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El Gobierno de Canarias registra 835 viviendas protegidas en nuevas solicitudes de calificación durante 2026

El Ejecutivo saca a licitación la construcción de 98 viviendas protegidas en Fuerteventura, Tenerife y La Palma

Desde 2024, la promoción privada suma más de 200 solicitudes para calificar 4.428 viviendas protegidas en el archipiélago

La evolución de los datos refleja un cambio de tendencia en la actividad promotora de vivienda protegida en Canarias, tras años de escasa actividad en este ámbito

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha registrado durante 2026 solicitudes para la calificación provisional de 835 viviendas protegidas de promoción privada. La evolución registrada desde 2024 apunta a una consolidación del cambio de tendencia en la promoción de vivienda protegida en el archipiélago, en contraste con los niveles de actividad de los años anteriores.

La calificación provisional constituye uno de los indicadores de la actividad promotora de vivienda protegida, ya que permite a una promoción acogerse al régimen de protección pública antes de iniciar su construcción. Este trámite puede ser solicitado por personas físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, cooperativas o comunidades de bienes.

La evolución de las solicitudes evidencia el cambio de tendencia experimentado en este ámbito. En 2021 se registraron tres solicitudes para la calificación de 112 viviendas, mientras que en 2022 la cifra descendió a dos solicitudes para 78 viviendas. En 2023 se produjo un primer repunte, con 14 solicitudes correspondientes a 414 viviendas.

A partir de 2024, el crecimiento ha mantenido una evolución creciente. Desde ese año hasta octubre de 2026, se han registrado más de 200 solicitudes para calificar 4.428 viviendas protegidas en Canarias.

Por anualidades, en 2024 se contabilizaron 75 solicitudes para 2.004 viviendas y, en 2025, 95 solicitudes para 1.589 viviendas. Durante 2026, las solicitudes registradas incluyen 835 viviendas protegidas.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha señalado que “la evolución de las solicitudes permite conocer cómo se comporta la actividad promotora de vivienda protegida y qué necesidades existen para seguir ampliando la oferta residencial en Canarias”.

Rodríguez ha indicado que “el acceso a la vivienda requiere una respuesta sostenida en el tiempo, en la que intervengan las administraciones públicas y el sector privado, teniendo en cuenta las particularidades de cada isla y las necesidades de la población”.

En este sentido, ha destacado la importancia de continuar trabajando en la simplificación de los procedimientos administrativos, la disponibilidad de suelo y la adecuación de las condiciones económicas de las promociones a la realidad de los costes de construcción, entre otras.

 

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Canarias convoca la Comisión Mixta de Afectados de Costas para presentar el borrador de la futura ley

La Dirección La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario dará a conocer el documento a los colectivos afectados antes de iniciar su exposición pública

La Comisión Mixta, reactivada en esta legislatura, se ha reunido en cuatro ocasiones para mantener el diálogo con los afectados por la normativa estatal de Costas

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha convocado para el próximo día 29 a la Comisión Mixta de Afectados de Costas para presentar el borrador de la futura ley y dar a conocer las líneas de trabajo previstas para su desarrollo.

La convocatoria permitirá que los colectivos afectados por la legislación estatal de costas conozcan el documento antes de avanzar en su tramitación. La Dirección General quiere impulsar un proceso proactivo, que facilite el diálogo con los interesados y permita recoger sus opiniones desde las primeras fases de elaboración de la norma.

Un proceso abierto a los colectivos afectados

La Dirección General desarrollará una acción específica durante el periodo de exposición pública para facilitar que la ciudadanía pueda conocer el borrador y trasladar sus consideraciones. Este trabajo prestará especial atención a las personas y colectivos directamente afectados por la normativa de costas, con el objetivo de que sus necesidades sean tenidas en cuenta en la elaboración del texto.

