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Monzón se adhiere a la solicitud de otras quince CCAA que instan al Ministerio de Sanidad a solucionar el conflicto

Esther Monzón con homólogos de otras CCAA en Madrid

La consejera de Sanidad participó hoy en la reunión del Consejo Interterritorial del SNS, en la que dieciséis comunidades autónomas, incluida Canarias, han firmado un documento conjunto en el que reclaman medidas estructurales para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario

Recuerdan que es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga, por lo que le exigen que retome el diálogo con los sindicatos y que cumpla con sus responsabilidades

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, asistió hoy a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrada en la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid, en la que se abordó el conflicto estatal que mantienen los sindicatos médicos de España con el Ministerio ante los desacuerdos en torno al Estatuto Marco aprobado recientemente, que cuenta con el rechazo del colectivo de médicos y facultativos de España, un conflicto que está afectando por igual a todas las comunidades autónomas.

Momento de la reunión
Momento de la reunión

Los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas trasladaron en este encuentro una posición común ante la situación generada por la huelga del colectivo médico, reafirmando su compromiso con los profesionales y con los pacientes.

En este sentido, Monzón firmó junto a los consejeros de otras quince comunidades autónomas (CCAA) un documento conjunto en el que instan al Ministerio de Sanidad a impulsar, con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar las mejoras que requiere el Sistema Nacional de Salud y en concreto que ayuden a resolver el conflicto con los médicos por el Estatuto Marco.

En el documento, las comunidades autónomas reiteran que el Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es una norma básica de carácter estatal cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico.

Asimismo, recuerdan que es precisamente el contenido y la tramitación de esta norma lo que ha motivado la actual convocatoria de huelga de ámbito estatal dirigida al Ministerio, tal y como evidencian tanto el origen de las reivindicaciones como el propio marco de interlocución de las organizaciones convocantes.

Las CCAA señalan que, como responsables de la organización y prestación de la asistencia sanitaria, están asumiendo las consecuencias asistenciales y organizativas derivadas de un conflicto cuya raíz normativa no se sitúa en su ámbito competencial. En este contexto, aseguran que están actuando con responsabilidad, adoptando medidas para garantizar la continuidad de la atención sanitaria y minimizar el impacto sobre la ciudadanía.

No obstante, advierten de que la resolución de este conflicto exige necesariamente un acuerdo en el ámbito estatal por parte del Ministerio de Sanidad, que es quien dispone de la capacidad normativa para modificar el Estatuto Marco y dar respuesta a las demandas planteadas.

Además, consideran que la aprobación del texto en el Consejo de Ministros no ha supuesto el cierre del conflicto porque la persistencia de la convocatoria de huelga evidencia que el problema de fondo continúa abierto y que no se ha alcanzado el necesario consenso con el colectivo médico, por lo que consideran imprescindible reabrir con urgencia un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo.

La consejera de Sanidad, junto con el resto de consejeros de las comunidades autónomas, ponen de manifiesto que este conflicto se produce en un contexto especialmente exigente para el sistema sanitario, marcado por el déficit estructural de profesionales, el aumento de las jubilaciones, la cronificación de las patologías y el envejecimiento de la población.

Por ello, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma al posicionamiento conjunto e insta al Ministerio de Sanidad a impulsar, con carácter inmediato, medidas estructurales y sostenidas en el tiempo que permitan afrontar este reto, dando respuesta a propuestas que desde hace años se vienen planteando para reforzar la disponibilidad de profesionales y garantizar la sostenibilidad del sistema.

En este sentido, Monzón consideró que “las consejeras y consejeros hemos demostrado una vez más la voluntad de trabajar para resolver lo importante, que son los problemas que están sufriendo los pacientes, generados por el propio Ministerio de Sanidad incapaz de llegar a un acuerdo para reformar el Estatuto Marco, siendo su competencia y responsabilidad.

Canarias, de las primeras comunidades en proponer una mediación independiente

El pasado 20 de marzo, Canarias, junto a Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.En aquella misiva, los tres consejeros de Sanidad proponían valorar la incorporación de una entidad independiente como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes como posible figura mediadora, subrayando en todo caso que la activación de un mecanismo de este tipo corresponde al ámbito estatal y que su finalidad debía ser facilitar un espacio de negociación que evitara la prolongación del conflicto y su impacto sobre los servicios sanitarios.

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Canarias representa a las comunidades autónomas en el Consejo de Empleo y Políticas Sociales de la Unión Europea

La consejera canaria de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, ha defendido hoy en Bruselas la posición común de todas las comunidades autónomas acerca de la aprobación de las Conclusiones sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral

Las comunidades autónomas españolas respaldaron hoy las conclusiones del Consejo de Ministros y Ministras de la Unión Europea de Empleo, Asuntos Sociales, Sanidad y Consumo acerca de la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo de la comunidad autónoma de Canarias ha expresado la posición común de todas ellas, en la que destacan el compromiso e implicación para aplicar la normativa vigente y trabajar para mejorar la aplicación de las políticas activas de empleo dirigidas a este colectivo, tanto estatales como de cada una de las comunidades autónomas.

