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El Ejecutivo reclama participar en la planificación aeroportuaria para garantizar la conectividad

Pablo Rodríguez defiende que la presencia de Canarias en los órganos de decisión no responde a una cuestión representativa, sino a la necesidad de influir en las decisiones estratégicas que afectan a la conectividad del archipiélago

El Ejecutivo insiste en el cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía y advierte de que cualquier incremento de tasas repercute directamente en el precio de los billetes y en la conectividad de las islas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido hoy en el Parlamento de Canarias la necesidad de garantizar la participación efectiva de la Comunidad Autónoma en las decisiones estratégicas que afectan al sistema aeroportuario del archipiélago, dada su condición de infraestructura esencial para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

Durante su intervención, el consejero ha recordado que la red de aeropuertos canarios constituye un elemento determinante para la movilidad de la ciudadanía, el acceso al empleo, la formación y los servicios, así como para el desarrollo económico de las islas, subrayando que cualquier decisión que afecte a su planificación o funcionamiento incide directamente en la conectividad real del territorio.

Rodríguez ha insistido en que “no se trata de reclamar un asiento en el Consejo de AENA ni de asumir en exclusiva la gestión de los aeropuertos de interés general, como han planteado otras comunidades autónomas, sino de desarrollar en las Cortes Generales lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, de modo que las instituciones canarias puedan participar de forma efectiva en la planificación, programación y gestión aeroportuaria, aportando su conocimiento del territorio y contribuyendo a orientar las decisiones estratégicas hacia la protección de la conectividad, la cohesión social y el desarrollo económico del archipiélago”.

En este sentido, ha reiterado la exigencia de avanzar en el desarrollo del artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, “que reconoce el derecho de Canarias de participar en la gestión de los aeropuertos de interés general, planteando un modelo de gobernanza que permita a Canarias conocer con antelación los planes de actuación, formular propuestas y participar en los procesos de decisión que afectan directamente al territorio”.

El consejero ha recordado asimismo que el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) contempla inversiones superiores a los mil millones de euros para la modernización de infraestructuras aeroportuarias en las islas, una planificación que, ha señalado, “refuerza aún más la necesidad de que Canarias participe activamente en la definición de las prioridades de inversión y en la toma de decisiones estratégicas que condicionarán el sistema aeroportuario durante los próximos años”.

Finalmente, Rodríguez ha indicado la preocupación del Ejecutivo ante la subidas de tasas aeroportuarias, advirtiendo de que “cualquier incremento repercute directamente en el precio de los billetes y, en consecuencia, en la conectividad de las islas”, insistiendo en la necesidad de adoptar decisiones que tengan en cuenta la singularidad territorial del archipiélago.

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El Ejecutivo refuerza la coordinación con cabildos y Estado para agilizar la financiación de la gratuidad

Canarias y el Estado acuerdan reuniones técnicas mensuales para agilizar la financiación de la gratuidad del transporte en 2025 y 2026

El Gobierno de Canarias y los cabildos crean una mesa técnica para coordinar la gestión jurídica, económica y administrativa del sistema de financiación

La Consejería y las administraciones insulares avanzan en el desarrollo de un prototipo tecnológico del título único, paso previo a su futura implantación en el archipiélago

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha explicado hoy, durante la Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre en Canarias, que el Ejecutivo ha reforzado la coordinación institucional con los cabildos insulares y el Ministerio de Transportes con el objetivo de agilizar la llegada de los fondos estatales destinados a la gratuidad del transporte público y mejorar la planificación de la financiación prevista para los ejercicios 2025 y 2026.

Fernández ha destacado que el Gobierno de Canarias ha logrado el compromiso del Ministerio de mantener reuniones técnicas mensuales para abordar las singularidades del sistema de transporte en Canarias, lo que permitirá anticipar los trámites administrativos necesarios y mejorar la previsión de los pagos correspondientes a la gratuidad del transporte. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo trabaja ya con los cabildos para adelantar la documentación requerida y acelerar tanto la justificación de los 32 millones de euros que corresponden al 2025 como la tramitación de las transferencias previstas para 2026, estimadas en torno a 78 millones de euros, con el objetivo de que puedan abonarse con mayor antelación que en ejercicios anteriores.

