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El Gobierno desarrolla un plan funcional para adaptar los espacios judiciales a las necesidades de las víctimas

El proyecto comenzará con la Casa de la Infancia, que se construirá en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, dando cumplimiento a la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, está desarrollando un plan funcional sobre el espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas dentro de los órganos judiciales con el fin de adaptar estos espacios judiciales a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos. El primero de estos espacios adaptados será el de la Casa de la Infancia, que comenzará en breve su construcción en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto de edificios judiciales irá adaptándose entre 2022 y 2023.

Con el planteamiento de estas nuevas salas de espera, atención y declaración específicas para las víctimas se busca evitar situaciones en las que estas puedan verse expuestas públicamente, lo que provoca su doble victimización, así como dotar el proceso de declaración y toma de pruebas de una mayor seguridad, lo que permitirá prevenir el aumento del estrés de estas personas.

Esta mejora en la atención está impulsada desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que ha encargado el análisis de las instalaciones judiciales en las Islas y el diseño del proyecto.

Casa de la Infancia

La Casa de la Infancia adaptará los espacios judiciales en los que se trata con víctimas menores de edad a nuevos modelos organizativos que promoverán evitar el contacto entre ellas y el procesado en cualquier fase del procedimiento y que tratarán de evitar, siempre que sea posible, que las y los menores de edad deban prestar declaración en el plenario.

Según señala la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el espacio dará cumplimiento a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mes de junio. En ella se remarca la importancia de los espacios como entornos adaptados a las víctimas menores de edad.

En concreto, en esta normativa, en el artículo 10, se apunta sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas y, para ello, se hace hincapié en que para ello se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios con el fin de que el testimonio de la víctima se obtenga con rigor, tacto y respeto. Además, el artículo 11 recoge que las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado.

En la actualidad se cuenta con varias salas de espera adaptadas para menores que serán renovadas con este nuevo diseño. En concreto, el proyecto unirá estas en una gran sala de espera en las que las víctimas podrán deambular, aparte de dos salas de espera privadas para casos especiales. Estas serán espacios cálidos que contarán con vegetación interior y mobiliario en tonos cálidos y ergonómicos para mejorar la confianza de las personas.

También se reordenará el espacio dedicado a las salas Gessel, pasando a contar con cuatro salas de este tipo y dos polivalentes para la toma de declaración de menores por videoconferencia, entrevistas a menores o para pruebas constituidas. Así mismo, todos estos espacios contarán con luz y ventilación natural.

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Canarias pone en funcionamiento el juzgado Mercantil 3 de Las Palmas y ultima el Social 9 de Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad puso en marcha el pasado 30 de junio el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria

El Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife estará situado en el Edificio El Cabo, donde hoy está el Juzgado de lo Mercantil 1, que se trasladará junto al Mercantil 2, permitiendo agrupar órganos de la misma jurisdicción en edificios comunes

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas, que se inauguró el pasado 30 de junio, y ultima la apertura, para el día 30 de octubre, del Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife.

Según explica la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la creación de estos dos juzgados es una respuesta específica del Gobierno de Canarias ante las consecuencias de la crisis sanitaria, que ha provocado un incremento de la litigiosidad “particularmente notable” en las jurisdicciones social y mercantil. Por ello, el pasado verano se solicitó al Ministerio de Justicia tres juzgados con los que hacer frente a este aumento, poniéndose en marcha el primero de ellos a finales de 2020, cuando se abrió el Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas.

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas está ubicado en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, en la misma planta que están situados los mercantiles 1 y 2, lo que, como recuerda Vallejo, favorecerá en el futuro su reconversión como Tribunal de Instancia.

En cuanto al Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife, estará situado en el Edificio El Cabo de la capital tinerfeña, donde está en la actualidad el Juzgado de lo Mercantil 1 de Santa Cruz de Tenerife, que se trasladará a la calle Álvaro Rodríguez López, número 19, junto al Mercantil 2.

Este incremento y redistribución de espacios permite a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife contar con instalaciones para dos nuevas unidades judiciales, además de resultar una organización más eficiente, por cuanto se agrupa a órganos de una misma jurisdicción y especialidad en edificios comunes.

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El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

La actuación de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo

El Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites de adaptación de la ordenación urbanística vigente en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña para adecuarla a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para la llevar a cabo el desarrollo del Palacio de Justicia en el municipio capitalino. Para ello, modificará parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, para lo que se han elaborado normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del Plan.

El objetivo es dar cobertura a un uso judicial concentrado territorialmente, pero distribuido diferencialmente según los distintos órganos judiciales y usos complementarios a albergar. La propuesta de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo.

Esta actuación se ha llevado a cabo de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas que acogerán el Palacio de Justicia (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo anunciaron hoy los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Julio Pérez y José Manuel Valbuena, respectivamente, junto al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante la presentación de las normas aplicables de manera transitoria.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte del Palacio de Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento, ampliando las zonas verdes en el espacio de Cabo Llanos.