Asimismo, se abrirá la posibilidad de que las asociaciones y colectivos que lo soliciten de manera conjunta puedan incorporarse a la Comisión Mixta. La medida busca ampliar este espacio de diálogo y favorecer que las distintas realidades del litoral canario estén representadas durante el proceso.

Antonio Acosta ha destacado que “es prioritario que los afectados sean los primeros en conocer el borrador y puedan opinar sobre él. Queremos que la Dirección General tenga una actitud proactiva, facilitando que los colectivos participen y que cualquier asociación que lo solicite de forma conjunta pueda estar presente en la Comisión. Estamos convencidos de que escuchar a quienes conocen de primera mano esta realidad enriquecerá el documento y nos permitirá avanzar hacia la ley de costas que queremos para Canarias.

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El Gobierno de Canarias inicia el procedimiento para adjudicar 42 viviendas públicas en Yaiza, Lanzarote

El Gobierno de Canarias inicia el procedimiento para adjudicar 42 viviendas públicas en Yaiza

Las viviendas, situadas en la urbanización Montaña Roja de Playa Blanca, cuentan con tres dormitorios, garaje y se destinarán al alquiler en régimen general

La promoción, adquirida mediante la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, ya ha finalizado sus obras y se incorpora al parque público de vivienda protegida del ICAVI

Las personas interesadas dispondrán de plazo del 26 de octubre al 16 de noviembre de 2026 para presentar sus solicitudes a través del procedimiento habilitado por el Ejecutivo

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha iniciado el procedimiento para adjudicar 42 viviendas protegidas de promoción pública situadas en la urbanización Montaña Roja de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, en Lanzarote, cuya resolución se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La promoción, cuyas obras ya han finalizado, se destinará al alquiler en régimen general y se incorporan al parque público de vivienda protegida del ICAVI, tras la cesión de su titularidad por parte del Cabildo de Lanzarote. Las viviendas cuentan con tres dormitorios y una superficie útil de 90 metros cuadrados, además de un garaje vinculado de 20 metros cuadrados cada una. Dos de ellas están adaptadas para personas con movilidad reducida.

La actuación se enmarca en la colaboración entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote para incrementar la oferta pública de vivienda en la isla. En virtud del convenio específico suscrito por ambas administraciones, el Cabildo ha adquirido las 42 viviendas con financiación compartida y, una vez finalizadas las obras, ha cedido su titularidad al ICAVI, que asume su adjudicación, gestión, conservación y mantenimiento.

Distribución de las viviendas por cupos

La promoción se distribuye en siete cupos, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 23/2026, de 9 de marzo, que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y el régimen de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública.

En concreto, dos viviendas se reservan para personas con movilidad o comunicación reducida que necesitan utilizar de forma permanente una silla de ruedas u otros dispositivos técnicos de apoyo para la deambulación; otras dos, para personas con estas limitaciones que no requieren dicho apoyo permanente; tres, para víctimas de violencia de género; once, para personas de hasta 35 años; cuatro, para personas de 65 años o más; y una, para personas emigrantes retornadas. Las 19 viviendas restantes corresponden al cupo general.

Las viviendas se adjudicarán mediante contrato de arrendamiento y deberán constituir el domicilio habitual y permanente de las unidades familiares o de convivencia adjudicatarias.

Requisitos para participar

Para optar a una vivienda será imprescindible estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, así como cumplir los requisitos generales establecidos en el Decreto 23/2026 y, en su caso, las condiciones específicas del cupo elegido. La inscripción en el Registro no garantiza por sí sola la adjudicación.

Entre los requisitos generales figuran tener la mayoría de edad o estar legalmente emancipado; acreditar una residencia en Canarias de al menos 12 años ininterrumpidos o 15 años si ha sido interrumpida; y residir o trabajar de forma ininterrumpida en el municipio de Yaiza durante, al menos, los cinco años anteriores a la publicación del procedimiento, con las excepciones previstas en la resolución. También será necesario encontrarse en alguno de los supuestos de necesidad de vivienda contemplados en la normativa, cumplir los límites de ingresos y patrimonio y no incurrir en causas de exclusión del acceso a vivienda protegida de promoción pública.

