Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno impulsa la primera estrategia para la coordinación de la atención sociosanitaria de Canarias

Las consejerías de Bienestar Social y Sanidad se unen para garantizar la atención, los cuidados y la prestación de servicios de naturaleza sanitaria y social a colectivos especialmente vulnerables para que reciban una atención de calidad

El Gobierno de Canarias da luz verde al inicio de los trabajos conducentes a la aprobación de la primera Estrategia para la Coordinación de la Atención Sociosanitaria de Canarias. Esta estrategia, que tendrá una vigencia de 2024 a 2027 y estará disponible en seis meses, dará respuesta a las demandas de la población en materia sociosanitaria, garantizando la atención, los cuidados y la prestación de servicios a personas en situación de especial vulnerabilidad.

Esta hoja de ruta fue presentada hoy por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y las consejeras de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y de Sanidad, Esther Monzón. La actuación se enmarca dentro de las estrategias de cuidados que se están llevando a cabo a nivel europeo y que tienen como objetivo afrontar el cambio demográfico de la sociedad actual y dar una respuesta coordinada y eficiente a los requerimientos de la población en materia sociosanitaria.

“No podemos dar soluciones paliativas al cambio estructural que está experimentando nuestra sociedad. Es indispensable que actuemos de forma preventiva y aunemos esfuerzos desde todos los departamentos de la Administración y desde el sector privado. Nuestra población está cambiando y los desafíos de mañana deben planificarse hoy. Cada vez más nuestras ciudadanas y nuestros ciudadanos necesitarán un apoyo que no es solo sanitario ni solo social. Si queremos atender las necesidades de cada persona y al mismo tiempo ser eficientes debemos sumar esfuerzos y planificar una red de recursos adecuada”, explicó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el transcurso de la presentación de la estrategia. “Por ello, para este Gobierno es prioritario impulsar los servicios comunitarios y transformar el modelo de apoyos y cuidados, poniendo en el centro los derechos y el proyecto de vida de cada persona. Y para ello necesitamos favorecer las sinergias entre Sanidad y Bienestar Social, pero también, con otras entidades y sectores”.

Este ambicioso plan incluirá, fruto de la colaboración público-privada, una oferta de plazas para atender a las personas con alta sanitaria que se encuentran en centros hospitalarios de Canarias, fomentará la desinstitucionalización de las personas mayores, impulsará la atención domiciliaria, incentivará la innovación tecnológica en materia sanitaria y adaptará la oferta formativa en universidades y FP para disponer de más profesionales especializados en el sector sociosanitario.

En este sentido, ya hay medidas que se han iniciado y que constituyen la base de este modelo de atención sociosanitario, como son la mejora de la gestión de la dependencia y el desarrollo de la ayuda a domicilio. “Acabamos de destinar siete millones de euros para que los municipios puedan desarrollar la ayuda especializada a domicilio, algo que no se había hecho hasta el momento. Además, estamos inmersos en un proceso de simplificación administrativa en la declaración del grado de dependencia que implicará que podamos cumplir con los plazos que marca la ley”, añadió el presidente.

“En seis meses podremos contar con el texto de la estrategia y pondremos ya en marcha las primeras medidas. Debemos actuar a corto plazo, pero también poner las luces largas y articular un amplio catálogo de medidas que permitan afrontar el futuro con garantías”, subrayó.

La estrategia se llevará a cabo bajo la coordinación conjunta de la Viceconsejería de Bienestar Social y de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, a través de sus áreas de atención a la dependencia y de la salud. Entre otros objetivos, este plan de acción articulará medidas para atender a los mayores sin recursos que hoy están en centros sanitarios pero que, sin embargo, precisan de atención sociosanitaria, bien en su propio domicilio o bien en un centro no sanitario.

Este plan de acción será el instrumento de colaboración y coordinación entre las consejerías de Bienestar Social y Sanidad, así como del resto de entidades públicas que tengan competencias asociadas en materia de formación, investigación, innovación o análisis de información y gestión del dato, entre otras, con el objetivo compartido de ofrecer una atención integral.

La estrategia incluirá un diagnóstico de la situación actual y los datos más relevantes en el territorio en materia social y sociosanitaria, además de definir los principios transversales, los objetivos generales y específicos, el marco normativo, las estructuras de gestión y planificación, así como los sistemas de control, seguimiento y evaluación.

Primeros pasos

Las consejerías competentes en materia de Bienestar Social y de Sanidad liderarán la elaboración de una propuesta inicial de la estrategia. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo, bajo la coordinación de la Viceconsejería de Bienestar Social y de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, en el que participarán representantes y profesionales de ambas consejerías, así como de otros estamentos del Gobierno de Canarias que se estimen competentes.

La propuesta inicial se someterá a la consideración de otras administraciones públicas, agentes económicos y entidades sociales más representativas, además de someterse a información pública, recabándose los informes preceptivos para el procedimiento de elaboración y la estructura de los programas de actuación plurianuales de los entes con presupuesto limitativo.