Las autonomías españolas reconocieron el trabajo realizado por las autoridades europeas para impulsar la integración laboral de las personas con discapacidad e identificaron en su posición común varios de los obstáculos con los que todavía se enfrenta este colectivo. En concreto, Elena Máñez afirmó que “a pesar de los logros obtenidos hasta la fecha y de las políticas públicas de empleo puestas en marcha, aún siguen afrontando obstáculos para acceder al mercado de trabajo, sufriendo un mayor riesgo de pobreza o exclusión social que las personas sin discapacidad”.

Entre los obstáculos señalados, la posición común expresada por la consejera canaria incidió en la reducida motivación y movilización a la formación de este colectivo, así como a su salida de sus entornos protegidos; la de por sí compleja situación del mercado laboral ordinario y la demanda de perfiles específicos; o que la privación de la capacidad jurídica puede limitar el poder de las personas con discapacidad intelectual o psíquica para celebrar contratos o iniciar un negocio, haciendo imposible, en estos casos, la actividad por cuenta propia o el emprendimiento.

Para mejorar todos estos aspectos, Máñez apuntó que las comunidades autónomas “quedamos, pues, a la espera de examinar los próximos trabajos que la Comisión Europea tiene programados presentar, como la tarjeta europea para personas con discapacidad”, antes de concluir que “debemos seguir aunando esfuerzos y consolidar esta apuesta firme hacia un crecimiento económico, tanto conjunto como en cada uno de los territorios de la UE, basado en la inclusión, en el que hay mucho que ganar aprovechando todo el potencial que nos brindan todas y todos los ciudadanos europeos”.

El caso de Canarias

Al término de su intervención y en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera señaló que “la normativa estatal y de cada una de las comunidades autónomas ya incluyen numerosas acciones para apoyar e impulsar la inserción laboral de las personas con discapacidad, como las reservas del 7 ciento de plazas en las convocatorias de empleo públicas o la obligación que el 2 por ciento de las plantillas sean personas con discapacidad en las empresas de más de 50 empleados y empleadas”.

“Además” -continuó- “son un colectivo prioritario en todas las políticas activas de empleo y en el caso del Servicio Canario de Empleo, por ejemplo, el 7 por ciento de las ofertas tramitadas y el 8,5 por ciento de las plazas cubiertas han estado dirigidas a este colectivo”.

Elena Máñez explicó que existen varias líneas de subvención tanto para la contratación de personas con discapacidad, como para los centros especiales de empleo y empresas de inserción laboral, en tanto que “el acceso al empleo es uno de los principales factores que determinan que puedan disfrutar de una ciudadanía plena y una igualdad real y efectiva en nuestras sociedades”.

En cuanto a las acciones más novedosas de las que se desarrollan en Canarias, destacó el proyecto piloto que ya tiene proyecto terminado y está a punto de licitarse, para un nuevo modelo de oficina de empleo “que servirá de referencia para la futura planificación e implementación de la accesibilidad universal en toda la red de oficinas del Servicio Canario de Empleo”. La consejera detalló que el diseño de esta oficina piloto se ha realizado siguiendo la metodología DALCO en materia de Deambulación, Aprehensión, Localización y Comunicación y añadió que “hay aspectos en los que no esperamos para mejorar la atención que prestamos al colectivo y todas las oficinas del archipiélago cuentan ya con bucles magnéticos, que permiten a las personas sordas comunicarse mucho mejor, al reducir el ruido ambiente que perciben a través de sus prótesis auditivas”.

En línea con su declaración ante el Consejo de la Unión Europea, Máñez incidió “en lo mucho que queda por hacer todavía, por lo que cada año tratamos de mejorar en nuestros presupuestos las prestaciones para este colectivo”. Así, detalló que Canarias pondrá en marcha el próximo año un programa específico para personas con discapacidad y problemas de salud mental, por 3 millones de euros, que se unirá a los programas que ya tiene implantados, como los Itinerarios integrados para la inserción laboral personas con necesidades formativas especiales, al que se destinarán 7 millones de euros en 2023, la Inserción laboral de personas con discapacidad que contará con casi 11 millones de euros el próximo ejercicio, o las subvenciones a empresas de inserción, que alcanzarán los 5 millones de euros.

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Canarias recibe más de 21 millones para la financiación de un paquete de líneas agrícolas y ganaderas

La consejera Alicia Vanoostende participó ayer en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural

Canarias recibirá más de 21 millones de euros en ayudas estatales para la financiación de diversas líneas agrícolas y ganaderas tras el acuerdo adoptado ayer, miércoles 18 de mayo, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que participó la consejera regional del Área, Alicia Vanoostende.

El ministro Luis Planas, que presidió ayer las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Pesca, y las CCAA, aprobaron la distribución de 403.842.660 euros para la financiación de estas líneas de actuación prioritarias para el sector primario.