En la reunión, el Gobierno de Canarias trasladó su apoyo a la reivindicación para que el Gobierno de España asuma el coste de la asistencia jurídica gratuita como administración competente en asilo
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, han mantenido este miércoles una reunión con el Consejo Canario de Colegios de Abogados, en la que se han tratado los problemas que genera en el turno especial de extranjería y asilo la aplicación del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo (PEMA), que entró en vigor el pasado mes de junio, ya que supone para los profesionales de la abogacía la realización de un trabajo extra que no se está abonando. Al tratarse de una competencia del Gobierno de España, la Consejería de Presidencia ya se ha dirigido al Ministerio de Justicia en este sentido. Por su parte, los colegios también han solicitado al Ministerio que aclare el destino de los fondos europeos para la financiación de este servicio. En ningún caso se ha obtenido respuesta hasta el momento.
“Hemos manifestado nuestro total apoyo al Consejo Canario de Colegios de Abogados en una reivindicación que consideramos justa. La competencia en esta materia es del Ministerio de Justicia, que es quien debe asumir el coste de la asistencia en los trámites de asilo que están realizando los profesionales de la abogacía desde que entró en vigor el PEMA y entendemos la preocupación ante la falta de respuesta del Ministerio. Desde el Gobierno de Canarias nos hemos ofrecido a colaborar para que esto se resuelva a la mayor brevedad posible”, explica Nieves Lady Barreto.
Tal y como detallaron los representantes de los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, La Palma y Lanzarote, en el nuevo marco del PEMA se incrementa la dedicación de los letrados en cada expediente de asilo.
La tramitación de las solicitudes de asilo es competencia exclusiva estatal -instruida por un órgano central y resuelta por el Ministerio del Interior-, mientras que la revisión judicial de sus recursos recae en la Audiencia Nacional. El Gobierno de España cuenta, además con los Fondos de Asilo, Migración e Integración que ha transferido la Unión Europea.