Finalizadas todas actuaciones citadas, se formulará una propuesta definitiva de la estrategia que será elevada al Consejo de Gobierno para su aprobación.

El Gobierno de Canarias garantiza la realización de sus prácticas al alumnado de Formación Profesional

El viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez, confirma tras una reunión con los centros que los 1.500 estudiantes de FP cuyas prácticas estaban previstas para el primer trimestre de 2024 podrán hacerlas a partir del 29 de enero pese a la precipitación del Ministerio. A ellos se sumarán también con normalidad los 15.000 del tercer trimestre

El alumnado de Formación Profesional de Canarias tiene garantizada la realización de sus prácticas pese a la negativa del Ministerio de Educación de conceder a las Comunidades Autónomas una moratoria para la cotización de dichas prácticas, manteniendo, pese a los múltiples problemas técnicos y a la oposición de quince Comunidades, su obligatoriedad a partir del próximo 1 de enero.

“Canarias estará preparada para cumplir con el mandato legal de forma eficiente, con calidad, evitando sobrecargar a los centros educativos, a los equipos directivos y al profesorado en dicha gestión, pues las altas en la Seguridad Social del alumnado será asumida por la Administración”, confirma el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, quien el 22 de diciembre explicó las medidas para hacerlo posible en una reunión telemática mantenida con las direcciones de los cerca de 180 centros educativos no universitarios que gestionan prácticas en las Islas.

En ese encuentro, celebrado solo unas horas después de que, el día 21, el Ministerio ratificara su negativa a modificar la entrada en vigor de la cotización de las prácticas, Rodríguez explicó que Canarias retrasaría al 29 de enero el comienzo de las prácticas previstas para el primer trimestre de 2024, de forma que se puedan realizar, con las debidas garantías, todos los trámites previos necesarios para la cotización, garantizando así la seguridad jurídica y evitando problemas a las empresas colaboradoras.

El viceconsejero se comprometió además a que los técnicos del Servicio de Formación Profesional asesorarían de forma directa a aquellos centros cuyo alumnado comenzase sus prácticas en este primer trimestre, cuando está previsto que solo unos 1.500 estudiantes se incorporen a las empresas (el grueso, unos 15.000, lo harán ya en el tercer trimestre, cuando ya estará perfectamente testeado el procedimiento de gestión de altas, bajas y liquidación a la Seguridad Social del alumnado).

No obstante, recalcó durante su intervención que, incluso en el momento actual, sigue sin estar clara toda la casuística que se ha planteado a la Seguridad Social en relación a los múltiples escenarios que se dan entre el alumnado que cursa estudios de FP, de ahí que pese a que la Viceconsejería lleve meses trabajando para dar una respuesta técnica de calidad y que no sobrecargue a los centros educativos, haya sido imposible informar a los centros con anterioridad.

En ese sentido, hay que recordar que, hasta el último momento (jueves 21 de diciembre), los responsables de Formación Profesional de quince de las 17 Comunidades Autónomas, en reunión por videoconferencia con responsables de los Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solicitaron que se retrasara hasta el inicio del curso escolar 2024/25 la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a todo al alumnado que realizara prácticas formativas en las empresas.

Sin embargo, “no se ha atendido a razones y la medida se pone en marcha el 1 de enero de 2024”, explica Rodríguez Machado, para quien “la petición de las Comunidades Autónomas no es un capricho, sino puro sentido común y una cuestión de lealtad institucional”.

En concreto, se fundamenta en motivos de inseguridad jurídica por falta de desarrollo normativo que aclare multitud de situaciones que se han ido detectando, en la necesidad de realizar pruebas previas en un procedimiento complejo y masivo, que requiere evitar errores y en la necesidad de aportar a los centros educativos herramientas telemáticas que propicien la simplificación de estos procesos y que no supongan una carga burocrática más en su trabajo diario.

A todas estas cuestiones espera dar respuesta con sus medidas la Consejería de Educación, cuya Viceconsejería de Formación Profesional ha asumido el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con los centros y la comunidad educativa para hacer realidad una demanda histórica, la simplificación burocrática y la mejora de las aplicaciones telemáticas de los procedimientos que afectan a la FP en Canarias, y no al contrario, como ha hecho el Ministerio de Educación.

Se conceden 10,5 millones de euros para abaratar los costes de extracción y desalación de agua para riego agrícola

El consejero, Narvay Quintero, ha explicado que estos fondos se dirigen a compensar los sobrecostes por el alto consumo de energía que suponen la obtención y suministro de agua desde pozos y galerías, así como de aguas desaladas o regeneradas en el Archipiélago

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha publicado la Resolución por la que se conceden subvenciones destinadas a abaratar los costes derivados de la extracción de agua de pozos y galerías, así como a la desalación y/o producción de aguas regeneradas para riego agrícola en el Archipiélago, por valor de 10.586.917,61 euros, y con cargo a la línea de actuación de «ayudas a potabilizadoras y comunidades de pozos para riegos”, correspondientes a 2023.

