El Consejo de Gobierno de Canarias, convocado de forma extraordinaria en la tarde de este viernes, ha solicitado al TSJC la aclaración de distintos aspectos de los autos que dejan sin efecto algunas medidas establecidas por el Ejecutivo para frenar los contagios

Mientras se produce el pronunciamiento del TSJC, la Consejería de Sanidad entiende que es de aplicación la normativa específica de la hostelería que fija a las 24.00 horas el cierre de los establecimientos en islas en nivel 4

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido en la tarde de este viernes día 30 de julio y de forma telemática desde Salamanca, donde ha participado en la Conferencia de Presidentes, una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno en la que se ha abordado el auto emitido hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ratifica la medida adoptada por acuerdo del Consejo de Gobierno para limitar el número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales en espacios de uso público cerrados o al aire libre en los distintos niveles. Se trata de una decisión que el Gobierno destaca como muy positiva porque, según los informes de Salud Pública, es una de las medidas más efectivas para el control de la transmisión de la pandemia.

Por otro lado, el Consejo ha analizado el alcance de los autos emitidos ayer por el TSJC que dejan sin efecto algunas de las limitaciones establecidas para islas en nivel 4, en el que se encuentra Tenerife en este momento, encaminadas a frenar el aumento de contagios.

Una vez analizado el auto por los servicios jurídicos del Ejecutivo regional, el Gobierno ha solicitado al TSJC la aclaración relacionada con distintos aspectos establecidos en el mismo, de cara a su ejecución práctica, por cuanto existen dificultades de compatibilización en los distintos niveles de alerta.

Mientras tanto, la Consejería de Sanidad entiende que la regulación de la hostelería debe remitirse a la normativa específica que regula el sector (acuerdo del Consejo de Gobierno del 23 de julio del 2021) y que establece para los niveles 3 y 4 el cierre de los establecimientos a las 24.00 horas.

Igualmente, el Gobierno, a través de la Consejería de Sanidad, ha recordado que, de acuerdo con la normativa en vigor, el ocio nocturno en el Archipiélago deberá continuar cerrado, salvo en las islas en nivel de alerta 1, ya que los dos últimos autos del TSJC no hacen referencia a la regulación de este sector. De esta manera, la actividad del ocio nocturno sigue regulada en Canarias por el acuerdo de las Medidas Preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria del 18 de marzo de 2021 y sus sucesivas actualizaciones.

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Todas las islas continúan en el nivel de alerta en el que estaban: Tenerife en nivel 4; La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura en nivel 3; Lanzarote y La Gomera en nivel 2 y El Hierro en nivel 1

Ante la tendencia ascendente de transmisión del SARS CoV-2 existente, la Dirección General de Salud Pública se mantiene expectante ante la evolución de los indicadores epidemiológicos de los próximos días

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado en su reunión de este jueves, 29 de julio, mantener los niveles de alerta establecidos el pasado jueves para cada una de la islas. Por tanto, tras analizar la evolución de los datos epidemiológicos, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, explicó que se ha determinado que las islas continúen en el nivel de alerta en el que se encontraban: Tenerife se mantiene en nivel 4, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura en nivel 3, La Gomera y Lanzarote (donde epidemiológicamente se incluye La Graciosa) en nivel 2 y El Hierro en nivel 1.

Blas Trujillo dijo que a pesar de la situación epidemiológica preocupante, Canarias es hoy la CCAA con los datos más favorable de España, “no obstante, lejos de congratularnos debemos ser conscientes de que somos las octava en presión asistencial aunque es la que menor letalidad presenta junto con la comunidad balear”, agregó. Señaló que la tendencia ascendente de transmisión del SARS CoV-2 existente actualmente y la presencia en más de un 77 por ciento de la variante Delta mantienen a la Dirección General de Salud Pública expectante ante posibles variaciones de los indicadores.

Trujillo explicó que el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy se sustenta en el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) con fecha de 27 de julio. Ese informe, en el caso de Tenerife, recoge que la situación de transmisión del SARS-CoV-2 sigue siendo muy elevada y sostenida. Entre el 21 y el 27 de julio se notificaron 2.894 casos de COVID-19 con un promedio diario de 296 nuevos casos declarados y se registraron 5 defunciones por COVID-19 la última semana. La tasa de Incidencia Acumulada (IA) a 7 días sigue incrementándose, con valores que superan los 300 casos por cada 100.000 habitantes, situándose en valores de riesgo muy alto, también en este indicador para el grupo de personas de 65 y más años. También se sitúa en riesgo alto la ocupación hospitalaria, con un incremento del 40 por ciento con respecto a la semana anterior, mientras que la ocupación de las UCI se ha elevado a nivel de riesgo muy alto, con una ocupación del 25 por ciento. Por ello, se propone mantener el nivel de alerta 4.

