El director general de Costas, la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, y representantes de los 14 municipios, han mantenido un encuentro para abordar las necesidades de las zonas costeras

Este encuentro se ha realizado en el marco de las jornadas que está desarrollando la Dirección General con el objetivo de avanzar desde el diálogo y el consenso en la gestión del litoral

Antonio Acosta ha reiterado que el Ejecutivo continuará reclamando la transferencia completa de las competencias de Costas reconocidas en el Estatuto de Autonomía

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha mantenido un encuentro con la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda, y representantes de los 14 municipios de la Isla, para acercar la gestión del departamento a las administraciones insulares y locales, y abordar la situación de cada uno de los municipios en materia de gestión de litoral.

Este encuentro se ha realizado en el marco de las jornadas que está desarrollando la Dirección General para acercar la gestión del departamento a las administraciones insulares y locales. 

El director de Costas ha afirmado que “estas jornadas son el contacto necesario para que los ayuntamientos y los cabildos entiendan, no solo el funcionamiento de la Dirección General, sino para que también nos trasladen sus inquietudes y posibles soluciones a cuestiones que surgen en el día a día dentro de las propias administraciones”.

Además, Acosta ha destacado “la amplia asistencia de todos los municipios, porque permite poner en valor las diferentes circunstancias que tenemos en todo el litoral de la isla de Gran Canaria”.

Por su parte, la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, ha agradecido al Gobierno de Canarias la celebración de esta jornada técnica de trabajo. “Es una oportunidad fantástica para que las tres administraciones se acerquen y podamos plantear nuestras dudas con el objetivo de lograr una mayor agilidad en todas las cuestiones que se planteen en materia de Costas”, ha recalcado Miranda. 

Asimismo, el director general de Costas ha recalcado que desde el Gobierno de Canarias “seguiremos peleando por nuestras competencias, buscando los apoyos de nuestra gente y de nuestros municipios para asegurar que se respeten plenamente las competencias reconocidas en nuestro Estatuto de Autonomía”. 

Censo de los núcleos afectados por la Ley de Costas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas, se encuentra trabajando en la creación de un censo de los núcleos costeros canarios que se están viendo afectados por la recuperación del dominio estatal del litoral.

Este documento permitirá obtener una radiografía actualizada de la situación, cuantificando el número de personas y de viviendas que están afectadas actualmente por la Ley de Costas y poder determinar las diferentes vías para intentar resolver los problemas de cada una de las zonas. 

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El Gobierno regional reclama al alto tribunal que reconozca a la comunidad autónoma el control sobre la ordenación de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por el Gobierno de Canarias en defensa de sus plenas competencias en materia de Costas. Esta decisión, publicada este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), pone en marcha el proceso mediante el que el alto tribunal dirimirá el recurso presentado por la comunidad autónoma en el que reclama que falle en contra del Estado y reconozca el control de Canarias sobre la gestión de su litoral que le otorga el artículo 157 del Estatuto de Autonomía.

En este recurso, el Ejecutivo autonómico solicita al TC que “dicte sentencia en la que declare que la titularidad de la competencia controvertida es de la Comunidad Autónoma de Canarias”. En concreto, se pide “la anulación del acto viciado de incompetencia, esto es, la Resolución de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de fecha 27 de febrero de 2024 que declara -entre otros extremos- la caducidad de la concesión otorgada por Orden Ministerial de 8 de julio de 2003”.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico defienden que corresponde a Canarias, en base al artículo 157 de su Estatuto, “la competencia exclusiva de ordenación del litoral”, lo que incluye “el otorgamiento de autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo, sin diferencias según el tipo de concesiones como pretende el Estado”. De hecho, el recurso que la comunidad autónoma elevó al TC sostiene que, desde la renovación de la Carta magna canaria en noviembre de 2018, el Gobierno español solo tiene competencias, para “establecer el régimen jurídico del demanio”.

La presentación de este recurso ante el Tribunal Constitucional fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 27 de mayo. Se adoptó esta decisión después de que el Consejo de Ministros rechazara el 30 de abril el requerimiento elevado por la comunidad autónoma en relación con la resolución del Ministerio de Transición Ecológica del 27 de febrero de este año.

Con anterioridad, el 24 de abril de este año, se celebró en la capital grancanaria la Comisión Bilateral Canarias-Estado para intentar resolver este desencuentro por las competencias de Costas. La reunión se saldó sin acercamiento, por lo que el Gobierno de Canarias decidió acudir al TC para que dirima este conflicto.