Un total de 76 beneficiarios, recogidos en el Anexo 1 de dicho texto, son los receptores de estos fondos, entre los que se encuentran entidades locales, corporaciones de derecho público, empresas públicas o heredamientos, comunidades de aguas canarias, así como personas físicas o jurídicas que se dediquen a la producción de agua para riego agrícola.

En Canarias, la escasez de aguas superficiales obliga a abastecer la demanda de la población y de la actividad agrícola a partir de aguas subterráneas captadas mediante galerías y pozos, y debido a la escasez de estas en las islas orientales y al incremento de la demanda por encima de las disponibilidades en las capitalinas, a la búsqueda de alternativas como la desalación o la reutilización de aguas depuradas.

El titular del Departamento, Narvay Quintero, explicó que la obtención y suministro de agua desde pozos y galerías, así como de aguas desaladas o depuradas conlleva altos costes de consumo de energía que derivan en elevados precios del agua para el regadío agrícola. “Por ello, defendimos que en la última modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) se recogiera la obligación de establecer un sistema de compensación en los Presupuestos Generales del Estado para garantizar en el Archipiélago la moderación de estos costes hasta alcanzar un nivel equivalente al de los agricultores y agricultoras de la Península”, agregó.

La Resolución recoge que las personas beneficiarias deberán repercutir, salvo que se trate de autoconsumo, la subvención recibida en el coste del agua, a las personas regantes en función del agua consumida, y deberán justificarlo en un plazo máximo de 60 días naturales contados desde el día siguiente de la publicación de la Resolución en el tablón de anuncios (el 21 de diciembre).

El texto de la Resolución puede consultarse a través del siguiente enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/anuncios/2bf921d2-6b4a-47ea-b3d8-101c993cc10c

Etiquetas

Canarias y Marruecos agilizan los trámites para abrir la conexión marítima con Tarfaya

El presidente de Canarias y la cónsul de Marruecos mantienen una reunión de trabajo en la que también trataron el interés de que el presidente Clavijo visite el país alauita

Canarias y Marruecos están trabajando en medidas que permitan agilizar los trámites para reabrir la conexión marítima entre el archipiélago y Tarfaya. Así lo confirmó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras la reunión de trabajo que mantuvo con la cónsul de Marruecos, Fatiha El Kamouri.

El presidente Clavijo reconoció durante el encuentro, en el que también participó el director general de Relaciones con África, Luis Padilla, la importancia de esta línea marítima, que confía esté operativa el próximo año, ya que contribuirá a mejorar las relaciones económicas y comerciales entre Canarias y Marruecos y con otros países de la región.

Precisamente, en este contexto Clavijo hizo hincapié en los buenos resultados que tuvo la conexión marítima entre Fuerteventura y Tarfaya entre los años 2007 y 2008 e insistió en que el Gobierno de Canarias “pondrá todo de su parte para que comience a operar lo antes posible”.

Durante la reunión entre el presidente de Canarias y la cónsul de Marruecos también se abordó el interés en que el presidente Clavijo visite Marruecos el año próximo.

Gobierno, cabildos, municipios y sindicatos crean una comisión para impulsar el proceso de estabilización

 

Representantes del Ejecutivo, la FECAM y la FECAI ponen en común en una reunión presidida por Fernando Clavijo los avances y los obstáculos que están encontrando para afrontar este proceso

El encuentro revisa, departamento por departamento, la marcha de los trabajos para cumplir, antes del 31 de diciembre de 2024, la ley estatal  de reducción de la interinidad en la función pública

Representantes del Gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y sindicatos se han reunido hoy bajo la presidencia de Fernando Clavijo para hacer un seguimiento del proceso de estabilización del personal de las administraciones públicas canarias. La reunión ha servido para poner en común los avances y los obstáculos que están encontrando las distintas administraciones para afrontar este proceso que, conforme a lo establecido en la ley estatal 20/2021, de medidas urgentes para la reducción del empleo público temporal, debe estar concluido el 31 de diciembre de 2024.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha anunciado tras este el encuentro celebrado en Santa Cruz de Tenerife la creación una comisión de trabajo para impulsar el proceso de estabilización. En dicha mesa estarán presentes representantes del Gobierno autonómico, de la Federación Canaria de Islas (FECAI), de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), y de los sindicatos con mayor peso representativos entre los trabajadores públicos.

“Hoy hemos avanzado en conocer la realidad que tenemos en todos los procesos y nos hemos comprometido, a petición de todos los sindicatos, a crear a partir de enero un grupo de trabajo específico en materia de estabilización para ir empujando a todas las administraciones, comunidad autónoma, pero también ayuntamientos y cabildos, para cumplir ese plazo que a todos nos preocupa mucho”, explicó Barreto.