En el caso de Gran Canaria, se recoge que el riesgo de transmisión es elevado, con un ritmo de crecimiento rápido, y proporcionalmente la tasa de Incidencia Acumulada en población de 65 y más años se ha incrementado a mayor velocidad que la del conjunto de edades, situándose ambas en riesgo muy alto. También se han registrado cinco defunciones esta semana y se observa que existe mayor dispersión territorial de los casos notificados respecto a otros momentos de la pandemia. Dado que aún la presión hospitalaria está en riesgo bajo y la ocupación de las UCI no llega al 10 por ciento, se propone que la isla continúe en nivel de alerta 3.

En Fuerteventura se observa que globalmente el riesgo de transmisión es elevado tanto para el conjunto de la población como para la población mayor de 65 años, ambas en riesgo muy alto. Sin embargo, la ocupación hospitalaria, tanto en camas convencionales como en UCI se encuentran en riesgo bajo. Por ello se propone que continúe en nivel 3.

En el caso de La Palma, el indicador de Incidencia Acumulada a siete días se sitúa en riesgo muy alto, tanto en el conjunto de la población como para el grupo de personas de 65 y más años. Asimismo, el número medio de camas hospitalarias ocupadas por enfermos de COVID-19 presenta valores elevados, aunque se encuentran ocupadas por casos sospechosos aún no confirmados, mientras que la ocupación de la UCI está en riesgo muy alto. La trazabilidad se sitúa en riesgo muy bajo, con un promedio del 80 por ciento de los casos en los que se puede identificar el vínculo epidemiológico. Por ello se propone que la isla se mantenga en nivel de alerta 3.

El resto de islas se mantienen en el nivel establecido la semana anterior, pero todas ellas bajo la vigilancia epidemiológica, si bien Lanzarote presenta niveles de Incidencia Acumulada a siete días en nivel de riesgo medio, mientras que la ocupación hospitalaria se sitúa en nivel muy bajo. Aunque en La Gomera y El Hierro los indicadores aparentan cifras elevadas, la población es pequeña y el número de casos reducido y el control de su vínculo epidemiológico, así como el hecho de que el impacto hospitalario es bajo o muy bajo, se recomienda que ambas islas permanezcan en nivel de alerta asignado en la evaluación anterior: La Gomera nivel 2 y El Hierro nivel 1, aunque se estima que habrá que vigilar y controlar el potencial incremento en el número de casos notificados.

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Se trata de reducir la deuda de este organismo y el periodo medio de pago a proveedores

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, la generación de un crédito de 50 millones de euros para el Servicio Canario de Salud al objeto de financiar deuda generada con anterioridad al 31 de diciembre de 2020 y minorar el periodo medio de pago a proveedores por parte de este organismo.

El acuerdo del Consejo entronca con el esfuerzo que viene realizando el Ejecutivo autónomo durante toda la legislatura por cumplir escrupulosamente el periodo medio de pago a proveedores, cosa que se ha hecho en cada uno de los meses del actual mandato.

Canarias, además, figura como una de las comunidades autónomas que más rápido paga a sus proveedores. De hecho, pudo cerrar el año 2020 con un promedio de 19 días, cuando la media autonómica se situó cerca de los 30 días.

Se da la circunstancia de que durante el primer semestre de este año el periodo medio de pago se ha situado en un promedio de 17,5 días, muy por debajo del plazo legal, que son 30 días.

El importe se distribuirá a partes iguales entre la junta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Las Palmas y la junta insular de Fuerteventura

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, 29 de julio, a la Consejería de Sanidad a realizar una ampliación de crédito, por importe de 20.000 euros, con la finalidad de destinar una subvención a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que se será distribuida entre la junta provincial de Las Palmas y la junta insular de Fuerteventura. El importe de la ayuda se distribuirá a partes iguales entre ambas delegaciones para el desarrollo de un proyecto de fisioterapia oncológica por la AECC de Las Palmas, con la finalidad de disminuir el dolor y otros síntomas entre los pacientes con cáncer, facilitar su recuperación funcional y prevenir la aparición de secuelas. Además, se destinará también al asesoramiento nutricional por la junta insular de Fuerteventura, dirigido a los enfermos oncológicos de la isla a través de terapia nutricional individual.

