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El Gobierno comprará un edificio en Los Llanos de Aridane para destinarlo a centro de especialidades médicas

Reunión del Consejo

El inmueble, de siete plantas, tiene una superficie útil construida de 2.200 metros cuadrados y un precio de 2,1 millones de euros

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, 27 de febrero, el gasto de 2,1 millones de euros para la adquisición del inmueble donde se ubicaba la Policlínica Brismédical, en Los Llanos de Aridane, y su utilización como centro de atención  especializada (CAE).

Precisamente y tal como es preceptivo en este tipo de casos, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó el pasado viernes la orden de adquisición directa.

Con la compra del edificio, se dará respuesta a la creciente demanda de especialidades sanitarias en esa comarca de La Palma, con la habilitación de un inmueble que, además, reúne las condiciones precisas para ello, no en vano venía funcionando como centro médico. El inmueble dispone de siete plantas (dos de ellas bajo rasante) y cuenta con una superficie útil construida de 2.200 metros cuadrados.

Brismédical se encuentra en un proceso de liquidación concursal, seguida desde el Juzgado de lo Mercantil Número 1. Precisamente, el juez encargado del expediente dictó una providencia el pasado 5 de febrero autorizando la venta directa del inmueble.

La Consejería de Sanidad recuerda sobre esta operación de compra que la población residente en el Área de Salud de La Palma recibe la asistencia especializada hospitalaria en el Hospital General de La Palma y en el Centro de Atención Especializada (CAE) de Los Llanos de Aridane, que hoy en día se encuentra ubicado en las dependencias del Centro de Salud del citado municipio. Este hecho, por un lado, condiciona el número y la frecuencia de las consultas de especialidades que pueden ser atendidas por limitaciones estructurales y, por otro, supone una merma de espacio a utilizar por parte de la atención primaria.

Por esos motivos, entre otros, la Consejería de Sanidad considera necesario el incremento de la cartera de servicios y de las soluciones técnicas del CAE de Los Llanos, por cuanto se trata de una zona en expansión con una demanda de atención especializada ambulatoria importante a la que se puede dar respuesta con la máxima garantía de calidad en el entorno del usuario. El uso exclusivo de un nuevo edificio permite dimensionar espacios y actuaciones para redefinir la cartera de servicios del CAE y para implantar nuevas áreas de trabajo en el Centro de Salud al liberar espacio.

Seis millones para ayudas de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información

El gasto plurianual financia el programa formativo de posgraduados residentes en las Islas del órgano adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves un gasto plurianual de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo por importe superior a seis millones de euros durante el periodo 2020-2024 (cinco años), para financiar el programa de ayudas para la formación de posgraduados residentes en el Archipiélago de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi).

A iniciativa del departamento dirigido por Elena Máñez, el acuerdo del Consejo permite afrontar los compromisos presupuestarios con el personal investigador durante el doctorando, unas ayudas con cinco convocatorias vigentes (2015-2020). Mediante la autorización de 6.052.165,18 euros, la Aciisi actualiza los contratos laborales para el desarrollo de las tesis doctorales durante un año prorrogable a otros tres ejercicios, afronta el pago de atrasos de las convocatorias anteriores y, además, concede 60 ayudas más en la cita correspondiente a 2020.

Cofinanciado por el Fondo Social Europeo, con una tasa del 85% en el marco del programa operativo 2014-2020, el gasto plurianual se distribuye en 1.083.447,72 euros durante 2020, 1.516.220,35 para el próximo año, 1.447.870,69 al siguiente ejercicio, 1.415.104,67 en 2023 y 589.521,75 como última anualidad.

 

El Gobierno modifica los estatutos de Gesplan para que nueve ayuntamientos canarios se adhieran a la empresa

 La decisión aprobada en Consejo de Gobierno permite a San Bartolomé, Antigua, Tuineje, La Aldea de San Nicolás, Agaete, Buenavista del Norte, Arico, Tegueste y Valle Gran Rey sumarse a la lista de administraciones públicas que pueden contar con Gesplan como medio propio y realizar encargos directamente a la empresa

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ha aprobado modificar los estatutos de la empresa pública Gesplan para facilitar que los ayuntamientos de San Bartolomé, Antigua, Tuineje, La Aldea de San Nicolás, Agaete, Buenavista del Norte, Arico, Tegueste y Valle Gran Rey puedan adherirse a la empresa pública y contratar de manera directa sus servicios relacionados con la gestión del planeamiento.