En cuanto a los ingresos, al tratarse de viviendas de régimen general, la unidad familiar o de convivencia deberá alcanzar unos ingresos mínimos de entre 1,50 y 2,50 veces el IPREM anual referido a 14 pagas, en función del número de integrantes. Con carácter general, los ingresos no podrán superar cinco veces el IPREM, aunque el límite podrá alcanzar seis veces en determinados supuestos excepcionales previstos en la normativa. Para comprobar los límites de ingresos y patrimonio se tomará como referencia el ejercicio fiscal 2025.

La adjudicación se realizará mediante el sistema de baremación recogido en el anexo II del Decreto 23/2026, que valorará las circunstancias sociales, económicas, familiares, personales y de necesidad de vivienda de las personas solicitantes. Asimismo, se tendrá en cuenta la adecuación de las viviendas a la composición de cada unidad familiar o de convivencia, el número de dormitorios, la accesibilidad y las necesidades específicas de sus integrantes.

Presentación de solicitudes

Las personas interesadas dispondrán de plazo del 26 de octubre al 16 de noviembre de 2026 para presentar sus solicitudes. El trámite estará disponible en la sede electrónica del Gobierno de Canarias, a través del procedimiento específico habilitado para esta convocatoria: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/10175

La solicitud deberá ajustarse al modelo normalizado y podrá presentarse también por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La Administración consultará los datos necesarios para comprobar el cumplimiento de los requisitos cuando disponga de ellos y la normativa lo permita. En caso de oposición expresa a la consulta o cuando se requiera autorización específica, las personas interesadas deberán aportar la documentación acreditativa correspondiente.

Los actos del procedimiento se publicarán en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Las personas solicitantes deberán consultar periódicamente este espacio, ya que los avisos remitidos por correo electrónico tendrán carácter meramente informativo y no sustituirán las notificaciones oficiales.

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El Ejecutivo inicia la contratación de rehabilitación energética en 96 viviendas protegidas de Las Palmas de G.C.

El Gobierno de Canarias saca a licitación las obras de construcción de 34 viviendas protegidas en Tazacorte

El proyecto cuenta con una inversión específica de 2.552.182,09 euros y forma parte de un expediente global para la isla cuyo presupuesto de licitación asciende a 8.911.501,20 euros

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, ha iniciado el expediente de contratación administrativa por la vía de urgencia para adjudicar las obras de rehabilitación energética integral de 96 viviendas de promoción pública situadas en el entorno residencial de Ciudad del Campo en Las Palmas de Gran Canaria.

Esta intervención, cuyo contrato cuenta con un valor estimado de  2.552.182,09  euros, se llevará a cabo mediante una actuación financiada con los fondos europeos de recuperación Next Generation EU orientada a mejorar la eficiencia y las condiciones del parque público.

La iniciativa se integra dentro de un contrato mayor, valorado en 8.911.501,20 euros sin IGIC, para la realización de mejoras en las infraestructuras de 295 viviendas protegidas de promoción pública, distribuidas en diversos complejos residenciales en Gran Canaria, abarcando también actuaciones en Santa Lucía de Tirajana, Las Rosas y Mogán.

El objetivo de este programa se centra en la financiación de la realización conjunta de obras y actuaciones de rehabilitación en edificios de uso predominante residencial y viviendas, incluidas las viviendas unifamiliares, y de urbanización o reurbanización de espacios públicos dentro de ámbitos de actuación denominados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), previamente delimitados

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El Ejecutivo inicia la contratación para rehabilitar energéticamente 50 viviendas públicas en Puerto del Rosario

El Instituto Canario de la Vivienda inicia el expediente de contratación de la actuación con un valor estimado de 1,35 millones de euros

La intervención permitirá mejorar la eficiencia energética de los inmuebles y reducir su consumo energético, contribuyendo a unas mejores condiciones de habitabilidad

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, ha iniciado el expediente de contratación de las obras destinadas a mejorar la eficiencia energética de las 50 viviendas protegidas de promoción pública de Fabelo, en el municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura.