La consejera de Presidencia ha reconocido “carencias de personal” para afrontar este reto, pero quiso dejar claro que el objetivo máximo y compromiso del Gobierno de Canarias es “empujar todo lo que tengamos que empujar para conseguir llegar al 31 de diciembre con las plazas estabilizadas”.

Comunidad Autónoma

Nieves Lady Barreto ha advertido de la compleja situación a la que está haciendo frente la Dirección General de Función Pública. Tal y como explicó, de los 36 meses que da la ley para culminar el proceso de estabilización, el Gobierno anterior consumió 16 meses solo para llegar a la fase inicial de presentación de solicitudes, que concluyó en abril de 2023.

La responsable de Presidencia explicó que tampoco se tomó ninguna medida organizativa en el anterior mandato para preparar a la Dirección General con más medios humanos y materiales para hacer frente al trabajo extraordinario que supone sacar adelante 187 convocatorias para estabilizar 3.499 plazas de personal funcionario y laboral. En este sentido, la consejera adelantó que se está trabajando para poder incorporar personal de refuerzo para 2024.

Actualmente, se están publicando las listas provisionales de admitidos y dado el alto volumen de solicitudes que tienen que ser objeto de subsanación, la previsión es que hasta febrero de 2024 no se podrán publicar las listas definitivas y dar inicio a la ejecución de las pruebas selectivas y la valoración de méritos.

Barreto ha informado de que Función Pública ha detectado, además, un fallo en la Oferta Extraordinaria de Estabilización aprobada por el anterior Gobierno en mayo de 2022, ya que se dejó fuera de este proceso a un importante número de plazas dentro de 13 categorías laborales diferentes.

Respecto a la Administración de Justicia, el viceconsejero Cesáreo Rodríguez recordó que el proceso de estabilización depende del Ministerio de Justicia y a estos efectos se ha convocado un proceso selectivo por concurso de méritos y otro por concurso-oposición. Con relación a este último proceso, manifestó que el examen está convocado para el próximo 2 de marzo, coincidiendo todos los procesos de los distintos cuerpos

Educación

Tal y como ha detallado el viceconsejero Manuel Cabrera, en cuanto al concurso oposición de Educación, cuyas pruebas tendrán lugar en los meses de junio y julio del 2024, ya se han publicado las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, así como para el Cuerpo de Maestros.

En total, unas 27.000 personas aspiran a las 1.145 plazas convocadas, entre Secundaria y otros cuerpos (unos 15.000 aspirantes para 696 plazas) y el Cuerpo se Maestros (12.000 personas para 449 plazas).

En cuanto al sistema de concurso de méritos, ya se han publicado las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, y Cuerpo de Maestros.

Además, Educación ha excluido de oficio del concurso excepcional de méritos a más de 2.600 docentes que obtuvieron plaza en otras Comunidades. La medida, que favorece a los interinos que trabajan en Canarias. La fecha en la que se resolverá el concurso está pendiente de definir, pero se acordará en el seno de la Mesa Sectorial, ha explicado Cabrera, quien resalta la importancia de que «en estos procedimientos, haya la máxima transparencia y consenso con los colectivos implicados».

Por último, la OPE para 2023 incluye no solo las plazas de reposición de los distintos Cuerpos (1.063), sino también las de estabilización de los Conservatorios (93), después de una serie de vicisitudes.

La Consejería de Educación muestra así su “compromiso con la reducción del empleo temporal entre el personal docente de los centros de enseñanza pública no universitaria de Canarias, sin dejar atrás a nadie, tampoco al personal de los Conservatorios, cuya situación se estudia plaza a plaza y caso a caso».

Sanidad

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, ha explicado la situación del proceso de estabilización del personal en su departamento. “En la reunión hemos sacado conclusiones importantes, sobre todo que nos tenemos que volver a reunir porque es importante que tengamos un seguimiento de los pasos de estabilización y para poder cumplir con la ley 20/2021”.

Monzón ha informado de que los trámites del proceso de estabilización del personal del Servicio Canario de la Salud van a buen ritmo y cumpliendo los plazos. En este sentido, añadió que los procesos de estabilización del personal estatutario y laboral del SCS se componen de un total de 12.428 plazas, de las que 9.867 personas podrán acceder directamente por concurso de méritos.

En este sentido, ha precisado que Sanidad cuenta con el mayor proceso de estabilización de todo el Gobierno y ha añadido que necesitan seguir al ritmo  actual porque “hay muchas cosas que hacer y muchos puestos de trabajo que están ahora mismo en un proceso que es muy delicado y que tienen que cumplir con la ley”, “estaríamos hablando de cerca de 13.000 plazas afectadas por este proceso y que a día de hoy hay 160.000 solicitudes presentadas para poderlo baremar”.

El objetivo de estas medidas es reducir la temporalidad de las plantillas del SCS para cumplir con lo dispuesto en la ley 20/2021, que afecta a 113 categorías profesionales.

