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Los Premios ArchipiélaGO invitan al alumnado de la ULL a aportar soluciones a los retos de Canarias

La segunda edición permite a estudiantes de todas las titulaciones asistir a visitas técnicas a obras que ejecuta la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para conocer sobre el terreno las actuaciones y escuchar las explicaciones de los profesionales responsables

El programa conecta el conocimiento universitario con ámbitos como la vivienda, la movilidad, las obras públicas, la gestión náutica y el transporte marítimo

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias continúan desarrollando la segunda edición de los Premios ArchipiélaGO, una iniciativa que conecta el conocimiento universitario con algunos de los principales retos del Archipiélago y acerca al alumnado a la realidad de la gestión y el desarrollo de las islas.

La convocatoria ha permitido la participación de estudiantes de todas las titulaciones y la formación de equipos multidisciplinares, integrados por alumnado de diferentes grados. Las propuestas presentadas abordan ámbitos como la vivienda, la movilidad, las obras públicas, la gestión náutica y el transporte marítimo, incorporando conocimientos y perspectivas de distintas disciplinas.

Aprendizaje sobre el terreno y contacto con profesionales

Una de las principales vertientes de los Premios ArchipiélaGO es complementar la formación académica con experiencias prácticas que permitan al alumnado conocer de primera mano los proyectos que se desarrollan en Canarias.

En este sentido, la iniciativa contempla la organización de visitas técnicas a obras e infraestructuras que está ejecutando la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. A través de estos recorridos, los estudiantes podrán acceder a las actuaciones, conocer sobre el terreno sus características y particularidades técnicas y escuchar directamente a los profesionales responsables de su ejecución.

Estas visitas permiten comprender los desafíos que implica el desarrollo de las infraestructuras, conocer los procesos de planificación y ejecución y establecer un contacto directo con los técnicos que trabajan en los distintos proyectos. Una oportunidad para trasladar los conocimientos adquiridos en las aulas a situaciones reales y conocer las diferentes salidas profesionales vinculadas a estos sectores.

La primera edición permitió acercar a cerca de un centenar de estudiantes a algunas de las principales infraestructuras y proyectos estratégicos del Archipiélago, mediante visitas al túnel de Erjos, las obras de la circunvalación de Arucas, el Puerto de Granadilla y los laboratorios de Calidad de la Construcción, entre otras actividades.

Con esta segunda edición, los Premios ArchipiélaGO continúan reforzando la colaboración entre universidad y administración pública, favoreciendo el intercambio de conocimiento y acercando a los futuros profesionales a los proyectos que contribuyen al desarrollo de Canarias.

 

 

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La ULPGC y el Ejecutivo dan continuidad a los Premios ArchipiélaGo para impulsar soluciones a los retos de Canarias

La iniciativa reconoce proyectos del estudiantado en movilidad, obras públicas, vivienda y gestión del litoral, con la implicación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias

Podrán participar estudiantes de grado y máster de cualquier titulación de la ULPGC, con plazo de presentación hasta el 15 de enero de 2027

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado la segunda edición de los Premios ArchipiélaGO, una iniciativa que busca reconocer el talento universitario y promover soluciones innovadoras y sostenibles a los desafíos del archipiélago. Impulsado con la implicación de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, el concurso premiará proyectos que contribuyan a mejorar las infraestructuras públicas, la vivienda, la movilidad y la gestión del litoral. 

En palabras de la presidenta del Consejo Social, Ana B. Suárez, con esta segunda edición del certamen, la entidad continúa reforzando su papel “como puente entre la universidad y la sociedad, promoviendo la transferencia de conocimiento, el progreso sostenible y la innovación al servicio del bienestar colectivo”.

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha destacado que “esta iniciativa representa una oportunidad para vincular el conocimiento que se genera en nuestras universidades con los desafíos que afronta Canarias. Queremos fomentar la participación del alumnado y animar a los jóvenes a aportar nuevas ideas y soluciones en ámbitos que tienen una incidencia directa en el desarrollo y la calidad de vida de nuestra comunidad autónom”.

Asimismo, Rodríguez ha señalado que “la colaboración entre las administraciones públicas y los Consejos Sociales de las universidades es fundamental para acercar el ámbito académico a la realidad del territorio. Estos premios permiten abrir un espacio de participación para que los estudiantes, desde distintas disciplinas, puedan plantear propuestas que contribuyan a abordar cuestiones tan relevantes como la movilidad sostenible, el acceso a la vivienda, las infraestructuras públicas o la protección de nuestro litoral”.

