La nueva normativa, la digitalización del procedimiento y el refuerzo de los equipos permiten resolver más expedientes de los que se reciben en 2025
La consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha en esta legislatura un cambio profundo en el sistema de reconocimiento de la discapacidad, orientado a garantizar derechos que no pueden seguir esperando y a dar respuesta a miles de personas que llevaban años pendientes de una resolución administrativa.
Así lo han explicado la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, durante el foro ‘Canarias accesible. Conectando personas. Eliminando barreras’, un espacio de diálogo sobre inclusión y accesibilidad en la sociedad canaria’ celebrado hoy (jueves 18).
En el encuentro también han participado el secretario de la FASICAN (Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias), Rony Ramos; el vicepresidente de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias (EAPN-CANARIAS), Fernando Rodríguez; el director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, Miguel Ángel Déniz; y el presidente provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, Heliodoro González.
Candelaria Delgado repasó todas las acciones que se han desarrollado desde el área de discapacidad como la puesta en marcha de equipos itinerantes de valoración, la Aplicación que permite llevar el certificado de discapacidad en el móvil con la que “ya más de 137.000 personas pueden acceder a su grado de discapacidad sin tener que llevar su resolución en papel”, la instalación de más de 200 bucles magnéticos en centros públicos y 75 sillas anfibias a través de los fondos Next Generation, y destacó “la puesta en marcha de un decreto de simplificación administrativa que va marcar un antes y un después y va a suponer que las personas con discapacidad accedan antes a sus derechos” así como la Ley de accesibilidad que ya se está tramitando en el Parlamento de Canarias.
Candelaria Delgado manifestó que “desde el Gobierno de Canarias estamos trabajando desde el minuto uno para poner la discapacidad en el centro de la acción pública y lograr la plena inclusión”.
La consejera adelantó que Canarias será la sede el próximo año del congreso estatal del CERMI (Comité español de representantes de personas con discapacidad.
Por su parte, Dulce Gutiérrez señaló que “al principio de la legislatura encontramos una situación bastante complicada era un área opacada por otras direcciones generales y había que poner los cimientos para avanzar.” La directora puso en valor todas las medidas adoptadas desde la creación de la Dirección General de Discapacidad y reconoció que “lo importante es saber cuál es la visión del colectivo de las personas con discapacidad y las entidades que trabajan con ellas y yo creo que el balance es positivo, hay muchísimo por hacer, pero teniendo en cuenta de donde partíamos, el avance ha sido importante”.
Entre 2020 y 2025, el sistema canario de reconocimiento de la discapacidad recibió cerca de 90.000 solicitudes de reconocimiento o revisión de grado. Durante ese periodo, y especialmente en los años previos al cambio de legislatura, se resolvieron menos expedientes de los que se presentaban, lo que provocó un incremento continuo de la lista de espera. En 2023 se registró el peor dato de la serie histórica, con apenas un tercio de solicitudes resueltas y meses sin valoraciones activas.
Desde julio de 2023, el Ejecutivo autonómico ha abordado esta situación como una cuestión de derechos y no como un problema meramente técnico. Una de las primeras decisiones fue la creación de una Dirección General específica de Discapacidad, con el objetivo de afrontar el problema de forma estructural y alineada con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el nuevo baremo estatal aprobado en el Real Decreto 888/2022.
El principal punto de inflexión llegó con la aprobación y convalidación parlamentaria del nuevo Decreto-ley canario de discapacidad, que supone un cambio de modelo. La norma persigue tres objetivos fundamentales: reducir de forma drástica los tiempos de espera, modernizar el procedimiento mediante herramientas digitales y garantizar criterios homogéneos en todo el territorio.
Por primera vez en Canarias se establece un procedimiento especial que permite el reconocimiento directo de determinados grados de discapacidad —33 %, 65 % o 75 %— cuando existe un informe médico concluyente y la patología figura en el anexo correspondiente. Esta medida evita exploraciones innecesarias, optimiza el trabajo de los equipos de valoración y acelera la activación de los derechos asociados. El modelo ha sido reconocido por el Estado y ha despertado el interés de otras comunidades autónomas.
El decreto incorpora además criterios de prioridad más amplios y justos. La atención preferente se extiende ahora a menores y adolescentes hasta los 18 años y se incluyen de forma expresa las situaciones sociales graves, reconociendo el impacto añadido de la discapacidad cuando se combina con pobreza, desempleo o fragilidad familiar.
La reforma normativa se ha acompañado de una modernización integral de la gestión. Actualmente, más de 137.000 personas en Canarias pueden acreditar su discapacidad a través de una tarjeta digital accesible desde el teléfono móvil, con código verificable y sin necesidad de certificados en papel. El procedimiento se ha digitalizado de principio a fin, incorporando sistemas de seguimiento en tiempo real y cuadros de mando mensuales que permiten analizar entradas, resoluciones y cuellos de botella con datos objetivos.
Asimismo, se ha reforzado y reorganizado a los equipos de valoración, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, donde se concentraba la mayor bolsa de espera, y se han activado planes de choque para resolver los expedientes más antiguos y los casos de mayor vulnerabilidad. La igualdad territorial ha sido otro eje prioritario, con el despliegue de equipos itinerantes como el programa ITINERA y la consolidación de equipos estables en islas no capitalinas, en coordinación con cabildos y ayuntamientos.
La política de discapacidad del Gobierno de Canarias se ha extendido también al ámbito de la accesibilidad y la inclusión. Gracias a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se han instalado más de 250 bucles magnéticos en espacios de atención al público, se han adquirido sillas anfibias para playas accesibles y se ha reforzado la colaboración con el tercer sector, con una inversión superior a los 4,8 millones de euros en 2025, duplicando el número de proyectos financiados con cargo al IRPF.
Los resultados comienzan a ser visibles. En los primeros diez meses de 2025 se han resuelto muchos más expedientes de los que han entrado, con un saldo positivo superior a 6.500, lo que ha permitido iniciar, por primera vez, una reducción efectiva de la lista de espera.
El Gobierno de Canarias reafirma así su compromiso con una política de discapacidad basada en la simplificación de procedimientos, la prioridad real, la gestión con datos y la garantía de que ningún derecho dependa del lugar de residencia.