Asimismo, agregó que se han presentado 160.932 solicitudes de participación, ya que un mismo trabajador se puede presentar a diferentes plazas en función de su titulación, y que de manera escalonada se seguirán publicando los listados de personas admitidas y excluidas de cada categoría, hasta enero de 2024.

También afirmó que se van cumpliendo los plazos para la publicación de los 113 repertorios de preguntas. y que el grupo A1, que es el de los médicos, ya comenzará el 29 de enero a presentar los méritos, para lo que se está trabajando en una aplicación informática que facilite y aligere el proceso.

Ayuntamientos

Por su parte, la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, ha avanzado   el compromiso adquirido desde la Federación Canaria de Municipios. “Nosotros nos hemos comprometido a actualizar toda la información acerca de estos procesos en cada uno de los 88 municipios. Sabemos que hay una diversidad importante acerca de la de la evolución de los tiempos en cada uno de los ayuntamientos que dependen de diversos factores, pero desde la Federación estamos asesorando, acompañando a todos los municipios para que se concluyan todos estos procesos y se consiga el objetivo de estabilizar a miles de empleados públicos en los ayuntamientos canarios”, ha destacado.

Por el lado de los representantes sindicales, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Juan Miguel Suárez, ha destacado la celebración de la reunión de hoy para hacer un seguimiento del proceso de estabilización. “La principal conclusión de esta reunión es la creación de la Comisión de Seguimiento que se va a reunir en el mes de enero a partir de esa reunión donde estamos FECAI, FECAM, Gobierno Autónomo y las organizaciones sindicales representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria. Vamos a trabajar para hacer posible que el proceso de estabilización sea un éxito en Canarias”, ha detallado.

Desde el sindicato UGT, Francisco Bautista, secretario general de Servicios Públicos de UGT Canarias, ha sacado “conclusiones positivas” del encuentro. “Es una reunión que nosotros habíamos demandado y que siempre hemos demandado para saber la realidad, cómo funcionan y vamos funcionando las administraciones públicas” y “hoy nos emplazamos a reunirnos en enero para saber qué plan de estabilización llevan todas las corporaciones locales, los 88 municipios de Canarias, qué ayuntamientos están cumpliendo con la propia ley, que ayuntamientos no han cumplido con la ley, los cabildos insulares. Y la situación que tenemos en la administración autonómica, en la Sanidad, la Educación y en Justicia”, ha detallado.

Gerardo Rodríguez, de STEC- Intersindical Canaria, ha mostrado su preocupación en el ámbito educativo y ha pedido una revisión de los procesos de estabilización que están llevándose a cabo para proteger en la medida de lo posible a los docentes canarios por ser región ultraperiférica. “Hemos pedido que intenten en este caso salvaguardar, en la medida de lo posible, el trabajo para los docentes de Canarias, que llevan diez, 15, 25, 20 o 25 años ostentando el mismo puesto y que ahora pueden verse en la calle porque el Real Decreto no contempla ningún tipo de especificidad ni particularidad para los docentes de Canarias”.

Desde el Sindicato de Empleado Público de Canarias (SEPCA), su secretario general, Manuel González, ha hecho un balance positivo de la cita. “Una conclusión principal es que todos tenemos que poner las pilas para cumplir con los plazos de estabilización que marca la ley, sin perjuicio de que si hay que adoptar algunas medidas la damos todos conjuntamente y hemos puesto un poco hoy en muestra el muestreo de cómo van las distintas administraciones en cuanto a la marcha de la estabilización”, ha concluido.

Por parte del Gobierno de Canarias, junto al presidente, participaron en la reunión la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; la consejera de Sanidad, Esther Monzón; el viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Lloresn; el viceconsejero de Educación, Manuel Cabrera, y el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

En representación de los ayuntamientos de Canarias, intervino la presidenta de la FECAM, María Concepción Brito, y por parte de la FECAI, Gregorio Medina, director insular de Coordinación del Cabildo de La Gomera. Participaron, además, representantes de los sindicatos CCOO, SEPCA, UGT, CSIF e Intersindical Canaria.

El presidente de Canarias atiende la situación de la diáspora canaria en Argentina y Uruguay

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, abordó hoy las principales demandas de la colectividad canaria en Argentina y Uruguay en una reunión con la Presidenta del club Archipiélago Canario de Buenos Aires, Liliana Acosta, a la que asistió el director general de Emigración del Gobierno de Canarias, José Téllez.

Durante el encuentro abordaron la situación social y económica tras los cambios en Argentina, centrándose en la situación de los emigrantes canarios en el país, sobre todo, de los mayores y de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. El presidente canario mostró su compromiso con los canarios y canarias y sus descendientes en ambos países y se comprometió a mantener líneas de trabajo para seguir avanzando en medidas que permitan seguir dando pasos en la atención a la colectividad canaria en el exterior.

