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Las personas aspirantes de los procesos selectivos de la CCAA de las categorías C1 y C2 se examinarán por internet

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Las 3.184 personas aspirantes que aprobaron el primer ejercicio para ingresar al Cuerpo Administrativo (C1) y al Cuerpo Auxiliar Administrativo (C2) de la Comunidad Autónoma de Canarias deben cumplimentar un formulario disponible en los enlaces https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6683 (para C1) y https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6682 (para C2) a través de la sede electrónica

Quienes no dispongan del sistema de identificación requerido para acceder a la sede electrónica, podrán descargar el formulario y enviarlo a la cuenta de correo electrónico selecperfun@gobiernodecanarias.org , con el asunto Comunicación disposición de medios electrónicos segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

En ambos casos, el plazo comienza hoy, jueves 12 de noviembre, y acaba el lunes 16 a las 23:59 horas. De no presentarlo, se entenderá que participa con sus propios medios

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, anuncia la continuidad de los procesos selectivos iniciados por medio de las resoluciones de 10 y 11 de abril de 2018 de la Dirección General de la Función Pública publicadas en el Boletín Oficial de Canarias número 75 de 18 de abril de 2018, por las que se procedieron a convocar los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso por turno libre en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar (Grupos C, Subgrupos C1 y C2, respectivamente), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Culminado el primer ejercicio, a continuación se celebrará el segundo, que tendrá lugar a través de la plataforma AVEX de la UNED cuando determine el Tribunal Calificador.

Los primeros ejercicios tuvieron lugar antes de la declaración del Estado de Alarma, y las personas que aprobaron fueron un total de 3.184, distribuidas de la siguiente forma:

  • C1 Cuerpo Administrativo: 1.330 personas.
  • C2 Cuerpo Auxiliar Administrativo: 1.854 personas.

La directora general de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, señala que la continuidad de estos procesos selectivos con las debidas garantías de objetividad, mérito y capacidad, constituye una prioridad para esta Administración.

Martín explica que, en cumplimiento de los protocolos y de las medidas de seguridad y prevención aprobados por las autoridades sanitarias en consideración a la actual situación de pandemia global, la organización de los segundos ejercicios de la fase de oposición de los procesos selectivos de participación masiva exige la articulación de vías telemáticas para su realización online evitando la aglomeración de personas en un mismo espacio físico.

De conformidad con las Bases Generales, artículo 4.c), así como las respectivas Base Específica 10.2, aprobadas en cada resolución de convocatoria, el segundo ejercicio de la fase de oposición consistirá en una “prueba [que] se desarrollará en soporte informático para lo cual se pondrán a disposición de las personas aspirantes los medios técnicos necesarios para su realización.”

Para su realización, en cumplimiento de los protocolos sanitarios, se pone a disposición de todos los aspirantes con derecho a realizar el segundo ejercicio de la fase de oposición la plataforma AVEX de la UNED (puede consultarse toda la información en torno a la plataforma a través del siguiente enlace: https://blogs.uned.es/avex/ ).

Esta aplicación está diseñada para la realización de forma online de exámenes tanto de tipo test como de desarrollo o mixtos, sin necesidad de instalación de software, compatible con todos los sistemas operativos, accesible desde cualquier navegador web actualizado y ejecutable desde todo tipo de dispositivos electrónicos conectados a la red. El único requisito técnico que habrá de disponer la persona aspirante es el de una webcam operativa durante la celebración del ejercicio.

Para la organización de sendos eventos de participación masiva de forma telemática se precisa, con carácter previo, que cada aspirante cumplimente a través de sede electrónica el formulario disponible al que puede acceder a través de los siguientes enlaces:

Para el cuerpo Administrativo, C1: https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6683

Para el cuerpo Auxiliar, C2: https://sede.gobcan.es/apjs/tramites/6682

En estos formularios se deberá:

  • Confirmar el correo electrónico a través del que podrá acceder a la plataforma AVEX.
  • Manifestar la disposición de un equipo con conexión a internet con el que conectarse a la plataforma, que cuente con una cámara web operativa al momento de celebrar el examen.

