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Aprobada la nueva regulación de Consumo que agiliza y adapta a las nuevas tecnologías las reclamaciones

Las empresas estarán obligadas a relaciones con la administración de forma electrónica y los consumidores podrán presentar sus discrepancia tanto online como en papel

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves, a instancias de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, tras el oportuno informe del Consejo Consultivo de Canarias, el nuevo decreto por el que se regulan los servicios de atención a la clientela y las características de obtención de las hojas de reclamaciones y su tramitación administrativa online, a través de la sede electrónica.

Según el nuevo procedimiento, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias los comerciantes y demás empresas deberán obtener las hojas de reclamaciones para sus establecimientos, ya sea en papel o través de un sistema de códigos QR, que pondrán a disposición de los consumidores y usuarios para que puedan interponer sus denuncias, quejas y reclamaciones.

De esta forma, se agiliza el procedimiento para las reclamaciones y denuncias, y las empresas estarán obligadas a relacionarse con la administración de forma electrónica mientras que los consumidores podrán presentar su queja tanto de forma telemática como en papel.

El decreto contempla, a su vez, la obligación de las personas empresarias de poner a disposición de los usuarios un servicio de atención a la clientela ya sea de forma presencial, en el propio establecimiento o a distancia.

El servicio de atención a la clientela a distancia se prestará a través de una dirección postal o electrónica, así como por cualquier otro medio, como un número de teléfono que deberá ser gratuito en el caso de servicios básicos como luz, agua, financiero, seguros, transporte aéreo, ferroviario o por carretera, servicios de protección de la salud y saneamiento o residuos.

Asimismo, las personas empresarias de Canarias estarán obligadas a efectuar los procedimientos y trámites previstos en esta norma a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Inicialmente, deberán solicitar por esta vía las hojas de reclamaciones y, de forma inmediata, recibirá por parte de la Administración la siguiente documentación: el cartel anunciador de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de las personas consumidoras y usuarias; el código QR que el establecimiento deberá facilitar a la clientela para la descarga en su dispositivo electrónico, a través del cual podrá acceder al formulario de la hoja de reclamaciones electrónica, y el formulario en formato impreso que deberá entregar a la persona reclamante que no pudiera o no quisiera optar por el formato electrónico.

La entrega debe ser inmediata y gratuita y, en caso de negativa a facilitarla, la persona consumidora podrá solicitar el auxilio de los agentes de autoridad para que se haga constar la circunstancia de la inexistencia de las hojas de reclamaciones o bien la negativa a facilitarla.

Tras la correspondiente cumplimentación de sus reclamaciones, ya sea con sus presentación online, o mediante registro físico ante la administración, si ésta se formula en formato impreso, se sustanciará el expediente desde las respectivas oficinas de información al consumidor para su remisión a la Dirección General de Comercio y Consumo para que lleve a cabo las actuaciones necesarias.

El Consejo de Gobierno autoriza la recuperación de la rebaja salarial aplicada en 2010 en Funcatra

El personal de la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo vio minorado su salario un 5% en 2010, como consecuencia de las medidas de austeridad y contención del déficit público aplicadas para combatir la crisis financiera y ahora lo recupera

El Consejo de Gobierno acordó hoy autorizar el acuerdo colectivo en materia de personal pactado en la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra), para la recuperación del cinco por ciento de las retribuciones minoradas al personal en el año 2010.

En concreto, la reducción del salario del personal de Funcatra, se produjo en aplicación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y que desembocó en esa rebaja del cinco por ciento al personal de las fundaciones públicas con presupuesto estimativo.

Ahora, la vigente Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2023, en su disposición adicional trigésima novena, en la que se aborda la negociación con la plantilla de estas fundaciones para recuperar lo minorado, dispone que el acuerdo alcanzado podrá tener carácter retroactivo, pero nunca con fecha anterior al 1 de enero de 2019.

Además, se estableció que en la negociación con los trabajadores y trabajadoras se garantizaría la estabilidad presupuestaria, entendida como situación de equilibrio financiero, lo que el Consejo de Gobierno considera garantizado con la propuesta presentada por la consejera de Economía, conocimiento y Empleo, a cuyo departamento está adscrita Funcatra.

El acuerdo aprobado hoy parte de la declaración de que Funcatra acredita su capacidad para hacer frente, con sus propios medios, a la recuperación y restablecimiento de las retribuciones minoradas desde el 1 de enero de 2019 a todo el personal que trabajaba en la Fundación en aquella época, sin que se espera que esta medida tenga un impacto económico significativo en sus cuentas.

