Nieves Lady Barreto: “Damos respuesta a una reivindicación histórica de un colectivo de más de 7.000 trabajadores, que representa el 64% de los efectivos”
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha anunciado hoy la puesta en marcha de un Plan de Ordenación de los recursos humanos del Personal Laboral de la Administración General de la comunidad autónoma. Nieves Lady Barreto manifestó que este plan es un tema de justicia social porque reconoce los derechos del personal laboral: “Después de más de 15 años, damos respuesta a una reivindicación histórica de 7.150 trabajadores, que representan el 64% del total de efectivos de la Administración General”.
Nieves Lady Barreto destacó que el Plan de Ordenación permitirá dimensionar adecuadamente el número de efectivos necesarios, sus perfiles profesionales, la movilidad, la promoción interna, la formación, la adaptación de la clasificación profesional al sistema educativo, además de permitir acceder voluntariamente a procesos de funcionalización.
“Para ello -manifestó- constituiremos una mesa de trabajo entre la Administración y los sindicatos, que analice las propuestas y elabore el documento conjuntamente para que pueda ser sometido a sus trámites preceptivos, incluida su negociación formal en la mesa correspondiente. La consejera agradeció la predisposición de las organizaciones sindicales para trabajar movidos por un mismo fin “que no es otro que la ordenación de este colectivo tan importante de trabajadores”.
La consejera estuvo acompañada en la presentación de esta iniciativa por el viceconsejero de Administraciones y Transparencia, Antonio Llorens y por el director general de Función Pública, Francisco Javier Rodríguez.
Según explicó el director general de Función Pública, este Plan de Ordenación debe descansar sobre la base de varios ejes de actuación que aborden los elementos esenciales del estatuto jurídico del personal laboral.
En primer lugar, se deberá abordar la actualización de la clasificación profesional de este personal para que se adapte no sólo al actual marco educativo y de regulación de profesiones, sino también depurando aquellas funciones que por el devenir del tiempo han quedado obsoletas y aquellas que han de consolidarse y reforzar.
En segundo lugar, se trabajará para contar con una definición clara y uniforme entre los cuerpos funcionariales y las categorías laborales, en cumplimiento de la Ley, delimitando cuáles son sus ámbitos propios de actuación.
En este sentido esta Consejería ya ha dado el primer paso aprobando en el mes de marzo el Catálogo de categorías laborales sujetas a conversión funcionarial y ahora se tratará de implementarlo a través del citado plan de ordenación.
En tercer lugar, se planificará la selección de personal laboral fijo de la Administración, definiendo el contenido de nuestras Ofertas de Empleo Público, su dimensión, su horizonte de ejecución y las bases o normas que regularán la selección de este personal.
El Plan de Ordenación debe incluir también una planificación del derecho a la movilidad del personal laboral por cuanto constituye uno de los derechos esenciales de su carrera profesional, permitiendo que puedan aspirar a ocupar otros puestos de trabajo de forma que el plan determine los elementos esenciales a tener en cuenta para garantizar la concurrencia y la igualdad en la concurrencia en estos procedimientos de traslado.
Este Plan debe igualmente contemplar la promoción profesional, horizontal y vertical, por cuanto constituye otro de los elementos esenciales de la carrera profesional, pero también un valor en alza del capital humano porque permite ascender a quienes ya son personal laboral de esta Administración, a grupos profesionales distintos o superiores.
Al respecto, Francisco Javier Rodríguez señaló que la promoción interna supone un aprovechamiento eficaz y eficiente del factor humano ya existente dado que las personas que acumulan experiencia y formación dentro de la propia organización pasan a desempeñar otras funciones, de igual o superior relevancia, incorporando a ese nuevo desempeño su bagaje profesional.
Para el director general de Función Pública, este Plan de Ordenación debe asumir también la solución a una de las asignaturas pendientes que afecta a la práctica totalidad de las Administraciones Públicas en España. “Se trata de permitir y poner en ejecución procesos de funcionarización de aquel personal laboral que viene desempeñando puestos de trabajo o funciones que son propias del personal funcionario, procedimientos voluntarios que ofrezcan la posibilidad de que dicho personal opte por su funcionarización sin merma de sus derechos profesionales”, dijo.