Julio Pérez detalló que se ha terminado la elaboración de las normas urbanísticas, que posibilitarán edificar un nuevo edificio que permitirá concentrar todos los órganos judiciales y servicios complementarios, aunque en varios edificios. Normas que, apuntó, sustituyen a las vigentes para el espacio de Cabo Llanos y que deben estar en armonía con aquellas que regulan las actividades públicas y privadas en la zona.

Emplazamiento, dotaciones y equipaciones  

Para la composición de dichas normas, llevada a cabo por la empresa pública Gestur, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad estableció varios criterios y directrices, como el emplazamiento de manera definitiva en la zona de Cabo Llanos y el mantenimiento de las dotaciones y equipaciones básicas (educativas, sanitarias y plaza pública, entre otros), y se decidió que los nuevos edificios se proyectaran manteniendo la ocupación y el aprovechamiento del actual Palacio de Justicia. “Todo ello con la mayor delicadeza, respeto y coordinación con las demás administraciones y sobre todo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tiene la potestad de la planificación de la ciudad”, remarcó Pérez.

Valbuena indicó que el objetivo perseguido en Santa Cruz de Tenerife es lograr una centralidad administrativa que optimice y mejore la relación de la ciudadanía con las administraciones, aportando un principio de economía y agilidad al sistema administrativo judicial. Manifestó que el hecho de contar con una bolsa de suelo de titularidad pública en Cabo Llanos aporta al proyecto viabilidad económica, además de una importante ganancia de aprovechamiento ciudadano de más de 50.000 metros cuadrados y un frente marítimo envidiable en Santa Cruz de Tenerife.

Detalló que la siguiente fase será la evaluación ambiental de la propuesta y la publicación del informe del impacto ambiental estratégico para, después, tramitar la propuesta de suspensión, que irá acompañada de las Normas Sustantivas Transitorias. Posteriormente, agregó, se podrá pasar a una tramitación final, donde tendrá que someterse a un proceso de audiencia por parte de las administraciones públicas y de consulta pública que terminarían con la futura aprobación, si todo sale bien, en el Consejo de Gobierno. Es un proceso que se prevé que esté disponible a lo largo de 2022.

“Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es un día importante” afirmó Bermúdez, quien señaló que con la propuesta se resuelve el anhelo de todo el sector jurídico y judicial y de la ciudadanía al concentrar en un mismo espacio las sedes judiciales en la capital tinerfeña y también permite una mejor ordenación de la zona, que contará, dijo, con mayores espacios de equipamiento público y zonas verdes.

Se trata también de una propuesta de mejora para los vecinos y vecinas de la zona y para toda la ciudadanía que transiten por ella, remarcó Bermúdez, quien destacó el trabajo realizado por la Concejalía de Urbanismo y por el consejero Julio Pérez.

Cambios urbanísticos

Para llevar a cabo los cambios urbanísticos se han elaborado unas Normas Sustantivas Transitorias de aplicación en el ámbito de la suspensión que viabilizan, planifican y regulan la adaptación de la ordenación vigente a los nuevos requerimientos funcionales y necesarios para la implantación del Palacio de Justicia en tanto el instrumento correspondiente asume la nueva ordenación.

Los objetivos territoriales se basan en la centralidad administrativa, la economía y agilidad del sistema administrativo judicial, la cobertura del programa de necesidades de la Administración de Justicia, la accesibilidad intermodal (aeropuerto, puerto, tranvía y coche), la repercusión en la zona y la disponibilidad del suelo, así como en la viabilidad económica.

Desde el punto de vista urbanístico, contempla la cobertura urbanística e inserción en el sistema de planeamiento, un espacio de calidad para la ciudadanía (Plaza de la Justicia), movilidad óptima, dotación y equipamientos locales y agilidad y armonía del planeamiento.

Ámbito de suspensión

El ámbito de la suspensión en Cabo Llanos se desarrolla como dos espacios rectangulares, ortogonales entre sí. La primera de ella se extiende de Este a Oeste entre las calles Álvaro Rodríguez López, Adán Martín Menis, una peatonal, que discurre junto a la sede de la compañía petrolífera canaria Disa y un edificio residencial, y la avenida La Constitución o autopista de conexión TF-4, incluida en el ámbito. Esta parte crece irregularmente al suroeste para incluir los suelos situados entre el Espacio Cultural El Tanque y las dos torres.

Es segundo espacio, Norte-Sur, se delimita entre la rotonda de entrada a la avenida Tres de Mayo, el trazado de las avenidas La Constitución y Víctor Zurita Soler, y su encuentro al Sur con el primer espacio rectangular. Por último, el ámbito extiende un brazo en dirección Sur incluyendo así parte de la avenida de La Constitución, aproximadamente hasta su encuentro con la avenida Manuel Hermoso Rojas.

El ámbito de la suspensión encierra una gran extensión de suelos vacantes y únicamente dos edificaciones: el actual Palacio de Justicia y un edificio de oficinas cuya ejecución no ha llegado a término. La gran mayoría de los suelos no se destinan a ningún uso en la actualidad, exceptuando el desarrollo de algunos usos temporales, como el depósito municipal de vehículos y un recinto destinado a la hostelería.