Los Premios ArchipiélaGO buscan favorecer la transferencia de conocimiento y dar proyección a propuestas del estudiantado con potencial para contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar de Canarias. En ese sentido, la convocatoria está dirigida a estudiantes de grado y máster matriculados en la ULPGC durante los cursos 2025/2026 o 2026/2027 y podrán concurrir desde cualquier titulación y ámbito de conocimiento, de forma individual o en equipos de un máximo de dos estudiantes, pertenecientes al mismo o a distintos centros.

Los galardones contemplan cuatro categorías: la modalidad  Innovación en Movilidad reconocerá soluciones para el transporte y la movilidad sostenible, mientras que la de Innovación en Obras Públicas distinguirá iniciativas que mejoren la eficiencia energética, la sostenibilidad y la modernización de las infraestructuras públicas. Por su parte, Innovación en Vivienda premiará nuevas tecnologías, diseños o modelos sostenibles para la construcción y gestión de viviendas, e Innovación en la Gestión del Litoral se centrará en propuestas para la preservación, protección y desarrollo sostenible de las costas.

El jurado valorará especialmente el impacto social de los proyectos y su contribución a los retos de la comunidad autónoma y concederá un diploma acreditativo y una tableta electrónica valorada entre 600 y 800 euros al ganador de cada modalidad. Además, el jurado podrá proponer menciones especiales de carácter honorífico para candidaturas que destaquen por su calidad, originalidad, innovación o interés para los objetivos del certamen.

Las solicitudes podrán presentarse hasta las 23:59 horas del 15 de enero de 2027, exclusivamente a través de la sede electrónica de la ULPGC e incluyendo el formulario de inscripción, una memoria del proyecto de un máximo de diez páginas, una presentación visual y la declaración responsable exigida en las bases.

La presentación visual podrá consistir en una infografía, un vídeo de hasta cinco minutos o una presentación PowerPoint.

Por otro lado, los proyectos deberán ser originales y no haber sido premiados previamente. Cada participante o equipo podrá presentar un único proyecto por categoría y deberá adscribir cada propuesta a la modalidad que corresponda a su objeto principal.

 

 

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El II Congreso de Marinas de España abre su jornada institucional con el foco en la modernización

Pablo Rodríguez y Tomás Azcárate abordan los retos de modernización de las marinas y destacan su papel estratégico en la economía y el desarrollo del litoral

El II Congreso Nacional de Marinas de España ha abierto este jueves su jornada institucional en el Salón Gran Canaria del Hotel Cristina by Tigotan, con una bienvenida en la que el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el presidente de Marinas de España, Tomás Azcárate, han situado la modernización de las instalaciones, la seguridad jurídica y el reconocimiento económico y social del sector entre los principales asuntos de trabajo.

El Congreso, que reúne en Gran Canaria a más de 250 participantes de 64 puertos deportivos y a representantes de administraciones, empresas y organizaciones vinculadas a la actividad náutico-portuaria, cuenta con el apoyo y la colaboración de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y de Puertos Canarios.

Durante su intervención, Pablo Rodríguez destacó que la celebración en Canarias del segundo Congreso de Marinas de España supone un respaldo al trabajo que se desarrolla para modernizar las marinas y los puertos deportivos del archipiélago. El consejero defendió que Canarias dispone de condiciones especialmente favorables para este tipo de instalaciones y señaló la necesidad de actualizar infraestructuras que, en muchos casos, han quedado obsoletas.

Rodríguez explicó que una de las líneas desarrolladas por el Gobierno de Canarias es la ampliación de las concesiones próximas a su vencimiento o ya vencidas, con el objetivo de facilitar nuevas inversiones privadas. Según detalló, estas prórrogas pueden movilizar más de 60 millones de euros de capital privado para la modernización de las marinas canarias.

Como primeros ejemplos, citó Pasito Blanco, en Gran Canaria, y Puerto Calero, en Lanzarote, las dos primeras marinas que han prorrogado sus concesiones dentro de este modelo. Ambas instalaciones prevén movilizar conjuntamente más de 15 millones de euros en inversiones para su transformación durante los próximos años.

El consejero vinculó esta política a una visión más amplia sobre el papel de las marinas en Canarias. Recordó que el archipiélago dispone de alrededor de 1.500 kilómetros de costa y defendió que la actividad portuaria deportiva genera empleo y actividad económica más allá del atraque de embarcaciones, a través de servicios como la reparación naval, los suministros y otras actividades empresariales ligadas a las instalaciones.

Rodríguez señaló también que Puertos Canarios gestiona, de forma directa e indirecta, alrededor de 50 puertos, refugios y marinas, y explicó que durante la legislatura se han desarrollado actuaciones orientadas a mejorar su eficiencia mediante energías renovables, tecnología y nuevos sistemas de gestión.

Por su parte, Tomás Azcárate centró su intervención en la necesidad de reforzar la cohesión del sector a escala nacional y avanzar en el reconocimiento de los puertos deportivos y turísticos como infraestructuras estratégicas para el desarrollo del litoral.

