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Veintitrés jóvenes con discapacidad obtienen el certificado de profesionalidad en Servicios Administrativos

La formación se desarrolla en el marco del proyecto piloto ‘Capacítate, la discapacidad no te limita’, que da respuesta a jóvenes que quedaban fuera del sistema educativo al cumplir los veintiún años

El programa, financiado por el Servicio Canario de Empleo  (SCE), contempla formación teórica y prácticas en empresas

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León, y el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez, participaron este jueves en el acto de clausura del curso ‘Capacítate, la discapacidad no te limita’, un proyecto pionero en las islas que se creó para mejorar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad que al cumplir los veintiún años quedaban fuera del sistema educativo.

La viceconsejera de Empleo felicitó a los veintitrés estudiantes que han participado en el programa y que han obtenido un certificado de profesionalidad en ‘Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales’, tras haber completado las clases teóricas y las prácticas en empresas.

“Esta formación en empresas, que concluyó el pasado 30 de junio, les ha permitido ganar experiencia laboral, demostrar su valía y sobre todo, mejorar su empleabilidad, que es nuestro principal objetivo”, apuntó.

Por su parte, el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, explicó que con este proyecto se “ha brindado una oportunidad al alumnado mayor de veintiún años que se quedaba sin posibilidades de cursar otros estudios dentro del sistema, siempre pensando como fin último la inserción laboral”.

Además, Rodríguez subrayó que este proyecto pionero se ha convertido en el “germen que nos ha ayudado a diseñar la Formación Profesional Adaptada en las islas, y cuyo nuevo modelo que entrará en vigor a partir del próximo curso, presentamos ayer”, al tiempo que agradeció tanto a empresas como a centros educativos “su colaboración para incorporar a este alumnado en sus respectivas prácticas”.

Las acciones formativas, financiadas por el Servicio Canario de Empleo (SCE) con una partida de 149.892 euros, comenzaron el pasado mes de abril en el IES Feria del Atlántico, en Gran Canaria, y el IES María Rosa Alonso, en Tenerife, y constan de una duración de 460 horas, impartidas en doce meses. Se dirigen a personas con discapacidad intelectual menores de treinta años, que acrediten una discapacidad igual o superior al 33% y figuren como demandantes de empleo.

Plan conjunto de actuación

‘Capacítate, la discapacidad no te limita’ se integra en el plan de acción de las consejerías de Empleo y Educación, que trabajan de la mano para dar respuesta a personas con discapacidad intelectual que quedaban excluidas del sistema educativo a partir de los veintiún años. ‘Capacítate, la discapacidad no te limita’ comprende la rama formativa del plan, impulsado por la Consejería de Turismo y Empleo, y se desarrolla de forma simultánea al proyecto NEAE+21, promovido por el departamento de Educación, que ofrece un programa educativo a personas con discapacidad entre los veintiún y veinticinco años.

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Discapacidad agiliza las listas de espera de solicitudes con el refuerzo del personal y apoyo de los cabildos

Comisión parlamentaria

Candelaria Delgado detalló hoy en comisión parlamentaria las medidas que se han impulsado desde la nueva Dirección General de Discapacidad y explicó que por ley, mientras la administración revisa el grado de discapacidad, la persona interesada mantiene el que tenía hasta que haya una nueva resolución

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias está llevando a cabo una profunda reestructuración de la gestión de la discapacidad en Canarias que pasa por descentralizar las tramitaciones con ayuda de los cabildos, seguir incorporando a más personal y poner en marcha la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. Esta última ya en la última fase de desarrollo para su puesta en marcha y de la que aprovechó para mostrar un modelo de cuál será su aspecto.

La consejera reconoció los atrasos en las tramitaciones de las solicitudes “en Canarias y en todas las comunidades” y señaló que, según la normativa vigente, “cuando la Administración competente no haya revisado el grado de discapacidad en plazo, por causas ajenas a la persona interesada, se mantendrá el grado de discapacidad hasta que haya una nueva resolución”.

Candelaria Delgado argumentó que el periodo de pandemia por covid “provocó durante meses la suspensión de las valoraciones y luego una reducción del número de citas en atención debido al aforo limitado de los espacios públicos. Asimismo, la entrada en vigor en el año 2023 del Real Decreto 888/2022 de 18 de octubre, por el que se establece un nuevo procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y el nuevo aplicativo informático BAREDI, creado expresamente por el IMSERSO, han ocasionado más retrasos”.

