El Ejecutivo ha aprobado durante esta legislatura 17 de los 19 proyectos de materialización indirecta de la Reserva, por 256 millones de euros

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, declaró en su reunión de este jueves la idoneidad de la emisión de diversos instrumentos financieros para materializar fondos de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) por parte de las sociedades Viola Teidea y Cardumen Capital en la rehabilitación de dos hoteles en Fuerteventura y Mogán, por algo más de un millón de euros.

La primera de las sociedades es la que ha presentado la solicitud y la que ha promovido la constitución de la segunda, que actúa como entidad financiera.

Los proyectos a ejecutar consisten en la rehabilitación del hotel Corralejo Beach, en Fuerteventura, por 1,27 millones de euros, y del hotel Puerto de Mogán, por 800.000 euros.

Con este proyecto, el Gobierno ha aprobado durante la legislatura 17 de los 19 expedientes de materialización indirecta de la RIC, por importe de 256 millones de euros.

La Ley económica del REF prevé que las dotaciones de la RIC se puedan materializar en la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras siempre que los fondos captados sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados, cuyas inversiones sean aptas de acuerdo con lo regulado en el propia Ley, siendo preciso que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

La Ley económica del REF (Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias) prevé que las dotaciones de la RIC se puedan materializar en la suscripción de cualquier instrumento financiero emitido por entidades financieras, siempre que los fondos captados sean destinados a la financiación en Canarias de proyectos privados, cuyas inversiones sean aptas de acuerdo con lo regulado en el artículo 27.4.D.3º de la Ley, siendo preciso que las emisiones estén supervisadas por el Gobierno de Canarias y cuenten con un informe vinculante de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias declara la idoneidad del instrumento financiero para materializar la RIC, mientras que la comprobación efectiva de la corrección de dicha materialización, principalmente en lo referente a la inversión que se va a financiar, corresponde a la AEAT.

Se trata de dos títulos oficiales en Seguridad en el Trabajo y Sistemas de Gestión Normalizados, y en Sistemas Integrados de Gestión QHSE

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, jueves 1 de junio, el Decreto por el que se acuerda la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Máster Universitario por la Universidad del Atlántico Medio en Seguridad en el Trabajo y Sistemas de Gestión Normalizados, y en Sistemas Integrados de Gestión QHSE (siglas en inglés de Quality, Health, Safety and Environment, que se traduce por Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente).

El 1 de octubre de 2020, la Junta de Gobierno de la Universidad del Atlántico Medio solicitó a la Dirección General de Universidades la autorización para la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención de los citados títulos oficiales, y el 10 de diciembre de ese año el Patronato de dicha institución acordó, por unanimidad y a propuesta de la Junta de Gobierno, la implantación de las enseñanzas conducentes a la obtención de los citados títulos oficiales.

La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) emitió en diciembre del año pasado dos informes a solicitud de la Dirección General de Universidades sobre la necesidad y viabilidad académica y social de esas enseñanzas.

El 28 de febrero y 3 de marzo de 2022, la Universidad del Atlántico Medio solicitó al Gobierno de Canarias la autorización para la implantación de los mencionados títulos oficiales universitarios, y el pasado 24 de mayo la ACCUEE informó de que estos cumplen con los requisitos y criterios establecidos en el decreto que regula el procedimiento, requisitos y criterios de evaluación para la autorización de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El alumnado que haya comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrá acceder a estas nuevas enseñanzas que se implantan, previa admisión de la Universidad, de acuerdo con lo establecido en el real decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad y en la normativa de la propia universidad.

La implantación de estos estudios no supone coste alguno para la Administración de la Comunidad Autónoma.

El Ejecutivo canario también extiende las medidas tributarias en La Palma a consecuencia de la erupción volcánica

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves un Decreto-ley por el que se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2023 la vigencia del tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para el material sanitario necesario para combatir los efectos de la pandemia y las medidas tributarias aplicadas a consecuencia de la erupción de La Palma.

El Decreto-ley señala que transcurridos más de tres años desde la irrupción del covid-19, aún siguen detectándose casos a lo largo de este año 2023 y, por prudencia, se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarillas en determinados espacios cerrados. Entre las múltiples medidas adoptadas por el Gobierno, el texto recuerda la relativa a la aplicación del tipo cero en el IGIC a determinados bienes necesarios para combatir la pandemia.

“No obstante, una vez más, sin saber si será la última, ha de atenderse al riesgo de contagios masivos que puede derivarse de los múltiples acontecimientos y celebraciones de los próximos meses, y nuevamente impera la prudencia, por lo que se considera aconsejable continuar prorrogando la vigencia” de las medidas, señala el Decreto-ley.

Del mismo modo, se prorroga el apartado 3 del artículo 4, del Decreto Ley 12/2021, de 30 de septiembre, por el que se adoptaron medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma.

