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Miranda califica el reto demográfico como “el mayor desafío que tiene Canarias en la actualidad”

  • El consejero de Política Territorial destaca que “por primera vez un Gobierno autonómico está abordando el reto de manera transversal y a largo plazo”

 

  • Explica que el Archipiélago cumple con unas condiciones que “hacen indispensable el consenso político” y “un tratamiento diferenciado para afrontarlo con garantías”

 

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha calificado esta mañana el Reto Demográfico como “el mayor desafío a largo plazo que tiene el Archipiélago en la actualidad”, y ha celebrado que “esté ya en el centro del debate político y social en las Islas, porque exige tomar decisiones, proyectar y legislar pensando en los próximos quince o veinte años”. Miranda ha realizado estas manifestaciones en el marco de una comparecencia parlamentaria durante la que ha pedido, además, que “Canarias tenga un tratamiento diferenciado, por sus condicionantes geográficos y sociales”, y ha solicitado un “consenso político suficiente para afrontar el reto con garantías de éxito”.

Manuel Miranda ha recordado que Canarias ha aumentado su población de derecho en 572.000 habitantes, a un ritmo que duplica al del resto de España. Este crecimiento va acompañado de un índice de natalidad por debajo de la media del país, por lo que está sustentado, de forma mayoritaria, por personas llegadas de fuera del Archipiélago.

El consejero ha señalado que el aumento “es más acusado en Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, y lo es menos en El Hierro, La Gomera y La Palma, isla en la que el crecimiento es negativo durante este siglo, la única de Canarias”, por lo que debemos “corregir entre todos esa situación de doble velocidad que vive el Archipiélago”.

Manuel Miranda ha lamentado que ese crecimiento “está generando tensiones en diferentes ámbitos”, pero ha destacado que “por primera vez un Gobierno autonómico está tomando medidas”. Por ejemplo, una línea de debate y trabajo liderada desde presidencia del Gobierno de Canarias con la comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, surgida de la Conferencia de Presidentes celebrada en el mes de abril, y por la que cinco grupos de trabajo están diseñando propuestas de medidas, algunas de las cuales estarían incorporadas en los presupuestos de autonómicos de 2025.

Además, ha puesto en valor el encuentro con los alcaldes de los 47 municipios denominados Reto Demográfico (46 municipios no turísticos ni capitalinos con menos de 10.000 habitantes, y Santa Úrsula, en Tenerife). Miranda ha informado de que estos municipios ocupan el 35,9% de la superficie de Canarias, pero un 10,8% de su población, y “queremos que estén más cerca de los centros de toma de decisiones” y que vean a este gobierno “como un aliado de su desarrollo”. De esta reunión ha resultado el inicio de un trabajo interno a través de la Federación Canaria de Municipios que realizará también sus aportaciones al proceso.

Como ejemplo de las medidas ya en marcha, ha señalado la actualización de la Ley del Suelo, cuyo debate está ya en marcha, y que “incluirá la adaptación de la planificación territorial a la diversidad de las circunstancias de los municipios de Canarias”.

Por último, Manuel Miranda ha destacado el trabajo de la comisión parlamentaria en esta materia, “cuyas conclusiones serán incorporadas al proceso”, y ha pedido “consenso” y “valentía” para afrontar le necesaria planificación a largo plazo, “incluso llegando a plantear, por qué no, un cambio en nuestro estatus en Europa que dé cabida a medidas como la limitación de la compra de vivienda por parte de extranjeros, que suponen un 30% en las Islas, o de residencia”.

El Gobierno invertirá 3 millones en terminar las obras de saneamiento en El Cotillo, Fuerteventura

  • Hoy se ha aprobado en Consejo de Gobierno el expediente de plurianualidad del proyecto que será culminado en 2026

 

 

 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana un expediente para concretar el carácter plurianual del proyecto que permitirá completar el saneamiento de la zona de El Cotillo, en el municipio de La Oliva (Fuerteventura). Este proyecto, cuya ejecución se extenderá hasta 2026, supondrá una inversión total de 3.061.356 euros y permitirá completar los trabajos ya iniciados, que hubo que detener por problemas administrativos, después de haberse reiniciado en 2020.

