El Consejo de Gobierno modifica las medidas sanitarias por COVID-19 y limita la circulación entre las 00.00 y las 6.00 horas en las islas con nivel 1

En los establecimientos de hostelería y restauración, se reducirá el número de personas por grupo en el interior y en las barras, tanto en los niveles 1 como en el 2

Sobre el uso obligatorio de mascarillas, el Gobierno acuerda que en entrenamientos y competiciones dentro de la actividad deportiva profesional y federada, de ámbitos nacional e internacional, se aplicará lo recogido por el protocolo de las federaciones

El Consejo de Gobierno acordó en la sesión extraordinaria celebrada este lunes, 1 de marzo, rebajar el nivel de alerta de la isla de Lanzarote del 4 al 3, debido a la mejoría en sus datos pandémicos tanto en incidencia acumulada como en indicadores de presión asistencial. Esta modificación entrará en vigor en cuanto se publique el semáforo en la web de la Consejería de Sanidad: https://www.gobiernodecanarias.org/principal/coronavirus/semaforo/.

Además, a instancias del consejero de Sanidad, el Consejo de Gobierno modificó varias medidas de prevención de la COVID-19 en Canarias contenidas en el Acuerdo de 19 de junio de 2020, en su mayoría referidas al nivel 1 de alerta. Así, se limita la circulación de personas en horario nocturno entre las 00.00 y las 6.00 horas; se establece el cierre completo de los establecimientos de hostelería y restauración antes de las 00.00, y se autoriza la asistencia de público a los eventos deportivos no profesionales, profesionales y federados, sin superar un aforo máximo del 50% y siempre que se garantice la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros.

Con el acuerdo adoptado hoy, las islas en nivel de alerta 1 (actualmente, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro) pasan de no tener limitada la circulación de personas en horario nocturno a quedar ésta restringida durante la franja horaria comprendida entre las 00.00 y las 6.00 horas.

Este ajuste horario se traslada igualmente a la actividad de la hostelería y restauración en ese mismo nivel, para la que se establece el cierre completo de los establecimientos antes de las 00.00 horas, al tiempo que se ajusta el número de personas por grupo en función de si se encuentran en el exterior o en espacios interiores para los niveles de alerta 1 y 2, que quedará como sigue:

-Hasta el nivel de alerta 1, no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en los espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesas será de 10 personas en el exterior, 6 en espacios interiores y de 4 el grupo de clientes en barra. Se establece el cierre completo de los establecimientos antes de las 00.00 horas.

-En el nivel de alerta 2, no se podrá superar el 75% del aforo autorizado en terrazas al aire libre y el 50% en espacios interiores. La ocupación máxima por mesa o grupo de mesas será de 6 personas en el exterior, 4 en espacios interiores y de 2 el grupo de clientes en barra. No podrá prestarse el servicio de bufé o autoservicio en espacios interiores. Se establece el cierre completo de los establecimientos antes de las 23.00 horas.

Eventos deportivos que se celebren en Canarias

Hasta el nivel de alerta 1, se permiten los eventos deportivos con un aforo de público del 50%, siempre y cuando se garantice una distancia de seguridad interpersonal entre el público de al menos 1,5 metros.

En los niveles de alerta 2, 3 y 4, no podrán celebrarse eventos multitudinarios sujetos a autorización previa.

En relación con los eventos celebrados en instalaciones deportivas que no estén sujetos a autorización previa, hasta el nivel de alerta 1 no se superará el 50% del aforo de público autorizado y podrá acomodarse el público por grupos de convivencia estable de hasta 4 personas, garantizando la distancia de seguridad interpersonal de al menos 2 metros entre grupos.

En el caso de butacas fijas, se impedirá el uso de aquellas que no pueden ocuparse, y en las gradas se señalizará físicamente el espacio asignado a cada grupo.

En el nivel de alerta 2, no se superará el 25% del aforo de público autorizado, debiendo cumplirse los mismos requisitos que en el apartado anterior.

