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Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo

Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo

Julio Pérez asiste en Toledo a la Conferencia Sectorial de Justicia en la que se ha informado del estado de tramitación de los proyectos de ley que van a impulsar un cambio sustancial en esta materia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda la necesidad de adaptar las reformas previstas a la geografía insular del archipiélago

Muestra su confianza en que las futuras oficinas judiciales municipales entrañen mejoras significativas en la labor que desempeñan los antiguos juzgados de paz

“Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo”, según ha declarado este jueves el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, al termino de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Toledo, presidida por la ministra Pilar Llop, a la que ha asistido acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos.

Julio Pérez ha manifestado que la Conferencia Sectorial había sido informada del estado de tramitación de los proyectos de ley que van a “impulsar un cambio sustantivo” en el funcionamiento de la justicia, que son, ha explicado, el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Digital en la Administración de Justicia, todos ellos, salvo este último, que se espera que pronto pueda iniciar también su paso por las Cortes, en fase de tramitación parlamentaria.

En la misma sesión, se ha analizado el estado de ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos destinados a la mejora de la justicia, de los que Canarias ha recibido más de 25 millones de euros, y que tal y como quedó establecido en el programa acordado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, se tienen que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas, a servicios homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de ciberseguridad.

La Conferencia Sectorial ha aprobado también el denominado Manifiesto del dato, que contiene los principios sobre los que construir un espacio público del dato en el sector judicial, lo que posibilitará, ha dicho el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “un conocimiento directo no solo para los operadores jurídicos, sino para cualquiera, de todos los datos del sector, y permitirá evaluar el grado de corrección y posibles deficiencias de las políticas públicas en materia de justicia”.

Entre los objetivos de este manifiesto están dirigir la gestión del sistema de Justicia como un modelo orientado a datos, promover la innovación y las mejoras del servicio público de Justicia, canalizar a través de los datos el sistema de gobernanza y del espacio público, y promover la cohesión social y territorial.

“Los datos deben ser un medio que nos ayude a definir, diseñar y afinar mucho más las políticas públicas en materia de Justicia, utilizando recursos adecuados para implantar el nuevo modelo de Justicia”, ha subrayado la ministra Pilar Llop.

Oficina judicial

Además, se ha debatido y dado los primeros pasos para la implantación de lo que se llamará oficina judicial municipal, con el objetivo de contribuir a superar las brechas de acceso público a la Justicia y reforzar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Julio Pérez ha mostrado su confianza en que conlleve “mejoras significativas” en la labor que desempeñan los antiguos juzgados de paz, que se transformarán en oficinas judiciales.

Este avance se enmarca en el plan Justicia 2030/Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) de implantación del nuevo modelo organizativo del servicio público de Justicia. La oficina judicial es una figura recogida en el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, aprobado en Consejo de Ministros el pasado abril, que tiene entre sus funciones ser una puerta de acceso único a la Justicia para la ciudadanía.

El alcance de esta nueva medida comprende las 431 oficinas judiciales asociadas a los tribunales de Instancia correspondientes a los 431 partidos judiciales establecidos en todo el territorio estatal.

En este sentido, la ministra de Justicia ha recordado que “estamos pendientes de la aprobación parlamentaria de las leyes de eficiencia que sustentan el gran proyecto modernizador y transformador de la Administración de Justicia. La Justicia es un poder, pero la Justicia es también un servicio público que queremos que esté al nivel del servicio público educativo o el servicio público sanitario, y el despliegue de las oficinas de justicia municipales lo pondrá al alcance de los ciudadanos”.

Llop se ha mostrado convencida de que “no hay nada tan cohesionador social y territorialmente como que cualquier ciudadano, en cualquier lugar en que se encuentre pueda acceder a los recursos de Justicia”.

Entre los servicios generales que incorporará la nueva Oficina Judicial están el de atención al público, profesionales y operadores; el servicio de asistencia a víctimas, con el objetivo de ofrecer una asistencia comprendiendo sus necesidades y dando una respuesta ágil y eficaz de conformidad con la normativa, protocolos y procedimientos vigentes; así como el servicio de implementación y promoción de medios adecuados de solución de controversias (MASC), con el fin de informar sobre la naturaleza de los MASC, su contenido, efectos de su utilización y recursos existentes.

