La Dirección General de Diversidad y Derechos LGTBI, capitaneada por Boti G. Rodrigo, pretende que este nuevo servicio se asemeje al 016 para víctimas de violencia machista. De esta forma, cualquier persona podría llamar para recibir ayuda o información relacionada con derechos LGTBI: asistencia a víctimas de discriminación, delitos de odio o violencia intrágenero, apoyo emocional y psicológico, asesoramiento legal, asistencia a migrantes LGTBI y solicitantes de asilo y orientación laboral y educativa, especialmente para personas trans. El objetivo es que se trate de un acompañamiento personalizado que pueda dar información sobre los recursos y servicios disponibles a quien lo solicite.

24 horas, 365 días y gratuito

El servicio atenderá las 24 horas del día y los 365 días del año y será gratuito y accesible, informan fuentes del ministerio. Estará disponible en varios idiomas y, como hace el 016, por diferentes vías: tanto telefónica como por correo electrónico y chat online. Además, explican las mismas fuentes, “se prestará en colaboración con las comunidades autónomas y derivando a los servicios disponibles en las mismas” además de poner en marcha protocolos de colaboración con las entidades sociales que dan ya estos servicios.

Hasta ahora, estos han dependido mayoritariamente de los colectivos LGTBI. De hecho, durante el confinamiento la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) activó la que también llamó “línea arcoíris” para atender en el contexto de crisis sanitaria. “Se trata de reforzar el mapa de atención para aquellos territorios donde no se está ofreciendo o donde no se está haciendo en todos los horarios y todos los días del año”, apuntan.

El Ministerio de Igualdad había avanzado el pasado mes de diciembre su intención de poner en marcha este recurso ante el incremento de denuncias por delitos de odio contra el colectivo LGTBI acumuladas en los últimos años. Durante el pasado verano, las denuncias por agresiones por motivo de orientación sexual o identidad de género repuntaron considerablemente y se acumularon en varias semanas posteriores al asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña, un caso que movilizó al colectivo para reclamar en las calles el fin de la violencia homófoba y tránsfoba.

Según las cifras que recoge anualmente el Ministerio del Interior, en 2020 se registraron 277 denuncias por delitos de odio motivados por la LGTBIfobia, sin embargo, hay que tener en cuenta que fue el año en el que estalló la COVID y estuvo marcado por las restricciones sociales. En 2018 fueron 256 y 278 en 2019. No obstante, es la punta del iceberg porque la mayoría de las agresiones no se denuncian, apuntan los colectivos.

De acuerdo con la encuesta que la Agencia Europea de Derechos Humanos (FRA) publicó en 2020, la más grande hasta el momento, en España solo un 16% de las víctimas de ataques físicos o sexuales denunciaron el caso a alguna organización o institución. Entre las razones que más mencionaron las víctimas para no recurrir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estaban considerarlo algo menor y no lo suficientemente importante, o que no pensaron que se podría hacer algo, además de vergüenza y miedo a que se supiera. Por ello, uno de los objetivos del ministerio es que la línea “contribuya a hacer aflorar las situaciones que a día de hoy permanecen ocultas”.

Este mismo sondeo concluyó que la violencia y el miedo siguen siendo realidades más o menos cotidianas para muchas personas LGTBI. Aunque España es uno de los países con mayor visibilidad (un 53% declaran estar fuera del armario), hasta un 42% de quienes respondieron la encuesta aseguraron haber sufrido discriminación en el último año. Además, cuatro de cada diez, en concreto el 41%, señalaron haber sido víctimas de algún tipo de acoso “por ser LGTBI” en los 12 meses anteriores, entendiendo por ello haber sido amenazado, insultado, blanco de gestos ofensivos o perseguido.

Marta Borraz – EL DIARIO