Aún así, la consejera aseguró que desde que accedió al cargo se han adoptado una batería de medidas desde la nueva Dirección General de Discapacidad para aligerar las listas que ya están dando sus resultados y, de hecho, “en los últimos meses, el número de valoraciones realizadas ha sido superior a la entrada de nuevas solicitudes”.

Entre otras medidas, informó sobre la dotación de todos los puestos vacantes, que “cuando asumimos la gestión, superaban con creces la veintena”, y la dotación de personal médico para los centros de valoración de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife. “Doce ya están trabajando y dos más se incorporarán próximamente”.

También mencionó el encargo a la entidad “FUCAS” para la implantación de otros dos nuevos equipos adicionales en cada una de las islas capitalinas, para la valoración del grado de discapacidad; el incremento del personal que integran los equipos de valoración de la discapacidad, dependientes del Cabildo Insular de Fuerteventura mediante un convenio ya firmado; la negociación con los Cabildos Insulares de La Gomera y de El Hierro para la realización, en sus respectivos territorios, de los procedimientos de valoración de la discapacidad, y la preparación de los convenios de colaboración a celebrar con los Cabildos Insulares para la encomienda de la emisión de informes médicos, psicológicos y sociales.

 

 

 

 

 

 

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Descentralización, refuerzo del personal y tarjeta acreditativa, las claves para mejorar la discapacidad

La consejera del área, Candelaria Delgado, explica en sede parlamentaria las iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Bienestar Social para agilizar el reconocimiento del grado y garantizar el acceso a los derechos del colectivo

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias está llevando a cabo una profunda reestructuración de la gestión de la discapacidad en Canarias para mejorar la atención que se presta. Así lo anunció hoy en sede parlamentaria la consejera del área, Candelaria Delgado, que resaltó que estas medidas pasan por descentralizar la gestión de la dependencia con ayuda de los cabildos, seguir incorporando más personal y poner en marcha la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.

“Desde el Gobierno de Canarias somos muy conscientes de que el retraso en los tiempos de reconocimiento del grado de discapacidad lleva aparejados efectos perjudiciales para el colectivo de personas con discapacidad, por eso hemos puesto en marcha un conjunto de medidas dirigidas a revertir esta situación y mejorar la atención a estas personas”, anunció la consejera en comparecencia parlamentaria, en relación a la situación de la discapacidad en las islas.

Según explicó Delgado, “cuando el actual equipo de Gobierno asumió el pasado mes de julio la gestión en materia de discapacidad, nos encontramos con una lista de espera de muchísimas personas que había que atender. Este motivo fue el que llevó al actual equipo de gobierno, entre otros, a tomar la decisión de crear una Dirección General específica para acometer el reto que supone la atención a las personas con discapacidad en nuestra tierra”.

“Para ello, lo primero que hicimos fue planificar y articular un conjunto de medidas dirigidas a corregir la grave situación, comenzando por incrementar el número de valoraciones y, por tanto, disminuir los tiempos de espera. Así, hemos incorporado ya a doce nuevos médicos a los equipos multiprofesionales de valoración y hemos encargado a la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas) la implantación de dos nuevos equipos adicionales para la valoración del grado de discapacidad.

Además, Delgado indicó que se está trabajando con los cabildos para mejorar la gestión de la discapacidad en el archipiélago, para lo que se han reforzado con nuevo personal los equipos de valoración de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, además de los de las islas capitalinas. Asimismo, se está ultimando la puesta en marcha de un equipo de valoración en la isla de La Gomera y se está negociando con el de El Hierro.

“Estas medidas comienzan a ser efectivas dado que, en los últimos meses el número de valoraciones realizadas ha sido superior a la entrada de nuevas solicitudes, lo que significa que estamos consiguiendo reducir las listas de espera por primera vez en años”, enfatizó la consejera.

Por otro lado, en su intervención Delgado anunció que la puesta en marcha de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad, antigua reivindicación del colectivo, se encuentra ya en fase de exposición de motivos de la regulación de su disposición normativa, “lo que permitirá que las personas con discapacidad puedan acreditar de forma ágil, práctica y fehaciente su grado de discapacidad, facilitando su acceso a determinados servicios que puedan mejorar su calidad de vida a través de un instrumento más práctico y cómodo”.

