El portavoz Julio Pérez cifra en 8.066 millones de euros el valor absoluto de los capítulos del 1 al 7, sin contabilizar los apartados financieros

Ese umbral, que se podrá aprobar como anteproyecto de ley en el Consejo extraordinario del miércoles, supone un alza de más de 200 millones

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez (también consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad), avanzó este jueves, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 alcanzarán los 8.066 millones de euros para los capítulos no financieros (del 1 al 7). Ello significa que habrá un aumento del 2,7% (más de 200 millones de euros) respecto a idéntico parámetro de 2019, según los datos que se recogerán en el anteproyecto que se prevé aprobar en una reunión extraordinaria del Consejo prevista para el miércoles de la semana próxima en Tenerife.

Pérez también confirmó una subida del IGIC general del 6,5% actual al 7%, de aplicación a partir del 1 de enero de 2020, lo que, sumado a otros ingresos fiscales adicionales y modificaciones, posibilitará cumplir los planes del Ejecutivo autonómico para mejorar la atención social y los servicios públicos esenciales (sanidad y educación públicas), así como pagar los en torno a 160 millones de más que supondrán las nóminas de los empleados públicos en 2020 debido a la reducción en la jornada diaria de trabajo de profesores de Secundaria (de 20 a 18 horas lectivas) y de empleados de Sanidad (de 37,5 a 35) aplicada desde este año y no presupuestada por el Gobierno anterior.

El portavoz del Gobierno autonómico calificó las nuevas cuentas de “realistas”; esto es, ajustadas a cómo se espera que vaya a ser el crecimiento económico y la recaudación fiscal propia durante el año que viene.

Sobre los cambios de tipos en distintos tramos del IGIC, indicó que estos supondrán unos ingresos adicionales para la Comunidad Autónoma, lo que permitirá cumplir planes como destinar más fondos públicos a vivienda social y a aumentar las partidas de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) entre 15 y 20 millones de euros en 2020, esto último para subir su importe por unidad familiar y además incorporar a “varios miles” de beneficiarios nuevos. Se trata de una necesidad dado el elevado índice de riesgo de pobreza que se ha detectado en Canarias, explicó Julio Pérez.

Además, la norma obliga a convocar concurso de traslado para todo el personal, cuando concluyan los procesos selectivos en curso

El Gobierno de Canarias aprobó en su reunión de hoy el Decreto-Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Empleo Público en las Administraciones Canarias con el objeto facilitar la incorporación inmediata de los nuevos funcionarios. Así, la norma servirá para conciliar las expectativas de movilidad, promoción profesional y carrera administrativa en la Administración autonómica de los funcionario y funcionarias de carrera con las de acceso a los empleos públicos del personal de nuevo ingreso. Además, ese decreto-ley obliga a convocar concurso de traslado para todo el personal, cuando concluyan los procesos selectivos en curso.

Cabe recordar que la limitación de la tasa de reposición de efectivos establecida en las leyes de Presupuestos Generales del Estado ha impedido durante años la aprobación de instrumentos planificadores de la selección de nuevos efectivos, hasta que se produjo la promulgación, en 2015, del Decreto 46/2015, de 9 de abril, por el cual se aprobó la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2015. Por otra parte, hasta la fecha, en la Comunidad Autónoma de Canarias ha habido dos grandes concursos de traslados, celebrados en 2002 y en 2015, al margen de otros menores.

Para el Gobierno de Canarias es tanto una prioridad como un verdadero imperativo la recuperación del empleo público, cuya consecución o alcance debe partir, por fuerza, de la culminación de los procesos selectivos derivados de las Ofertas de Empleo Público de 2015, 2016 y 2017, con el fin de incorporar, sin más demora, al personal en curso de selección y, en su caso, pendiente de nombramiento. Se trata de 1.008 plazas ofertadas (295 correspondientes a la OPE de 2015; 363, a la OPE de 2016, y 350, a la OPE de 2017) a las que aspiran 22.276 personas.