La oficina judicial también tiene previsto atender servicios de registro y reparto, servicios de coordinación de señalamientos y control de citaciones y emplazamientos, y servicios de tramitación en la ejecución del procedimiento y coordinación con el Registro Civil, entre otros.

Por otro lado, la ministra de Justicia también ha anunciado la constitución de un comité para la preparación de la presidencia europea en materia de Justicia con las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Interoperabilidad

En el contexto de la Conferencia Sectorial, la ministra ha anunciado que, “después de muchos años, todos los sistemas de gestión procesal, los siete, son interoperables con el Tribunal Supremo”.

Llop ha indicado que este avance es “una importante novedad”, y ha añadido que la Administración de Justicia llevaba “muchos años esperándolo y trabajando sobre ello”.

En este sentido, la ministra ha destacado que es “un primer gran paso para avanzar en la interoperabilidad y en ese diálogo tecnológico que tiene que existir entre todos los sistemas de gestión procesal de los distintos territorios”.

Becas impulsadas desde el Ministerio de Justicia

Por otro lado, también se ha abordado el paquete de becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados del Estado impulsadas por el Ministerio.

Las 245 becas, que han sido ya convocadas, tienen una dotación de 1,6 millones de euros. De estas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes se destinarán a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con 6.611 euros anuales.

Al igual que en otras ocasiones, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad intervino para recordar que el modelo organizativo que se implante con la reforma prevista debe adaptarse a la geografía insular del Archipiélago. Ante la celebración de la próxima conferencia sectorial, que tendrá lugar en noviembre, Julio Pérez ha valorado positivamente la continuidad del régimen de cogobernanza territorial alcanzado durante las reuniones que se han venido celebrando.

En el encuentro con las comunidades autónomas han acompañado a la ministra, por parte del Ministerio de Justicia, el secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; la directora general el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal; y el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, entre otras autoridades.

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Acuerdo favorable y casi unánime de la Comisión de Memoria Histórica sobre el Catálogo de Santa Cruz

Acuerdo favorable y casi unánime de la Comisión de Memoria Histórica sobre el Catálogo de Santa Cruz

Julio Pérez subraya que se ha logrado el objetivo que se pretendía, aplicar a ley, tras “un debate sereno, detenido y constructivo”

Las Palmas será el siguiente catálogo en ser informado por la Comisión de la Memoria Histórica

En el acuerdo de la mayoría se sugiere excluir del catálogo la revisión de honores y distinciones, que deberá hacerse por cada municipio sin esperar al catálogo

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano presidido por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha acordado por mayoría, este lunes, informar a favor del contenido del Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz de Tenerife propuesto por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y realizado por el equipo de investigación integrado por las doctoras María Isabel Navarro, Yolanda Peralta y el doctor Ricardo Guerra, de la Universidad de La Laguna (ULL).

Este acuerdo se ha adoptado, tal y como ha informado al final de la sesión el propio Julio Pérez, después de estudiar un informe realizado por un grupo de trabajo designado por la propia comisión, del que formaban parte Mercedes Pérez, representante de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife; Candelaria González, representante de la Universidad de Las Palmas, y José Juan Pestano, por parte del Laboratorio de Genética de Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que han contado con el asesoramiento técnico del sociólogo y experto en Memoria Histórica Dailo Barco.

La propuesta ha logrado el voto favorable de casi todos los miembros que forman parte de la comisión, salvo los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que han votado en contra, no por discrepar del contenido del Catálogo, pues han manifestado estar de acuerdo en su mayor parte, sino por el procedimiento seguido, al considerar, sustentado en un informe jurídico, que no es el adecuado para su aprobación.

Salvo estos dos votos en contra, el resto ha respaldado tanto el contenido como el procedimiento seguido para informar del Catálogo y también las observaciones que se van a trasladar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para que las tenga en cuenta de cara a su aprobación. En primer lugar, que no incluya la revisión de honores y distinciones, al entender que no es propia del Catálogo ni requiere su aprobación, sino que es competencia y responsabilidad de cada entidad local llevarla a cabo.