En cuanto a la atención temprana, Delgado aclaró que el esfuerzo de la Consejería se ha centrado en la detección, “lo antes posible, de aquellos menores de 6 años que padecen un trastorno del desarrollo susceptible de necesitar una intervención”, para lo cual se está ya trabajando con los equipos de atención temprana propios, los equipos que se han conseguido mediante encargo a FUCAS y los equipos de las entidades externas que han recibido subvenciones de la Dirección General de Discapacidad para atención temprana y que se han comprometido a atender derivaciones de los Centros de Valoración de la Discapacidad.

 

 

 

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La Consejería de Presidencia aplicará la ampliación al 10% del cupo a personas con discapacidad en la OPE 2024

Nieves Lady Barreto apuntó también que el Gobierno ha incluido, por primera vez, la tasa de discapacidad intelectual del 2% del total de plazas reservadas para este colectivo

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha informado hoy en el Parlamento del paquete de medidas que está poniendo en marcha su departamento para fomentar y facilitar el acceso “real” al empleo público de las personas con discapacidad y proteger sus derechos en la Administración, muchas de las cuales ya se han materializado en estos meses porque, recordó, “es uno de los objetivos principales de esta Consejería”.

“Somos conscientes de que la empleabilidad de las personas con discapacidad encuentra serias limitaciones en el mercado de trabajo y en tal sentido entendemos que la Administración debe abanderar la plena inserción laboral de las personas que se encuentran en una situación de discapacidad igual o superior al 33%, no sólo para que puedan ejercer de forma real y efectiva su derecho constitucional al trabajo, sino como referente para el sector privado para que adopte medidas reales y efectivas de inserción laboral de este colectivo”, señaló Barreto.

En este sentido, Nieves Lady Barreto, en respuesta a una pregunta en el Pleno, resaltó que el Gobierno aplicará el nuevo cupo para este colectivo en la Oferta de Empleo Público del año 2024, después de haber aprobado en Consejo de Gobierno pasar del 7 al 10%, lo que significa un avance importante en la reserva de plazas para estas personas.

Además, la consejera hizo referencia también a que en la oferta de empleo público que se aprobó para el ejercicio 2023 se ha contemplado por primera vez en la Administración General, la tasa de discapacidad intelectual que está prevista en la normativa vigente de un 2% del total de plazas reservadas para la discapacidad, de manera que en dicha oferta existen plazas reservadas (9) para la agrupación profesional de subalternos, que se ejecutará en el año 2025.

La consejera añadió que en este mandato se trabajará en un análisis de la discapacidad en el acceso al empleo público para permitir establecer decálogos o protocolos que, de una forma más objetiva y eficiente, establezcan las medidas de ajuste necesarias para una participación con total garantía de las personas con discapacidad en el empleo público.

En este sentido, Nieves Lady Barreto manifestó que la Dirección General de Función Pública se ha reunido con la Plataforma Plena Inclusión Canarias para avanzar en los mecanismos de publicidad en las convocatorias, con el objetivo de que sean más claras, con una lectura comprensible de las bases, un diseño adecuado de todo el proceso selectivo, la identificación de los entornos de trabajo y un acompañamiento desde el momento en que se abre el proceso selectivo, hasta los primeros momentos en los que las personas se incorporen a sus puestos de trabajo.

 

 

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Discapacidad aumenta la plantilla de los equipos de valoración para agilizar las solicitudes

Candelaria Delgado informó en el Parlamento canario que “por primera vez en años, el mes pasado se realizaron más valoraciones que las contabilizadas en los registros de entrada”

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, informó este martes, en el marco de una pregunta parlamentaria, que las nuevas medidas adoptadas por su departamento para agilizar las valoraciones de discapacidad están mejorando la tramitación de las solicitudes. “En los últimos meses -explicó-, la Dirección General de Discapacidad ha dedicado todo su esfuerzo a adoptar las medidas necesarias que permitan incrementar el número de valoraciones y disminuir los tiempos de espera. Así, por primera vez en años, el mes pasado se realizaron más valoraciones que las contabilizadas en los registros de entrada”.