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Gobierno canario y Generalitat Valenciana abogan por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas

Gobierno canario y Generalitat Valenciana abogan por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, y la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, comparten iniciativas sobre protección a víctimas del delito

El Gobierno de Canarias y la Generalitat Valenciana celebraron hoy en Tenerife una reunión bilateral para compartir iniciativas sobre la protección de las víctimas del delito, como la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y la Oficina Especializada de Denuncias de Violencia de Género, en la comunidad Valenciana, o el Juzgado de Protección y Atención a la Infancia, proyecto piloto en Las Palmas de Gran Canaria. La reunión estuvo encabezada por la viceconsejera de Justicia del Ejecutivo canario, Carla Vallejo, y consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo, quienes abogaron por crear una jurisdicción especializada en menores víctimas.

En la reunión también participaron la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet; la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, Maria José Meilán, y la jefa de sección de Mediación de la Viceconsejería de Justicia, Elisa Santiago. Por parte delegación valenciana asistieron la directora general de Modernizaciones y Relaciones con la Administración de Justicia, Àngels Bixquert, y el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón. Ambas partes compartieron la preocupación por la formación y especialización en competencias relacionadas con la infancia.

Carla Vallejo explicó que el juzgado de Protección y Atención a la Infancia es un proyecto pionero, que se inicia en Las Palmas, un juzgado especializado cuyo funcionamiento efectivo comenzará el 1 de octubre. Actualmente, dijo, se está diseñando todo el programa de atención integral porque las víctimas menores requieren una respuesta sanitaria, jurídica, psicológica y asistencial.

Se trata de un proyecto piloto, precisó Vallejo, quien confió en que tenga éxito y que sirva para que se cree una jurisdicción especializada en atención a menores víctimas, como la hay para mujeres víctimas de violencia de género, ya que los y las menores víctimas requieren de una atención específica y con personal especialmente cualificado para ello.

Al respecto, la consellera de la Generalitat Valenciana destacó que los menores, como víctimas, requieren de una mirada especial y una actuación profesional que evite que el procedimiento judicial se convierta en un problema psicológico para estas víctimas, y abogó también por una jurisdicción especializada para menores víctimas.

Así, Bravo consideró dicho piloto desarrollado en Las Palmas como fundamental porque cualquier menor que se ve en la obligación de pasar por un juzgado soporta una revictimización muy dura, y mostró su interés en ponerlo en marcha también en la Comunidad Valenciana.

Bravo destacó que la Generalitat Valenciana desde hace cinco años se ha centrado en políticas públicas dirigidas fundamentalmente a la protección de las víctimas y habló de la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, única red pública en toda España que ha puesto en marcha centros en cada uno de los partidos judiciales. Se trata de oficinas, indicó, donde un equipo multidisciplinar atiende a las víctimas del delito, colocándola en el centro del proceso.

Presentó también la única oficina de denuncias especializada en violencia de género, donde las víctimas pueden ir a presentar su denuncia y a informarse en un espacio amable y seguro, en el que están apoyadas y arropadas por un equipo multidisciplinar.

 

 

 

 

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Justicia invertirá 1,5 millones en actos procesales remotos y dotación de puestos de trabajo deslocalizados

Justicia invertirá 1,5 millones en actos procesales remotos y dotación de puestos de trabajo deslocalizados

Se trata de la partida que corresponde a Canarias de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia en la vertiente de justicia

Se destinarán a la adquisición de equipos portátiles, a equipamiento tecnológico para salas de vistas y a la implantación de la plataforma para vistas jurídicas remotas

El Gobierno de Canarias ha generado un crédito para la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de 1.462.509 euros procedentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y cuya distribución, entre comunidades autónomas con competencias en justicia, fue acordada en la Conferencia Sectorial de Justicia del pasado 30 de abril. La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, invertirá dicha partida en equipamientos para la realización de actos procesales por vía telemática (inmediación digital) y para dotar puestos de trabajo deslocalizados.

Los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la vertiente de justicia están orientados a mejorar la capacidad que tiene la justicia española para contribuir a la cohesión social, el dinamismo económico y empresarial, así como a la reducción de sus costes generales de funcionamiento mediante su transformación digital y la transición ecológica.

De la partida que le corresponde a Canarias, 600.000 euros irán destinados a la adquisición de 400 equipos portátiles y sus accesorios para conformar el ‘Puesto único de usuario’, configurado para su utilización como puesto de escritorio y movilidad; otros 462.000 euros se invertirán en equipamientos para Salas de Vistas (cámaras, micrófonos, pantallas y demás material tecnológico), y los 400.509 euros restantes estarán dedicados a la implantación de la plataforma para vistas jurídicas remotas.

El Ministerio de Justicia y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia aprobaron el pasado 30 de abril, por unanimidad, el acuerdo la distribución de un total de 20.604.610 euros del crédito asignado en el año 2021 por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en el Ministerio de Justicia, en concreto para el ‘Proyecto 0’ de Justicia 2030.