No se precisa de requisito técnico específico adicional.

Esta confirmación implicará que realizará el segundo ejercicio de la oposición de forma online a través de su propio equipo.

En caso de no disponer del sistema de identificación requerido para acceder a la sede electrónica, se podrá cumplimentar el formulario indicado al que podrá acceder y descargar en el portal web del proceso selectivo que corresponda, debiendo enviarlo a la siguiente cuenta de correo electrónico: selecperfun@gobiernodecanarias.org , con el asunto: Comunicación disposición de medios electrónicos segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

Para su cumplimentación se dispone de un plazo de tres días hábiles, iniciándose hoy, jueves 12 de noviembre y, finalizando el 16 de noviembre de 2020 a las 23:59 horas.

En caso de no presentarlo en tiempo se entenderá que participa en el segundo ejercicio con sus propios medios.

La participación en estos segundos ejercicios de la fase de oposición implicará la prestación de conformidad expresa para el tratamiento de datos por la UNED, limitado este último a las labores estrictamente técnicas que permitan la celebración de los ejercicios. El diseño y contenido de los exámenes, así como su evaluación quedarán a exclusiva disposición del respectivo Tribunal Calificador.

Para cualquier consulta, se puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección de email: funcionpublica@gobiernodecanarias.org , poniendo en el asunto: Consulta relativa al segundo ejercicio online. Proceso selectivo C1 y C2.

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El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

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El Gobierno aprueba las medidas preventivas para el personal público y da prioridad al trabajo a distancia

Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife

Función Pública recoge en su resolución las aportaciones de las organizaciones sindicales realizadas en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos que abordó la semana pasada el desarrollo de las medidas de prevención para la vuelta gradual del personal a las oficinas

La Dirección General de la Función Pública dictó ayer la Resolución 505, de 19 de mayo de 2020, por la que se establece el marco organizativo y se fijan los criterios de recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de los planes de desescalada del COVID-19. Tiene por objeto ajustar la prestación de los servicios por parte del personal de la Administración autonómica canaria (Administración General) a partir del 25 de mayo próximo, regulando las distintas modalidades en que a partir de dicha fecha podrá desarrollarse la prestación de esos servicios, y garantizando la actuación coordinada y homogénea de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos. Entre los puntos a destacar figura la priorización del trabajo no presencial.

El cumplimiento de las medidas previstas en esa resolución se ajusta a los principios generales de continuidad de la prestación del servicio público; de garantía de la seguridad y salud, tanto del personal al servicio de la Administración autonómica, como de los usuarios de los servicios; de protección del personal especialmente sensible; de conciliación de la vida personal, laboral y familiar; de priorización de las modalidades de trabajo no presenciales, incluido el teletrabajo, y de flexibilidad horaria y planificación del trabajo mediante distintas fórmulas, como el establecimiento de franjas horarias, para evitar la aglomeración de personas.

La resolución señala que la aplicación de las distintas modalidades de prestación de servicios (presencial, no presencial y mixta) tendrá carácter estrictamente individual, y se efectuará teniendo en cuenta, tanto la garantía del servicio público, como las medidas organizativas que se establezcan por los distintos Departamentos, Organismos y Centros Directivos, así como en el propio servicio o unidad administrativa, y las preferencias del empleado/a, siempre que en atención a las características y contenidos funcionales del puesto desempeñado sea posible la prestación bajo distintas modalidades.

Trabajo presencial, no presencial y jornadas

Establece la resolución que durante su vigencia, y siempre que sea compatible con la naturaleza del trabajo desempeñado, se priorizará la prestación de los servicios en modalidades no presenciales, evitando de esta forma la concentración de personas en los centros de trabajo. Esta modalidad de trabajo podrá ser total o parcial, según que su aplicación requiera o no de la prestación de servicios de forma presencial en uno o más días de la semana.