La actuación, que cuenta con un valor estimado de 1.354.348,60 euros, se enmarca en el Programa 1 de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio, financiado con fondos europeos Next Generation EU, y tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética de los edificios, reducir el consumo de energía primaria no renovable y contribuir a unas mejores condiciones de habitabilidad para las personas residentes.

Las 50 viviendas de Fabelo se integran en un expediente conjunto, con un valor estimado de 2.378.453,67 euros, sin IGIC, que incluye también las actuaciones en otras 40 viviendas del grupo La Oliva II, en el municipio de La Oliva, y 10 viviendas de Valle Santa Inés, en Betancuria. En total, el contrato contempla actuaciones de mejora energética en 100 viviendas públicas de Fuerteventura, distribuidas en tres lotes.

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El Gobierno de Canarias inicia el expediente para construir ocho viviendas públicas en Santa Lucía de Tirajana

La promoción contará con ocho plazas de garaje y se ubicará en la calle Severo Ochoa, número 59

Esta actuación forma parte del Programa 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, destinado a incrementar el parque público de viviendas en alquiler social o a precio asequible

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha iniciado el expediente de contratación administrativa para la ejecución de ocho viviendas protegidas de promoción pública y ocho plazas de garaje en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana.

La actuación se desarrollará en la calle Severo Ochoa número 59, cuenta con un valor estimado de 1.632.392,01 euros y forma parte del proyecto que contempla la construcción de 126 viviendas protegidas de promoción pública en tres municipios de Gran Canaria, 29 de ellas en Santa Lucía de Tirajana.

Las viviendas se incluyen en el Programa 6 de ayuda a la construcción de alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation UE. Este programa tiene como objetivo fomentar e incrementar el parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible.

El expediente se tramitará por procedimiento de urgencia. Esta declaración responde tanto a la necesidad de cumplir los plazos establecidos para las actuaciones financiadas con fondos europeos como a la necesidad de incrementar el parque público de viviendas destinadas al alquiler para atender una demanda acreditada.

126 viviendas de alquiler en Gran Canaria

El valor estimado del contrato conjunto asciende a 26.258.717,45 euros sin IGIC y cuenta con financiación del Instituto Canario de la Vivienda, del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y de fondos PRTR del Gobierno de España.

Las ocho viviendas de la calle Severo Ochoa forman parte de este proyecto global que suma un total de 126 viviendas protegidas de promoción pública en la isla de Gran Canaria. A esta actuación de Santa Lucía de Tirajana se suman otras 21 viviendas en el barrio santaluceño de Casa Pastores, la construcción de 45 en Santa María de Guía y dos promociones de 26 viviendas cada una en Gáldar.

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Ángel Menéndez-Rexach comparte con las comunidades autónomas la necesidad de reformar la Ley de Costas estatal

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid analizó en el I Congreso de Costas Canarias la evolución del marco jurídico del litoral y las dificultades para delimitar las atribuciones del Estado y de las comunidades autónomas

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Menéndez-Rexach, abordó durante su intervención en el I Congreso de Costas Canarias: Canarias, Mar y Territorio la necesidad de reformar la Ley de Costas estatal, una cuestión que comparten distintas comunidades autónomas ante la evolución del marco competencial y los nuevos retos en la gestión del litoral.

Durante su ponencia, Menéndez-Rexach repasó la evolución de la Ley de Costas de 1988, cuyo modelo inicial concentraba la mayor parte de las competencias en la Administración General del Estado. El catedrático explicó que la consolidación de las comunidades autónomas y la evolución institucional han transformado aquel escenario y han permitido que estas administraciones asuman nuevas atribuciones en la ordenación del litoral.

