Rechazo a la aprobación unilateral por parte de Marruecos de una nueva delimitación marítima en aguas colindantes con Canarias

El Gobierno de Canarias, en su reunión del Consejo de este jueves (23 de enero de 2020), celebrada en Santa Cruz de Tenerife, ha aprobado una declaración institucional con el rechazo a la aprobación unilateral por parte de Marruecos de una nueva delimitación marítima en aguas colindantes con Canarias. Esta declaración oficial manifiesta lo siguiente:

1º) La oposición y desacuerdo del Gobierno de Canarias a la aprobación unilateral en el día de ayer, 22 de enero de 2020, por parte de la Cámara de Representantes de Marruecos (Parlamento) de dos nuevas leyes de delimitación marítima que pueden afectar a la competencia legítima española sobre las aguas que rodean el archipiélago canario y además vulneren la legalidad internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas.

2º) La necesidad y obligatoriedad legal de que Marruecos respete, en la delimitación de las aguas marinas que comparten España y Marruecos en el Atlántico oriental africano alrededor de Canarias, los derechos e intereses canarios y estatales en el espacio marino objeto de delimitación dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) y la plataforma continental.

3º) El Gobierno de Canarias valora las acciones diplomáticas desplegadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y su titular, la ministra Arancha González, en relación con este asunto, de manera especial la afirmación tajante de que no habrá delimitación efectiva por parte de Marruecos de aguas colindantes entre los dos países hasta que se produzca un acuerdo previo sobre el reparto de esas aguas por parte de los dos Gobiernos. Sin ese acuerdo, la delimitación marítima en aguas del Atlántico oriental junto a Canarias no se ajusta a derecho y por lo tanto no podrá Marruecos hacerla efectiva.

4º) Canarias confía en que se mantenga la máxima firmeza del Gobierno de España en la defensa de los intereses del Estado y del Archipiélago en las aguas circundantes de la Comunidad Autónoma de Canarias y el respeto a la legalidad internacional. El Gobierno de Canarias se mantendrá atento y en contacto continuo, con la máxima coordinación institucional, con el Ejecutivo español para conocer de primera mano y compartir, previa consulta de este, cualquier decisión que adopte de forma unilateral Marruecos y sea contraria a los intereses de España y de las Islas en sus aguas cercanas.

En Santa Cruz de Tenerife, a 23 de enero de 2020

La contratación se realizará por el sistema de acuerdo marco y tendrá una duración de dos años

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy jueves, 23 de enero, a la Consejería de Sanidad a destinar una partida de 3.764.197,92 euros a la contratación centralizada de pruebas analíticas de los hospitales del Servicio Canario de la Salud en laboratorio externo, por un sistema de acuerdo marco y una duración de dos anualidades.

Si bien la intención del Servicio Canario de la Salud es reducir el número de pruebas analíticas que se realizan externamente mediante la potenciación y/o especialización de la actividad de los laboratorios hospitalarios, por razones técnicas y de eficiencia se necesita contar con un laboratorio externo para la realización de determinadas pruebas analíticas.

El expediente de contratación centralizada tiene un valor estimado de los contratos basados en el acuerdo marco de 1.882.093,96 euros por anualidad, exento de IGIC, a tramitar por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, tramitación ordinaria y sistema de acuerdo marco con un solo adjudicatario.

En agosto de 2017 se formalizó un acuerdo marco para la prestación de este servicio con una vigencia de diecisiete meses y un importe 1.857.022,72 euros, sin IGIC, y posterior, con fecha 21 de diciembre de 2018, se firmó una adenda por la que se prorrogó el acuerdo marco, de tal forma que el plazo de ejecución se amplió hasta el 20 de junio de 2020.

Los dos expedientes, tramitados por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, se aprueban con carácter previo a la autorización del Cabildo de Lanzarote

Las villas estarán situadas en la misma calle y tendrán 8 plazas de alojamiento cada una

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves la construcción de dos villas turísticas en el municipio de Yaiza, en Lanzarote, tras el visto bueno de los expedientes por parte de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio que dirige Yaiza Castilla.

Esta autorización se produce en base a la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y tiene carácter previo a la del Cabildo de Lanzarote.

