Los resultados corresponden a las pruebas para la obtención y renovación del Certificado de Capacitación Profesional de mercancías peligrosas por carretera

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha publicado el listado definitivo de personas aspirantes aptas y no aptas en las pruebas convocadas en 2025 para la obtención y renovación del Certificado de Capacitación Profesional de consejeros de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera.

La relación definitiva ya se encuentra disponible en la página web de la Consejería, tras la finalización del proceso de corrección de los ejercicios y la resolución de las reclamaciones presentadas por las personas aspirantes.

Estas pruebas forman parte del procedimiento que permite acreditar la capacitación profesional exigida para desempeñar la función de consejero de seguridad en empresas que transportan, cargan o descargan mercancías peligrosas por carretera, una figura obligatoria de acuerdo con la normativa estatal y europea que regula este tipo de transporte.

Este certificado acredita la cualificación profesional necesaria para ejercer como consejero de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas y tiene una validez de cinco años, tras los cuales deberá renovarse mediante la superación de nuevas pruebas.

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El Gobierno de Canarias remite al Ministerio toda la documentación requerida en el Real Decreto Ley 17/2025 para garantizar la gratuidad del transporte en 2026

Ya está confirmada una reunión técnica con el Ministerio para la primera semana de marzo para coordinar los fondos de 2025 y 2026

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha presentado ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible toda la documentación remitida por los cabildos insulares para garantizar la aplicación del 100% de bonificación en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre en el archipiélago durante el año 2026, de acuerdo con el procedimiento regulado en el Capítulo IV del Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre.

Esta actuación se enmarca en el trabajo coordinado desarrollado entre el Ejecutivo y las administraciones insulares, que han certificado el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por la normativa estatal, incluyendo la implantación efectiva de la gratuidad desde el 1 de enero de 2026 y el compromiso de mantenerla hasta el 31 de diciembre del próximo año. El Gobierno de Canarias ha canalizado esta información mediante una solicitud formal, dando así cumplimiento al procedimiento establecido para la concesión de las ayudas estatales.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha destacado que “los cabildos han realizado el trabajo que exige el real decreto-ley, certificando la gratuidad del transporte y asumiendo los compromisos necesarios, y desde el Gobierno de Canarias hemos remitido toda esa documentación al Ministerio para garantizar la continuidad de la bonificación en 2026”.

Fernández ha señalado que este avance da continuidad a lo abordado en la última Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre, donde el Ejecutivo ya expuso la necesidad de reforzar la coordinación con el Estado para mejorar la planificación financiera del sistema. “La gratuidad del transporte público en Canarias requiere una gestión anticipada y una coordinación constante entre administraciones para evitar demoras y dotar de estabilidad al sistema”, ha indicado.

En este contexto, la directora general ha explicado que el Gobierno de Canarias ha logrado el compromiso del Ministerio de mantener reuniones técnicas periódicas, estableciendo la primera de ellas el martes, 10 de marzo, lo que permitirá abordar las singularidades del transporte en el archipiélago y anticipar los trámites administrativos necesarios. Gracias a este trabajo ya se facilitó la justificación de los fondos correspondientes a 2025, por un importe de 32 millones de euros actualmente pendientes, así como avanzar en la tramitación de las transferencias previstas para 2026, estimadas en torno a 78 millones de euros, con el objetivo de que puedan abonarse con mayor antelación que en ejercicios anteriores.

Asimismo, Fernández ha confirmado que ya está cerrada una reunión técnica para la primera semana de marzo, en la que se coordinarán los fondos de 2025 y 2026, dando cumplimiento al compromiso adquirido con el Ministerio. “Este encuentro nos permitirá seguir avanzando hacia un modelo de financiación más ágil, previsible y adaptado a la realidad del transporte público en Canarias”, ha concluido.

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El Instituto Canario de la Vivienda contará con el mayor presupuesto de su historia, un 15% más que en 2025

El consejero insiste en que este presupuesto consolida el crecimiento y la estabilidad financiera y apuesta también por la innovación aplicada a prácticas más sostenibles y respetuosas con nuestro entorno

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias continúa apostando en 2026 por impulsar sus políticas en materia de vivienda, aumentando en un 15% el presupuesto del Instituto Canario de la Vivienda respecto al pasado año, y convirtiéndose, un año más, en el más alto de la historia del organismo, con 197,4 millones de euros, al que se suman otras partidas de iniciativas que se impulsan en esta área y a través de Visocan. 