El Gobierno encomienda la gestión de la 39ª Feria de Artesanía de Canarias al Cabildo de Tenerife

La Consejería de Turismo, Industria y Comercio aporta 336.000 euros y la organización correrá a cargo de la Corporación insular mediante la suscripción de un convenio

La muestra regional de productos artesanos se celebrará del 5 al 10 de diciembre

El Gobierno de Canarias autorizó este jueves en Consejo la suscripción de un convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y el Cabildo Insular de Tenerife para la organización de la 39ª Feria de Artesanía de Canarias a la que este Departamento del Gobierno destina 336.000 euros.

Se trata del evento más consolidado de cuantos se realizan en las islas con el fin de fomentar la difusión y la comercialización del producto artesano canario. Esta feria, con casi 4 décadas de historia, se celebra de forma alternativa cada año en las dos islas capitalinas, por lo que en esta edición, y tras celebrarse en 2022 en Gran Canaria, el turno corresponde a Tenerife. La edición 2023 tendrá lugar de los días 5 al 10 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife.

El Ejecutivo ha considerado hoy que para su organización se celebre el correspondiente convenio de encomienda de gestión por la mayor proximidad y conocimiento del Cabildo respecto a las personas artesanas participantes, como los medios humanos de los que dispone, lo que redundará en una mayor eficacia en la celebración del evento, permitiendo además al Cabildo la facultad para resolver cualquier circunstancia que pudiera surgir durante el desarrollo de este.

La Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias será el departamento responsable de la coordinación, supervisión y control de los trabajos objeto de la encomienda además de la creación de una comisión de seguimiento para el buen desarrollo de la feria.

El recinto ferial deberá albergar al menos a 140 personas o empresas artesanas que estén en posesión del carné de artesano o documento de calificación de empresa artesana en vigor e, inscritos, en situación de alta en el Registro de Artesanía de Canarias. Asimismo, deben tener reconocido el derecho de uso de la marca Artesanía Canaria.

El Gobierno solicita dictamen al Consultivo sobre el proyecto de decreto de protección de la atmósfera

El documento tiene por objeto asegurar la protección atmosférica canaria frente al daño producido por actividades potencialmente contaminantes

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha tomado en consideración y solicitado el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el proyecto de decreto de protección de la atmósfera de Canarias.

Este proyecto de decreto tiene por objeto asegurar la protección de la atmósfera frente al daño producido por actividades potencialmente contaminantes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la prevención, vigilancia y reducción de este tipo de polución producida por las instalaciones que las desarrollan.

La finalidad del proyecto es, por tanto, la protección de la atmósfera de las islas, que se constituye como un objetivo básico del Gobierno, conforme a los principios y fines de la normativa internacional, europea y estatal en materia de prevención, vigilancia y reducción de este tipo de acciones nocivas, siendo entendida como un bien común indispensable para la vida pues, todas las personas tienen el derecho de su uso y disfrute, así como la obligación de su conservación.

Como aspecto singular, este proyecto establece referencias en materia de objetivos de calidad del aire por olor, a fin de concretar las obligaciones de prevención y control de las emisiones de los contaminantes que lo provocan.

El Gobierno de Canarias, a nivel jurídico, considera necesario conseguir una adecuada aplicación en el ámbito territorial del archipiélago de la normativa básica del Estado en materia de protección de la atmósfera, en particular, en relación con las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA) contempladas en la Ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera y en el Real Decreto 100/2011, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.

Además, de acuerdo con la Ley 5/2002 del Consejo Consultivo de Canarias, considera preceptivo el dictamen de dicho órgano consultivo, pues se trata de un proyecto de reglamento de desarrollo de normas estatales básicas, concretamente de la Ley 34/2007, Real Decreto 100/2011 y Real Decreto 1042/2017 sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedente de las instalaciones de combustión medianas.

El Gobierno aprueba un aumento de crédito para finalizar los trabajos en la balsa de Vicario

El crédito inicial de esa obra en La Palma era de 9.386.263 euros y este acuerdo supone una transferencia de 2.305.452 euros

El Gobierno de Canarias ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, un incremento de crédito por importe de 2.305.452 euros para la conclusión del proyecto de inversión de la balsa de Vicario y la conexión hidráulica de La Laguna de Barlovento con el Canal Garafía-Tirajafe, en la isla de La Palma.

En concreto, esta modificación presupuestaria se centrará en la finalización de las obras del sistema hidráulico de la viña, Fase 2-A. Esta actuación forma parte del Convenio de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de actuaciones en materia hídrica en las islas.

Cabe recordar que el crédito inicial para la ejecución de esta obra fundamental para la isla era de 9.386.263,04 euros, correspondientes a las cuentas de la Dirección General de Aguas del Ejecutivo regional.

La utilización de este crédito se justifica por la proximidad de la fecha límite para la finalización del contrato y porque el crédito restante de los proyectos utilizados como cobertura permite iniciar las actuaciones planificadas con cargo a los mismos. Además, se puede disponer de 2.305.452.20 € para esta modificación presupuestaria sin generar una deuda en el presente ejercicio presupuestario.