El Gobierno bonificará el 100 % de la tasa de dirección e inspección de las obras públicas en 2024

La tasa representa el 4 % sobre el conjunto total del coste de la obra y permitirá paliar los sobrecostes que afronta el sector por la subida de precios del transporte

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, han abordado este viernes con el presidente de la patronal de la construcción en la provincia tinerfeña (FEPECO) la excepción de la tasa de dirección de obras, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024, y que supone un alivio para las empresas de la construcción, especialmente en islas ultraperiféricas afectadas por altos costos de transporte, permitiendo además mejorar la competitividad del sector empresarial canario.

Así, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha precisado que la bonificación de la tasa al 100% representa “en torno a un 4% sobre el conjunto total del coste de la obra” y “en muchas ocasiones lo que viene es a paliar los sobrecostes que se vienen incrementando en cada una de las obras públicas, que tiene unos periodos de licitación muy, muy largos. Entre que se identifican los precios de referencia, se adjudica la obra y se desarrolla la obra y al final esto va eliminando incertidumbre”, ha subrayado.

La tasa por dirección e inspección de obra se aplica en todas las certificaciones y son ingresos derivados de la prestación por la Administración de la Comunidad Autónoma del servicio facultativo consistente en la dirección e inspección de las obras públicas realizadas mediante contrato.

Por su parte, el presidente de FEPECO y de la Fundación Laboral de la Construcción, Óscar Izquierdo, ha agradecido al Gobierno el apoyo y el respaldo al tejido empresarial de la industria de la construcción, especialmente a las empresas que acometen obras públicas de infraestructuras.

“Es un alivio muy importante para las empresas, porque de esta manera el beneficio industrial no queda disminuido, ni queda de una manera mucho más bajo, como consecuencia de tener que pagar esa tasa de beneficio de dirección e inspección de obra”. Además, “significa también un alivio, porque el aumento de precios de los últimos meses, sobre todo de las materias primas de la obra sumado al aumento de los fletes y de los precios del transporte, hace que las empresas de la construcción estemos casi literalmente ahogados con todos”, ha subrayado.

En esta línea, Alfonso Cabello, ha explicado que la labor de coordinación y supervisión continua con cada una de las certificaciones de la obra, se van a continuar haciendo, pero “se elimina, se suprime esta tasa que para el conjunto de la Administración pública que no tenía un significado especialmente relevante, pero que a las empresas les venía tensionar más los sobrecostes”, ha añadido.

De hecho, ha añadido que en obras que tienen un plazo de ejecución muy largo, que puede estar por encima de los 20 meses, “los precios en el mercado de los materiales, de las materias primas, añade muchísima incertidumbre y esto viene a garantizar la manera en que se licita la obra pública y también a garantizar que se vaya licitando y se vaya adjudicando y realizando con los mejores acabados posibles”.
Para finalizar, Óscar Izquierdo, ha reiterado que “lo importante, sobre todo, es el apoyo al empresariado del sector de la construcción, que siempre está tan maltratado y que acciones como esta lo dignifican”.

El Gobierno mejorará la Ley del Cambio Climático para reducir la burocracia y crear una red de refugios

 

El presidente respalda también la propuesta del Comité de Expertos de activar una ventanilla única que facilite los trámites a los innovadores

Clavijo participa en la reunión de este órgano consultivo “fundamental” tras su renovación con la incorporación de investigadores en temas prioritarios

El Gobierno de Canarias propondrá una revisión de la Ley del Cambio Climático en base al informe que le ha entregado este jueves el Comité de Expertos. Según ha adelantado el presidente Fernando Clavijo, esta “mejora” de la normativa aprobada hace casi un año busca reducir la burocracia y agilizar el desarrollo de proyectos sostenibles en el archipiélago. Además, el Ejecutivo apostará por la creación de una red de refugios climáticos, algo que los científicos consideran fundamental de cara al incremento de los episodios de altas temperaturas.

Así lo ha anunciado este jueves el presidente Fernando Clavijo tras participar en la reunión del Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y Fomento de la Economía Circular y Azul, un órgano consultivo al que ha agradecido el trabajo “altruista” y garantizado el máximo apoyo.

Como muestra de este respaldo, Clavijo ha anunciado que el Gobierno estudiará la modificación de la Ley del Cambio Climático, norma aprobada el 27 de diciembre de 2022 por el Parlamento “con una amplia mayoría, pero mejorable y perfeccionable aprovechando esta propuesta científica, no ideológica”.

A su juicio, la revisión de esta normativa debe agilizar los trámites administrativos para evitar que “proyectos de interés general muy importantes para todos se pierdan”. Fernando Clavijo también apoya la propuesta del Comité de Expertos de crear una ventanilla única para la innovación sostenible, de forma que las iniciativas cuenten con un “carril único de asesoramiento y tramitación”.