Asimismo, la directora general ha anunciado la creación de una mesa técnica específica con los cabildos insulares destinada a coordinar los aspectos jurídicos, económicos y administrativos vinculados a la financiación del sistema, “evitando demoras asociadas a la periodicidad de las convocatorias formales de la mesa interadministrativa”.

Impulso al título único

Durante la reunión también se abordaron los avances en la implantación del título único del transporte público, una herramienta que permitirá que el bono residente canario, con independencia de la isla de emisión, sea válido en todo el archipiélago. Para ello, “el Gobierno de Canarias pondrá en marcha este año un prototipo tecnológico financiado con una inversión de 1.103.000 euros transferidos a los cabildos en diciembre, que facilitará el desarrollo del sistema de compensaciones entre administraciones necesario para su implantación definitiva”.

Avances en la regulación del taxi

En el marco de la Mesa del Taxi celebrada durante la jornada, la Dirección General ha avanzado en el desarrollo de la tarifa única canaria y en la posible implantación de proyectos piloto de tarifa plana entre áreas metropolitanas y aeropuertos. “La Administración y el sector han intercambiado ya documentos de trabajo y la negociación se centrará en acordar la valoración económica de estas herramientas con el objetivo de iniciar su aplicación progresiva a lo largo de este año”, ha concluido Fernández.

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El Ejecutivo refuerza la protección del derecho a la vivienda con un nuevo decreto que prioriza el arraigo

El consejero Pablo Rodríguez subraya que la norma impulsada por este equipo de gobierno con un nuevo decreto sustituye el sorteo por un sistema de adjudicación basado en criterios objetivos de necesidad

El nuevo marco introduce requisitos de arraigo y residencia para proteger el derecho de acceso a la vivienda de la población residente

Se refuerza el carácter social del sistema con mayores reservas para colectivos prioritarios

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha explicado hoy en el Parlamento de Canarias el nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y del régimen de adjudicación de viviendas públicas, destacando que la norma supone “un cambio jurídico de fondo” orientado a garantizar un acceso más equitativo, transparente y vinculado a la realidad social del Archipiélago.

Durante su intervención parlamentaria, el consejero ha indicado que el decreto convierte el Registro de Demandantes en un instrumento de planificación del acceso a la vivienda pública, dejando atrás su carácter meramente formal e incorporando el arraigo como requisito estructural del sistema mediante la exigencia de al menos cuatro años de vecindad administrativa para la inscripción.

Rodríguez ha señalado además que el nuevo modelo sustituye el sistema de adjudicación basado en el sorteo por un procedimiento reglado de baremación, sustentado en criterios objetivos vinculados a la situación económica, social y familiar de las personas solicitantes, reforzando así la justicia social, la transparencia y la seguridad jurídica en el acceso a las viviendas protegidas.

El consejero ha destacado además que la norma refuerza los requisitos de residencia para acceder a la adjudicación de viviendas públicas, estableciendo la necesidad de acreditar diez años de residencia ininterrumpida en Canarias —o quince en caso de residencia discontinua—, así como una vinculación efectiva con el municipio donde se ubique la promoción, garantizando que el parque público atienda prioritariamente a la población con arraigo real en el territorio.

Asimismo, el decreto incrementa los porcentajes de reserva para colectivos prioritarios, ampliando el cupo destinado a jóvenes, personas mayores, personas con limitaciones funcionales y víctimas de violencia de género, reforzando el carácter social del sistema público de vivienda.

Con esta iniciativa normativa, el Gobierno de Canarias avanza en la modernización del marco jurídico de la vivienda protegida, consolidando un modelo que prioriza la necesidad habitacional, la equidad en el acceso y la función social del parque público de vivienda.