Candelaria Delgado puso el acento en la contratación de doce médicas y médicos en el proceso de valoración en estos últimos meses y desglosó las medidas, ya previstas para este año, con las que esperan que se “acorte gradualmente el tiempo de espera de los solicitantes hasta la completa actualización de la lista de espera”.

Entre las medidas más relevantes, adelantó que, además de las doce contrataciones médicas realizadas, “se ha acordado incorporar más personal valorador para crear cinco equipos adicionales completos, lo que supondrá contratar otros cinco médicas o médicos, cinco psicólogas o psicólogos, cinco trabajadoras o trabajadores sociales y cinco auxiliares administrativos”. La previsión es que dos de estos nuevos equipos estén en Tenerife, dos en Gran Canaria y uno en Fuerteventura.

Con el objetivo de facilitar las gestiones en todas las islas, explicó que se establecerán convenios con los cabildos para la emisión de informes médicos, psicológicos y sociales, que den soporte a los centros de valoración de la discapacidad, además de renovar para 2024 las encomiendas que ya se tenían con los cabildos de Fuerteventura y La Palma e incrementar su personal.

También informó que se está trabajando en el desarrollo de los aplicativos que dan soporte al procedimiento. “Se trata de otro aspecto de gran importancia para acelerar las valoraciones de grado de discapacidad” y que tiene como objetivo unificar los diferentes protocolos y criterios con los que cada equipo trabajaba trabajaba hasta ahora. “Es imprescindible -manifestó- organizar el trabajo en torno a un sistema que permita integrar toda la información, incluyendo agentes externos vinculados a la materia”.

Tarjetas identificativas

La consejera expuso que otra medida que se está ultimando es “una modificación normativa para poder emitir tarjetas identificativas que recojan el grado de discapacidad”.

“Se pretende dotar a las personas residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o mayor al 33% de un instrumento útil no sólo para acreditar de forma simple, rápida e inequívoca ante cualquier instancia pública o privada, tal condición, sino también para facilitar el acceso a los beneficios de diversa naturaleza que conlleva la condición de persona discapacitada”, detalló.

También recordó que el pasado mes de noviembre se aprobó el decreto por el que se aprueba el reglamento de perros de asistencia para personas con discapacidad en Canarias. “Los perros de asistencia son un medio eficaz para el desenvolvimiento de la vida diaria de las personas que lo necesitan, personas con una discapacidad reconocida como mínimo del 33%, que ya no podrán ser discriminadas de ningún modo en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público, sin que ello conlleve gasto adicional alguno para estas personas”.

 

 

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Monzón informa que 21.000 personas con discapacidad cuentan con tarjetas sanitarias AA para facilitar la atención

Los llamados códigos AA facilitan la accesibilidad y el acompañamiento de aquellos pacientes que por su patología deben tener un trato diferenciado

Esta prestación está destinada a los usuarios con demencia, discapacidad intelectual grave y profunda, trastorno del espectro autista, trastorno mental crónico, sordoceguera o parálisis cerebral

El objetivo es eliminar las barreras que dificulten el acceso normalizado de la asistencia sanitaria

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, informó esta mañana en la Comisión de Discapacidad del Parlamento regional que el Servicio Canario de la Salud (SCS) ha entregado un total de 20.983 tarjetas sanitarias con los llamados códigos AA (accesibilidad y acompañamiento), que permiten identificar a aquellos pacientes con diferentes situaciones de mayor vulnerabilidad respecto a su diagnóstico de discapacidad para mejorar su asistencia sanitaria. “Se trata especialmente de aquellos pacientes que presenten discapacidad grave con deficiencias para la comunicación e interacción social”, explicó Monzón.

Según dijo, “con esta prestación, activada en octubre de 2018, se identifican a estos pacientes para que se puedan tomar las medidas necesarias dentro del sistema sanitario público encaminadas a facilitar la accesibilidad y acompañamiento necesarios para recibir una asistencia sanitaria de calidad”.

Estos caracteres incluidos en las tarjetas sanitarias individuales hacen referencia a determinadas situaciones especiales de pacientes con dificultades en la comunicación e interacción social; dificultad para identificar el estado físico o emocional y poder comunicarlo a la familia o profesionales; hipersensibilidad a las situaciones extrañas o a determinados estímulos sensoriales; frecuentes episodios de ansiedad y cambios conductuales en situaciones nuevas y extrañas; poca o mala tolerancia a situaciones de espera; ansiedad y temores a someterse a determinadas pruebas o exploraciones; dificultad para entender y seguir las instrucciones de los profesionales o para entender la intervención médica y la finalidad curativa, o algún grado de déficit cognitivo.