El presidente de Marinas de España agradeció expresamente el apoyo de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias y de Puertos Canarios a la celebración del Congreso y al trabajo desarrollado por el sector. Azcárate defendió que la colaboración con las administraciones resulta necesaria para abordar problemas comunes y para que las marinas puedan avanzar en sostenibilidad, actividad económica, navegación, turismo y relación con las ciudades.

Azcárate subrayó también la dimensión social de estas instalaciones, a las que definió como “puertas de acceso al mar” para la ciudadanía, y reclamó un mayor conocimiento institucional y estadístico de la actividad que generan.

Según explicó, el sector representa alrededor de 27.000 empleos directos e indirectos, aunque todavía carece de una clasificación estadística específica que permita identificar con precisión el conjunto de la actividad económica vinculada a las marinas y a las empresas que operan en ellas.

El presidente de Marinas de España señaló que alrededor de los puertos deportivos conviven concesionarios, actividades portuarias, restauración, comercio, embarcaciones de excursiones y tránsito y otras empresas vinculadas al mar. Esta concentración de actividad, afirmó, convierte a las marinas en polos de atracción e influencia económica para los territorios en los que se ubican.

La inauguración institucional abre una jornada con ponencias y ocho mesas de debate sobre concursos y pliegos concesionales, estrategias marinas y costas, prórrogas concesionales, gestión ambiental y biodiversidad, grandes esloras, innovación y digitalización, mercado náutico europeo y coordinación, seguridad y emergencias.

El tramo final del II Congreso Nacional de Marinas de España incluye una plenaria con representación de las asociaciones territoriales de la Federación y culmina con el Pacto de Canarias por las Marinas, una declaración de principios y compromisos por unas marinas sostenibles, competitivas y abiertas a la sociedad.

El Pacto de Canarias por unas marinas sostenibles 

El Pacto de Canarias por las Marinas, adoptado hoy en Las Palmas de Gran Canaria en la Jornada Institucional del II Congreso de Marinas de España, es una declaración de principios y compromisos por unas marinas sostenibles, competitivas y abiertas a la sociedad. Reconoce a las marinas y puertos deportivos como infraestructuras estratégicas del litoral y como un servicio de interés general. Defiende la cooperación leal entre administraciones, la colaboración público-privada como motor de inversión y calidad, y la seguridad jurídica y una administración ágil y proporcionada como condiciones para invertir y modernizar.

El texto recoge además compromisos para cuidar el medio marino y avanzar de forma progresiva en la reducción de emisiones, abrir el mar a todas las personas, integrar las marinas en la ciudad y en los destinos turísticos, impulsar la formación y el empleo de calidad y tener en cuenta las particularidades de las marinas insulares. Es una declaración institucional que está abierta a la adhesión libre y gratuita de administraciones, entidades, empresas y personas.

 

 

 

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La Consejería avanza a la FECAM el anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias 

El encuentro da continuidad a la ronda de reuniones con los distintos sectores implicados para recoger aportaciones y favorecer un proceso participativo

El Ejecutivo destaca la importancia de contar con los municipios en la elaboración de una norma que tenga en cuenta las particularidades del litoral canario

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha mantenido este miércoles un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), presidido por Mari Brito, para presentar las principales líneas del anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias, que actualmente se encuentra en fase de información pública.

Esta reunión da continuidad a los encuentros impulsados por la Consejería con los distintos colectivos vinculados a la gestión del litoral, después de la reunión de la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas celebrada esta semana. El objetivo es generar espacios de diálogo y colaboración que permitan conocer las distintas realidades del Archipiélago y recoger aportaciones para enriquecer el texto normativo.

Pablo Rodríguez ha destacado que “Canarias necesita una Ley de Costas propia que adapte la normativa a las singularidades de nuestro Archipiélago. Hablamos de 1.500 kilómetros de costa, ocho islas y unas circunstancias territoriales muy diferentes a las del conjunto del Estado. Esta norma busca dar respuesta a esa realidad y, además, establecer un marco de cooperación entre administraciones que nos permita gestionar nuestro litoral de una manera más eficiente. Queremos proteger mejor nuestra costa y dar más seguridad a quienes viven en ella y de ella, acercando las decisiones al territorio”.

Durante el encuentro, Rodríguez y Acosta han explicado el alcance de la futura norma, que pretende establecer un marco propio de ordenación y gestión del litoral canario, teniendo en cuenta las particularidades del Archipiélago. “77 de nuestros 88 municipios tocan el mar, y son los ayuntamientos los que gestionan la costa día a día: limpian las playas, atienden a los vecinos de los núcleos costeros y conocen cada charco y cada rincón de su litoral. Nadie conoce mejor la costa que los ayuntamientos; por eso esta ley tiene que contar con ellos, porque quienes mejor conocemos el territorio somos los que vivimos, trabajamos y luchamos para que esta tierra salga adelante”, ha señalado el consejero.