También se ha hecho referencia a algunos vestigios concretos como la toma en consideración del informe elaborado por el Colegio de Aparejadores de Santa Cruz de Tenerife en relación a la ubicación del busto de Joaquín Amigó, y la conveniencia de retirar los escudos del régimen franquista que continúan estando en las vidrieras de la Subdelegación del Gobierno y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que con el acuerdo adoptado este lunes se logra el objetivo que se pretendía, que es cumplir la ley, pues no se trata de aplicar un criterio subjetivo o una opinión política, sino la ley, y hacerlo como ha ocurrido hoy tras “un debate sereno, detenido y constructivo”. Ahora, ha agregado, quedan los siguientes pasos que tiene que adoptar la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y las distintas corporaciones locales.

Julio Pérez ha anunciado que la siguiente propuesta de catálogo a informar por la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, según ha señalado el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, será el de Las Palmas.

En la sesión celebrada este lunes por la Comisión Técnica de Memoria Histórica han estado presentes, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, además de su titular, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Vallejo, y la jefa de sección de Justicia y Asuntos Generales de la DGRAJ, Jana Millares, en calidad de secretaria de la Comisión. Los vicepresidentes de la misma, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas; Juan Márquez y Mercedes Pérez.

Como vocales, junto a los dos representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, invitados expresamente por Julio Pérez, han asistido Candelaria González, representante de la ULPGC; José Juan Pestano, por el IML; el presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix Andrés González; el presidente de la Asociación de Menores Sustraídos, Francisco González, la vicepresidenta segunda del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, en representación de la Federación Canaria de Islas (Fecai); el jefe de servicio del Archivo Histórico de Las Palmas, Samuel García, y el representante de la Asociación Memoria Histórica de Arucas Manuel Ortego. En calidad de invitado ha estado Dailo Barco.

El Gobierno de Canarias había recomendado que la ULL no participara en el debate de este punto, tras haber suscrito un convenio con la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, para la realización de estos catálogos, ni tampoco la catedrática autora del estudio que ha servido de base para el Catálogo de Santa Cruz, María Isabel Navarro. Ni la ULL ni Navarro han asistido hoy a la Comisión de la Memoria Histórica.

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La Justicia rechaza que se deba indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo

La Justicia rechaza que se deba indemnizar a un opositor por la excesiva duración del proceso selectivo

Considera que, pese a la demora, no hubo dejadez, pasividad ni abandono por parte de la Administración

En cambio, sí reprocha a Función Pública que no contestara la reclamación previa que hizo el opositor, a quien por ello libera del pago de las costas

Julio Pérez cree que, en cualquier caso, hay que reducir la duración de los procesos selectivos, que en la actualidad duran meses o años, por cómo está regulada su tramitación. A su juicio, hay margen para acortar los plazos

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha desestimado el recurso interpuesto por un opositor que reclamaba una indemnización a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias por la demora excesiva en la toma de posesión de la plaza del cuerpo administrativo, tras haber superado las pruebas selectivas.

Según recoge la sentencia, datada el pasado 18 de abril, se desestima el recurso “por no concurrir la existencia de dilaciones indebidas o demoras injustificadas en el proceso selectivo”, pues, aunque reconoce que el procedimiento se prolongó más allá de lo establecido por ley, quince meses, no fue por inactividad administrativa ni por dejadez, pasividad o abandono por parte de la Administración.

A juicio del magistrado que firma la sentencia, que puede ser recurrida, Función Pública aprobó dos resoluciones con el objetivo de ampliar el plazo, en 7 meses y 15 días, en un caso, y en tres meses más, el otro, y el recurrente no impugnó ninguna de ellas, ni tampoco una tercera que declaró inhábil el mes de agosto.

Además, considera que la Administración ha dejado constancia expresa de cuáles son las razones en las que se ha amparado y de haber actuado siempre de forma coherente con ellas, y, sin embargo, el recurrente en ningún momento puso objeción a la mismas, a pesar de ser públicas y perfectamente conocidas por una persona que trabaja en la Administración.

