La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias la orden por la que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular e insular de viajeros residentes en Canarias, dotada con 32,2 millones de euros para el ejercicio 2026, estableciendo los plazos y procedimientos para el reembolso de las cantidades bonificadas por las empresas navieras correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y al primer, segundo y tercer trimestre de 2026.

En este sentido, la orden establece que las solicitudes de reembolso deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, mediante los modelos normalizados habilitados al efecto. En el caso de las compensaciones correspondientes al cuarto trimestre de 2025, el plazo de presentación será de un mes desde la publicación de la orden, mientras que las solicitudes relativas al primer, segundo y tercer trimestre de 2026 deberán presentarse dentro del mes siguiente a la finalización de cada trimestre.

El crédito consignado para esta línea de actuación en los Presupuestos Generales de Canarias para 2026 asciende a 32,2 millones de euros, con carácter ampliable, garantizando la continuidad del sistema de compensaciones que permite a las compañías navieras recuperar las cantidades descontadas a los viajeros residentes y reforzar la conectividad entre islas.

En el sistema de bonificaciones al transporte marítimo de residentes coexisten las ayudas estatales y autonómicas. La normativa estatal establece, con carácter general, una bonificación del 50% en los trayectos directos entre Canarias y el resto del territorio nacional, así como una bonificación del 50% en los viajes interinsulares. Sobre esta base, Canarias aplica una bonificación complementaria del 25% en los trayectos interinsulares, de modo que el descuento total para los residentes puede alcanzar hasta el 75% del precio del billete, así como una bonificación del 75% en los trayectos insulares en la isla de La Gomera.

Con esta actuación, el Ejecutivo continúa garantizando la aplicación efectiva de las bonificaciones al transporte marítimo interinsular e insular de viajeros residentes en Canarias, una herramienta clave para facilitar la movilidad cotidiana de la ciudadanía, mejorar la cohesión territorial y asegurar la igualdad de oportunidades en todo el Archipiélago.

Pablo Rodríguez defiende que la presencia de Canarias en los órganos de decisión no responde a una cuestión representativa, sino a la necesidad de influir en las decisiones estratégicas que afectan a la conectividad del archipiélago

El Ejecutivo insiste en el cumplimiento del artículo 161 del Estatuto de Autonomía y advierte de que cualquier incremento de tasas repercute directamente en el precio de los billetes y en la conectividad de las islas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha defendido hoy en el Parlamento de Canarias la necesidad de garantizar la participación efectiva de la Comunidad Autónoma en las decisiones estratégicas que afectan al sistema aeroportuario del archipiélago, dada su condición de infraestructura esencial para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

Durante su intervención, el consejero ha recordado que la red de aeropuertos canarios constituye un elemento determinante para la movilidad de la ciudadanía, el acceso al empleo, la formación y los servicios, así como para el desarrollo económico de las islas, subrayando que cualquier decisión que afecte a su planificación o funcionamiento incide directamente en la conectividad real del territorio.

Rodríguez ha insistido en que “no se trata de reclamar un asiento en el Consejo de AENA ni de asumir en exclusiva la gestión de los aeropuertos de interés general, como han planteado otras comunidades autónomas, sino de desarrollar en las Cortes Generales lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Canarias, de modo que las instituciones canarias puedan participar de forma efectiva en la planificación, programación y gestión aeroportuaria, aportando su conocimiento del territorio y contribuyendo a orientar las decisiones estratégicas hacia la protección de la conectividad, la cohesión social y el desarrollo económico del archipiélago”.

En este sentido, ha reiterado la exigencia de avanzar en el desarrollo del artículo 161 del Estatuto de Autonomía de Canarias, “que reconoce el derecho de Canarias de participar en la gestión de los aeropuertos de interés general, planteando un modelo de gobernanza que permita a Canarias conocer con antelación los planes de actuación, formular propuestas y participar en los procesos de decisión que afectan directamente al territorio”.