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El Ejecutivo avanza en un convenio para reforzar el control de la navegación recreativa y la seguridad marítima

Transportes, Puertos Canarios y Seguridad coordinan el desarrollo del futuro acuerdo que permitirá actuaciones conjuntas de inspección y vigilancia

El convenio se firmará próximamente por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y la consejera de Presidencia

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, y el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino, han mantenido una reunión de trabajo en la que han avanzado en el desarrollo de un convenio de cooperación que permitirá reforzar la coordinación operativa entre ambas áreas para el control de la navegación de recreo en Canarias.

Durante el encuentro, los responsables han trabajado sobre el contenido técnico y operativo del futuro acuerdo, que articulará la colaboración entre la Dirección General de Transportes y Movilidad, el ente público Puertos Canarios y la Dirección General de Seguridad, a través del Cuerpo General de la Policía Canaria, para intensificar las labores de inspección, vigilancia y control en puertos deportivos, zonas litorales y espacios donde se desarrollan actividades náuticas recreativas.

María Fernández ha explicado que este acuerdo “parte directamente de nuestro Estatuto de Autonomía y del desarrollo competencial que Canarias tiene reconocido en materia marítima y de seguridad, especialmente tras la ampliación recogida en el artículo 160 en 2018”. En este sentido, ha subrayado que “ya era el momento de situar a la Policía Autonómica en el centro de la operatividad y la vigilancia de nuestras costas, puertos y actividad marítima”.

En la reunión se han definido los mecanismos de coordinación que permitirán actuaciones conjuntas sobre embarcaciones de recreo y motos náuticas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad marítima, titulaciones náuticas, matriculación, seguros obligatorios y condiciones técnicas de navegación, así como la detección de posibles actividades clandestinas vinculadas al transporte marítimo de pasajeros o al alquiler irregular de medios náuticos.

Fernández ha destacado además que este convenio “supone la primera piedra de un marco real de cooperación y coordinación entre administraciones para ejercer de forma efectiva estas competencias”, y ha adelantado que el futuro convenio se apoyará en un aplicativo tecnológico que permitirá “modernizar el sector, conocer con precisión qué operadoras y qué medios náuticos están actuando, discriminar y contrastar información entre administraciones y dar un salto cualitativo y cuantitativo en el control de nuestras costas, algo absolutamente necesario en un territorio insular como Canarias”.

Asimismo, David del Pino ha indicado que durante el encuentro “se ha abordado la planificación de operativos coordinados en puertos canarios y zonas costeras, el intercambio de información entre ambas áreas y el apoyo policial a las inspecciones administrativas que se desarrollen en el ámbito portuario y litoral, con especial atención a la prevención de riesgos para las personas y a la protección del medio marino”.

“Los equipos técnicos también han trabajado en la definición de los canales de comunicación, la formación específica del personal policial en normativa marítima y portuaria autonómica, y la organización de un sistema de seguimiento conjunto que permita evaluar periódicamente los resultados de las actuaciones”, ha añadido el director general de Seguridad.

Por su parte, José Gilberto Moreno ha puesto el acento en “la importancia de vincular las competencias de seguridad a la realidad de las infraestructuras portuarias de titularidad autonómica”. Moreno ha recordado que Puertos Canarios gestiona 52 instalaciones entre puertos deportivos, refugios pesqueros y puertos de interés general, “clave para la conectividad interinsular y la operativa diaria de miles de canarios y canarias”, y ha asegurado que “contar con un marco coordinado de vigilancia y seguridad en estos espacios refuerza las propias competencias de la comunidad autónoma y garantiza una mayor protección de nuestras conexiones marítimas”.

Este convenio, que se encuentra en fase avanzada de elaboración, se firmará próximamente por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y establecerá un marco estable de cooperación para garantizar que la actividad náutica recreativa en Canarias se desarrolle con mayores niveles de seguridad, control y calidad.