Dicho proyecto tiene como objetivo acometer una implantación coordinada de infraestructuras digitales homogéneas e interoperables (hardware, licencias, servidores, espacio de almacenamiento, bases de datos) en todo el territorio del Estado, para lo que se contempla la puesta en marcha de cuatro medidas: la inmediación digital, el puesto de trabajo deslocalizado, la cita previa para la atención ciudadana y ciberseguridad.

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Un estudio aporta datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife

Un estudio aporta datos de 182 de las víctimas mortales de la represión franquista en Tenerife

El proyecto, financiado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, abre nuevas líneas de investigación en posibles fosas

El trabajo se ha centrado en una labor de indagación histórica y documental, así como en la realización de entrevistas a familiares de las personas desaparecidas y otros informantes

Un estudio financiado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y desarrollado por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife ha permitido elaborar una lista contrastada de 182 víctimas mortales relacionadas directamente con la represión generada durante la represión franquista en Tenerife entre personas desaparecidas, fallecidas por ejecuciones extrajudiciales o como consecuencia de las acciones represivas o torturas sufridas en prisión y  aquellas ejecutadas en consejos de guerra. Esta indagación abre nuevas líneas de investigación para localizar posibles fosas de personas desaparecidas.

En relación al perfil de las 182 víctimas, en la mayoría de los casos se trataba de hombres jóvenes, en torno a los 30 años de edad, miembros de organizaciones obreras y/o partidos republicanos, con especial preeminencia del sindicato anarcosindicalista de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), si bien también afectó a integrantes del Parido Socialista, el Partido Comunista y la Izquierda Republicana. Dentro de los mismos había personas trabajadoras y campesinos, pero también integrantes de la pequeña y mediana burguesía.

La mayoría pertenecían a la isla de Tenerife, pero también existe un número importante de personas naturales de otras islas de la provincia occidental y de la Península, lo que señala a Tenerife como punto de centralización de la represión franquista en las islas occidentales. Según los testimonios recuperados y los nuevos recabados, la represión no terminó en el asesinato de estas personas, sino que además se extendió a sus familias, que padecieron procesos de acoso e indefensión y que motivó una parte sustancial de la emigración producida en la posguerra.

En el proyecto de investigación, realizado entre noviembre de 2020 y abril de 2021 por las investigadoras Nuria Álvarez Rodríguez y María Laura Bencomo Fernández, se indica que si bien el número de personas desaparecidas y los asesinatos tuvo que ser bastante superior, solo se recogen en el estudio los datos contrastados durante el estudio, que se ha centrado en una labor de investigación histórica y documental, así como en la realización de entrevistas a familiares de las personas desaparecidas y otros informantes.

Esta indagación ha permitido actualizar y arrojar luz sobre los efectos de la represión franquista en la isla de Tenerife y abre nuevas líneas de investigación para localizar posibles fosas, ya que se han investigado igualmente las potenciales localizaciones en las que pudieran hallarse parte de las personas desaparecidas avanzado en nuevas líneas de trabajo que pueden llegar a ser productivas, según explica la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Proyecto de interés público

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se trata de un proyecto de interés público pues supone una acción más en el fortalecimiento de los valores democráticos, de libertad y de justicia social para la sociedad española, y supone un acto de materialización de los compromisos que derivan de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

Otro de los objetivos fundamentales de esta investigación ha sido el análisis de diferentes puntos señalados por la historiografía y la tradición oral como lugares en donde se localizaban víctimas mortales en fosas, tales como el cementerio de San Juan, en La Laguna, una fosa localizada en torno a Los Rodeos, una sepultura descubierta en el interior de una antigua cárcel en La Laguna, el Pozo en Fuente Cañizares en La Laguna, una cueva en el Tablero, una cueva de Bocacangrejo, el Pozo de los Alemanes en Arona, unas localizaciones en Valle Jiménez y San Andrés y por último, la localización de las fosas existentes en el interior del Cementerio de Santa Lastenia, que se relaciona con las personas fusiladas en la batería del Barranco de El Hierro.

Pese a la ralentización de los trabajos debido a la pandemia motivada por la COVID-19, se ha avanzado en nuevas líneas de investigación y se ha adelantado el trabajo de perfilar la ubicación de dichas localizaciones, para en un futuro proyecto poder sondear algunos de los que parecen tener más probabilidades de poseer restos de víctimas mortales.

Para la ejecución del proyecto, denominado ‘Estudio preliminar para la localización de fosas en la isla de Tenerife’, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad concedió el 14 de noviembre de 2020 una ayuda directa con carácter excepcional de interés público a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife, por importe de 15.900 euros.

Carla Vallejo señala que los datos derivados de dicha investigación abonan la posibilidad de profundizar en las investigaciones iniciadas y justifican en algún caso el inicio de labores de prospección.

En esta línea, indica, el Gobierno de Canarias sigue trabajando en diversos proyectos para localizar a las personas desaparecidas afectadas por la represión de aquel momento histórico y este año emprenderá otros proyectos en el mismo sentido, en el marco de los compromisos en la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática constituida el pasado mes de marzo.

