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Los Presupuestos de 2023 crecerán un 11% y alcanzarán los 10.089 millones de euros

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la propuesta del consejero de Hacienda sobre el límite de gasto no financiero, que crece casi en 1.000 millones con respecto a las cuentas del presente año

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su reunión de hoy establecer un límite de gasto no financiero en los Presupuestos autonómicos del próximo año de 10.089,7 millones de euros, lo que supone 991,4 millones más que en 2022 y un crecimiento porcentual del 10,9%.

Los Presupuestos permitirán, de esta manera, mantener la intensidad en la prestación de los servicios públicos esenciales, especialmente condicionados por el impacto de la inflación; activar medidas de apoyo a los sectores más vulnerables, y contribuir a la dinamización de la economía canaria apostando por la inversión, tirando de la demanda y, por lo tanto, del empleo.

El incremento del gasto es posible, básicamente, por el crecimiento “excepcional” de los recursos que llegarán a Canarias del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), por importe de 1.246,4 millones de euros más que en el presente año: 703,4 millones de euros de incremento por la liquidación del año 2021 y 543 millones más por las cantidades a cuenta, en este caso para 2023. Estos aumentos ya estaban previstos en gran parte en el Plan y los Escenarios Presupuestarios para el trienio 2023-2025 aprobados por el Ejecutivo autónomo en abril de este año.

El acuerdo adoptado por el Gobierno señala, en todo caso y a la vista de las recomendaciones efectuadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que los Presupuestos se confeccionarán “evitando incrementos de gasto o reducciones de ingresos con carácter estructural para no deteriorar las finanzas públicas a medio plazo”, un riesgo que se agudiza al estar suspendidas excepcionalmente las reglas fiscales.

Es decir, se trata de evitar la consolidación de gastos cuya financiación no esté garantizada cuando desaparezcan los flujos extraordinarios de ingresos esperados en estos próximos años y se reactiven las reglas fiscales.

Por lo que respecta a la previsión de ingresos tributarios del Bloque de Financiación Canaria (BFC) y ante las incertidumbres económicas existentes, la Dirección General de Planificación y Presupuestos ha optado por utilizar el escenario pesimista contenido en el informe de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias del pasado mes de julio. Es decir, aquel que prevé un crecimiento del PIB real del 3,6%.

Además, a los importes excepcionales del SFA y de los ingresos fiscales propios se suman los recursos ordinarios de la Unión Europa (UE) y los fondos extraordinarios Next Generation EU, si bien estos se han calculado en función de lo garantizado a día de hoy, al momento de la aprobación del techo de gasto.

En este sentido, el Gobierno señala que “la elaboración de este límite de gasto, en cualquier caso, se ha efectuado bajo un escenario de incertidumbre, en el que todavía se mantienen en parte las medidas que se han tenido que adoptar para hacer frente a la pandemia del Covid-19, y ahora se añaden las consecuencias que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando en el contexto geopolítico y económico, y sus efectos en términos inflacionarios sobre la economía europea a través de un alza de los precios sin precedentes en energía, materias primas y alimentos”, que afecta no sólo a las familias y empresas, sino al sector público.

El límite de gasto no financiero se establece, además, con las reglas fiscales suspendidas, pero se mantiene la obligación del Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) y la referencia de la tasa del déficit público para las comunidades autónomas que ha fijado el Gobierno central: el -0,3% del PIB, la mitad que en el año en curso.

El Consejo aprueba la Estrategia Canaria de Formación Profesional Dual 2022-2026

El documento recibió ya el respaldo de patronales y sindicatos en el marco de la Mesa General de Concertación Social celebrada el pasado mes de junio

El Consejo del Gobierno aprobó hoy, miércoles 3 de agosto, la Estrategia Canaria de Formación Profesional (FP) Dual 2022-2026, instrumento que el pasado mes de junio el Ejecutivo autonómico pactó con patronales y sindicatos tras recibir su respaldo en el marco de la Mesa General de Concertación Social.

Este acuerdo convierte a las islas en la primera comunidad autónoma de España que cuenta con un documento que desarrolla la Ley Orgánica 3/2022, de Ordenación e Integración de la FP. En él han participado cuatro departamentos del Ejecutivo autonómico: Educación, Empleo, Turismo y Agricultura, que ofrecen diferentes modalidades de formación.