Dicha Ley dispone que solo serán otorgadas autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, como requisito necesario para las consiguientes licencias urbanísticas, cuando tengan por objeto la nueva implantación de establecimientos alojativos en los siguientes casos:

Establecimientos hoteleros y también extrahoteleros, en este último supuesto cuando el planeamiento territorial no los prohíba expresamente, que deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen el mínimo impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones de calidad y gestión medioambiental turística y de máxima eficiencia energética.

Las villas proyectadas, que mantiene la arquitectura tradicional de la isla de Lanzarote, se estructuran en un volumen de pureza formal claramente ortogonal. El volumen propuesto se conforma en forma de doble U protegiéndolas del viento del norte.

Las villas se clasifican en la modalidad extrahotelera y tendrá 8 plazas de alojamiento cada una de ellas, situadas en la misma calle.

El Gobierno de Canarias aprobó hoy esa norma legal, la que garantiza la gratuidad de los fármacos prescritos a ese colectivo de mayores con carácter retroactivo a 1 de enero de 2020

El Gobierno de Canarias, en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este jueves, ha aprobado el decreto ley en virtud del cual los pensionistas con rentas anuales inferiores a 18.000 euros no pagarán por sus medicamentos. La medida, que se prevé publicar mañana, viernes, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), entraría en vigor, si lo anterior ocurre, a partir de las 00:00 horas del sábado 18 de enero.

La eliminación del copago farmacéutico se extiende a los pensionistas que ya la venían percibiendo y ahora además incluye a todos aquellos que antes estaban excluidos por la aplicación de la Ley General de Subvenciones (la fórmula que se aplicó en parte de 2019 fue una convocatoria de subvenciones vía decreto). De esa forma, es la primera vez que Canarias desarrolla la competencia que prevé el artículo 42.4 de la Ley General de la Seguridad Social y establece un complemento para los pensionistas con ingresos más bajos.

El decreto ley también establece el derecho a reembolso de las cantidades abonadas desde el 1 de enero hasta su entrada en vigor. Esos reintegros se llevarán a cabo principalmente a través de las diferentes oficinas de farmacia. En las próximas semanas, se informará del periodo en que los pensionistas podrán acudir a cualquier farmacia del Archipiélago a solicitar tal devolución a través de los mecanismos que se están ultimando gracias a la colaboración de los colegios farmacéuticos de las provincias tinerfeña y de Las Palmas.

La medida permanecerá en vigor hasta que se articule por parte del Gobierno del Estado la eliminación del copago farmacéutico en todo el país, una decisión incluida en el acuerdo de Gobierno suscrito por las diferentes formaciones políticas que apoyan al presidente Pedro Sánchez. Se pretende llevar a cabo en las próximas fechas.

El expediente, tramitado por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, se aprueba con carácter previo a la autorización del Cabildo de Lanzarote

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la construcción de una villa turística en el muncipio de Yaiza, en Lanzarote, tras el visto bueno de los expedientes por parte de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, que dirige Yaiza Castilla.

Esa autorización se produce según la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias y tiene carácter previo a la del Cabildo de Lanzarote.

Dicha ley dispone que solo serán otorgadas autorizaciones previas para plazas de alojamiento turístico en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife como requisito necesario para las consiguientes licencias urbanísticas, cuando estas tengan por objeto la nueva implantación de establecimientos alojativos en los siguientes casos: establecimientos hoteleros y extrahoteleros, en este último supuesto si el planeamiento territorial no los prohíbe expresamente.

Las nuevas construcciones deberán cumplir unos estándares de calidad edificatoria y de servicio ofrecido que garanticen el mínimo impacto medioambiental en términos de, al menos, ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y gestión de residuos, y reunir las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios establecidas reglamentariamente para configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como para obtener certificaciones de calidad y gestión medioambiental turística y máxima eficiencia energética.

La villa proyectada, que mantiene la arquitectura tradicional de la isla de Lanzarote, se estructura en un volumen de pureza formal claramente ortogonal. El volumen propuesto se conforma en forma de doble U dejando en la fachada sur la zona de terraza y piscina para protegerla del viento del norte. Consta de dos plantas y sótano. La villa se clasifica en la modalidad extrahotelera y tendrá seis plazas de alojamiento.