La ampliación de crédito se realizará en las partidas presupuestarias de la Dirección del Servicio Canario de la Salud y se ha autorizado por razones de coyuntura económica, conforme establece la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.

El proyecto se eleva ahora al Consejo Consultivo para que emita el preceptivo dictamen antes de su debate parlamentario

El Consejo de Gobierno acordó pronunciarse a favor del proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias y solicitar el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias antes del debate político para su aprobación definitiva en el Parlamento autonómico.

Elevado a consideración del Gobierno el documento tramitado desde el Servicio Canario de Empleo (SCE) asume la competencia exclusiva en materia de entidades cooperativas y economía social por mandato correspondiente al Estatuto de Autonomía tras su reforma en 2018 en el marco específico, además, de la necesaria recuperación del tejido productivo a través del Plan Reactiva frente a la pandemia de COVID-19.

Tras la aprobación del anteproyecto el pasado septiembre, la primera norma sobre sociedades cooperativas del Archipiélago incorpora ahora 35 observaciones realizadas por diversas entidades de los sectores afectados y los diferentes departamentos de la Administración autonómica mediante el periodo de consulta pública y los trámites de audiencia establecidos.

Actualmente, Canarias cuenta con 222 sociedades cooperativas de alta en la Seguridad Social (102 en Las Palmas y 120 en Santa Cruz de Tenerife), en su mayoría de los sectores de comercio y hostelería (37,2%), actividades profesionales y servicios auxiliares (14,2%) junto a agricultura, ganadería y pesca (12,78), con un total de 4.435 personas trabajadoras (1.570 en la provincia oriental y 3.065 en la occidental).

Principales novedades

Además de regular y fomentar las cooperativas con domicilio social en Canarias mediante una actualización de la legislación existente y la inclusión de las peculiaridades autonómicas, el nuevo texto pretende impulsar a estas entidades, sin perder sus perspectivas comunitarias características, como un instrumento fundamental para el desarrollo económico de las Islas, dentro de una situación de competitividad equiparable a otros modelos societarios.

Para ello, el proyecto de ley introduce algunas novedades con respecto a la normativa vigente. Entre ellas, la simplificación de trámites en los procesos de constitución, extinción y otras cuestiones de índole registral (modificaciones estructurales de escisión, fusión u otras transformaciones); la posibilidad de sustitución del consejo rector por un órgano unipersonal (administración única) como gestión social para aquellas entidades con menos de diez personas socias; o la reducción del número mínimo de personas socias con carácter indefinido de tres a dos en las cooperativas de trabajo asociado, además de la mejora conceptual de las distintas clases o la posible utilización de nuevas tecnologías (votación asamblearia mediante procedimientos telemáticos).

Estructurado en tres títulos, con once capítulos el primero y dos el segundo, el proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias se compone de 144 artículos, además de seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y dos finales.

Se autoriza la concesión de ayudas por valor de 371.482,20 y 239.998,22 euros respectivamente por razón de interés público

El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy jueves, 29 de julio, ha autorizado la concesión de subvenciones directas por razón de interés público a los centros privados concertados de Educación Especial San Juan de Dios y Acamán, por importes de 371.482,20 euros y 239.998,22 euros respectivamente.

Dichas cantidades están destinadas a sufragar los gastos de transporte escolar del periodo comprendido entre el primer día lectivo de enero y el último día lectivo de junio de 2021.

La Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha concedido en el presente ejercicio subvenciones a nueve centros con unidades de educación especial concertadas por un importe total superior al millón de euros.

Los proyectos se desarrollarán en Lanzarote y Fuerteventura y con la Asociación Oportunidades de Vida

El Consejo de Gobierno ha autorizado una transferencia de crédito por importe de 340.000 euros desde la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos a la de Derechos sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, para dotar de recursos económicos al desarrollo de proyectos y programas de ayuda a personas y familias vulnerables de Canarias.

Esta transferencia de crédito tendrá especial incidencia en acciones a desarrollar en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, dos de las más afectadas por los efectos producidos por el impacto de la pandemia en el Archipiélago.

En ese sentido, la dependencia de estas Islas de los ingresos producidos por el sector turístico ha generado una situación compleja en ambas, por los que ha sido necesario reforzar las políticas de apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad a través de las entidades locales.

