La iniciativa permitirá financiar hasta el 95% del precio de adquisición de la vivienda habitual a jóvenes de entre 18 y 40 años y a familias numerosas y monoparentales

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad iniciará ahora la tramitación del convenio marco con las entidades financieras que se adhieran al programa

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el decreto que regula de forma definitiva el Programa Hipoteca Joven Canaria, una medida con la que el Ejecutivo facilitará que jóvenes de entre 18 y 40 años, familias numerosas y monoparentales, puedan acceder a financiación de hasta el 95% del precio de adquisición de su primera vivienda habitual.

Con esta aprobación culmina la tramitación del decreto, tras haber obtenido el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias. La medida forma parte de las actuaciones impulsadas por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para favorecer el acceso a la vivienda y facilitar la emancipación, complementando otras iniciativas destinadas a incrementar la oferta de vivienda y fomentar la rehabilitación.

Próximo paso: convenio marco con las entidades financieras

Tras la aprobación definitiva del decreto, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad continuará con la tramitación del convenio marco al que podrán adherirse las entidades financieras interesadas en participar en el programa.

Este convenio se aprobará mediante una Orden del consejero y seguirá el procedimiento establecido para este tipo de instrumentos, que incluye la emisión de los informes preceptivos previstos en la normativa canaria. Una vez completada la tramitación administrativa, las entidades financieras podrán formalizar su adhesión al programa.

Requisitos para acceder al programa

Entre los requisitos para acceder al programa se encuentran tener residencia legal y continuada en Canarias durante los dos años previos a la solicitud, no ser titular de otra vivienda, salvo determinadas excepciones, y destinar el inmueble adquirido a residencia habitual y permanente durante un periodo mínimo de dos años.

Asimismo, el límite del patrimonio neto de la persona solicitante, o de cada una de ellas en caso de adquisición conjunta, no podrá superar los 150.000 euros.

Además, los ingresos de las personas solicitantes no podrán superar cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). En caso de adquisición por dos personas solicitantes, sus ingresos conjuntos no podrán superar la suma del límite establecido para cada una de ellas. Esta cantidad se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada menor a cargo. En el caso de las familias monoparentales, el límite de ingresos anterior se incrementará en un 70%.

En cuanto a las viviendas, deberán estar ubicadas en Canarias y tener un precio máximo de adquisición de 250.000 euros, sin incluir impuestos ni gastos asociados. El programa incluirá tanto viviendas nuevas como usadas, libres o protegidas de promoción privada.

Una estrategia para reforzar el acceso a la vivienda en Canarias

El acceso a la vivienda constituye uno de los ejes prioritarios de la actuación del Gobierno de Canarias en la presente legislatura. Con ese objetivo, el Ejecutivo ha puesto en marcha un conjunto de reformas normativas, medidas de carácter urgente y programas específicos dirigidos a incrementar la oferta de viviendas, simplificar los procedimientos administrativos y mejorar las oportunidades de la ciudadanía para acceder a una vivienda.

Entre las actuaciones más relevantes figuran la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, destinado a agilizar la disponibilidad de suelo y acelerar el desarrollo de promociones de vivienda; el decreto para la simplificación de la tramitación de licencias urbanísticas; así como la reforma de la normativa de adjudicación de viviendas protegidas, que sustituye el sistema de sorteos por un modelo basado en criterios objetivos de carácter social, económico y de necesidad acreditada.

De forma paralela, el Gobierno ha reforzado las políticas de apoyo al acceso a la vivienda mediante diferentes líneas de ayudas. Entre ellas se encuentran las subvenciones para la compra de vivienda destinadas a jóvenes, el programa Hipoteca Joven Canaria y las ayudas al alquiler, tanto en la convocatoria general como en la específica para población joven. Con este conjunto de iniciativas, el Ejecutivo avanza en una política integral de vivienda orientada a ofrecer soluciones a uno de los principales retos sociales que afronta el archipiélago.