El anteproyecto aborda cuestiones fundamentales para la planificación y protección de la costa, entre ellas la ordenación de los núcleos costeros tradicionales, la gestión de las playas y la regulación de los espacios de baño naturales, así como la coordinación entre las distintas administraciones con competencias en el litoral.

Diálogo y colaboración con los municipios  

La reunión con la FECAM permite acercar el contenido de la futura norma a las administraciones locales, cuya participación resulta fundamental en la ordenación y gestión del territorio costero.

En este sentido, el consejero ha subrayado que “los ayuntamientos son las administraciones más cercanas a la ciudadanía y las que atienden y cuidan diariamente nuestras costas, junto al resto de administraciones. Por eso, su participación es esencial en la elaboración de esta ley. Habrá Ley de Costas de Canarias si existe consenso con los ayuntamientos”.

Asimismo, ha señalado que “esta reunión con la FECAM es fundamental y no será la última. Queremos que la futura norma llegue al Parlamento de Canarias con un amplio consenso municipal, porque los ayuntamientos deben tener un papel protagonista en este proceso”.

La presidenta de la FECAM, Mari Brito, ha agradecido la presencia del consejero y del director general de Costas, destacando la importancia de avanzar en el desarrollo de la Ley de Costas de Canarias desde el diálogo y el consenso entre administraciones. “Esta ley representa una oportunidad para Canarias. No podemos vivir de espaldas al mar, sino que debemos gestionar nuestro litoral de forma eficiente y sostenible. Para ello, es fundamental la cogobernanza entre el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos, a través de la FECAM como órgano de representación e interlocución municipal”.

Además, ha indicado que “necesitamos establecer un marco común, con competencias y criterios claros y consensuados, que permita a todos los municipios actuar de manera coordinada y colaborar en la protección y gestión de nuestro litoral”, a la vez que ha añadido que “confiamos en que durante los próximos meses podamos seguir trabajando en el texto y alcanzar su aprobación en esta legislatura. Es importante, además, que este instrumento cuente con el necesario consenso del Estado, para dar respuesta a cuestiones que, en muchas ocasiones, los ayuntamientos no podemos resolver desde el ámbito municipal. El objetivo compartido debe ser disponer de una herramienta que nos permita gestionar nuestras costas de forma coordinada, eficaz y sostenible”.

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El Ejecutivo eleva a 249 millones de euros la inversión en vivienda para 2027, cerca de un 26% más que en 2026

El consejero Pablo Rodríguez presenta ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias unas cuentas de más de 551 millones de euros para la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad

Rodríguez subraya que vivienda, infraestructuras y movilidad se han planificado como un conjunto, con el territorio y las oportunidades de cada isla como eje

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha presentado este martes ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento de Canarias el presupuesto de su departamento para 2027, que asciende a 551.082.944 euros, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Las cuentas refuerzan la inversión en vivienda y garantizan la continuidad de las principales actuaciones en infraestructuras viarias, transporte público y movilidad, costas y Puertos Canarios. El esfuerzo inversor del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) alcanzará los 249.052.938 euros, un 26% más que en el ejercicio anterior.

Durante su intervención, Rodríguez ha explicado que “estos presupuestos responden a las necesidades actuales de Canarias y parten de una idea: vivienda, infraestructuras y movilidad no son compartimentos estancos. Dónde se construye una promoción de vivienda pública condiciona cómo se van a desplazar quienes vivan en ella, y la red de carreteras, el transporte público o los puertos determinan las oportunidades de cada isla. Por eso hemos planteado unas cuentas que atienden lo inmediato sin perder de vista el modelo territorial que necesita Canarias a medio plazo”.

Según ha detallado el consejero ante la Cámara, el Instituto Canario de la Vivienda dispondrá de 249.052.938 euros, un 26% más que en 2026, lo que lo sitúa como el presupuesto más elevado de su historia por cuarto año consecutivo. De esta cantidad, 93,3 millones de euros se destinarán a la construcción de vivienda pública; 84,7 millones, a subvenciones para el alquiler, la adquisición de vivienda para jóvenes, el medio rural y otros programas; y 51 millones, a actuaciones en barrios y edificios para la rehabilitación, la conservación y el mantenimiento del parque público.

La actuación conjunta del ICAVI y VISOCAN permitirá seguir ampliando el parque público de vivienda en todas las islas, que suma ya 3.963 viviendas en diferentes fases: 1.307 en Gran Canaria, 1.116 en Tenerife, 701 en Lanzarote, 478 en La Palma, 236 en Fuerteventura, 97 en La Gomera y 28 en El Hierro.