Con el código AA se implantan una serie de medidas facilitadoras en la espera y en el acompañamiento de los pacientes con necesidades especiales, lo que contribuye a reducir las repercusiones negativas en el estado emocional y de conducta que pueden provocar en el paciente las circunstancias del entorno del sistema sanitario.

Así, ante un paciente con la identificación AA en su tarjeta sanitaria, los profesionales de las unidades asistenciales que lo reciban (consultas, urgencias, pruebas diagnósticas o terapéuticas) minimizan el tiempo de espera para que permanezca el menor tiempo posible en el centro sanitario; garantizan su acompañamiento por su cuidados en las consultas; realizan las pruebas diagnósticas cuando la situación clínica lo permita, y proporcionan de forma coordinada las diferentes citas para reducir, en la medida de lo posible, las consultas y las estancias en el centro sanitario.

En el caso de los servicios de Urgencias, ante un paciente con estas características, se procura, siempre que las condiciones lo permitan, no hacerles esperar y que puedan estar acompañados en todo momento.

Beneficiarios de esta nueva herramienta

“Se benefician de este código AA aquellas personas que presenten patologías como demencia, discapacidad intelectual grave y profunda, trastorno del espectro autista, trastorno mental crónico, sordoceguera o parálisis cerebral”, recordó la consejera.

Identificación del paciente

El profesional médico de Atención Primaria puede introducir los datos necesarios para crear el correspondiente informe que dé luz verde a la creación del código AA en cada una de las tarjetas sanitarias que así lo requieran. Una vez dada de alta en el sistema informático, el paciente actualizará su tarjeta sanitaria en el área administrativa de su centro de salud donde imprimirán la nueva tarjeta con el código AA que lo identifica como beneficiario de esta prestación.

Estrategia de enfermedades raras de Canarias

La consejera de Sanidad explicó también durante su comparecencia que el SCS ha desarrollado una serie de programas asistenciales para mejorar y protocolizar la atención a personas con discapacidad, entre ellas mencionó el programa de cribado neonatal para el diagnóstico temprano de enfermedades raras, el Protocolo de Distrofias Hereditarias de Retina (DRH) en Canarias, la Estrategia de Enfermedades neurodegenerativas y la de Enfermedades Raras de Canarias 2023-2026. Sobre ésta último precisó que contiene una serie de acciones que buscan favorecer el diagnóstico precoz, la atención integral y la continuidad asistencial de los pacientes, protocolizando la coordinación entre diferentes servicios, unidades asistenciales e instituciones implicadas.

Además, pretende garantizar el acceso de estas personas a la tecnología de diagnóstico genético, garantizando el asesoramiento, y favorecer la cobertura de las necesidades que pueden presentar las personas con enfermedades poco frecuentes con relación a la discapacidad.

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El Gobierno evaluará el servicio a personas con discapacidad de los juzgados de Arrecife para llegar a otras islas

La consejera valora en la Comisión de Gobernación esta iniciativa puesta en marcha de forma pionera en Canarias, en colaboración con varias instituciones

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, anuncio hoy que su departamento evaluará el servicio integral de atención a las personas con discapacidad, puesto en marcha en los juzgados de Arrecife de forma pionera en Canarias en el mes de enero para facilitar la información como la lectura de la documentación, con el objeto de poder impulsar esta iniciativa y extenderla a otra islas, en función de la viabilidad y la experiencia.

Nieves Lady Barreto, que compareció en la la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia, explicó que este servicio se enmarca en la Guía de Atención a las Personas con Discapacidad y que está respaldada por Consejo General del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), de la Fiscalía, del Cabildo Insular de Lanzarote y del propio Gobierno de Canarias, a través de la a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

La consejera manifestó la estrecha colaboración de su departamento para adecuar los espacios de mostrador y permitir la correcta atención de estas personas y sus familiares de forma que encuentren una respuesta jurídica y social, garantizando la atención integral, gracias a la Fundación Canaria de Apoyos ADESPI.