El proyecto elaborado por la Consejería de Turismo regulará los campings, además de las áreas de acampada para autocaravanas, caravanas y vehículos similares

El texto afronta su fase final de tramitación para dar respuesta a una histórica demanda del sector y ordenar una modalidad turística en crecimiento que hasta ahora carecía de regulación autonómica

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado hoy, a propuesta de la Consejería de Turismo y Empleo, remitir al Consejo Consultivo el proyecto de decreto por el que se regulan por primera vez los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre en el archipiélago.

La iniciativa, ampliamente demandada por el sector, permitirá dotar a Canarias de un marco jurídico específico para ordenar una modalidad turística que ha experimentado un importante crecimiento durante la última década y que hasta ahora carecía de regulación autonómica. El dictamen del Consejo Consultivo constituye el último trámite antes de la aprobación definitiva.

El proyecto regulará los campings, las áreas de acampada para autocaravanas, caravanas y vehículos similares, las áreas de pernocta para estos vehículos, las acampadas vinculadas a edificaciones rurales aisladas y los alojamientos turísticos singulares, estableciendo por primera vez las condiciones para su implantación y funcionamiento en Canarias.

Durante su elaboración se ha desarrollado un amplio proceso de diálogo con las administraciones públicas, representantes del sector y entidades vinculadas al turismo al aire libre, incorporando sus aportaciones con el objetivo de disponer de una regulación consensuada, adaptada a la realidad de Canarias y que ofrezca seguridad jurídica.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destaca que “esta norma supone un paso decisivo para ordenar esta modalidad turística, diversificar la oferta de las islas y responder a una demanda creciente con una regulación que garantice la sostenibilidad, la calidad de los servicios y la seguridad jurídica”.

La futura regulación tiene como objetivo mejorar la calidad de la oferta turística al aire libre, favorecer nuevas iniciativas empresariales y compatibilizar el desarrollo de esta actividad con la conservación del entorno natural de Canarias.

Una vez emitido el dictamen del Consejo Consultivo, el proyecto volverá al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva.

Con una inversión de 655.462,63 euros, esta medida posibilitará la incorporación de personal técnico especializado en viticultura, sanidad vegetal y la realización de ensayos agronómicos

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado, hoy lunes, 20 de julio, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, un programa temporal de empleo para la gestión de la filoxera de la vid y el desarrollo de estrategias de adaptación del viñedo canario ante este organismo nocivo a ejecutar entre 2026 y 2029. Esta iniciativa, promovida por la Dirección General de Agricultura, contará con un presupuesto de 655.462,63 euros destinado a reforzar los recursos técnicos especializados necesarios para ejecutar las actuaciones previstas para la erradicación de esta plaga.

El programa permitirá la incorporación de cuatro técnicos —un ingeniero agrónomo y tres ingenieros técnicos agrícolas con especialización o experiencia en viticultura, sanidad vegetal o ensayos agronómicos— que, entre otras funciones, asumirán labores de planificación, vigilancia fitosanitaria, seguimiento epidemiológico, coordinación de los ensayos experimentales con patrones resistentes, asesoramiento al sector y elaboración de estrategias de adaptación del viñedo de Canarias.

La medida responde a la necesidad de reforzar la capacidad de actuación frente al insecto tras la detección en 2025 de un foco de filoxera (Daktulosphaira vitifoliae) en la comarca de Acentejo, en Tenerife, que motivó la declaración oficial de la plaga y las medidas recogidas en la Orden de 20 de agosto de 2025 para el control y erradicación de la filoxera. De esta manera, se garantiza la viabilidad del programa de gestión, al tiempo que se mantiene la continuidad de las actuaciones técnicas, el seguimiento coordinado del territorio y el desarrollo de las líneas experimentales previstas sin comprometer las funciones habituales del Servicio de Sanidad Vegetal, unidad administrativa encargada de las actuaciones vinculadas a enfermedades en los cultivos.

En la actualidad, Canarias constituye uno de los pocos territorios vitivinícolas del mundo donde la vid continúa cultivándose mayoritariamente sobre pie franco y se ha mantenido históricamente ajena al uso de portainjertos resistentes a este pulgón, una singularidad que convierte al Archipiélago en un reservorio de variedades tradicionales de alto valor histórico y agronómico. La detección de la filoxera supone un riesgo para este modelo de cultivo y para la conservación del patrimonio varietal y, además, compromete el paisaje tradicional, la producción agraria, la sostenibilidad y la actividad económica ligada al sector vitivinícola.