Este apartado permite la aplicación del tipo 0  a las entregas o importaciones de bienes y servicios, excluidos los bienes inmuebles, los necesarios para la reposición, recuperación, o reactivación de las actividades empresariales o profesionales, incluidas las agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, y las actividades culturales, sanitarias, educativas, científicas, deportivas, sociales o religiosas, en aquellos casos en los que las construcciones, instalaciones o explotaciones en las que se desarrollaban estas actividades hubieran sido destruidas o dañadas directamente por la erupción volcánica.

Con esta medida, se garantiza que el servicio esencial de Hemodonación y Hemoterapia continúe siendo de gestión pública

El Consejo de Gobierno de Canarias celebrado este jueves, día 25 de mayo, aprobó el  el cambio jurídico del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) que permitirá su integración en el Servicio Canario de la Salud

El Consejo de Gobierno ha encomendado a las consejerías competentes realizar los trámites para extinguir el organismo autónomo de carácter comercial, Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, e integrar sus funciones y servicios en el SCS.

Los organismos autónomos de carácter comercial, que es la entidad jurídica que tenía hasta ahora el ICHH, fueron suprimidos de la normativa vigente desde el año 2006, no obstante el organismo autónomo Instituto de Hemodonación y Hemoterapia había continuado funcionando bajo ese régimen jurídico extinguido. De ahí que este Gobierno haya procedido a actualizar la naturaleza y régimen jurídico del ICHH y proceder a la integración en el SCS.

La integración del ICHH en la estructura del Servicio Canario de la Salud garantiza que este servicio esencial del sistema de salud continúe siendo de gestión pública.

El órgano, que asume las competencias plenas para resolver todos los expedientes que se planteen sobre conflictos de competencia en la actividad económica del archipiélago, estará formado por tres profesionales de reconocido prestigio y evitará que los expedientes deban ser resueltos por la autoridad estatal, como sucede hasta ahora

El Consejo de Gobierno acordó hoy aprobar la creación del Consejo Canario de Defensa de la Competencia, una vez incorporadas al texto del decreto todas las propuestas técnicas contenidas en el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias, a quien se solicitó el pronunciamiento el pasado mes de marzo.

Elevado a consideración del Gobierno por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el nuevo órgano asume las competencias en derecho de la competencia, por mandato correspondiente al Estatuto de Autonomía, después de su reforma en 2018, y una vez completados los estudios necesarios a lo largo de la actual legislatura.

La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, atribuyó a la Comunidad Autónoma de Canarias nuevas competencias en materia de Derecho de la Competencia:

• La competencia exclusiva en materia de promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen principalmente en Canarias (art. 120.1).
• La competencia ejecutiva en materia de defensa de la competencia en el ejercicio de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio del archipiélago (art. 120.2).

La Comunidad Autónoma ya cuenta con un Servicio de Defensa de la Competencia desde el año 2006, pero no llega a ser un auténtico órgano de promoción y defensa de esta materia, al ser una unidad muy básica, cuyas competencias están limitadas a instruir los expedientes, que después son elevados a la autoridad estatal para su resolución.

Con este Decreto, que ya había incorporado 80 aportaciones de los informes requeridos a las autoridades de la competencia estatal y autonómica y a los diferentes departamentos de la administración canaria, se crea un órgano resolutorio, formado por tres especialistas de reconocido prestigio y al menos 10 años de experiencia en su ejercicio profesional, que serán designados por el Gobierno por un periodo de cinco años, como posibilidad de renovación por cinco más.

El texto se estructura en cinco capítulos, con catorce artículos, además de tres disposiciones adicionales y otras tantas finales, con la regulación necesaria para que la comunidad autónoma asuma definitivamente “la competencia exclusiva en materia de promoción de la competencia en los mercados respecto de las actividades económicas que se ejercen principalmente en Canarias” y “la competencia ejecutiva en materia de defensa de la competencia en el ejercicio de las actividades económicas que alteren o puedan alterar la libre competencia del mercado en un ámbito que no supere el territorio del archipiélago”.

En este contexto, el Consejo Canario de Defensa de la Competencia se constituirá como un órgano colegiado de la administración autonómica, adscrito a la consejería competente en política económica, que ejercerá sus diversas atribuciones tanto con independencia, objetividad y profesionalidad como sin sujeción a vínculo jerárquico.

En concreto, como fines asignados figuran la promoción y preservación del correcto funcionamiento del mercado canario, con el objetivo fundamental de garantizar su funcionamiento transparente y competitivo en interés general de la comunidad autónoma y beneficio de los personas consumidoras y usuarias en el archipiélago.