Antecedentes

El artículo 157 b del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que “corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones”.

Sobre esa base, el 30 de agosto de 2022, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el Real Decreto “de traspaso de funciones y servicios de la Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral”, un acuerdo “con fecha de efectividad del traspaso de funciones y servicios el 1 de enero de 2023”.

Sin embargo, pese a que Canarias asumió la competencia exclusiva de sus costas a principios de 2023, el Estado se niega a traspasar varios expedientes alegando que le sigue correspondiendo la gestión de las “concesiones compensatorias”. Por el contrario, la comunidad autónoma entiende y defiende en su recurso ante el TC “que no procede dicha dualidad concesional cuando hablamos de la gestión de la competencia en el demanio público marítimo-terrestre”.

La comunidad autónoma sustenta la defensa de sus competencias integrales en materia de Costas en informes de sus servicios jurídicos, de expertos constitucionalistas, y en el dictamen sobre este asunto elaborado por el Consejo Consultivo. En su informe, este organismo dependiente del Parlamento considera que la resolución del Ministerio dirigido por Teresa Ribera “invade la competencia de la comunidad autónoma asumida en el art. 157, letra b) del Estatuto de Canarias, y el Real Decreto mediante el que el Estado transfirió desde el 1 de enero de 2023 las competencias de Costas”.

Pablo Rodríguez y Antonio Acosta han mantenido un encuentro con los colectivos para dar a conocer el informe elaborado por el catedrático Francisco Villar

Esta es la segunda sesión de la Comisión Mixta que se celebra en esta legislatura

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el director general de Costas y Gestión del Espacio marítimo canario, Antonio Acosta, han reunido esta mañana a los colectivos afectados por la Ley de Costas para dar a conocer el informe jurídico encargado por la Consejería, para intentar dar solución a todos los núcleos costeros canarios que se está viendo afectados por la recuperación del dominio estatal del litoral.

En esta segunda sesión de la Comisión Mixta de esta legislatura, la Consejería ha dado a conocer el primer trabajo realizado por parte del profesor y catedrático Francisco Villar, a través de la Fundación Universitaria de La Laguna, en el que se refleja la necesidad de contar con un censo completo de todos los núcleos.

En este sentido, Antonio Acosta ha explicado que el informe jurídico pone el foco en la elaboración de un censo de los núcleos costeros, donde se establezca la situación de cada una de las viviendas para, posteriormente, analizar su contexto jurídico ante la Ley de Costas. Este documento establece diferentes vías para intentar resolver los problemas de cada una de las zonas, teniendo en cuenta los informes individualizados que se obtengan.

A partir de ahora, la Consejería iniciará los trabajos para completar el censo de núcleos costeros, que permita obtener una radiografía actualizada de la situación, cuantificando el número de personas y de viviendas que se ven afectadas actualmente por la Ley de Costas, para empezar a trabajar de forma conjunta.

El estudio del profesor Villar también destaca como positivo las fases jurídicas que se han ido sucediendo desde el inicio de esta legislatura, con la presentación del conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional y las sentencias, a favor de las autonomías, que se han conocido en los últimos meses.

Por su parte, Pablo Rodríguez ha destacado el compromiso del Gobierno de Canarias para salvaguardar los núcleos costeros canarios e ir analizando las diferentes situaciones jurídicas que se han ido sucediendo desde 2016 hasta hoy. “La reforma de nuestro Estatuto de Autonomía nos confiere ahora otro marco legal para poder defender estas situaciones y, además, diferentes sentencias de los tribunales también han hecho que, poco a poco, hayamos ido dando pasos tendentes a la recuperación de estos núcleos tan importantes para el archipiélago”.

La primera reunión de la Comisión Mixta se celebró en noviembre del pasado año, con el objetivo de escuchar y analizar todas las reclamaciones de los colectivos para establecer las fórmulas correspondientes en cada caso.  Además, también se adquirió el compromiso de elaborar un reglamento para regir la Comisión y regular las sucesivas convocatorias.

En la Comisión han participado representantes de la Fecam, con su presidenta Mari Brito; así como de la Fecai;  Plataforma canaria de afectados por la Ley de Costas; plataforma ciudadana ‘El Yodo’; ‘Asociación vecinal Playgarza’ y la Asociación de vecinos de la Playa de Tufia.