El Gobierno de Canarias presenta unas cuentas adaptadas al contexto económico actual y orientadas a garantizar estabilidad y sostenibilidad financiera, “pese al escenario de incertidumbre derivado de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado”, ha apuntado el consejero Pablo Rodríguez.

Una apuesta sin precedentes por la vivienda 

El responsable del área ha insistido en que “el presupuesto del ICAVI refleja la mayor inversión en materia de vivienda en la historia de Canarias”. En esta línea, ha explicado que las cuentas de este departamento incluyen una inversión de 141.361.592 euros, destinada a construcción y rehabilitación, un aumento del 45,49%. También se destinan 36,6 millones de euros a subvenciones para el alquiler o para la compra de vivienda joven y la repoblación del medio rural. Además, se reservan dos millones de euros para el Plan Rural Life y 200.000 euros para el Observatorio Canario de la Vivienda, entre otros.

En este sentido, el consejero ha puntualizado que “los datos de la lista de demandantes reflejan una realidad diversa en las necesidades de vivienda en Canarias. Más de un tercio de las más de 30.000 personas inscritas solicita un alquiler social, otro tercio busca acceder al alquiler de una vivienda protegida promovida por el sector privado, y el último tercio aspira a adquirir una vivienda protegida. Es importante aclarar que no todas las personas inscritas demandan una vivienda pública, como a veces se da por hecho, y de ahí la diversidad de políticas que estamos poniendo en marcha para atender a cada una de las realidades que nos muestran los datos”.

Asimismo, el Ejecutivo, a través de la Consejería de Hacienda, también refuerza los incentivos fiscales que facilitan el acceso a la vivienda, ampliando los límites de renta y edad para beneficiarse de reducciones en el IGIC y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. “Estas medidas permitirán que más del 77% de los contribuyentes canarios puedan acogerse a las ventajas fiscales en la compra o alquiler de vivienda”, ha explicado Rodríguez.

Por su parte VISOCAN, con una inversión de 80,9 millones de euros, desarrollará suelo propio y consolidará programas de captación de vivienda vacía y colaboración público-privada, reforzando la oferta habitacional en régimen de alquiler asequible.

Infraestructura viaria: avance en sostenibilidad y conectividad

En 2026, la Dirección General de Infraestructura Viaria, con un presupuesto de 226,3 millones de euros, continuará avanzando en la ordenación y clasificación de las vías para seguir avanzando en la elaboración del Catálogo de Carreteras de Canarias. Además, la Estrategia Verde, dotada con 1,7 millones de euros, seguirá impulsando proyectos de eficiencia energética y energías renovables en las islas.

Rodríguez ha explicado que la Consejería incrementa la anualidad del Convenio de Carreteras hasta los 215 millones de euros, consolidando el esfuerzo inversor en la mejora de la red viaria del Archipiélago. Este aumento refleja la apuesta firme del Gobierno por acelerar la ejecución de obras clave, mejorar la conectividad y garantizar una movilidad segura y eficiente en todas las islas.

En esta línea, Rodríguez ha explicado que “la adenda del Convenio de Carreteras, firmada en enero de 2023, durante la legislatura anterior, fijaba para el año 2026 una previsión de inversión de 199 millones de euros. Sin embargo, este Ejecutivo ha logrado elevar la cifra hasta los 215 millones de euros, reforzando así las iniciativas que se están impulsando en todas las islas”.

No obstante, el consejero ha insistido en que el convenio debe entenderse en su conjunto, como una bolsa plurianual de más de 1.400 millones de euros, que garantiza la capacidad inversora del Gobierno de Canarias, “los ajustes entre anualidades no implican pérdida de inversión, sino una redistribución técnica para asegurar la correcta ejecución de las obras”.

“Nuestra prioridad sigue siendo la de continuar con la ejecución de los proyectos ya adjudicados, que suponen más de 1.000 millones de euros en contratos activos, y avanzar en la redacción y tramitación de los diferentes proyectos que nos permitirán licitar futuras actuaciones. Todo ello con el objetivo de dar continuidad a la planificación de la red de carreteras de Canarias y contar con un nuevo convenio que impulse la conectividad y la movilidad en las islas”, ha añadido Rodríguez.