El consejero ha recordado asimismo que el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) contempla inversiones superiores a los mil millones de euros para la modernización de infraestructuras aeroportuarias en las islas, una planificación que, ha señalado, “refuerza aún más la necesidad de que Canarias participe activamente en la definición de las prioridades de inversión y en la toma de decisiones estratégicas que condicionarán el sistema aeroportuario durante los próximos años”.

Finalmente, Rodríguez ha indicado la preocupación del Ejecutivo ante la subidas de tasas aeroportuarias, advirtiendo de que “cualquier incremento repercute directamente en el precio de los billetes y, en consecuencia, en la conectividad de las islas”, insistiendo en la necesidad de adoptar decisiones que tengan en cuenta la singularidad territorial del archipiélago.

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Canarias y el Estado acuerdan reuniones técnicas mensuales para agilizar la financiación de la gratuidad del transporte en 2025 y 2026

El Gobierno de Canarias y los cabildos crean una mesa técnica para coordinar la gestión jurídica, económica y administrativa del sistema de financiación

La Consejería y las administraciones insulares avanzan en el desarrollo de un prototipo tecnológico del título único, paso previo a su futura implantación en el archipiélago

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha explicado hoy, durante la Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre en Canarias, que el Ejecutivo ha reforzado la coordinación institucional con los cabildos insulares y el Ministerio de Transportes con el objetivo de agilizar la llegada de los fondos estatales destinados a la gratuidad del transporte público y mejorar la planificación de la financiación prevista para los ejercicios 2025 y 2026.

Fernández ha destacado que el Gobierno de Canarias ha logrado el compromiso del Ministerio de mantener reuniones técnicas mensuales para abordar las singularidades del sistema de transporte en Canarias, lo que permitirá anticipar los trámites administrativos necesarios y mejorar la previsión de los pagos correspondientes a la gratuidad del transporte. En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo trabaja ya con los cabildos para adelantar la documentación requerida y acelerar tanto la justificación de los 32 millones de euros que corresponden al 2025 como la tramitación de las transferencias previstas para 2026, estimadas en torno a 78 millones de euros, con el objetivo de que puedan abonarse con mayor antelación que en ejercicios anteriores.

Asimismo, la directora general ha anunciado la creación de una mesa técnica específica con los cabildos insulares destinada a coordinar los aspectos jurídicos, económicos y administrativos vinculados a la financiación del sistema, “evitando demoras asociadas a la periodicidad de las convocatorias formales de la mesa interadministrativa”.

Impulso al título único

Durante la reunión también se abordaron los avances en la implantación del título único del transporte público, una herramienta que permitirá que el bono residente canario, con independencia de la isla de emisión, sea válido en todo el archipiélago. Para ello, “el Gobierno de Canarias pondrá en marcha este año un prototipo tecnológico financiado con una inversión de 1.103.000 euros transferidos a los cabildos en diciembre, que facilitará el desarrollo del sistema de compensaciones entre administraciones necesario para su implantación definitiva”.

Avances en la regulación del taxi

En el marco de la Mesa del Taxi celebrada durante la jornada, la Dirección General ha avanzado en el desarrollo de la tarifa única canaria y en la posible implantación de proyectos piloto de tarifa plana entre áreas metropolitanas y aeropuertos. “La Administración y el sector han intercambiado ya documentos de trabajo y la negociación se centrará en acordar la valoración económica de estas herramientas con el objetivo de iniciar su aplicación progresiva a lo largo de este año”, ha concluido Fernández.

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El Gobierno de Canarias acredita con el piloto ‘San Mateo en Ruta’ la eficacia del transporte a la demanda en entornos rurales y dispersos

La demanda se ha consolidado mes a mes hasta alcanzar 487 servicios analizados y una media de 11,47% servicios diarios
El 70% de las personas usuarias se inscribieron el primer mes. El 20,6% de las personas usuarias utiliza el servicio de forma habitual
El 64,4% de los servicios se ha concentrado en los barrios donde el transporte convencional ha resultado insuficiente, lo que ha justificado técnicamente el modelo de transporte a la demanda

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, la alcaldesa de Vega de San Mateo, Davinia Falcón, y la directora de la Fundación Nos Movemos, Rosa Martín, han presentado las conclusiones del proyecto piloto ‘San Mateo en Ruta: Transporte Inteligente’, una experiencia de transporte a la demanda que ha permitido comprobar, en condiciones reales, la validez de este modelo como herramienta complementaria dentro de la planificación pública de la movilidad en entornos rurales y dispersos.