En los niveles de alerta 3 y 4, no se permite la asistencia de público, salvo lo relativo al acompañamiento de menores en instalaciones al aire libre que dispongan de gradas, donde se podrá permitir que las personas acompañantes (máximo de 2 personas por menor) puedan ocuparlas hasta un máximo del 15% del aforo, manteniendo todas las medidas de prevención y protección.

Práctica de la actividad física y deportiva no federada al aire libre

A lo ya establecido, se añade para el nivel de alerta 4 que no se superará el 25% del aforo deportivo establecido para cada una de las estancias o espacios en el caso de instalaciones y centros deportivos, en espacios al aire libre.

La presencia de público, así como de acompañamiento a menores, en su caso, se regirá por lo establecido en el apartado 3.15 del Acuerdo. No se permite en ninguno de los niveles de alerta aquellas actividades, propias de modalidades o especialidades deportivas de combate o de otro tipo, en las que se requiera contacto físico interpersonal continuado con el adversario.

Práctica de la actividad deportiva federada

La práctica de la actividad deportiva federada profesional y la federada de ámbitos nacional e internacional, en entrenamiento y competición, podrá llevarse a cabo individual o colectivamente, tratando de mantener la distancia de seguridad de 2 metros siempre que sea posible y hasta un máximo de 25 personas simultáneamente.

Tiene la consideración de deporte profesional el fútbol de primera y de segunda división masculina y el baloncesto de la Liga ACB masculina.

No se permiten aquellas actividades, propias de modalidades o especialidades deportivas de combate o de otro tipo en las que se requiera contacto físico interpersonal continuado con el adversario.

Asimismo, durante la vigencia de los niveles de alerta 3 y 4 se prohíbe cualquier tipo de práctica deportiva federada, de ámbitos regional o insular, al aire libre en la que no pueda mantenerse la distancia interpersonal de 2 metros en todo momento y se requiera un número de participantes superior al permitido en los puntos 1 y 2 del apartado 3.13 del Acuerdo, para cada nivel de alerta, si bien podrán realizarse entrenamientos y actividad física en las que se garantice la distancia anterior y se respete el número máximo de participantes. Queda prohibida la práctica de la actividad física y deportiva en las zonas interiores de instalaciones y centros deportivos.

En el desarrollo de competiciones deportivas de carácter federado de ámbitos regional o insular se permitirá, en los niveles de alerta 1 y 2, tanto en espacios al aire libre como en zonas interiores, las competiciones deportivas, salvo aquellas modalidades en las que se requiera contacto físico interpersonal continuado con el adversario.

El uso de la mascarilla es obligatorio en cualquier práctica, salvo en aquellas individuales que se desarrollen al aire libre y en las que pueda mantenerse la distancia de dos metros, permanentemente, con otros participantes. En el resto de modalidades, y en las de equipo, en todo caso, así como en espacios interiores, el uso de la mascarilla es obligatorio.

En los niveles de alerta 3 y 4 quedan suspendidas las competiciones deportivas de carácter federado de ámbitos regional o insular.

Competiciones deportivas al aire libre de circuito internacional

Respecto a la limitación de circulación en horario nocturno, se añade una nueva excepción válida para todos los niveles de alerta, relativa a la participación en eventos deportivos al aire libre que formen parte de un circuito internacional de competición y que, por sus características, deben necesariamente desarrollarse total o parcialmente fuera del horario establecido con carácter general para la limitación de la libertad de circulación, previa autorización de la Dirección del Servicio Canario de la Salud.

Para los niveles de alerta 3 y 4, en lo relativo a la limitación en la entrada y salida de las islas, se incorpora igualmente un apartado para dar cobertura a aquellas prácticas deportivas federadas de nivel nacional, que deben desarrollarse según lo establecido por la Administración competente y de conformidad a las limitaciones establecidas en los protocolos federativos correspondientes.