En dicha conferencia se aprobó, por unanimidad, el reparto y distribución de tres millones de euros, para actividades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, de los que 71.707,65 de euros corresponden a Canarias.

Así, con cargo a dichos fondos se han propuesto dos proyectos a desarrollar en la isla de La Palma; uno para un estudio con Geo-radar 3D multifrecuencia en una cela situada en Fuencaliente y, el otro, para la realización de sondeos en busca de fosas de personas represaliadas de la Guerra Civil, cada uno de los cuales cuenta con un presupuesto de 15.996 euros.

Se contempla asimismo una partida de 5.889,51 euros para llevar a cabo un estudio sobre posible localización de las víctimas canarias de la Guerra Civil que figuran como desaparecidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma, así como otro proyecto, por importe de 33.826,14 euros, para la revisión y actualización del Mapa Georeferenciado de Fosas de Canarias y del Portal de Memoria Histórica de Canarias.

 

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Gobierno y Parlamento homenajean a las víctimas canarias del campo de concentración y exterminio de Mauthausen

Gobierno y Parlamento homenajean a los canarios del campo de concentración de Mauthausen

La Cámara autonómica acoge hasta el próximo 3 de julio la exposición ‘186 escalones, en memoria de los canarios de Mauthausen. 1945-2021’, del escritor y periodista palmero Eduardo Cabrera
La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, con competencias en memoria histórica, ha financiado la exposición que, para Julio Pérez, es un acto de memoria, justicia y consuelo

El Gobierno de Canarias y el Parlamento autonómico han rendido hoy homenaje a los 45 canarios que estuvieron prisioneros durante la II Guerra Mundial en el campo de concentración de Mauthausen (Austria) en un acto celebrado en la Cámara regional con el objetivo de que la sociedad canaria conozca el sufrimiento de quienes padecieron el horror de los campos de concentración nazis y mantener viva su memoria. La situación que padecieron los canarios en el campo de exterminio, 28 de los cuales fueron asesinados, se puede conocer a través la exposición ‘186 escalones, en memoria de los canarios de Mauthausen. 1945-2021’, del escritor y periodista palmero Eduardo Cabrera, que permanecerá hasta el 3 de julio en la sala Estatuto de Autonomía del Parlamento canario.

El presidente de la Cámara, Gustavo Matos, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, el presidente de la Fecai, Mariano Zapata, y el autor de la exposición intervinieron en el acto, en el que también participaron la chelista Caridad Rosa Varona, que interpretó la pieza musical ‘La lista de Schindler’ del autor John Williams; así como la escritora y Medalla de Oro de Canarias 2016 Elsa López, quién recitó los nombres y apellidos de los canarios de Mauthausen y sus lugares de procedencia.En el homenaje estuvieron presentes asimismo la viceconsejera de Justicia y la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet.

Cabrera dijo que las víctimas canarias de Mauthausen, que han vivido demasiado tiempo en el olvido, sufrieron la mayor aberración de la que es capaz el ser humano. “Hoy volvemos a pronunciar sus nombres y podemos decir, por fin, que ya están de vuelta, ya están en casa”, afirmó.

Pérez mostró su satisfacción por el hecho de que su departamento, que tiene competencias en materia de memoria histórica, haya contribuido con su financiación a la realización de la exposición, que tiene, remarcó, una dignidad y una calidad verdaderamente singulares. El consejero destacó que el homenaje a los canarios en los campos de concentración nazis es importante porque no supone un acto de rencor, sino de memoria, justicia y consuelo.

Al respecto, precisó que el acto construye memoria, sin la cual no se puede vivir, supone un acto de justicia, que siempre es oportuna, para los 45 canarios y otros ciudadanos que sufrieron el horror del holocausto, y representa un acto de consuelo porque ante el horror y la maldad siempre cabe preguntarse si la humanidad verdaderamente progresa o no, si es mejor ahora que hace años y si es posible el consuelo. “Sí es posible porque sin esa posibilidad no sería viable vivir”, añadió.

El presidente del Parlamento afirmó que con esta exposición, el recuerdo de los canarios de Mauthausen “permanece vivo, porque no los hemos olvidado”. Indicó que estas personas no acabaron ahí de forma aleatoria, “sino que eran demócratas y republicanos que tuvieron la desgracia de ser perseguidos en nuestro país”. Esa persecución, subrayó, “tuvo que ver con su lucha por la libertad, por la democracia y con la defensa de un mundo mejor”.

Matos señaló que la historia de los canarios en los campos de concentración nazis es “profundamente desconocida” y, en su intervención, recordó el caso de Sebastián Perera, concejal socialista en San Cristóbal de La Laguna en la II República que, tras pasar por las prisiones de Fyffes y Barcelona, huyó a Francia y terminó, finalmente, en un campo de concentración nazi en la II Guerra Mundial. “Murió víctima de los nazis por haber cometido el único pecado de defender la democracia y las ideas progresistas”. El presidente hizo hincapié en la necesidad de no olvidar historias como esta, “porque la democracia es muy frágil y se rompe cada día”.