Por otro lado, el servicio de lectura fácil está siendo prestado por Plena Inclusión, ofrece un número de teléfono y un correo electrónico en el que las personas con discapacidad pueden solicitar asistencia para pasar a un lenguaje claro, sencillo y accesible las resoluciones procesales que se dicten durante el proceso judicial.

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Nuevas contrataciones y protocolos para agilizar las valoraciones y reducir las listas de espera en discapacidad

Candelaria Delgado informó en el Parlamento que la nueva Dirección General de Discapacidad ya ha contratado a diez médicas nuevas y valora nuevas contrataciones

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, intervino este martes en el Parlamento canario para exponer las acciones que su departamento ha adoptado para agilizar la lista de espera de las personas que solicitan valorar su grado de discapacidad. Además de las contrataciones de diez médicas nuevas, la nueva Dirección General de Discapacidad ha solicitado la contratación de personal valorador, ha decidido encomendar a los Cabildos Insulares la emisión de informes médicos, psicológicos y sociales, y se está trabajando en el desarrollo de los aplicativos que dan soporte al procedimiento.

“Cuando el actual equipo de Gobierno asumió la gestión en materia de discapacidad nos encontramos con una lista de espera que ronda los 30.000 expedientes. Este motivo, entre otros fue el que nos llevó a considerar la necesidad de crear una dirección General específica para acometer este reto”, argumentó la consejera.

Candelaria Delgado adujo que “la carencia crónica de personal valorador, la nefasta digitalización de la gestión” así como las restricciones derivadas de la pandemia, y la entrada en vigor del RD 888/2022 que estableció un nuevo procedimiento de valoración, fueron los factores que provocaron en el apasdado “la demora tan importante en el reconocimiento del grado de discapacidad”.

Nuevas contrataciones

En cuanto a las nuevas contrataciones, la consejera detalló que con la finalidad de dar solución al “problema más grave” de falta de personal en estos seis primeros meses, ya se han contratado a diez médicas, seis en el Centro Base de Gran Canaria y cuatro en el de Tenerife, que han permitido complementar y aumentar los Equipos Multiprofesionales que se ocupan de las valoraciones. “Seis de ellas fueron cedidos en Comisión de Servicio por el Servicio Canario de la Salud y las otras cuatro se han incorporado a plazas vacantes que existían en Gran Canaria y en Tenerife”.

Con las nuevas contrataciones, la Dirección General de Discapacidad ha pasado de contar con 15 médicas y médicos en todas las Islas a 25, de tal modo que, para atender las solicitudes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hay 11 médicas y médicos, nueve en Tenerife y dos en La Palma, y en la provincia de Las Palmas, 14, dos en Lanzarote, uno en Fuerteventura y once en Gran Canaria.

Además, desde la nueva Dirección General se ha solicitado a FUCAS (Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social) la contratación de más personal valorador que permita crear cinco nuevos equipos multiprofesionales adicionales completos. Cada uno de estos equipos está integrado por personal médico, psicológico y de trabajo social.

La consejera concretó que dos de estos nuevos equipos estarían en Tenerife, otros dos en Gran Canaria y uno en Fuerteventura.

Además de valorar la discapacidad, cada equipo valorador debe informar sobre las reclamaciones previas interpuestas contra las resoluciones de grado, asistir a vistas judiciales y elaborar informes sobre materias diversas relacionadas con la discapacidad: capacidades funcionales, acceso a función pública, adaptación del puesto de trabajo, etcétera.

Encomiendas de gestión a los cabildos

Otra de las medidas expuesta por la consejera fue la de encomendar a los Cabildos Insulares, mediante el establecimiento de nuevos convenios, la emisión de informes médicos, psicológicos y sociales que den soporte a los Centros de Valoración de la Discapacidad.

En este sentido expuso que ya se ha renovado la encomienda a los Cabildos de Fuerteventura y La Palma, incrementando el personal que participa en los mismos para este año 2024, y se plantea también suscribir nuevos convenios con los Cabildos de La Gomera y El Hierro para iniciar la valoración en esos territorios; también con los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife, lo que permitirá crear nuevos equipos por el territorio, en función de la población, así como la suscripción del convenio con el Cabildo de Lanzarote para reforzar la capacidad de la actual unidad de valoración de Arrecife, con el refuerzo de los dos equipos existentes.

