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El Gobierno aprueba un gasto de seis millones de euros para la contratación de personal para el programa PROA+

El refuerzo de personal se dirige a centros docentes públicos inscritos en dicha iniciativa, cuyo principal objetivo es reforzar la equidad y apoyar al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy miércoles, 3 de agosto, a la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, el gasto plurianual por importe de 6.056.315,58 euros, para la contratación de 53 profesionales de la Educación Social y 35 Técnicos y Técnicas en Enseñanza Infantil, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de junio de 2024, en el marco del Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, el Avance y el Enriquecimiento Educativo (PROA+).

El refuerzo de personal se dirige a centros docentes públicos inscritos en dicha iniciativa, cuyo principal objetivo es reforzar la equidad educativa y apoyar al alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Este Programa se fundamenta en cinco líneas estratégicas (asegurar las condiciones mínimas de educabilidad, apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje, desarrollar actitudes positivas en el centro, mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en los aspectos relacionados con las competencias clave y aplicar nuevas formas de organización y gestión de los centros educativos orientadas a lograr el éxito educativo) de las que derivan los objetivos del PROA+, que incluyen la mejora de los resultados escolares de aprendizajes cognitivos y socioemocionales, la reducción de la tasa de repetición escolar, la disminución del número de alumnado que presenta dificultades para el aprendizaje y la aminoración de la tasa de absentismo escolar.

Este cuenta con las denominadas “Actividades Palanca”, nueve herramientas que contribuyen a lograr los objetivos del programa y que actúan en ámbitos como la atención temprana, el refuerzo educativo, la digitalización, la participación de las familias, etc. Cada una de estas acciones lleva aparejado un compromiso de participación y ejecución, así como una serie de recursos humanos y económicos asociados de los que se beneficia a la comunidad educativa en su conjunto. Los centros solicitan todas aquellas que consideran adecuadas para atender a sus necesidades específicas.