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El ICAP apuesta por adaptar las políticas públicas a las necesidades de la infancia

Las jornadas, que se celebrarán los días 24 y 25 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, analizarán cómo mejorar la respuesta de las Administraciones al bienestar de los niños, niñas y adolescentes

El programa incluye ponencias sobre estadísticas de infancia, participación infantil, conciliación familiar, gestión educativa, subvenciones a entidades y accesibilidad de los espacios de juego

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) celebrará, los próximos 24 y 25 de noviembre, las jornadas formativas ‘La Administración Pública ante los Retos de la Infancia: formación’, un espacio de encuentro dirigido al personal de las administraciones canarias que trabaja en ámbitos relacionados con la atención y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio de Usos Múltiples I del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, y reunirá a especialistas y profesionales de diferentes ámbitos para compartir conocimientos, experiencias y herramientas que permitan adaptar las políticas públicas a las necesidades reales de la infancia en el Archipiélago.

El director general del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), Gustavo Pérez, destaca que “la atención a la infancia debe formar parte de todas las políticas públicas, porque las decisiones que adoptamos desde las administraciones tienen un impacto directo en el desarrollo y las oportunidades de niños, niñas y adolescentes. Para ello, necesitamos profesionales preparados, con herramientas y conocimientos que les permitan incorporar esta perspectiva a su trabajo diario”.

Pérez subraya también la importancia de generar espacios de intercambio entre los distintos ámbitos de intervención pública. “La protección y el bienestar de la infancia no pueden entenderse como una responsabilidad aislada de un solo departamento. Requieren coordinación, formación y una visión compartida que nos permita escuchar las necesidades de los menores y dar respuestas adecuadas desde cada servicio público”, añade.

La iniciativa parte de la necesidad de abordar la atención a la infancia desde una perspectiva transversal, que implique no solo a los servicios sociales, sino también a las áreas de educación, urbanismo, cultura, deporte y ocio. El objetivo es mejorar la coordinación entre las administraciones, los centros educativos, las familias y las entidades sociales para avanzar hacia unos servicios públicos más preparados para garantizar los derechos y el bienestar de los menores.

Dos jornadas para analizar los retos de la infancia

La primera jornada, prevista para el 24 de noviembre, comenzará con una aproximación a la realidad de la infancia en Canarias a través de los datos y estadísticas del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). A continuación, César González de León, maestro psicopedagogo, psicólogo y técnico en participación infantojuvenil, abordará cómo incorporar la mirada de la infancia y la adolescencia a las políticas públicas y a los procesos de toma de decisiones.

El programa continuará con una ponencia sobre el modelo de Ciudad Amiga de la Infancia, a cargo de Rosario Pérez Santana, coordinadora autonómica de UNICEF Canarias, y el propio César González de León. Posteriormente, Maitane Cabrera Primo, trabajadora social del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, analizará el papel del sistema de la Administración Pública ante los retos de la infancia. La jornada concluirá con una mesa redonda.

La segunda sesión, el 25 de noviembre, estará dedicada a diferentes herramientas y ámbitos de intervención pública. José Arnaldo Flores Rodríguez, presidente de la asociación El Carmen Se Mueve, de Arafo, abordará las subvenciones y ayudas destinadas a asociaciones y entidades infantiles.

Por su parte, David Pérez Jorge, catedrático de Universidad y profesor de la Universidad de La Laguna, doctor en Psicología y doctor en Educación, analizará la conciliación familiar y el equilibrio entre el ámbito laboral y el sistema educativo.

La gestión de los centros educativos será el eje de la intervención de Jesús Ramón Montañez Benítez, director del CEIP Julián Zafra Moreno, mientras que Dulce Torres Fragoso, responsable de la Unidad de Accesibilidad de Sinpromi, entidad dependiente del Cabildo de Tenerife, expondrá los retos relacionados con la accesibilidad y la modernización de los espacios de juego.

La jornada finalizará con una mesa redonda para compartir reflexiones y experiencias sobre los desafíos que afrontan las administraciones en este ámbito.

Con estas jornadas, el ICAP apuesta por la formación y el intercambio de conocimiento como herramientas para mejorar la actuación de los servicios públicos y avanzar hacia una Administración capaz de incorporar las necesidades de la infancia en sus decisiones, políticas y actuaciones en todo el territorio canario.