Las prospecciones realizadas desde la detección de la plaga han evidenciado un comportamiento diferente del organismo al observado en otras regiones productoras, circunstancia que convierte a Canarias en un escenario de elevado interés técnico y científico. Por ello, se hace necesario desarrollar un programa propio de seguimiento, investigación y generación de conocimiento adaptado a las condiciones edafoclimáticas del archipiélago. En este sentido, el plan contempla también la implantación y evaluación de ensayos con portainjertos resistentes para analizar su adaptación a las singularidades de los suelos volcánicos, las variedades locales y las distintas condiciones climáticas de las islas para garantizar el futuro del cultivo.

Estas actuaciones tendrán alcance regional y afectarán al conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias con presencia de cultivo de vid. Además, complementarán las medidas de erradicación y contención ya previstas en el Plan Nacional de Contingencia frente a la filoxera, aprobado por el Comité Fitosanitario Nacional para prevenir su introducción y propagación en las Islas Canarias mediante el refuerzo de la vigilancia, la bioseguridad y la protección del viñedo.

Corresponden a las subvenciones concedidas por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

El Gobierno de Canarias ha concedido 920.000 euros en subvenciones a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) durante el primer semestre de 2026 para contribuir a su funcionamiento y reforzar la protección de las personas vulnerables, además de favorecer el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, según informó hoy en el Consejo de Gobierno l consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto.

Los Puntos de Encuentro Familiar son recursos sociales especializados que proporcionan un espacio neutral y seguro donde un equipo técnico multidisciplinar facilita la relación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y otros miembros de la familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando el vínculo se encuentra interrumpido o presenta dificultades.

Estos recursos desempeñan una función esencial en la protección y asistencia de las personas menores de edad, al actuar como espacios de intervención familiar y psicosocial que garantizan su desarrollo en un entorno seguro, estable y libre de violencia. Su labor resulta especialmente relevante en situaciones de crisis o conflicto familiar, así como cuando existe un posible riesgo para las personas menores que hace aconsejable la intervención de profesionales especializados.

Los Puntos de Encuentro Familiar atienden tanto las derivaciones acordadas por los órganos judiciales como las realizadas por las administraciones públicas competentes en materia de tutela, protección y atención a la infancia, entre ellas el Gobierno de Canarias, los cabildos insulares y los ayuntamientos.

Durante este periodo han resultado beneficiarias diez entidades. Entre ellas figuran la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, por los programas Punto de Encuentro Norte, Punto de Encuentro Familiar de Fuerteventura y Punto de Encuentro Familiar de Santa Cruz de Tenerife; la Asociación Domitila Hernández, de Tacoronte, por el programa Familias Domitila 2026; y la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial+Familia, responsable del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote.

Asimismo, la Viceconsejería de Justicia ha financiado los programas que desarrolla Cruz Roja Española en los Puntos de Encuentro Familiar de El Hierro, La Palma, La Gomera y Santa Lucía de Tirajana. También ha recibido subvención la Fundación Centro de Orientación Familiar de Canarias para el programa Coordinación de la parentalidad.

Asimismo, estos recursos prestan una atención específica a los casos relacionados con la violencia de género, para los que disponen de un protocolo de actuación propio que reconoce la condición de víctimas de las personas menores y de sus madres, orientando la intervención a su protección, asistencia y recuperación.

Los Puntos de Encuentro Familiar también tienen la consideración de servicio de interés público, ya que contribuyen al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia al facilitar la ejecución de las medidas judiciales relacionadas con el régimen de visitas y ayudar a prevenir situaciones que puedan derivar en violencia de género.

Corresponde a las subvenciones concedidas a los Colegios de Abogacía y Procuraduría

El Gobierno de Canarias ha concedido cerca de 16 millones de euros (15.995.948€) en subvenciones a los colegios profesionales de Abogacía y Procuraduría para garantizar la prestación de la atención jurídica gratuita y el turno de oficio durante el primer semestre de 2026. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de estas concesiones para este servicio en este periodo.