Por su parte, la Viceconsejería de Infraestructuras, dotada con 9,8 millones de euros, impulsará en 2026 una nueva fase de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias. La Consejería también avanzará en proyectos vinculados a la economía azul, la colaboración con la PLOCAN, la modelización física de oleaje o la reutilización de cenizas del volcán de La Palma en infraestructuras costeras.

Movilidad: planificación inteligente y cambio de paradigma 

Por su parte, la Dirección General de Transportes y Movilidad, con un presupuesto de 114,1 millones de euros, impulsará el próximo año los Planes de Movilidad Urbana e Insular Sostenibles (PMUS y PMIS) que contarán con una dotación de 16,8 millones de euros, lo que supone un incremento del 242% respecto al ejercicio anterior, y se destinarán 200.000 euros al estudio e implantación de carriles BUS-VAO.

Asimismo, se continuará desarrollando el ‘MobilityLab’, un laboratorio real de innovación en movilidad sostenible que permitirá continuar probando y aplicando soluciones tecnológicas para el transporte del futuro.

Modernización, eficiencia y sostenibilidad en nuestras costas

El ente público Puertos Canarios contará con un presupuesto de 24 millones de euros en 2026, que permitirá seguir fortaleciendo la red portuaria autonómica y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible.

Se invertirán 4,8 millones de euros en el equipamiento de servicios de interés en los Puertos Autonómicos de Interés General, así como en la gestión de prórrogas y concesiones de marinas deportivas. Además, cerca de un millón de euros se destinarán a la instalación de placas fotovoltaicas, impulsando la transición energética en las instalaciones portuarias.

La Dirección General de Costas, por su parte, dispondrá de 3,6 millones de euros, un 44% más que en 2025, para avanzar, entre otros, en la elaboración de la Ley de Costas canaria, una herramienta clave para la protección del litoral y la gestión responsable de los recursos naturales del Archipiélago. Para el próximo año, además, la Dirección General ya cuenta con la aprobación de su relación de puestos de trabajo, lo que le permitirá seguir avanzando en la consecución de los objetivos del departamento para esta legislatura.

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El Ejecutivo reclama la aplicación de bonificaciones específicas y la participación activa en la gestión de los aeropuertos para garantizar un trato diferenciado que contemple la realidad insular y ultraperiférica del Archipiélago

Rodríguez insiste en que el incremento de tasas aeroportuarias afecta gravemente a la conectividad de Canarias y encarece los billetes, repercutiendo directamente en la economía y la movilidad de residentes, estudiantes y turistas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha expresado hoy en el Parlamento de Canarias su rechazo al incremento de las tasas aeroportuarias ya aprobado por AENA para 2026. En este sentido, ha señalado que se trata de la mayor subida en una década y ha advertido que tendrá un impacto mucho mayor en Canarias que en la Península. “Somos un territorio insular en el que la conectividad no es un lujo, sino un derecho básico para residentes, estudiantes, trabajadores y turistas”.

Rodríguez ha recordado que Canarias ha construido un frente común junto a cabildos, cámaras de comercio y el conjunto del sector para reclamar que se tenga en cuenta la condición insular y ultraperiférica del Archipiélago. A su juicio, una subida indiscriminada de tasas puede parecer mínima en cifras, pero en el caso de las islas supone menos plazas, billetes más caros y un golpe directo a la economía. “No podemos aceptar que se nos trate como si fuéramos un territorio peninsular más, porque nuestra dependencia de la conectividad aérea es total”, ha insistido.

El consejero ha señalado que los efectos de esta decisión ya son visibles, recordando que alguna compañía ya ha reducido su capacidad en Canarias y ha cerrado sus bases en Tenerife Norte. Aunque otras han anunciado refuerzos para cubrir parte del hueco, Rodríguez ha señalado que la realidad es que la reducción de competencia ya está elevando los precios de los billetes y reduciendo las opciones de viaje. “Esto no es un debate teórico, ya se está traduciendo en problemas concretos para la ciudadanía y en un encarecimiento que limita las oportunidades del Archipiélago”, insistió.

