La reducción de los tiempos en dependencia, el incremento histórico en resoluciones de discapacidad y la consolidación de una red estable contra la pobreza marcan el cambio de ritmo del sistema
El Gobierno de Canarias ha defendido hoy (martes 24) en sede parlamentaria el cambio de ritmo experimentado por el sistema público de servicios sociales, centrando el debate en lo que “de verdad importa a la ciudadanía: resultados, mejoras y capacidad de respuesta”.
“El bienestar social no se mide en titulares, sino en expedientes que avanzan, recursos que llegan a tiempo y en una administración que no se convierte en un obstáculo”, subrayó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante su intervención. La representante del Ejecutivo acusó a la oposición de plantear un discurso basado en “mentiras, medias verdades y alarmismo”.
Dependencia: 371 días menos de espera y casi el triple de PIAs al mes
En materia de dependencia, el Ejecutivo ha logrado reducir de forma significativa los tiempos de tramitación. El plazo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 411 días en enero de 2026, lo que supone 371 días menos y una reducción cercana al 47%.
Además, se ha incrementado de forma notable la emisión de Programas Individuales de Atención (PIA), el instrumento que convierte el derecho reconocido en una prestación efectiva. Entre agosto de 2023 y enero de 2026 se realizaron 28.595 PIAs, con una media mensual de 953, frente a los 16.343 del periodo anterior (340 al mes).
El número de personas con derecho reconocido también ha crecido de manera significativa, pasando de 44.506 en julio de 2023 a 69.703 en enero de 2026, un aumento del 56,6% en 30 meses.
Además, el Gobierno de Canarias trabaja en la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado, y de la Teleasistencia avanzada, el refuerzo de la acreditación de profesionales para la Promoción de la Autonomía Personal y la actualización de cuantías para cubrir los costes reales de los servicios, con financiación del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares. Asimismo, se ha realizado un diagnóstico de necesidades que orientará el III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias.
Discapacidad: la capacidad resolutiva se multiplica por 2,7
En el ámbito de la discapacidad, la mejora en la capacidad de resolución de expedientes ha sido progresiva y sostenida. En 2023 se resolvieron 6.295 expedientes; en 2024, 11.420; y en 2025, 17.265. En dos años, el volumen se ha multiplicado por 2,7.
Las medidas adoptadas incluyen simplificación normativa, digitalización de procesos, cuadros de mando para seguimiento mensual, refuerzo de equipos y una estrategia territorial para garantizar igualdad de acceso. También se ha impulsado la tarjeta digital acreditativa para facilitar trámites y evitar gestiones repetidas.
Pobreza e inclusión: estabilidad financiera y refuerzo municipal
En materia de inclusión social, el Ejecutivo ha reforzado la red municipal y la estabilidad del tercer sector. El Plan Concertado con los ayuntamientos cuenta con 97 millones de euros y atiende a unas 450.000 personas, más de 220.000 familias. Además, se destinan 12 millones adicionales para reforzar el personal en los servicios sociales municipales.
La concertación social con entidades del tercer sector ofrece ahora estabilidad a cinco años y se traduce en 236 proyectos financiados con 19 millones de euros, que alcanzan a 261.000 personas.
En pobreza infantil, se han destinado 6,2 millones de euros a tarjetas monedero y se han identificado 19.393 familias con menores en pobreza severa como beneficiarias directas, con equipos multidisciplinares desplegados en todas las islas.
Asimismo, se ha implantado un complemento autonómico de 400 euros anuales para pensiones no contributivas, abonado en dos pagos, con impacto directo en las rentas más bajas.
Gestión de menores migrantes y refuerzo del sistema
En relación con los menores migrantes no acompañados, el Ejecutivo autonómico declaró la emergencia social para agilizar la acogida y tutela, habilitó alrededor de medio centenar de nuevos centros y promovió, junto a la Fiscalía, un protocolo para mejorar las determinaciones de edad.
También se impulsaron medidas para que el Estado asumiera sus competencias y se reeditó un acuerdo con el Ministerio por valor de 50 millones de euros, cifra que no cubre el coste integral estimado en 150 millones. Paralelamente, se continúa atendiendo a los aproximadamente 1.800 menores que ya estaban en el sistema.
Mayores, Juventud, Diversidad y Atención a víctimas
En el área de mayores, se ha implantado el marco integral Maresía para combatir la soledad no deseada y reforzar el envejecimiento activo. En juventud, se desarrollan políticas basadas en la participación y el bienestar emocional. En diversidad, se han reforzado las acciones de igualdad de trato y no discriminación en el territorio.
Por su parte, en el ámbito de protección a las mujeres, se han abierto cinco centros 24 horas de atención a víctimas de violencia sexual en cinco islas, sin necesidad de denuncia previa, consolidando un modelo de atención inmediata y accesible y, además, ha logrado justificar todos los Fondos de Violencia de Género.