Uso de mascarillas en entrenamientos y competiciones deportivas

Respecto al uso obligatorio de mascarillas, el Gobierno ha acordado que en la realización de entrenamientos y en la celebración de competiciones dentro de la actividad deportiva profesional y federada, de ámbitos nacional e internacional, se aplicará lo recogido específicamente en el protocolo de las federaciones deportivas respectivas.

Podrán beneficiarse de la convocatoria las pymes y autónomos de los sectores más afectados cuyo volumen de facturación haya caído más del 30% en el segundo semestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019

Se establecen dos líneas de ayudas, por un importe total de 84 millones, para personas trabajadoras autónomas sin asalariados y para pymes y autónomos con asalariados, a las que se sumarán otros 80 millones para los establecimientos alojativos turísticos

Se trata de una convocatoria inédita en Canarias, que flexibiliza y agiliza al máximo legal posible sus requisitos para adaptarse a las distintas realidades de las pymes
y autónomos de Canarias

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos; Economía, Conocimiento y Empleo, y Turismo, Industria y Comercio, el decreto ley por el que se regula la concesión directa de subvenciones por importe de 84 millones de euros al mantenimiento de la actividad de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas (pymes) de los sectores afectados por las restricciones sanitarias derivadas del COVID-19. Estas ayudas se complementarán con otros 80 millones de euros en subvenciones para establecimientos alojativos turísticos, en cuya definición trabaja el Ejecutivo.

En total, el Plan Extraordinario de Ayudas del Gobierno de Canarias destina 165 millones de euros en ayudas directas a fondo perdido para las pymes y autónomos de Canarias, que se suman a las subvenciones ya concedidas el año pasado, por importe de 95,3 millones de euros.

La convocatoria aprobada en este decreto ley tiene como objetivo financiar los gastos fijos de funcionamiento (alquiler, cánones de uso de la propiedad intelectual, primas de seguros no sociales y suministros de luz, agua y comunicaciones) de los sectores afectados no solo por las restricciones, sino por la reducción de demanda, y de ella podrán beneficiarse aquellas pymes y autónomos cuyo volumen de facturación haya caído un 30% o más en el segundo semestre de 2020 respecto al mismo periodo de 2019.

El plazo para presentar las solicitudes se abrirá el próximo 10 de marzo y durará 20 días hábiles, hasta el 8 de abril.

Se trata de una convocatoria inédita en Canarias, que flexibiliza y agiliza al máximo legal posible sus requisitos para adaptarse a las distintas realidades de las pymes y autónomos del Archipiélago. Para ello, se ha hecho un gran esfuerzo político y técnico, gracias a la colaboración de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos; la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, y la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, que han diseñado un modelo de cálculo de la cuantía de las subvenciones novedoso, justo y además certificable para la captación de los fondos europeos de recuperación REACT-EU, a los que está previsto cargar esta línea de ayudas.

En cualquier caso, dada la urgencia de la medida, el Gobierno de Canarias ha adelantado ya los fondos para agilizar el proceso, sin afectar en ningún caso a los presupuestos para 2021.

Dos líneas de ayudas

La convocatoria establece dos líneas de ayudas: una para personas trabajadoras autónomas sin asalariados, dotada con 18 millones de euros y que será gestionada por el Servicio Canario de Empleo, y otra para pymes y autónomos con personas asalariadas, dotada con 66 millones de euros y que será gestionada por la Dirección General de Promoción Económica de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Para el cálculo de la cuantía de las ayudas, que según las estimaciones estarán entre los 1.063 y 25.000 euros por entidad beneficiaria, se toman como base tres criterios:

• Un cálculo de los gastos fijos basado en un estudio de costes simplificados para el que se han tomado como referencia datos reales de empresas canarias y que permite agilizar los trámites.
• Un aumento de la cuantía en función del número de personas empleadas equivalentes a tiempo completo, hasta 10 trabajadores: a mayor número de personas trabajadoras, mayor cuantía, con lo que se aporta equidad a la convocatoria.
• Un aumento de la cuantía en función del porcentaje de reducción de la facturación: a mayor porcentaje de caída, mayor cuantía, reforzando la protección de las empresas en función de su afectación.