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El ICAP reúne a las administraciones canarias para abordar el bienestar social y económico de las comarcas

Las jornadas, que se celebran los días 12 y 13 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, contarán con ocho ponencias y dos mesas de debate sobre empleo, servicios sociales, desarrollo local y economía de proximidad

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) reúne los días 12 y 13 de noviembre a agentes de empleo y desarrollo local (AEDL) y profesionales de las administraciones canarias vinculados al empleo, los servicios sociales y la economía local para analizar los principales retos sociales y económicos de las comarcas del archipiélago y compartir herramientas que permitan mejorar la respuesta de las políticas públicas en cada territorio.

Las jornadas, bajo el título ‘La Administración Pública ante el Bienestar Social y Económico de las Comarcas: formación’, se desarrollarán durante dos mañanas en el salón de actos del Edificio de Usos Múltiples I del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife. El programa incluye ocho ponencias y dos mesas de debate en las que representantes de las administraciones públicas, el tejido empresarial y las entidades sociales expondrán datos, experiencias y propuestas relacionadas con las necesidades de cada comarca.

El director del ICAP, Gustavo Pérez, destaca la importancia de acercar la formación y el intercambio de experiencias a los profesionales que trabajan directamente con la realidad de cada territorio. “Los agentes de empleo y desarrollo local son quienes mejor conocen cada comarca. Con estas jornadas queremos darles datos fiables, experiencias que funcionan y un espacio para coordinarse entre administraciones, empresas y entidades sociales”, señala.

Programa

La primera sesión, el jueves 12 de noviembre, abordará cuestiones como el envejecimiento de la población, la vulnerabilidad social, la movilidad territorial y las dificultades de conexión entre la oferta y la demanda de empleo. El programa comenzará con la intervención de Rafael Betancor Villalba, jefe de Sección de Estadísticas Demográficas del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), que ofrecerá la ponencia ‘Del dato a la decisión. El desafío del relevo en un territorio envejecido’.

A continuación, Maitane Cabrera Primo, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, analizará ‘La vulnerabilidad crítica de la persona no perceptora’, mientras que María Eulalia García Silva, vicepresidenta cuarta y consejera insular de Movilidad del Cabildo de Tenerife, abordará la relación entre movilidad y calidad de vida con ‘Salud territorial: movilidad y tiempo de vida’.

La perspectiva empresarial llegará de la mano de Francisco Gorrín López, representante de la Asociación Industrial de Canarias (ASINCA), que aportará la experiencia del Polígono de Güímar. También participará Rut López Álvarez, coordinadora de Barrios por el Empleo en la Fundación General de la Universidad de La Laguna. La mañana concluirá con una mesa de conclusiones técnicas sobre el diagnóstico del desajuste entre la oferta y la demanda de empleo en las comarcas.

Diagnóstico comarcal

La segunda jornada, el viernes 13, estará dedicada a otros factores que condicionan el bienestar y el desarrollo económico de los territorios. Los psicólogos Alba Fernández Padrón y Edgar Chinea Gámez, de ‘conSciencia’, abordarán la conciliación familiar. Por su parte, Carlos Sabina Lugo, vicepresidente de FAUCA y secretario general de Zona Centro, analizará el papel del comercio local y del producto de proximidad en la retención de la renta dentro de las comarcas.

El programa se completará con la intervención de Juan Luis Perdomo Falcón, coordinador de Empleo, Formación y Emprendimiento de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, que explicará la función de las agencias de desarrollo local en el mercado laboral de sus respectivos territorios. La jornada finalizará con una segunda mesa de debate.

Las jornadas son presenciales y gratuitas, aunque cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa a través del formulario habilitado por el ICAP. Las sesiones se grabarán y estarán disponibles posteriormente en la mediateca del Instituto como recurso formativo. Además, las personas asistentes podrán trasladar sus preguntas a los ponentes mediante un código QR habilitado durante las mesas de debate.

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La Consejería de Presidencia celebra las primeras oposiciones para personas con discapacidad intelectual

Se ofertan 20 plazas de subalternos y las pruebas se celebrarán simultáneamente en Tenerife y Gran Canaria, con un total de 383 aspirantes

La iniciativa se enmarca en el compromiso del Ejecutivo autonómico con la igualdad de oportunidades y la accesibilidad en el empleo público

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, celebra este domingo, 8 de noviembre, por primera vez en la Administración autonómica, unas pruebas selectivas específicas y exclusivas para el acceso de personas con discapacidad intelectual para la agrupación profesional de personal subalterno, mediante el sistema de turno libre.