El personal que no pueda desarrollar la prestación de sus servicios a través de cualquiera de las modalidades no presenciales efectuará dicha prestación de forma presencial. Para ello, deberá observar de modo muy especial las previsiones contenidas en el Procedimiento para la implantación de medidas de Prevención de Riesgos Laborales frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2, debiendo los responsables de cada Servicio, en coordinación y bajo las directrices de los titulares de los centros directivos y de las respectivas Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes de los Organismos Autónomos, planificar las tareas y procesos laborales de forma que el personal pueda desarrollar su actividad con las mayores garantías para su seguridad y salud en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias a tal fin, tanto en lo que se refiere a la organización del trabajo propiamente dicho, como en lo relativo a la gestión de espacios y otros aspectos.

Según la modalidad en que se efectúe la prestación de servicios será la aplicación del régimen de jornada y horarios. En el caso de las modalidades no presenciales, se aplicarán criterios de máxima flexibilización en la jornada laboral, si bien se mantiene la obligatoriedad de la jornada mínima diaria de seis horas, o la que proporcionalmente proceda, en los casos de jornada reducida, en los términos establecidos por la normativa de referencia.

A fin de conjugar esta flexibilización de la actividad laboral con el normal funcionamiento del servicio, los empleados y empleadas públicas deberán adoptar las medidas para asegurar la correcta coordinación y eficacia en el desarrollo de su actividad laboral, mediante las comunicaciones pertinentes a sus respectivos responsables funcionales.

En los supuestos de prestación de servicios en la modalidad presencial, o en las jornadas de prestación presencial del personal que tenga autorizada prestación de servicios en la modalidad no presencial parcial, el desarrollo de la actividad laboral se deberá ajustar a los límites establecidos en las normas antes citadas, en el periodo horario comprendido entre las 7.00 y las 17.00 horas, debiendo establecerse medidas que favorezcan la paulatina y gradual entrada del personal en los centros de trabajo, evitando acumulaciones en los momentos de entrada y salida a los mismos, o incluso durante el transcurso de la jornada laboral.

Además, se establece que en los supuestos en que la prestación de servicios se realice de forma presencial, con independencia de la prestación bajo esta modalidad se produzca de forma total o parcial, la realización de trabajos que excedan de la duración de la jornada semanal y de horas o servicios extraordinarios estará sujeta al régimen vigente en cuanto a su realización y a su compensación.

Procedimiento para la implantación de medidas de prevención

Por otra parte, el Gobierno de Canarias ha desarrollado el Procedimiento para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición al sars-cov-2, que amplía el Anexo I de la Resolución 313 de 12 de marzo de la Dirección General de la Función Pública (DGFP), por la que se aprueban las medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo del COVID-19.

La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos abordó este asunto el pasado miércoles. Las organizaciones sindicales trasladaron entonces tanto al viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, como a la directora general de Función Pública, Laura Martín, numerosas aportaciones que el Gobierno de Canarias estudió a fin de mejorar la propuesta inicial que el Ejecutivo presentó ese día. De esta forma, se han marcado pautas ante las distintas situaciones laborales que pudieran aumentar el riesgo del personal autonómico a sufrir contagio por el mencionado virus.

Por un lado, el desarrollo de las medidas aborda la atención al público de manera continuada, como la desempeñada en oficinas de atención ciudadana, oficinas de registro, oficinas de atención tributaria, oficinas de empleo, centros de valoración de la dependencia, bibliotecas públicas u oficinas judiciales. Por otro lado, incluye la vuelta al centro de trabajo habitual y la realización de las tareas rutinarias.

En todo caso, se establece la prioridad en la adopción de medidas preventivas colectivas, de tipo técnico u organizativo (distancia de seguridad interpersonal de dos metros, reorganización de tareas y procedimientos de trabajo, de los espacios de trabajo, trabajos a turnos, gestión de colas o el uso de barreras físicas, entre otras) frente a las de protección individual mediante el uso de equipos de protección individual (mascarillas y/o guantes).