En este sentido, han dado a conocer los resultados del periodo de evaluación desarrollado entre octubre de 2025 y enero de 2026, un intervalo considerado técnicamente suficiente para extraer conclusiones estratégicas sobre la aplicación del transporte a la demanda en Canarias.

María Fernández ha recordado que “este proyecto nació en octubre como una herramienta experimental para dar respuesta a un problema muy concreto: garantizar la movilidad en entornos rurales y dispersos donde el transporte regular no podía ofrecer una solución eficaz”, subrayando que la movilidad es un pilar del Estado del Bienestar, porque permite a la ciudadanía acceder a la sanidad, la formación y la vida en sociedad, y que en territorios con baja densidad poblacional es responsabilidad de las administraciones corregir las desigualdades que genera la propia orografía.

Asimismo, ha destacado que, tras estos meses de evaluación, “el piloto ha demostrado que cada servicio prestado es un trayecto menos en vehículo privado, contribuyendo no solo a la conectividad de los barrios periféricos, sino también a la descongestión de los principales corredores viarios de la isla”, señalado que “actuar en origen, ofreciendo alternativas reales al coche particular, tiene un impacto directo en la mejora global de la movilidad”.

Fernández ha afirmado, además, que lo que comenzó como una herramienta digital “se ha convertido en un cambio de modelo en la planificación de la movilidad pública en Canarias”. Con datos técnicos ya contrastados, ha asegurado que este sistema es replicable en otros municipios con características similares y ha avanzado que la Dirección General acompañará a aquellos ayuntamientos que quieran incorporarlo como parte de su estrategia de movilidad sostenible.

Por su parte, la alcaldesa Davinia Falcón ha explicado que el servicio ha supuesto una solución real para barrios dispersos como La Yedra, Las Lagunetas y La Lechucilla, donde el acceso a consultas sanitarias, actividades formativas o deportivas ha dependido en muchos casos de disponer de vehículo propio o de terceros. Ha señalado que el proyecto ha significado autonomía para muchas personas y cohesión territorial efectiva para el municipio.

Asimismo, la directora de la Fundación Nos Movemos, Rosa Martín, ha detallado que el análisis técnico del piloto ha permitido medir con precisión el comportamiento de la demanda, la eficiencia operativa del servicio y su capacidad para dar respuesta allí donde el transporte convencional resulta insuficiente.

Aceptación y uso habitual del servicio

En esta línea, ha explicado que los datos técnicos expuestos han confirmado la aceptación y utilidad del sistema. Durante el periodo analizado se han registrado 272 personas, y el 20,6% de los usuarios ha utilizado el servicio de forma habitual.

La evolución de la demanda ha reflejado una integración progresiva del servicio en la movilidad cotidiana: se han realizado 10 servicios en octubre, 140 en noviembre, 133 en diciembre y 162 en enero. En total, se han analizado 487 servicios, con una media de 11,47% servicios diarios y una tasa de repetición del 100%, indicadores que han evidenciado estabilidad operativa y fidelización de las personas usuarias.

Desde el punto de vista de la eficiencia, la ocupación media ha alcanzado 1,75 personas por trayecto, con viajes compartidos de hasta cinco personas, lo que ha demostrado un uso optimizado de la flota y de los recursos públicos. Además, el 64,4% de los servicios se ha concentrado en los barrios donde el transporte convencional ha resultado insuficiente, lo que ha justificado técnicamente el modelo de transporte a la demanda.

Una herramienta para garantizar el acceso a servicios básicos y la igualdad de oportunidades

Los principales motivos de desplazamiento registrados han sido sanitarios, formativos y deportivos, lo que ha reforzado el papel del proyecto como herramienta para garantizar el acceso a servicios básicos y la igualdad de oportunidades en zonas de baja densidad poblacional.