Teniendo en cuenta estas premisas, que se pudo reaccionar contra la ampliación de los plazos y la declaración de inhabilidad de agosto, y no se hizo, el magistrado entiende que no ha lugar ahora a reclamar una responsabilidad patrimonial para resarcir los daños que se hayan podido ocasionar.

“La responsabilidad patrimonial -recoge la sentencia- no puede utilizarse como un medio para evitar la aplicación de resoluciones consentidas por los interesados ni como una vía alternativa a la interposición de los recursos correspondientes para someter a examen la legalidad de dichas resoluciones”.

Tampoco el demandante reaccionó frente al acto de nombramiento y toma de posesión ni instó el reconocimiento de sus efectos retroactivos impugnándolos en tiempo y forma para corregir los efectos de la demora.

No obstante, el Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife sí reprocha a la Administración su actuación por no haber respondido expresamente a la reclamación previa efectuada por el opositor, y, como correctivo a esa mala práctica, le libera del pago de las costas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha considerado que, “en cualquier caso, hay que reducir la duración de los procesos selectivos, que en la actualidad duran meses o años, por cómo está regulada su tramitación”.

En su opinión, “hay espacio para una regulación que respete las garantías y la pureza de los exámenes y evaluación, pero que, a su vez, abrevie trámites y acorte plazos”.

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Justicia prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios ‘Arconte Aurea’

Justicia prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios ‘Arconte Aurea’

A día de hoy ya se ha sustituido el 65% de las salas de vistas y polivalentes de los órganos judiciales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad anima a reflexionar sobre por qué Canarias está a la cabeza de España en litigiosidad, once puntos por encima de la media nacional

Julio Pérez señala que en las islas es necesario crear más órganos judiciales, pero recuerda que es un proceso complejo si se sigue el criterio fijado por el Gobierno canario de hacerlo con la plantilla completa

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad prevé finalizar en mayo la implantación del nuevo sistema de videograbación de juicios ‘Arconte Aurea’, según ha anunciado este lunes su titular, Julio Pérez, durante el transcurso de la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad celebrada en el Parlamento de Canarias.

A día de hoy, ha dicho Julio Pérez, se ha sustituido el 65% de las salas de vistas y polivalentes de los órganos judiciales del archipiélago y, aunque las previsiones iniciales eran que el proceso de implantación finalizara el 30 de junio, el rimo actual de ejecución permite avanzar que dicho proceso finalizará en el mes de mayo.

El nuevo sistema de grabación de vistas permite disponer de un modelo unificado en todos los partidos judiciales, sencillo y operativo, que mejora la calidad y seguridad de las grabaciones, y, además, ofrece a los profesionales la posibilidad de descargar todas las grabaciones realizadas en los procedimientos en los que hayan intervenido.

Por otra parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha señalado que en Canarias la creación de órganos judiciales es una necesidad, pero no es la única medida a adoptar, pues el nivel de litigiosidad es muy alto, como demuestra que a diario los juzgados vean unos mil asuntos.

Julio Pérez ha animado a reflexionar sobre por qué desde el año 2019 esta comunidad autónoma está a la cabeza de España de litigiosidad, once puntos por encima de la media nacional, aunque la tasa de pendencia 0,43 -indicador que mide la diferencia entre los asuntos resueltos en un juzgado y los pendientes- está por debajo de la media española 0,50, al igual que en la tasa de congestión -cociente entre los asuntos pendientes más los asuntos ingresados  y lo asuntos resueltos-, ya que n las Islas es de 1,49 y la media es de 1,6.

La creación de nuevas unidades judiciales, ha subrayado, es unas de las respuestas a esta situación, aunque hay que tener en cuenta que es un proceso complejo, más aún si se hace con la plantilla completa, criterio seguido por este Gobierno desde el comienzo de la legislatura. Así, en el año 2019, se crearon cinco, en el 2020, tres, y, en el 2021, cuatro.

A lo largo de su intervención también se ha referido a la importancia de contar con instalaciones adecuadas en las que ubicar los nuevos juzgados y se ha referido de manera especial al Palacio de Justicia impulsado en la capital tinerfeña.