Asimismo, la DGFP aclara que el desarrollo de estas medidas de prevención no modifica las pautas de actuación respecto del personal especialmente sensible, la forma de seguimiento y valoración de los contactos, y los aspectos previstos en caso de detectarse determinadas situaciones entre el personal establecido a través la Instrucción actualizada de 31 de marzo de 2020.

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El Gobierno asegura el mantenimiento de los servicios públicos con medidas de flexibilidad y protección al personal

Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife, una de las sedes del Gobierno de Canarias

El personal directivo del Ejecutivo de Canarias mañana lunes organizará el trabajo de las próximas dos semanas de la Administración autonómica

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, en el marco de medidas que viene adoptando para hacer frente a la crisis sanitaria originada por la pandemia del Covid-19 y dentro del margen de actuación del estado de alarma decretado por el Ejecutivo del Estado, un acuerdo a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, por el que mañana el personal directivo del Gobierno de Canarias organizará el trabajo de las próximas dos semanas de la Administración autonómica.

Así, mañana lunes 16 solo acudirán a los centros de trabajo el personal directivo y el que desempeña funciones de carácter crítico, sin perjuicio de las medidas de conciliación y de prescripción sanitaria, a fin de llevar a cabo dicha organización. Se busca de esta manera garantizar la prestación de los servicios públicos con medidas de flexibilidad y de protección al personal de la Comunidad Autónoma.

Se trata de los altos cargos, personal eventual y todo el personal funcionario y laboral que desempeña funciones directivas (jefaturas de Área, de Servicio y de Sección o asimilados), así como el personal que se considere imprescindible por los responsables de cada unidad orgánica o administrativa. Así mismo, tiene esta consideración todo el personal vinculado a funciones de seguridad, mantenimiento y comunicaciones u otros servicios relacionados con las tecnologías de información.

Este acuerdo es de aplicación en la Administración General y sus Organismos Autónomos, y al colectivo de Administración General que realice funciones en la Administración Sanitaria y Educativa y responde a la necesidad de garantizar la continuidad de las funciones básicas desarrolladas por cada Departamento.
Esta medida tiene por objetivo establecer una adecuada organización de tareas durante este período excepcional, extendiendo las posibilidades de trabajo no presencial o por medios telemáticos, y, en el caso del resto de puestos de trabajo que requieran de presencia física del empleado, reforzar el cumplimiento de las normas sanitarias.

Contención del Coronavirus

El Gobierno de Canarias muestra así su voluntad decidida para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía y contener la progresión de la enfermedad frente a la presente crisis sanitaria, si bien entiende que deben también realizarse todos los esfuerzos necesarios para mantener los servicios esenciales de la Administración Pública de Canarias, ya que constituye un pilar fundamental para el funcionamiento un Estado social, democrático y de Derecho, sobre todo en una situación excepcional como la que implica la declaración del estado de alarma.

Para ese normal desarrollo de los servicios públicos se requiere de la colaboración, coordinación y cooperación de todas y todos los empleados públicos, como han venido haciendo hasta ahora, y con especial intensidad mientras dure la situación de estado de alarma que, según el artículo 3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, será inicialmente de 15 días naturales.

Para ello, el acuerdo también faculta a las Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes para que, durante el tiempo en que se mantenga el estado de alarma, establezcan los servicios necesarios que deberán permanecer en funcionamiento dentro del ámbito de su Consejería a propuesta de los centros directivos reforzando las medidas de seguridad y salud en protección del personal.

Requisitos para autorizar el teletrabajo

Las Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes, en tanto órganos responsables de personal, facilitarán el desempeño del puesto de trabajo de los empleados públicos por medios no presenciales o por medios telemáticos, teniendo en consideración la adecuación al puesto para la modalidad de trabajo no presencial, sin perjuicio de las limitaciones por razón de esencialidad del puesto, las limitaciones técnicas y la capacidad de los sistemas informáticos.