“La vivienda es una de las principales preocupaciones de las familias canarias, y por eso la cuantía que destinamos a esta área atiende a todas sus caras”, ha señalado Rodríguez en sede parlamentaria. “Construir parque público es la respuesta estructural. Las ayudas al alquiler y a la adquisición acompañan a las familias mientras ese parque crece. Y rehabilitar el que ya existe es imprescindible, porque una vivienda pública que no está en condiciones es también una vivienda que falta. A eso se suma movilizar vivienda vacía y suelo, y colaborar con ayuntamientos y sector privado, porque ninguna administración puede abordarlo sola”.

En esta línea, Rodríguez ha subrayado que “la vivienda es una de las principales preocupaciones de las familias canarias y, por tanto, una prioridad para el Gobierno de Canarias. Destinar el mayor presupuesto hasta ahora refleja la voluntad de mantener un esfuerzo sostenido para incrementar la oferta pública, impulsar nuevas promociones y facilitar el acceso a una vivienda, especialmente a quienes encuentran mayores dificultades”.

Por su parte, VISOCAN continuará desarrollando distintas líneas de actuación para incrementar la oferta de vivienda pública y asequible. Entre ellas se encuentran el programa Rehabita Canarias, el desarrollo de suelo propio para construir viviendas en régimen de alquiler, la captación de vivienda vacía, la gestión urbanística de nuevos suelos y la colaboración con las entidades locales y con el sector privado mediante fórmulas como el derecho de superficie.

En materia de infraestructura viaria, la Dirección General contará con 227,4 millones de euros. De esta cantidad, 215 millones corresponden a la anualidad de 2027 del Convenio de Carreteras 2018-2027, cuyo marco financiero global asciende a 1.448,2 millones de euros tras la aprobación de su tercera adenda. Esta dotación permitirá continuar con las obras comprometidas y avanzar en los proyectos previstos en la planificación de la red viaria del archipiélago.

En cuanto a Transportes y Movilidad, el presupuesto ascenderá a 147,3 millones de euros. De esta cantidad, 99,6 millones se destinarán a medidas de apoyo al transporte público: 47,7 millones para transferencias a los cabildos insulares, 10,1 millones para el Bono Residente Canario y 42 millones para garantizar la gratuidad del transporte público.

Además, las cuentas mantienen el impulso a un modelo de movilidad más sostenible, eficiente e inteligente, con recursos para el desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible de Canarias o el MobilityLab. Por un lado, también se mantienen las partidas para los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y los Planes de Movilidad Insulares Sostenibles (PMIS). Por otra parte, el estudio y la implantación de carriles BUS-VAO dispondrán de 244.091 euros, un 22,04% más que en el ejercicio anterior.

“Carreteras y transporte público forman parte de la misma planificación”, ha afirmado el consejero. “El Convenio de Carreteras nos permite avanzar en las obras comprometidas, y el apoyo al transporte público, con la gratuidad incluida, busca que la guagua sea una alternativa real al vehículo privado. En un territorio fragmentado y con el suelo limitado, la demanda de movilidad no puede resolverse únicamente con más infraestructura viaria”.

Asimismo, Puertos Canarios dispondrá de 30,4 millones de euros, de los que cerca de 19,9 millones se destinarán a inversiones a través de su Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF). Las actuaciones previstas permitirán continuar mejorando y conservando la red de puertos de Canarias, dotar las instalaciones de servicios de interés, avanzar en la transición energética mediante la incorporación de placas fotovoltaicas y reforzar la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras portuarias.

La Viceconsejería de Infraestructuras contará con 10,6 millones de euros, que permitirán mantener distintas líneas de trabajo vinculadas a la innovación, la movilidad y la economía azul. Entre ellas destacan la colaboración con la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) para establecer puntos de trabajo en instalaciones de Puertos Canarios en todas las islas, el desarrollo de un tanque de oleaje para la modelización física de la Universidad de La Laguna y el proyecto Biocrit, en Lanzarote.

Por último, la Dirección General de Costas dispondrá de 3,6 millones de euros para continuar desarrollando sus competencias y avanzar en los trabajos preparatorios para la elaboración de una Ley de Costas de Canarias, que permita definir un marco normativo propio para la ordenación y gestión del litoral del archipiélago.

Rodríguez ha cerrado su intervención subrayando que “el litoral es para Canarias infraestructura, recurso y territorio al mismo tiempo. Las inversiones en Puertos Canarios, la incorporación de energía fotovoltaica en sus instalaciones, la colaboración con PLOCAN y la Universidad de La Laguna y los trabajos hacia una Ley de Costas propia parten de una misma idea: gestionar el mar con un marco adaptado a la realidad del archipiélago y aprovechar su potencial de innovación”.