Sin embargo, el buen fin de este proceso exige la adopción de determinadas medidas urgentes de ordenación, conciliando el acceso a la función pública según los principios de mérito y capacidad con el principio de eficacia en la actuación de la Administración, todos ellos recogidos en el artículo 103 de la Constitución Española.

El decreto-ley regula y permite una adjudicación o provisión o atribución de los puestos de trabajo que sea provisoria o no definitiva, pero que no por ello dañe los derechos que se derivan de la propia incorporación a los puestos de trabajo, especialmente, y de manera explícita, en cuanto al cómputo de la antigüedad, que se efectuará desde la toma de posesión inicial, aunque la misma se califique de provisional y aunque la situación definitiva de las personas interesadas quede a resultas de lo que se resuelva tras los concursos de traslado.

Para evitar que surjan dudas sobre la corrección del sistema provisional de adjudicación del puesto de trabajo a los nuevos funcionarios, el Gobierno de Canarias ha optado por regular la materia con seguridad y con el rango normativo adecuado, y con el expreso reconocimiento legal de los derechos del personal funcionario de nuevo ingreso.

Provisión excepcional de personal en las corporaciones locales

Otro aspecto que regula el decreto-ley es la dificultad a la que se enfrentan las corporaciones locales para los nombramientos definitivos de secretarios o secretarias, interventores e interventoras y que afecta también a la utilización de los mecanismos de provisión no definitivos, como las acumulaciones de funciones en municipios cercanos, limitados por la fragmentación del territorio, que en la práctica no han permitido satisfacer la necesidad legal de disponer de habilitados o habilitadas nacionales en los municipios canarios.

Se trata de una situación derivada del carácter insular de Canarias, que cuenta con una peculiar condición de lejanía que, unida a una insuficiente oferta de empleo público por las administraciones competentes, ha causado una especial dificultad para la provisión ordinaria de los puestos de trabajo reservados, con un elevado número de vacantes en ambas provincias, que alcanza una tasa del 56% del total de puestos existentes, lo que constituye una muestra de la gravedad del problema.

Por lo tanto, el decreto-ley introduce un mecanismo de provisión excepcional, adicional a los existentes en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por el tiempo imprescindible para garantizar un funcionamiento mínimo e indispensable de los servicios esenciales de competencia municipal, situación que puede darse en este momento en un buen número de entidades locales canarias.

Plazas reservadas

Finalmente, la norma incrementa las plazas o puestos de trabajo que, en determinado proceso selectivo, habían sido reservadas para aspirantes en situación legal de discapacidad, que no han sido cubiertas y no podrán ser ocupadas, pero que pueden acumularse a las del turno general, atendiendo además, de modo particular, a la propuesta justificada en derecho que ha sido formulada por la Comisión Evaluadora competente para resolver sobre la calificación de quienes participaron en dicho proceso selectivo, a cuyo juicio ha habido aspirantes que han superado las exigencias técnicas y acreditado los conocimientos requeridos para la superación de las pruebas correspondientes, y así lo ha hecho constar formalmente el propio tribunal evaluador, mediante propuesta justificada.

El Instituto Canario de Igualdad destina más de 25 millones de euros para mantener los recursos destinados a la prevención y protección integral de las víctimas de violencia de género; ese global se repartirá entre los cabildos en 2019-2022

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su sesión de hoy, jueves 10 de octubre, al Instituto Canario de Igualdad (ICI) la firma de los convenios de cooperación con los cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife para la consolidación y el mantenimiento del sistema social de prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en ambas islas. Tal y como establecen los convenios, el ICI realizará una inversión global de 10.212.521,40 euros en cada una de esas islas durante el periodo 2019-2022.

Se trata del último trámite que restaba para que el ICI establezca con todos los cabildos los convenios de colaboración, que supondrán una aportación total del Gobierno de Canarias de más de 25 millones de euros para el mantenimiento de esos recursos en todas las islas hasta 2022.

En la actualidad, el ICI financia conjuntamente con los cabildos insulares el mantenimiento de 75 recursos, entre los que se encuentran los DEMA de cada isla (Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas), pisos tutelados, casas de acogida, casas de acogida inmediata y centros de información.