Durante su intervención, Rodríguez ha vuelto a reivindicar la aplicación de bonificaciones específicas en las tasas aeroportuarias para Canarias, la participación efectiva en la gestión de los aeropuertos que establece el Estatuto de Autonomía y la presencia de las islas en los órganos de decisión de Aena.

En este sentido, el consejero ha insistido en que el Gobierno de Canarias ya había alertado al Ministerio sobre las consecuencias de estas decisiones y le había solicitado que se tuviera en cuenta el diferencial canario, ya que estas políticas podrían afectar gravemente a la conectividad y al funcionamiento económico y social de las islas. Esta subida de tasas, unida a los retrasos en los pagos del descuento residente, han generado un escenario de incertidumbre para las compañías aéreas.

El consejero ha finalizado insistiendo en que Canarias no puede asumir sin más una subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias, porque cualquier incremento repercute directamente en la conectividad, encarece la movilidad y limita el derecho de los canarios y canarias a desplazarse en igualdad de condiciones con el resto de ciudadanos del Estado.

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La ley aprobada refuerza la sostenibilidad, protege el servicio público del taxi, mejora la planificación insular y adapta el sistema al marco europeo 

Pablo Rodríguez y María Fernández coinciden en que estas modificaciones atienden a una demanda histórica del sector que reclamaba una reforma porque era una ley obsoleta que no se actualizaba desde 2007 

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, han celebrado esta mañana la aprobación, en el Parlamento de Canarias, del Proyecto de Ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en el Parlamento de Canarias.

Esta reforma legislativa, que parte del Decreto-ley 6/2024, aprobado en noviembre del pasado año, impulsado por la Dirección General, incorpora un amplio conjunto de enmiendas trabajadas y consensuadas por los grupos parlamentarios, cuyo objetivo ha sido reforzar la seguridad jurídica, clarificar aspectos técnicos clave y adaptar el marco normativo canario al europeo.

El consejero Pablo Rodríguez ha resaltado que “hoy es un día importante para Canarias, porque después de más de una década hemos aprobado la modificación más significativa de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, una norma que no se actualizaba desde 2007”.

Un avance clave que nace del consenso, no solo entre los grupos parlamentarios, sino también con el propio sector, con el que se ha trabajado para escuchar, dialogar y acordar. “Es el resultado de un esfuerzo colectivo en un ámbito complejo y con muchos intereses, y precisamente por eso tiene un valor aún mayor”, ha recalcado Rodríguez.

Además, esta reforma introduce por primera vez un enfoque claro hacia la sostenibilidad, situando los criterios medioambientales como eje central en la concesión de autorizaciones y licencias. “Es un cambio de modelo que pone el cuidado del territorio en el centro de la planificación de la movilidad. Con esta ley, apostamos por un desarrollo que conecta mejor a las personas y que, al mismo tiempo, protege lo más valioso que tenemos, nuestras islas”.

En esta línea, la directora ha señalado que “el sector llevaba años reclamando una actualización normativa. El mundo ha cambiado y, aunque en su momento fue una ley avanzada, había quedado claramente obsoleta. Ya no respondía a la realidad actual ni a los desafíos que enfrentamos hoy, e incluso presentaba contradicciones con el marco normativo europeo. Por eso, esta modificación supone un avance muy significativo. Nos acerca a una legislación más alineada con Europa, con el conjunto del Estado y, lo más importante, con las necesidades reales del sector y de la ciudadanía canaria”.

“Por fin Canarias da hoy un paso decisivo hacia un modelo de transporte más moderno, justo y sostenible, capaz de responder a los desafíos insulares y alineado con la normativa europea”, ha destacado Fernández.

Una ley que moderniza el transporte y protege el interés público 

Las modificaciones introducidas, que han sido presentadas y consensuadas por los grupos parlamentarios a través de 64 enmiendas en el periodo ordinario y 22 in voce, suponen una transformación profunda de la planificación y regulación del transporte en Canarias, tanto en su vertiente técnica como en su dimensión social y ambiental. Entre las principales novedades destacan: la seguridad jurídica, delimitando las solicitudes de autorizaciones VTC, “evitando situaciones de incertidumbre y favoreciendo la gestión eficaz de los expedientes”; la sostenibilidad y la planificación insular,  los cabildos contarán con un año más para establecer criterios de capacidad de carga, calidad del aire, tráfico y equilibrio del espacio público que permitan gestionar autorizaciones en función de la realidad insular, y la protección del taxi como servicio público esencial, reconociendo su papel estructural dentro del sistema de movilidad de Canarias, integrándolo en la planificación y reforzando su régimen tarifario y de calidad.