En la misma línea, el presidente del Comité de Expertos de Estudio del Cambio Climático, Aridane González, ha considerado fundamental que se activen “mecanismos para agilizar los procesos” y que se habilite una ventanilla única “para todas las actividades de emprendimiento relacionadas con la Economía Azul”. “No puede ser que una Administración lenta impida actuar ante la emergencia climática”, ha dicho antes de la reunión.

Ha recordado que muchos proyectos de interés para Economía Azul y Economía Circular “se están cayendo porque hay una inmensa carga de permisos a diferentes administraciones”, algo que se podría solventar mediante la creación de un punto de atención que aglutine los permisos competencia de Gobierno autonómico, cabildos y ayuntamientos.

Red de refugios climáticos

El informe respaldado por el presidente de Canarias también propone que se aproveche la modificación de la Ley del Cambio Climático para crear una red de refugios climáticos en el archipiélago, medida que no se incluyó en la normativa aprobada hace solo un año. El Comité apuesta por localizar, fomentar y mantener estos puntos en la mayor parte de los municipios de Canarias.

Al respecto, el presidente Fernando Clavijo considera que se deben unificar criterios entre todas las administraciones públicas para crear esos refugios climáticos que permitan afrontar episodios de altas temperaturas como el que obligó en octubre del año pasado a cerrar los centros escolares. En el caso del Gobierno de Canarias, se aprovechará el Plan de Infraestructuras Educativas para mejorar el equipamiento de los centros de secundaria.

Sobre esta red de refugios climáticos, Aridane González ha insistido en que el aumento de la temperatura “obliga a estar preparados y tener una organización con más zonas verdes y edificios públicos acondicionados para que la población se pueda proteger.

Por último, el Comité de Expertos ha trasladado al presidente Fernando Clavijo, la necesidad urgente de que Canarias cuente con un barco oceanográfico que permita realizar investigaciones y estudios en las aguas del archipiélago durante todo el año. Se trata de una demanda histórica de los expertos canarios, que también daría respaldo a proyectos internacionales.

El Comité de Expertos Comité de Expertos para el Estudio del Cambio Climático y Fomento de la Economía Circular y Azul fue creado por el Gobierno en 2018. Está presidido por Aridane González, experto en cambio climático, economía circular y economía azul.

Desde su nacimiento forman parte de este órgano consultivo David Jiménez (Recursos vivos y ecosistemas marinos), Adelina de la Jara (economía social y biotecnología) y Michael Sealey (educación y relaciones internacionales), mientras que Elena Proietti (derecho ambiental y clima), Noelia Cruz (huella de carbono, hídrica y medio forestal) y Abel López (vulnerabilidad y riesgos naturales) se incorporaron el pasado mes de septiembre para reforzar estas áreas de investigación “fundamentales” para afrontar los efectos del cambio climático en el archipiélago.

El Consejo Canario de Desarrollo Sostenible define los temas que abordarán sus cinco equipos de pilotaje

 

Economía circular, innovación social, cambio climático, municipios despoblados y patrimonio cultural centrarán los trabajos para desarrollar la Agenda Canaria 2030

Los grupos definirán, en un periodo de seis meses, proyectos piloto que serán asumidos por las áreas correspondientes del Gobierno en sus políticas

El Consejo Canario de Desarrollo Sostenible (CCDS) aprobó este miércoles los retos que se abordarán en los cinco grupos de pilotaje de la Agenda Canaria 2030 que se activarán, por primera vez, durante la segunda quincena del mes de enero. Las decisiones que se adopten en dichos grupos serán asumidas como políticas propias por parte del Gobierno de Canarias.

Economía circular, innovación social, el impacto de los riesgos del cambio climático, la alianza con los municipios afectados por el reto demográfico y la protección del patrimonio cultural son las áreas seleccionadas por los miembros del CCDS para reflexionar y concretar proyectos piloto con los que se pretende contribuir a mejorar la gestión en dichos ámbitos a través de la colaboración público-privada.

En la reunión celebrada en la sede de la Fundación Farrah, en el risco de San Nicolás de Las Palmas de Gran Canaria, se decidió que los integrantes del futuro grupo sobre sostenibilidad económica centrará su trabajo en la promoción de la economía circular para incentivar la diversificación del tejido productivos canario. El objetivo es, además, convertir el campo en un espacio de oportunidades gracias a la tecnología, la restauración de la cultura del territorio y el relevo generaciones, especialmente en el sector primario.

Los miembros del grupo de sostenibilidad social tratarán de encontrar nuevas respuestas para impulsar la innovación social y el emprendimiento basado en el conocimiento y en los principios de la economía social como herramienta de cambio que generen valor social y económico y que permitan construir nuevas soluciones sostenibles.