Estos convenios permiten a las islas, además de la gestión (directa o indirecta) de los recursos que integran la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género, la realización de campañas de sensibilización y prevención de la violencia de género. Se trata de actuaciones encaminadas a la formación y actualización del personal integrante de la Red y a la ejecución de medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género en el ámbito de sus competencias.

Unas 700 personas hicieron uso del servicio durante el año 2018

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, jueves 3 de octubre, conceder una subvención al Instituto Municipal de Atención Social de Santa Cruz de Tenerife (el IMAS, organismo adscrito al Ayuntamiento capitalino), con el fin de cubrir parte de los gastos derivados del programa Comedor Social (el 71% del coste de la actividad). El importe autorizado es de 199.000 euros.

El comedor social es un servicio especializado que cubre las necesidades alimenticias de las personas alojadas en el Centro Municipal de Acogida, así como de personas sin hogar y personas en riesgo de exclusión social que no pueden hacer frente a sus necesidades alimenticias por motivos económicos y que residen en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El comedor ofrece desayunos, almuerzos y cenas los 365 días del año.

De esta forma, a través de ese programa, se da respuesta a las necesidades de urgencia social y alimentaria que se detectan en las familias del municipio de Santa Cruz de Tenerife, ofreciendo cobertura a las necesidades básicas de este colectivo de población y previendo situaciones de extrema necesidad para las familias que se encuentran en exclusión social.

Durante el año 2018 acudieron al servicio de comedor un total de 677 usuarios; de ellos, la gran mayoría usaron de forma habitual el servicio e hicieron uso puntual de otros servicios del Centro Municipal de Acogida.

El servicio de manutención ofreció en 2018 un total de 194.840 comidas y 10.648 servicios alimenticios.

El Gobierno nombró hoy a la directora general de Relaciones Económicas con África, Nasara Cabrera Abu

Nasara Cabrera Abu ha sido nombrada hoy por el Consejo de Gobierno directora general de Relaciones Económicas con África, un departamento perteneciente a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo.

Cabrera Abu es doctora en Sociología por la Universidad de La Laguna (ULL) y ha desarrollado su carrera profesional en ese ámbito, con tareas y funciones siempre vinculadas a las relaciones interculturales y con especial incidencia en países de África del norte. La nueva directora general habla español, inglés, francés y árabe.

Nasara Cabrera además es experta universitaria en Gestión de Proyectos de Cooperación al Desarrollo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tiene un diploma de Estudios Avanzados del programa de doctorado Sociedad, política y cultura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de La Universidad de La Laguna.

La actual directora general es máster en Estudios Feministas, Políticas de Igualdad y Violencia de Género por el Instituto de Estudios de las Mujeres de La Universidad de La Laguna.

Otras decisiones

En el Consejo de Gobierno de este jueves, como ya ocurriera en el anterior, también se ha procedido a los ceses y nombramientos de vocales en los consejos de administración de las siguientes empresas públicas: Grecasa, Visocan y Sodecan.

El resto de cantidades, hasta completar los 259 millones, ya habían sido canalizadas como entregas a cuenta y ahora solo faltaba abonar esa partida a los 88 ayuntamientos canarios

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves, 26 de septiembre de 2019, en su reunión vespertina celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, el pago de casi 31 millones de euros a los ayuntamientos de Canarias (88) como liquidación de las partidas que estos debían recibir del Fondo Canario de Financiación Municipal (todos recursos propios de la Comunidad Autónoma) con cargo al ejercicio de 2017.

Con esa cantidad, Canarias procede a la distribución definitiva del reseñado Fondo y da por concluido este proceso de abonos a los municipios con cargo al año 2017. La cantidad exacta que se transferirá, según la decisión adoptada este jueves, es de 30.830.873 euros. Ya habían sido abonados 228,3 millones de euros

El importe definitivo que llegará a los municipios canarios con cargo a 2017 por aquel concepto es de 259.153.351 euros. De esta partida final, ya se habían distribuido atendiendo a acuerdos de Gobierno anteriores la cifra global de 228.322.478 euros, con lo que restaban por abonar los casi 31 millones de euros ya señalados.