Mejoras técnicas y adaptación normativa

La ley incorpora mejoras sustanciales para hacer más eficiente y transparente el funcionamiento del sector, entre las que destaca la clarificación de la hoja de ruta para los servicios discrecionales; la obligación de uso de medios electrónicos en los procedimientos administrativos; la adaptación íntegra al Reglamento Europeo 1071/2009, unificando requisitos para el acceso a la profesión; la exclusión de autocaravanas de uso recreativo; la inclusión del transporte a la demanda, no contemplado en la ley original, y la participación de empresas con más de 200 trabajadores en la movilidad sostenible de sus plantillas.

Compromiso con el ámbito rural y escolar

Para garantizar el acceso universal al transporte, además, “se habilita, de forma excepcional, que taxis y VTC puedan prestar servicio escolar en zonas rurales con escasa oferta, garantizando el derecho al transporte de los menores en todo el territorio. También, ampliamos el transporte escolar, incrementando sus definiciones, como centros de enseñanza o guarderías, así como actividades extraescolares debidamente organizadas”, ha indicado Fernández.

Nuevas herramientas del control

La nueva norma incorpora, además, “medidas contundentes para mejorar el cumplimiento de la ley endureciendo el régimen sancionador contra el transporte ilegal”, incluyendo la inmovilización del vehículo; protegiendo frente a agresiones o actos peligrosos contra conductores y usuarios; garantizando la subrogación del personal cuando cambie la empresa prestadora de determinados servicios públicos y limitando la operativa VTC,  “no podrán estacionar ni circular en busca de clientes, ni operar en paradas de taxis o guaguas”, ha explicado Fernñandez.

Para concluir, Fernández ha hecho hincapié en que “esta modificación legislativa no es solo una actualización técnica, es un avance histórico y una apuesta firme por una movilidad responsable, segura y adaptada a la realidad canaria. Avanzamos hacia un modelo más equitativo, que protege a los sectores esenciales y garantiza un transporte digno y eficiente para toda la ciudadanía”.

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La directora general de Transportes insiste en que el Ejecutivo, las administraciones locales y las operadoras han llegado al consenso de que los 81 millones son insuficientes

El Ejecutivo ha trasladado, a través de tres escritos, la necesidad de que el Gobierno de España entienda la singularidad de las islas y su dependencia del transporte público accesible y asequible

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha trasladado al secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández, y a su equipo técnico, la necesidad de que el Estado agilice el pago de los costes de la gratuidad del transporte público en Canarias durante el año 2024. 

La directora general ha expresado, “su profunda preocupación” por que el Estado transfiera el coste real que ha supuesto la implementación del servicio gratuito de guaguas y tranvías en Canarias durante 2024. “Esta medida ha sido clave para mejorar la movilidad en las islas, pero los operadores de transporte y las administraciones locales no pueden sostener indefinidamente el esfuerzo financiero que requiere. La gratuidad del transporte ha incrementado en un 44% el número de viajeros, más del doble de la media estatal, pero ahora necesitamos que el Gobierno de España compense los gastos reales y garantice la continuidad y la calidad del servicio sin poner en riesgo otros recursos esenciales para el bienestar de los canarios y las canarias”.

En este sentido, Fernández ha trasladado que “el Ejecutivo, las administraciones locales y las operadores han llegado al consenso de que los 81 millones de euros, contemplados en los presupuestos generales del Estado prorrogados son insuficientes porque no contemplan el impacto de esta medida revulsiva y no han calculado las cifras reales de pasajeros que se benefician del transporte gratis”.

Durante el encuentro, el Gobierno de Canarias ha destacado la relevancia de mantener la gratuidad del servicio de guaguas y la necesidad de cubrir los gastos asociados para garantizar su sostenibilidad, recordando que el ejecutivo canario ha enviado hasta tres cartas al Ministerio para subrayar la importancia de esta medida para los ciudadanos del archipiélago, especialmente en un contexto donde la conectividad y el transporte público juegan un papel crucial.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha solicitado la prórroga de la gratuidad de las guaguas durante el año 2025, considerando los beneficios que ha aportado a la movilidad y a la economía de las islas.

