Logo del Gobierno de Canarias

La emisión de deuda pública apta para RIC cierra con una demanda cinco veces superior a la oferta

El día 11 concluyó el plazo de suscripción con 1.684 peticiones por un valor de casi 500 millones frente a los 100 millones ofertados

Se ha atendido la totalidad de peticiones mínimas recibidas, lo que favorece a profesionales liberales, pequeñas y medianas empresas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección general de Tesoro y Política Financiera, ha completado la colocación de 100 millones de euros de deuda pública apta para materializar las dotaciones con cargo a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC).

Al cierre de la suscripción, que finalizó el 11 de noviembre, se habían recibido 1.684 peticiones, por un importe total de 498,9 millones de euros, lo que significa una demanda cinco veces superior al importe ofertado, como ya ocurrió en la edición anterior.

De acuerdo con las características de la emisión, se ha atendido todas las peticiones que solicitaron la adjudicación mínima, que este año se había establecido en 50.000 euros. De hecho, el número de suscripciones en este tramo ha sido de 812 peticiones, lo que representa casi el 50% del total de peticiones adjudicadas. Esto dato desvela una amplia distribución de suscriptores, especialmente entre profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas.

El porcentaje de prorrateo ha sido de un 8,472% frente al 1,993% de la emisión del ejercicio de 2025, con lo que el importe máximo adjudicado ha sido de 470.000 euros. Por su parte, el importe máximo de petición se estableció en 5 millones de euros, un millón inferior al límite del año pasado.

La fecha de la emisión y desembolso de los valores será el 25 de noviembre de 2026. La modalidad de esta emisión es de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal del 0,2 por ciento fijo anual, por lo que su vencimiento será el 25 de noviembre de 2031.

Anteriormente, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección general del Tesoro y Política Financiera, ha suscrito dos emisiones de estas características. En el año 2024, el valor suscrito fue de 150 millones de euros y en 2025, de 100 millones de euros.

Solvencia financiera de la comunidad autónoma

En su último informe de 28 de septiembre de este año, la agencia Standard & Poor´s mantenía la calificación crediticia en ‘A+’ con una perspectiva estable para la comunidad autónoma.

Este informe sitúa a Canarias entre las regiones con mejor perfil crediticio dentro del sistema autonómico, y respalda esa afirmación en un sólido desempeño presupuestario, una carga de deuda baja y en descenso, y una posición de robusta liquidez.

El informe hace especial hincapié en la posición de liquidez de Canarias, que le permite acceder a los mercados financieros. Para S&P, el acceso de Canarias a los mercados de capitales es sólido, lo que le posibilita para financiar sus necesidades de forma autónoma. Muestra de ello son las dos anteriores emisiones de bonos de deuda pública aptas para dotaciones de RIC (2024 y 2025) y el primer bono sostenible por importe de 500 millones de euros emitido en junio de este año. En todos los casos, la demanda superó considerablemente los importes ofertados.

Esta estrategia de financiación permite a la comunidad autónoma afrontar con solvencia posibles tensiones de tesorería y mantener un acceso sólido a los mercados financieros, combinando financiación bancaria con emisiones de deuda propia.

Canarias se convierte en el epicentro del debate sobre la contratación pública y su papel estratégico

La consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, a través de la Dirección general de Patrimonio y Contratación, organiza y ejerce de anfitriona del V Encuentro Autonómico de Contratación Pública. Las jornadas, que se celebran en Tenerife los días 12 y 13 de noviembre, reúnen a representantes de los centros directivos de todas las comunidades y ciudades autónomas en materia de contratación pública en España.

La contratación pública se consolida hoy como una herramienta esencial de las Administraciones para transformar la realidad económica y social de los territorios. En un entorno global, interconectado, dinámico y exigente, la gestión de la compra pública ya no puede entenderse como un mero procedimiento administrativo de adjudicación; es una función pública de alto valor estratégico que requiere de una visión de futuro coordinada, sólida y resiliente.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, considera relevante que el encuentro se celebre este año en Canarias y se produzca ese acercamiento a la realidad de la contratación pública en el archipiélago por parte de los expertos asistentes puesto que Canarias no compite en igualdad de condiciones. La lejanía, la fragmentación territorial, los costes logísticos y el tamaño del mercado reducen la concurrencia empresarial, y esa menor presión competitiva se traduce en menos ofertas, más licitaciones desiertas y menores descuentos sobre el presupuesto inicial.

La mejora de la compra pública en Canarias exige una respuesta integral, que reste peso a las dificultades geográficas y actúe simultáneamente sobre la competencia, los presupuestos, los criterios de adjudicación, la capacitación institucional y la atracción de empresas. Como ha venido señalando la consejera desde hace tiempo, sería vital que las instituciones europeas reconozcan la condición de las regiones ultraperiféricas, también en el ámbito de la contratación pública.

De hecho, la Comisión Europea presentó el pasado mes de septiembre una propuesta, que plantea sustituir las tres directivas de contratación de 2014 por un reglamento único. Es importante, especialmente para Canarias, analizar el alcance de ese cambio y sus implicaciones para la gestión autonómica.

Bajo el lema Gobernanza y cooperación para una contratación íntegra, eficiente y estratégica, el foro nace con la vocación de ir más allá del análisis normativo diario. Su objetivo fundamental es dotar a las organizaciones públicas de las herramientas necesarias para anticiparse a los cambios y, como señala el director general de Patrimonio y Contratación, Juan Domingo Cabrera, hacer de la contratación pública una verdadera palanca para dinamizar el tejido productivo canario, mejorar los servicios y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

Fruto de esta preocupación, la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea encargó a expertos de la Universidad de La Laguna el informe “Estado de la compra pública en Canarias”, un estudio comparativo que se ha dado a conocer al resto de centros directivos nacionales en materia de contratación y que destaca, entre otras cosas, por el volumen y la calidad de datos tratados para el análisis.