El objetivo es garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando la mejor atención al contribuyente y facilitando a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, autorizó este jueves la suscripción de un convenio entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y el Ayuntamiento de La Guancha para la prestación del servicio de gestión del cobro en vía ejecutiva de todos los ingresos de derecho público, tanto de naturaleza tributaria y no tributaria, de los que sea titular dicho Ayuntamiento.

El artículo 7 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, permite que las entidades locales puedan “delegar en la Comunidad Autónoma las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias que esa ley les atribuye”, así como “de los restantes ingresos de derecho público que les correspondan”.

Según la memoria justificativa suscrita por la directora de la ATC, el presente convenio se suscribe en aras de garantizar una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos públicos locales, prestando una mejor atención al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y permitiendo adaptar el servicio de recaudación a las nuevas tecnologías. También se facilita a los ciudadanos la correcta gestión de sus pagos de forma segura.

Las deudas delegadas serán, con carácter general, aquellas en las que previamente el Ayuntamiento haya dictado título ejecutivo y providencia de apremio respecto de los obligados tributarios identificados a los que aún no se haya notificado la deuda. En ningún caso se delegarán las deudas correspondientes a la Comunidad Autónoma o a la Agencia Tributaria Canaria.

Por otro lado, el coste del servicio por inicio de la gestión se fijará en tres euros por cada deuda cargada, y el coste por gestión realizada se determinará en función de la fecha de cancelación o data y según la naturaleza de este. Asimismo, los ingresos correspondientes a los intereses de demora devengarán el 7%, ya sean por aplazamientos o fraccionamiento de pago o por actuaciones de embargo.

Sobre la vigencia del convenio, que será de cuatro años prorrogables por otros cuatro, se establece la retroactividad de este y se aplica con efecto a partir del 1 de enero de 2019.

El tiempo de espera para someterse a una intervención quirúrgica en la sanidad pública de Canarias se ha reducido en 6,72 días en 2019 (-4,8%), según el análisis hecho para todo el año (el de los últimos 12 meses)

Esta evolución demuestra el grado de implicación de todos los profesionales sanitarios en la mejora de la calidad de ese servicio esencial para todos los ciudadanos. Actualmente, una persona ya diagnosticada y pendiente de ser intervenida en la sanidad pública canaria debe esperar 133,10 días.

Según los datos estadísticos del Servicio Canario de la Salud sobre listas de espera ya confirmados por la Consejería de Sanidad del Gobierno autonómico, hay 25.888 personas pendientes de intervención al finalizar el año pasado (2019); esto es, 1.259 más que al término de 2018, con un alza del 5,1%.

El tiempo de espera de esas personas ha quedado fijado al cierre de 2019 en 133,10 días, un avance respecto a los 139,82 en que se terminó el año anterior, el de 2018.

El número de personas pendientes de una operación se incrementó en el segundo semestre del año en 1.026 y el tiempo de espera para ser intervenido creció en 5,97 días, según los datos avanzados hoy por el Servicio Canario de la Salud que serán publicados de forma definitiva en los próximos días.

Los tiempos de espera en la sanidad pública canaria contemplan cuatro fases de atención al paciente: la primaria, la de atención especializada, la prueba diagnóstica y la intervención quirúrgica. De las dos primeras, aún no se dispone de cifras completas para el año 2019.

Respecto a la lista de espera para pruebas diagnósticas, los resultados son bastantes satisfactorios según el descenso logrado en relación con el dato de 2018. Ahora hay registradas en esa lista, al cierre de 2019, 24.929 personas (3.195 menos que el año precedente).

La evolución distinta de la variable sobre intervenciones quirúrgicas entre el primer y el segundo semestre de 2019 se debe a que de julio a diciembre de este año no se dispuso, por imperativo legal, de fondos públicos suficientes para seguir derivando personas a centros concertados, una actividad que sí podrá retomarse con el nuevo presupuesto, el del ejercicio de 2020.

Las cifras de mejora en las pruebas diagnósticas para 2019, además de la importante reducción del tiempo de espera interanual para someterse a una intervención quirúrgica, son un ejemplo del alto compromiso y la elevada implicación de la comunidad médica en la mejora de tan importante servicio público.

También hay que destacar el hecho de que, a medida que se aminora la lista de espera en pruebas diagnósticas, se suele aumentar en intervenciones quirúrgicas, lo que a su vez eleva el tiempo que se tarda en operarse, sobre todo cuando no es posible mantener el ritmo de derivaciones hacia la sanidad concertada por la falta de fondos presupuestarios, justo lo que ocurrió en el segundo semestre de 2019.