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El Gobierno de Canarias avanza en la construcción de vivienda pública en Las Palmas de Gran Canaria

Pablo Rodríguez comprueba el estado de ejecución de esta promoción de 28 viviendas impulsada por el Gobierno de Canarias

El consejero destaca que la nueva promoción refleja cómo las reformas normativas y el esfuerzo inversor del Gobierno ya se traducen en viviendas en construcción para las familias canarias

Estas viviendas serán adjudicadas conforme al nuevo sistema aprobado por el Gobierno de Canarias, que sustituye el anterior modelo de sorteo por un sistema de baremación social y económica

La capital suma 594 viviendas protegidas entre obras en marcha y nuevas promociones previstas, dentro de las 1.264 actuaciones activadas en Gran Canaria

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha visitado las obras de la promoción de 28 viviendas protegidas en Reyes Católicos, en Las Palmas de Gran Canaria, acompañado por el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, para comprobar sobre el terreno el avance de los trabajos de esta promoción.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 4.504.831,29 euros, financiados en parte con 700.565,55 euros de fondos europeos y el resto, 3.804.265,74 euros, con recursos de la Comunidad Autónoma.

Durante la visita, Rodríguez ha destacado que esta promoción, situada entre Vegueta y el barrio de San Cristóbal, “demuestra cómo el esfuerzo normativo, administrativo y presupuestario que hemos impulsado en materia de vivienda se traduce hoy en estructuras levantadas y en oportunidades reales para las personas”.

“Hace apenas unos meses colocábamos la primera piedra y hoy comprobamos cómo el edificio empieza a tomar forma y cómo 28 familias podrán tener aquí un hogar y un proyecto de vida. Ese es el objetivo final de todos los decretos, modificaciones normativas y licitaciones que estamos impulsando: proporcionar hogares a la gente”, ha señalado.

El edificio se ha diseñado con tres plantas y un semisótano destinado a garajes y trasteros. Las viviendas contarán con entre uno y cuatro dormitorios y dos de ellas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida.

El consejero ha explicado además que estas viviendas serán adjudicadas conforme al nuevo sistema aprobado por el Gobierno de Canarias, que sustituye el anterior modelo de sorteo por un sistema de baremación social y económica.

“Hasta ahora las viviendas públicas se adjudicaban por sorteo. Con la nueva normativa, se tendrán en cuenta criterios económicos y sociales, y se priorizará a quienes acrediten al menos diez años de residencia en Canarias, garantizando que estas viviendas beneficien a quienes viven y desarrollan aquí su vida”, ha detallado.

Rodríguez ha subrayado que esta actuación se enmarca en el conjunto de promociones de vivienda protegida impulsadas directamente por el Gobierno de Canarias en la capital grancanaria, que avanzan conforme a los plazos previstos gracias a un esfuerzo inversor sostenido y a una gestión coordinada desde el Ejecutivo autonómico. A las obras en Reyes Católicos y El Secadero se suman la reciente licitación de las 168 viviendas en Casablanca, así como otras 68 viviendas proyectadas en Tamaraceite Sur.

De forma complementaria, el consejero ha recordado que el Gobierno de Canarias también participa en otras promociones en el municipio en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se desarrollan conforme a sus propios procesos administrativos. En conjunto, estas actuaciones sitúan en cerca de 1.000 el número de viviendas protegidas entre ejecución y planificación en la ciudad.

A escala insular, el consejero ha señalado que en Gran Canaria el Gobierno de Canarias cuenta con 1.264 viviendas protegidas entre actuaciones finalizadas, en construcción, planificadas y adquiridas, de las cuales cerca de 1.000 se ejecutan a través del Instituto Canario de la Vivienda y Visocan.

“Estamos haciendo un esfuerzo como nunca antes para dar respuesta a la emergencia habitacional a través de la vivienda pública, pero somos plenamente conscientes de que también es imprescindible implicar al sector privado en la construcción de vivienda protegida, porque en Canarias lo que hace falta es vivienda pública, vivienda protegida y vivienda en general”, ha concluido.

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El Gobierno de Canarias aprueba la construcción del tercer carril de la TF-1 entre San Isidro y Oroteanda

El presupuesto base de la actuación se estima en más de 126 millones de euros

La resolución permite avanzar en la mejora de la capacidad viaria del sur de Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, ha aprobado de manera definitiva el proyecto de construcción del tercer carril de la TF-1, entre San Isidro y Oroteanda, en la isla de Tenerife.