La autorización de la modalidad no presencial de trabajo tendrá en cuenta los siguientes requisitos:
a) Carácter crítico del puesto para el funcionamiento de los servicios públicos (esenciales o críticos), infraestructuras críticas, o sectores estratégicos.
b) Adecuación del puesto de trabajo a la modalidad de trabajo no presencial.
c) Aseguramiento de la eficacia en la prestación de los servicios críticos o esenciales.

Obligación de estar localizable

Sin perjuicio de lo anterior, todos los empleados públicos permanecerán localizables y deberán acudir a sus puestos de trabajo presenciales cuando sean requeridos para ello.

Estas medidas de carácter extraordinario tendrán la duración imprescindible para dar respuesta a la situación que ha motivado su adopción.

La atención administrativa a la ciudadanía de carácter urgente se canalizará preferentemente a través de modalidades no presenciales.

En los casos en que el desempeño, laboral o funcionarial, deba realizarse de manera presencial, se establecerán las medidas contempladas en la Resolución núm. 313, de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General de Función Pública por la que se aprobó la instrucción de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo del COVID-19, y en la Resolución 323, de 13 de marzo de 2020, de este mismo centro directivo en relación a los aparados 3.6 de “Medidas de aislamiento decretadas por la Autoridad Sanitaria”, el apartado 3.8.b) de “Medidas de conciliación por el cierre de centros educativos y de mayores” o el apartado 4.1 de “Sistemas de control horario”, sin perjuicio de sus adaptaciones o modificaciones que resulten oportunas.

Estas medidas se aplicarán a los empleados y empleadas del sector público estimativo autonómico comprendido en el art. 3.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria de Canarias con las singularidades que se estimen oportunas en cada entidad.

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El Tribunal Constitucional consolida el fondo de Acción Social de 2019 del Gobierno de Canarias

Libros de estudio

La sentencia del TC sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado contra las ayudas de acción social estima parcialmente las alegaciones del Gobierno de Canarias

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimó parcialmente las alegaciones efectuadas por el Gobierno de Canarias el pasado 13 de febrero ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración General del Estado sobre el artículo 47.1 de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2019 contra las ayudas de Acción Social. Con esta sentencia, que el Ejecutivo autonómico ha conocido ayer, se consigue consolidar un fondo de Acción Social igual al que ya se estableció en 2016 por importe de 6.750.000 euros.

El TC estimó que la pretendida declaración de inconstitucionalidad sobre el importe del Fondo de Acción Social debe proyectarse tan solo sobre el exceso inicialmente presupuestado en 2019. Así, la cuantía correcta -a juicio del TC- ha de ser de igual que la presupuestada para el ejercicio 2018. De esta forma, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad podrá ordenar el abono de las cuantías concedidas al personal público del Gobierno de Canarias que estaba pendiente de pago desde enero de 2019.

En ejercicio de la competencia contenida en el artículo 107.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno autonómico promovió en 2015 y 2016 el incremento progresivo de las dotaciones del fondo de acción social, entre cuyos objetivos legítimos que persigue, se encuentran, garantizar el principio de igualdad constitucional y no discriminación, en particular, en la asunción de las cargas familiares, mediante la previsión de ayudas en la asunción de gastos de guardería, para hijos de 0 a 3 años.