El experto centró parte de su intervención en las dificultades para delimitar las competencias estatales y autonómicas, especialmente tras la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre el alcance de la ordenación del litoral. En este sentido, señaló que la interpretación actual plantea interrogantes sobre la relación entre la competencia autonómica de ordenación del litoral y la legislación estatal reguladora del dominio público marítimo-terrestre.

Una definición más clara del litoral

Otro de los aspectos destacados de la ponencia fue la ausencia de una definición legal precisa del litoral. Menéndez-Rexach señaló que la Ley de Costas no define este concepto y defendió que su alcance no debe limitarse a la parte terrestre, sino que también debe contemplar una dimensión marítima.

El catedrático advirtió de las diferencias entre las normas autonómicas a la hora de delimitar el litoral y consideró necesario avanzar hacia un criterio común, especialmente en lo relativo a su vertiente marítima. Esta cuestión resulta relevante para dotar de mayor coherencia al marco jurídico y clarificar el ámbito de actuación de las distintas administraciones.

Los informes de Costas como eje de análisis

La ponencia estuvo precedida por la sesión dedicada a la conflictividad competencial sobre el litoral, en la que participaron el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Ángel Lobo Rodríguez; el catedrático del mismo Área, Andrés González, y la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva, María Carmen Núñez.

Lobo centró su intervención en los informes de Costas durante la tramitación de los instrumentos de planificación territorial y urbanística. Los datos del Tribunal de Cuentas reflejan que entre 2014 y 2020 se contabilizaron alrededor de 2.106 expedientes en relación a los informes. El plazo medio de resolución alcanzó los 129 días para el primero, pese a que el periodo previsto es de un mes, y los 114 días para el segundo, cuyo plazo establecido es de dos meses. A estos tiempos se suman los retrasos en el traslado de los expedientes desde los servicios periféricos hasta la Dirección General en Madrid, un proceso que se prolongó una media de cuarenta días.

Como alternativa, el experto propuso sustituir los dos informes por uno único, emitido después de la aprobación inicial del plan y limitado a un análisis técnico de las competencias sectoriales estatales.

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Canarias presenta el borrador de la Ley del Litoral para adaptar su gestión a las singularidades del archipiélago

El consejero Pablo Rodríguez reivindica más competencias y herramientas para que Canarias pueda gestionar su litoral de acuerdo con la realidad de las islas

El catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar expone las principales líneas de una propuesta que aborda la planificación costera, la gestión de las playas y la regulación de espacios singulares como los charcos y las piscinas naturales

El I Congreso de Costas Canarias reúne a alrededor de 200 participantes y aborda la experiencia de otras comunidades autónomas y los nuevos traspasos competenciales

El Gobierno de Canarias ha presentado este viernes el borrador de la Ley del Litoral de Canarias en el marco del I Congreso de Costas Canarias: Canarias, Mar y Territorio, celebrado durante los días 15 y 16 de octubre en Gran Canaria. La propuesta busca adaptar la regulación del litoral a las singularidades del archipiélago y abordar cuestiones relacionadas con la planificación, la gestión de las playas y la protección de los espacios costeros, teniendo en cuenta las características territoriales y ambientales de las islas.

Durante la bienvenida institucional, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha reivindicado la necesidad de que Canarias disponga de más competencias y herramientas para gestionar su costa. Rodríguez ha recordado la relación histórica de la población canaria con el mar, desde la actividad pesquera hasta los pueblos asentados junto al litoral, y ha defendido que su protección debe compatibilizarse con las garantías y la seguridad de las personas que viven en estos entornos.

“Los canarios llevamos siglos viviendo alrededor de nuestra costa, conviviendo con su entorno y cuidándolo”, ha señalado el consejero, quien ha destacado la importancia de avanzar hacia una gestión que permita proteger el litoral y, al mismo tiempo, convivir con él.