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Las islas ocupaban en 2023 el decimotercer puesto en el presupuesto estatal

El consejero explica que el Gobierno central sigue sin actualizar los costes tipos ni aprobar una partida que compense el coste real de la gratuidad del transporte

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado en sesión parlamentaria el bajo nivel de inversión del Ejecutivo central con las islas, situando al archipiélago como una de las comunidades que menos ingresos recibe. 

“Estos incumplimientos han dejado numerosos proyectos en espera de financiación, agravando la situación de Canarias, que ya es una de las comunidades autónomas con menor inversión estatal. De hecho, en 2023, ocupaba el decimotercer puesto en el ranking de comunidades autónomas”, ha puntualizado Rodríguez.

Asimismo, el consejero ha detallado que “aunque los Presupuestos Generales del Estado de 2023 contemplaban casi 391,87 millones de euros en inversiones reales para Canarias, en el capítulo 6, solo se ejecutaron unos 196 millones, es decir, menos del 50%”.

Además, ha añadido que, en el capítulo 7, que incluía transferencias de capital como convenios de carreteras, “de los 545 millones presupuestados, tampoco se ejecutaron en su totalidad”.

Pablo Rodríguez ha insistido en que “existen otras obligaciones del Estado que no se han cumplido adecuadamente con Canarias”.

En esta línea, ha destacado, por un lado, la actualización de los costes tipo del transporte marítimo y aéreo de mercancías, puesto que la normativa establece que se debe compensar el 100% de estos, pero “debido a la falta de actualización, las ayudas actuales son insuficientes y esto incrementa los costes para Canarias, una región ya afectada de por sí por su lejanía e insularidad”, ha apuntado.

Por otro lado, también ha hecho alusión a la gratuidad del transporte público colectivo terrestre, para la que se consignaron 81 millones de euros, “una cifra que no cubre el coste real del servicio y que, como consecuencia, obliga a las administraciones canarias, especialmente a los cabildos, a suplir esta insuficiencia para cumplir con el compromiso estatal, una situación que no es sostenible a largo plazo y que les resta financiación para poder afrontar sus competencias reales”, ha añadido Rodríguez.

Por ello, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias se ha solicitado, en reiteradas ocasiones, al Gobierno del Estado que “cumpla con sus obligaciones y realice las inversiones necesarias para apoyar el desarrollo y bienestar de Canarias”, ha finalizado Rodríguez.

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Esta iniciativa tiene como objetivo el registro de datos espaciales y su posterior análisis para incorporarlos a la estrategia canaria en materia de ordenación y gestión del litoral

La Dirección General de Costas tendrá un mayor conocimiento de todos los elementos que conforman el entorno costero para continuar completando el correcto desarrollo de las competencias que han sido transferidas a la comunidad autónoma

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, que dirige Antonio Acosta, ha encargado a la empresa pública Cartográfica de Canarias S.A.,Grafcan, la asistencia técnica para el desarrollo de un recurso que permita recopilar información sobre el litoral canario.

El encargo incluye el mantenimiento del actual Sistema de Información Geográfica, denominado Herramienta del Pilotaje Litoral Canario (HPL), y su desarrollo mediante la implementación de nuevos contenidos para su ejecución durante el año 2024, por un importe total de 121.150 euros.

Antonio Acosta ha destacado la importancia de este contrato para garantizar el correcto desarrollo de funciones de la comunidad autónoma tras asumir las competencias de Costas. “La ordenación y gestión del litoral exige de un conocimiento exhaustivo de nuestra costa, que debe ir acompañado de un equilibrio entre su protección y preservación”, ha subrayado.

En este sentido, el director general ha afirmado que con este encargo “nos aseguramos de que Grafcan cubra los aspectos más deficientes de la información existente y ordene las distintas actividades para que sean sostenibles y coordinadas entre sí”.

El Real Decreto 713/2022, de 30 de agosto, de traspaso de funciones y servicios a la comunidad autónoma de Canarias en materia de ordenación y gestión del litoral, exige un conocimiento del medio marino que debe ir generándose y completándose para el correcto desarrollo de funciones por parte del Ejecutivo canario.

Entre las tareas encargadas se incluyen el seguimiento técnico, la fijación de criterios y planificación para la incorporación digital de datos cartográficos y la asistencia técnica para la incorporación de datos elaborados por el Servicio de Ordenación del Litoral en la HPL, la delineación sobre cartografía elaborada por la empresa Grafcan, y la incorporación de datos aportados por otras Administraciones para la gestión de las playas.