De los 259,1 millones totales abonados a las corporaciones locales con cargo al Fondo canario de Financiación Municipal de 2017, el 1% debe llegar a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), según obliga el artículo 3 de la Ley 3/1999. Ello implica que de la última partida que ahora se liquida, los casi 31 millones de euros, habrá 308.309 euros que tengan como destino la Fecam.

Los expedientes abiertos relacionados con la gestión medioambiental, principal causa de incumplimiento de las directivas comunitarias

El Consejo de Gobierno acordó este jueves informar al Gobierno del Estado de la situación actual, a fecha de hoy, de los procedimientos de infracción en trámite que afectan a la Comunidad Autónoma de Canarias por incumplimiento de directivas comunitarias. Dichos procedimientos se clasifican en cuatro secciones según sea su estado de tramitación.

Así, la Sección I corresponde a los expedientes de infracción en fase contenciosa, que incluye aquellos en los que la Comisión, tras finalizar la fase administrativa sin una solución o acuerdo, ha demandado al Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y aquellos en los que ya ha recaído sentencia y se ha instado a su cumplimiento.

La Sección II incluye los expedientes en fase administrativa; es decir, aquellos expedientes abiertos desde el inicio del procedimiento de infracción, a través de carta de emplazamiento, hasta su conclusión con el dictamen motivado de la Comisión.

La Sección III tiene que ver con los expedientes y actuaciones de la Comisión para el control de las ayudas de Estado que considera ilegales.

Y la Sección IV, denominada expedientes piloto de la UE, está relacionada con el procedimiento previo a la incoación de un expediente de infracción para dar una solución rápida a problemas de incumplimiento de la normativa UE. A efectos informativos, se incluyen todos los pilotos iniciados desde enero de 2014, estén o no cerrados y tengan o no requerimientos pendientes de cumplir por la Comunidad Autónoma.

En la Sección I figuran cinco expedientes de infracción relacionados con el incumplimiento de diferentes directivas comunitarias sobre la gestión del medio ambiente. El primero y más importante, pues lleva aparejada una sanción de 10,3 millones de euros, es sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en el Valle de Güímar, en Tenerife. En principio, el Estado hará frente al pago de la multa, si bien su importe podría ser repercutido entre las administraciones públicas responsables.

No obstante, el último de los trámites de este procedimiento del que se tiene conocimiento es la declaración de caducidad dictada por la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, mediante resolución del día 4 del corriente mes de septiembre, al no haberse dictado la resolución pertinente en el plazo legalmente establecido (el procedimiento se inició el 2 de diciembre de 2018). En cualquier caso, las obras para dar cumplimiento a la sentencia del TJUE se encuentran muy avanzadas, estimándose la fecha de finalización en octubre de 2020.

El segundo expediente está relacionado con la gestión de residuos y vertederos ilegales. De los 32 vertederos afectados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 30 han sido clausurados y sellados. Siguen ejecutándose las obras en los dos vertederos restantes, el del Faro de la Orchilla (El Hierro) y el de Las Rosas (Güímar-Tenerife), cuya finalización está prevista para diciembre de 2019.

El tercer expediente, relativo a la evaluación y gestión del riesgo de inundación, el recurso se halla actualmente en la fase de dúplica; esto es, la respuesta a la réplica de la Comisión. La Abogacía del Estado ha solicitado el envío de la información oportuna para preparar esta respuesta antes del próximo 14 de octubre.

El cuarto se refiere a la revisión y actualización de los planes hidrológicos. A este respecto, el TJUE ha fijado la fecha de lectura de la sentencia precisamente para hoy jueves, 26 de septiembre, y ya se sabe que es condenatoria.

Y por último, el quinto expediente en fase contenciosa es por no haber adoptado planes de gestión de residuos o no haber revisado dichos planes. En este sentido, la entonces Viceconsejería de Medio Ambiente completó la redacción del Plan Integral de Residuos de Canarias (Pircan) durante 2018 e inició su tramitación a comienzos de 2019 con la previsión de tenerlo aprobado en el primer semestre de este año, plazo que ha sido revisado para retrasarlo hasta finales de 2019. Recibidas las conclusiones de la Abogado General del Tribunal de Justicia, en éstas se plantean como primera propuesta al tribunal y siguiendo lo solicitado por el Estado que no admita el recurso contra el Reino de España, con imposición de costas a la Comisión Europea.