De esta manera, los citados consistorios se añaden a la lista de administraciones públicas que pueden contar con Gesplan como medio propio, lo que abre la posibilidad de realizar encargos directamente a la empresa para que actúe con estos ayuntamientos en labores de gestión del medioambiente y planificación territorial.

Como instrumento del Gobierno de Canarias, Gesplan participa en la gestión del planeamiento de Canarias y da asistencia técnica, jurídica y ambiental a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, manteniendo la redacción de los instrumentos propios del Ejecutivo regional y de aquellos que se consideren estratégicos.

Entre otras actividades la empresa pública realiza estudios urbanísticos y de planeamiento, estudios medioambientales y de fomento de la defensa de la naturaleza, inventarios de bienes, redacción de proyectos urbanísticos y elaboración de estudios, planes, proyectos y cualquier tipo de asistencia técnica y formativa en materia agraria, forestal, de desarrollo rural y de pesca.

El Consejo de Gobierno modifica la nomenclatura de másteres de la ULL para adaptarla a la nueva normativa

De 24 ofertas solo dos desaparecen por número insuficiente de alumnado de nuevo ingreso; el resto continúa ofertándose con ciertas modificaciones

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy jueves, 27 de febrero, en Consejo de Gobierno, la modificación de másteres de la Universidad de La Laguna (ULL) para este curso 2019/2020, que, no obstante, se siguen impartiendo con otros títulos y con modificaciones realizadas para adaptarlos a la normativa actual en este ámbito.

De la oferta educativa superior afectada, 24 títulos, solo dos desaparecen por número insuficiente de alumnado de nuevo ingreso: el máster en Arqueología y el de Lógica y Filosofía de la Ciencia. El resto, que habían sido modificados para adecuarlos a la nueva norma, sin que se eliminaran formalmente los títulos previos a tal modificación, continúan ofertándose con dichos cambios.

Asimismo, en la jornada de esta mañana, el Ejecutivo canario, a propuesta de la Dirección general de Universidades de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, ha autorizado la solicitud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para la implantación del Máster Universitario en Tecnologías y Procesos Industriales Avanzados en su oferta de títulos.

Además, ha dado el visto bueno a la implantación en la Universidad de La Laguna (ULL) del Máster en Ciberseguridad e Inteligencia de Datos y la modificación de denominación del Máster en Diseño y Desarrollo de Videojuegos que imparte esta universidad.

La recaudación de tributos cayó 177 millones de euros en 2019 con respecto a la previsión del Gobierno anterior

Consejo de Gobierno

La evolución del IGIC fue particularmente negativa, con una merma de 73,9 millones sobre lo proyectado en los Presupuestos de 2019 y una reducción de 116 millones sobre lo efectivamente recaudado en 2018

Canarias cerró 2019 con unos ingresos tributarios de 2.619,7 millones de euros, 177,6 millones menos de los previstos por el anterior Gobierno de Canarias en los Presupuestos de aquel año, lo que supone un descenso del 6 por ciento, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria.

De esos 177 millones de euros de reducción, 91,8 millones se corresponden con los tributos propios y cedidos, mientras que 85,7 millones lo son de ingresos procedentes del denominado Bloque de Financiación Canario.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, explicó que los datos, “desgraciadamente son malos, pero la situación podría haber sido peor si el actual Ejecutivo no hubiera tomado en su momento medidas para equilibrar las cuentas autonómicas”.

“En 2019 hubo gasto sin cobertura presupuestaria y una caída sustancial de los ingresos por las irresponsables rebajas fiscales del anterior Gobierno”, precisó Rodríguez, quien recordó que “ante esa situación tuvimos que reasignar gastos entre los departamentos autonómicos para poder cerrar el ejercicio cumpliendo con las normas fiscales”.

Particularmente negativa ha sido la evolución del IGIC, cuya recaudación ha caído 73,9 millones de euros con respecto a la previsión de ingresos de los Presupuestos de 2019, como consecuencia fundamentalmente de la rebaja de medio punto aplicada al tipo general por el anterior Gobierno.

A la luz del cierre del ejercicio, el vicepresidente insistió en el acierto de las medidas adoptadas por el actual Gobierno desde el mes de agosto para equilibrar las cuentas de 2019, heredadas con notables desajustes dada la merma de ingresos y el incremento del gasto comprometido sin cobertura presupuestaria.

“Hoy vemos cómo la reducción de los ingresos tributarios es una realidad incontestable y cómo una vez más el argumento de los gobiernos liberales de que una bajada de impuestos permite un incremento de la recaudación no es cierto”, aseguró.