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La Consejería presenta a la Comisión Mixta de Afectados la futura Ley del Litoral de Canarias

La Consejería presenta a la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas el borrador de la futura Ley del Litoral de Canarias

Antonio Acosta defiende la necesidad de proteger y conservar los núcleos costeros tradicionales, mejorar sus servicios públicos y estudiar vías para su legalización
El Gobierno de Canarias trabaja en un censo de los asentamientos y de las personas afectadas para conocer la realidad de cada enclave y garantizar que ningún vecino o vecina quede atrás

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha presentado este martes a los colectivos afectados por la Ley de Costas el borrador de la futura Ley del Litoral de Canarias, durante una nueva reunión de la Comisión Mixta. El documento recoge las líneas de trabajo del Gobierno de Canarias para abordar la situación de los núcleos costeros tradicionales, proteger su historia y preservar el arraigo de las familias que viven en el litoral del Archipiélago.

Acosta ha explicado que el objetivo de la propuesta es dar respuesta a una problemática que afecta desde hace años a numerosos asentamientos de las Islas. En este sentido, ha defendido que la futura normativa debe contemplar la ordenación de estos núcleos, la mejora y puesta en funcionamiento de sus servicios públicos y el estudio de vías que permitan avanzar en su legalización.

“Los núcleos costeros forman parte de la historia de Canarias y de la vida de muchas familias. Tenemos claro que debemos conservarlos, protegerlos y dotarlos de servicios, porque hay personas que viven allí y tienen todo su arraigo en esos lugares”, ha señalado el director general.

La protección y conservación de los núcleos costeros

Durante la reunión, Acosta ha explicado que el borrador recoge diferentes vías para estudiar la posible legalización de estos asentamientos, siempre atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno. En este sentido, ha insistido en que resulta necesario analizar individualmente su situación y encontrar alternativas que permitan proteger estos enclaves y a las familias que residen en ellos.

“Hay que valorar cada uno de los núcleos y conocer en qué situación se encuentran. Nuestro objetivo es conservarlos y protegerlos, teniendo siempre presente que detrás de cada vivienda hay personas y familias”, ha afirmado Acosta.

Un censo para conocer la realidad de los núcleos costeros

Asimismo, Acosta ha indicado que la Dirección General trabaja actualmente en la elaboración de un censo de los núcleos costeros de Canarias junto con Grafcan y prevé realizar este año una nueva encomienda específica para ampliar los trabajos de identificación y conocimiento de estos asentamientos.

Acosta ha explicado que actualmente no existe un registro completo que permita conocer con exactitud cuántos núcleos costeros hay en Canarias, cuántas viviendas están habitadas ni cuántas personas se encuentran afectadas por la normativa de Costas. El censo permitirá recopilar información sobre las características de cada enclave, la situación de las viviendas y su relación con el dominio público marítimo-terrestre y las zonas de servidumbre.

La participación ciudadana, clave en la elaboración de la futura Ley del Litoral

Para finalizar, Acosta ha destacado que la participación ciudadana es fundamental durante la elaboración de la futura Ley del Litoral. En este sentido, ha animado a los vecinos, vecinas y asociaciones a conocer el borrador y aportar propuestas que permitan enriquecer el documento y recoger las distintas realidades del litoral canario.

“Queremos que este borrador sea participativo, que la gente lo lea y que pueda aportar ideas que podamos incorporar”, ha señalado.

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El Gobierno de Canarias saca a información pública el anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias

La ciudadanía, las administraciones públicas y las entidades interesadas pueden presentar sus aportaciones desde este jueves, 29 de octubre, y hasta el próximo 29 de noviembre de 2026

El texto aborda la ordenación y gestión del litoral canario, la protección ambiental y la regulación de los usos y actividades en la costa

La Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario del Gobierno de Canarias, que dirige Antonio Acosta, ha abierto el periodo de información pública del anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias, con el objetivo de que la ciudadanía, las administraciones públicas y las entidades interesadas puedan consultar el documento y presentar sus aportaciones antes de que continúe su tramitación. El plazo permanecerá abierto desde el 29 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2026.

La documentación del anteproyecto y la información necesaria para participar en este procedimiento están disponibles en el portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

La propuesta plantea una regulación adaptada a las características del litoral del Archipiélago, teniendo en cuenta su condición insular y la importancia ambiental, social y económica de la costa. El texto busca compatibilizar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad con el uso público del litoral y el desarrollo de las actividades vinculadas a este espacio.

El anteproyecto incorpora, asimismo, medidas relacionadas con la adaptación al cambio climático, la calidad de las aguas costeras y la protección de los espacios naturales marinos. Otro de los aspectos que desarrolla es el tratamiento específico de los núcleos costeros tradicionales, atendiendo a sus características y a su vinculación histórica con el litoral.