Los trabajos incluidos en este proyecto tienen que ver con la mejora de las redes de saneamiento y recogida de aguas pluviales en este pueblo del municipio de La Oliva. En la actualidad, la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias ha encargado la redacción del proyecto y su posterior ejecución a la empresa TRAGSA, mientras que la asistencia técnica durante los trabajos corresponderá a la empresa pública Gestur.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha explicado que con la aprobación del expediente de plurianualidad de este proyecto “damos garantías de que por fin esta obra se culminará en tiempo y forma, y resolverá los problemas que desde hace décadas tiene El Cotillo con su saneamiento e inundaciones en épocas de lluvias intensas”. El impulso a este proyecto “es un compromiso que hemos adquirido tanto con el Ayuntamiento de La Oliva como con el Consejo Insular de Aguas de Fuerteventura y podemos decir ya que la financiación para concluirlo está garantizada”.

El expediente aprobado hoy supone el visto bueno al gasto plurianual que, por ejercicios, se divide en 56.975 euros para 2024,  1.933.517 euros en 2025, y 926.958 euros en 2026, a los que hay que sumar 154.845 € para la asistencia técnica mientras duren los trabajos.

Antes de proceder al encargo del nuevo proyecto, desde el Gobierno de Canarias se culminó el procedimiento de resolución de contrato de la anterior empresa adjudicataria, para adjudicar a TRAGSA y Gestur la culminación de los trabajos.

Éstos consistirán en la finalización de las obras previstas de la red de drenaje y complementarias en el proyecto inicial, en la conexión del colector hasta la nueva estación de bombeo, también incluida en el proyecto, un dispositivo para evitar inundaciones en momentos de lluvia intensa y la ampliación de la depuradora existente, entre otros.

 

 

El Gobierno asumirá las obras para el tratamiento de aguas residuales de San Blas, en Candelaria

  • La ejecución del proyecto forma parte de la solución a una demanda ya presentada contra España por incumplimiento de la normativa comunitaria del agua

 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria que le permitirá afrontar con recursos propios la redacción y ejecución del proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona de San Blas, en el municipio tinerfeño de Candelaria, así como su conexión al colector comarcal. Esta obra contribuirá a responder a una demanda que presentó la Comisión Europea contra España por incumplimientos en las redes de saneamiento, el tratamiento y el transporte de aguas residuales, y que afecta a 13 puntos de Tenerife.

El expediente que hoy se ha aprobado permite traspasar 1.712.500 euros entre los capítulos seis y siete del presupuesto de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, debido a que no se pudo completar la subvención al Consejo Insular de Aguas de Tenerife durante 2023, por problemas con el proyecto inicial, razón por la que el Gobierno de Canarias, para evitar mayores retrasos, ha decidido intervenir utilizando fondos propios de la citada Consejería.

La cantidad irá destinada a la redacción del proyecto y las primeras fases de su ejecución, puesto que el coste total de esta intervención está sin determinar y se conocerá en el mes de septiembre, cuando se espera contar con el proyecto ya actualizado. Una vez redactado el proyecto, y después de superar las preceptivas fases de contratación, se espera que a lo largo de 2025 puedan dar comienzo los trabajos en este sentido.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que este Gobierno “no va a mirar hacia otro lado respecto a expedientes que podrían acabar derivando en un sobrecoste para todos los canarios, y hemos decidido por tanto asumir el liderazgo de su resolución”. Ha agradecido además el trabajo tanto de los responsables del Ayuntamiento de Candelaria y del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, “con los que venimos trabajando de manera coordinada desde el primer momento en el que asumimos esta Consejería y cuya colaboración será fundamental para culminar este proyecto”.