Balance de Función Pública
En estos 20 meses, la Consejería ha llevado a cabo varias iniciativas legislativas como la tramitación en febrero por el Consejo de Gobierno del proyecto de Ley de Empleo Público de Canarias. Antes, en septiembre de 2024, el Parlamento de Canarias convalidó el Decreto Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad, la gestión eficiente y la calidad del empleo público en Canarias, que se está tramitando como Proyecto de Ley.
En cuanto a los procesos selectivos, la Dirección General de Función Pública se encontró en julio de 2023 que aún se estaba ejecutado parte de la Oferta Ordinaria de Empleo Público de 2018 y la de 2019 y pendientes de convocar la de los años 2020, 2021 y 2022. Tampoco se había tramitado la Oferta de Empleo Público del año 2023, lo que suponía un riesgo de pérdida de la tasa de reposición autorizada por el Estado, y, por ende, una pérdida de oportunidad de incorporar nuevos efectivos. Hay que sumar, además, una Oferta de Empleo adicional del año 2022 para personal laboral fijo.
A día de hoy, todas están ya en marcha y está aprobada la OPE de 2024 y destaca también que la de 2023 incorpora por primera vez el turno específico pata personas con discapacidad intelectual.
En total, se ha tenido que gestionar 6.160 plazas en 345 procesos selectivos, sumando todas las OPEs (1.857 plazas), la OPE adicional (783 plazas) y los procesos de estabilización (3.520 plazas).
Sobre los procesos de estabilización, reseñar que para 3.520 plazas de personal funcionario y laboral fijo en 188 procesos selectivos se presentaron 10.640 solicitudes y que todas las pruebas selectivas finalizaron a 31 de diciembre de 2024, cumpliendo los plazos marcados por la Ley, a pesar de encontrar en agosto de 2023 que, habiéndose agotado la mitad del plazo de 3 años que daba la Ley para cumplir con la estabilización, solo habían concluidos los plazos de presentación de solicitudes.
Mejoras en los procesos selectivos
En 2024 se aprobaron una serie de medidas para mejorar los procesos selectivos. En este sentido figura el código de buenas prácticas para la confección, por parte de los tribunales calificadores, de los cuestionarios tipo test que, como prueba selectiva, forman parte de los procesos de selección de personal funcionario y laboral fijo de la Administración General de la Comunidad Autónoma, así como el manual de buenas prácticas en la actuación administrativa de los tribunales calificadores.
También se cuenta ya con un protocolo de actuación para garantizar la efectiva participación de mujeres víctimas de violencia de género en los procesos selectivos de personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Además, ahora se exige superar al menos el primer ejercicio de la fase de oposición para poder formar parte de una lista de empleo, entendiendo que solo eso puede garantizar un mínimo de idoneidad para formar parte de las listas.
Entre las actuaciones en marcha está aprobar listas de empleo adicionales basadas en la idoneidad de las personas aspirantes, sin que su acceso pueda ser universal sin mérito o capacidad alguno. Y se está trabajando en la aprobación de un Decreto de nueva regulación de las listas de empleo.
Por otro lado, se han rebajado y unificado las tasas para acceder a los procesos de selección de personal funcionario y laboral de la Administración General de la Comunidad Autónoma estableciendo una tarifa única de 15 euros para todos los grupos y subgrupos profesionales (es una rebaja de hasta el 80% respecto a las tarifas vigentes hasta ahora), salvo para la Agrupación Profesional de Subalternos que es de 10 euros.
Otra de las actuaciones relevantes para la Consejería es el Plan de Igualdad. En este sentido, ya ha finalizado el diagnóstico de situación de la Administración General y también el de Justicia, que son los que dependen directamente, y se está impulsando el de Sanidad y Educación, con el objetivo puesto en poder disponer del primer Plan de Igualdad de la Comunidad Autónoma de Canarias en esta legislatura.