Esta resolución impulsa una infraestructura viaria clave en los términos municipales de Granadilla de Abona y San Miguel de Abona. El proyecto aprobado, que ha sido redactado por la empresa Proyma Consultores S.L.P, tiene un presupuesto base que se estima en 126.359.191,48 euros. Con esta iniciativa, se consolidan las bases para una intervención estratégica destinada a mejorar la capacidad y fluidez de la autopista en el sur de la isla.

La directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha valorado este paso como “indispensable para dotar al sur de Tenerife de la capacidad viaria que demanda su crecimiento poblacional y económico”. Asimismo, ha subrayado que la resolución “se ha diseñado con un enfoque integral que prioriza la seguridad vial y la integración ambiental”.

Además, la directora ha explicado que el proyecto comienza en el PK 53+450, antes del Nuevo Enlace de San Isidro, y termina en el PK 64+305, pasando el Enlace de Oroteanda, recientemente finalizado.

“La sección actual consta de dos calzadas con dos carriles por sentido, de 3,5 metros de anchura cada uno, arcenes interiores de 1 metro, arcenes exteriores de 2,5 metros, mediana de 2 metros y bermas exteriores. En este sentido, el proyecto tiene como objetivo principal la ampliación de la infraestructura mediante la incorporación de un tercer carril por sentido, la creación de un nuevo enlace, el de Granadilla, y la remodelación de dos enlaces existentes, el de San Isidro y el del Aeropuerto, cuya configuración, en este último, se redefine por completo. Con esta actuación se persigue mejorar de manera sustancial la capacidad, la fluidez y la seguridad de una vía que soporta elevados niveles de congestión y una intensa circulación diaria de vehículos”, ha añadido Melián.

Con la aprobación definitiva del proyecto de construcción del tercer carril de la TF-1 en el tramo San Isidro y Oroteanda, y tras la aprobación previa del tramo Oroteanda y Las Américas el pasado mes de noviembre, se completan los proyectos de construcción que permitirán la ampliación de la TF-1 en Tenerife, avanzando en una actuación clave para mejorar la capacidad y la movilidad en el principal eje viario de la isla.

 

 

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El Ejecutivo supervisa el inicio de las obras en la LP-2 para restablecer la continuidad de la vía en La Palma

Pablo Rodríguez, Rosana Melián, Nieves Lady Barreto y Sergio Rodríguez han comprobado sobre el terreno el arranque de los trabajos en el tramo Las Manchas–Tajuya, interrumpido tras la erupción del volcán Tajogaite

Con esta actuación, el Ejecutivo da un paso decisivo para recuperar 2,3 kilómetros de vía, restablecer la conexión norte-sur del Valle de Aridane y mejorar la accesibilidad de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, han visitado este lunes la isla de La Palma para supervisar el inicio de las obras destinadas a restablecer la continuidad de la carretera LP-2, en el tramo comprendido entre Las Manchas y Tajuya, una infraestructura estratégica que ha quedado interrumpida tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021.

Durante la jornada, han estado acompañados por la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y por el presidente del Cabildo Insular de La Palma, Sergio Rodríguez.

En este sentido, la visita se ha centrado en el arranque efectivo de los trabajos necesarios para ejecutar el nuevo trazado que permitirá salvar las coladas volcánicas y recuperar al uso público de aproximadamente 2,3 kilómetros de carretera que permitirán mejorar la accesibilidad de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

El consejero Pablo Rodríguez ha subrayado la voluntad clara del Ejecutivo por dar respuesta no solo a los cientos de vecinos que reclamaban que se diera una solución a esta conexión que había quedado sepultada por el volcán, sino también a las peticiones del Cabildo. “Esta obra es sin duda la que mayores complicaciones ha presentado, pero también la que mayor satisfacción me produce, ya que es absolutamente imprescindible para poder avanzar en la recuperación de La Palma”, ha afirmado.