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Canarias recibe 15 millones de euros más de fondos europeos para mejoras de la justicia, que suma a 10 anteriores

Canarias recibe 15 millones de euros más de fondos europeos para mejoras de la justicia, que suma a 10 anteriores

La Conferencia Sectorial de Administración de Justicia celebrada en Avilés reparte la totalidad de los Fondos Next Generation asignados a esta materia

El consejero Julio Pérez insiste en que se sintonicen los cambios normativos con un plan para su implantación efectiva

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad considera esencial modernizar y actualizar el diseño de los edificios judiciales para adaptarlos al nuevo modelo de organización que se implantará

Demanda conocer cuanto antes el detalle de las unidades judiciales de nueva creación a poner en marcha en este ejercicio, para preparar su instalación

Canarias recibirá 15.079.522 euros más de los Fondos Next Generation asignados a mejoras de la justicia, cantidad que se suma a los 10.079.505 ya recibidos el año pasado, según lo ha acordado este viernes el pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrado en Avilés, bajo la presidencia de la ministra Pilar Llop, y al que han asistido, representado a la Comunidad Autónoma de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, de forma telemática, y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, de forma presencial.

En dicho encuentro, que se ha desarrollado durante cinco horas, se ha dado el visto bueno a los criterios de distribución y reparto material de la totalidad de los Fondos Next Generation asignados a Justicia. Para ello, se han fijado 16 proyectos prioritarios, divididos en tres grupos. Proyecto 0, infraestructuras digitales; Proyecto País, iniciativas comunes que garanticen una serie de servicios mínimos e interoperables en todo el territorio, y Proyectos de Iniciativa Autonómica, donde Canarias ha presentado cuatro, por importe de 6.715.456 euros, que han sido aprobados.

En concreto, y de acuerdo con el programa acordado entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, este dinero se tendrá que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas; a servicios homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de ciberseguridad. Cada proyecto tiene una ficha de financiación determinada y su cumplimiento se determina en base a hitos y objetivos, tal y como exigen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El pleno también ha aprobado el Marco Común de Igualdad, documento que pretende establecer las directrices que deben contener los planes de igualdad que se aprueben en las comunidades autónomas en el ámbito de la Administración de Justicia; la propuesta estándar de rehabilitaciones sostenibles, una guía que recoge los criterios a tener en cuenta en relación a la rehabilitación de edificios, y la apertura y accesibilidad del portal de Datos de Justicia.

Además, el Ministerio ha informado del estado de la tramitación de las leyes de eficiencia que tiene previsto aprobar, así como del nivel de implantación del nuevo modelo organizativo, más en concreto del apoyo técnico y la asistencia que se recibirá para el diseño de las oficinas judiciales.

En su intervención, el consejero Julio Pérez ha insistido en la importancia de que la elaboración y aprobación de las nuevas leyes y normas se acompañen de un plan detallado para llevar a cabo su implantación efectiva. Ha recordado que, en algunas reformas anteriores, como la nueva oficina judicial, ha costado años o incluso lustros su implantación. Eso no debería pasar ahora, ha dicho, especialmente a la vista de la importancia de la gran transformación de la justicia que entrañan las reformas proyectadas para la mejora de la eficiencia procesal, digital y organizativa de los juzgados y tribunales.

También se ha referido, como en anteriores conferencias, a la necesidad e importancia de que el diseño de los nuevos edificios judiciales, que en Canarias son varios y en varias islas, se atenga al nuevo modelo de organización de la justicia y no se limite a reproducir o a aumentar los espacios y la distribución tradicionales.

Julio Pérez ha hablado de la necesidad de conocer cuanto antes el detalle de las unidades judiciales de nueva creación que podrán ponerse en marcha en este ejercicio, para preparar su instalación, que, en algunos sitios, como Santa Cruz de Tenerife, suele necesitar una preparación muy laboriosa, a diferencia de otros partidos judiciales, como La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria, en donde los edificios actuales permiten contar con espacios susceptibles de acoger más órganos judiciales de forma casi instantánea.