La FP Dual combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro educativo y se caracteriza por realizarse, generalmente, en régimen de alternancia. Los proyectos efectuados en esta modalidad pretenden proporcionar al alumnado la formación especializada y polivalente requerida y acercar las enseñanzas de FP a la realidad socioeconómica del mercado laboral a fin de responder a las necesidades de desarrollo personal y de cualificación de los diferentes sectores productivos.

La finalidad de esta herramienta es mejorar la cualificación de las personas y la competitividad de las empresas, así como adaptar la formación especializada a las necesidades inmediatas del mercado canario, en particular de las actividades relacionadas con la economía azul, transformación digital, transición energética, industrias creativas o economía de los cuidados. En definitiva, acelerar la transición hacia un modelo de educación continua a lo largo de la vida de las personas y mayor vinculación a los contratos laborales.

Entre los objetivos estratégicos de esta iniciativa se encuentran la determinación de un modelo canario permanente de FP Dual; fomentar el interés de esta modalidad entre las empresas; implicar al profesorado en estas enseñanzas; asegurar la calidad del aprendizaje; dotar a las islas de una normativa propia y estable en esta materia; incrementar la valoración de este tipo de títulos por parte de la sociedad e incentivar su uso mediante contratos de trabajo.

El impulso a la FP Dual es un compromiso adquirido al inicio de la actual legislatura y una meta marcada en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

Registra ya pasos importantes desde 2019, como un incremento de los grupos de 103 en el curso 2020-2021 a 122 en el de 2021-2022, y a los 205 previstos para el de 2022-2023. También, la concesión por primera vez de becas en esta modalidad formativa durante el curso 20/21 en beneficio de unos 1.000 estudiantes con un presupuesto de 500.000 euros, importe que se ha quintuplicado al alcanzar los tres millones de euros en el periodo lectivo que acaba de concluir. Al inicio de esta legislatura participaban en la FP Dual 733 empresas, que en el curso 2020-21 fueron 1.098 hasta alcanzar la cifra de 1.373 en el 2021-22.

Mediante la completa extensión a toda a la FP del carácter dual, que combina procesos de enseñanza y aprendizaje en régimen de alternancia entre el centro de formación y la empresa, el documento firmado pretende cualificar a la población joven con el objetivo de facilitar su inserción profesional para mantener la tendencia descendente del paro entre las personas menores de 25 años, una disminución del 12% en mayo en comparación con el mes de abril tras cinco meses de vigencia de la reforma laboral.

Autorizada la tramitación plurianual de dos programas de empleo que permitirán contratar a más de 1.000 jóvenes

La consejera de Empleo, Elena Máñez, durante la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias.

Los planes son ‘Primera experiencia profesional en las administraciones públicas e Investigo’, y prevén la incorporación de 1.100 personas al ámbito de las administraciones públicas o de los principales centros científicos y tecnológicos de las islas, con una inversión de más de 16,6 millones de euros

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy al Servicio Canario de Empleo, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a tramitar de una sola vez las subvenciones correspondientes a los años 2022 y 2023 de los programas Primera experiencia profesional en las administraciones públicas e Investigo.

Entre ambos programas, financiados con cargo del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia, se invertirán 16.607.753,98 euros en este bienio, de los que 8,6 millones corresponden al programa destinado a fomentar la contratación de jóvenes en situación de desempleo y sin experiencia laboral previa, de manera que adquieran competencias y habilidades profesionales en el seno de la Administración pública.

El segundo programa, Investigo, tendrá una dotación ligeramente superior a los ocho millones de euros en estos dos años y se centra en la contratación, durante un año, de jóvenes demandantes de empleo para realizar iniciativas de investigación e innovación.

El Consejo de Gobierno aprueba mantener iguales los precios públicos universitarios para el curso 2022-23

Los precios de las universidades públicas canarias están entre los más bajos del Estado, debido a que el Gobierno canario asume la diferencia entre lo que paga el alumnado y su coste real, abonándolo directamente a las universidades

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, miércoles 3 de agosto, el Decreto por el que se fijan y regulan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos de las Universidades Públicas Canarias para el curso académico 2022-23.

El documento, presentado conjuntamente por las Consejerías de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, mantiene las tarifas, bonificaciones, becas y exenciones del pago de matrículas del curso pasado.