Un total de 383 aspirantes están convocados para optar a las 20 plazas ofertadas, destinadas a personas con discapacidad intelectual leve, moderada o límite que tengan reconocido oficialmente un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

La consejera Nieves Lady Barreto destaca que esta convocatoria supone un paso decisivo hacia “una Administración más inclusiva, accesible y comprometida con la igualdad real de oportunidades, en la que estén representadas las capacidades de todas las personas”.

El proceso selectivo, organizado a través de la Dirección General de la Función Pública, se desarrollará de forma simultánea en las dos provincias canarias, con un llamamiento a las 10:00 horas. En Tenerife, las pruebas tendrán lugar en el IES Chapatal, donde están convocadas 180 personas, mientras que en Gran Canaria se celebrarán en el IES Profesor Juan Pulido Castro, con 203 aspirantes.

Las 20 plazas convocadas corresponden a la acumulación de las Ofertas de Empleo Público de los años 2023, 2024 y 2025, con 9, 7 y 4 plazas, respectivamente.

Un proceso selectivo adaptado

El procedimiento de selección consistirá en una única fase de oposición con un ejercicio dividido en dos partes, ambas obligatorias y eliminatorias, que deberán completarse en un tiempo máximo de 120 minutos.

La primera parte, de carácter teórico, consistirá en un cuestionario tipo test de 25 preguntas, más cuatro adicionales de reserva, seleccionadas mediante sorteo de un repertorio previo de 250 preguntas adaptadas a lectura fácil.

La segunda parte, de carácter práctico, incluirá un test de 20 preguntas, además de cuatro de reserva, basadas en un supuesto relacionado con las funciones propias del personal subalterno, como la vigilancia y custodia, las notificaciones, el traslado de expedientes y las tareas de reprografía.

Con el objetivo de facilitar la preparación de las personas aspirantes, la Dirección General de la Función Pública ha puesto a su disposición una Guía de Apoyo al Estudio y un documento de Preguntas de Apoyo al Estudio, disponibles en su página web.

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La Consejería de Presidencia incrementa en un 42% el presupuesto para Seguridad

Nieves Lady Barreto destaca que las cuentas consolidan una planificación de cuatro años, con incremento de plantillas, mejoras salariales y la implantación por primera vez de la carrera profesional en la Administración General

El presupuesto de la Consejería asciende a 430.553.671 euros y Justicia concentra el 55,6%

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias contará en 2026 con un presupuesto de 430.553.671 euros, lo que supone un incremento de 43,8 millones de euros respecto al ejercicio anterior, un 11,33% más. La consejera Nieves Lady Barreto ha destacado que las cuentas de la Consejería para 2027 consolidan una “planificación de cuatro años orientada al refuerzo de los recursos humanos y a la mejora de las condiciones laborales” en los ámbitos de la Seguridad, de la Administración General y de la Administración de Justicia.

Por áreas, la que mayor incremento porcentual experimenta es la Dirección General de Seguridad con una dotación 44,9 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 42,6% con respecto al año pasado para cumplir con el objetivo de fortalecer la seguridad pública de Canarias y respaldar el crecimiento de Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria y su despliegue en las islas no capitalinas. Tal y como explicó la consejera, el próximo año el catálogo del Cuerpo se incrementará en 250 plazas.

En la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, se mantiene el presupuesto de 4,7 millones de euros. La consejera recodó, en este apartado, que para este 2026 ya se había duplicado el presupuesto para poder hacer frente a los nuevos procesos selectivos del Cuerpo General de la Policía Canaria y de las Policías Locales, cubrir necesidad de las ofertas formativas, adecuación de sedes y residencia para el alumnado en formación.

En 2027, la dirección general asumirá la formación básica de 180 agentes de la Policía Local y otras 150 plazas de la Policía Autonómica, además de otras escalas de mando, y la formación especializada para profesionales y voluntarios de ámbito de la seguridad, las emergencias y la Protección Civil.

La Administración de Justicia concentra la mayor parte de los recursos, con una asignación de 239.378.360 euros, lo que representa el 55,6% del presupuesto total de la Consejería. En este apartado, la consejera subrayó los proyectos puestos en marcha para la humanización de la Justicia, entre ellos los dirigidos a víctimas de violencia de género o violencia sexual, entre los que destaca la instalación del sistema de documentación forense OCULA en la Casa de la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria, en el Hospital Materno Insular, Hospital de La Candelaria y en los hospitales generales de La Palma y Lanzarote.