Reuniones con afectados por la ley de costas y entidades locales e insulares

La Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario del Gobierno de Canarias celebrará la próxima semana una nueva reunión con la Comisión de Afectados por la Ley de Costas. Asimismo, mantendrá reuniones con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI), con el objetivo de abordar cuestiones relacionadas con el anteproyecto y conocer las aportaciones de las entidades locales e insulares.

Con la apertura del periodo de información pública y la celebración de estos encuentros, el Gobierno de Canarias ha puesto el texto a disposición de la ciudadanía y de las administraciones para recabar observaciones y aportaciones durante esta fase de su tramitación.

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El seminario “La ciudad y el mar” pone en valor la relación histórica y social de Canarias con el litoral

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo, Antonio Acosta, defiende compatibilizar los espacios de ocio con la conservación medioambiental, la protección patrimonial y la identidad de las zonas costeras

El arquitecto Rafael Daranas expone el caso de Santa Cruz de La Palma como ejemplo de integración entre el casco histórico, la avenida marítima y la nueva playa

La relación entre las ciudades y pueblos canarios con el litoral y el mar debe contemplarse como un espacio compartido que reconozca el carácter social, tradicional, la vinculación histórica al mar y la compatibilización con los espacios de ocio, según señaló el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, durante la jornada de clausura del seminario “La ciudad y el mar”, celebrado en Santa Cruz de La Palma.

Antonio Acosta indicó que esta “relación de identidad” que defiende el Gobierno de Canarias entre los núcleos poblacionales y el mar se realiza garantizando “el cumplimiento de los criterios de seguridad, ambientales, patrimoniales, sociales y económicos, con una visión que combina la conservación ambiental, la protección patrimonial y la identidad local de cada zona costera del Archipiélago”.

En este sentido, el director general subrayó que es necesario compatibilizar los espacios destinados al ocio con la conservación medioambiental y la protección del patrimonio, al tiempo que se preserva la identidad de las zonas costeras. Asimismo, ha destacado la importancia de que las administraciones públicas trabajen de forma coordinada para encontrar soluciones que permitan avanzar tanto en la conservación del litoral como en su desarrollo.

La última sesión del seminario, que fue organizado por el Ejecutivo canario, en colaboración con el Cabildo de La Palma y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, contó con la participación de Rafael Daranas, arquitecto y redactor del plan general de ordenación urbana de Santa Cruz de La Palma.

Rafael Daranas habló del caso concreto de la capital palmera, a la que definió como una ciudad construida por sus conexiones exteriores, con edificaciones patrimoniales vinculadas al comercio marítimo y su relación con el mar.

Daranas comentó la necesidad de entender la ciudad como un “sistema continuo” entre el casco histórico, la avenida marítima y la nueva playa, donde el mar “forma parte de la vida urbana, con espacios accesibles para el ocio, la restauración o actividades náuticas, entre otros”.

El arquitecto subrayó que es necesario vincular mejor el patrimonio histórico con el mar, construyendo “un espacio público compatible con la ciudadanía, donde interactúen residentes y turistas, patrimonio y ocio, memoria y futuro”.

En su exposición, Rafael Daranas analizó el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma en tres zonas: en primer lugar, el litoral portuario (donde se plantea la necesidad de coordinar la actividad económica y las necesidades futuras del puerto con la calidad urbana y paisajística); en segundo lugar, el litoral urbano (donde es preciso unir el casco histórico, la avenida marítima y la playa en un espacio público continuo y accesible); y por último, el litoral norte (donde se plantea la necesidad de compatibilizar el crecimiento con la protección del patrimonio, el dominio público marítimo-terrestre y la planificación insular).

Daranas considera necesario pensar el litoral como “un sistema y no como una suma de parcelas, infraestructuras y competencias administrativas”, ya que entiende que “la ciudad, el puerto, la costa y el patrimonio están relacionados y las decisiones sobre cualquiera de ellos repercuten sobre los demás”.

Por ello, propuso una planificación a largo plazo “capaz de anticipar las necesidades de la ciudad y el puerto, más allá de los proyectos actualmente previstos”; igualmente, ve necesario una coordinación institucional que sea real para que las administraciones “no actúen de forma aislada ni trasladen al futuro problemas que ya conocemos”; y finalmente, entiende muy importante dar prioridad a la calidad de vida ciudadana, por lo que el litoral “debe ser funcional y económicamente viable, pero también accesible, habitable y compartido”.

 

 

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Canarias convoca la Comisión Mixta de Afectados de Costas para presentar el borrador de la futura ley

La Dirección La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario dará a conocer el documento a los colectivos afectados antes de iniciar su exposición pública

La Comisión Mixta, reactivada en esta legislatura, se ha reunido en cuatro ocasiones para mantener el diálogo con los afectados por la normativa estatal de Costas

El director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, ha convocado para el próximo día 29 a la Comisión Mixta de Afectados de Costas para presentar el borrador de la futura ley y dar a conocer las líneas de trabajo previstas para su desarrollo.