En este sentido, el uso cualitativo de los datos es esencial para convertir la información contractual en decisiones de planificación, supervisión y evaluación. La propuesta europea incorpora la construcción de un mercado digital de contratación con plataformas interconectadas e interoperables. Esto conlleva una reorientación para que la digitalización mejore la gestión con datos de calidad y no se limite a trasladar cargas administrativas sin ningún valor adicional al entorno electrónico.

En definitiva, Canarias ofrecerá el espacio idóneo para reflexionar, debatir y marcar la hoja de ruta de la contratación pública de los próximos meses. Un encuentro imprescindible para transformar las amenazas actuales en ventajas competitivas y construir, desde la cooperación mutua, una administración más eficaz, resiliente y al servicio de la ciudadanía.

Programa

A lo largo de las jornadas, el programa se articulará en torno a tres grandes pilares estratégicos: gobernanza y cooperación autonómica; eficiencia y contratación estratégica, y amenazas y oportunidades.

Bajo el primer epígrafe, las jornadas buscan consolidar espacios de trabajo conjunto que permitan unificar criterios, compartir buenas prácticas y coordinar políticas de compra pública a nivel regional, maximizando el potencial del Comité de Cooperación.

En lo que respecta a la eficiencia y contratación estratégica, los asistentes profundizarán en mecanismos que garanticen la agilidad procedimental y el uso óptimo de los fondos públicos, sin perder de vista los criterios sociales, ambientales y de innovación que Europa exige a la contratación moderna.

Además, para detectar las amenazas y oportunidades que presenta la compra pública, es necesario analizar de forma crítica e institucional los retos emergentes, desde los riesgos derivados de la inseguridad jurídica o de las disfunciones en la integridad pública, hasta las inmensas oportunidades que la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización integral han de aportar a los órganos de contratación.

La consejera de Hacienda expone las líneas generales de los presupuestos de 2027 ante el Parlamento

El Gobierno de Canarias contará el próximo año con 13.209 millones de euros, lo que supone un incremento de 717,6 millones

Sanidad, Educación, Acción Social, Justicia y Seguridad, y acceso a la Vivienda se han reforzado con un incremento presupuestario inicial de 970 millones de euros.

El incremento salarial de los trabajadores públicos pactado por el Gobierno de España con los sindicatos y la desaparición de los fondos MRR determinan los presupuestos del próximo ejercicio

Se mantiene la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF para adaptarla a la evolución del IPC y aliviar la presión fiscal de las familias

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha expuesto las líneas generales del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027, durante el debate de primera lectura celebrado esta mañana en la cámara regional.

Matilde Asián ha iniciado su exposición agradeciendo al equipo de la Consejería de Hacienda, representados en el viceconsejero Gabriel Megías y el director general de Planificación Presupuesto, Máximo Bautista, por el sobreesfuerzo que supone elaborar unos presupuestos en una situación de incertidumbre incrementada desde el principio de la legislatura. A la falta de Presupuestos Generales del Estado en estos cuatro años, se añade que no existe el Plan Anual Presupuestario comprometido con la Unión Europea, y que se han convocado elecciones generales.

Ante el desconocimiento de los objetivos de estabilidad y deuda, el presupuesto se ha elaborado con un objetivo de déficit del -0,1% sobre el PIB, que coincide con el fijado para el conjunto de las comunidades autónomas en los acuerdos del Consejo de Ministros. Asimismo, al no haberse traspuesto a la normativa nacional el nuevo marco fiscal europeo vigente desde abril de 2024, el “Informe de Situación de la Economía Española 2026” fija la tasa de referencia que determina el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto en un 4% para 2027. Sin embargo, el Reino de España sí utiliza esta normativa europea, mucho más laxa, en sus relaciones con las instituciones europeas.

A nivel nacional, la convocatoria de elecciones para el próximo mes de noviembre mantiene la situación de prórroga presupuestaria desde 2024, que obliga al Gobierno de Canarias a reflejar en las cuentas solo las partidas recurrentes o ya previamente acordadas con Madrid (de las prorrogadas inicialmente ya han desaparecido más del 20%).

Principales magnitudes

El objetivo del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma (PGCAC) es fortalecer el escudo social de los ciudadanos, especialmente en las áreas de Sanidad, Servicios Sociales, Educación, Justicia y Seguridad, y acceso a la Vivienda. Para ello, la consejera se ha referido a las principales magnitudes del presupuesto que cuenta con una cifra total de 13.209 millones de euros, lo que supone un incremento de 717,6 millones, un 5,7% de crecimiento porcentual respecto al ejercicio en vigor si se incluyen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). El incremento asciende hasta los 1.161 millones de euros, si se descuenta el efecto de esta financiación adicional.  Respecto a la deuda, ascienda a 6.727 millones de euros, un 9,73% del PIB, muy por debajo del 13% permitido.

Los ingresos no financieros se incrementan un 8,5% mientras que la regla del gasto se sitúa en el 4%, lo que supone que la comunidad autónoma no pueda gastar en el bienestar de todos los canarios lo que ingresa. La inflación en Canarias se sitúa en el 3,1%, por debajo de la media española, que es del 4%.

En cuanto a las magnitudes macroeconómicas en las que se basa el Gobierno de Canarias para la elaboración del presupuesto, la comunidad autónoma estima un crecimiento del PIB del 1,1%, al estimar una pérdida de fuerza en el impulso económico de la comunidad autónoma. Respecto al empleo, se prevé una tasa de paro del 12,4%.