También hizo referencia al proyecto Terapican, de terapia con animales para menores víctimas de violencia durante los procesos judiciales; la plataforma inteligente de orientación a víctimas de violencia de género o la puesta en marcha de la figura del facilitador judicial para acompañar a personas mayores o con discapacidad durante todo el proceso judicial para que comprendan la información y puedan tomar decisiones informadas, utilizando un lenguaje comprensible.

En el área de Justicia figura el incremento del último tramo del baremo del turno de oficio para abogados y procuradores, así como la finalización del aumento salarial del complemento específico del personal de Justicia, acordado con las organizaciones sindicales y desarrollado a lo largo de tres años hasta alcanzar el 30% y nuevas plazas para los Tribunales de Instancia por la Ley de Eficiencia.

En el apartado de infraestructuras judiciales destacan los grandes proyectos en marcha: el Palacio de Justicia de Puerto del Rosario, el edificio judicial de Santa Cruz de la Palma y el edificio Auditorio en Santa Cruz de Tenerife.

En el área de Administraciones Públicas y Transparencia, destaca la implantación, por primera vez, de la carrera profesional en la Administración General, que contará con una dotación de 10 millones de euros para 2027.

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, con 5,4 millones, mantiene las políticas de mejora organizativa de la Administración para culminar la implantación del modelo de Dirección por Objetivos; extender las cartas de servicios como elemento de mejora y calidad de los servicios y avanzar en la Estrategia Canaria de Integridad.

Desde esta dirección general se continua con el Proyecto Entender, para fomentar la comprensión a través del lenguaje claro en la Administración, y con el desarrollo del sistema de Evaluación del Desempeño, lo que permitirá la segunda fase de la carrera profesional para personal de nuevo ingreso.

Por otro lado, el presupuesto de la Consejería de Presidencia en este ejercicio recoge una partida de más de 9 millones para el proceso electoral, consignados en la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. Esta dirección general contempla también el portal web Canarias Participa; la mejora de las herramientas y visores digitales de acceso a la información y la continuidad de los proyectos para la implicación activa de la población en asuntos públicos.

La Viceconsejería para la Recuperación Económica y Social de La Palma mantiene el presupuesto, con los 50 millones de euros para compensaciones de las pérdidas causadas por el volcán, cumpliendo el compromiso del Gobierno en los cuatro ejercicios presupuestarios de esta legislatura.

La Viceconsejería de Relaciones con el Parlamento cuenta con un presupuesto de 48,9 millones, donde se incluye la aportación al Parlamento de Canarias, que se incrementa en 7,4 millones respecto al presupuesto anterior.

Por último, el ICAP, con 3,3 millones, mantiene las aportaciones provenientes de la Comunidad Autónoma (2,2 millones) y del INAP (1,1 millones).

031126 Presentación Presupuestos 2027 CPAPJS

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Más de 12.000 aspirantes optan este sábado a 296 plazas del Cuerpo Auxiliar del Gobierno de Canarias

La Dirección General de la Función Pública convoca las pruebas selectivas, que se celebrarán de forma simultánea en Tenerife y Gran Canaria

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias celebrará este sábado, 31 de octubre, las pruebas selectivas para ingresar, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo Auxiliar de la Administración General de la Comunidad Autónoma. El proceso cuenta con un total de 12.070 personas admitidas y permitirá cubrir 296 plazas, de las que 278 corresponden al turno general y 18 al turno de discapacidad.

La convocatoria, correspondiente al Grupo C, Subgrupo C2, fue aprobada mediante Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 13 de marzo de 2026, publicada en el Boletín Oficial de Canarias número 57, de 24 de marzo.

Los exámenes comenzarán a las 10:00 horas y se desarrollarán de forma simultánea en las dos provincias canarias. En Tenerife están admitidas 5.940 personas, que realizarán las pruebas en la Universidad de La Laguna, en el Campus de Guajara, y en los institutos de Educación Secundaria Viera y Clavijo y La Laboral. En Gran Canaria concurrirán 6.130 aspirantes, cuyo examen tendrá lugar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Campus de Tafira.

El proceso selectivo consta de un ejercicio único, obligatorio y eliminatorio, dividido en dos partes. La primera consiste en un cuestionario tipo test de 50 preguntas, más cuatro de reserva, sobre la parte general del programa. La segunda parte consistirá en resolver uno de los dos supuestos prácticos propuestos por el Tribunal Calificador, mediante un cuestionario tipo test de 25 preguntas, al que se añadirán tres más de reserva, sobre la parte práctica del temario.

