Una mujer lesbiana llega a España tras huir de su Ucrania natal y no sabe cuáles son los derechos que le asisten. Un joven trans es víctima de acoso en el colegio, pero el centro no cuenta con ningún protocolo y necesita orientación. Una pareja de mujeres quiere inscribir a su hija a nombre de las dos, pero desconoce el procedimiento, o una pareja de hombres quiere adoptar pero la información no abunda.
El Ministerio de Igualdad acaba de crear una herramienta que da respuesta a las necesidades de la comunidad LGTBI: un mapa interactivo que centraliza los recursos para asesorar, atender y cobijar al colectivo. La idea, ha explicado la directora general de Diversidad Sexual y de Derechos LGTBI, Boti García Rodrigo, es que todas las personas LGTBI «sepan qué calle coger para encontrar un sitio donde les entiendan y les acojan».
El mapa se hace eco de más de 1.200 recursos, desplegados por más de 220 asociaciones e instituciones, para «centralizar recursos absolutamente dispersos», ha señalado García Rodrigo.
La herramienta permite realizar una búsqueda por tipo de recurso y localización. Por ejemplo, una víctima de violencia intragénero podrá consultar dónde acudir para solicitar ayuda, o una persona interesada en realizarse una prueba rápida de VIH tendrá en su mano la información necesaria para proceder. La iniciativa ha servido además para dar cuenta de la nutrida red de asociaciones que, a través del trabajo voluntario de sus activistas, han sacado adelante todo un conjunto de recursos básicos para las personas LGTBI. Pero también destapa «dónde están los huecos», tal como ha señalado el consejero técnico del Ministerio de Igualdad Jesús Generelo. Los recursos destinados específicamente a las personas intersexuales son, según constata el ministerio, los grandes ausentes. Geográficamente, Castilla y León presenta una red menos sólida de asistencia a las personas del colectivo.
Centralizar las herramientas que buscan dar cobijo al colectivo forma parte de la respuesta institucional ante la escalada de delitos y discursos de odio contra las personas LGTBI. En 2020 se registraron 282, frente a los 230 de 2016, según la estadística de criminalidad del Ministerio del Interior. Los observatorios contra la LGTBIfobia advierten, sin embargo, de que el grueso de la violencia no llega nunca a manos de las instituciones porque no todas las agresiones constituyen un delito de odio y porque el problema de la infradenuncia todavía atraviesa a la comunidad LGTBI.
Durante el confinamiento, ha señalado García Rodrigo, su departamento reparó en la necesidad de no dejar al margen a las personas LGTBI que buscaban apoyo emocional y recursos institucionales. A la Dirección General llegaban peticiones de personas trans que se habían quedado sin casa o sin trabajo, ha afirmado la directora, o de parejas que encontraban el Registro Civil cerrado y no podían casarse para filiar a su hijos. El mapa interactivo busca dar respuesta a las preguntas planteadas por el colectivo no solo en momentos excepcionales como la emergencia sanitaria, sino también en su día a día.
Guía para personas ucranianas y teléfono arcoíris
También por este motivo el Ministerio de Igualdad está trabajando en un teléfono arcoíris, una línea que tratará de prestar asesoramiento jurídico y apoyo psicológico a las víctimas de LGTBIfobia, algo similar a lo que ya existe para las víctimas de violencia machista.
García Rodrigo ha anunciado igualmente estar trabajando sobre una guía específica para personas migrantes que huyen del conflicto en Ucrania. Esta medida sigue la línea que el Ministerio de Igualdad ha trazado para ayudar a las mujeres y a las personas LGTBI que dejan atrás su país, como la incorporación del ucraniano al teléfono 016 o el despliegue de un sistema de detección y asistencia de víctimas de trata.
La ley trans, en una «situación inasumible»
García Rodrigo se ha referido también a uno de los principales compromisos de su equipo: la ley trans. El anteproyecto, ha señalado, pasa por una «situación inasumible e inaudita»: la de encontrarse en un «cajón remoto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)». La ley, aprobada en Consejo de Ministros el verano pasado, está a la espera de que el órgano de poder de los jueces emita su correspondiente informe, un texto que debería haber llegado en enero.
Carlos Lesmes, presidente del consejo, ha prometido que el próximo 20 de abril informará sobre la ley. Una vez llegue ese informe, que no es vinculante, así como el del Consejo Fiscal, el texto pasará a manos del Consejo de Estado y tras ser ratificado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta, se iniciará su trámite parlamentario. Esa etapa será clave para promover algunas de las cuestiones que quedaron fuera de la negociación entre los socios de Gobierno, como la situación de las personas no binarias y de los menores de doce años, dos pilares para el Ministerio de Igualdad que ensancharon la brecha con los socialistas. Si los plazos se cumplen, la futura norma podría aterrizar en las bancadas de la Cámara Baja para el Orgullo LGTBI.