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La MAC premia la labor de prevención ante la COVID-19 desarrollada por Justicia en 2021

La MAC premia la labor de prevención ante la COVID-19 desarrollada por Justicia en 2021

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, Cofarte y Puertos de Tenerife, galardonados por sus prácticas preventivas para frenar la expansión del coronavirus

La Mutua de Accidentes de Canarias entrega a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Ámate) el ‘Premio Alberto Guanche’ a las mejores prácticas en prevención de riesgos laborales en su edición de 2021

La Mutua de Accidentes de Canarias (MAC) ha entregado este jueves a la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias, en una breve ceremonia, la placa y el diploma con los que reconoce la estrategia de prevención desarrollada ante la COVID-19 por este centro directivo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez.

En el acto, celebrado en la sede de esta entidad en Santa Cruz de Tenerife, el presidente de la MAC, Pedro Alfonso, junto al director gerente de la misma, Javier González Ortiz, y el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, han entregado también a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Ámate) el ‘Premio Alberto Guanche’ a las mejores prácticas preventivas en las empresas en su edición de 2021, y a Cofarte y Puertos de Tenerife la placa y el diploma en reconocimiento a las mejores prácticas preventivas para frenar la expansión de la COVID-19.

Por parte de Ámate recogió el ‘Premio Alberto Guanche’ su presidenta, María del Carmen Bonfante. La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el director del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, Javier Ignacio Mora, y la responsable de Recursos Humanos de Cofarte, Yineth Moleiro, hicieron lo propio con respecto al reconocimiento a las mejores prácticas para frenar la pandemia, recogiendo la placa y el diploma correspondientes.

Como es sabido, Alberto Guanche Marrero (1950-2001) fue, además de profesor de Derecho del Trabajo de la ULL, consejero de Trabajo, Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Canarias durante la primera legislatura autonómica (1987-91) y asesor jurídico de la Junta Directiva de la Mutua de Accidentes de Canarias (MAC).

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La Comisión Técnica de la Memoria Histórica se da un mes para estudiar el Catálogo de Santa Cruz

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica se da un mes para estudiar el Catálogo de Santa Cruz

Durante ese tiempo, un comité derivado de la propia comisión, integrado por tres personas, analizará su contenido y elaborará una ponencia

Además, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar lo reparos procedimentales que vea oportunos

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica, presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha acordado este miércoles darse un mes, para estudiar la propuesta de Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Santa Cruz, encargada por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias a la Universidad de La Laguna, antes de informar a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes sobre este documento de 3.000 folios.

Junto a la ampliación del plazo, la Comisión Técnica de la Memoria Histórica ha decidido que, durante este tiempo, un comité especial derivado de la propia Comisión Técnica analice el contenido del Catálogo y elabore una ponencia. Este comité estará conformado por la representante de la Fecai en este órgano y vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, la presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez, y el director del Laboratorio de Genética del IML de Las Palmas, Juan José Pestano.

Además, en la próxima sesión a celebrar por la Comisión para informar sobre este Catálogo, cada uno de sus miembros podrá hacer las observaciones que estime convenientes y presentar los reparos procedimentales que vea oportunos.

Esta decisión ha sido respaldada por todos los participantes de la Comisión Técnica, menos los representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz, su alcalde, José Manuel Bermúdez, y su primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz, que se abstuvieron, al no compartir, entre otras cuestiones, que el catálogo se centre solo en la capital tinerfeña y no se amplíe, al menos, a todo el ámbito insular, ni las formas en que se ha llevado a cabo el proceso.

En la reunión de esta mañana han estado, en calidad de vicepresidentas, la consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela de Armas, y Mercedes Pérez, ambas por vía telemática, y el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Juan Márquez, como vicepresidente. También han concurrido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la jefa de Sección de Justicia y Asuntos Generales de esta Dirección General, Jana Millares, que actúa como secretaria, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix González, y la catedrática de Historia del Arte de la ULL, María Isabel Navarro.

Por vía telemática, el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, en representación de la Fecam, el presidente de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos, Francisco González, el secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas, Manuel Ortego, los representantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Candelaria González y Javier Márquez, del Archivo Histórico de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Macías, y del de Las Palmas, Samuel García, así como Juan José Pestano.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha animado a todos los integrantes de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica a avanzar en el estudio del contenido del Catálogo y a exponer los reparos y sus réplicas en la próxima sesión.