Dicha medida de restitución de derechos del personal del sector público está en consonancia con el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo publicado por resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Solo afecta la cuantía

El TC ha reconocido que en todo caso, y de acuerdo con lo alegado por la representación del Parlamento canario, el objeto del recurso debía quedar ceñido a los párrafos del precepto donde se fija la cuantía del Fondo de Acción Social y su distribución, y que debían quedar al margen los apartados que contienen normas respecto de las que nada se alegó en el recurso de inconstitucionalidad y que pueden, además, permanecer vigentes aun cuando el importe del Fondo de Acción Social, único contenido del precepto controvertido por el recurrente, hubiese sido declarado inconstitucional. Este fue el motivo por el que el Gobierno de Canarias solicitó el levantamiento de la suspensión de la aplicación de la norma recurrida.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias también argumentaron que no concurrían los presupuestos fácticos excepcionales, vinculados a la crisis económica de 2008, que justificaban el empleo de estas potestades excepcionales en ejercicios anteriores, puesto que si el Real Decreto-ley 24/2018 autoriza un incremento de las retribuciones de hasta un 2,5 por ciento porque la coyuntura económica lo permite, no se justifica entonces la prohibición de incrementar los gastos de acción social con los que la Comunidad Autónoma pretendía cumplir con obligaciones asumidas (abono de las primas de pólizas de seguros concertadas) y restituir derechos y beneficios que se han ido progresivamente cercenando, en legítimo ejercicio de sus competencias sobre acción social cuestionando.

Abono de las cantidades resultantes, en marzo

En la convocatoria de 2019 se presentaron 14.310 solicitudes, de las que 12.724 resultaron admitidas al cumplir los requisitos de las bases de la convocatoria. Los conceptos más relevantes de las solicitudes son los que se refieren a Ayudas a la educación y a la formación, con 11.537 solicitudes, y Prótesis Dentarias, con 12.883 solicitudes, seguidas por las solicitudes de ayudas para Prótesis oculares (4.526 solicitudes) y para prótesis dentarias de cónyuges e hijos (2.135 solicitudes).

Por lo tanto, y según las Bases de la convocatoria, será la Dirección General de la Función Pública la que determinará la proporción en la que, por igual para todas las ayudas de Acción Social concedidas, ha de reducirse el importe a la luz de la sentencia conocida ayer.

La Dirección General de la Función Pública dará traslado de la resolución definitiva a la Dirección General de Planificación y Presupuesto a los efectos de las correspondientes transferencias de crédito a las consejerías u organismos para su posterior abono en las nóminas en las que perciben sus retribuciones las personas beneficiarias. Con carácter general serán las Secretarías Generales Técnicas (y en órgano de análoga naturaleza) las encargadas del abono de las ayudas. Se prevé que el abono se pueda efectuar en la nómina correspondiente al mes de marzo del año en curso.

De forma paralela, el 17 de febrero se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de Acción Social para el ejercicio 2020, que finalizará el próximo 17 de marzo. La Dirección General de la Función Pública ha abierto un canal de comunicación a fin de que la formulación y tramitación de dichas solicitudes se efectúe telemáticamente, buscando así una reducción de los plazos finales de resolución.

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El BOC publica hoy el nombramiento de 136 personas que ingresan como personal funcionario de la Comunidad Autónoma

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Se les adjudica puesto de trabajo en siete cuerpos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy el nombramiento como personal funcionario de carrera de 136 personas en siete resoluciones que se corresponden con igual número de cuerpos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como anunció el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en una reciente comparecencia parlamentaria, cuando adelantó que la Dirección General de la Función Pública tenía previsto efectuar estos nombramientos en el transcurso de este mes.

En las resoluciones publicadas hoy se incluyen los nombramientos de los siguientes cuerpos:

  • Dos personas que ingresan por promoción interna en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Financieros y Tributarios (Grupo A, Subgrupo A1).
  • Ocho por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Letrados (Grupo A, Subgrupo A1).
  • 12 por el sistema general de acceso libre en Cuerpo Facultativo, de Técnicos de Grado Medio, Escala de Técnicos Facultativos de Grado Medio (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Técnicos de Prevención).
  • Tres por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Técnicos Facultativos Superiores (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad Técnicos de Prevención.
  • 47 por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala de Gestión General (Grupo A, Subgrupo A2).
  • Uno en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos (Grupo A, Subgrupo A1), Especialidad Arquitectos.
  • 63 en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A, Subgrupo A1).