Muestra de 10.600 empresas

Precisamente, el estudio de costes unitarios que ha servido para fijar los costes medianos de las empresas se sustenta en una encuesta estructural que hace el INE para toda España y cuyos microdatos comparte con el Instituto Canario de Estadística (Istac). El tamaño de la muestra es 10.600 empresas en Canarias y, de ellas, el Istac ha elaborado un exhaustivo informe mediante el estudio de 4.737 para calcular los costes medianos de las que su facturación cae al 30%.

Este proceder, apoyado en una muestra amplísima, permite eliminar burocracia, pues las ayudas se deciden en función de costes fijos.

Las pymes y autónomos que soliciten la ayuda deberán presentar una declaración responsable de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o Mutualidad Profesional, de que no se han recibido ayudas con el mismo fin y de que no se incurre en las prohibiciones establecidas en el decreto ley. Además, deberán acreditar una caída de su volumen de facturación entre el segundo semestre de 2020 y el segundo de 2019 superior al 30%; presentar un informe de la plantilla de trabajadores en situación de alta, a 31 de diciembre de 2020, emitido por la Seguridad Social, y acreditar el alta en la correspondiente actividad.

Esta información se analizará solo para comprobar que se reúnen los requisitos y que se ha adjuntado la documentación necesaria, en cuyo caso se calculará la cuantía de la ayuda y se le dará trámite. Las pymes y autónomos beneficiarios estarán obligados a mantener su actividad al menos durante seis meses a partir del día siguiente a la publicación del decreto ley en el Boletín Oficial de Canarias.

El Plan Extraordinario de Ayudas lanzado por el Gobierno de Canarias es la mayor iniciativa de apoyo a las pymes y autónomos de la historia de la Comunidad Autónoma, con más de 400 millones de euros entre ayudas directas y medidas de moratoria fiscal.

Moratoria fiscal

Precisamente, el Ejecutivo, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, aprobó el pasado 28 de enero otro decreto ley por el que se adoptan medidas excepcionales para facilitar el pago de obligaciones tributarias, norma que entró en vigor al día siguiente y fue finalmente convalidada por unanimidad en el Parlamento de Canarias el 23 de febrero. Hace ya un mes, por tanto, que está en vigor esa moratoria fiscal, que supone 235,8 millones de liquidez para las empresas y autónomos. Un importe que el Gobierno de Canarias soportará con su tesorería al diferir el cobro tributario que estaba previsto.

Ese decreto ley dispone el aplazamiento del ingreso ordinario del IGIC y el AIEM correspondiente al primer trimestre del presente año hasta el 20 de octubre, ampliar por seis meses el vencimiento del pago de deudas tributarias ya aplazadas o fraccionadas, para todos los plazos no vencidos, sin tener que pagar intereses por ello, aplazar deudas tributarias que se encuentren en periodo ejecutivo si en su día la deuda fue aplazada o fraccionada y ampliar también hasta el 20 de octubre el plazo de presentación de la autoliquidación de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar correspondientes a máquinas o aparatos automáticos.

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A través de un convenio con la corporación insular, se financia el mantenimiento del equipo técnico que realiza los informes médicos, psicológicos y sociales necesarios para el preceptivo dictamen

El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado la suscripción de un convenio entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y el Cabildo Insular de La Palma por el cual se encomienda a la entidad insular la gestión de la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen de reconocimiento del grado de discapacidad, por un importe que asciende a 68.546,67 euros.

Con la suscripción de este acuerdo, se da continuidad al acuerdo alcanzado en 2016 entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo insular de La Palma y que se ha ido renovando hasta la firma de este nuevo acuerdo, con fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

Con este convenio, se encomienda al Cabildo Insular de La Palma la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del grado de discapacidad de las personas que así lo precisen, con residencia en la isla de La Palma.