El Gobierno licita la construcción de la depuradora de Alajeró y la ampliación de la de Valle Gran Rey

El consejero Manuel Miranda anuncia una inversión de 6,8 millones de euros para impulsar el saneamiento y tratamiento de aguas residuales en La Gomera

 

 

 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha anunciado esta mañana al finalizar la Comisión de Política Territorial en el Parlamento de Canarias que se acaban de licitar la nueva depuradora de Alajeró y la ampliación de la ya existente en Valle Gran Rey, ambas en La Gomera. Miranda ha informado de que la inversión para ambos proyectos, procedentes de los fondos Next Generation, asciende a 6,8 millones de euros.

El titular del área ha explicado que el objetivo del proyecto de mejora de la depuradora de Valle Gran Rey es aumentar la capacidad de tratamiento de esta planta, mediante la modernización de equipos mecánicos y la reorganización de los volúmenes disponibles, y resolver el problema de vertido existente resolviendo, además, un procedimiento de infracción de la Comisión Europea por incumplimiento en el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

La intervención, que permitirá generar agua de riego agrícola de mayor calidad, tiene un presupuesto de 5.152.042 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, incluyendo el periodo de prueba.

Con estas obras se logra paliar el deteriorado estado de la actual instalación, y mejorar la capacidad de absorber el total del caudal en situaciones de lluvia intensa, así como mejorar las redes de conducción de la zona, desde la EDAR hasta el núcleo urbano.

La segunda de las intervenciones supondrá la instalación de la nueva depuradora (EDAR) de Alajeró, cuenta con un presupuesto de 1.268.683 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El objetivo de esta nueva infraestructura es mitigar la presión que sufre actualmente la única depuradora en esta zona, la de Playa Santiago, destino de todas las aguas de saneamiento del valle, además de lograr una mejor reutilización de las aguas, ya tratadas, para el riego de jardines públicos o de explotaciones agrarias de la zona.

La nueva instalación se emplazará en un punto intermedio, para la depuración y reutilización de las aguas residuales generadas en los núcleos de Alajeró, Antoncojo y Targa como agua de riego para el desarrollo de los cultivos en estas zonas, evitando asimismo el gasto energético que supondría el bombeo de las aguas tratadas desde la EDAR de Playa de Santiago.

El proyecto incluye un sistema de bombeo para la elevación de las aguas tratadas hacia zonas a mayor cota, en el mismo término municipal de Alajeró, con un nuevo sistema de suministro eléctrico, cuyo origen responde en un 80% a la red eléctrica general y en un 20% a energía solar generada mediante una planta fotovoltaica que será construida a tal fin.

Miranda ha recordado, además, la gestión de otros proyectos en Tenerife relacionados con los fondos Next Generation y ya adjudicados, como son la mejora de la red de saneamiento interior de Chío y conexión a la red principal (1,5 millones); los nuevos colectores de Guargacho (4,8 millones) o los de Tamaimo (2,5 millones).

El Gobierno impulsará la ordenación territorial en los municipios de menos de 10.000 habitantes

·Manuel Miranda informó en La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, que la Consejería de Política Territorial acompañará a los ayuntamientos a la hora de abordar los desafíos ante el reto demográfico
 

 

El responsable del área de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, explicó en una visita al pueblo de La Aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, que “desde nuestro departamento estudiamos el desarrollo del planeamiento en todo el Archipiélago, pero atendemos de forma especial la ordenación del territorio en los núcleos poblacionales de menos de 10.000 habitantes”.

Manuel Miranda: «Atendemos de forma especial la ordenación del territorio en los núcleos poblacionales de menos de 10.000 habitantes»

Así lo explicó el consejero, acompañado por la directora de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Montserrat Ortega, en el marco de una visita institucional al municipio grancanario, en la que estuvo presente su alcalde, Víctor Juan Hernández, y el primer teniente de alcalde, Pedro Suárez.