En esta línea, ha destacado que este proyecto “es un claro ejemplo de cooperación y colaboración interadministrativa entre las Consejerías de Obras Públicas, Presidencia, Cabildo de La Palma y ayuntamientos implicados por sacar adelante esta obra compleja, que ha sido un reto y un desafío absoluto desde el punto de vista  administrativo, técnico y económico”.

“Estoy convencido que los equipos técnicos que dispone la Consejería, tanto propios como externos, van a dar cumplimiento a este desafío y vamos a tener en 14 meses una obra modélica que desde luego va a cambiar y va a mejorar la vida de la gente que vive aquí”, ha añadido el consejero.

Por su parte, la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha agradecido a Pablo Rodríguez su implicación y compromiso por cumplir la palabra, a pesar de los obstáculos jurídicos y ambientales y las trabas encontradas por el camino. “Superar el volcán no es solo cobrar por lo perdido y abrir nuevas vías como ésta que conecta Fuencaliente con los Llanos, es también una cuestión moral ver que no nos rendimos, como demostramos con los pasos que vamos dando», ha manifestado.

El presidente de La Palma, Sergio Rodríguez, ha agradecido “a la Consejería de Obras Públicas, al consejero y su directora general, así como a la consejera de Presidencia, el esfuerzo por el compromiso con la Isla a pesar de las dificultades y las piedras en las ruedas que se han intentado poner a esta obra”. En este contexto, ha asegurado que “esta es la intervención más importante que permitirá facilitar las comunicaciones a quienes llevan teniendo dificultades para acercarse al norte de las coladas. Esos barrios de Las Manchas y de Fuencaliente ahora están mejor comunicados”.

Asimismo, ha añadido que “hemos trabajado de manera coordinada con todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos en dos vías. La primera, planteada por el Cabildo no pudo salir por la falta de voluntad política del Gobierno de España en su momento. La segunda, la vía ordinaria, necesitaba de un compromiso por la Consejería de Obras Públicas y lo hemos tenido, a pesar de que hubiera quien intentara ralentizar el proceso hasta el final”.

Una infraestructura clave para la recuperación de la isla

El proyecto complementario, que cuenta con una inversión de 24,1 millones de euros, contempla un nuevo trazado de aproximadamente 2,3 kilómetros, que  será clave para restablecer la comunicación entre Las Manchas y Tajuya. En este sentido, la actuación permitirá restablecer una vía de interés general clave para el desarrollo social y económico de La Palma, mejorando la conectividad del Valle de Aridane con Fuencaliente y garantizando una comunicación más segura y eficiente entre el norte y el sur de la isla.

Además, contribuirá a reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar el acceso a servicios básicos, como los sanitarios y los principales nodos de transporte, y favorecer la fijación de población, tanto de residentes habituales como de personas desplazadas por la erupción volcánica.

Asimismo, la recuperación de este tramo ayudará a descongestionar otras vías del municipio, facilitar la llegada de suministros y servicios, y reforzar la cohesión territorial de La Palma, acelerando la reconstrucción del territorio afectado por la emergencia volcánica.

Los trabajos incorporan soluciones técnicas innovadoras adaptadas a las coladas volcánicas, con estudios geotérmicos, medidas especiales de seguridad y firmes diseñados para soportar altas temperaturas, además de actuaciones de integración paisajística.

Paralelamente, la aprobación definitiva del proyecto modificado nº2 ha permitido desbloquear actuaciones fundamentales como el Viaducto de Belmaco y la estabilización del talud de El Rodadero, cuyas obras ya se encuentran en marcha.

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El Gobierno de Canarias saca a licitación las obras de construcción de 168 viviendas protegidas en Las Palmas de GC

VISOCAN licita esta promoción con un presupuesto base que asciende a 29,2 millones de euros; las empresas interesadas tienen hasta el 20 de febrero para presentar ofertas

En 2025 VISOCAN logró concluir los trabajos de construcción de un total de 108 unidades habitacionales en diferentes municipios grancanarios

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través de la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (Visocan) ha sacado a licitación las obras de construcción de 168 viviendas protegidas, garajes, locales y trasteros en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria en un solar de 11.244 metros cuadrados ubicado en la zona de Casablanca III, colindante con el barrio de La Paterna. 