Condicionantes para la elaboración de los presupuestos

Como detalló la consejera ante los diputados, el presupuesto de 2027 viene muy determinado por el refuerzo de la acción social y dos cuestiones externas: el incremento salarial de los empleados públicos pactado entre el Gobierno de España y los sindicatos, y la desaparición de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

En cuanto a estas dos cuestiones externas, en la vertiente de gastos, este incremento retributivo acordado a nivel estatal es del 4,5%, con una variable adicional de 0,5% según la evolución del IPC. Esta circunstancia supone, junto al refuerzo del personal de áreas prioritarias como sanidad o educación, otros 500 millones para la comunidad autónoma, y que el gasto del capítulo I se eleve hasta el 42% del presupuesto total. Como bien ha apuntado la consejera, la comunidad autónoma no ha participado de esta negociación ni existe compromiso alguno por parte del Gobierno de España de transferencias para cubrir esta cantidad.

Respecto a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), hay que decir que su desaparición condiciona significativamente la comparación con el presupuesto inicial de 2026 respecto al inicial de 2027, en el que desaparecen casi 500 millones de euros de créditos para acciones por el MRR. Únicamente se mantienen en Vivienda y Servicios Sociales, por un importe de 49,5 millones de euros, que son las únicas áreas prorrogadas. Respecto al resto, el Estado no ha trasladado un criterio claro de reintegro de los recursos no aplicados en aquellos supuestos en que se ha cumplido con los hitos y objetivos, lo que puede afectar significativamente al cumplimiento de las reglas fiscales.

970 millones de incremento en políticas sociales

En lo que se refiere al presupuesto, el primer condicionante es el refuerzo de la acción social. Por este motivo, las actuaciones de relevancia social como Sanidad, Educación, Acción Social, Justicia y Seguridad, y acceso a la Vivienda canalizan casi el 83,3% del crecimiento total del presupuesto, descontando el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Esto significa que los servicios públicos de carácter básico se han reforzado con un incremento presupuestario inicial de 970 millones de euros.

Del porcentaje restante, los intereses de la deuda pública y la actualización de las competencias transferidas a los cabildos y ayuntamientos (Fondo Canario de Financiación Municipal) representa un 10%, lo que significa que el gasto no asociado a la presentación de servicios públicos, apenas supone el 6,7% del crecimiento presupuestario total, es decir, 78 millones.

El esfuerzo en estas áreas prioritarias se desglosa en un aumento de 429,8 millones de euros para Sanidad, un incremento porcentual de 9,1%, lo que supone que se superen, primera vez, los 5.000 millones de euros en esta área. A Educación, el presupuesto destina 260 millones más, lo que supone un incremento porcentual del 10,2% y 2.500 millones de presupuesto.

El presupuesto para Acción Social aumenta 201,5 millones (24,4%) hasta superar los 1.000 millones de euros; mientras que el incremento en Justicia y Seguridad es de un 15,2%, es decir, 41,9 millones de euros. Por su parte, para el acceso a la vivienda, el presupuesto contempla 37,1 millones de euros más, es decir, un incremento del 22,8%.

Destino por políticas

Respecto análisis por finalidad del gasto, se observan crecimientos por encima del crecimiento global del 5,7% en las políticas de Servicios Públicos básicos (12,4%), Producción y promoción de Bienes y Servicios sociales (10,2%) y Otras políticas (6,4%). Esto se debe al impacto de los órganos legislativos y las aportaciones a corporaciones locales (6,2%). Por el contrario, las caídas en las políticas de Desarrollo de los Sectores Productivos (42,6%) y Actuaciones sobre el Territorio (9%) se justifican en su totalidad por el efecto de los MRR.

Es decir, descontando el efecto del MRR, se da un crecimiento generalizado en todas las políticas, experimentándose los mayores en Servicios Públicos Básicos (15,2%), Producción y Promoción de Bienes y Servicios Sociales (10,8%) y Actuaciones sobre el Territorio (7,7%). Destacar el incremento en vivienda del 22,8% de recursos propios.

Ingresos

En cuanto a los ingresos, el incremento viene sustentado, principalmente, por los recursos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y, en menor medida, por los tributos propios y el bloque REF.

De estos ingresos, más del 70% corresponden al Sistema de Financiación Autonómica, cuya estimación para el presupuesto de 2027 ascienda a, prácticamente, 8.900 millones de euros. Otros 1.806 millones vienen a través del bloque del REF, mientras que, por tributos cedidos, lo hacen 689 millones de euros.

Las transferencias corrientes también aumentan por la inclusión, en la previsión inicial, de los fondos estatales derivados de la Ley de dependencia y de la subvención para la gratuidad del transporte público.

Medidas fiscales y tributarias

En relación a la política fiscal, el principal objetivo del Gobierno es proteger la renta disponible de los ciudadanos, una vez los servicios sociales están perfectamente financiados, de ahí que se vuelva a deflactar la tarifa autonómica del IRPF aplicable a la base liquidable general para adaptarla a la evolución del IPC. De esta manera se evita que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación, puedan repercutir negativamente en las familias y se traduzcan en una mayor presión fiscal. En palabras de la consejera, el objetivo es garantizar el mismo poder adquisitivo a los ciudadanos.

Respecto al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) se amplía el tipo cero en este impuesto a las prestaciones de servicios de alojamiento y alimentación prestadas por colegios mayores o menores y residencias de estudiantes. Esta medida busca equiparar las oportunidades de todos los estudiantes canarios, independientemente de su lugar de residencia y si necesitan trasladarse para realizar sus estudios.

También se prorroga la tributación excepcional y temporal de la importación y entrega de determinados bienes destinados a la actividad ganadera; así como la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo que se mantiene el mes de enero de 2027. A partir de febrero, esta bonificación se irá actualizando para ajustarla a la diferencia real de los precios de los combustibles en las islas no capitalinas frente a las capitalinas.

En cuanto a la Ley del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias, se regulan los límites a las exenciones y se incrementan los tipos impositivos de las modalidades para convergen con los tipos de Península, Baleares y la Unión Europea. Se fijan también los precios de referencia para la aplicación de los tipos incrementados a las nuevas modalidades.