Las obras proyectadas se componen de una balsa de materiales sueltos y una lámina de impermeabilización interior de PVC, de 1,45 hectómetros cúbicos de capacidad, conectada al canal Garafía-Tijarafe mediante una tubería de gravedad y una impulsión, que la conecta con el sistema hidráulico del Valle de Aridane. Los trabajos se desarrollan en el ámbito de la balsa de Vicario y en el de la conexión Barlovento-Garafía.

Respecto a la conexión hidráulica entre la laguna de Barlovento y el canal Garafía-Tijarafe, se trata de una conducción de más de 13 kilómetros de tubería de acero galvanizado de 250 milímetros de diámetro, a lo que hay que añadirle la valvulería asociada.

El Gobierno aprueba el tercer ciclo del Plan Hidrológico Insular de El Hierro

Este acuerdo contribuye a cumplir con lo establecido en las directivas europeas y a evitar una posible sanción por no tener actualizados dichos documentos

El Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aprobado definitivamente el tercer ciclo del Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro, que abarca hasta el año 2027.

A través de este acuerdo se da cumplimiento a las directivas europeas relacionadas con este ámbito de gestión, así como a los requerimientos de la Comisión Europea a los efectos de evitar una sanción por no tener actualizados estos documentos.

Este instrumento de gestión se encarga de regular los aspectos jurídicos, técnicos y administrativos vinculados con el ciclo del agua, el dominio público y el patrimonio hidráulico de la citada demarcación.

El vigente Plan Hidrológico Insular de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro, segundo ciclo de planificación fue aprobado por Decreto 184/2018, de 26 de diciembre con la finalidad de cumplir la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

Este último ciclo tiene por objeto establecer las medidas para conseguir los objetivos de la planificación hidrológica en la Demarcación Hidrográfica de El Hierro, y concretamente, para las masas de agua y las zonas protegidas, los objetivos ambientales definidos en el artículo 92 bis del Texto Refundido de Ley de Aguas.

Antes de llegar al Consejo de Gobierno, ha sido aprobado provisionalmente por el Cabildo Insular de El Hierro mediante Acuerdo de su Pleno, de 7 de noviembre de 2022. Una vez aprobado, este Plan tendrá la consideración de Plan Territorial Especial y, además, prevalecerá sobre los restantes instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística vigentes.

El Gobierno aprueba el Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación de El Hierro

Este acuerdo contribuye a cumplir con lo establecido en las directivas europeas y a evitar una posible sanción por no tener actualizados dichos documentos

El Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aprobado definitivamente el segundo ciclo del Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro, que abarca hasta el año 2027.

A través de este acuerdo se da cumplimiento a las directivas europeas relacionadas con este ámbito de gestión, así como a los requerimientos de la Comisión Europea a los efectos de evitar una sanción por no tener actualizados estos documentos.

El Parlamento Europeo, en la Directiva 2000/60/CE, establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Entre sus objetivos, se determina establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, que contribuya a paliar los efectos de las inundaciones y sequías.

Aunque estos dos importantes fenómenos extremos que se producen con cierta frecuencia en el territorio español no se abordan en profundidad a lo largo de la citada Directiva, uno de ellos (el de las inundaciones) sí ha sido objeto de desarrollo específico mediante la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

Esta Directiva de Inundaciones viene a generar nuevos instrumentos a nivel comunitario para reducir las posibles consecuencias de las inundaciones mediante la gestión del riesgo, apoyándose en una cartografía de peligrosidad y riesgo.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la citada Directiva, se ha procedido a la revisión y actualización del Plan Especial de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica de El Hierro. Este procedimiento incluye la evaluación preliminar del riesgo de inundación, la elaboración de los mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación y la aprobación de los planes de gestión del riesgo de inundación.

El presente Plan ha sido aprobado provisionalmente por el Cabildo Insular de El Hierro mediante un acuerdo de su pleno.

Desde el punto de vista territorial y urbanístico, los Planes Especiales de Gestión del Riesgo de Inundación merecen la calificación jurídica de “planes sectoriales con impacto sobre el territorio”, de acuerdo con la Disposición Adicional cuarta de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Este plan, una vez entre en vigor, tendrá la consideración de Plan Territorial Especial y  prevalecerá sobre los restantes instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística vigentes.

Sanidad destina 143,7 millones de euros a la adquisición de medicamentos y material de enfermería

El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería a contratar un suministro de medicamentos exclusivos, por importe de 118,9 millones, otro de medicamentos genéricos, por 19,5 millones, y material desechable de enfermería, por 5,1 millones

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves a la Consejería de Sanidad a realizar un gasto total de 143.717.593,51 euros en la adquisición de medicamentos y el aprovisionamiento de material desechable de enfermería, con destino a los centros asistenciales del Servicio Canario de la Salud.