El consejero afirmó que el Gobierno de Canarias, entre otros trabajos relacionados con el reto demográfico, está analizando cómo contribuir a que los municipios de menos de 10.000 habitantes, que tienen problemáticas similares, logren actualizar sus planeamientos y herramientas que les permitan compartir las mismas oportunidades que tienen los municipios de mayor población.

Los responsables municipales han manifestado al consejero su intención de acogerse a la subvención impulsada por el Gobierno de Canarias para mejorar el planeamiento municipal. Se trata de una línea que suma 2,3 millones de euros en total y de la que pueden ser beneficiarios aquellos ayuntamientos que tengan que acometer actualizaciones en su planeamiento. En concreto, la intención de La Aldea es adaptar su Plan General a la Ley del Suelo y al Plan Insular de Ordenación Territorial.

Además plantearon a Manuel Miranda la posibilidad de aumentar la colaboración para impulsar proyectos de regeneración de espacios que han sido utilizados como vertederos, trabajos en los que la Agencia tiene experiencia en otros proyectos similares en diferentes zonas del Archipiélago.

La directora de la ACPMN puso sobre la mesa el procedimiento para afrontar el abandono de algunos invernaderos y la gestión de sus residuos. Monserrat Ortega informó de que “hay varios expedientes abiertos en el municipio por esta razón”, y ambas administraciones han acordado impulsar la retirada y mantenimiento de dichos instalaciones.

Víctor Juan Hernández trasladó “la necesidad de actualizar las plantas de depuración que existen en el municipio, así como la mejora de las redes de abastecimiento”, proyectos que serán tratados junto al Consejo Insular de Aguas.

Canarias ofrece cofinanciación para desbloquear el convenio de obras hidráulicas del Estado

· Manuel Miranda condiciona, en su comparecencia parlamentaria, la aportación de las Islas a que se apliquen “criterios de proporcionalidad”
 

· El consejero considera que los 20 millones que las Islas reciben en concepto de subvención “son insuficientes”
 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, ha reiterado esta tarde la exigencia al Estado “para que cumpla su compromiso con el Archipiélago en materia de obras hidráulicas”. Durante una comparecencia en el Parlamento de Canarias, Miranda ha anunciado que “Canarias está dispuesta a aportar financiación, siempre con criterios de proporcionalidad, y ha recordado que tanto el Ejecutivo regional, como los cabildos y los ayuntamientos de las Islas “están cumpliendo sus compromisos con el ciclo del agua en el Archipiélago”.

Manuel Miranda ha recordado que “la obligación de este Gobierno es buscar financiación, y debemos hacerlo obligatoriamente con la ayuda del Estado, Canarias no puede hacer frente en solitario a las obras de interés general”, por lo que “necesitamos garantías con carácter plurianual para que podamos planificar de cara al futuro las obras que necesita este Archipiélago”. Para ello, el consejero pidió el compromiso de “todos los grupos políticos, sin ninguna duda”.

El Gobierno del Estado “lleva más de cinco años incumpliendo con Canarias, que arrastra un déficit de financiación desde el año 2018 de más de 900 millones de euros”, ha añadido Miranda. El consejero, que ha recordado que el Ejecutivo autonómico lidera y cogestiona un total de 36 proyectos en todas las Islas por un importe total de alrededor de 80 millones de euros, ha enumerado buena parte de dichas iniciativas y ha señalado que “el compromiso del Estado en la forma de un nuevo convenio de obras hidráulicas está recogido en el punto 13 del acuerdo de gobernabilidad firmado entre CC y el PSOE en Madrid” y ha anunciado que “vamos a exigir que se cumpla».

Manuel Miranda ha destacado que la actual aportación del Estado, de 20 millones mediante subvención, es “claramente insuficiente” y, además, ha recordado que “ni siquiera los de 2024 están garantizados, algo que ya hemos solicitado al Ministerio que corrija”.