Tesorería

La consejera se refirió al trabajo de la dirección general de Tesoro y Política Financiera, cuya política de endeudamiento ha permitido sortear de manera adecuada la subida constante de los tipos de interés. También se refirió a la credibilidad crediticia de Canarias, a quien la agencia de Standard & Poor’s ha otorgado la máxima calificación de A+ estable, por la confianza en la capacidad financiera de la comunidad autónoma.

Valoración final

Antes de la votación final, en la que han sido rechazadas las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox, Nueva Canarias y Partido Socialista, la consejera ha querido agradecer a los grupos que apoyan al gobierno y a los enmendantes, por su trabajo.

Sus últimas palabras han sido de tranquilidad a los ciudadanos porque, tal y como acredita la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), las cuentas de la comunidad autónoma están saneadas hasta el año 2.031.

Sin embargo, también advirtió del incumplimiento de España con la Unión Europea, y animó a todos los grupos a estar vigilantes ante esa preocupación con respecto a los fondos europeos y la utilización que el Gobierno de España ha hecho de ellos. Para la consejera, “si el Ministerio de Hacienda reconoce que el sobrante de estos fondos se ha destinado a otras partidas presupuestarias, no se debería pedir su devolución a las comunidades autónomas”.

La consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea inicia la tramitación del presupuesto ante la comisión

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha explicado esta mañana, en comisión parlamentaria, los presupuestos de la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea y de Presidencia.

En un repaso previo por las cuentas de la Comunidad Autónoma, ha resaltado que el objetivo principal es fortalecer el escudo social de los ciudadanos, especialmente en las áreas de Sanidad, Servicios Sociales, Educación y acceso a la Vivienda, a las que se destina el 83,3% del incremento presupuestario, 970 millones de euros.

Además, se ha referido al contexto de incertidumbre bajo el que se ha tenido que elaborar este presupuesto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en su informe sobre Canarias, habla de incertidumbre respecto a las reglas fiscales, ya que se desconoce el objetivo de estabilidad ni el objetivo de deuda. A esto hay que sumar la falta de Presupuestos Generales del Estado que hace que no se conozcan exactamente las partidas que corresponden a Canarias. Tampoco se conoce en qué momento se van a recibir las transferencias del Sistema de Financiación Autonómico, que suponen el grueso de los ingresos de la comunidad autónoma para poder prestar unos servicios públicos de calidad, y cuyo retraso supone una merma de 170 millones de euros al mes.

A este escenario, hay que sumar la finalización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el gasto que se deriva del incremento salarial pactado por el Gobierno de España con los sindicatos y que afecta significativamente al presupuesto al tener que destinar el 42% del total a salarios.

Presupuesto de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea

En el caso de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea el crédito inicial alcanza los 152,22 millones de euros.

En el capítulo de inversiones reales, el crédito asciende a 79,7 millones de euros, correspondientes a la construcción de los Edificios de Servicios Esenciales, cuyo ritmo de ejecución de obra ha disminuido. Por lo tanto, se ha ajustado el presupuesto a esa disminución del ritmo de la ejecución, provocada principalmente, por la dificultad de las empresas adjudicatarias para encontrar personal.

Los gastos corrientes en bienes y servicios aumentan un 8,1%, debido al incremento de los créditos destinados al pago de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI) de los edificios de la comunidad autónoma.

Las transferencias corrientes crecen un 3% hasta alcanzar los 356.000 euros debido al incremento de las transferencias a realizar a la Fundación Canarias para la Acción Exterior (FUCAEX), asociado al mantenimiento de la oficina de Bruselas.

En lo que respecta a las transferencias de capital se mantiene el importe de 3.600 euros del año vigente. También se mantienen los créditos en operaciones financieras. Esto incluye los créditos destinados a cubrir los riesgos de crédito de las Sociedades de Garantía Recíproca radicadas en Canarias para operaciones de financiación de la compra de suelo para la construcción de viviendas de protección pública o vivienda incentiva. Es una fórmula que, para la consejera, ha dado muy buenos resultados y a la que se destina en este presupuesto, 5 millones de euros.

Respecto a los gastos de personal, se mantiene prácticamente invariable con respecto a 2026, con 35,6 millones de euros. Esto se debe a que partidas que estaban dotadas, pero no han sido utilizadas, no se han incluido para poder utilizar estos fondos en otras necesidades urgentes.

Agencia Tributaria Canaria e Instituto Canario de Estadística

En cuanto a otros centros directivos, el presupuesto de la Agencia Tributaria Canaria se mantiene prácticamente en los mismos importes que en el ejercicio anterior, con un ligero crecimiento de 15.897 euros, hasta alcanzar los 64,2 millones de euros. Con este crédito inicial la ATC podrá cumplir con los objetivos establecidos en su planificación estratégica de gestión. Esto es, mejorar la gestión de sus recursos humanos y materiales, promover el cumplimiento voluntario y mejorar la asistencia a los contribuyentes, continuar con el impulso a la transformación digital y fortalecer el compliance en la Agencia Tributaria Canaria, con el fin de fomentar la transparencia, así como la calidad y mejora continua de la actividad y los servicios que presta. En este sentido, el capítulo de inversiones reales suma 16,9 millones de euros, con un crecimiento del 1,7% que se centra en la renovación del sistema de información tributaria.

En el caso del Instituto Canario de Estadística, incrementa sus dotaciones presupuestarias un 8,8% hasta alcanzar un crédito inicial de 7,05 millones de euros. Los créditos tienen por objeto la provisión de información estadística para los fines de la Comunidad Autónoma de Canarias, con independencia técnica y profesional y atendiendo a las singularidades del territorio. El incremento también va destinado a la mejora de las instalaciones técnicas y a la formación y divulgación, con la celebración de cursos y conferencias.