El presidente de la Fecai agradeció el trabajo, el esfuerzo y la implicación de todas las personas que han hecho realidad el proyecto con el que se pretende traer de vuelta a casa a las víctimas canarias de Mauthausen. Zapata señaló que en las fuentes documentales constan entre las víctimas del campo de concentración vecinos de cinco de las ocho islas, pero, agregó que con independencia del origen y de los nombres, todas las víctimas son canarias.

Un viaje incómodo, pero necesario

Tras el recuerdo a las víctimas se inauguró la exposición, que consta de seis paneles explicativos en los que, en castellano e inglés, se narra el recorrido de los prisioneros, desde su llegada al pueblo de Mauthausen, a orillas del Danubio, pasando por el campo de concentración y la cantera de 186 escalones en la que los prisioneros realizaban los trabajos forzosos.

El trazado de la muestra culmina en la ‘Habitación de los nombres’ que, según Cabrera, es un lugar de recogimiento y reflexión donde se pueden visualizar los nombres y apellidos de las víctimas, tanto de las fallecidas como de las supervivientes, y su lugar de procedencia “para que podamos traerlos de vuelta a casa.

Aseguró que es un viaje incómodo, pero necesario, y manifestó que cualquier persona normal puede convertirse en un monstruo si se dan las circunstancias adecuadas, circunstancias que se construyen con discursos que siembran el conflicto, la diferencia, el rencor y la sed de venganza, y también utilizando las palabras para sembrar el odio hacia otros seres humanos.

“Hoy tenemos la historia, por eso es tan importante contarla tal y como sucedió, con sus luces y sus sombras, porque solo así podremos trasmitir a las generaciones venideras el aviso de lo que somos capaces de hacer si nos dejamos llevar por la semilla del odio”, enfatizó Cabrera, quien pidió recoger el testigo y volver a pronunciar los nombres de quienes lucharon para sobrevivir y contarle al mundo lo que sucedió en los campos de exterminio nazis.

“No dejemos escapar la ocasión para contarlo a quienes mañana tendrán en sus manos las decisiones y las palabras. Construyamos un mañana en el que no quepa repetir el pasado”, solicitó Cabrera, quien ha realizado investigaciones in situ en distintos campos de concentración de Austria, Polonia y Alemania.

Canarios en Mauthausen

Algunos de los canarios en Mauthausen fueron reclutados para combatir en la Península durante la Guerra Civil. Otros, que estaban presos en Canarias fueron intercambiados por otros presos de la Península y, al término de la Guerra Civil, se vieron obligados a huir a Francia, donde algunos continuaron presos y otros se unieron a la resistencia. Capturados por los nazis tras la invasión de Francia, fueron enviados al campo de concentración y exterminio.

La cifra establecida de 45 canarios, 28 asesinados y 17 supervivientes de Mauthausen, está constatada con las distintas fuentes y archivos consultados, entre ellos el archivo oficial del Memorial de Mauthausen. Todas las víctimas son hombres, no figuran mujeres dado que no fueron llamadas a combatir, circunstancia por la que no fueron prisioneras.

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Canarias dispone ya de la primera sala de bioseguridad para autopsias por Covid y otras causas infecciosas

Canarias dispone ya de la primera sala de bioseguridad para autopsias por Covid y otras causas infecciosas

Se ubica en el IML de Las Palmas y se trata de un espacio completamente independiente del resto instalaciones para evitar la contaminación de otras estancias y garantizar la seguridad del personal

La consejería de Administraciones Públicas, Justicia e Igualdad, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha invertido 487.807,18 euros en la obra y el equipamiento de la nueva sala

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en marcha en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas una sala de autopsias de bioseguridad nivel 3 (BSL-3) para la realización de necropsias de personas fallecidas por la Covid-19 y por otras causas infecciosas. Esta sala es la primera de estas características en Canarias y estará también a disposición de los hospitales para la realización autopsias clínicas, con el objeto de avanzar en proyectos de investigación.

Con esta nueva instalación, el IMLCF de Las Palmas se convierte en uno de los institutos de medicina legal punteros en España en el que se podrán realizar, con las máximas garantías de seguridad, aquellas autopsias de personas fallecidas como consecuencia de la Covid-19 y de otro tipo de patógenos como el ébola, gripe aviar, síndrome respiratorio agudo y grave, brucelosis, tuberculosis multirresistente y cualquier otro virus que se pueda desarrollar en el futuro, según explicaron hoy en el acto de presentación de este nuevo espacio Julio Pérez, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la directora del IML de Las Palmas María José Meilán.

Este tipo de salas se caracterizan por una serie de instalaciones dirigidas a aislar el ambiente y evitar la salida de cualquier elemento infectado de las mismas, y es tan específico que actualmente la normativa está en proceso de adaptación existiendo sólo su aplicación en laboratorios de alta seguridad de investigación.