El responsable autonómico en materia de aguas ha explicado que esa falta de planificación es una “herencia de los cuatro años anteriores, incluyendo en lo que hace referencia a los planes hidrológicos”, respecto a los que ha informado que se van a aprobar “los que quedan pendientes, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, en un plazo no superior a los 8 meses”, y ha anunciado que “en breve comenzaremos con el impulso a la redacción de los de cuarto ciclo”.

El consejero ha recordado que además de exigir al Estado la firma de dicho convenio, que cuenta con el respaldo de todos los consejos insulares a través de la Mesa del Agua de Canarias, y de incorporar los créditos necesarios para la subvención de 20 millones correspondiente a 2024, “estamos trabajando en la ampliación de los fondos FEDER disponibles para estas inversiones, que actualmente son 5 millones, y el impulso a los proyectos con cobertura de Next Generation, que suman en Canarias 25 millones de inversión”.

Manuel Miranda ha anunciado que su departamento trabaja ya con la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias “para detectar qué proyectos serían susceptibles de ser financiados con cargo a nuevos créditos que puedan generarse en los próximos meses”.

 

Política Territorial destina 20 millones de euros a siete obras prioritarias para combatir la crisis hídrica

· El Gobierno de Canarias lamenta el retraso en la subvención estatal de 2023, que llegó el pasado mes de diciembre, y ha solicitado su urgente renovación
 

· La Dirección General de Aguas asumirá la remodelación de la depuradora de Yaiza, en Lanzarote, y financiará proyectos de desalinización, almacenamiento, distribución y depuración en Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria
 

 

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una ampliación de crédito de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, para distribuir una subvención de 20 millones de euros procedente del Estado y correspondiente al pasado ejercicio 2023, que destinará a la puesta en marcha de siete obras prioritarias para combatir la actual crisis hídrica que sufren las islas.

El consejero del área, Manuel Miranda, ha lamentado “el retraso en la disponibilidad de estos fondos del Estado, que hasta el último momento estuvieron en el aire y finalmente llegaron en diciembre, cuando el ejercicio presupuestario ya estaba cerrado”. Asimismo anunció que su departamento ya se ha dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico (MITECO) para exigir que esta subvención “no solo se mantenga en el presente ejercicio, sino que se transfiera cuanto antes para seguir atendiendo el grave déficit financiero que presentan las infraestructuras hidráulicas en las islas”.

Los 20 millones de euros aprobados en el consejo de gobierno de hoy, correspondientes al pasado ejercicio, irán destinados a un total de siete proyectos prioritarios, de los que seis serán gestionados por los consejos insulares de aguas, mediante transferencias de crédito a los cabildos insulares, y el último, por la propia Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias.

En concreto, se trata de la remodelación de la depuradora de Yaiza, en la isla de Lanzarote, un proyecto cuyo coste total superará los nueve millones de euros y que será asumido enteramente por la Dirección General de Aguas, que aporta con esta subvención los primeros cinco millones para poder afrontar las primeras fases de la obra. Este es el proyecto que liderará directamente el Gobierno de Canarias.

El segundo de los proyectos, con un importe de 5,1 millones de euros, supone el suministro de diferentes elementos de equipamiento destinados a la mejora de la red de distribución de agua potable en Fuerteventura. Se trata de un proyecto, que ejecutará el Consejo Insular de Aguas majorero, incluido en un plan insular que tiene como objetivo garantizar el abastecimiento en la isla.

También en Fuerteventura, el Consejo Insular ejecutará el proyecto del laminador de Puerto del Rosario, con un importe de 700.000 euros, que tiene como objetivo regular el caudal de entrada a la depuradora de esta localidad en época de lluvias, eliminando vertidos sin tratar o inundaciones cuando dicho caudal supere la capacidad de entrada de la depuradora.