Presidencia del Gobierno, CES y Radiotelevisión Canaria

Presidencia del Gobierno cuenta para 2027 con un crédito inicial de 163,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,3% respecto a 2026. Este incremento se sustenta, principalmente, en los créditos dedicados a los compromisos de cumplimiento de la Agenda 20230 y a Promoción Económica. También crece el capítulo de inversiones reales hasta alcanzar los 31,1 millones de euros, para la mejora de las comunicaciones y la digitalización de los servicios públicos.

Respecto al Consejo Económico y Social, mantiene prácticamente sus dotaciones presupuestarias respecto a 2026, ya que presenta un incremento del 0,4% hasta alcanzar los 2,4 millones de euros. Se incrementa la partida dedicada a estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales.

En cuanto a Radiotelevisión Canaria, mantiene prácticamente inalteradas sus dotaciones presupuestarias para 2027, alcanzando los 60,91 millones de euros.

Corporaciones locales

Las transferencias a corporaciones locales se incrementan en 71,5 millones de euros, lo que supone un 7,3 % más respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar 1.056,5 millones de euros.

Las transferencias corrientes a las entidades de gobierno insulares por el traspaso de competencias y el Fondo Canario de Financiación Municipal ascienden a 808,77 millones de euros.

El capítulo de transferencias de capital, donde se incluye también el Fondo Canario de Financiación Municipal, crece hasta alcanzar los 247,3 millones de euros, lo que implica 14,8 millones de euros adicionales respecto al importe de 2026.

Otras consejerías

La sección 19 (Diversas Consejerías) recoge créditos que son imputables al conjunto del Gobierno o que se distribuyen a lo largo del ejercicio al no se posible imputarlos inicialmente a ningún departamento. Esta sección crece un 3,3% hasta sumar 260,4 millones.

Hacienda cumple con el plazo legal de remisión de las cuentas públicas al Parlamento de Canarias

La consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que dirige Matilde Asián, ha cumplido, por cuarto año consecutivo, con el plazo legal de remisión del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias al Parlamento antes del 1 de noviembre de cada año. Se inicia, de esta forma, la tramitación de las cuentas públicas de 2027 que, con una cifra total de 13.209 millones de euros, priorizan el gasto en políticas de índole social.

La elaboración del presupuesto se ha visto dificultada por la incertidumbre acumulada que supone la situación de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y, por ende, el desconocimiento de partidas importantes que afectan a Canarias. De hecho, de las partidas inicialmente asignadas y prorrogadas en 2023 han desparecido un 20%, lo que impide conocer con certeza qué partidas son las que llegarán a Canarias en cada ejercicio. Por otro lado, aunque sin efecto en la elaboración del presupuesto inicial, también el retraso en la actualización de las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), puede suponer dejar de percibir 170 millones de euros mensuales.

A nivel macroeconómico, la incertidumbre viene dada por la inestabilidad geopolítica y, principalmente, por la crisis de los combustibles

Además, el presupuesto para 2027 se ha realizado con cautela ante el marco de incertidumbre de magnitudes relevantes que afectan actualmente a Canarias. El Congreso los Diputados no aprobó los objetivos de estabilidad presupuestaria, por lo que, el presupuesto se ha elaborado con un objetivo de déficit del -0,1% sobre el PIB, que coincide con el fijado para el conjunto de las comunidades autónomas en los acuerdos del Consejo de Ministros. Asimismo, al no haberse traspuesto a la normativa nacional el nuevo marco fiscal europeo vigente desde abril de 2024, el “Informe de Situación de la Economía Española 2026” fija la tasa de referencia que determina el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto en un 4% para 2027.

Ante ambas situaciones, las previsiones del Gobierno de Canarias contemplan un crecimiento del PIB del 1,1%, al estimar una pérdida de fuerza en el impulso económico de la comunidad autónoma, y la previsión de la tasa de paro es del 12,4%.

Respecto a la deuda de la comunidad autónoma, la previsión del proyecto de Ley de Presupuesto la sitúa el próximo año en 6.727 millones de euros, es decir, el 9,73% del PIB, por debajo de los límites máximos permitidos.

Desaparición de MRR y subida salarial

El presupuesto de 2027 viene muy determinado por dos cuestiones: la desaparición de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y el incremento salarial de los empleados públicos pactado entre el Gobierno de España y los sindicatos.

Respecto a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), hay que decir que su desaparición condiciona significativamente la comparación con el presupuesto inicial de 2026 respecto al inicial de 2027, en el que desaparecen casi 500 millones de euros de créditos para acciones por el MRR. Únicamente se mantienen en Vivienda y Servicios Sociales, por un importe de 49,5 millones de euros. Esto provoca que el crecimiento del presupuesto del próximo año, incluyendo los fondos MRR, solo sea de una 5,7% (717,6 millones) frente al 9,7% (1.166,1 millones) si no se considerase esta financiación. Además, el Estado no ha trasladado un criterio claro de reintegro de los recursos no aplicados en aquellos supuestos en que se ha cumplido con los hitos y objetivos, lo que puede afectar significativamente al cumplimiento de las reglas fiscales.

Asimismo, en la vertiente de gastos el incremento retributivo acordado a nivel estatal es del 4,5%, con una variable adicional de 0,5% según la evolución del IPC. Esta circunstancia supone otros 500 millones para la comunidad autónoma, y que el gasto del capítulo I se eleve hasta el 42% del presupuesto total.

970 millones de incremento en políticas sociales

A pesar de ambas circunstancias, las actuaciones de relevancia social como Sanidad, Educación, Acción Social, Justicia y Seguridad, y acceso a la Vivienda canalizan casi el 83,3% del presupuesto, descontando el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Esto significa que los servicios públicos de carácter básico se han reforzado con un incremento presupuestario inicial de 970 millones de euros.