Las conclusiones del informe han apuntado a la validez del transporte a la demanda en entornos rurales, su contribución a la cohesión territorial y su alta aceptación social, en línea con la planificación de la movilidad sostenible.

Para concluir, la directora general de Transportes y Movilidad ha añadido que este estudio “no solo valida el éxito del transporte a la demanda, sino que aporta una conclusión aún más relevante para la planificación pública: los datos evidencian que el modelo clásico de transporte regular, incluso con vehículos más pequeños, resulta menos sostenible desde el punto de vista económico y medioambiental que un sistema flexible ajustado a la demanda real”.

En este sentido, ha explicado que este servicio evita vehículos circulando sin ocupación, reduce emisiones y optimiza recursos públicos, y que, además, los hábitos de uso de la ciudadanía demuestran un comportamiento responsable, concentrado en desplazamientos sanitarios y gestiones administrativas, especialmente en días clave como martes y miércoles. “Los datos no solo confirman que este modelo funciona, sino que nos indican con claridad que es una solución más eficiente y sostenible que las alternativas tradicionales, y que viene a complementarlas de forma inteligente dentro de la planificación de la movilidad”, ha concluido.

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Transportes, Puertos Canarios y Seguridad coordinan el desarrollo del futuro acuerdo que permitirá actuaciones conjuntas de inspección y vigilancia

El convenio se firmará próximamente por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y la consejera de Presidencia

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, y el director general de Seguridad del Gobierno de Canarias, David del Pino, han mantenido una reunión de trabajo en la que han avanzado en el desarrollo de un convenio de cooperación que permitirá reforzar la coordinación operativa entre ambas áreas para el control de la navegación de recreo en Canarias.

Durante el encuentro, los responsables han trabajado sobre el contenido técnico y operativo del futuro acuerdo, que articulará la colaboración entre la Dirección General de Transportes y Movilidad, el ente público Puertos Canarios y la Dirección General de Seguridad, a través del Cuerpo General de la Policía Canaria, para intensificar las labores de inspección, vigilancia y control en puertos deportivos, zonas litorales y espacios donde se desarrollan actividades náuticas recreativas.

María Fernández ha explicado que este acuerdo “parte directamente de nuestro Estatuto de Autonomía y del desarrollo competencial que Canarias tiene reconocido en materia marítima y de seguridad, especialmente tras la ampliación recogida en el artículo 160 en 2018”. En este sentido, ha subrayado que “ya era el momento de situar a la Policía Autonómica en el centro de la operatividad y la vigilancia de nuestras costas, puertos y actividad marítima”.

En la reunión se han definido los mecanismos de coordinación que permitirán actuaciones conjuntas sobre embarcaciones de recreo y motos náuticas, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad marítima, titulaciones náuticas, matriculación, seguros obligatorios y condiciones técnicas de navegación, así como la detección de posibles actividades clandestinas vinculadas al transporte marítimo de pasajeros o al alquiler irregular de medios náuticos.

Fernández ha destacado además que este convenio “supone la primera piedra de un marco real de cooperación y coordinación entre administraciones para ejercer de forma efectiva estas competencias”, y ha adelantado que el futuro convenio se apoyará en un aplicativo tecnológico que permitirá “modernizar el sector, conocer con precisión qué operadoras y qué medios náuticos están actuando, discriminar y contrastar información entre administraciones y dar un salto cualitativo y cuantitativo en el control de nuestras costas, algo absolutamente necesario en un territorio insular como Canarias”.

Asimismo, David del Pino ha indicado que durante el encuentro “se ha abordado la planificación de operativos coordinados en puertos canarios y zonas costeras, el intercambio de información entre ambas áreas y el apoyo policial a las inspecciones administrativas que se desarrollen en el ámbito portuario y litoral, con especial atención a la prevención de riesgos para las personas y a la protección del medio marino”.