Economía descarbonizada

Mejorar el conocimiento de los riesgos, vulnerabilidades e impactos en los distintos sectores afectados por el cambio climático será el asunto principal que se analizará en el grupo de pilotaje de sostenibilidad ambiental. No obstante, se decidió que también que se encomiende a dicho grupo la búsqueda de nuevas soluciones para la innovación de las herramientas para el diseño de políticas públicas medioambientales orientadas hacia una economía descarbonizada.

La Agenda Canaria 2030 impulsará, a través del grupo de gobernanza, el desarrollo de una nueva alianza del Gobierno de Canarias con los municipios afectados por el reto demográfico para la introducción de nuevas medidas innovadoras enmarcadas en los objetivos de desarrollo sostenible. Una iniciativa que se llevará a cabo en estrecha colaboración con la Federación Canaria de Municipios (FECAM).

Los representantes que sean designados para el grupo sobre el ecosistema cultural debatirán y adoptarán una decisión para “proteger, salvaguardar y promocionar el patrimonio cultural material e inmaterial como activo que contribuya al desarrollo sostenible”. En este sentido, se explorará “la utilización de la memoria colectiva y de nuevas narrativas audiovisuales y la inteligencia artificial para impulsar el conocimiento del patrimonio y la identidad cultural canaria”.

Una vez designados los temas que se analizarán en los cinco grupos de pilotaje se decidirá en las próximas semanas quiénes serán las entidades que presidirán cada uno de ellos y los miembros que formarán parte de los mismos.

La segunda reunión de la legislatura del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible se ha celebrado en la sede de la Fundación Farrah, una organización que desarrolla una labor pionera desde hace varios años en el Risco de San Nicolás de la capital canaria considerada por el Gobierno ejemplo de implicación de la ciudadanía en las políticas públicas y su aplicación adaptada a cada barrio. Para explicar su trabajo, la gerente de esta organización, Claudia Bonny, y su coordinadora Patricia Izquier acompañaron al viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello, y al director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos, Octavio Caraballo, durante un recorrido por la zona antes de la reunión del órgano encargado de coordinar la Agenda Canaria 2030.

El Gobierno emite 54.000 bonos consumo para reactivar a los municipios afectados por el incendio de Tenerife

El vicepresidente Manuel Domínguez presentó este miércoles la campaña, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros, y será gestionada por Fauca

Los bonos se pondrán a la venta a las 10:00 horas del próximo 27 de diciembre a través de la plataforma www.bonoconsumotf.com

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, presentaron este miércoles, junto al presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, la campaña ‘Consume en los municipios afectados por el incendio de Tenerife’, que tiene por objeto reactivar la actividad comercial de estas localidades tras el incendio del pasado mes de agosto.

Domínguez destacó, durante su intervención, que la puesta en marcha de estos bonos responde a un compromiso adquirido el pasado mes de septiembre por el Gobierno de Canarias con el sector del comercio. “Es importante la recuperación medioambiental de las zonas afectadas, pero también lo es apoyar al empresario local y estimular el consumo”.

La novedad de esta campaña es que, por primera vez, se incluyen los locales de restauración. La consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, hizo hincapié, por su parte, en la necesidad de comprar en el comercio de proximidad por “el papel esencial que juega en la economía y en la generación de empleo”.

El presidente de Fauca, Abbas Moujir, insistió en que la fórmula de los bonos “es todo un éxito para el comercio y para los consumidores” y abogó por continuar haciendo este tipo de campañas “que tan buena acogida tienen en la sociedad y en el sector”.

En la presentación también estuvieron presentes alcaldes y concejales de Comercio de los once Ayuntamientos que protagonizarán esta campaña.

La campaña en cifras

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 600.000 euros, estará coordinada por las direcciones generales de Comercio y Consumo, y de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias y estará gestionada por Fauca.

Los establecimientos y locales comerciales de los once municipios afectados por el incendio podrán adherirse a este programa desde mañana jueves. La campaña se desarrollará hasta el 31 de marzo del próximo año. Los bonos, un total de 54.000, saldrán a la venta el próximo 27 de diciembre, a las 10:00 horas, en la plataforma www.bonoconsumotf.com

El sistema y condiciones de utilización de estos bonos es el habitual. El usuario paga por el bono 10 euros, aunque el valor facial del mismo será el doble, es decir 20 euros. Si un consumidor compra 10 bonos, que es el máximo por persona, pagará 100 euros, pero podrá comprar por valor de 200 euros.

Un mismo usuario podrá canjear varios bonos en una única compra, y será necesario presentar el DNI antes del pago en el establecimiento, así como el bono en formato impreso o digital. Cada local tiene un límite de gasto máximo de 3.000 euros, así que los bonos podrán utilizarse hasta que se agote el saldo del establecimiento y antes del fin de la campaña, fijado para el 31 de marzo de 2024.

Los bonos podrán ser adquiridos por cualquier usuario, aunque sólo podrán ser canjeados en establecimientos de los once municipios afectados por el incendio: Güímar, Arafo, El Rosario, Candelaria, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, Los Realejos y La Orotava.