Esta convocatoria se enmarca en el compromiso del Gobierno de Canarias con el desarrollo de los procesos selectivos para facilitar el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, y contribuir a la dotación de personal de la Administración autonómica para la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

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El IV Foro CITER sitúa a La Palma en el centro del debate sobre democracia participativa

El encuentro sobre Ciudadanía, Innovación y Territorio, impulsado por la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, se celebrará el próximo 15 de octubre en Los Llanos de Aridane

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana presenta un programa que combinará ponencias, experiencias institucionales y un taller práctico sobre procesos participativos

La Consejería de Presidencia, que lidera Nieves Lady Barreto, celebrará el próximo jueves 15 de octubre, en la Casa de la Cultura de Los Llanos de Aridane, una nueva edición del Foro CITER: Ciudadanía, Innovación y Territorio, organizado por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana. El encuentro está orientado al intercambio de experiencias y conocimientos sobre participación ciudadana e innovación en la gestión pública.

El IV Foro CITER reunirá a representantes de distintas administraciones públicas, profesionales y especialistas para abordar, desde una perspectiva eminentemente práctica, cómo incorporar a la ciudadanía en el diseño y desarrollo de las políticas públicas, así como conocer experiencias participativas que ya se están desarrollando desde diferentes niveles de la Administración.

Uno de los contenidos centrales de la jornada será la participación de Ernesto Ganuza, sociólogo del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid que impartirá la ponencia ‘Participación para hacer políticas con la ciudadanía’, en la que profundizará sobre las posibilidades de incorporar la participación ciudadana a la acción pública.

Experiencias reales de participación desde las administraciones

El Foro acogerá varias píldoras divulgativas que acercará diferentes iniciativas vinculadas con la participación y el desarrollo territorial, como ‘Islas Responsables’ Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias; ADER La Palma, que presentará su experiencia en ‘Estrategias de Desarrollo Local Participativo’; y la iniciativa ‘Canarias Experimenta: Laboratorios de ciudadanía’.

Asimismo, la jornada contará con un panel de buenas prácticas sobre experiencias institucionales de participación ciudadana, con representantes del Cabildo de La Palma, Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Este espacio permitirá conocer casos reales de procesos participativos impulsados desde administraciones de diferente ámbito territorial, poniendo sobre la mesa experiencias, metodologías y aprendizajes vinculados a herramientas como las consultas públicas, los presupuestos participativos y otros mecanismos para incorporar la opinión y las propuestas de la ciudadanía a la gestión institucional.

El programa se completará con el taller ‘Cómo incorporar a la ciudadanía en la gestión pública: los microprocesos participativos’, también dirigido por Ernesto Ganuza. La sesión aportará una vertiente práctica al encuentro y permitirá profundizar en herramientas y metodologías que faciliten el desarrollo de procesos de participación adaptados a las necesidades de las administraciones públicas.

Con esta cuarta edición, el Foro CITER busca seguir generando espacios de encuentro entre administraciones, profesionales y ciudadanía en torno a una gestión pública más abierta, colaborativa y conectada con el territorio, favoreciendo además el intercambio y la transferencia de experiencias entre instituciones.

Las ediciones anteriores se celebraron en Tenerife (2023), Gran Canaria (2024) y Fuerteventura (2025).

La información sobre el encuentro y su programa puede consultarse en www.forociter.es

 

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Nieves Lady Barreto y Narvay Quintero se reúnen para concretar el PEPAC del volcán

Ambos consejeros han abordado también la cuantificación del pago de las cenizas

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, y el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, han mantenido este jueves una reunión para perfilar los detalles de la Orden de subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) destinadas a la restauración del potencial agrícola tras la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, que se está preparando. Además, se han establecido las prioridades respecto de los compromisos del Gobierno de Canarias para el uso de los fondos del superávit canario, cuando estos se habiliten.

“El PEPAC tiene que salir con fondos suficientes para dar respuesta a las necesidades de los agricultores que ya están reconstruyendo sus fincas y que necesitan un plus para terminarlas”, explica Barreto.

En relación con la convocatoria de ayudas del PEPAC, Narvay Quintero destacó que una de sus principales novedades es que la propia convocatoria incorpora las bases reguladoras, lo que supone un doble avance. Por un lado, permite simplificar y agilizar los procedimientos administrativos y, por otro, adaptar la medida a las circunstancias excepcionales y a las necesidades específicas que plantea la reconstrucción de las explotaciones agrarias afectadas por la erupción volcánica.