El consejero destacó la seguridad en el trabajo, la calidad del resultado y el progreso en el conocimiento como valores que se incorporan en el sistema público judicial como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la sala de bioseguridad. Así, precisó que las y los trabajadores realizarán su labor en condiciones de absoluta seguridad, según los conocimientos que existen actualmente, remarcó el impulso a la calidad del resultado del trabajo profesional y señaló el progreso del conocimiento y el avance de la ciencia médica y judicial.

Pérez indicó que esta actuación se enmarca en las medidas de modernización de la justicia promovidas por el Gobierno de Canarias, desde el que se aspira a que las 15 salas de autopsias disponibles en Canarias –entre dependencias de los IML y de los hospitales públicos- cuenten con la mayor seguridad, lo que dependerá, aclaró, de los espacios disponibles para este tipo de instalaciones y del presupuesto del que se disponga.

Bonnet explicó que la sala de bioseguridad es completamente independiente del resto de instalaciones del Instituto de Medicina Legal para evitar la contaminación de otras estancias y garantizar la seguridad del personal, indicó que se ha construido en un espacio antes ocupado por archivos y resaltó que dicha instalación cubre una necesidad para la realización de autopsias por causas infecciosas puestas de manifiesto y demandadas por las y los profesiones hace tiempo.

La directora general especificó que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha invertido un total de 487.807,18 euros, que incluye la obra civil, sistemas de ventilación y climatización, puertas automáticas, equipamiento y mobiliario, así como equipo de videograbación y digitalizador de aparato de rayos X.

Meilán agradeció la sensibilidad del departamento que dirige Julio Pérez para hacer real esta demanda que surgió tiempo atrás con el Ébola y el SARS, y recordó que la necesidad de disponer de una sala de estas características se detectó en las primeras semanas de la pandemia por la Covid-19. La directora del IML de Las Palmas puso en valor que esta sea la primera sala de estas características que existe en Canarias y habló de la importancia de este tipo de instalaciones para avanzar en las investigaciones que permitan conocer las causas exactas de las muertes por la Covid-19, ya que existen muy pocos estudios al respecto.

Nivel de bioseguridad 3

La sala de autopsias de bioseguridad nivel 3 (BSL-3) se diferencia de una instalación de autopsias normal en que se trata de una sala estanca, separada del resto de instalaciones mediante un sistema de esclusas de doble puerta con cierre sellado y con diferentes presiones que aseguran un flujo de aire hacia el interior impidiendo la salida de gases a otras dependencias.

Para evitar la presencia de virus en forma de aerosoles, dijo, se potencian los sistemas de ventilación y se les dota de filtros especiales, además de incrementar la periodicidad de la renovación de aire.  Asimismo, y para evitar la salida de patógenos a través del agua utilizada o cualquier otro fluido, cuenta con dispositivos especiales de tratamiento químico del agua, de modo que solo se evacúa al saneamiento general una vez tratado.

La sala de nivel 3 cuenta con una cabina de seguridad biológica para la manipulación de las muestras potencialmente contagiosas con el objetivo de que cuando salga una muestra de ese recinto lo haga ya preparada perfectamente para que quien la manipule no tenga riesgo de contaminación.

Esta instalación tiene dos circuitos limpios y diferenciados, que nunca se juntan: uno para las personas que trabajarán con el cadáver y, otra, para el propio cuerpo. En la primera de ellas, las personas tienen que pasar por diferentes estancias para colocarse los Equipos de Protección Individual (EPI) y, al terminar, se accede a una ducha y espacios para que las personas que trabajan con el cadáver puedan realizar una completa descontaminación. Mientras, el cadáver se guarda en una cámara frigorífica y se traslada a la sala de autopsia por otro circuito independiente.

Videograbación de autopsias

Bonnet expuso que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Justicia actualmente, en el marco de las medidas para la digitalización de la Administración, está implantado en parte de sus salas de vistas judiciales el nuevo sistema de grabación de vistas, con el que se ha equipado también a esta nueva sala de autopsias de forma que se pueda compartir la documentación bidireccional entre los juzgados e IML.

Agregó que, en línea con el objetivo de digitalización, acentuado por la situación de pandemia y como práctica dirigida a evitar el contacto y la transmisión del virus, también se ha dotado a las instalaciones del IML de un digitalizador del aparato de radiología.

Asimismo, detalló, todas las instalaciones se han ejecutado con tecnología de domótica de forma que desde un ordenador se puede controlar y comandar el funcionamiento de toda la sala como fijar la temperatura de la sala, apertura y cierre de puertas, encendido, apagado y regulación de la iluminación.

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Los juzgados Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y La Orotava disponen ya de espacios funcionales para víctimas

Los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y La Orotava disponen ya de espacios funcionales para las víctimas

La Consejería de Administraciones Públicas continúa con el proceso para facilitar espacios respetuosos que garanticen la confidencialidad y la intimidad y donde la víctima pueda recibir la atención adaptada a sus circunstancias y condiciones personales

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, continúa con el proceso emprendido en los edificios judiciales de las Islas con el objeto de crear espacios funcionales para mejorar la asistencia a las víctimas del delito, y ha concluido las actuaciones en los juzgados de La Orotava, que disponen ya de zonas amables y cercanas para las víctimas, adecuadas además a menores de edad. Actualmente, estos espacios están disponibles también en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria y de Arrecife, a los que seguirán los de Santa Cruz de Tenerife, en cuyas instalaciones se está trabajando actualmente para adaptarlas a una arquitectura humanizada que se perciba como cercana.