“Los equipos técnicos también han trabajado en la definición de los canales de comunicación, la formación específica del personal policial en normativa marítima y portuaria autonómica, y la organización de un sistema de seguimiento conjunto que permita evaluar periódicamente los resultados de las actuaciones”, ha añadido el director general de Seguridad.

Por su parte, José Gilberto Moreno ha puesto el acento en “la importancia de vincular las competencias de seguridad a la realidad de las infraestructuras portuarias de titularidad autonómica”. Moreno ha recordado que Puertos Canarios gestiona 52 instalaciones entre puertos deportivos, refugios pesqueros y puertos de interés general, “clave para la conectividad interinsular y la operativa diaria de miles de canarios y canarias”, y ha asegurado que “contar con un marco coordinado de vigilancia y seguridad en estos espacios refuerza las propias competencias de la comunidad autónoma y garantiza una mayor protección de nuestras conexiones marítimas”.

Este convenio, que se encuentra en fase avanzada de elaboración, se firmará próximamente por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y establecerá un marco estable de cooperación para garantizar que la actividad náutica recreativa en Canarias se desarrolle con mayores niveles de seguridad, control y calidad.

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Este año entrará en escena un nuevo protocolo para agilizar la retirada de vehículos en el caso de incidentes en la GC-1

El cuarto carril de Bocabarranco a La Mareta estará adjudicado antes del verano y primará la reducción de plazos y el acceso a La Pardilla

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, y la Jefatura Provincial de Tráfico han firmado hoy con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) un protocolo de colaboración en materia de movilidad sostenible, transporte e innovación que prevé, entre otras medidas, la entrada horaria escalonada del alumnado y el conjunto de la comunidad universitaria a partir del próximo curso. 

El documento traza una hoja de ruta para mejorar la movilidad, optimizar el transporte, reducir el impacto ambiental y reforzar la seguridad vial en la isla y fue suscrito esta mañana por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la jefa provincial de la Dirección General de Tráfico, Eva Canitrot; y el rector de la ULPGC, Lluís Serra.

Esta iniciativa es fruto de los contactos con distintos agentes mantenidos en el marco del grupo de trabajo formado hace nueve meses para mejorar el tráfico en Gran Canaria y en particular en la GC-1, una de las vías con mayor densidad de tráfico del país, y de la que forman parte Cabildo, Gobierno de Canarias, DGT y Ayuntamiento de Telde.

Actualmente, la estructura horaria generalizada contempla el acceso y salida del alumnado y el profesorado universitario entre las 08.00 y las 14.00, mientras que el objetivo es escalonarlo con entradas y salidas una hora más tarde. La mitad de la comunidad universitaria se concentra en el Campus de Tafira, aunque la medida se extenderá también a las instalaciones del Obelisco y San Cristóbal.

El Gobierno de Canarias financiará un estudio de movilidad, promoverá la coordinación interadministrativa y apoyará proyectos piloto innovadores, mientras que la ULPGC actuará como agente tractor de conocimiento, aportando estudios y asesoramiento técnico, además de colaborar en proyectos de innovación aplicada. En base al acuerdo, a Tráfico le corresponde facilitar datos sobre siniestralidad e intensidad del tráfico, prestar apoyo en campañas de seguridad vial y asesorar en la ordenación del tráfico.

Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria ha señalado que dará un nuevo impulso al uso del coche compartido financiando la aplicación digital, que incorporará en breve nuevos incentivos. Además, y en coordinación con Sagulpa y la propia Universidad, aportará financiación para actuaciones que mejoren la movilidad interna, centrada en la micromovilidad en bicicleta o patineta, gratuita para quienes se trasladen al campus de Tafira en transporte colectivo.

Igualmente, las partes firmantes exponen en el protocolo un diagnóstico común de la situación: la orografía, la alta densidad de población y la preeminencia del vehículo privado (utilizado en el 69% de los desplazamientos) han llevado a un sistema ineficiente. Los conductores pierden una media de 44 horas anuales en atascos y el 85% de los viajes se realizan con solo uno o dos ocupantes, agravando la congestión, la siniestralidad y las emisiones contaminantes.