Los precios de las universidades públicas canarias se encuentran entre los más bajos de España. Esto se debe a que el Gobierno canario asume la diferencia entre lo que paga el alumnado universitario de las islas y su coste real, cuantía que se abona directamente a las universidades.

Por acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria, se prorrogan para este periodo lectivo las condiciones acordadas para los cursos académicos 2020-21 y 2021-22, en relación con los límites máximos de los precios públicos de los estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios oficiales.

La reducción de los ingresos de las universidades públicas por la disminución de los precios desde el curso académico 2016/2017 se compensará a través de los presupuestos de estas instituciones.

El Decreto de precios públicos expresa en su preámbulo la voluntad de dar cumplimiento a la Ley Canaria de igualdad entre Mujeres y Hombres y a la Ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, a la vez que establece una exención en el pago de los precios públicos para las víctimas de violencia de género.

Tampoco tendrán que realizar su abono las personas beneficiarias de la prestación del Ingreso Mínimo Vital; quienes tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%; las víctimas de terrorismo y quienes se matriculen en las universidades públicas canarias, en virtud de acuerdos de movilidad con centros perteneciente a países no integrados en el Espacio Europeo de Educación Superior, siempre y cuando se trate de estancias inferiores a un curso académico y que haya reciprocidad en la exención de pago.

El estudiantado procedente de familias numerosas disfrutará de distintos grados de bonificación en función de los miembros de la unidad familiar, desde la gratuidad hasta el 50% del precio estipulado.

Están exentos del abono del precio público en concepto de duplicados de títulos universitarios quienes, como consecuencia de las erupciones volcánicas en La Palma, acrediten haber perdido sus títulos académicos originales emitidos por las universidades públicas canarias.

Respecto a los plazos fijados para el pago de las tarifas, en la modalidad de pago único, el abono deberá efectuarse en el momento de formalizar la matrícula y antes de que finalice el plazo ordinario de matrícula.

En la modalidad de pago fraccionado, el abono deberá efectuarse en seis plazos, en fechas designadas entre los meses de noviembre y abril. El estudiantado de los cursos de acceso a la universidad para personas mayores de 25 y de 45 años que opte por la modalidad de plazos, lo hará en dos pagos.

El Ejecutivo aprueba el proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias

Esta norma regula el estatuto y atribuciones del presidente o presidenta, y adecua la organización, régimen jurídico y funcionamiento de ambas instituciones a la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018

También tiene como objeto corregir las deficiencias, insuficiencias y carencias de la Ley 1/1983, que rige desde hace cuarenta años

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el proyecto de Ley de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, propuesta legislativa que tiene como objeto regular el estatuto y atribuciones del presidente o presidenta, la organización, régimen jurídico y funcionamiento del Ejecutivo de Canarias y de sus relaciones con el Parlamento autonómico, y, asimismo, la iniciativa legislativa y las potestades normativas del Gobierno.

Esta iniciativa se lleva a cabo ante la necesidad de adecuar el régimen, organización y funcionamiento de la Presidencia y del Gobierno de Canarias, instituciones que han estado regidas durante cuatro décadas por la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, primera y única ley aprobada por el Parlamento provisional.

El Ejecutivo canario ha entendido necesario adecuar el régimen, organización y funcionamiento de la Presidencia y del Gobierno de Canarias tanto como consecuencia de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, en el que se modifican la configuración de ambas instituciones, como por la conveniencia de corregir las deficiencias, insuficiencias y carencias que se han puesto de manifiesto durante la vigencia de la Ley 1/1983.

La propuesta normativa, que ahora deberá ser tramitada por el Parlamento de Canarias, aborda el desarrollo estatutario de dos instituciones básicas del autogobierno de la Comunidad Autónoma con una regulación actualizada y más completa de su régimen, organización y funcionamiento.

Esa reglamentación pone de relieve que al presidente o presidenta, además del desempeño de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Canarias, le corresponde la Jefatura del órgano colegiado ejecutivo, lo que le confiere especial relevancia institucional, al detentar la máxima representación de la Comunidad Autónoma de Canarias y, conjuntamente, la representación ordinaria del Estado en esta.