Los datos del IGIC empeoran si la comparación se realiza sobre las cantidades efectivamente recaudadas por ejercicio. En ese caso, la merma de ingresos se sitúa en los 116 millones de euros, puesto que se ha pasado de recaudar 1.702 millones de euros en 2018 a 1.585 millones el pasado año, lo que supone un descenso del 7 por ciento.

Precisamente, para este año ha sido necesario acometer una revisión fiscal, de modo que se puedan recuperar ingresos por esta vía.

Cambio de rumbo

Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno, a instancias de la Consejería de Hacienda, fue la retención de créditos no esenciales para afrontar el pago de las nóminas del personal educativo y sanitario, incrementadas por los compromisos de reducción de jornada adquiridos por el Ejecutivo anterior sin la preceptiva cobertura presupuestaria y realizados, además, en un contexto de reducción de ingresos tributarios.

Las medidas de choque adoptadas por la Consejería de Hacienda han permitido a Canarias cerrar el ejercicio dentro de los parámetros fijados legalmente en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además de elaborar unos Presupuestos autonómicos para 2020 “sin la espada de Damocles de una posible intervención de las cuentas”, en palabras del vicepresidente.

Se da la circunstancia de que tanto la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal como el Ministerio de Hacienda alertaron en la segunda mitad del año pasado a la Comunidad Autónoma del posible incumplimiento de la regla de gasto, conminándola a presentar medidas correctoras.

A estos informes se unió también un estudio elaborado por los técnicos de la propia Consejería de Hacienda que, con los datos que estaban sobre la mesa hasta agosto, proyectaban una desviación del déficit de casi medio punto sobre lo autorizado para Canarias.

Rodríguez destacó hoy que el conjunto de medidas adoptadas por el nuevo Gobierno ha permitido el cumplimiento de los preceptos legales, si bien insistió en la necesidad de que las Cortes modifiquen la Ley de Estabilidad para flexibilizar la regla de gasto y permitir que las administraciones públicas cumplidoras puedan destinar el dinero acumulado en el superávit a la mejora de los servicios públicos o al impulso de las infraestructuras.

 

24 millones de euros para equipamiento sanitario

El Consejo de Gobierno de Canarias, a instancias de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, aprobó hoy una modificación de crédito a favor del Servicio Canario de la Salud por importe de 24 millones de euros, que se destinarán a la mejora del equipamiento sanitario.

Se trata del primer incremento presupuestario del Servicio Canario de Salud este año, tras la entrada en vigor de las cuentas autonómicas, que ya habían aumentado las partidas de ese órgano en 134 millones de euros con respecto al año pasado para situarse en los 3.140 millones.

Los 24 millones proceden del capítulo de superávit de la Comunidad Autónoma y podrán dedicarse a la mejora del equipamiento sanitario al ajustarse al concepto de inversiones financieramente sostenibles previsto por la ley

La oficina española en el Sáhara sigue prestando servicios a la comunidad española

El portavoz del Gobierno ha informado de una conversación del presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, con la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, sobre las oficinas españolas en El Aaiún (Sahara Occidental).

Las más de 10.000 personas de nacionalidad española censadas podrán seguir haciendo uso de esta oficina, indicó Julio Pérez. “No se ha cerrado ni ha dejado de prestar servicio”. Al revés, añadió Pérez, “se ha regularizado su situación; el Ministerio ha normalizado esa actuación de esa oficina”.

Los trámites que se siguen prestando son expedición de consentimiento para adquirir pasaportes a menores de edad, se expiden fe de vida para pensionistas, se expiden trámites sobre antecedentes, actas de presentación cuando los consulados españoles lo solicitan, se envían a consulados certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o cualquier otro que se le solicite y se reciben documentos para otras oficinas españolas.

El portavoz aclaró que hay dos trámites que cesan de hacerse; el certificado de concordancia del nombre (que ya no hace falta y se sustituye por un certificado del Ayuntamiento de El Aaiún). Y un segundo trámite, la legitimación de firmas, ya no tiene validez, apuntó el portavoz.

Por tanto, recalcó Julio Pérez, “la oficina sigue abierta y ejecuta con normalidad la mayoría de los trámites” indicados.

El Gobierno de Canarias autoriza a Turismo la generación de crédito para ejecutar el convenio de Thomas Cook

Imagen del Consejo de Gobierno

El acuerdo recoge 9,2 millones para el fomento de la conectividad y promoción del destino Islas Canarias, además de 2,5 millones para digitalización, 2 millones para acciones de desarrollo sostenible y un millón de euros para para la diversificación de productos y segmentos

El Gobierno de Canarias autorizó este jueves a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio la generación de crédito para la ejecución del convenio suscrito con el Estado por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

En este sentido, la consejera del área, Yaiza Castilla, recordó la importancia del logro de esta subvención “no solo por el contenido del mismo, sino por la forma, al ser resultado de la unidad de acción y participación público y privada en su planteamiento y defensa, tal y como ha venido defendiendo el presidente Ángel Víctor Torres”.