Para supervisar la aplicación del protocolo, se creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación con representantes de todas las partes, que tomará sus decisiones por unanimidad.

Cuarto carril y experiencia piloto para la retirada de vehículos

Por otro lado, en la rueda de prensa posterior al grupo de trabajo, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, detalló que las empresas interesadas pueden presentar sus propuestas para la creación del cuarto carril entre Bocabarranco y La Mareta, en sentido tanto norte como sur, licitado el pasado año, hasta el día 11 de febrero. La previsión es adjudicar la obra y formalizar el contrato antes del verano, señaló.

Comentó también que el plazo de ejecución inicialmente previsto es de 12 meses, si bien los pliegos del concurso recogen dos variables que suman puntos para las propuestas, una de ellas vinculada a la reducción de la duración de los trabajos y una segunda con la puesta en servicio prioritaria del nuevo acceso a La Pardilla para primar que esté concluida lo antes posible y antes en cualquier caso de que finalice el conjunto de la obra.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria avanzó que este año entrará en escena como proyecto piloto en Canarias el demandado protocolo para agilizar la retirada de vehículos, el cual será implementado por la Jefatura Provincial de Tráfico, tomando como base el trabajo realizado previamente por las corporaciones insulares, tanto de Gran Canaria como de Tenerife.

En el caso concreto de Gran Canaria, Antonio Morales explicó que el Gobierno de la isla tiene previsto asumir el coste de las grúas que intervendrán en caso de incidentes y que los detalles de la iniciativa, caso del número de unidades, los horarios o el área que abarcará la media, todavía deben concretarse y serán presentados a la ciudadanía una vez se definan.

Haciendo un balance general de las medidas del grupo de trabajo, Morales explicó que la entrada en servicio del cuarto carril provisional entre Bocabarranco y La Pardilla se ha traducido en una disminución considerable de la siniestralidad, así como en una reducción del 32% de las retenciones.

El Ejecutivo concede una aportación adicional de 48.222,08 euros al Cabildo para financiar la construcción de la parada preferente de guaguas de Costa Teguise con fondos Next Generation EU

La actuación se integra en una inversión global que supera los 2,25 millones de euros y que permitirá contar con una infraestructura moderna destinada a reforzar la intermodalidad y el uso del transporte público en uno de los principales núcleos turísticos y residenciales de la isla

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha concedido una aportación dineraria adicional de 48.222,08 euros al Cabildo Insular de Lanzarote para financiar la construcción de la parada preferente de guaguas de Costa Teguise.

Esta aportación permite compensar los fondos propios adelantados por la institución insular para garantizar la ejecución completa de la infraestructura, que forma parte de una actuación estratégica de movilidad sostenible incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través del mecanismo Next Generation EU.

La actuación se integra en una inversión global que supera los 2,25 millones de euros y que permitirá dotar a Costa Teguise de una infraestructura moderna destinada a mejorar el transporte colectivo de viajeros y la calidad del espacio urbano, reforzando la intermodalidad y el uso del transporte público en uno de los principales núcleos turísticos y residenciales de Lanzarote.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha subrayado que “con esta aportación adicional garantizamos la finalización íntegra de una infraestructura clave para la movilidad sostenible en Lanzarote, cumpliendo los hitos y objetivos exigidos por Europa y respaldando el esfuerzo económico realizado por el Cabildo”.

Fernández ha destacado asimismo que “la parada preferente de Costa Teguise es un ejemplo de cómo los fondos europeos pueden traducirse en mejoras reales para la ciudadanía, apostando por un transporte público más eficiente, accesible y alineado con la transición ecológica”.

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El Ejecutivo concede una aportación adicional de 234.100 euros al Cabildo de La Palma que permitirá completar la financiación del proyecto de adquisición de guaguas sostenibles y reforzar el transporte público insular con fondos Next Generation 

Con esta financiación, el proyecto alcanza una inversión total de 3,39 millones de euros, destinada a la incorporación de 13 vehículos sostenibles a la red de transporte público regular de la isla

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha concedido una aportación dineraria adicional de 234.100 euros al Cabildo Insular de La Palma para completar la financiación del proyecto de adquisición de guaguas sostenibles para el transporte público insular, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation. 