El Gobierno aprueba un gasto de seis millones de euros para la contratación de personal para el programa PROA+

El refuerzo de personal se dirige a centros docentes públicos inscritos en dicha iniciativa, cuyo principal objetivo es reforzar la equidad y apoyar al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy miércoles, 3 de agosto, a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, el gasto plurianual por importe de 6.056.315,58 euros, para la contratación de 53 profesionales de la Educación Social y 35 Técnicos y Técnicas en Enseñanza Infantil, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de junio de 2024, en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo (PROA+).

El refuerzo de personal se dirige a centros docentes públicos inscritos en dicha iniciativa, cuyo principal objetivo es reforzar la equidad educativa y apoyar al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Este Programa se fundamenta en cinco líneas estratégicas (asegurar las condiciones mínimas de educabilidad, apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje, desarrollar actitudes positivas en el centro, mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los aspectos relacionados con las competencias clave y aplicar nuevas formas de organización y gestión de los centros educativos orientadas a lograr el éxito educativo) de las que derivan los objetivos del PROA+, que incluyen la mejora de los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales, la reducción de la tasa de repetición escolar, la disminución del número de alumnado que presenta dificultades para el aprendizaje y la aminoración de la tasa de absentismo escolar.

Este cuenta con las denominadas “Actividades Palanca”, nueve herramientas que contribuyen a lograr los objetivos del programa y que actúan en ámbitos como la atención temprana, el refuerzo educativo, la digitalización, la participación de las familias, etc. Cada una de estas acciones lleva aparejado un compromiso de participación y ejecución, así como una serie de recursos humanos y económicos asociados de los que se beneficia a la comunidad educativa en su conjunto. Los centros solicitan todas aquellas que consideran adecuadas para atender a sus necesidades específicas.

El Gobierno autoriza un gasto de 6,4 millones para obras de la instalación de equipos de alta tecnología sanitaria

Con esta inversión se acometerán obras de acondicionamiento o de creación de nuevos espacios en los centros hospitalarios para la instalación de equipos de alta tecnología médica

El Consejo de Gobierno de Canarias celebrado este miércoles, día 3 de agosto, autorizó al Servicio Canario de la Salud (SCS) el gasto plurianual de 6.398.024 euros para financiar la contratación de las obras de acondicionamiento, reforma, modificación y refuerzo para la instalación de equipos de alta tecnología sanitaria en Canarias. Esta inversión proviene de los fondos REACT-EU (Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa).

Con esta autorización se dispondrá de los fondos necesarios durante los años 2022 y 2023 para dar cobertura al coste de las obras ya sean de acondicionamiento o de creación de nuevos espacios dentro de los centros hospitalarios por no disponer de ellos, para la instalación de los equipos de alta tecnología médica, cuya puesta en funcionamiento se prevé que se produzca en el mes de septiembre del año 2023.

Según el acuerdo, en 2022 se destinará una partida de 1.502.229 euros, mientras que el próximo año 2023 la inversión alcanzará los 4.895.794 euros.

El Gobierno de Canarias actualiza las exigencias de seguridad en playas y otras zonas de baño marítimas

Otorga a los ayuntamientos, tal y como habían pedido, un plazo adicional de un año para adaptarse a las nuevas medidas

Esta prórroga servirá también para resolver otras dificultades surgidas a la hora de implementar los planes de seguridad y salvamento, como puede ser la financiación

En la Dirección General de Seguridad y Emergencias ya constan 126 planes de seguridad y salvamento elaborados y registrados

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles el proyecto de decreto que otorga a los ayuntamientos, tal y como habían pedido, un plazo adicional de un año para adaptarse a las nuevas exigencias de seguridad en playas y otras zonas de baño marítimas de las islas.

Estas exigencias están recogidas en los anexos del Decreto 116/2018, de 30 de julio, por el que se regulan las normas e instrucciones para la seguridad humana y para la coordinación de las emergencias ordinarias y de protección civil en playas y otras zonas de baño marítimas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con el objetivo de mejorar la seguridad en las playas y otras zonas marítimas del archipiélago, el pasado 22 de julio, previa audiencia de los municipios costeros e informe de la Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias, se procedió a modificar, mediante una orden de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, los anexos del Decreto 116/2018, de 30 de julio, para flexibilizar determinados criterios e incidir en los planes de seguridad y salvamento de playas y otras zonas de baño marítimas.

