Rodríguez destaca en un foro de Canarias7 los avances normativos para facilitar la construcción de vivienda en Canarias y llegar a todos los segmentos de población
El consejero detalla que su departamento está poniendo las herramientas para abordar “un problema multifactorial”, de la mano de las aportaciones de los municipios, a través de la FECAM, y del sector privado, escuchando y analizando las necesidades en cada caso
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha participado hoy en un foro, organizado por Canarias7, donde ha expuesto y analizado los principales instrumentos normativos impulsados por su departamento en el último año. En su intervención, Rodríguez ha defendido que “al inicio de esta legislatura dijimos claramente que la vivienda iba a ser una prioridad, que las políticas de vivienda iban a estar en la agenda política del Gobierno de Canarias y los hechos son los que son. Estamos cumpliendo con nuestros compromisos: poner todos los instrumentos a disposición para fomentar la puesta en el mercado de más vivienda en Canarias”.
Durante su exposición, el consejero ha detallado que su departamento ha apostado por varias líneas de actuación: nuevos marcos normativos que dotan a las administraciones locales de herramientas eficaces para hacer frente al problema en el corto plazo; el impulso a la colaboración público-privada para implicar al sector a que vuelva a construir vivienda protegida, a lo niveles anteriores a la crisis financiera; voluntad política para desbloquear expedientes y ejecutar el Plan de Vivienda actual, y trabajar ya en la redacción del próximo; así como un diálogo permanente con todos los agentes implicados, para que las medidas sean fruto del consenso. “Queremos que se construya más vivienda, sí, pero también que lo hagamos de forma ordenada, eficiente y con el mayor grado de participación posible”, ha afirmado.
En este sentido, el consejero responsable del área ha insistido en que “la Consejería ha registrado en el último año y medio un incremento sin precedentes en las solicitudes para la puesta a disposición en el mercado de 2.137 nuevas viviendas protegidas, lo que representa un incremento muy importante de la actividad por parte del sector privado a la hora de construir vivienda protegida, pero es que además también se ha acelerado la construcción de vivienda pública. Teníamos un Plan de Vivienda que establecía unos objetivos, pero cuya ejecución no se estaba dando de manera óptima. En este último año 2024 y durante el inicio del año 2025 son prácticamente 2.000 viviendas públicas nuevas ya en marcha, en diferentes fases, unas con obras ya iniciadas y otras que ya cuentan con expedientes en marcha”.
En esta línea, Rodríguez ha hecho hincapié en que, en general, los ayuntamientos canarios sufren una falta de personal, lo que, asegura, se puede resolver, en parte, haciendo uso de técnicos colegiados externos. “El decreto que acabamos de aprobar para agilizar licencias introduce mecanismos de colaboración público-privada para la emisión de los informes técnicos preceptivos que forman parte del procedimiento de concesión de licencias urbanísticas. Es decir, al trabajo que vienen realizando los servicios técnicos municipales se suma la oportunidad de que este pueda ser también prestado por colegios profesionales, medios propios personificados o entidades urbanísticas de colaboración acreditadas. Aunque, en cualquier caso, siempre el Ayuntamiento mantendrá la competencia y será quien resuelva el procedimiento”.
También ha señalado que “nos encontramos en un momento clave, ya que el próximo año comenzará un nuevo Plan de Vivienda. El plan actual concluye este año y ya estamos trabajando en la redacción del próximo, que exigirá, entre otras cosas, la colaboración de los ayuntamientos mediante la cesión de suelo. En este sentido, estamos recibiendo una respuesta positiva por parte de muchos municipios. Un ejemplo destacado es el Ayuntamiento de Agüimes, que recientemente ha presentado un plan de vivienda apoyado tanto en suelo de titularidad municipal como en suelo dotacional”.
Una batería de medidas sin precedentes
En el acto, además, se ha desarrollado una mesa de debate en la que ha intervenido María de la Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Promotores-Constructores de la provincia de Las Palmas (AECP); Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y vicepresidente primero y Comisionado Insular de Gran Canaria de la FECAM, y Rafael Tarajano, presidente de la Asociación Canaria de Empresas de Gestión Inmobiliaria (ACEGI).
Los representantes del sector han coincidido en que la agilización de los informes técnicos es crucial, a través de la “externalización, que no privatización” en la emisión de los informes jurídicos. Por su parte, Óscar Hernández, como representante de la FECAM, ha señalado la necesidad de buscar alternativas, como las que ofrecen los decretos impulsados por el Ejecutivo, teniendo en cuenta las demandas ciudadanas”.
“Este Gobierno está movilizando el mayor número de instrumentos hasta la fecha para dar respuesta a la emergencia habitacional obteniendo resultados a medio y corto plazo y sentando las bases para tener el problema de la vivienda mucho más encaminado de lo que ha estado en los últimos años”, ha subrayado Rodríguez.
Con el primer decreto ley el Ejecutivo ha acelerado la respuesta urgente a la emergencia habitacional, sumando un segundo decreto ley destinado a la agilización de licencias, que además ha incorporado la figura de la la Vivienda Asequible Incentivada, que se recoge en la Ley de Vivienda estatal, “pero que no ha sido aún desarrollada por ninguna comunidad autónoma, y que favorecerá la oferta de alquiler a precios más asequibles para familias con ingresos medios y empleo que no pueden pagar un alquiler libre ni acceder a una vivienda pública”, ha apuntado Rodríguez.
Repensar la movilidad para alcanzar soluciones estructurales
Al referirse a la movilidad, Rodríguez ha explicado que “no existe una solución mágica para resolver los problemas de movilidad. No se trata solo de construir más carreteras, sino de repensar cómo las usamos, apostando por un uso más eficiente de la infraestructura existente y promoviendo formas de desplazamiento más sostenibles, como el transporte público y los carriles bus-VAO”.
Rodríguez también ha abordado la necesidad de repensar la movilidad en Canarias, especialmente en un territorio limitado y con un elevado porcentaje de suelo protegido. “Nuestra política de movilidad no puede basarse únicamente en ampliar carriles. No es viable ni sostenible. El verdadero reto está en cambiar la forma en la que nos movemos”, ha afirmado.
En esta línea, ha defendido la integración que ha impulsado entre las políticas de carreteras y movilidad, dos ámbitos hasta ahora desconectados, pero que están trabajando juntos para lograr soluciones estructurales.