Rodríguez ha puesto en valor la creación de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario durante esta legislatura y ha reiterado que el traspaso de competencias en esta materia ha resultado “insuficiente para responder a las necesidades del archipiélago”. En este sentido, ha señalado que existen comunidades autónomas que disponen de más herramientas para gestionar su litoral y ha defendido que Canarias debe avanzar hacia un marco competencial acorde con su realidad territorial.

Por su parte, el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha valorado la celebración del congreso como un espacio de encuentro entre comunidades autónomas y administraciones para compartir experiencias y abordar los desafíos comunes de la gestión costera. Acosta ha destacado la participación de alrededor de 200 personas durante las dos jornadas y ha subrayado que la presentación del borrador permite iniciar un proceso de participación en torno a la futura norma.

Durante la bienvenida institucional también ha estado presente el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal.

Una regulación adaptada a la realidad territorial de Canarias

La presentación del borrador ha estado a cargo de Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, quien ha expuesto las principales líneas de la propuesta y su encaje en el marco competencial de Canarias.

Villar ha explicado que el texto aborda el litoral desde una perspectiva que tiene en cuenta tanto la zona terrestre como la dimensión marítima del archipiélago. Para ello, ha hecho referencia al Estatuto de Autonomía de Canarias y al reconocimiento de las aguas canarias, sobre cuya base ha expuesto el ámbito de actuación que contempla el borrador, siempre dentro del marco jurídico aplicable.

El catedrático ha señalado que uno de los objetivos de la propuesta es adaptar la normativa general a las particularidades de Canarias y concretar conceptos cuya aplicación ha generado dificultades interpretativas. El texto plantea una regulación centrada en las cuestiones que requieren una respuesta específica para el archipiélago.

En materia de planificación, Villar ha explicado que Canarias ya dispone de instrumentos que identifican tramos de costa según sus valores y necesidades de protección, por lo que la propuesta plantea aprovecharlos y reforzar sus determinaciones cuando resulte necesario.

La iniciativa incorpora también principios como el uso y disfrute del litoral, el desarrollo sostenible, la integración de la planificación costera y la conservación de las aguas. Asimismo, contempla mecanismos de participación y coordinación, entre ellos el Foro del Litoral, y el refuerzo de herramientas de información para mejorar el conocimiento y la gestión de la costa.

Playas, charcos y núcleos costeros tradicionales

La gestión de las playas constituye uno de los ámbitos específicos de la propuesta. El borrador aborda cuestiones como la clasificación de los tramos de costa, los espacios libres, la compatibilidad de los distintos usos y el mantenimiento y la regeneración de las playas.

Villar ha destacado, además, la necesidad de dar un tratamiento adecuado a las singularidades canarias, entre ellas los charcos y las piscinas naturales, espacios de baño tradicionales que presentan características distintas a las de las playas y requieren una regulación adaptada a su realidad.

El texto contempla también cuestiones relacionadas con las servidumbres de protección, tránsito y acceso al mar, así como la concreción de conceptos vinculados a los usos autorizables. En relación con el acceso peatonal a la costa, el catedrático ha señalado la importancia de interpretar los criterios normativos teniendo en cuenta la accesibilidad y los derechos de las personas.

Otro de los aspectos abordados ha sido la situación de los núcleos costeros tradicionales. El borrador plantea reconocer sus valores históricos, pesqueros, marítimos y sociales, así como estudiar fórmulas para ordenar estos asentamientos, mejorar sus servicios básicos y proteger sus características, evitando su crecimiento o extensión.

El congreso analiza la experiencia de otras comunidades y los nuevos traspasos

La segunda jornada del I Congreso de Costas Canarias ha comenzado con una ponencia dedicada a la experiencia normativa de Cataluña y ha continuado con dos mesas de debate centradas en los modelos de gestión del litoral de otras comunidades autónomas y en los nuevos traspasos competenciales.