El esfuerzo en estas áreas prioritarias de carácter social se desglosa en un aumento de 429,8 millones de euros para Sanidad, un incremento porcentual de 9,1%. A Educación, el presupuesto destina 260 millones más, lo que supone un incremento porcentual del 10,2%. El presupuesto para Acción Social aumenta 201,5 millones (24,4%); mientras que el incremento en Justicia y Seguridad es de un 15,2%, es decir, 41,9 millones de euros. Por su parte, para el acceso a la vivienda, el presupuesto contempla 37,1 millones de euros, es decir, un incremento del 22,8%.

Inversión por islas

En cuanto al reparto del gasto por islas para inversiones, a Tenerife le corresponden 261,7 millones y a Gran Canaria, 249,2 millones de euros. A Fuerteventura se le asignan 110,2 millones de euros y a La Palma, 102,6 millones de euros. Les siguen Lanzarote, con 90,1 millones, La Gomera con 74,6 millones, El Hierro con 44,6 millones y La Graciosa, con 1,9 millones de euros.

Ingresos

En cuanto a los ingresos, el incremento viene sustentado, principalmente, por el incremento de los recursos asociados al Sistema de Financiación Autonómica (SFA) y, en menor medida, por los tributos propios y el bloque REF. Las transferencias corrientes también aumentan por la inclusión, en la previsión inicial, de los fondos estatales derivados de la Ley de dependencia y de la subvención para la gratuidad del transporte público.

Medidas fiscales y tributarias

En relación a la política fiscal, el principal objetivo del Gobierno es proteger la renta disponible de los ciudadanos, una vez los servicios sociales están perfectamente financiados, de ahí que se vuelva a deflactar la tarifa autonómica del IRPF aplicable a la base liquidable general para adaptarla a la evolución del IPC. De esta manera se evita que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación, puedan repercutir negativamente en las familias y se traduzcan en una mayor presión fiscal.

Respecto al Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) se amplía el tipo cero en este impuesto a las prestaciones de servicios de alojamiento y alimentación prestadas por colegios mayores o menores y residencias de estudiantes.

También se prorroga la tributación excepcional y temporal de la importación y entrega de determinados bienes destinados a la actividad ganadera; así como la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados combustibles derivados del refino del petróleo que se mantiene el mes de enero de 2027.

En cuanto a la Ley del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medidas Tributarias, se regulan los límites a las exenciones y se incrementan los tipos impositivos de las modalidades para convergen con los tipos de Península, Baleares y la Unión Europea. Se fijan también los precios de referencia para la aplicación de los tipos incrementados a las nuevas modalidades.

Por último, también se contemplan mejoras técnicas y modificaciones de menor calado en diversos tributos para dotar de mayor seguridad jurídica.

Consulta los presupuestos:

https://www.gobiernodecanarias.org/hacienda/planificacionypresupuesto/presupuestos/2027/index.html

En noviembre habrá nueva emisión de bonos de deuda pública apta para materializar dotaciones de RIC

Se trata de 100 millones de euros en bonos a cinco años con un tipo de interés nominal del 0,2 por ciento fijo anual

El plazo para participar en la oferta pública de suscripción comienza el 5 de noviembre y finaliza el 11 de noviembre

El Boletín Oficial de Canarias publica hoy la orden por la que se dispone la emisión de bonos de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias aptos para materializar las dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) en 2026 por importe de 100 millones de euros.

La modalidad de esta emisión será de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal fijo anual del 0,2 por ciento. Tal y como establece la autorización, el Gobierno de Canarias destinará la emisión a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento, o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario, o de rehabilitación de viviendas protegidas destinadas al arrendamiento en favor de personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias.

Plazo, suscriptores e importes

El plazo de la convocatoria de la oferta pública de suscripción de valores será del 5 al 11 de noviembre. Las entidades colocadoras no admitirán solicitudes de suscripción después de las 14:00 horas del último día señalado. La fecha de la emisión y desembolso será el 25 de noviembre de 2026. Previamente, se hará público el resultado de la colocación de la emisión.

El importe mínimo de las solicitudes de suscripción a formular por un mismo suscriptor será de 1.000 euros y los importes superiores deberán formularse en múltiplos enteros de esta cifra. El importe máximo de petición queda establecido en 5 millones de euros.

Se atenderán todas las peticiones que se ajusten a la previsión de adjudicación mínima de 50.000 euros o inferiores. Para el resto, en caso de que el total de peticiones exceda del importe ofertado, se seguirá el procedimiento de prorrateo.

Cualquier persona física o jurídica podrá concurrir a esta oferta formulando la correspondiente solicitud a través de las siguientes entidades colocadoras de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias autorizadas por la Dirección general  del Tesoro y Política Financiera: Arquia Bank, Banca March, Banco Bilbao Vizcaya, Banco Cooperativo Español (Cajasiete), Banco Santander, Bankinter, Cajamar, Caixabank, CBNK Banco de Colectivos, Kutxabank Investment, S.V. y Renta 4 Banco.

El folleto y las características de la emisión estarán disponibles en las entidades colocadoras y en la página web de la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea.

Antecedentes

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección general del Tesoro y Política Financiera, suscribió una emisión de estas características en 2024 por valor de 150 millones de euros y de 100 millones de euros en 2025.

El comité de seguimiento del programa del Fondo Social Europeo Plus se reúne en Lanzarote

Técnicos de la Comisión Europa y del Ministerio de Trabajo y Economía Social analizan la evolución del programa y verifican el progreso de los proyectos financiados en la región

El Fondo Social Europeo+ tiene como objetivo el fortalecimiento del empleo, la inclusión y la cohesión social entre las regiones europeas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Planificación y Presupuesto de la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, continúa impulsando la ejecución del programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, un instrumento clave de la política de cohesión de la Unión Europea destinado a mejorar las oportunidades de empleo, educación, inclusión social e igualdad en el archipiélago.