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Pablo Rodríguez lamenta que el Estado continúe rechazando todas las vías ofrecidas por Canarias para resolver este conflicto

El consejero aclara en sede parlamentaria que la transferencia de competencias a la comunidad autónoma está claramente recogida y fundamentada en la Ley Orgánica 1/2018

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha explicado este martes, durante la sesión plenaria del Parlamento, que los servicios jurídicos del Ejecutivo están ultimando los detalles del recurso que presentará la comunidad autónoma ante el Tribunal Constitucional sobre la gestión del litoral.

Rodríguez ha aclarado que, en primer lugar, es fundamental comprender la diferencia entre la transferencia de competencias y el traspaso de servicios y funciones. “El reconocimiento legal como responsables en exclusiva de esta materia ya está recogido en la Ley Orgánica 1/2018, por lo que no cabe discusión ni disputa ante este hecho”, ha subrayado.

En este sentido, el consejero ha explicado que, por tanto, el Real Decreto 713/2022 se enfoca al traspaso de servicios y funciones en relación con las competencias transferidas a Canarias. “Sin embargo, es con ese traspaso de servicios y funciones con el que no estamos de acuerdo, ya que lo consideramos insuficiente y por ello reclamamos su revisión”.

En la comisión bilateral celebrada el pasado 22 de abril, el Ejecutivo trasladó a los representantes del Ministerio la imperiosa necesidad de acometer su revisión. “Consideramos que esta norma es un engaño, ya que no se ajusta a las competencias exclusivas que, desde 2018, son responsabilidad de nuestra comunidad autónoma, para asegurar que se respeten plenamente las competencias reconocidas en nuestro Estatuto».

Asimismo, el consejero ha reconocido que las posiciones Canarias-Estado en este tema están muy encontradas y, además, son posturas firmes al estar respaldadas cada una por diferentes informes, entre otros, de los órganos consultivos, tanto del Estado como de Canarias. “Ante esta situación de discrepancia irreconciliable desde el plano político, solo el Tribunal Constitucional puede dirimir y resolver el conflicto que actualmente nos enfrenta”.

Para concluir, Rodríguez ha explicado que la intención del Gobierno de Canarias es impulsar la Ley Canaria de Costas para mejorar la gestión del litoral de las islas, disponiendo de medios que den respuesta al reto competencial recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias.

En este sentido, el consejero ha asegurado que “no planteamos, en ningún caso, que vayamos a superar lo que establece la Ley de Costas estatal, lo que queremos es lograr una gestión más eficaz y eficiente de los asuntos que afectan a nuestro litoral”.

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El director general de Costas y la presidenta del cabildo insular han mantenido un encuentro para abordar las necesidades de las zonas costeras, con el objetivo de avanzar desde el diálogo y el consenso en la gestión del litoral

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha mantenido un encuentro con la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, junto con representantes de los municipios costeros de la isla, en el marco de las jornadas que está desarrollando la Dirección General para acercar la gestión del departamento a las administraciones insulares y locales. 

El director de Costas ha afirmado que “desde el inicio de la legislatura hemos planteado estas jornadas como una forma de acercarnos a los cabildos insulares y a los consistorios para conocer sus necesidades y avanzar desde el diálogo y el consenso”. Asimismo, Antonio Acosta ha añadido que Canarias necesita el apoyo de las instituciones para ejercer sus plenas competencias.

“Nuestro objetivo es trasladar cómo estamos funcionando y hacia dónde nos dirigimos para avanzar, no solo desde la Dirección General sino desde los municipios, porque nuestro potencial económico se basa en el turismo, que se desarrolla en un 80% en el litoral canario, y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para llegar a un acuerdo con el Estado en la cesión completa de las competencias”, ha apuntado.

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha agradecido al director general de Costas que haya traído a Fuerteventura “unas jornadas que son muy necesarias para que todas las administraciones estemos coordinadas en la gestión de nuestro litoral y defender las singularidades de cada isla”.

En el caso de Fuerteventura, “las jornadas llegan en un momento clave, si tenemos en cuenta que la reciente comisión bilateral para el traspaso de competencias Canarias-Estado no llegó a buen puerto”. Por eso, “seguiremos reivindicando nuestras competencias, que nos pertenecen tal y como se refleja en el Estatuto de Autonomía”, ha señalado García.