Según información facilitada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la finalidad es el pago de la compensación económica por los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de este servicio.

Los beneficiarios son los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, además de los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Son estos colegios los encargados de retribuir a los profesionales del turno de oficio que atienden a las personas que necesitan una defensa jurídica y no cuentan con recursos económicos suficientes.

El presupuesto de 2026 incorpora también el incremento de los baremos con los que se retribuyen los servicios prestados por estos profesionales. Tras la subida del 15 % aplicada en 2025, este año se han incrementado un 7 %. El proceso culminará en 2027 con una nueva subida del 8 %, lo que permitirá alcanzar un aumento acumulado del 30 % en los módulos retributivos, conforme al acuerdo suscrito con los colegios profesionales para actualizar las cuantías en función del IPC.

El coste de la justicia gratuita incluye, además, la asistencia jurídica a las personas migrantes que llegan por vía marítima a las costas de Canarias, un servicio cuyo importe continúa sin ser abonado por el Estado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este lunes, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, que dirige Poli Suárez, el decreto por el que la comunidad autónoma regula los procedimientos para la certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente, permitiendo así unificar criterios en las islas y que las acreditaciones obtenidas por el profesorado canario tengan validez en todo el territorio nacional.

De esta forma, el Gobierno de Canarias culmina la tramitación del decreto, cuya toma en consideración acordó el Consejo de Gobierno el pasado mes de marzo, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, que establece la obligación de las administraciones educativas de promover el uso pedagógico de las tecnologías en el aula y de desarrollar marcos de referencia sobre competencia digital docente. Tras la actualización, en 2022, del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD), el Ejecutivo regional completa así su desarrollo reglamentario a nivel autonómico para alinear el sistema educativo canario con el marco estatal.

El decreto, impulsado por la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado, que coordina Mónica Ramírez, fija un marco homogéneo para el reconocimiento de los distintos niveles de progresión —del A1 al C2— y establece las vías mediante las cuales el profesorado podrá acreditar su competencia digital, mediante formación específica o a partir de la evaluación de su práctica profesional y la validación de méritos.

En este contexto, el número de certificaciones en Canarias supera ya las 29.000, con 27.027 docentes de la red pública que han acreditado la competencia digital y otros 2.031 pertenecientes a centros concertados del archipiélago.

El establecimiento de esta normativa proporciona al sistema un marco de mayor seguridad jurídica y reconoce tanto el esfuerzo formativo como la experiencia de los docentes canarios en el proceso de transformación digital. Además, el nuevo marco regulador refuerza la apuesta por un uso responsable, seguro y pedagógicamente eficaz de la tecnología en los centros educativos, poniendo el foco no solo en la capacitación técnica del profesorado, sino también en el bienestar digital del alumnado y en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como parte de una de las prioridades estratégicas del área que dirige Poli Suárez.

Con la aprobación de este decreto, la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes consolida un nuevo paso en la modernización del sistema educativo canario, afianzando un modelo alineado con los estándares estatales y europeos y orientado a reforzar la competencia profesional de los equipos docentes en el entorno digital.

El acuerdo de Gobierno permite mantener el equipo técnico encargado de ejecutar las actuaciones derivadas de las evaluaciones de riesgos laborales y psicosociales realizadas en los centros del departamento

El Gobierno de Canarias ha acordado prorrogar, con efectos desde el 30 de diciembre de 2026, la declaración del carácter excepcional que permite mantener el programa temporal destinado a ejecutar las medidas correctoras derivadas de las evaluaciones de riesgos laborales y psicosociales realizadas en la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

La prórroga garantiza la continuidad del equipo específico creado para desarrollar estas actuaciones, integrado por diez profesionales: un jefe de sección, cuatro técnicos de prevención, un psicólogo y cuatro auxiliares administrativos, distribuidos entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

Este programa fue autorizado por el Gobierno de Canarias en 2025 ante la imposibilidad de atender estas actuaciones con los recursos ordinarios de la Consejería. El acuerdo ahora aprobado mantiene la vigencia de esta medida excepcional hasta el plazo máximo previsto en la normativa, siempre que persistan las circunstancias que motivaron su creación y exista disponibilidad presupuestaria.