“La gratuidad del transporte público no solo es una medida de apoyo a las familias, sino también una herramienta clave en el cambio de mentalidad en la forma en la que nos movemos en el archipiélago. Es fundamental que el Gobierno de España entienda la singularidad de Canarias y su dependencia del transporte público, reafirmando su compromiso con esta medida y abogando por su continuidad más allá de 2024. La prórroga permitiría consolidar los avances logrados en términos de accesibilidad y sostenibilidad, al tiempo que se sigue garantizando una movilidad eficiente y asequible para todos los residentes”, ha añadido Fernández.

En esta línea, ha adelantado que “nos han garantizado que el próximo año dirigirán fondos destinado a mantener este cambio de paradigma, impulsado con la gratuidad, con el objetivo de poder afianzar a los usuarios que han decidido optar por el transporte público y la movilidad sostenible”.

Asimismo, ha trasladado al Ministerio la necesidad de que, durante el próximo año, los más de 47 millones de euros destinados a garantizar el derecho a la movilidad de los canarios y canarias, “sean transferidos por el Gobierno de España de manera trimestral, favoreciendo la prestación de este servicio”.

Mejora de la movilidad 

En el marco de la mejora de la movilidad, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes, María Fernández, han mantenido una reunión con el director de la Feria Internacional del Autobús y del Autocar, David Moneo.

Una visita clave que se ha realizado con el objetivo de conocer de primera mano las últimas novedades del sector y las nuevas necesidades que puedan surgir en el ámbito del transporte público, ya que el Gobierno de Canarias ha destinado cerca de 40 millones de euros a los Cabildos para renovar las flotas de guaguas y mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público, ofreciendo un servicio más eficiente, cómodo y sostenible, acorde con las demandas actuales de movilidad en las islas.

Esta visita, ha permitido conocer las últimas tecnologías aplicadas en estos medios de transporte, sobre todo orientado a nuevos proyectos piloto desarrollados dentro del marco del MobilityLab.

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Este encuentro ha servido para seguir progresando en la búsqueda de alternativas destinadas a aliviar el tráfico en la zona, en el marco de la iniciativa MobilityLab

Ambas instituciones trabajan de forma alineada para asegurar el equilibrio entre la mejora de las infraestructuras viarias y la preservación de la actividad profesional del Puerto

La directora general de Transportes, María Fernández, ha mantenido una reunión este martes junto con las federaciones, asociaciones y colectivos del ámbito portuario, para avanzar en la mejora de la movilidad en los accesos al Puerto de Las Palmas, en el marco de la iniciativa MobilityLab. 

Este encuentro forma parte de la línea de trabajo iniciada el pasado mes de julio, en la que la directora general firmaba una protocolo de colaboración con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, para poner en marcha estrategias de movilidad conjuntas con el objetivo de conseguir una movilidad mucho más sostenible y que, además, permitiese poner en marcha acciones para cambiar los modos de desplazamiento de la ciudadanía.

En este sentido, María Fernández ha resaltado que esta actuación permitirá mejorar y reordenar la movilidad procedente del Puerto de La Luz y de Las Palmas, de la urbanización industrial El Sebadal y del barrio de La Isleta que generan problemas de circulación en horas punta.

“Hemos comenzado a hacer encuestas a los trabajadores para conocer los hábitos de movilidad que están instaurados entre ellos y averiguar qué soluciones de movilidad podemos poner en marcha a corto plazo. Queremos promover un cambio de paradigma que, de cara al futuro, genere un impacto positivo en los trabajadores y las empresas del ámbito portuario”, ha explicado Fernández, a la vez que ha destacado la necesaria colaboración de las empresas que operan en el puerto, y que hoy han podido conocer en detalle los pasos que se están dando desde el Ejecutivo para contribuir a esta estrategia.

Por su parte, Beatriz Calzada ha insistido en que “estamos avanzando en soluciones innovadoras y, tanto la Dirección General de Transportes y la Autoridad Portuaria de Las Palmas estamos alineadas en la implementación de medidas preventivas que aseguren el equilibrio entre la mejora de las infraestructuras viarias y la preservación de la importante actividad profesional que se desarrolla en el Puerto de Las Palmas”.