En este sentido, Acosta ha explicado que el Gobierno de Canarias “agotará todas las vías jurídicas y de diálogo posibles con el Estado para reclamar los derechos de las islas, establecidos en el Estatuto de Autonomía, y dar respuesta a las necesidades de numerosas familias canarias y, también, proteger a los núcleos costeros afectados por la Ley de Costas”.

Para concluir, la presidenta insular ha señalado que “es importante que el director general conozca las cuestiones que preocupan en Fuerteventura, de norte a sur. No solo la caducidad de concesiones, sino también la protección de núcleos poblaciones tradicionales en el municipio de Puerto del Rosario; la regeneración de la playa de Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua; los problemas en costas de enclaves como Tarajalejo o Giniginámar, en el municipio de Tuineje, o la regeneración de la laguna de Pájara”, ha añadido García.

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El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha visitado las instalaciones de la central hidroeléctrica de bombeo Salto de Chira, en la isla de Gran Canaria.

Actualmente, la Dirección General de Costas, dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, se encuentra tramitando la autorización de este proyecto, en lo que se refiere a la ocupación del dominio público, con el objetivo de seguir impulsando las energías renovables en los territorios insulares.

Antonio Acosta ha señalado que también se está desarrollando, de forma paralela, un proyecto de regeneración de parte del dominio público, que está afectado por la propia obra, y ha recordado la trascendencia de esta infraestructura, considerándola una de las mayores apuestas en energías renovables y transición energética de la historia de Canarias, con la financiación de Red Eléctrica para su desarrollo, conforme a la concesión otorgada por el Cabildo de Gran Canaria.

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El director general de Costas, Antonio Acosta,  y el presidente de la institución palmera, Sergio Rodríguez, mantendrán mañana un encuentro con el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, mantendrán este martes un encuentro con los responsables de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para abordar diversos asuntos de interés relacionados con el litoral de la isla tras la erupción volcánica.

Por otro lado, la reunión servirá también para tratar otras cuestiones relacionadas con el planeamiento y el territorio, así como otras  vinculadas a la ocupación del litoral y sus usos.

La implicación de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias en este asunto se enmarca dentro del compromiso adquirido con las administraciones de La Palma tras la erupción volcánica para acercar la labor de la gestión del litoral a los municipios y conocer las necesidades y problemáticas que se presentan en cada uno de ellos.

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Esta iniciativa mejora la gestión y la planificación de acciones en los puertos canarios, con un enfoque claro en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente

El objetivo es convertir el puerto de Caleta de Sebo en un espacio que sea capaz de conjugar las actividades recreativas con las pesqueras con criterios de sostenibilidad

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado importantes avances en el proyecto de desarrollo de un ecopuerto en la isla de La Graciosa. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del departamento para mejorar la gestión y planificación de acciones en los puertos canarios, con un enfoque claro en la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.

“Desde el inicio de la legislatura, se han establecido diversos objetivos para modernizar y mejorar los puertos de Canarias. A través del ente público Puertos Canarios, se ha trazado una estrategia integral que incluye la implementación de modelos de ecopuertos, con el fin de abordar de manera efectiva la problemática de las basuras marinas y promover prácticas sostenibles desde la tierra hasta el mar”, añadió Rodríguez

El impulso para la creación del ecopuerto en la isla de La Graciosa ha alcanzado importantes logros desde que se adjudicó el contrato para la redacción del proyecto técnico en septiembre de 2023, para transformar el puerto en un espacio más cómodo, seguro y respetuoso con el entorno, y que sea capaz de conjugar las actividades recreativas con las pesqueras, fundamentales para el desarrollo socioeconómico de la isla.

Reducción de la huella de carbono

Una de las características destacadas del proyecto es la propuesta de convertir el puerto de Caleta de Sebo en un ecopuerto, implementando diversas medidas innovadoras que reducen la huella de carbono y mejoran la calidad de vida de los usuarios. Estas medidas incluyen la instalación de paneles fotovoltaicos para el suministro de energía, sistemas de monitorización de la calidad del agua y la habilitación de espacios naturales para actividades sostenibles.

Durante el proceso de planificación, se ha promovido activamente la participación de los usuarios y la comunidad local que, junto a la labor de los técnicos de la consejería, los redactores del proyecto y las autoridades locales, han garantizado una coordinación efectiva de las medidas propuestas.

Con esta iniciativa ya en marcha, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de sus puertos, impulsando iniciativas innovadoras que contribuyen al bienestar de todos los canarios y canarias.

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