La financiación del convenio contempla dar continuidad al equipo de cuatro especialistas (médico, psicólogo, trabajador social y administrativo) para realizar esos informes necesarios para el dictamen de reconocimiento de discapacidad, con carácter previo a formulación de dictámenes por el equipo de valoración y orientación (EVO), de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.

Las labores se realizarán bajo la dirección de la persona responsable de la dirección del Centro de Valoración de la Discapacidad de Santa Cruz de Tenerife, de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, que actuará responsable de la coordinación, supervisión y control de los trabajos previstos en el citado acuerdo de encomienda de gestión.

Se resuelve el recurso contra el Decreto 133/2020, por el que se aprueba la OPE del Servicio de Canario de la Salud para 2020

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el proyecto de decreto por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición contra el Decreto 133/2020, de 23 de diciembre, por el que se aprobó una oferta de empleo público de 1.232 plazas de personal estatutario del Servicio Canario de la Salud.

El recurso fue presentado el 27 de enero de 2020 para solicitar la nulidad del decreto, alegando que la Administración no puede proceder a convocar, por medio del sistema de acceso libre y concurso-oposición, las plazas reclamadas por el colectivo de Facultativos Especialistas de Área en situación de abuso de temporalidad, entre otros motivos alegados por los recurrentes.

Por su parte, la Dirección General de Recursos Humanos del SCS emitió un extenso informe el 19 de febrero de 2021 con propuesta de resolución desestimatoria, en el que concluye que la situación de abuso de temporalidad debe ser declarada, caso a caso, por una autoridad judicial nacional y no de manera unilateral y que, vista la legalidad y doctrina jurisprudencial existente en el ordenamiento jurídico español, no se aprecia causa de nulidad de pleno derecho del Decreto 133/2020.

A la vista de esta propuesta de resolución desestimatoria, la Consejería de Sanidad cursó un informe de iniciativa dirigido a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, para la adopción del acuerdo de aprobación del proyecto de decreto que resuelve la situación planteada, tal y como se ha producido en la sesión de hoy.

De este modo, el Decreto 133/2020 permanece vigente con la finalidad de convocar los procesos selectivos para la estabilización de 1.232 plazas del SCS, de las que 330 son de facultativo especialistas de área, 449 de enfermería, 112 del grupo auxiliar administrativo de la función pública, 213 de enfermería y 128 de celador.

El periodo del mandato se ha calculado a partir del porcentaje de empresas con relevancia en el sector portuario de las islas de la provincia oriental

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el método de designación de un único vocal, representante de las tres Cámaras de Comercio de la provincia de Las Palmas, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Este único vocal representará a las tres cámaras, seguirá un turno rotatorio y el periodo de duración del mandato se calculará según el porcentaje de empresas con relevancia en el sector portuario y de la navegación de esas islas.

Así, se ha designado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria a José Sánchez Tinoco, a quien le corresponde un periodo de duración de mandato de cuarenta y un meses.

A la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Lanzarote y La Graciosa, una vez finalizado el periodo de mandato de Gran Canaria, le corresponderá designar al vocal que representará a las tres Cámaras en el Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que recaerá en José Torres Fuentes, a quien le corresponde un periodo de mandato de siete meses.

Por su parte, la Cámara de Comercio de Fuerteventura no tendrá por el momento participación en este turno rotatorio en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, al no haber remitido certificación plenaria que acredite la existencia de acuerdo por parte de su máximo órgano de gobierno al respecto de su candidato.

En este sentido, la propuesta de esta última no puede ser tenida en cuenta a efectos del reparto rotatorio de los respectivos representantes de cada cámara por lo que el turno rotatorio se circunscribe a los representantes de la Cámara de Gran Canaria y de la Cámara de Lanzarote y La Graciosa. Así, para la grancanaria, con un número de empresas que asciende a 215, se establece un periodo de duración del mandato de 41 meses, y la de Lanzarote y La Graciosa, con 38 empresas, de siete meses.