Con esta decisión se asegura la continuidad de los trabajos dirigidos a implantar las medidas preventivas derivadas de las evaluaciones de riesgos laborales y psicosociales realizadas por la Dirección General de la Función Pública, favoreciendo el cumplimiento de las actuaciones programadas en los distintos centros dependientes de la Consejería.

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto por el que se reconoce a este bien inmaterial de ámbito insular de El Hierro con la categoría de ‘Juegos y deportes autóctonos’

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, ha aprobado hoy lunes, 13 de julio, el decreto por el que se declara el juego del palo estilo Quintero de El Hierro como Bien de Interés Cultural (BIC) Inmaterial de ámbito insular con categoría de ‘Juegos y deportes autóctonos’.

En palabras de Migdalia Machín, “este reconocimiento es clave para conservar nuestras tradiciones locales como parte de la identidad del pueblo herreño”. La consejera destacó que, con la declaración BIC, este juego cuenta con “la máxima protección jurídica”, lo que facilitará el desarrollo de “políticas públicas orientadas a evitar su desaparición a través de la preservación, promoción y divulgación”.

Bajo la denominación oficial de “Juego Tradicional del Palo, Estilo Quintero en El Hierro”, esta manifestación lúdica proviene de las enseñanzas del histórico Maestro Juan Francisco “Piloto” Quintero Zamora, denominado así en su honor. Esta disciplina concreta presenta unas singularidades técnicas con normas básicas y seguras de ataque y defensa, que son las que definen y diferencian claramente el Estilo Quintero de otras modalidades del Juego del Palo Canario.

La práctica se basa en el “juegopalo”, una técnica de tanteo en la que se lanzan golpes laterales descendentes hacia los costados del contrario, quien los repele con golpes laterales ascendentes. Los movimientos exigen una sincronización constante entre la mano y el pie más adelantados, obligando a los jugadores a mudar las manos de forma alternativa y dirigir la ‘punta’ hacia el oponente. Aunque el fin actual es amistoso, cada acción busca abrir la guardia del rival simulando un desarme.

En este sentido, debido a este enfoque de combate real, esta actividad estuvo tradicionalmente limitada a ámbitos cerrados y familiares, utilizándose como método de entrenamiento, enseñanza o intercambio controlado entre jugadores conocidos. Se trata de un juego que busca aportar al practicante una capacidad real de defensa y de respuesta ante un ataque con otro palo.

La solidez de este expediente, incoado por el Cabildo de El Hierro, se sustenta en una rigurosa base científica con informes favorables de la Universidad de La Laguna (ULL), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria, entre otros.

La aprobación de este decreto, avalado por el respaldo unánime del Consejo de Patrimonio de Canarias, se enmarca en el compromiso del Ejecutivo con la conservación y difusión del legado histórico del archipiélago, en cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

El Consejo de Gobierno inicia los trámites para habilitar la modificación presupuestaria que permita ampliar los recursos destinados a alimentos de primera necesidad, medicamentos, material sanitario y cobertura asistencial en el país

Tras el doble sismo el Ejecutivo canario ha activado consultorios médicos de urgencia, el último en La Guaira, puntos de información, reparto de ayuda básica y ha establecido una coordinación permanente con las 22 entidades canarias en el país

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este lunes iniciar los trámites para habilitar una modificación presupuestaria de hasta 1,8 millones de euros destinada a reforzar la respuesta del Ejecutivo autonómico ante la situación de emergencia provocada por el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela.

La dotación económica permitirá ampliar los recursos dirigidos a la compra y distribución de medicamentos de primera necesidad, tratamientos para enfermedades crónicas, material sanitario, alimentos básicos e hidratación, así como reforzar los programas de tarjetas de alimentos y medicamentos y la cobertura sanitaria a través de la Fundación España Salud.

Esta actuación se enmarca en el plan de trabajo activado por el Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Acción Exterior y de la Dirección General de Emigración y la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, en coordinación con las entidades canarias en el país, las oficinas descentralizadas y el Consulado General de España.