De los 525 millones de inversión total, el FSE+ aporta 446 millones (el 85%) y el resto, están cofinanciados por el Gobierno de Canarias. Hasta la fecha, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 49,45% a través de distintas iniciativas

Este año el comité técnico de seguimiento del programa se ha desplazado a Lanzarote para evaluar las necesidades y comprobar, de primera mano, el alcance de los proyectos auspiciados por fondos del FSE+ en la isla. El director general de Planificación y Presupuesto del Gobierno de Canarias, Máximo Bautista, ha agradecido la sensibilidad que el comité muestra siempre con Canarias y sus particularidades como territorio fragmentado y con unas características socioeconómicas muy marcadas.

Para Bautista, el FSE+ es primordial para el archipiélago al permitirnos avanzar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, sostenible y orientado a las personas, alineado con los objetivos de la Unión Europea y las necesidades específicas de Canarias.

Visita a proyectos cofinanciados en Lanzarote

La comitiva ha visitado el Centro de Salud de Tías para conocer el proyecto de salud mental domiciliaria que el Servicio Canario de Salud gestiona en la isla.  La salud mental es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la sociedad por lo que el programa busca favorecer la mejora en la calidad, equidad y accesibilidad, con objeto de rehabilitación y reinserción social de las personas con trastorno mental. Uno de los principales objetivos a conseguir es bajar la demora media en las primeras consultas de psiquiatría infanto-juvenil. Hasta 2029, el programa FSE+ prevé una dotación de 12,7 millones de euros en intervenciones de salud mental en todo el archipiélago.

Otro eje importante en el programa es el empleo, al que se destinan 122 millones de euros de inversión total, de la que 104 millones llega a través del Fondo Social Europeo Plus. El objetivo de mejorar el acceso al empleo de jóvenes, desempleados de larga duración y grupos vulnerables; al tiempo que se favorece la promoción del empleo por cuenta propia. Entre otras medidas, se promueven acciones de orientación y formación profesional para la adquisición de competencias básicas y profesionales.

Dentro de este objetivo, el FSE+ ha cofinanciado junto al Cabildo de Lanzarote la actuación `Juventud Activa II’, dentro del proyecto ‘Segunda Oportunidad’ del Servicio Canario de Empleo, que facilita la empleabilidad de jóvenes en riesgo de exclusión. En este contexto, los miembros del comité de seguimiento han visitado el Centro de Biodiversidad Agrícola de Lanzarote (CBAL), donde se forman jóvenes en agricultura sostenible y conservación de variedades agrícolas.

Las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera mantienen la bonificación al combustible en el último trimestre

Esta ayuda extraordinaria se fija en 20 céntimos por litro para La Palma, El Hierro y La Gomera hasta final del presente año

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias ha actualizado las cuantías de la bonificación extraordinaria y temporal al precio de determinados combustibles derivados del refino del petróleo, con la que se compensa el sobrecoste en el precio del combustible de las islas no capitalinas respecto a las capitalinas.

De este modo, para los meses de octubre, noviembre y diciembre, la bonificación se fija en 20 céntimos por litro para las islas de La Palma, El Hierro y La Gomera. La consejera Asián ha señalado que esta medida está prevista en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2026 y que su revisión trimestral permite adaptar la bonificación a la evolución de los sobrecostes del combustible.

Para el cálculo de la cuantía y las islas en las que se activa la bonificación en este período, se ha tenido en cuenta el diferencial de los precios del combustible de las islas no capitalinas respecto a Gran Canaria y Tenerife desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre pasados.

Si el precio de la gasolina 95 o del gasóleo A en una isla no capitalina es igual o superior en cinco céntimos por litro al precio medio registrado en las islas capitalinas, se activa la bonificación. Esta ayuda extraordinaria puede oscilar entre los cinco y los 30 céntimos por litro en función del diferencial de precios existentes en el período anterior tomado como referencia.

 

Canarias consolida su solvencia financiera y mantiene la calificación ‘A+’ con una perspectiva estable

La agencia Standard & Poor´s mantiene, en su último informe conocido en el día de hoy, la calificación crediticia en ‘A+’ con una perspectiva estable para la comunidad autónoma. El informe sitúa a Canarias entre las regiones con mejor perfil crediticio dentro del sistema autonómico, y respalda esa afirmación en un sólido desempeño presupuestario, una carga de deuda baja y en descenso, y una posición de robusta liquidez.

Para la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el informe supone un respaldo técnico externo a la política presupuestaria y financiera que viene desarrollando la comunidad autónoma desde principios de la legislatura.

Un modelo financiero sólido y sostenido en el tiempo

La agencia de calificación prevé que, durante el período de pronóstico 2026-2028, Canarias registre saldos operativos sólidos, por encima del 5% de los ingresos. Las previsiones apuntan a que esta tendencia continuará en los próximos años, gracias al mantenimiento de superávits presupuestarios y balances presupuestarios equilibrados.

A esto hay que sumar que la deuda del archipiélago en porcentaje sobre el PIB es la más baja de todas las comunidades autónomas de régimen común y la tendencia es que siga disminuyendo. Esta menor carga de deuda respalda el perfil crediticio de la CAC, al situarse en el 58% de los ingresos consolidados al cierre de 2025. La tendencia, según previsiones de la agencia crediticia, es que la deuda disminuya hasta el 53% de los ingresos consolidados en 2028.

Además, el perfil crediticio individual de Canarias (evalúa la solvencia intrínseca) se sitúa en ‘aa-’, lo que refleja una fortaleza superior a su calificación final, que se ve limitada por el rating otorgado al Estado (A+), que actúa como tope, según la metodología de la agencia de calificación S&P, no puede ser superado por ninguna comunidad autónoma de régimen común. De hecho, el informe asegura que la calificación de Canarias subiría, si se aumentara la de España.