En este sentido, Quintero explicó que el objetivo de esta línea de apoyo es facilitar que los titulares de las explotaciones agrarias que deseen recuperar sus fincas puedan reconstruirlas y reanudar su actividad productiva y económica. Para ello, una vez percibida la indemnización compensatoria por la pérdida del valor patrimonial de los terrenos sepultados por la lava, podrán acceder al respaldo financiero de la Consejería, a través de unos fondos que complementarán dicha compensación y contribuirán a sufragar las actuaciones necesarias para culminar la reconstrucción de sus parcelas.

En la reunión, en la que participaron el viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, y el director general de Agricultura, Juan Ramón Rodríguez Marín, también se ha tratado la fórmula para que la Consejería de Agricultura pueda finalizar el pago de las cenizas.

Ambos consejeros reiteran la voluntad del Gobierno de Canarias de continuar apoyando a los cerca de 6.000 agricultores de La Palma que, durante los tres meses que se prolongó la erupción volcánica, realizaron un extraordinario esfuerzo para retirar de manera continuada las cenizas que se depositaban sobre sus cultivos. Esta labor resultó fundamental para mantener la actividad agraria durante la emergencia y preservar miles de puestos de trabajo vinculados a toda la cadena de producción y comercialización, desde las propias explotaciones y los empaquetados hasta el transporte de la fruta para su distribución y comercialización.

“El Gobierno de Canarias pone fondos extraordinarios para cubrir estas necesidades a falta de 300 millones que debe ingresar el Gobierno de España”, concluye la consejera Nieves Lady Barreto.

 

 

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El Gobierno de Canarias y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF alcanzan un preacuerdo sobre el crédito horario

Las tres organizaciones sindicales presentan a la Administración una propuesta conjunta y reclaman un marco actualizado que garantice una interlocución social estable

Fernando Clavijo destaca que “una representación sindical fuerte es clave para una Administración más eficiente”

El Gobierno de Canarias y las organizaciones sindicales UGT, CC.OO. y CSIF han alcanzado un preacuerdo sobre el crédito horario sindical que permitirá actualizar y homogeneizar los criterios para el ejercicio de la representación de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma y establecer un nuevo marco regulatorio de otros derechos sindicales.

Esta propuesta será elevada a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos para su estudio, debate y, en su caso, aprobación, para ser luego remitida y aprobada por el Consejo de Gobierno. De alcanzarse el acuerdo, será de aplicación en la Comunidad Autónoma de Canarias con independencia de la naturaleza de su vínculo —funcionario, laboral o estatutario—, en los ámbitos de la Administración General, Justicia, Educación y Sanidad.

El borrador que se llevará a la Mesa General ha sido refrendado hoy viernes, 2 de octubre, por la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto; el consejero de Educación, Poli Suárez, y el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, en un acto celebrado en Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, que contó con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

Por parte de las organizaciones sindicales firmaron el presidente autonómico de CSIF Canarias, César Martínez Araque; el coordinador del Área Pública de CCOO Canarias, Pedro Costeras Nebreda; y Francisco Bautista Yanes, secretario general de UGT servicios públicos.

“Hemos sido capaces de cumplir con el compromiso que adquirimos de iniciar este trámite que debe conducirnos, mediante el correspondiente proceso de negociación, a disponer de una representación sindical fuerte. Esto es clave para una Administración más eficaz y eficiente, y supone una inversión en calidad democrática”, destacó el presidente Fernando Clavijo.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, subrayó que “la representación de los empleados públicos es una pieza fundamental para conocer de primera mano la realidad de nuestra Administración, anticipar problemas y buscar soluciones que permitan mejorar tanto las condiciones de trabajo como la calidad de los servicios que prestamos a la ciudadanía”.

Las tres organizaciones sindicales reclaman un marco común para el ejercicio del crédito horario sindical, adaptándolo a la realidad actual del empleo público y a la normativa vigente. Su objetivo es proporcionar mayor claridad y seguridad en la asignación y utilización de estas horas, así como garantizar el adecuado ejercicio de las funciones de representación de los trabajadores.