La vigencia se retrotrae al día 1 de enero de 2019, fecha en la que se actualizaron a la baja las tarifas que percibe GRECASA por la prestación de este servicio de recaudación

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 25 de febrero, la suscripción de sendos convenios entre la Agencia Tributaria Canaria (ATC) y los ayuntamientos de El Paso y Tijarafe, en La Palma, para la prestación del servicio de recaudación en vía ejecutiva de los tributos y otros ingresos de derecho público que les correspondan.

Con la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y del Decreto 11/2019, por el que se regula la actividad convencional del Gobierno de Canarias, se hace obligatorio renovar todos los convenios suscritos en dicha materia para adaptarlos a la nueva normativa.

A semejanza de anteriores convenios, la vigencia se retrotrae al día 1 de enero de 2019, fecha en la que se actualizaron las tarifas que percibe la sociedad mercantil pública Gestión Recaudatoria de Canarias (GRECASA), adscrita a la Consejería de Hacienda, por la prestación de este tipo de servicios, siendo las nuevas condiciones -el pago de un determinado porcentaje sobre las cantidades recaudadas- más favorables para los ayuntamientos.

A este respecto, cabe señalar que la prestación de servicios de cobro en vía ejecutiva se viene realizando por parte de GRECASA desde el año 1995, aplicándose desde el 1 de enero de 2019 nuevos porcentajes a abonar por la ATC, más favorables que los precedentes, por lo que no imposibilita la retroactividad de los convenios.

En este sentido, los ayuntamientos de El Paso y Tijarafe deberán abonar mensualmente a la ATC una cantidad determinada idéntica a la de los demás convenios de estas características.

Estos recursos se unen a los 240 millones de euros que el Ejecutivo ha deslizado a la economía canaria con la moratoria fiscal

La política de alivio fiscal y auxilio económico entronca con la Prioridad Estratégica 5 del Plan Reactiva Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy la generación de un crédito de 165 millones de euros para sufragar las ayudas directas a los sectores más perjudicados por la crisis y anunciadas a finales del pasado mes por el presidente y el vicepresidente, Ángel Víctor Torres y Román Rodríguez, respectivamente.

El acuerdo establece que los 165 millones de euros se tomarán de los remanentes de tesorería de los dos últimos años, si bien esta circunstancia no impedirá en ningún caso a la Comunidad Autónoma seguir cumpliendo los plazos de pago a proveedores. Es más, su habilitación con cargo al superávit es posible por la inaplicabilidad de los objetivos de estabilidad, de deuda pública y la regla de gasto para los ejercicios 2020 y 2021, que permite a la Comunidad Autónoma destinar esos fondos a usos diferentes de la reducción de deuda.

Con la generación de este crédito, el Gobierno da el paso previo y preceptivo para la concesión de ayudas directas al sector turístico, pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos de las Islas que se han visto afectados gravemente por las restricciones derivadas de la lucha contra el Covid-19.

La decisión adoptada hoy por el Ejecutivo entronca, además, con la Prioridad Estratégica 5 del Plan Reactiva Canarias, relativa al impulso de la actividad económica y que se articulan en dos grandes líneas o ejes: uno, en el que se incluyen actuaciones de naturaleza general, orientadas al conjunto de la economía, y otro, con medidas debidamente sectorizadas.

Desde esta perspectiva, se establecen diversas medidas, entre las que caben destacar las relativas a la aportación de liquidez a las empresas y personas trabajadoras autónomas o el impulso de líneas de financiación de tesorería y circulante para las pymes, además de las consistentes en ayudas a fondo perdido, es decir, subvenciones, para ayudar a las empresas a compensar los gastos en los que hayan tenido que incurrir para hacer frente a la crisis y que vuelvan a impulsar nuevos proyectos.

Precisamente, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ya aprobó, solo una semana después de anunciar la media, una moratoria fiscal que permite a los contribuyentes el aplazamiento de deudas tributarias y la inyección de liquidez a la economía canaria de 240 millones de euros.