En todo 2019, se hicieron, por el motivo indicado, 4.215 operaciones menos en los centros privados concertados. Pese a ello, la lista de espera quirúrgica solo ha subido en 1.026 personas, lo que da buena muestra del mayor volumen de intervenciones realizadas en los hospitales públicos.

LISTAS DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN CANARIAS

Fuente: Servicio Canario de la Salud.

(*) Datos provisionales pendientes de validación

EVOLUCIÓN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA EN CANARIAS

Fuente: Servicio Canario de la Salud.

(*) Datos provisionales pendientes de validación

El incremento de la lista de espera quirúrgica es del 3,96% en variable intersemestral (seis meses), de diciembre de 2019 respecto a junio del mismo año, y del 4,86% en términos interanuales (12 meses), de diciembre de 2019 a diciembre de 2018.

La fórmula legal que utilizará el Ejecutivo autonómico será de aplicación retroactiva a 1 de enero de 2020, “jurídicamente defendible” y de “aplicación rápida”

El Consejo de Gobierno, en su sesión de este jueves, 9 de enero de 2020, ha estudiado y elegido la nueva medida legal que permitirá la eliminación del copago farmacéutico a los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales residentes en Canarias. Tras esa reunión, celebrada esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria, tanto el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, como la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, informaron de la solución jurídica elegida para eliminar el copago hasta que el nuevo Gobierno de España tome la decisión de adoptar la misma medida con aplicación en todo el país, algo que se prevé activar con premura por el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Tal y como se decidió hoy, la eliminación del copago farmacéutico de los pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales se hará a través de un decreto ley autonómico que se aprobará en el Consejo de Gobierno previsto para el jueves 16 de enero. A través de ese decreto ley, se suspenderá ese copago farmacéutico de forma inmediata, una vez se publique la nueva norma en el BOC, lo que se prevé hacer al día siguiente.

Esta medida legal incluirá su aplicación con carácter retroactivo a 1 de enero de 2020, lo que implica que las cantidades ya abonadas por sus medicamentos por el grupo de pensionistas beneficiarios se podrán recuperar.

El titular de Administraciones Públicas, la Consejería que asesora jurídicamente al Gobierno, afirmó hoy que la fórmula elegida para eliminar el copago farmacéutico es “jurídicamente defendible”, “inmediata” y “de tramitación y aplicación rápidas”. Julio Pérez también destacó en su intervención que “lleva aparejada con seguridad la retroactividad a 1 de enero de 2020”, y aseguró que “la vía de la subvención”, la aplicada en 2019 por el anterior Ejecutivo, “no parece la más adecuada”.

En su razonamiento, la consejera de Sanidad enumeró las anomalías e imperfecciones del decreto utilizado en 2019 para la convocatoria de una subvención, y defendió el modelo más seguro y apropiado que se empleará este año hasta que el Gobierno español termine con el copago en toda España.

Teresa Cruz agradeció la colaboración de los colegios profesionales de farmacéuticos de Canarias para la aplicación de la nueva medida, en este caso como entidades colaboradoras.

Medida social y sanitaria

El futuro decreto ley se ha concebido como una “medida social y sanitaria” para la atención a las “personas más vulnerables” y bajo el principio de que la salud de los ciudadanos “no puede estar condicionada a tener o no tener ingresos” propios.

Teresa Cruz incidió en que la vía de la subvención “no es el procedimiento más adecuado” para eliminar el copago farmacéutico, como se hizo en 2019 vía decreto y sin entonces contar con los informes adecuados. También recordó que, en cualquier caso, si se hubiera optado por ese mismo método, se habría tenido que esperar a la aprobación y entrada en vigor de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Con esta medida legal, el Ejecutivo autonómico establecerá un nuevo ordenamiento jurídico que, a diferencia del Decreto 78/2019, de 6 de mayo del Gobierno de Canarias, no tendrá rango de subvención, de manera que eximirá a sus beneficiarios de las obligaciones que emanan de recibir tal subvención, como es la de presentar la declaración de la Renta correspondiente a 2019 siempre que el incremento patrimonial del pensionista beneficiario sea superior a los 1.000 euros, a lo que en algunos casos pudo contribuir el modelo aplicado por el Ejecutivo canario anterior, el que rigió desde mayo de 2019 hasta el 31 de diciembre del año pasado.