La iniciativa plantea que los criterios de asignación y utilización del crédito horario se actualicen de acuerdo con la normativa vigente y que su aplicación sea homogénea en el conjunto de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los sindicatos defienden que disponer de tiempo suficiente para desarrollar las funciones de representación resulta imprescindible para que los representantes de los trabajadores puedan atender las demandas de las plantillas, participar en los procesos de negociación y trasladar a la Administración los problemas que afectan al personal público.

La propuesta busca, además, compatibilizar el ejercicio de la actividad sindical con la garantía de los servicios públicos, evitando que la representación de los trabajadores suponga una merma en la atención que reciben los ciudadanos.

UGT, CCOO y CSIF subrayan que el crédito horario sindical no debe contemplarse únicamente como un recurso destinado a la actividad sindical, sino como una herramienta que contribuye al funcionamiento de la propia Administración.

Una representación sindical organizada y con capacidad para ejercer sus funciones permite, según las organizaciones, detectar y abordar los conflictos antes de que se conviertan en problemas mayores, trasladar las necesidades de las plantillas y aportar el conocimiento directo de quienes trabajan diariamente en los servicios públicos.

Asimismo, consideran que una interlocución estable puede contribuir a mejorar la toma de decisiones, favorecer la implicación de los empleados públicos y reforzar la transparencia en la gestión de los recursos humanos.

Para las tres organizaciones, la actualización del crédito horario sindical supondría un paso adelante en la consolidación de las relaciones laborales en la Administración Pública Canaria, al reforzar la participación de los empleados públicos y favorecer una interlocución más estructurada entre la Administración y sus representantes.

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Gobierno y Cabildo reclaman al Ministerio que resuelva sus problemas con el convenio de Los Llanos de Aridane

“A lo largo del último año, el Ayuntamiento ha remitido toda la información se manera reiterada, con todas las correcciones y exigencias de forma y contenido que se le han ido pidiendo”

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, han reclamado hoy al Ministerio de Política Territorial que apruebe la adenda del convenio de reconstrucción con el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane antes de que se celebre la próxima Comisión Mixta a mediados del mes de octubre, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ha remitido toda la documentación solicitada hasta el momento y de manera reiterada, con todas las correcciones y exigencias de forma y contenido que ha ido reclamando el Ministerio de Política Territorial a lo largo del último año.

“Antes de que se celebre la Comisión, necesitamos saber de qué forma quiere el Ministerio que se le envíe la información, porque ya se le ha enviado de todas las maneras posibles, pero mantiene paralizada la liberación de fondos para continuar con la reconstrucción de vías y de infraestructuras”, planteó Nieves Lady Barreto, al tiempo que recordaba que el alcalde Javier Llamas solicitó al ministro hace diez meses una reunión entre los técnicos de ambas administraciones para desbloquear la tramitación, pero esa petición no ha sido atendida.

Sergio Rodríguez lamentó que el Ministerio ha tardado más de un año en entender cuál es el coste real de reponer todas las infraestructuras que se llevó el volcán y, aun así, ha decidido dejar fuera del convenio y, por tanto, sin fondos, varias obras asumidas hasta el momento en solitario por el Cabildo. “El dinero no es para el Cabildo, ni para los ayuntamientos, es para las personas, porque las infraestructuras son necesarias para que puedan reconstruir sus vidas”.

En este mismo sentido se pronunció el alcalde Javier Llamas, que recordó que Los Llanos de Aridane fue el municipio que mayores daños sufrió y advirtió que, sin el dinero del Gobierno de España, el Ayuntamiento no podrá seguir abriendo las pistas y caminos, “y si no hay pistas y caminos, no podemos dar licencias para que la gente reconstruya sus casas o sus fincas”.

En una rueda de prensa en la que también estaban los alcaldes de El Paso y Tazacorte, Eloy Martín y David Ruiz, respectivamente, la consejera Nieves Lady Barreto repasó todos los pasos dados desde 2022, cuando se firmaron los convenios individualizados del Ministerio de Política Territorial con el Cabildo y con cada uno de los ayuntamientos afectados para que el Gobierno de España asumiera el 50 por ciento del coste de la reconstrucción de infraestructuras, principalmente carreteras, pistas y caminos.

En el caso de Los Llanos de Aridane, el coste de reconstrucción se estimó en aquel primer momento, en la pasada legislatura, en 23,9 millones. Sin embargo, en 2024, cuando el Ayuntamiento inicia las obras de los caminos y pistas, aprecia que esa primera estimación está muy por debajo del coste real de las obras, que se recalcula en 33 millones, y solicita una actualización de precios que el Ministerio aprueba en diciembre de ese mismo año.