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Justicia reitera su disposición para que La Palma cuente con dos edificios judiciales nuevos y modernos

Justicia | La Palma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad acompaña a la ministra Pilar Llop durante su visita este lunes a La Palma

Julio Pérez pone en valor la rapidez de la respuesta legal ante la emergencia provocada por el volcán de Cumbre Vieja y destaca el papel de notarios y registradores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reiterado este lunes la disposición de su departamento para sustituir los actuales edificios judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane por unos nuevos y modernos, adecuados a la organización de la justicia y a las reformas estructurales que están en curso.

Así lo ha manifestado después de acompañar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita a las instalaciones judiciales del Valle de Aridane, a la que han asistido también el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García.

En el caso de Los Llanos de Aridane, donde el proceso está más avanzado, el nuevo edificio, según ha apuntado Julio Pérez, estaría ubicado en una parcela que ya se ha propuesto a la Comunidad Autónoma por el Ayuntamiento, cuyo expediente se ha comprometido a impulsar, con el propósito de que la permuta del actual edificio por el solar que albergará el futuro inmueble se lleve a cabo cuanto antes.

No obstante, Julio Pérez ha explicado que, mientras esto ocurre, se continúa dotando a ambas instalaciones de equipamiento con el grado de modernización necesario. Por ejemplo, desde el punto de vista informático y telemático, igual que a otros partidos judiciales, lo cual ha permitido que el impacto de la erupción en el funcionamiento de la justicia fuese menor del que pudo temerse.

Durante un acto posterior con el Colegio Notarial de Canarias, celebrado en El Paso, y en el que estaba presente su decano, Alfonso Cavallé, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho mención especial al funcionamiento del sistema de seguridad jurídica preventiva, que durante la emergencia generada por el volcán se ha puesto a prueba, “probablemente como no lo había sido nunca antes de ahora”, ha subrayado.

En opinión de Julio Pérez, “hay un conjunto de circunstancias que nos hacen pensar que el tipo de desafío al que se han enfrentado notarios, registradores, Ministerio y también la Consejería, no tiene precedentes en la historia reciente”.

En este sentido, ha puesto en valor, “sin ánimo de hacer propaganda, la rapidez de la respuesta legal”, y se ha referido al primer decreto ley que habilitó unos mecanismos especiales para que el sistema notarial y registral pudiera hacer frente a esas necesidades.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha tenido palabras de agradecimiento para notarios y registradores, porque “no se han limitado solo a prestar un servicio, sino que han prestado ayuda, asistencia y cercanía, con cariño y proximidad, que se necesitaban tanto como la ayuda material”, ha recalcado.

Ha dado la enhorabuena al Colegio Notarial de Canarias y al de Registradores, por “haber despertado la solidaridad generosa y desprendida de cientos de profesionales de toda España que han atendido la emergencia jurídica provocada por el volcán”.

Julio Pérez, que ha hecho suyo el lema “juntos somos más”, citado por el delegado del Gobierno en Canarias a lo largo de su intervención, ha destacado la cooperación y lealtad institucional vivida durante la erupción del volcán y ha abogado por que se mantenga durante la reconstrucción, que requiere también el esfuerzo de la actuación conjunta.

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El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El Gobierno traslada al ACNUR su voluntad de dar mayor calidad a la asistencia letrada a las personas migrantes

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda el aumento registrado, a lo largo de esta legislatura, en la dotación presupuestaria que garantiza este servicio

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados prevé poner en marcha un proyecto piloto en Canarias para facilitar a las personas migrantes el acceso a sus derechos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha trasladado este miércoles a la representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Sophie Muller, la voluntad del Ejecutivo canario de dar continuidad y mayor calidad a la asistencia letrada que reciben las personas migrantes que llegan a las islas.