Los expedientes en fase administrativa (Sección II) están relacionados con el incumplimiento de la directiva sobre aves de protección, en concreto de la tórtola común; la aplicación de la directiva sobre nitratos y el reconocimiento profesional de los guías turísticos.

En la Sección III -Ayudas de Estado- y en la Sección IV -expedientes pilotos de la UE- no hay ninguna referencia significativa a Canarias.

El Consejo de Gobierno ha hecho hoy los siguientes nombramientos:

CARLOS GONZÁLEZ PÉREZ, propuesto como presidente de la Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife

El Consejo de Gobierno ha propuesto este jueves al Gobierno central el nombramiento de Carlos González Pérez como nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Carlos González es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y experto en Gestión Integrada de Zonas Costeras por la Universidad de Cantabria. Ha sido funcionario interino del Gobierno de Canarias, donde desempeñó funciones de director técnico del Plan Regional de Carreteras, de director del Laboratorio de Calidad en la Edificación y de ingeniero del Servicio Regional de Puertos de Canarias.

Tras su ingreso en el cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, obtuvo su primer destino como jefe de operaciones en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, desde donde pasó al Servicio Provincial de Costas de Tenerife como jefe de Servicio de Proyectos y Obras y Señalización Marítimas. Ahí se encargó de los proyectos y la dirección de obra de actuaciones de defensa marítima como diques, espigones, paseos marítimos, regeneración de playas y también de la construcción de cuatro nuevos faros en la provincia.

Entre 2005 y 2012 ocupó la jefatura del Servicio Provincial de Costas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde se ocupó de la gestión integral de la costa en lo que afecta al dominio público marítimo-terrestre y de la definición del dominio público portuario. Se le ha concedido el premio Agustín de Bethencourt a la mejor obra de ingeniería civil del periodo 2010-2013, en calidad de director de obra de la regeneración de la playa de La Jaquita en Guía de Isora.

JUAN MANUEL PLATA VERA, Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca

Juan Manuel Plata Vera obtuvo la licenciatura en Veterinaria por la Universidad de Córdoba en 1979 y es funcionario de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Diplomado en Sanidad y Salud Pública por la Escuela Nacional de Sanidad, ha recibido formación sobre patologías en grandes y pequeños animales; en seguridad y calidad alimentarias, y en sanidad animal en los mataderos.

El nuevo director del ICCA fue veterinario titular en los municipio palmeros de Tijarafe, Puntagorda y Garafía, aparte de San Cristóbal de La Laguna. En la Comunidad Autónoma de Canarias, Luis Plata era, hasta este nombramiento, técnico inspector de Salud Pública en La Laguna, desde el año 2004.

MARÍA TERESA GUTIÉRREZ IZQUIERDO, Directora del Instituto de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), adscrito a la Consejería de Sanidad

María Teresa Gutiérrez Izquierdo es técnico superior de Gestión Administrativa, ha realizado varios cursos de especialización sobre esta materia y otras, y ha desempeñado funciones de auxiliar administrativa en el Servicio Canario de la Salud.

En el municipio de San Sebastián de La Gomera, la nueva directora del ICHH ha ejercido como concejala con competencias en las áreas de Bienestar Social, Vivienda, Comercio y Fiestas, algo que ha hecho desde 2008 hasta 2015. Además, ha tenido obligaciones laborales vinculadas a la gestión empresarial.

RAQUEL PELIGERO MOLINA, Directora de la Agencia Tributaria Canaria

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, Raquel Peligero Molina es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Inspectora de Hacienda del Estado desde 2001, ha desarrollado su carrera profesional en la Agencia Tributaria, en destinos como Girona, Barcelona o Las Palmas de Gran Canaria, en los que ha desempeñado diversas responsabilidades en el área de Inspección.