El objetivo es garantizar una respuesta sostenida durante los próximos meses, especialmente en las zonas más afectadas, con prioridad para La Guaira y Caracas, donde se han detectado las principales necesidades de atención sanitaria, alimentos, medicamentos y apoyo básico a familias damnificadas o desplazadas a viviendas de familiares.

Desde los primeros días posteriores al terremoto, el Gobierno de Canarias, presidido por Fernando Clavijo, ha mantenido un seguimiento permanente de la situación y ha articulado un dispositivo de coordinación con las 22 entidades canarias en Venezuela, la Delegación del Gobierno de Canarias en el país, las oficinas descentralizadas, haciendo partícipe también a la Federación Canaria de Municipios (FECAM), y a la Federación Canaria de Islas (FECAI), así como a los grupos parlamentarios.

La medida acordada este lunes permitirá dar continuidad a la respuesta inicial desplegada sobre el terreno y reforzar los recursos disponibles para atender a canarios y canarias, descendientes y a la población venezolana afectada por la emergencia.

Balance de los recursos activados en los primeros 12 días

Desde el inicio de la emergencia, el Gobierno de Canarias ha activado un dispositivo de seguimiento y respuesta en Venezuela para evaluar daños, identificar necesidades y canalizar recursos de atención urgente.

En una primera fase, el Ejecutivo mantuvo reuniones de coordinación con la Consejería de Presidencia, la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, la Dirección General de Emergencias, la Viceconsejería de Acción Exterior, la Dirección General de Emigración, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y las 22 entidades canarias en el país.

A partir de ese análisis inicial, se activaron consultorios médicos de emergencia en las entidades canarias que desarrollan este programa en nueve estados de Venezuela, con el objetivo de atender necesidades sanitarias básicas y recabar información directa sobre la situación de los canarios, descendientes y familias afectadas.

Posteriormente, y tras constatar que La Guaira y Caracas concentraban una parte importante de las afecciones, el Gobierno de Canarias reforzó el dispositivo en estas zonas. En Caracas se mantuvieron los consultorios médicos de emergencia, mientras que en el resto de estados se recuperaron las franjas habituales de atención según demanda.

En La Guaira, el Ejecutivo ha activado un consultorio médico de urgencia en la Unión Canaria de Venezuela, en Macuto, junto a una oficina de apoyo de la Delegación del Gobierno de Canarias en el país, operativa en horario de 8:00 a 17:00 horas para ofrecer información, orientación y acompañamiento a las familias afectadas.

La Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela también ha habilitado un número de teléfono específico para atender consultas, canalizar solicitudes y orientar a las personas afectadas. Hasta el momento, las oficinas descentralizadas han registrado 70 llamadas y 30 asistencias presenciales, centradas principalmente en información consular y consultas relacionadas con la situación de emergencia.

Por su parte, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela ha atendido 61 llamadas vinculadas a trámites consulares, solicitudes de asistencia urgente de alimentos y medicamentos, información sobre posibles ayudas a la reconstrucción y consultas sobre la convocatoria de tarjetas de alimentos y medicamentos.

En paralelo, el Gobierno de Canarias inició el reparto de las primeras ayudas de emergencia en La Guaira y Caracas gracias a las donaciones canalizadas por particulares y empresas a través de la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela, que se ha establecido como centro de acopio y distribución. En esta primera intervención se distribuyeron 150 bolsas de alimentos e hidratación en La Guaira y 30 en Caracas.

El Ejecutivo continúa trabajando con las entidades canarias y la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela para ampliar la entrega de alimentos de emergencia, articular el reparto de medicamentos específicos y estudiar la incorporación de nuevos servicios en La Guaira en función de la evolución de las necesidades detectadas.

La Dirección General de Emigración mantiene reuniones de coordinación con la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y el Consulado General de España para actualizar la información, evaluar la evolución de la emergencia y ajustar el plan de respuesta de los próximos meses.

Las cuentas autonómicas para 2027 persiguen la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, con prioridad en la mejora del sistema de bienestar

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, el acuerdo por el que se establecen las directrices para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2027.