La primera mesa, centrada en la experiencia de las comunidades, ha contado con la participación de Francesc Xavier Verga, subdirector general de Costas de Cataluña; Carmen Jiménez, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía; Antonio Acosta, director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario; y Koldobika Goitia, director de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del País Vasco.

El debate ha permitido abordar las experiencias de distintos territorios en la gestión del litoral y las particularidades de sus respectivos marcos competenciales.

La segunda mesa, dedicada a los nuevos traspasos competenciales, ha reunido a Paula Uría, directora general de Energías Renovables y Cambio Climático de la Xunta de Galicia; María Tejerina, directora general de Aguas y Puertos de Cantabria; Marc García, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Comunidad Valenciana; y Agustín Osete, director general de Litoral y Puertos de la Región de Murcia.

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529 jóvenes canarios recibirán ayudas para la compra de su vivienda tras ampliarse el presupuesto a 4,5M€

Vivienda presenta una nueva convocatoria de ayudas al alquiler 2024-2025

El ICAVI amplía la dotación total de las subvenciones destinadas a fomentar la compra de vivienda por parte de la población joven canaria en 2026 y consigue atender todas las solicitudes que cumplen los requisitos en esta convocatoria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, amplía el crédito de las ayudas a la adquisición de vivienda en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026, alcanzando las 529 personas jóvenes beneficiadas, con un importe total de 4.507.709 euros.

La ampliación presupuestaria, publicada esta semana en el Boletín Oficial de Canarias, ha incrementado en 1.507.709 euros la dotación de la convocatoria, que pasa de 3.000.000 a 4.507.709 euros. Este incremento permite pasar de 370 a 529 beneficiarios, atendiendo así todas las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria y hasta el límite del crédito disponible. Con esta resolución, la convocatoria agota la totalidad de los fondos.

La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, ha señalado que “este incremento de la dotación económica nos permite reforzar los recursos destinados a facilitar el acceso de los jóvenes canarios a una vivienda en propiedad y que puedan tener una oportunidad de llevar a cabo su proyecto de vida en nuestras islas”.

Requisitos y cuantía de las ayudas

La convocatoria de ayudas, abierta en abril de 2026 y ya finalizada, estaba dirigida a jóvenes de hasta 35 años que hayan adquirido una vivienda ya construida y destinada a su residencia habitual, mediante escritura pública formalizada dentro del periodo establecido. La vivienda debía ubicarse en cualquier municipio de Canarias y respetar los límites de precio fijados, excluidos impuestos y gastos asociados. Además, se incorporó una novedad significativa al ampliar los límites máximos del precio de las viviendas que podían acogerse a estas ayudas, fijándolos en 170.000 euros en las islas capitalinas y en 200.000 euros en las no capitalinas o para familias numerosas. Esta modificación realizada en esta legislatura, ha permitido ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda en propiedad para la población joven. La subvención máxima, sin contar los gastos y tributos inherentes a la adquisición, asciende a 11.000 euros por persona beneficiaria.

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El uso del coche compartido para ir a clase ya es una realidad en el CIFP Felo Monzón Grau-Bassas 

El Gobierno de Canarias y el CIFP Felo Monzón, con la coordinación y apoyo del proyecto FELO-MOVE, impulsan una comunidad propia de coche compartido a través de la plataforma TRIBBU

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha valorado el trabajo del ciclo de Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible por haber impulsado “esta solución real” para la movilidad en la isla

Más de 2.000 personas, entre alumnado y profesorado, podrán cambiar su forma de moverse gracias a esta aplicación que además les permitirá ahorrar dinero 

El Gobierno de Canarias y el CIFP Felo Monzón Grau-Bassas, situado en Tafira-Baja, han presentado hoy el funcionamiento de la nueva plataforma de coche compartido TRIBBU. La jornada de difusión a la comunidad educativa, que ha contado con la colaboración del Mobily-Lab a través del proyecto FELO-MOVE, se ha celebrado en el salón de actos del centro y ha contado con la asistencia de cerca de 300 personas entre alumnado y profesorado.