Esta aportación permitirá compensar los fondos propios adelantados por la corporación insular para la adquisición de una nueva guagua de tecnología sostenible, no prevista inicialmente, con el objetivo de culminar la renovación de la flota y cumplir los hitos y objetivos establecidos por el PRTR antes del cierre del ejercicio.

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha subrayado que “esta aportación adicional refleja el compromiso del Gobierno de Canarias con una movilidad pública más limpia, eficiente y adaptada a la realidad insular, reforzando el transporte colectivo como eje vertebrador de la cohesión territorial”. Asimismo, ha destacado que “La Palma es un ejemplo de buena gestión de los fondos europeos, orientados a mejorar el servicio a la ciudadanía y a reducir la huella ambiental del transporte”.

Con esta financiación, el proyecto alcanza una inversión total de 3,39 millones de euros, destinada a la incorporación de 13 vehículos sostenibles a la red de transporte público regular de la isla, lo que supone una mejora significativa de la capacidad y calidad del servicio, además de un avance en la modernización del sistema de movilidad insular.

La actuación se enmarca en la estrategia del ejecutivo para impulsar una movilidad sostenible, alineada con los objetivos europeos de descarbonización y transición ecológica, y refuerza la colaboración institucional entre el Gobierno de Canarias y los cabildos insulares para la ejecución eficaz de los fondos europeos.

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La actuación, cofinanciada por la Unión Europea a través del programa FEDER 2021-2027, permitirá acondicionar una parada intermodal y crear aparcamientos disuasorios en la isla

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, destina 183.210,92 euros para reforzar el transporte intermodal en La Palma. Se trata de la primera actuación de la nueva línea de subvenciones PMIS (Planes de Movilidad Insular Sostenible), creada tras el éxito de los PMUS (Planes de Movilidad Urbana Sostenible), y financiada por la Unión Europea a través del programa FEDER 2021-2027.

La ayuda se concede al Cabildo Insular de La Palma en el marco de la Convocatoria de Subvenciones en Régimen de Concurrencia Competitiva y con carácter plurianual, con inicio en el año 2025, destinada a la ejecución, ampliación y mejora de infraestructuras que promuevan el transporte intermodal por parte de los cabildos insulares.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha destacado que “esta primera actuación de los PMIS orienta los fondos europeos hacia proyectos concretos que mejoran la calidad del transporte público y refuerzan la intermodalidad en las islas. Adaptamos las infraestructuras a un modelo de movilidad sostenible, promoviendo el uso combinado del transporte público, la bicicleta, los desplazamientos peatonales y el vehículo privado, reduciendo la presión sobre la red viaria y aumentando la seguridad”.

El proyecto se desarrollará en un tramo concreto de la carretera LP-1, en el entorno del Barranco de La Galga, dentro del municipio de Puntallana. La actuación abarca una superficie aproximada de 1.413,43 m² e incluirá la creación de una parada de transporte público con marquesina, la habilitación de un aparcamiento disuasorio conectado mediante plataforma segura a la parada y a la Oficina de Información Ambiental Cubo de La Galga. Asimismo, se llevarán a cabo también actuaciones para el suministro y colocación de luminarias en la zona para la correcta iluminación del entorno.

La infraestructura busca fomentar la intermodalidad entre vehículos privados, transporte público y peatones, mejorar la accesibilidad al transporte público, reducir la congestión en la LP-1 y promover un modelo de movilidad sostenible, especialmente en períodos de alta afluencia turística.

En este sentido, la Oficina de Información Ambiental Cubo de La Galga, ubicada en el municipio de Puntallana, es una zona estratégica, ya que se trata de una infraestructura insular que atrae un elevado número de visitantes diariamente, el comienzo del sendero que lleva su nombre, que a su vez es uno de los puntos de acceso más importantes al espacio natural de Los Tilos y a varias rutas de senderismo de alto atractivo turístico en la isla, y el núcleo poblacional de San Bartolomé.

