias con el fin de mejorar su calidad de vida, a través de redes de atención, apoyo, inclusión, acompañamiento y envejecimiento activo mediante diferentes líneas de actuación. Entre las medidas que busca esta hoja de ruta están establecer redes de intervención para dar cobertura a los mayores de Canarias atendiendo a la heterogeneidad del colectivo, promover el protagonismo de los mayores a través de la participación ciudadana con el apoyo del tejido asociativo, favorecer la participación de las personas mayores en todos los ámbitos de la comunidad, contribuir a la mejora de la calidad de vida y el bienestar físico, psíquico, emocional y social, crear servicios especializados de atención a las personas mayores en situación de soledad no deseada, atención domiciliaria y de inclusión social y fortalecer los centros de mayores y las asociaciones de mayores como recurso comunitario de referencia en los municipios.

Según explica la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, “la participación activa y el bienestar de las personas mayores son una prioridad para este Gobierno y este programa refleja nuestro compromiso de trabajar de manera integral para garantizar su calidad de vida. Para ello, hemos impulsado un programa integral que contempla un conjunto de estrategias dinámicas y flexibles dirigidas a mejorar la calidad de vida de este colectivo, y que ofrece una atención global que se adapte a las diversas realidades y escenarios que enfrentan”.

Por su parte, desde la Dirección General de Mayores del Ejecutivo canario, que dirige Verónica Meseguer, detallan que “con la adjudicación de la redacción de los pliegos técnicos se da un paso significativo hacia la implementación de un programa que responda de manera efectiva a las necesidades de las personas mayores. Este programa busca establecer redes de atención, apoyo, inclusión y envejecimiento saludable, ofreciendo respuestas concretas a los desafíos que enfrentan las personas mayores hoy en día y dándoles el protagonismo que merecen en nuestra sociedad”.

El proceso de redacción de pliegos técnicos estará a cargo de profesionales especializados en el ámbito de la atención a personas mayores, garantizando que el programa se desarrolle con los más altos estándares de calidad y eficiencia.

En una primera fase, el programa se implementará en los siete centros de mayores de gestión directa de la Dirección General con previsión de extenderlo a la red de 24 centros de mayores del archipiélago, asegurando de esta forma una cobertura completa de lunes a domingo. Además de los programas integrales y actividades diseñados para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, el programa también incluirá encuentros y excursiones, de forma que se promueve así la socialización y el enriquecimiento personal de las personas usuarias de estos recursos sociales.

Con este paso, el Ejecutivo canario, a través de la Dirección general de Mayores, reafirma su compromiso con el bienestar y la inclusión de las personas mayores en Canarias, trabajando conjuntamente para asegurar un futuro más justo y equitativo para este importante sector de la población.

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El impacto de las nuevas tecnologías en la infancia y adolescencia, a debate en unas jornadas especializadas

Las sesiones, organizadas por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias bajo el título “Menores y nuevas tecnologías. Adicciones, pornosocialización, salud mental y conducta infractora”, tendrán lugar los próximos días 23 y 24 de mayo en Tenerife y congregarán a especialistas y personas expertas en el uso de nuevas tecnologías

Con el fin de crear un espacio para la reflexión y el debate en torno al uso de las nuevas tecnologías por parte de la población infantil y juvenil, la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección general de Protección a la Infancia y las Familias, ha organizado unas jornadas que, bajo el título “Menores y nuevas tecnologías. Adicciones, pornosocialización, salud mental y conducta infractora”, congregarán a un nutrido grupo de especialistas y personas expertas en esta temática.

“Estas sesiones -indica la consejera del área, Candelaria Delgado- tienen como objetivo ampliar el conocimiento y la formación sobre el complicado uso de las nuevas tecnologías por parte de nuestra población infantil y juvenil, así como dar a conocer los estudios e investigaciones que se llevan a cabo tanto en Canarias como el resto del país de cara a garantizar el desarrollo y bienestar de las personas menores de edad. Para ello, se ha diseñado un programa exhaustivo y multidisciplinar que cuenta con la participación de destacadas personas expertas en la materia cuyos puntos de vista son indispensables para abordar este desafío con una perspectiva multidisciplinar”.

Las jornadas, impulsadas por el servicio de Justicia Juvenil de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Ejecutivo canario, tendrán lugar en la sede de Presidencia de Gobierno, en Santa Cruz de Tenerife, los días 23 y 24 de mayo en horario de mañana. Además, podrán ser seguidas también de manera online.

El número de plazas en modalidad presencial es limitado. El plazo de inscripción finaliza el día 16 de mayo a las 15.00 horas y podrá realizarse de forma digital a través del siguiente enlace: JORNADAS MENORES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

 

PROGRAMA

Las jornadas comenzarán el jueves, 23 de mayo, a las 9.15 horas con la inauguración a cargo de la consejera la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, antes de dar paso a la ponencia “El uso de las nuevas tecnologías y la conducta infractora en adolescentes”, que estará a cargo de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Posteriormente tendrá lugar la segunda intervención, “Violencia y sexualidad disfuncional. Los aliados perversos: ciberacoso, sexting y grooming. ¿Qué podemos hacer?”, a cargo del catedrático de psicología de la Universidad de La Laguna, Juan Ignacio Capafons Bonet.

La jornada continuará con la celebración de una mesa que lleva por título “Buena Práctica: ¿Qué hacer frente a actitudes sexistas en adolescentes?”, con las intervenciones de Marta Díaz Gómez, Elena Vila Cortavitarte y José Miguel Díaz Gómez, así como la presentación del portal web previogen.com, por Marta Díaz Gómez.

La primera jornada culminará con la ponencia titulada “La pornografía violenta como referente educativo de nuestros menores: efectos y prevención”, a cargo del doctor en psicología, sexólogo del Gobierno de Navarra y experto en los efectos de la pornografía en la salud y conducta de adolescentes, José Luis García.

La jornada del viernes, 24 de mayo, comenzará a las 9,00 horas con una disertación en relación al “Género, alcohol y redes sociales en personas jóvenes. Proyecto EDIFEM2”, a cargo de la antropóloga, investigadora española referente en los estudios de género y drogodependencias y profesora catedrática de la Universidad de Granada, Nuria Romo Avilés, para continuar con la ponencia que lleva por título “¿Cómo impactan las pantallas en la salud y el desarrollo?”, a cargo de la especialista en medicina de la adolescencia del Hospital Ruber Internacional en Madrid y asesora de varios grupos de trabajo para el Ministerio de Industria, Interior y Agencia Española de Protección de datos sobre el impacto de las pantallas en la salud y el desarrollo, María Angustias Salmerón Ruiz.

A su conclusión, la doctora en Derecho, experta en educación digital y autora de varios libros especializados sobre el uso de redes sociales e infancia, Laura Davara Fernández de Marcos, ofrecerá una ponencia sobre “Redes sociales y menores: lo que no te cuentan”.

Tras esta ponencia, tendrá lugar una mesa sobre “Prevención, actuación y reparación antes las ciberviolencias machistas. “Servicio Insular de Prevención y Atención a las Ciberviolencias Machistas–SIPACM”, a cargo de las especialistas Ana Lidia Fernández-Layos Fernández, Verónica Rodríguez González y Cristina García Díaz.

La clausura de esta segunda y última jornada tendrá lugar a las 14.00 horas y correrá a cargo de la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Juana de la Rosa González.

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