A la isla de La Palma van destinados tres proyectos de los incluidos en esta subvención de 20 millones de euros. El primero de ellos, por importe de 1,5 millones de euros, es la aportación del Gobierno de Canarias a las obras del desdoble del llamado Sifón de Las Angustias, ubicado junto al barranco del mismo nombre, y que mejorará la capacidad de disponer de agua en los valles de Tijarafe y Aridane, a un lado y otro de este barranco.

El segundo de los proyectos que serán cubiertos por esta subvención en La Palma es el de la ampliación del depósito regulador de El Lance, que llegará a los 10.000 metros cúbicos, y que permitirá almacenar mayor cantidad de agua en la comarca del noroeste de la Isla, especialmente para el abastecimiento urbano. Se destinan 3,7 millones a esta actuación.

La tercera de las obras en La Palma es la de ampliación de la red de saneamiento en el municipio de Breña Alta, en su primera fase, que servirá para completar redes en zonas en las que no existe, conectarlas a los colectores principales y eliminar presiones sobre los acuíferos. Son 1,2 millones los previstos para la ejecución de este proyecto, que realizará el Consejo Insular de Aguas.

Por último, a través del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se destinarán 2,5 millones a la mejora de la depuradora de Playa de Mogán, logrando aumentar la eficacia de esta instalación mediante la implantación de un sistema de electrodiálisis reversible, lo que permitirá aumentar la cantidad y la calidad de las aguas regeneradas en dicha planta.

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha explicado que los proyectos que se han acogido a esta subvención de 20 millones de euros han sido pactados con los diferentes consejos insulares, y ha anunciado que “en cuanto tengamos la certeza de que la partida de 2024 está dotada económicamente por parte del Estado iniciaremos las consultas a los cabildos para elegir los proyectos que serán cubiertos por esta subvención”.

 

Proyectos e importes de los mismos:

Depuradora de Yaiza (Playa Blanca). Isla de Lanzarote
5.062.506,37

Suministro de bombas, cuadros eléctricos, membranas de ósmosis inversa y piezas especiales para la red de distribución insular. Isla de Fuerteventura
5.181.435,72

Sifón Barranco de Las Angustias. Conexión trasvase-Vicario. Isla de La Palma
1.500.000,00

Ampliación regulador El Lance y modificación de la red de salida. Isla de La Palma
3.767.863,47

Ampliación de la red de saneamiento en Breña Alta fase (I). Isla de La Palma
1.287.496,08

Depósito laminador de Puerto del Rosario. Isla de Fuerteventura
 700.000,00

Proyecto de Planta de agua regenerada mediante proceso de electrólisis reversible en la EDAR Playa de Mogán. Isla de Gran Canaria
2.500.698,36
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Territorial recupera las subvenciones a municipios para actualizar su planeamiento urbanístico

· Manuel Miranda anuncia que se destinarán 2,3 millones de euros a esta línea, cuya convocatoria se ha publicado este martes
 

· Los ayuntamientos interesados tienen dos semanas de plazo para presentar sus solicitudes
 

El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha anunciado este martes la publicación de la convocatoria de subvenciones a los municipios para actualizar su planeamiento urbanístico, “unas ayudas que no se otorgaron por parte del anterior Gobierno en los últimos dos años y que estamos preparando desde el inicio de este mandato”. Esta convocatoria cuenta con una línea de financiación de 2,3 millones de euros y, una vez publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), da dos semanas de plazo a los ayuntamientos interesados en presentar sus solicitudes.

Se puede acceder a toda la información a través de este enlace: https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2024/094/007.html

“Se trata”, ha dicho Miranda, “de una apuesta por impulsar el planeamiento de las Islas, porque estamos convencidos de que la mayoría de las políticas públicas giran en torno a la ordenación del territorio, por lo que la norma urbanística municipal debe estar actualizada y adaptada a las necesidades socio económicas de cada territorio”.