Esta actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 29,2 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses, incluye además la urbanización de la zona. Las empresas interesadas tendrán hasta el próximo 20 de febrero para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El consejero ha destacado que “la licitación de estas 168 viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria supone un nuevo paso firme en la política del Gobierno para ampliar de manera sostenida el parque público de vivienda en las islas. Hablamos de una actuación estratégica, tanto por su volumen como por su localización, que permitirá ofrecer soluciones habitacionales a cientos de familias en esta zona de la ciudad”.

Rodríguez ha subrayado además el papel de VISOCAN en el impulso de la vivienda pública en Gran Canaria. “Con esta promoción, Visocan supera ya las 500 viviendas proyectadas en la isla, lo que refleja un esfuerzo inversor sin precedentes en los últimos años. A ello se suma que durante el 2025 se han finalizado más de 100 viviendas promovidas directamente por la empresa pública, demostrando que no solo planificamos, sino que ejecutamos y entregamos viviendas reales a los grancanarios y grancanarias”.

Asimismo, ha puesto en valor el trabajo coordinado de todo el Ejecutivo en materia de vivienda, y ha indicado que «a este importante volumen de vivienda pública promovida por VISOCAN se añade la actuación del Instituto Canario de la Vivienda, que también ha entregado 24 viviendas en el municipio de Ingenio y que tiene actualmente más de 700 viviendas planificadas en distintas fases de desarrollo en toda la isla”.

Finalmente, ha afirmado que “todo este esfuerzo tiene como objetivo que los grancanarios y grancanarias puedan acceder a una vivienda, porque es un derecho fundamental, y que puedan desarrollar su proyecto de vida con estabilidad y seguridad”.

Viviendas en Gran Canaria 

En la isla de Gran Canaria la Consejería impulsa actualmente cerca de 900 viviendas en distintas fases de ejecución, planificación y finalización, a través del Instituto Canario de la Vivienda y de VISOCAN, así como mediante la colaboración con otras administraciones locales.

En concreto, el Instituto Canario de la Vivienda tiene en ejecución 7 viviendas en Gáldar, 28 en Las Palmas de Gran Canaria y 73 en Telde, y mantiene planificadas nuevas promociones que suman 180 viviendas en Teror, Telde, Santa María de Guía, Gáldar y Santa Lucía de Tirajana.

A ello se añaden las actuaciones ejecutadas por otras administraciones financiadas por el Instituto en la capital grancanaria, con 330 viviendas, así como las subvenciones directas concedidas a los ayuntamientos, que permitirán desarrollar 43 viviendas en San Bartolomé de Tirajana y 28 en Mogán.

Por su parte, VISOCAN tiene programadas más de 200 viviendas en Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana. Además, ya se han finalizado 24 viviendas en Ingenio por parte del Instituto Canario de la Vivienda y 108 viviendas por parte de VISOCAN, lo que refleja el ritmo sostenido de ejecución y el firme compromiso del Gobierno de Canarias con el acceso a una vivienda digna en la isla.

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El ICAVI saca a concurso el proyecto de construcción de 24 viviendas protegidas y plazas de garaje en Guía de Isora

El Gobierno aprueba técnicamente el proyecto redactado para la construcción de 28 viviendas protegidas en Las Palmas de Gran Canaria

La actuación, que se desarrollará en la calle Norte, cuenta con un presupuesto de 4.148.036,24 euros

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta el 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que preside Pablo Rodríguez y dirige Antonio Ortega, ha sacado a licitación el proyecto de ejecución de 24 viviendas protegidas de promoción pública y plazas de garaje en el término municipal de Guía de Isora, en Tenerife. 