Estas actuaciones, desarrolladas a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, se implementarán en todas las Islas y tienen como objetivo habilitar zonas destinadas a las víctimas, con la finalidad de ofrecer espacios respetuosos, que garanticen la confidencialidad y la intimidad y donde cada persona pueda recibir la atención adaptada a sus circunstancias y condiciones personales.

Con estas medidas se da cumplimiento a Ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito, que dedica una especial atención a las víctimas de violencia de género y aquellas consideradas de mayor vulnerabilidad, como son los menores y personas con discapacidad, y en la que se establecen y regulan adaptaciones técnicas y medidas con el objeto de que el paso de estas personas por los procedimientos judiciales sea fructífero y evite la revictimización.

Para ello, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ) adjudicó el pasado año dos contratos con un despacho de arquitectos especializados, con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para el desarrollo de un estudio funcional de todas las zonas judiciales sobre espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas.

Oficina Virtual

Además de la mejora de las zonas físicas en los órganos judiciales, la Consejería de Administraciones Pública ha puesto en funcionamiento recientemente la Oficina Virtual de Atención a las Víctimas del Delito, un servicio online de acompañamiento y asistencia psicológica y jurídica especializada mediante el uso de aplicaciones móviles, el teléfono y un chat.

Se pone así a disposición de las víctimas una vía de comunicación que se percibe menos invasiva y de la que podrán hacer uso siempre que así lo requieran y sin necesidad de haber presentado denuncia previa.

Mediante la asistencia virtual, la persona usuaria siempre dispondrá de la opción de ocultar la conversación, marcándola como modo incógnito para que su visita a la web no deje rastro en el dispositivo desde el que se conecta.

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El Gobierno canario implanta un sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica

Implantación sistema sistema de comparecencias judiciales a distancia, geolocalizadas y con identificación biométrica

Se sustituye la personación física por una identificación remota que, progresivamente, se generalizará al resto de órganos judiciales de la Comunidad Autónoma

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha en los juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria un sistema remoto de comparecencias por el que se sustituye la personación física por una identificación biométrica remota y segura a través del móvil. Se trata de una experiencia pionera en todo el Estado que, progresivamente, se generalizará al resto de órganos judiciales de la Comunidad Autónoma.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, explica que se trata del Sistema de Comparecencias Apud Acta en Remoto (SCAAR), desarrollado por la empresa Inetum para la Administración de Justicia de Canarias y cuya implantación implica gran cantidad de ventajas, tanto para la persona sobre la que se fija la medida judicial de comparecencias periódicas, que podrá sustituirlas, si así lo consiente, por su verificación remota a través de su teléfono móvil, como para la propia Administración de Justicia.

Vallejo detalla que mediante esta tecnología se pasa de un proceso netamente manual y humano de verificación de comparecencias a un sistema íntegramente digital que, además, se integrará dentro del Sistema de Gestión Procesal generando notificaciones y alertas inmediatas. Destaca que se gana en eficiencia y maximización de las capacidades de recursos humanos de la Administración de Justicia al informatizar una labor que antes solo podía hacerse a través de la presencia física directa.

Asimismo, resalta su especial trascendencia y virtualidad en estos momentos de crisis sanitaria, pues evita traslados y acumulación de personas en los órganos judiciales y profundiza en la tónica de apoyarse en las nuevas tecnologías para mejorar el servicio público.

Sistema remoto

El Sistema de Comparecencias Apud Acta en Remoto habilita la sustitución de la personación física en los días marcados por la autoridad judicial cuando se acuerda una medida cautelar por una identificación biométrica remota y segura a través del móvil. Para su desarrollo, ya implementado y contrastado con éxito en mercados como el de la aeronáutica, control de fronteras o bancario, entre otros, cuenta con sistemas de verificación documental y sistemas de biometría facial.

Se trata de una solución bifásica en la que la persona compareciente verifica su identidad con cualquier documento válido y genera su credencial biométrica a través de reconocimiento facial. Una vez generada la credencial, se emplea para verificar su identidad a distancia acompañada de una geolocalización que permite verificar que la persona se encuentra en el territorio en el que debe permanecer.

De esta manera hay una doble comprobación. En primer lugar, una verificación de la identidad de la persona, indispensable para garantizar la comparecencia, y en segundo lugar la identificación biométrica que confirma y evita el fraude de identidad.

En cuanto a la seguridad y fiabilidad, los sistemas de biometría facial soportan tecnologías para evitar usos fraudulentos con máscaras o fotografías que puedan propiciar una suplantación de identidad y garanticen que, en base a un algoritmo calculado entre una tasa definida la evidencia facial capturada, es de una persona real y coincidente con la tenedora del documento verificado

 

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