En julio de 2025, el Ayuntamiento rehace el listado de caminos y pistas e incorpora todos los que se quedaron fuera en el primer listado de 2022 y lo traslada al Ministerio con un nuevo cálculo de costes, que asciende a 98,7 millones. Este documento se llegó a enviar hasta tres veces, por reiteradas peticiones del Ministerio.

Ya en octubre de 2025 el Ministerio solicita al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane la documentación justificativa de las obras ejecutadas con los primeros 33 millones del convenio. La justificación de estas obras se impone como condición para transferir el resto de fondos estatales necesarios para la reconstrucción de infraestructuras. El Ayuntamiento responde ese mismo mes enviando toda la información requerida.

Tal y como detalló Nieves Lady Barrerto, a partir de ese momento, se produce un intercambio de correos y llamadas entre los técnicos de ambas administraciones respecto a la forma en la que debe remitirse la documentación, por lo que el alcalde Javier Llamas, preocupado por esta falta de avance que bloquea la justificación de los 33 millones e impide avanzar en la transferencia del resto del dinero que hace falta para seguir abriendo caminos y pistas, solicita primero por carta y después verbalmente al ministro Torres una reunión entre los técnicos de ambas administraciones que permita aclarar todas las dudas y desbloquear el proceso. Esta petición, a día de hoy, no ha tenido respuesta.

En febrero de 2026, en una vista del ministro a la isla, se le hace entrega, esta vez en mano, de un dosier con toda la información justificativa, sin embargo, el Ministerio vuelve a solicitar la misma información en marzo de marzo de 2026 y el Ayuntamiento la vuelve a remitir en junio.

En julio 2026, el Ministerio vuelve a pedir, de nuevo, la misma información y el Ayuntamiento contesta que ya está enviada, pero, igualmente, la vuelve a enviar. A finales de mes, el Ministerio vuelve a pedir información más detallada e introduce una nueva exigencia, que no había aparecido hasta el momento, relativa al formato del cartel informativo que hay que colocar en las obras.

Ante esta petición, y teniendo en cuenta que el Ministerio no aporta ningún formato de cartel ni se especifica tal formato en el convenio, los técnicos municipales han contestado proponiendo diferentes modelos de carteles que han sido rechazados.

El pasado viernes, 25 de septiembre, el Ayuntamiento ha vuelto a enviar toda la documentación requerida, con el máximo detalle de información, y una nueva propuesta de cartel de obra.

 

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Canarias reivindica el acceso a la información como clave para una ciudadanía informada y participativa

El Día Internacional de Acceso a la Información Pública se celebra hoy, 28 de septiembre, para defender el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información pública

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana pone en marcha una campaña en redes sociales con el objetivo principal abrir la conversación con la ciudadanía sobre el derecho a saber y también a preguntar cuando la información no está publicada

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, que dirige Nieves Lady Barreto, reivindica el derecho de la ciudadanía a buscar, recibir y difundir información con motivo del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, que se celebra hoy, 28 de septiembre.

Con motivo de esta celebración, la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Carmen Delia Alberto, destaca que «el acceso a la información pública es una herramienta esencial para que la ciudadanía pueda conocer la actuación de las administraciones y participar de forma informada en los asuntos públicos».

En este contexto, la Dirección General ha puesto en marcha una campaña en redes sociales que tiene como objetivo principal abrir la conversación con la ciudadanía sobre el derecho a saber y también a preguntar cuando la información no está publicada, explicando cómo hacerlo.

Alberto señala que «es especialmente importante que la ciudadanía pueda acceder a fuentes públicas fiables y contrastar la información que recibe a través de los distintos canales digitales». La directora general subraya, además, que «la transparencia no consiste únicamente en poner información a disposición de las personas, sino también en facilitar que puedan encontrarla, comprenderla y utilizarla».

El Día Internacional del Acceso Universal a la Información fue proclamado por la UNESCO en 2015 y reconocido oficialmente por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2019. La fecha pone en valor la relación entre el derecho a la información, la transparencia de las administraciones y la participación ciudadana.

La jornada de este año se celebra bajo el lema ‘Defender la integridad de la información en la era digital: El papel del acceso a la información para hacer frente a los trastornos de la información’, que pone el foco en los retos derivados de la desinformación, la difusión de contenidos manipulados y el desarrollo de nuevas herramientas de inteligencia artificial.

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