De igual forma, el mantenimiento de la modalidad de subvención como vía para garantizar la gratuidad de los medicamentos este 2020 hubiera podido excluir a algunos pensionistas de tal ayuda pública debido a cuestiones que poco o nada tienen que ver con una prescripción sanitaria de tratamiento o con el nivel de renta del perceptor, lo que podía ir en contra del acceso en condiciones de igualdad a los tratamientos sanitarios.

El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio (del Estado), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, es el que hoy en día establece el régimen de gratuidad o copago de los medicamentos prescritos en el Servicio Nacional de Salud. Además, hay que recordar que la modificación de esa norma estatal, con el fin de eliminar la obligación del copago a los pensionistas que perciben menos de 18.000 euros al año, es un compromiso asumido y anunciado por el ya presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El acuerdo cumple con el mandato contenido en el artículo 120 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en 2018

El Consejo de Gobierno acordó este jueves, a propuesta de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, iniciar los estudios para la creación de la Autoridad Canaria de la Competencia, en cumplimento con el mandato contenido en artículo 120 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado en 2018.

De hecho, la Ley Orgánica 1/2018 atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 120.1, “la competencia exclusiva en materia de promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen principalmente en Canarias” y, en el 120.2, “la competencia ejecutiva en materia de defensa de la competencia en el ejercicio de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio del Archipiélago”.

Además del reconocimiento legal de las nuevas atribuciones, el reciente Estatuto incluye, en el artículo 120.3, la “creación un órgano especializado de defensa de la competencia con jurisdicción en todo el Archipiélago, cuya actividad se coordinará con los previstos en el ámbito estatal y comunitario europeo”.

Esta propuesta tiene su base en el informe sobre los traspasos pendientes para el pleno desarrollo del autogobierno conforme al Estatuto de Autonomía, que abordó el Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 14 de noviembre.

Con ello se pretende cumplir con un ineludible compromiso estatutario cuya materialización es aconsejable llevar a cabo en un plazo razonable, para dar respuesta a las relaciones de mercado en permanente cambio. Además, este acuerdo representa la firme voluntad de que el nuevo órgano esté en condiciones de hacer suyas las mejores prácticas seguidas por los organismos de supervisión y control en los ordenamientos más experimentados.

También se ha dado cuenta en el Consejo de este lunes de la financiación de un servicio de atención inmediata en Fuerteventura ante la llegada intermitente de embarcaciones

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud la concesión al Cabildo de Lanzarote de una subvención directa destinada a cubrir parte de los gastos del mantenimiento de las plazas residenciales de menores extranjeros por importe de 551.880 euros.

Asimismo, se ha dado cuenta de las resoluciones de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, de fecha 3 y 19 de diciembre de 2019, relativas a la contratación de un servicio consistente en un dispositivo de atención inmediata a menores extranjeros no acompañados en la isla de Fuerteventura, este por valor de 267.462,90 euros.

La tramitación de ese servicio en la isla de Fuerteventura se hace mediante procedimiento de emergencia, dada la llegada intermitente de embarcaciones con menores extranjeros a la isla y ante la inexistencia de recursos para la primera acogida de menores.

Tal y como establece la Estrategia Canaria de Infancia, Familia y Adolescencia, tanto los cabildos como el Gobierno de Canarias son responsables de la planificación y adecuación de la red de recursos para menores extranjeros no acompañados, incluyendo recursos humanos multiprofesionales que contemplen la variable cultural.

Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, la Comunidad Autónoma de Canarias debe velar por el bienestar de todos los menores de dieciocho años que residan o se encuentren transitoriamente en el Archipiélago, estableciendo la distri­bución de funciones y competencias de atención, la regulación de las medidas y actuaciones administrativas de prevención, en situación de riesgo, de amparo e integración social, así como el régimen de colaboración y participación social en estas actividades.

Como establece la ley, corresponde a los cabildos la gestión de centros y servicios públicos de acogida insular o supramunicipal y de los que tengan incidencia en la población insular, así como la prestación de los servicios especializados de atención al menor.