Hasta este momento, ejercía como jefa de la Dependencia Regional de Recursos Humanos y Gestión Económica de la Delegación Especial de Canarias de la Agencia Tributaria.

OTROS NOMBRAMIENTOS

El Consejo de Gobierno además acordó el cese a petición propia de María del Pino Martínez Santana como Interventora General de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y el nombramiento en el cargo de Natalia de Luis Yanes.

Además, el Consejo ratificó el cese y el posterior nombramiento del vocal en el Consejo Social de la Universidad de La Laguna en representación de la comunidad universitaria por el sector del profesorado.

También autorizó los ceses y nombramientos de representantes de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus entidades en las juntas generales y consejos de administración del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Proexca y el Instituto Médico Tinerfeño (Imetisa).

Asimismo, se acordó la autorización de compatibilidad para varios altos cargos como representantes de la Comunidad Autónoma en órganos de dirección y administración de organismos, empresas públicas, fundaciones y entidades dependientes.

El gasto se destina a financiar programas dirigidos a la atención de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y a programas de integración de las mujeres en riesgo de pobreza

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, jueves 19 de septiembre, el aumento de las ayudas de acción social para la integración por un importe total de 1.930.000 euros. Esta cantidad supone un aumento respecto al presupuesto inicial, fijado en 4.130.000 euros.

En concreto, 1.500.000 euros irán destinados a cubrir el Programa de Lucha contra la Pobreza y la Alta Exclusión Social en Canarias de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción (PCI). El resto del montante, 430.000 euros, se invertirán en la financiación de programas de integración de las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión social.

El Programa de Lucha contra la Pobreza y la Alta Exclusión Social en Canarias de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción tiene como objetivo impulsar proyectos dirigidos a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con dificultades de inserción social, laboral y escolar, o ligadas a razonas de desestructuración familiar, educativa o desajustes personales.

Por su parte, los programas de integración de las mujeres en riesgo de pobreza y exclusión social atienden con especial énfasis al colectivo de mujeres en situación de pobreza en las Islas que necesitan una mayor atención, más allá de una solución residencial. Dichos programas son gestionados por entidades y asociaciones sociales.

Las ayudas de acción social forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y tienen como objetivo financiar la atención a personas vulnerables garantizando la cobertura de sus necesidades básicas; la lucha contra la exclusión social, especialmente con el colectivo de personas sin hogar; las actuaciones encaminadas a mantener, ampliar y facilitar el acceso a la red de centros y servicios de atención social básica, y las actuaciones de carácter integral en agrupaciones poblacionales y colectivos vulnerables o con especiales dificultades de integración social.

La partida se destina a compensar el déficit por atender obligaciones de pago de ejercicios anteriores con fondos del Presupuesto de 2019

El Consejo de Gobierno celebrado este jueves en Santa Cruz de Tenerife ha aprobado un expediente de suplemento de crédito, por valor de 34 millones de euros, a favor del Servicio Canario de Salud (SCS) para compensar el déficit surgido por atender con cargo al presupuesto de 2019 obligaciones de pago adquiridas en ejercicios anteriores y que no fueron imputadas al cierre de las cuentas del año 2018.

La cifra total de los recursos adicionales asignados proviene de los remanentes de tesorería del conjunto de consejerías y el acuerdo es fruto del esfuerzo colegiado de todos los departamentos del Gobierno de Canarias, con el objetivo de que no se vea mermada la calidad asistencial de la sanidad pública.

La finalidad de la modificación de crédito, aprobada a propuesta de la Consejería de Hacienda, es incrementar el presupuesto del Servicio Canario de Salud (SCS) para dar cobertura a gastos del capítulo 2 (en bienes corrientes y servicios) tras tener que hacer frente en las cuentas vigentes a un volumen importante de facturas vencidas, líquidas y exigibles correspondientes a ejercicios anteriores y no imputadas al presupuesto de 2018.

Como consecuencia de ello, los centros directivos han tenido que hacer frente a una reducción del crédito disponible para afrontar los gastos del presente ejercicio. El expediente aprobado este jueves permitirá continuar cumpliendo con los plazos medios de pago a proveedores y con las exigencias establecidas en la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.