Nuevos aplicativos

Por último, Candelaria Delgado adelantó que también se está trabajando en el desarrollo de los aplicativos que dan soporte al procedimiento. “Cuando llegamos comprobamos que cada centro de valoración de la discapacidad utilizaba sus propios protocolos y criterios por lo que es imprescindible organizar el trabajo en torno a un sistema de información que lo estructure y actúe como guía del mismo, y que permita integrar toda la información del sistema, incluyendo agentes externos vinculados a la materia”.

 

 

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Bienestar Social destina 4,4 millones de euros a proyectos dirigidos a personas con discapacidad y dependencia

El Boletín Oficial de Canarias publica las bases de la convocatoria de ayudas destinadas a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias y entorno

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica del miércoles, 25 de octubre, las bases de la convocatoria, por concurrencia competitiva, de las subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia en el ejercicio 2023, por un montante que asciende a 4,457,114.27 euros.

Estas ayudas están destinadas a subvencionar la ejecución de proyectos que tengan como objetivo la promoción de los derechos de las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias y entorno.

La convocatoria contempla cuatro líneas de ayudas vinculadas al fomento de la accesibilidad a personas dependientes, por un montante de 142.046,34 euros; a las prestaciones del Sistema de Dependencia, con una partida de 1.097.799,18 euros; al Servicio de atención a personas con Discapacidad, con una suma de 3.064.236,23 euros y al fomento accesibilidad personas con discapacidad, con 153.032,52 euros.

Podrán acogerse a estas subvenciones las entidades sin ánimo de lucro que cuenten con personalidad jurídica propia de naturaleza privada, estén inscritas en el registro y desarrollen su actividad en el ámbito de Canarias, entre otros requisitos.

Asimismo, podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los ayuntamientos canarios, pero únicamente podrán acogerse a las ayudas referidas a la línea de adecuación de edificios públicos no administrativos.

 

Cuatro líneas de proyectos a subvencionar

La convocatoria contempla que podrán acceder a estas ayudas los proyectos que tengan como objetivo la prevención e integración social de las personas en situación de discapacidad o dependencia (atención temprana, proyectos para el desarrollo de modelos experimentales para personas en situación de discapacidad o dependencia e Integración social de personas con discapacidad o dependencia), el apoyo a la familia y a la persona cuidadora no profesional (respiro familiar, acciones de acompañamiento a la familia y a la persona cuidadora no profesional y formación y apoyo para familiares y personas cuidadoras no profesionales); la promoción de la vida autónoma e independiente y fomento de la accesibilidad (servicios de intérprete de lengua de signos española, de guía intérprete de personas sordo-ciegas, servicios de agentes de desarrollo comunitario y otros servicios para la accesibilidad, asistencia personal en el domicilio y en el entorno, transporte adaptado y comida a domicilio) y la mejora de los servicios (adecuación de servicios, adecuación de edificios públicos no administrativos y apoyos tecnológicos).

Las solicitudes deberán cumplimentarse y presentarse través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias: ENLACE.

La convocatoria establece un plazo de presentación de solicitudes de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOC.

 

 

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El Servicio Canario de Empleo ayuda la contratación para apoyo de personas con discapacidad en centros especiales

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez.

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias aumenta la convocatoria de subvenciones hasta 450.000 euros

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, convoca subvenciones para la contratación indefinida en las unidades de apoyo a la actividad profesional de los centros especiales de empleo por un valor de 450.000 euros, 100.000 más que en la anterior edición, con la finalidad de favorecer la integración de nuevas personas trabajadoras con discapacidad.

Firmada por la consejera Elena Máñez en calidad de presidenta del SCE, la convocatoria publicada este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) se tramita en régimen de concurrencia competitiva para financiar los costes laborales y Seguridad Social durante 2023 y establece una cuantía de 1.440 euros anuales por cada persona contratada con una duración mínima de seis meses, con una titulación de grado medio o superior en la intervención con personas con discapacidad o experiencia equiparable mediante certificado de profesionalidad.

A través de las unidades de apoyo, los centros especiales prestan los servicios de ajuste personal y social para superar los diversos obstáculos de las personas con discapacidad en los procesos de incorporación, permanencia y progresión en el empleo, ya que la integración laboral del colectivo supone una vía fundamental para la inclusión plena en la sociedad.

Con un plazo de un mes a partir de este viernes, la presentación de solicitudes se realiza a través de la sede electrónica de la administración autonómica.

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