Estas directrices regirán el proceso de elaboración de los presupuestos para cada departamento de la administración pública de la Comunidad Autónoma y todos sus entes públicos, desde la perspectiva de los gastos estructurales y compromisos ciertos. A partir de ahí, será el Gobierno quien, en uso de sus prioridades en el orden político, defina la distribución de aquellos recursos disponibles entre las políticas sectoriales que estime necesario dotar e incrementar.

La Comunidad Autónoma de Canarias afronta la elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales para el ejercicio 2027, en un contexto marcado por la incertidumbre propiciada por la situación política a nivel nacional y por las tensiones geopolíticas en el ámbito internacional que persisten.

En el plano económico nacional, hay que destacar que el Consejo de Ministros no ha aprobado el límite de gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, y aunque se aprobara, se desconoce si contará con apoyo parlamentario suficiente, por lo que la incertidumbre prevalece. En este contexto, se ha convocado a la CAC a la sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para fijar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el período 2027-2029; pero su aprobación o no por parte de las Cortes Generales tampoco se puede conocer en este momento.

Por otro lado, el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, que configura el nuevo marco de reglas fiscales europeo a partir de 2025, tiene como objetivo principal la sostenibilidad de la deuda pública y el crecimiento sostenible e inclusivo mediante el saneamiento gradual de la hacienda pública y la realización de reformas e inversiones.

En este sentido, cada Estado miembro debe aprobar un plan fiscal estructural a medio plazo. Si bien España aprobó su primer plan para 2025-2028, que fue validado por la Comisión Europea, no ha traspuesto el nuevo marco fiscal europeo al ordenamiento nacional. Como ha manifestado el Gobierno de Canarias en multitud de ocasiones, esto no se ha hecho a pesar de que el plazo para su trasposición concluyó el 31 de diciembre de 2025, por lo que en estos momentos se mantiene la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), más estricta que la propia legislación comunitaria.

En cuanto a la regla de gasto, la última referencia disponible tiene en cuenta la tasa de referencia nominal de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española para el período 2025-2027 establecida en el Informe de Situación de la Economía Española de 2024, que la sitúa en el 3,2% para el ejercicio 2025 y en el 3,3% para el ejercicio 2026.

En este contexto, considerando además que el último Programa de Estabilidad del Reino de España 2023-2026 comprende como única anualidad 2026, la elaboración del presupuesto regional para 2027 se basa en el plan presupuestario a medio plazo y los escenarios presupuestarios plurianuales de la Comunidad Autónoma para el período 2027-2029. Este plan plantea, para cada una de las anualidades comprendidas en el mismo, un escenario de equilibrio presupuestario, que deberá adaptarse a los instrumentos de estabilidad presupuestaria y, si se concreta, al marco fiscal y presupuestario nacional.

En 2027 será necesario ahondar en el despliegue de los fondos europeos del marco financiero plurianual 2021-2027, que constituyen una prioridad dentro del presupuesto autonómico, ya que contribuyen al crecimiento económico, la creación de empleo, la competitividad empresarial, la transformación digital, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Si bien el marco temporal de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia finaliza, con carácter general, en 2026, es necesario adoptar criterios para el caso de que se autorice la prórroga de los proyectos en ejecución y que cuentan con financiación MRR.

En definitiva, las cuentas autonómicas para el ejercicio 2027, último de la legislatura, persiguen la consolidación del crecimiento y transformación de Canarias, priorizando la mejora del sistema de bienestar, en especial en el ámbito de la sanidad, los servicios sociales, la educación y el acceso a la vivienda.

Los objetivos generales del Gobierno para la presente legislatura 2023-2027, se basan en ocho ejes que establecen las bases del proyecto de Canarias a medio y largo plazo: mejora del estado del bienestar social con incidencia en sanidad, servicios sociales y acceso a la vivienda; fijar la Educación como base para el progreso personal y de la sociedad, del desarrollo económico y de la generación de empleo; potenciar el REF para incentivar la economía y crear empleo; aplicar una política tributaria justa; priorizar la sostenibilidad y la planificación en la política territorial y energética; fijar las políticas de igualdad; prestar especial importancia a cuestiones estratégicas como el transporte, telecomunicaciones, mercado interior; fomentar la modernización de la administración pública e impulsar la evaluación de las políticas públicas.