La convocatoria permitirá que los colectivos afectados por la legislación estatal de costas conozcan el documento antes de avanzar en su tramitación. La Dirección General quiere impulsar un proceso proactivo, que facilite el diálogo con los interesados y permita recoger sus opiniones desde las primeras fases de elaboración de la norma.

Un proceso abierto a los colectivos afectados

La Dirección General desarrollará una acción específica durante el periodo de exposición pública para facilitar que la ciudadanía pueda conocer el borrador y trasladar sus consideraciones. Este trabajo prestará especial atención a las personas y colectivos directamente afectados por la normativa de costas, con el objetivo de que sus necesidades sean tenidas en cuenta en la elaboración del texto.

Asimismo, se abrirá la posibilidad de que las asociaciones y colectivos que lo soliciten de manera conjunta puedan incorporarse a la Comisión Mixta. La medida busca ampliar este espacio de diálogo y favorecer que las distintas realidades del litoral canario estén representadas durante el proceso.

Antonio Acosta ha destacado que “es prioritario que los afectados sean los primeros en conocer el borrador y puedan opinar sobre él. Queremos que la Dirección General tenga una actitud proactiva, facilitando que los colectivos participen y que cualquier asociación que lo solicite de forma conjunta pueda estar presente en la Comisión. Estamos convencidos de que escuchar a quienes conocen de primera mano esta realidad enriquecerá el documento y nos permitirá avanzar hacia la ley de costas que queremos para Canarias.

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Ángel Menéndez-Rexach comparte con las comunidades autónomas la necesidad de reformar la Ley de Costas estatal

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid analizó en el I Congreso de Costas Canarias la evolución del marco jurídico del litoral y las dificultades para delimitar las atribuciones del Estado y de las comunidades autónomas

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Menéndez-Rexach, abordó durante su intervención en el I Congreso de Costas Canarias: Canarias, Mar y Territorio la necesidad de reformar la Ley de Costas estatal, una cuestión que comparten distintas comunidades autónomas ante la evolución del marco competencial y los nuevos retos en la gestión del litoral.

Durante su ponencia, Menéndez-Rexach repasó la evolución de la Ley de Costas de 1988, cuyo modelo inicial concentraba la mayor parte de las competencias en la Administración General del Estado. El catedrático explicó que la consolidación de las comunidades autónomas y la evolución institucional han transformado aquel escenario y han permitido que estas administraciones asuman nuevas atribuciones en la ordenación del litoral.

El experto centró parte de su intervención en las dificultades para delimitar las competencias estatales y autonómicas, especialmente tras la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre el alcance de la ordenación del litoral. En este sentido, señaló que la interpretación actual plantea interrogantes sobre la relación entre la competencia autonómica de ordenación del litoral y la legislación estatal reguladora del dominio público marítimo-terrestre.

Una definición más clara del litoral

Otro de los aspectos destacados de la ponencia fue la ausencia de una definición legal precisa del litoral. Menéndez-Rexach señaló que la Ley de Costas no define este concepto y defendió que su alcance no debe limitarse a la parte terrestre, sino que también debe contemplar una dimensión marítima.

El catedrático advirtió de las diferencias entre las normas autonómicas a la hora de delimitar el litoral y consideró necesario avanzar hacia un criterio común, especialmente en lo relativo a su vertiente marítima. Esta cuestión resulta relevante para dotar de mayor coherencia al marco jurídico y clarificar el ámbito de actuación de las distintas administraciones.

Los informes de Costas como eje de análisis

La ponencia estuvo precedida por la sesión dedicada a la conflictividad competencial sobre el litoral, en la que participaron el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Ángel Lobo Rodríguez; el catedrático del mismo Área, Andrés González, y la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva, María Carmen Núñez.

Lobo centró su intervención en los informes de Costas durante la tramitación de los instrumentos de planificación territorial y urbanística. Los datos del Tribunal de Cuentas reflejan que entre 2014 y 2020 se contabilizaron alrededor de 2.106 expedientes en relación a los informes. El plazo medio de resolución alcanzó los 129 días para el primero, pese a que el periodo previsto es de un mes, y los 114 días para el segundo, cuyo plazo establecido es de dos meses. A estos tiempos se suman los retrasos en el traslado de los expedientes desde los servicios periféricos hasta la Dirección General en Madrid, un proceso que se prolongó una media de cuarenta días.

Como alternativa, el experto propuso sustituir los dos informes por uno único, emitido después de la aprobación inicial del plan y limitado a un análisis técnico de las competencias sectoriales estatales.

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