Dicho convenio, dotado de 15 millones de euros, contempla un conjunto de programas y acciones a realizar con un plazo de ejecución en 2020, 2021, y 2022. El crédito autorizado este jueves se eleva a 13,9 millones. El resto -hasta completar los 15 millones- se dotará en el próximo ejercicio.

Entre las medidas para paliar la quiebra de Thomas Cook, el acuerdo recoge 9,2 millones para el fomento de la conectividad y promoción del destino turístico; 2,5 millones para impulsar la digitalización; 2 millones de euros para acciones de desarrollo sostenible; un millón de euros para la diversificación de productos, segmentos y desestacionalización, con el objetivo de incrementar el gasto en destino, y 280.000 euros para un plan de gestión y comunicación de crisis.

El crédito hoy generado contempla la asignación a cada uno de los cabildos insulares de una subvención nominada de 357.142,85 euros para la realización de proyectos de infraestructuras turísticas y en concreto de equipamiento urbano.

Autorizados  9,7 millones de euros al mantenimiento y desarrollo de las TIC en el Servicio Canario de la Salud

Habrá un contrato por un periodo de 36 meses para la asistencia técnica del centro de servicios tecnológicos de ese organismo autónomo

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy, jueves 20 de febrero, el destino de una partida de 9.744.208,88 euros a la contratación del servicio de asistencia técnica del centro de servicios TIC del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La contratación se realizará mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria para dar cobertura, hasta el año 2023, a las tareas de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas que dan soporte a la actividad asistencial, administrativa y de gestión económica del SCS, así como a la asistencia de proyectos, asesoría tecnológica, seguridad de la información e interoperabilidad.

El centro de servicios TIC proporciona a los usuarios y proveedores del SCS un punto único de acceso a los sistemas de información y comunicaciones, en el que intervienen un conjunto de técnicos especialistas en las áreas de microinformática, comunicaciones, sistemas o desarrollo y soporte aplicaciones.

Para asegurar la calidad y eficacia en la prestación de los servicios sanitarios, el SCS tiene en marcha avanzados sistemas de información, entre los que destacan los de Tarjeta Sanitaria, para la identificación unívoca de todos los usuarios que tienen derecho a la asistencia sanitaria pública; Historia Clínica Electrónica, que incluye toda la historia clínica de los pacientes en los ámbitos de Atención Primaria y Especializada, y de Receta Electrónica continua e interoperable, que permite a los facultativos emitir y transmitir prescripciones por medios electrónicos y a los usuarios disponer un plan de tratamiento.

El Consejo de Gobierno aprueba el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación de La Gomera

El consejero del ramo, José Antonio Valbuena, destaca es el primer plan que se aprueba en este sentido y señala que “permitirá una actuación coordinada entre las administraciones y la sociedad”

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha aprobado el Plan de Gestión de Riesgos de Inundación (PGRI) de la Demarcación Hidrográfica de la isla de La Gomera, que fue ratificado previamente por el Cabildo insular de la isla colombina.

El consejero del área, José Antonio Valbuena, subraya que se trata del primer PGRI que se aprueba en Canarias y señala que “nos permitirá obtener un conocimiento adecuado para evaluar con precisión los riesgos asociados a las inundaciones”.

El objetivo del documento es ayudar a lograr una actuación coordinada entre todas las administraciones y la sociedad, de forma que podamos reducir las consecuencias negativas de este tipo de fenómenos sobre la seguridad de las personas, así como el medioambiente, el patrimonio cultural, la actividad económica y las infraestructuras.

El PGRI forma parte de un esquema de actuación que se divide en tres fases. La primera de ellas contempla la evaluación preliminar del riesgo de inundación (EPRI), que tiene la finalidad de determinar las zonas para las que existe un riesgo potencial significativo de inundación. La segunda etapa contempla la elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo, que constituirán la información fundamental en la que se basará el PGRI.

La última fase corresponde a los planes de gestión de riesgos de inundación, que establecen objetivos de gestión de los peligros para cada zona determinada, poniendo el foco en la reducción de las potenciales consecuencias adversas. Se basa en los programas de medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus competencias para alcanzar los objetivos previstos.