En la presentación participaron la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández Pérez; el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Machado; la directora del CIFP Felo Monzón Grau-Bassas, Adela Paloma Blanco, Adrià Aguado Lorente, director de Asuntos Públicos en TRIBBU de manera telemática, la directora general de la Fundación Nos Movemos, Rosa Martín y el alumnado ideólogo de esta solución de movilidad.

Las jornadas sirvieron para explicar el funcionamiento de la aplicación TRIBBU, que ya se encuentra disponible para su descarga en App Store y Google Play, y que facilitará a la comunidad educativa del CIFP Felo Monzón la organización de desplazamientos compartidos para asistir a clase. Además, desde este jueves se encuentran disponibles dos aparcamientos VIP para las personas conductoras que comiencen a hacer uso de la aplicación tengan prioridad de parking.

Fernández ha recordado que esta colaboración surge a raíz de la iniciativa del propio alumnado del centro, que contactó directamente con la Dirección General para trasladar sus propuestas y la necesidad de conectar los proyectos formativos con los retos reales de movilidad de Canarias. “Esta es una solución real y transversal que ha nacido desde el propio centro y eso hay que valorarlo. Unas 2.150 podrán reformular su manera de ir y volver al instituto a través de esta iniciativa de movilidad sostenible que apuesta por el vehículo compartido como solución para reducir la congestión, las emisiones contaminantes y los problemas de acceso al centro”, ha señalado.

Además, Fernández añadió que gracias a esta aplicación “los trayectos van a ser más económicos al repartir costes, más sostenibles porque reducen emisiones y más eficientes porque hay gente que de otra manera no podría moverse o se movería con más tiempo de desplazamiento.

Por su parte, el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Machado, destacó que «este proyecto demuestra que la colaboración entre los centros educativos y las empresas puede ir mucho más allá de la formación del alumnado». En este caso, lo que comenzó como «una iniciativa desarrollada durante las prácticas de un ciclo formativo se ha convertido en una herramienta que permitirá mejorar la movilidad de toda la comunidad educativa del centro, al tiempo que fomenta hábitos más sostenibles».

En este sentido, puso en valor «el efecto multiplicador que tiene la colaboración entre la Formación Profesional y el tejido empresarial», y señaló que «queremos que nuestros estudiantes aprendan en entornos reales, pero también que sean capaces de aportar soluciones a problemas cotidianos, así que este es un buen ejemplo de cómo el trabajo de un grupo de alumnos puede terminar beneficiando a cientos de personas y de cómo la FP puede contribuir a transformar su entorno».

Del FELO-MOVE a la aplicación TRIBBU

A través de la aplicación, las personas usuarias pueden publicar rutas, reservar plazas y compartir gastos de desplazamiento de forma segura y digitalizada. El modelo incorpora un incentivo económico adicional: los conductores reciben un “Bono Energético” (4 céntimos) por cada pasajero transportado y kilómetro recorrido gracias a los Certificados de Ahorro Energético (CAE), vinculados a la reducción de emisiones de CO2.

El proyecto pone como ejemplo el caso de un trayecto desde Gáldar al centro educativo compartido entre varias personas, donde el conductor podría compensar prácticamente la totalidad de sus gastos de desplazamiento gracias a este sistema

Uno de los principales objetivos de ‘Felo-Move’ es reducir el número de vehículos que acceden diariamente al centro educativo. El proyecto estima que agrupar a tres o cuatro personas en un mismo coche permitiría disminuir la congestión en la carretera de Tafira, reducir la demanda de aparcamiento y rebajar las emisiones contaminantes generadas por los desplazamientos diarios.

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