Julio Pérez y Sophie Muller, que han participado, de forma telemática, en una reunión de trabajo celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, entre la Consejería y el organismo internacional, a la que también han asistido la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, las oficiales de protección del ACNUR Carolina Mateos y María Vallés, y la oficial sobre el terreno en Canarias Claudia Pérez, además de la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, igualmente por vía telemática, han destacado la sintonía y coincidencia que existe entre los objetivos del ACNUR y la responsabilidades del departamento de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

En este sentido, Julio Pérez ha hecho hincapié en que desde el inicio de la presente legislatura se han perfeccionado los mecanismos de asistencia jurídica gratuita a migrantes y, para ello, ha recordado el aumento de la dotación presupuestaria destinada a la prestación de este servicio y la ampliación de crédito aprobada con este fin, además de la reducción del número de personas a las que atiende cada letrado o letrada de turno, con el objetivo de prestar una atención jurídica más personalizada y adecuada a las personas migrantes.

Por parte de los representantes del ACNUR, se ha insistido en la importancia de contar con suficientes intérpretes para ayudar a mejorar la atención de migrantes una vez que llegan a las islas y, de ese modo, facilitarles el acceso a sus derechos. El organismo internacional prevé dar solución al déficit existente actualmente, sobre todo de especialistas en lenguas minoritarias africanas, con la puesta en marcha en Canarias de un proyecto piloto de apoyo a los colegios de abogacía, que incluye formación en esta materia y un catálogo de buenas prácticas.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la preocupación que existe en el Gobierno canario por hacer ver y convencer a la Unión Europea de que la gestión de las fronteras es una responsabilidad del conjunto de la UE, no solo del país o territorio por el que llegan las personas migrantes.

Del mismo modo ha mostrado su confianza en que, ante la situación que se ha generado en Ucrania, el ACNUR pueda cumplir sus cometidos con la eficacia que ha demostrado en otras ocasiones y que es ampliamente conocida.

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Justicia pone en marcha un sistema de videointerpretación en lengua de signos en seis juzgados de guardia canarios

La herramienta permite la comunicación fluida en tiempo real y asegura que las personas con discapacidad auditiva tengan el mismo acceso a la información que el resto de la ciudadanía

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el sistema de videointerpretación en lengua de signos española SVIsual en el ámbito de la Administración de Justicia en Canarias, lo que asegura que las personas con discapacidad auditiva tengan el mismo acceso a la información que el resto de la ciudadanía.

Dicha herramienta está operativa para su uso desde el pasado martes, 15 de febrero, en seis juzgados de guardia que cuentan con dependencias específicas. Concretamente en los juzgados de guardia de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona, Las Palmas de Gran Canaria, Telde y San Bartolomé de Tirajana.

El sistema SVIsual permite la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes en tiempo real, a través de un videointérprete que realiza las labores de interpretación solicitada por cada persona usuaria. Se establece así una comunicación fluida entre ambas partes, gracias a una plataforma tecnológica que funciona como un centro de llamadas, capaz de integrar simultáneamente audio y vídeo, lo que permitirá que las personas con esta discapacidad puedan ser entendidas por el trabajador o trabajadora y viceversa.

A estos efectos, el puesto de trabajo dispuesto para tal fin cuenta con micrófono, cámara, altavoz y doble pantalla, de manera que una de ellas pueda utilizarse para el uso habitual de trabajo y la otra para mostrar la herramienta de vídeo que posibilitará la comunicación.

El sistema resulta accesible a través de la dirección web justiciaencanarias.svisual.org, que carga un entorno gráfico e incorpora un componente de vídeo (para facilitar la visualización entre la persona discapacitada y el o la agente videointérprete) y un componente de chat, que facilita la comunicación escrita.

Con la puesta en funcionamiento del sistema SVIsual, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad comienza a dar cumplimiento a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que señala que en los procesos en los que participen personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios para garantizar su participación en condiciones de igualdad. Este sistema de videointerpretación se irá incorporando progresivamente al resto de los juzgados de las islas en la medida que sus instalaciones lo permitan.

En concreto, la Ley señala que se facilitará a la persona con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente, y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas con discapacidad auditiva y visual. Dicha medida se implementaba con la presencia física de intérpretes de signos, a pesar de las dificultades que existen muchas veces para contar con ellos dada su escasez.

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