En total se prevé elevar en 45 millones de euros el presupuesto autonómico para las dos universidades públicas canarias en cuatro años
El marco autonómico cuantificado para la ULL y la ULPGC suma 1.242,8 millones entre 2027 y 2030 e incluye 9,78 millones para corregir el desfase acumulado
La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha trasladado a los rectores de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra y Francisco García, respectivamente, su propuesta del acuerdo de financiación universitario para el periodo 2027-2030, en el transcurso de una reunión de trabajo celebrada este 28 de julio en Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. El documento busca sustituir la negociación anual sin horizonte por una programación estable y evaluable, sujeta a las leyes presupuestarias de cada ejercicio.
En materia de financiación, este acuerdo supondrá un incremento de la financiación autonómica de 45 millones de euros hasta 2030, lo que representa un aumento del 16% respecto a la previsión inicial. Con ello, la suma de las anualidades previstas para el periodo 2027-2030 superará los 1.242 millones de euros.
Este documento incluye la aportación canaria destinada a tecnología, pero no incorpora una eventual financiación estatal equivalente ni los fondos extraordinario y singular, que todavía no cuentan con una cuantía cerrada. La ejecución de cada anualidad deberá disponer de cobertura en la correspondiente ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Para la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, “las universidades necesitan estabilidad para planificar y Canarias precisa de que esa estabilidad se traduzca en mejor docencia, más investigación, más transferencia y más oportunidades para el estudiantado”.
Una base estructural creciente
El documento protege en primer término la financiación básica, de carácter consolidable, destinada a personal, funcionamiento ordinario, mantenimiento, inversiones habituales, investigación estructural e infraestructuras científicas. A esta base se suma un fondo de nivelación de 9,7 millones de euros para corregir el desfase estimado entre costes estructurales y aportaciones autonómicas acumulado entre 2021 y 2026.
El acuerdo prevé que la ULL alcance 173,24 millones de euros en 2030, un 15,76 % más que en 2026, y que la ULPGC llegue a 153,65 millones, con un aumento del 16,18 %. El reparto parte de estructuras de costes diferentes y combina criterios comunes con instrumentos para atender las singularidades de cada universidad.
El esquema incorpora también una financiación competitiva consolidable vinculada al aumento de estudiantes a tiempo completo y una financiación variable que comenzaría a abonarse en 2028, con un máximo del 1 % de la financiación básica. Los indicadores deberán quedar definidos y acordados antes de la formalización del marco.
Tecnología, resultados y transparencia
Canarias programa 34 millones de euros para modernización tecnológica durante el cuatrienio, distribuidos en cuatro millones en 2027, seis millones en 2028, diez millones en 2029 y catorce millones en 2030. El Gobierno plantea solicitar al Estado una aportación equivalente mediante los convenios correspondientes, por lo que esa posible cofinanciación no se considera confirmada.
Para la titular de la Consejería de Universidades, “debemos distinguir con claridad qué está programado por Canarias, qué depende de convenios adicionales y qué sigue abierto a la negociación. Cada cifra debe comunicarse con su periodo y sus condiciones”.
La financiación vinculada a resultados tendrá en cuenta, entre otros ámbitos, la formación continua y las titulaciones duales, la reducción del abandono, la eficiencia académica, la investigación, la captación de fondos, la transferencia de conocimiento, el emprendimiento, la internacionalización y el uso de la capacidad docente.
Cada universidad elaborará su propio Plan Financiero con participación de su Consejo Social. El marco prevé además la implantación de contabilidad analítica, memorias económicas anuales, información verificable, auditoría externa y una comisión de seguimiento con representación de la Consejería, las universidades y los Consejos Sociales. El estudio de eficiencia de la AIReF aportará información adicional para evaluar y, en su caso, adaptar el instrumento mediante acuerdos y adendas.
La negociación continúa
La reunión ha permitido avanzar en la arquitectura y las cifras del modelo, así como identificar los asuntos que requieren mayor precisión técnica. Entre ellos figuran las reglas de los indicadores, las garantías de aplicación, la gobernanza, los anexos financieros, la financiación extraordinaria de infraestructuras y los programas destinados a necesidades singulares.
El ejecutivo canario mantendrá el trabajo técnico con ambas universidades hasta completar el texto y validar sus elementos financieros y jurídicos. No se fija una fecha de firma: el acuerdo se considerará cerrado cuando las partes hayan validado el documento y sus anexos.
“Nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo comprensible y útil para las dos universidades, con estabilidad para planificar, recursos para sostener el sistema y objetivos compartidos para mejorarlo”, concluyó la consejera.