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Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana, en el Polígono Industrial de Arinaga

El Cuerpo General de la Policía Canaria, a través del Grupo de Transporte de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), durante el desarrollo de una inspección de vehículos el pasado fin de semana en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, detuvo a un hombre por presuntamente conducir un camión que realizaba transporte privado de mercancías, en la G.C. 1 – P.K. 24,5, Polígono Industrial de Arinaga, bajos los efectos de drogas.

Durante la inspección del vehículo, y ante los indicios que mostraba el conductor, tales como hiperactividad, agitación, conducta inquieta, prisas por continuar la marcha, etc., se solicitó colaboración de la Guardia Civil de Tráfico para la realización de una prueba de detección de sustancias estupefacientes, con resultado positivo por presencia de drogas en el organismo, concretamente, cocaína y THC.

Por tal motivo, se llevó igualmente a cabo la inmovilización del vehículo, levantándose, además, un acta por exceso de peso, así como otra por estiba inadecuada de la carga.

La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa tiene, entre sus funciones, la actuación policial preventiva, investigación y denuncia de infracciones administrativas en los ámbitos de, entre otros, medio ambiente y recursos naturales, ordenación del turismo en Canarias, patrimonio cultural canario, Administración Tributaria, transporte, juego y apuestas, así como aquellas otras que le sean encomendadas, de conformidad con la Resolución de 16 de enero de 2024, de la Dirección General de Seguridad.

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A través de la iniciativa Mobility Lab, puesta en marcha por la Dirección General de Transportes, se pretende identificar y proponer soluciones para los puntos críticos de entrada y salida a los principales nodos urbanos

Entre las acciones a desarrollar, destaca el análisis de los hábitos de desplazamiento de los trabajadores portuarios para proponer alternativas de movilidad más eficientes

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes, que dirige María Fernández, ha firmado un protocolo de colaboración con la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, para establecer sinergias que permitan el análisis y la puesta en marcha de acciones encaminadas a la mejora de la movilidad urbana sostenible.

Esta acción se enmarca en el proyecto Mobility Lab, puesto en marcha por la Dirección General de Transportes, una iniciativa que impulsará el estudio de soluciones innovadoras, recabando datos a través de la experiencia práctica, con el objetivo último de convertir a las islas en un laboratorio real de la movilidad sostenible.

María Fernández ha señalado que la solución a los problemas del archipiélago “ya no pasa por construir únicamente nuevas infraestructuras, sino por optimizar nuestras vías y facilitar los movimientos de personas en las islas. El objetivo es ayudar a cambiar la mentalidad de las personas, las empresas y los entornos laborales y garantizar que dejar los coches en casa no va a suponer un riesgo a la hora de desplazarse con total normalidad”.

La Dirección General se ha marcado como objetivo seguir avanzando hacia modelos sostenibles y garantizar una movilidad basada en criterios de justicia social; de impulso de la movilidad sostenible, en su dimensión social, económica y medioambiental, incluyendo el impulso a la movilidad activa.

Ambas instituciones están de acuerdo en realizar una transformación del sistema de transporte y movilidad para fomentar el trasvase modal de los distintos modos de desplazamientos a través de medidas específicas, ligadas al fomento de los modos de transporte sostenible a partir del desarrollo de Planes de Transporte al Trabajo (PTT) y Planes de Movilidad Sostenible en los principales núcleos urbanos.

La iniciativa busca una triple acción: obtener datos prácticos, coordinar Administraciones para implementar herramientas y estudios, e impulsar un cambio de mentalidad y concienciación sobre la importancia del transporte compartido.

La Directora General ha explicado que, entre las acciones a desarrollar, destaca el análisis de los hábitos de desplazamiento de los trabajadores portuarios para proponer alternativas de movilidad más eficientes, a partir del uso de vehículos no motorizados, transporte colectivo, entre otros.

Fernández ha destacado que, próximamente, darán comienzo las obras del proyecto de soterramiento de Belén María, “por lo que este estudio nos permitirá desarrollar medidas complementarias que también ayudarán a aliviar el tráfico en la zona, proponiendo alternativas, como el uso del coche compartido y el transporte público, y minimizando posibles afecciones ocasionadas por los desvíos”.