Esta convocatoria “viene a responder a una necesidad de muchos municipios que no pueden afrontar en solitario la redacción de estos instrumentos, de vital importancia para el desarrollo de las islas en su conjunto”, ha añadido el consejero, quien ha señalado que la subvención puede ser destinada a “la redacción de documentos urbanísticos y ambientales necesarios para la aprobación del planeamiento general, o de una modificación sustancial o menor del mismo, de planes parciales y especiales, entre otros”.

La convocatoria, tramitada a través de los servicios técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio, dará a los Ayuntamientos, una vez esté publicada en el Boletín Oficial de Canarias , quince días naturales de plazo para presentar las solicitudes.

Miranda ha destacado que para la adjudicación de estas subvenciones “tendremos muy encuentra a los municipios con mayores dificultades, ya sea por disponer de menos recursos económicos o menos habitantes, así como a aquellos que, a pesar de dichas dificultades, tengan el planeamiento más actualizado”.

El director general de Ordenación del Territorio, Onán Cruz, ha indicado que «está previsto en la convocatoria que se pueda abonar de manera anticipada el 60% del importe concedido de la subvención, siempre y cuando quede debidamente justificada la imposibilidad de acometer dicho gasto por parte del municipio”.

Cruz ha recordado que, además de estas subvenciones, se trabaja de manera constante con aquellos municipios que así lo requieren mediante la oficina de apoyo técnico que ha habilitado el Gobierno de Canarias a través de la empresa pública Gesplan, y que para este año 2024 cuenta con un presupuesto de un millón y medio de euros.

“Desde el inicio de este mandato”, ha concluido Manuel Miranda, “quisimos trasladar a los Ayuntamientos un mensaje de colaboración y apoyo constante para poner al día aquellos instrumentos de ordenación que permitan un desarrollo socio económico del Archipiélago, bajo las premisas del equilibrio y la cohesión territorial, y estas medidas van en esa línea”.

Política Territorial inicia en El Hierro las consultas con los ayuntamientos para actualizar la Ley del Suelo

El departamento de Planificación y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias trabaja en impulsar la Ley 4/2017 de la mano de las instituciones insulares y municipales del archipiélago, además de los colegios profesionales, expertos en planeamiento, colectivos ciudadanos y agentes sociales implicados

 

 

 

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha comenzado este martes en El Hierro la ronda de visitas a todas las islas del archipiélago con el objetivo de profundizar y consensuar con los ayuntamientos de Canarias cuáles son los principales escollos que encuentran a la hora de ejecutar el planeamiento en cada municipio. El objetivo es detectar en qué fases encuentra problemas de aplicación cada localidad para así buscar soluciones que simplifiquen los procedimientos burocráticos.

Las jornadas, celebradas en el Centro Cultural El Mocanal, en la Villa de Valverde, se han dirigido a los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar y forman parte del proceso participativo que el Gobierno de Canarias inició hace unos meses con la Federación Canaria de Islas (FECAI), la Federación Canaria de Municipios (FECAM), colegios profesionales relacionados con el planeamiento, expertos en ordenación  y agentes implicados para abordar en su conjunto la actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias.

Uno de los principales retos del área de Política Territorial es ofrecer “mucha más agilidad en los procedimientos para convertir el planeamiento en un agente de transformación social y económica”, explicó la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate, que se desplazó hasta la isla del Meridiano acompañada de un equipo de técnicos de la Consejería y de la empresa pública Gesplan.

Han sido casi 240 los instrumentos de planeamiento aprobados desde que se instauró la Ley hace siete años, 28 de ellos por parte de los cabildos, “pero la experiencia nos demuestra que necesitamos rescatar sus principios de simplificación y racionalización para hacerla más eficaz en su aplicación”, recalcó Zárate.

Los técnicos de los tres ayuntamientos herreños, de Gesplan y de la propia Consejería han debatido este martes sobre el Plan Insular de Ordenación de El Hierro, su adaptación a la Ley y la garantía de un correcto tratamiento del suelo rústico; los contenidos y competencias de los planes territoriales y parciales; la normativa sobre los espacios protegidos y otros instrumentos complementarios.