Entre los cambios más importantes introducidos, de acuerdo con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), están la posibilidad de que los municipios compartan recursos humanos y móviles en las labores de vigilancia y salvamento, se regula el perfil del técnico redactor que elabore los planes de salvamento y se reafirma que las banderas a utilizar para indicar los diferentes niveles de riesgo sean de color rojo, amarillo y verde, rechazando que existan más, pues se crea confusión y no se ayuda a identificar los colores con los grados de peligro.

Ahora, el proyecto de decreto aprobado este miércoles amplía, de cuatro a cinco años, el tiempo previsto en la disposición transitoria segunda para la aplicación de las nuevas medidas. Esta prórroga, que parte de una solicitud formal realizada por los municipios costeros, es lo más operativo para que los ayuntamientos se adapten a las exigencias del Decreto 116/2018, de 30 de julio, y poder arreglar también otros aspectos como puede ser el financiero.

Y ello, porque los acontecimientos registrados desde su entrada en vigor, el 8 de agosto de 2018 –estado de alarma declarado debido a la crisis sanitaria ocasionada por la COVI-19 y la erupción volcánica en La Palma–, han condicionado la disposición de recursos por parte de algunas corporaciones municipales, que se han visto obligadas a destinarlos a otros fines.

Todo esto justifica la necesidad de ampliar en un año el plazo para que los ayuntamientos implanten los planes de seguridad y salvamento, objetivo principal del proyecto de decreto aprobado este miércoles.

Es preciso recordar que, en las islas, del total de 750 playas y zonas de baño marítimas, según la última revisión efectuada por parte de los ayuntamientos, hay 365 que requieren la elaboración de un plan de seguridad y salvamento y que en la Dirección de General de Seguridad y Emergencias tienen constancia de126 planes de seguridad y salvamento elaborados y registrados.

Una cifra que ahora se verá incrementada tras la actualización del Decreto 116/2018, de 30 de julio, efectuada a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de conformidad con las corporaciones municipales.

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto de creación del Consejo Canario de Desarrollo Sostenible

Es un órgano colegiado, adscrito a la Presidencia del Gobierno de Canarias, que tiene como finalidad asesorar, colaborar y ser cauce de participación para el cumplimiento de los retos de la Agenda Canaria 2030

Estará integrado por una representación de distintos sectores de la sociedad civil, del sector empresarial, del tercer sector, de la academia y centros de investigación, y de las administraciones públicas de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este miércoles, a propuesta del presidente, Ángel Víctor Torres, y del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el proyecto de decreto por el que se crea el Consejo Canario de Desarrollo Sostenible (CCDS), así como su reglamento de organización y funcionamiento.

Esta iniciativa está justificada por la necesidad de dar cumplimiento a las previsiones contenidas en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, en la que se recoge que su articulación se apoyará en un modelo de gobernanza que dé voz a las partes interesadas clave en la implementación del desarrollo sostenible en Canarias y que permita la correcta coordinación entre ellas.

El órgano máximo en esta competencia será el CCDS, que se constituirá como un órgano colegiado, adscrito a la Presidencia del Gobierno de Canarias, cuya finalidad será asesorar, colaborar y ser cauce de la participación de los agentes territoriales para el cumplimiento de los retos, políticas aceleradoras, prioridades de actuación, objetivos y metas establecidas en la Agenda Canaria 2030.

Según recoge el Reglamento de Funcionamiento del CCDS, entre las funciones y competencias de este nuevo órgano se encuentran asesorar a la Viceconsejería de la Presidencia en la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y dinamización de los planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la ACDS 2030. Además, generará documentos y análisis sobre aspectos de la implementación para la consecución de las metas canarias incluidas en la ACDS 2030 y la mejora de los planes de acción de los distintos agentes territoriales, todo ello basándose en datos, información y evidencias fehacientes.

También deberá contribuir a la divulgación y comunicación de la ACDS 2030 al conjunto de la ciudadanía canaria y a situarla en el centro de la identidad de Canarias en el mundo, en la política nacional, europea y multilateral, e impulsar el diálogo y coordinación entre todos los agentes sociales, económicos, medioambientales y culturales para contribuir a la construcción de alianzas multiactor, el abordaje de los retos, políticas aceleradoras y prioridades de actuación, y la consecución de los objetivos y metas establecidos en la ACDS 2030.