El proyecto se enmarca en el Eje 2, sub-eje IV de la convocatoria de subvenciones, centrado en la promoción de la multimodalidad mediante nuevas infraestructuras de transporte terrestre. Esta actuación refuerza la cohesión territorial, mejora la calidad de vida de la ciudadanía y sienta las bases para futuras intervenciones de los PMIS en Canarias, consolidando un modelo de movilidad eficiente, seguro y sostenible en territorios insulares.

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Las aportaciones se distribuirán entre los cabildos insulares y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para asegurar la estabilidad financiera del sistema desde el inicio del ejercicio

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, que dirige María Fernández, ha autorizado el abono anticipado de las aportaciones dinerarias destinadas a financiar el sistema de transporte terrestre público regular de viajeros durante el año 2025, por un importe total de 125,5 millones de euros.

Esta medida permitirá garantizar la continuidad y el correcto funcionamiento del transporte público en todas las islas desde el comienzo del ejercicio, aportando estabilidad financiera a las administraciones competentes y facilitando la planificación y gestión del servicio a lo largo de todo el año.

La directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, ha señalado que “con este abono anticipado hemos asegurado que los cabildos y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife dispongan de los recursos necesarios desde el inicio de 2025 para sostener un servicio público esencial”. En este sentido, ha destacado que “esta financiación resulta clave para garantizar la regularidad del transporte, especialmente en las islas no capitalinas, donde el sistema depende en mayor medida del apoyo previo de las administraciones”.

Asimismo, Fernández ha subrayado que “el anticipo de los fondos ha permitido a las entidades gestoras planificar con mayor seguridad la operativa anual, atender sus compromisos con los operadores y mantener los niveles de calidad y accesibilidad del servicio para la ciudadanía”.

Los fondos se distribuirán entre los cabildos insulares y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en función de las necesidades del transporte público regular de viajeros en cada territorio. En concreto, el Cabildo de Gran Canaria recibirá 19,47 millones de euros; el Cabildo de Tenerife, 16,09 millones; el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 2,33 millones; el Cabildo de Fuerteventura, 2,49 millones; el Cabildo de Lanzarote, 2,47 millones; el Cabildo de La Palma, 2,42 millones; el Cabildo de La Gomera, 1,2 millones; y el Cabildo de El Hierro, 1,01 millones de euros.

A esta financiación, se suma, además, el abono anticipado de fondos estatales destinados a compensar el coste del descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre en Canarias durante 2025, medida aplicada en virtud del artículo 59 del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero.

En este marco, la Consejería ha autorizado el anticipo de 78 millones de euros, equivalente al 65% de la ayuda estatal total de 120 millones, con el fin de garantizar la liquidez del sistema desde el inicio del ejercicio y compensar a las administraciones insulares y a las empresas operadoras por la pérdida de ingresos derivada de la aplicación de la gratuidad del transporte.

Este anticipo se distribuirá entre los cabildos insulares atendiendo al número de viajeros usuarios del Bono Residente Canario y sus modalidades registrados en 2024, conforme a los Protocolos Generales de Actuación suscritos entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones insulares. De este modo, el Cabildo de Gran Canaria recibirá 35,89 millones de euros; el Cabildo de Tenerife, 37,17 millones; el Cabildo de Lanzarote, 2,09 millones; el Cabildo de Fuerteventura, 1,39 millones; el Cabildo de La Palma, 1,34 millones; el Cabildo de La Gomera, 54.135 euros; y el Cabildo de El Hierro, 55.049 euros.

El 35% restante de la ayuda estatal, hasta completar los 120 millones de euros, se liquidará en 2026, una vez acreditado el coste real de la medida, de acuerdo con los mecanismos de justificación y control previstos en la normativa estatal y en los protocolos de coordinación firmados con los cabildos insulares.

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