Las empresas estarán obligadas a relaciones con la administración de forma electrónica y los consumidores podrán presentar sus discrepancia tanto online como en papel

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves, a instancias de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, tras el oportuno informe del Consejo Consultivo de Canarias, el nuevo decreto por el que se regulan los servicios de atención a la clientela y las características de obtención de las hojas de reclamaciones y su tramitación administrativa online, a través de la sede electrónica.

Según el nuevo procedimiento, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias los comerciantes y demás empresas deberán obtener las hojas de reclamaciones para sus establecimientos, ya sea en papel o través de un sistema de códigos QR, que pondrán a disposición de los consumidores y usuarios para que puedan interponer sus denuncias, quejas y reclamaciones.

De esta forma, se agiliza el procedimiento para las reclamaciones y denuncias, y las empresas estarán obligadas a relacionarse con la administración de forma electrónica mientras que los consumidores podrán presentar su queja tanto de forma telemática como en papel.

El decreto contempla, a su vez, la obligación de las personas empresarias de poner a disposición de los usuarios un servicio de atención a la clientela ya sea de forma presencial, en el propio establecimiento o a distancia.

El servicio de atención a la clientela a distancia se prestará a través de una dirección postal o electrónica, así como por cualquier otro medio, como un número de teléfono que deberá ser gratuito en el caso de servicios básicos como luz, agua, financiero, seguros, transporte aéreo, ferroviario o por carretera, servicios de protección de la salud y saneamiento o residuos.

Asimismo, las personas empresarias de Canarias estarán obligadas a efectuar los procedimientos y trámites previstos en esta norma a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Inicialmente, deberán solicitar por esta vía las hojas de reclamaciones y, de forma inmediata, recibirá por parte de la Administración la siguiente documentación: el cartel anunciador de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de las personas consumidoras y usuarias; el código QR que el establecimiento deberá facilitar a la clientela para la descarga en su dispositivo electrónico, a través del cual podrá acceder al formulario de la hoja de reclamaciones electrónica, y el formulario en formato impreso que deberá entregar a la persona reclamante que no pudiera o no quisiera optar por el formato electrónico.

La entrega debe ser inmediata y gratuita y, en caso de negativa a facilitarla, la persona consumidora podrá solicitar el auxilio de los agentes de autoridad para que se haga constar la circunstancia de la inexistencia de las hojas de reclamaciones o bien la negativa a facilitarla.

Tras la correspondiente cumplimentación de sus reclamaciones, ya sea con sus presentación online, o mediante registro físico ante la administración, si ésta se formula en formato impreso, se sustanciará el expediente desde las respectivas oficinas de información al consumidor para su remisión a la Dirección General de Comercio y Consumo para que lleve a cabo las actuaciones necesarias.

El personal de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo vio minorado su salario un 5% en 2010, como consecuencia de las medidas de austeridad y contención del déficit público aplicadas para combatir la crisis financiera y ahora lo recupera

El Consejo de Gobierno acordó hoy autorizar el acuerdo colectivo en materia de personal pactado en la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra), para la recuperación del cinco por ciento de las retribuciones minoradas al personal en el año 2010.

En concreto, la reducción del salario del personal de Funcatra, se produjo en aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y que desembocó en esa rebaja del cinco por ciento al personal de las fundaciones públicas con presupuesto estimativo.

Ahora, la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023, en su disposición adicional trigésima novena, en la que se aborda la negociación con la plantilla de estas fundaciones para recuperar lo minorado, dispone que el acuerdo alcanzado podrá tener carácter retroactivo, pero nunca con fecha anterior al 1 de enero de 2019.

Además, se estableció que en la negociación con los trabajadores y trabajadoras se garantizaría la estabilidad presupuestaria, entendida como situación de equilibrio financiero, lo que el Consejo de Gobierno considera garantizado con la propuesta presentada por la consejera de Economía, conocimiento y Empleo, a cuyo departamento está adscrita Funcatra.

El acuerdo aprobado hoy parte de la declaración de que Funcatra acredita su capacidad para hacer frente, con sus propios medios, a la recuperación y restablecimiento de las retribuciones minoradas desde el 1 de enero de 2019 a todo el personal que trabajaba en la Fundación en aquella época, sin que se espera que esta medida tenga un impacto económico significativo en sus cuentas.

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio aporta 336.000 euros y la organización correrá a cargo de la Corporación insular mediante la suscripción de un convenio

La muestra regional de productos artesanos se celebrará del 5 al 10 de diciembre

El Gobierno de Canarias autorizó este jueves en Consejo la suscripción de un convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y el Cabildo Insular de Tenerife para la organización de la 39ª Feria de Artesanía de Canarias a la que este Departamento del Gobierno destina 336.000 euros.