Liquidez robusta y acceso sólido a financiación

El informe hace especial hincapié en la posición de liquidez de Canarias, que le permite acceder a los mercados financieros. Para S&P, el acceso de Canarias a los mercados de capitales es sólido, lo que le permite financiar sus necesidades de forma autónoma. Muestra de ello son las dos emisiones de bonos de deuda pública aptas para dotaciones de RIC (2024 y 2025) y el primer bono sostenible por importe de 500 millones de euros emitido en junio de este año. En todos los casos, la demanda superó considerablemente las cantidades licitadas.

Esta estrategia de financiación, permite a la comunidad autónoma afrontar con solvencia posibles tensiones de tesorería y mantener un acceso sólido a los mercados financieros, combinando financiación bancaria con emisiones de deuda propia.

La insularidad y la lejanía son dos de las dificultades que restan competitividad a la compra pública en Canarias

Un estudio encargado a la Universidad de La Laguna concluye que Canarias necesita adaptar su contratación pública a la realidad insular para ganar competencia, atraer empresas y mejorar resultados

La contratación pública es una herramienta estratégica para dinamizar el tejido productivo de las islas, mejorar servicios y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Sin embargo, a primera vista, las especiales circunstancias de las islas parecen minar el interés por las licitaciones regionales.

Para conocer la raíz del problema y buscar un diagnóstico, la consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea ha encargado a expertos de la Universidad de La Laguna un análisis comparativo de la contratación pública en Canarias entre 2016 y 2025. La conclusión central que se desprende del estudio firmado por Javier Mendoza Jiménez y Jorge García Sanabria, es que, efectivamente, la insularidad sí condiciona el funcionamiento de la contratación en las administraciones públicas canarias. Al problema geográfico se suma la evidencia de una combinación de menor competencia, presupuestos que no siempre reflejan los sobrecostes insulares, menor atracción de empresas externas, uso intensivo de criterios objetivos y diferencias internas entre islas capitalinas y no capitalinas.

Para la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el mensaje es claro: Canarias no compite en igualdad de condiciones. La lejanía, la fragmentación territorial, los costes logísticos y el tamaño del mercado reducen la concurrencia empresarial, y esa menor presión competitiva se traduce en menos ofertas, más licitaciones desiertas y menores descuentos sobre el presupuesto inicial. “Por eso, el objetivo es conseguir que en las instituciones europeas se reconozca la condición de las regiones ultraperiféricas, también en el ámbito de la contratación pública”.

Para el director general de Patrimonio y Contratación, Juan Domingo Cabrera, el estudio “Estado de la compra pública en Canarias” es un trabajo de notable valor, que destaca eminentemente por la novedad y originalidad de su metodología. El descenso al nivel de lote/contrato como unidad de análisis, el volumen de datos tratado (5,2 millones de registros procedentes de la plataforma de contratación del sector público española y 7,8 millones de la plataforma de la UE), la aplicación de diferentes test estadísticos y la comparación multinivel (España, Unión Europea, regiones ultraperiféricas, Macaronesia e intra Canarias) sitúan el análisis realizado por encima de la práctica habitual en este tipo de trabajos.

Como ha explicado Javier Mendoza, si se comparan los datos de concurrencia en Canarias con los de la Península, se evidencia que la competencia es menor en las islas con 2,89 ofertas por contrato frente a las 5,04 que registra una oferta pública en la Península; es decir, la diferencia es un 42,7% inferior. A esto hay que añadir que el 8,93% de las licitaciones quedan sin adjudicar en Canarias, frente al 7,65% del resto de España. Respecto a las bajas, la baja media es del 12,12% frente al 16,24% peninsular; lo que se traduce en un 25% menos de ahorro para las administraciones canarias.

Además, otros datos relevantes son la menor presencia de pymes como adjudicatarias de los procedimientos públicos en Canarias, que representan el 53,98% de las adjudicaciones, una cifra menor a la de otras regiones comparables y de Baleares. La escasa competencia exterior supone que solo el 0,79% de los adjudicatarios son transfronterizos, frente al 6,10% de la Unión Europea continental. También se aprecia una brecha entre islas, ya que las islas no capitalinas apenas alcanzan 2,23 licitadores por contrato y dependen en un 92,08% de criterios objetivos.

La comparación europea también refuerza esta idea. Canarias presenta menos ofertas que la UE continental, menos participación transfronteriza y peores registros que la mayoría de las regiones ultraperiféricas. Sin embargo, el informe también muestra que el problema no es inevitable, ya que otras regiones insulares o ultraperiféricas obtienen mejores resultados cuando existen condiciones que favorecen la participación empresarial.

Para Matilde Asián, “el reto no consiste en licitar más, sino en licitar mejor, además de promover un marco europeo que reconozca la singularidad de las regiones ultraperiféricas en contratación pública”. Tal y como se desprende del informe, es necesario ajustar los presupuestos a la realidad insular, introducir criterios que valoren la calidad y la innovación, mayor profesionalización de compradores y empresas, y medidas que reduzcan las barreras de entrada para operadores locales, nacionales y europeos.

La mejora de la compra pública en Canarias exige una respuesta integral, que reste peso a las dificultades geográficas actuando simultáneamente sobre la competencia, los presupuestos, los criterios de adjudicación, la capacitación institucional y la atracción de empresas. “Adaptar la contratación pública a la realidad insular es una condición para obtener más participación, mejores ofertas y mejores servicios públicos”, asegura el director general de Patrimonio y Contratación, Juan Domingo Cabrera.

Cabrera también ha destacado la importancia de este trabajo, de gran valor no solo para Canarias sino para el resto de las regiones españolas. En ese sentido, hay que resaltar la colaboración entre administraciones públicas autonómicas y la celebración del V Encuentro Autonómico de Contratación Pública que tendrá lugar en Tenerife los próximos 12 y 13 de noviembre. Bajo el lema “Gobernanza y cooperación para una contratación íntegra, eficiente y estratégica” será el punto de encuentro de comunidades y ciudades autónomas para seguir profundizando y mejorando en la contratación pública.