Por su parte, otro de los destinos de esta transferencia de crédito será la Asociación Social Oportunidades de Vida, una asociación que desarrolla un proyecto dirigido a las personas en situación de extrema vulnerabilidad para cubrir las necesidades más elementales y que cuenta con un amplio historial de colaboración con las administraciones, entre ellas, el propio Gobierno de Canarias.

La transferencia dotará de 125.000 euros a los Programas de Ayudas a las Familias Vulnerables que se desarrollen en Lanzarote y otros tantos en Fuerteventura, mientras que la Asociación Oportunidades de Vida recibirá una dotación de 90.000 euros.

Se aprueba la renovación de la seguridad de los centros de internamiento educativos para menores por unas cuantías de 2.153.711, 41 euros y 2.430.009, 91 euros, respectivamente

El Consejo de Gobierno ha autorizado el gasto correspondiente a la prórroga de los contratos de servicio de vigilancia, seguridad y protección en los centros de internamiento educativo para menores de Canarias de Valle Tabares, en Tenerife, y de La Montañeta, en Gran Canaria, por importe, respectivamente, de 2.153.711,41 euros y de 2.430.009,91 euros.El próximo 13 de agosto vence el contrato suscrito en el mismo mes del pasado 2020 entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la empresa adjudicataria del servicio, por lo que es necesario, una vez efectuado el preaviso de finalización por parte de la compañía, activar la prórroga con un año de vigencia, hasta el 13 de agosto de 2022.

La renovación del contrato es necesaria para garantizar la seguridad y protección de los menores internados, el auxilio al personal de los centros y para el mantenimiento o restablecimiento del orden interno en caso de que fuera necesario.

La memoria de la Dirección General de Protección de Infancia y la Familia del pasado 13 de julio acreditaba la necesidad de renovar el servicio en Valle Tabares y La Montañeta.

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 30 de abril de 2020, adoptó el acuerdo por el que se autorizaba la realización de un gasto para la contratación administrativa del servicio de vigilancia, seguridad y protección de centros de internamiento educativo para menores de Canarias, mediante procedimiento negociado sin publicidad, tramitación ordinaria, con pluralidad de criterios en la adjudicación y regulación armonizada, por importe de 4.583.721,32. Contrato este que queda renovado por un año con esta prórroga.

Los servicios y suministros contratados obedecen a circunstancias imprevisibles y de extrema urgencia al objeto de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, así como de los bienes materiales

El Consejo de Gobierno recibió hoy jueves, 29 de julio, información sobre el abono de diversos gastos derivados del incendio forestal declarado en el municipio de Arico, en Tenerife, entre el 20 y el 24 de mayo de 2021, cuyo importe total asciende a 67.838,65 euros.

El gasto se destinó a afrontar el desplazamiento, alojamiento y manutención del personal interviniente, así como el traslado de dotaciones materiales y de diversos suministros y servicios necesarios para la extinción de incendios.

Los servicios y suministros contratados, mediante resolución de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, obedecen a circunstancias imprevisibles y de extrema urgencia con el objeto de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, así como de los bienes materiales.

El Gobierno de Canarias asumió la dirección del Plan Canario de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca), que establece la organización y respuesta jerárquica de las labores de extinción y dirección en la lucha contra los incendios que tengan lugar en las Islas, y el coste de la extinción lo debe asumir la administración que en cada momento está llevando la dirección del plan.

En concreto, se contrataron con carácter de emergencia servicios y suministros de diversa índole, como gastos de viajes a agencias, desplazamientos contratados a navieras, manutención y alojamiento del personal interviniente, junto a los gastos derivados del traslado de materiales y determinados suministros y servicios.

La modificación del convenio suscrito en su momento se justifica por el retraso en los proyectos provocado por la irrupción de la pandemia

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la modificación del convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Mogán el 30 de diciembre de 2016 para el desarrollo de proyectos vinculados al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), al objeto de ampliar el plazo de ejecución y justificación de los fondos empleados en la anualidad de 2019.

El acuerdo del Gobierno se justifica, como en el resto de ampliaciones de plazo que ha autorizado a diversos ayuntamientos y Cabildos, en la situación de pandemia global provocada por el COVID-19, de tal forma que ésta ha supuesto un retraso en la ejecución de los proyectos, y por ende, en la justificación propia de utilización de los fondos.

La modificación permitirá al Ayuntamiento la aplicación de fondos de la anualidad del año 2019 hasta el 31 de octubre de 2021 y la justificación de los fondos hasta el 30 de noviembre de 2021.