Se trata del evento más consolidado de cuantos se realizan en las islas con el fin de fomentar la difusión y la comercialización del producto artesano canario. Esta feria, con casi 4 décadas de historia, se celebra de forma alternativa cada año en las dos islas capitalinas, por lo que en esta edición, y tras celebrarse en 2022 en Gran Canaria, el turno corresponde a Tenerife. La edición 2023 tendrá lugar de los días 5 al 10 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife.

El Ejecutivo ha considerado hoy que para su organización se celebre el correspondiente convenio de encomienda de gestión por la mayor proximidad y conocimiento del Cabildo respecto a las personas artesanas participantes, como los medios humanos de los que dispone, lo que redundará en una mayor eficacia en la celebración del evento, permitiendo además al Cabildo la facultad para resolver cualquier circunstancia que pudiera surgir durante el desarrollo de este.

La Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias será el departamento responsable de la coordinación, supervisión y control de los trabajos objeto de la encomienda además de la creación de una comisión de seguimiento para el buen desarrollo de la feria.

El recinto ferial deberá albergar al menos a 140 personas o empresas artesanas que estén en posesión del carné de artesano o documento de calificación de empresa artesana en vigor e, inscritos, en situación de alta en el Registro de Artesanía de Canarias. Asimismo, deben tener reconocido el derecho de uso de la marca Artesanía Canaria.

El documento tiene por objeto asegurar la protección atmosférica canaria frente al daño producido por actividades potencialmente contaminantes

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha tomado en consideración y solicitado el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto de protección de la atmósfera de Canarias.

Este proyecto de decreto tiene por objeto asegurar la protección de la atmósfera frente al daño producido por actividades potencialmente contaminantes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la prevención, vigilancia y reducción de este tipo de polución producida por las instalaciones que las desarrollan.

La finalidad del proyecto es, por tanto, la protección de la atmósfera de las islas, que se constituye como un objetivo básico del Gobierno, conforme a los principios y fines de la normativa internacional, europea y estatal en materia de prevención, vigilancia y reducción de este tipo de acciones nocivas, siendo entendida como un bien común indispensable para la vida pues, todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute, así como la obligación de su conservación.

Como aspecto singular, este proyecto establece referencias en materia de objetivos de calidad del aire por olor, a fin de concretar las obligaciones de prevención y control de las emisiones de los contaminantes que lo provocan.

El Gobierno de Canarias, a nivel jurídico, considera necesario conseguir una adecuada aplicación en el ámbito territorial del archipiélago de la normativa básica del Estado en materia de protección de la atmósfera, en particular, en relación con las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA) contempladas en la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera y en el Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Además, de acuerdo con la Ley 5/2002 del Consejo Consultivo de Canarias, considera preceptivo el dictamen de dicho órgano consultivo, pues se trata de un proyecto de reglamento de desarrollo de normas estatales básicas, concretamente de la Ley 34/2007, Real Decreto 100/2011 y Real Decreto 1042/2017 sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedente de las instalaciones de combustión medianas.

El crédito inicial de esa obra en La Palma era de 9.386.263 euros y este acuerdo supone una transferencia de 2.305.452 euros

El Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, un incremento de crédito por importe de 2.305.452 euros para la conclusión del proyecto de inversión de la balsa de Vicario y la conexión hidráulica de La Laguna de Barlovento con el Canal Garafía-Tirajafe, en la isla de La Palma.

En concreto, esta modificación presupuestaria se centrará en la finalización de las obras del sistema hidráulico de la viña, Fase 2-A. Esta actuación forma parte del Convenio de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de actuaciones en materia hídrica en las islas.

Cabe recordar que el crédito inicial para la ejecución de esta obra fundamental para la isla era de 9.386.263,04 euros, correspondientes a las cuentas de la Dirección General de Aguas del Ejecutivo regional.

La utilización de este crédito se justifica por la proximidad de la fecha límite para la finalización del contrato y porque el crédito restante de los proyectos utilizados como cobertura permite iniciar las actuaciones planificadas con cargo a los mismos. Además, se puede disponer de 2.305.452.20 € para esta modificación presupuestaria sin generar una deuda en el presente ejercicio presupuestario.

Las obras proyectadas se componen de una balsa de materiales sueltos y una lámina de impermeabilización interior de PVC, de 1,45 hectómetros cúbicos de capacidad, conectada al canal Garafía-Tijarafe mediante una tubería de gravedad y una impulsión, que la conecta con el sistema hidráulico del Valle de Aridane. Los trabajos se desarrollan en el ámbito de la balsa de Vicario y en el de la conexión Barlovento-Garafía.

Respecto a la conexión hidráulica entre la laguna de Barlovento y el canal Garafía-Tijarafe, se trata de una conducción de más de 13 kilómetros de tubería de acero galvanizado de 250 milímetros de diámetro, a lo que hay que añadirle la valvulería asociada.