Los trabajos, que se desarrollarán en la calle Norte de la localidad de Guía de Isora, cuentan con un presupuesto de 4.148.036,24 euros. La iniciativa está financiada con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del programa Next Generation EU.

El consejero Pablo Rodríguez ha subrayado que “con este expediente avanzamos de manera decidida en la construcción de vivienda protegida como vía para afrontar la emergencia habitacional y facilitar el acceso a un hogar digno y asequible a más canarios y canarias”.

Esta actuación forma parte de un expediente que contempla un total de tres grupos de viviendas en Arona, Adeje y Guía de Isora, en Tenerife, con un presupuesto total de 23.883.982 de euros.

Estos inmuebles se enmarcan dentro del Plan de Vivienda de Canarias para fomentar la construcción de inmuebles protegidos, dirigidos a dar respuesta a la población de la Isla que no puede afrontar la adquisición de una vivienda en el mercado libre.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el día 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora canaria, a través de la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde, además, podrán consultar los pliegos y condiciones.

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El Ejecutivo concede 5,54 millones al Cabildo de Lanzarote para ampliar el parque público de viviendas en alquiler

El Gobierno de Canarias saca a licitación las obras de construcción de 34 viviendas protegidas en Tazacorte

La subvención, enmarcada dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, financiará la adquisición de 76 viviendas, ubicadas en el municipio de Yaiza, para fortalecer el acceso al alquiler asequible en la isla

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que preside Pablo Rodríguez y dirige Antonio Ortega, ha concedido una subvención directa al Cabildo de Lanzarote por un importe de 5.537.657,94 euros para la adquisición de 76 viviendas en el municipio de Yaiza. La ayuda está destinada a la adquisición de inmuebles con el objetivo de incrementar el parque público de viviendas en régimen de alquiler asequible en la isla.

Además, el Cabildo aportará una financiación adicional por un importe equivalente al de la subvención concedida. Una vez adquiridas, dichas viviendas serán cedidas y pasarán a formar parte del parque público de viviendas del Gobierno de Canarias.

Esta inversión responde al interés público y social prioritario que es garantizar que las personas y familias de Lanzarote puedan acceder a una vivienda digna, especialmente aquellas con menores recursos o dificultades para acceder al mercado inmobiliario privado.

El proyecto permitirá no solo aumentar la oferta de vivienda pública en alquiler, sino también mejorar las condiciones habitacionales de los colectivos más vulnerables. Asimismo, se enmarca en la política del Ejecutivo canario de promover la cohesión social y territorial mediante la construcción y adquisición de inmuebles protegidos de titularidad pública.

Entre los objetivos de la subvención destacan facilitar el acceso a una vivienda adecuada, fomentar la permanencia de los beneficiarios en su entorno habitual, y garantizar que los inmuebles adquiridos cuenten con los equipamientos y dotaciones necesarios para su uso.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia 360º, promovida por el Gobierno canario, que contempla diferentes impulsos normativos para acelerar los procesos en la construcción de viviendas públicas en Canarias, así como la movilización de promociones que se encuentran paralizadas desde hace una década.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la promoción de la vivienda pública en Lanzarote, contribuyendo a atender la demanda creciente y a garantizar un parque de viviendas en alquiler que cumpla una función social esencial para la comunidad.

Viviendas en Lanzarote 

En este sentido, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad impulsa en la isla de Lanzarote un total de 565 viviendas públicas entre actuaciones en ejecución y planificadas. De ellas, el Instituto Canario de la Vivienda tiene actualmente en ejecución 201 viviendas en la promoción de Los Geranios, en Arrecife, y prevé la construcción de otras 88 viviendas, 46 en Arrecife y 42 en Yaiza, a las que se suman las 76 viviendas incluidas en este convenio suscrito con el Cabildo de Lanzarote.

Por otra parte, la empresa pública Visocan dispone de una promoción adicional de 200 viviendas también en Los Geranios, en Arrecife, reforzando de manera significativa la oferta de vivienda protegida en la isla y el compromiso del Gobierno de Canarias con el acceso a una vivienda digna.

 

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