El gasto autorizado se desglosa en tres suministros, de los que el de mayor presupuesto de licitación se corresponde a la contratación, por 118.957.064,66 euros, de medicamentos de uso humano fabricados en exclusividad por empresas farmacéuticas mientras dure la vigencia de las patentes.

Estos medicamentos, que saldrán a licitación en 75 lotes, se indican para el tratamiento de distintas enfermedades, entre las que se incluye la artritis, la dermatitis atópica, distintos tipos de cáncer, virus de inmunodeficiencia adquirida, la profilaxis de la migraña en adultos o el angioderma.

La contratación se realizará mediante el procedimiento de compras centralizadas y la suscripción de acuerdos marco con las empresas suministradoras, por un período de vigencia dos años, prorrogables por otros dos.

Asimismo, el SCS prorrogará por otros dos años los acuerdos marco formalizados en 2021 para el suministro de medicamentos genéricos, por importe de 19.594.421,98 euros, entre los que se que incluyen antibióticos, antifúngicos, antivirales, agentes antineoplásicos e inmunomoduladores.

A estos dos suministros se añade un tercero, con un gasto autorizado hoy por importe de 5.166.106,87 euros, para la prórroga por un año del sistema dinámico de adquisición para el suministro de material desechable de enfermería.

Este sistema se estableció en junio de 2022 para el suministro de diverso material desechable de enfermería con destino a los centros sanitarios, fecha en la que se declaró la primera admisión de empresas, con un plazo inicial de 12 meses susceptibles de ser prorrogado hasta un máximo de 48 meses.

Sanidad contratará por 6,8 millones el servicio de vigilancia y seguridad del Hospital Universitario Dr. Negrín

El Consejo de Gobierno autorizó el gasto para licitar, por treinta y seis meses, el servicio vigilancia, seguridad y protección, así como el mantenimiento de los sistemas instalados y la participación en situaciones de emergencia

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 25 de mayo, a la Consejería de Sanidad a contratar por 6.811.758,21 euros el servicio de vigilancia, seguridad y protección del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, por un periodo de treinta y seis meses, prorrogable por otras doce mensualidades.

La contratación del servicio es imprescindible para la garantizar la actividad y asistencia sanitaria del hospital y tiene por objeto la vigilancia, seguridad y protección de las personas, los establecimientos, bienes y enseres del centro, así como el mantenimiento de los sistemas de vigilancia instalados y la participación en situaciones de emergencia.

El servicio se contratará mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada, de acuerdo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El Gobierno restituye con efecto retroactivo el 5% del sueldo al personal de la Fundación Tutelar Canaria

El acuerdo contempla la devolución de las retribuciones a un total de 36 personas que forman parte del personal de la institución social

Además, se acordó la jornada de 35 horas semanales para todo el personal de la Fundación, un total de 111 trabajadores

El Gobierno de Canarias ha autorizado hoy en Consejo de Gobierno la recuperación del cinco por ciento de las retribuciones minoradas al personal de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, M. P. (Fucas). La medida afecta a un total de 36 miembros del personal laboral de la institución.

En aplicación de esta autorización se otorga efectos retroactivos al acuerdo, para el personal de la plantilla anterior al 31 de diciembre de 2010, con fecha desde el 1 de enero de 2019, y para el personal contratado desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2018, a los que se les aplicó dicha reducción salarial, con efectos desde la fecha de su respectiva contratación laboral.

Este acuerdo se lleva a cabo tras la entrega al patronato por parte de la gerencia de Fucas de un informe sobre el restablecimiento de las retribuciones minoradas y que el órgano aprobó, por unanimidad de los presentes, para el restablecimiento de las retribuciones minoradas.

La minoración del 5% afectó al personal que prestaba sus servicios en la entonces Fundación Canaria Sagrada Familia, actualmente Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, en el ejercicio 2010, siendo un total de 46 trabajadores, de los cuales continuaban prestando servicios para la Fundación en enero de 2019, 20 trabajadores.

Asimismo, esta reducción se aplicó a todo el personal que se fue incorporando a la Fundación a partir de esa fecha y hasta el 1 de enero de 2019, cuando se comenzó a aplicar el XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad, de tal forma que afectó a otros 16 trabajadores incorporados en el año 2017 y 2018.

Partiendo de que esta reducción se aplicó de forma errónea a los trabajadores incorporados a la Fundación en fecha posterior al 1 de enero de 2011, se han realizado los cálculos de la devolución desde el inicio de su relación laboral.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno acordó también establecer la jornada de treinta y cinco horas semanales de trabajo efectivo para todo el personal de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social, en total, 111 personas trabajadoras.