Además, la directora de Transportes ha apuntado que se están poniendo sobre la mesa soluciones para mejorar la movilidad desde todas las ópticas, estableciendo sinergias entre departamentos de la Consejería. “Por primera vez en la historia, tanto la Dirección General de Transportes como la de Infraestructura Viaria están trabajando en el desarrollo de planes que complementen los proyectos, garantizando una solución integral y sostenible”, ha recalcado.

Por su parte, Beatriz Calzada, ha anunciado que desde la Autoridad Portuaria ya se ha comenzado a realizar encuestas y sondeos a los trabajadores de esta Administración “para ir detectando cuáles podrían ser esos principales problemas que tendríamos que solventar para que el personal se animase a cambiar el tipo de transporte. Nuestra intención es avanzar aún más y llevar la encuesta, de la mano del Gobierno de Canarias, a todas las empresas portuarias”, ha señalado.

Asimismo, Calzada ha aseverado que “si mejoramos el tráfico en el Puerto de Las Palmas ganamos todos, y en esta materia estamos todos alineados, siendo conscientes de que existe un tipo de tráfico que por la propia caracterización del trabajo no se podrá eliminar, como son los vehículos de gran envergadura”.

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La directora general de Transportes, María Fernández, acuerda con las administraciones insulares establecer una hoja de ruta conjunta para garantizar la ejecución de los proyectos antes de final de año

El Ejecutivo mantendrá una reunión con el Ministerio para trasladar las conclusiones de este encuentro y planificar prioridades

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha mantenido una reunión con representantes de los cabildos insulares para establecer una estrategia común que permita mejorar la ejecución de los fondos europeos aplicados a los sistemas de transporte de las Islas. Este encuentro forma parte del compromiso del departamento autonómico para lograr una mayor eficiencia y sostenibilidad en relación a los proyectos y programas que ya están en marcha.

La reunión tuvo como punto de partida la identificación de fondos que deben ejecutarse antes del 31 de diciembre, unos recursos que corren el riesgo de tener que ser devueltos debido a la gestión ineficiente y al incumplimiento de los plazos por parte del equipo anterior.

Además, Fernández ha expresado su interés en conocer los obstáculos y desafíos a los que se han enfrentado los cabildos en la ejecución de estos fondos, con el objetivo de aportar soluciones y garantizar que cada euro se invierta de manera eficaz y eficiente.

Por este motivo, la directora general de Transportes ha trasladado el compromiso de la Consejería a la hora de colaborar y trabajar de la mano con los cabildos para evitar la devolución de los fondos, ya que son fundamentales para cumplir el objetivo al que han sido destinados: la mejora de los sistemas de transporte en Canarias.

Durante el encuentro, se ha establecido un plan de trabajo conjunto en el que se definieron estrategias concretas para asegurar que estos fondos se inviertan adecuadamente y cumplan con su finalidad, porque esto redundará en el bienestar de la ciudadanía.

Por ello, “la colaboración entre la Consejería y los cabildos se presenta como una pieza clave en este esfuerzo, ya que juntos buscamos evitar cualquier pérdida de fondos que son de gran utilidad para Canarias”, ha explicado Fernández.

Asimismo, María Fernández ha trasladado el compromiso del Gobierno de Canarias para mantener una comunicación constante con los cabildos y celebrar más encuentros de este tipo, no solo en relación a la gestión de fondos europeos, sino también para coordinar políticas de movilidad. “La colaboración estrecha entre la Dirección General de Transportes, cabildos y ayuntamientos es esencial para avanzar al mismo ritmo en la implementación de políticas de movilidad efectivas que se adapten a las diversas realidades insulares”, ha aclarado.

En este sentido, todos los proyectos abordan la promoción de la movilidad sostenible, desde diferentes perspectivas, como la adquisición de vehículos; guaguas híbridas; guaguas eléctricas; implementación tecnológica en marquesinas para la carga eléctrica; placas solares, o implementación de carriles Bus-VAO.

“Este mismo mediodía mantendremos una nueva reunión telemática con el Ministerio para trasladar los acuerdos de este encuentro y exponer el estado de los proyectos en cada una de las Islas y que nos permitan, en algunos casos, una redirección de fondos a las administraciones insulares con mayor capacidad de gasto, y cuyos proyectos cumplen con los hitos de los fondos europeos, para evitar su devolución”, ha concluido.

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