A esta medida se unirán ahora las ayudas directas, cuya convocatoria está ultimando el Ejecutivo, por los citados 165 millones de euros, lo que situará Canarias como una de las comunidades autónomas que mayor esfuerzo ha realizado para el alivio fiscal y el auxilio económico de pymes y autónomos.

La aplicación de los fondos se amplía hasta el 31 de diciembre de 2021 y su justificación hasta el 31 de marzo de 2022

El Gobierno lleva dos años ampliando los plazos del FDCAN a los Cabildos para adaptarse a su ritmo de ejecución de obras

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 17 de febrero, la prórroga del plazo de ejecución y justificación de los recursos asignados en el marco del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2020 al Cabildo Insular de Fuerteventura. Asimismo, se autoriza la suscripción de la pertinente adenda en tanto se modifica el convenio previamente aprobado por el Ejecutivo canario.

Así, el plazo de aplicación de los fondos correspondientes a la anualidad de 2020 se amplía del 31 de julio de 2021 hasta 31 de diciembre de 2021, mientras que el plazo de justificación, que vencía el 31 de octubre 2021, se aplaza hasta el 31 de marzo de 2022.

Al igual que el resto de los cabildos a los que se les ha concedido la prórroga, la corporación insular de Fuerteventura justifica la solicitud de ampliación en las dificultades de gestión que han tenido en el desarrollo de los proyectos y programas del FDCAN derivadas de la crisis provocada por la pandemia, lo que ha supuesto un retraso en la ejecución y justificación de los fondos utilizados.

En todo caso, el Gobierno lleva dos años ampliando los plazos del FDCAN a los Cabildos para adaptarse al ritmo de ejecución de las corporaciones insulares.

El gasto plurianual se dedicará a la contratación del suministro, instalación y mantenimiento de los equipos que se instalarán en el búnker del centro hospitalario

El Gobierno de Canarias autorizó este jueves, 18 de febrero, la autorización de gasto de 4.372.600 euros para la contratación del suministro, instalación y mantenimiento del equipamiento del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital General de Fuerteventura.

En 2021 se invertirán 2.337.500 euros, mientras que en 2022 el presupuesto será de 237.500 euros. A continuación, y desde 2024 hasta 2031, el presupuesto será de 224.700 euros anuales, que se corresponde con el mantenimiento.

El búnker de Oncología Radioterápica del Hospital General de Fuerteventura se ubicará en un edificio anexo al centro hospitalario, y su construcción se encuentra actualmente muy avanzada.

La puesta en marcha de este servicio uno de los proyectos de infraestructuras prioritarios en Fuerteventura, ya que dará respuesta a una de las demandas de la sociedad majorera. Con este equipamiento se mejorará el abordaje de la enfermedad oncológica, lo que redundará en una mejora de los servicios que se prestan a la población de la Isla.

Su objetivo es la contratación del suministro de reactivos y material fungible, así como la cesión del equipamiento necesario para la realización, conservación e informe diagnóstico

El Consejo de Gobierno aprobó destinar 2.512.161 euros a la contratación del suministro de reactivos y material fungible necesario para la realización automática de técnica de tinción en anatomía patológica y la cesión del equipamiento necesario para la realización, conservación e informe diagnóstico con destino al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín. 

El expediente de contratación se inició el pasado 2 de febrero y la contratación se realizará mediante procedimiento abierto de adjudicación y tramitación ordinaria, para un plazo máximo de vigencia de 48 meses, comprendidos entre los años 2021 a 2024.

Se contempla un gasto por anualidad de 568.635 euros en la primera; 605.406 euros en la segunda; 646.709 euros en la tercera; y 691.411 euros en la cuarta. Suman un gasto total de 2.512.161 euros, los autorizados por el Ejecutivo de Canarias.

El gasto propuesto excede de dos millones de euros, por lo que tiene que ser autorizado por el Gobierno de Canarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 25.1 de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021. El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de Canarias de esta autorización de gasto.