La aprobación de la Agenda Urbana, los proyectos sobre movilidad sostenible, los objetivos relacionados con la cohesión territorial, las tensiones en el mercado de la vivienda o la propia Ley de Cambio Climático suponen nuevos retos, a juicio de la viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, que “debemos incorporar a nuestras normas sobre planeamiento”.

Estas jornadas se suman a otras celebradas hace algunos meses con la FECAM y la FECAI, así como en el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, donde participaron profesionales y expertos universitarios del planeamiento, y a las que llegarán en los próximos meses para lograr que todos los agentes relacionados con el planeamiento de las Islas puedan realizar sus aportaciones en este proceso de modificación de la Ley del Suelo de Canarias.

El encuentro celebrado hoy forma parte del proceso de participación iniciado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas referido a escuchar a los diferentes agentes intervinientes en la gestión del territorio de la Islas.

Política Territorial y la ULL diseñarán una estrategia para la atención a las emergencias en los campus

· La vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, Candela Díaz, presentó al consejero Manuel Miranda un borrador previo sobre un Plan Básico de Actuación en situaciones o fenómenos meteorológicos adversos
 

· En una primera reunión de trabajo en la sede del 112, ambas instituciones acordaron la creación de un comité técnico para integrar los protocolos de prevención e intervención
 

 

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, y la Universidad de La Laguna (ULL) colaborarán en el diseño de una estrategia común para la prevención y atención a las emergencias en los diferentes campus e instalaciones universitarias, al objeto de reforzar y mejorar la respuesta del sistema público de Protección Civil de Canarias a la comunidad universitaria, compuesta por unas 25.000 personas.

Así lo acordaron el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, y la vicerrectora de Sostenibilidad e Infraestructuras, Candela Díaz, durante una sesión de trabajo mantenida en la sede del 112 en Tenerife, y a la que también asistieron la directora de secretariado de Sostenibilidad de la ULL, Cintia Hernández; el subdirector de Protección Civil y Emergencias, Néstor Padrón, y el director del Centro Coordinador de Emergencias CECOES-112, Moisés Sánchez.

La nueva línea directa de cooperación entre ambas instituciones comenzará con el apoyo de los técnicos de la Dirección General de Emergencias para la aprobación e implantación del Plan Básico de Actuación ante situaciones o fenómenos meteorológicos adversos que puedan representar un riesgo para las personas y/o los bienes, un documento normativo, por ahora en estado borrador, que ha redactado la propia ULL por decisión de su claustro y tras la inusual alerta por calor y calima declarada el pasado mes de octubre. Este documento habrá de ser debatido y consensuado en el seno de sus órganos de gobierno y representación social.

El consejero de Política Territorial y máximo responsable de Emergencias en Canarias, Manuel Miranda, valoró positivamente la iniciativa de la ULL y se comprometió a intensificar las líneas de cooperación entre ambas instituciones. “La prevención, la divulgación y la pedagogía son imprescindibles para disponer de un sistema de emergencias realmente eficaz, en eso tiene que colaborar toda la sociedad y en eso estamos empeñados desde el Gobierno, y no hay mejor espacio para promover esa cultura de la autoprotección, el compromiso y la solidaridad, que el ámbito universitario”, afirmó Miranda.

Como medida inmediata, el CECOES-112 incorporará a los responsables de gerencia, seguridad y comunicación de la ULL a sus canales oficiales de avisos directos de interés e información de relevancia a las instituciones públicas, al objeto de que puedan disponer desde el primer momento de cualquier comunicación divulgada desde la Dirección General de Emergencia, y actuar en consecuencia.

Así mismo se acordó la creación de una comisión de trabajo, con técnicos de ambas instituciones, para revisar e integrar los protocolos necesarios para mejorar la respuesta conjunta que el sistema público de protección civil puede prestar a la comunidad universitaria de la ULL.