En todos los casos, la adjudicación del puesto de trabajo correspondiente es de carácter provisional y la toma de posesión deberá efectuarse en el plazo de un mes contado a partir del lunes de la próxima semana.

Por otra parte, quedan pendientes de efectuar el nombramiento en el turno libre del Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Grupo A, Subgrupo A2 (hay 34 personas aspirantes seleccionadas); en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Especialidad de Ingenieros Técnicos Industriales, Grupo A, Subgrupo A2 (ocho personas aspirantes seleccionadas), y en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1, (en ejecución provisional de sentencia, con 14 aspirantes). En promoción interna están pendientes el Cuerpo Administrativo Grupo C, Subgrupo C1 (74 personas seleccionadas) y el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad de Ingenieros Industriales, Grupo A, Subgrupo A1 (dos personas seleccionadas). En todos estos casos, la Dirección General de la Función Pública continúa con la revisión de la documentación presentada con la intención de resolver lo antes posible.

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Julio Pérez escuchó las principales reivindicaciones de los sindicatos de la Administración

Primera reunión Julio Pérez con los representantes sindicales

Representantes sindicales y miembros del equipo de la Consejería de Administraciones Públicas acuerdan mantener reuniones de forma periódica para abordar diversos temas tras esta toma de contacto y ahondar en el diálogo

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la directora general de la Función Pública, Laura Martín, el director general de Modernización y Calidad de los Servicios, Pablo A. Hernández, y la directora del ICAP, Eva de Anta, tuvieron ayer lunes un primer encuentro con representantes sindicales de la Administración General que sirvió de toma de contacto entre ambas partes.

Al encuentro, mantenido en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria mediante videoconferencia, acudieron por parte de los sindicatos, acudieron al encuentro Manuel González y Francisca Martín por Sepca; José Ramón Barroso y Pedro Costeras, por CCOO; Javier Galván y Elías Martín por CSIF; Gregorio Acosta por UGT; y Abraham Catalina Méndez y Ana María García por Cobas y un representante por Intersindical Canaria.

Julio Pérez expuso a los representantes sindicales cuatro aspectos a los que pretende dar prioridad a en esta legislatura: reforzar la estabilidad de la estructura de la propia Administración autonómica; avanzar en la digitalización de los procedimientos; aumentar la transparencia en la gestión, y mejorar la medición y evaluación de las actuaciones.

Ambas partes hicieron constar la necesidad, y su intención, de dialogar para consolidar los avances ya alcanzados, mejorar los aspectos que lo necesiten y plantear nuevos objetivos en esta nueva etapa. Para ello, ambas partes se comprometieron a celebrar reuniones periódicas que les permita continuar debatiendo sobre los asuntos a abordar.

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El Gobierno aprueba nuevas medidas para la conciliación en el ámbito de la Administración General

Francisco Rodríguez, director general de Función Pública

Se trata de un conjunto de medidas que permiten avanzar en la protección de familiares menores de edad, con discapacidad o de avanzada edad que requieran de especiales cuidados y estén bajo el cuidado directo del personal, así como para atender las propias circunstancias vitales del personal

El director de la Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, anuncia que la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad aprobó hoy un paquete de nuevas medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Rodríguez explica que esta iniciativa da cumplimiento, entre otros, al compromiso adquirido por el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo que se une a otras medidas ya implementadas como la jornada semanal de 35 horas, el aumento de las retribuciones, el derecho a la percepción del total de las retribuciones en caso de incapacidad temporal o el aumento de la dotación presupuestaria para las ayudas de acción social.

A través de este paquete de medidas, añadió el director general, se avanza “decididamente” en la protección de los hijos e hijas y de familiares con discapacidad o de avanzada edad, que requieran de especiales cuidados y estén a cargo directo del personal al servicio de la Administración General.

La resolución abarca, en primer lugar, una mejora en el régimen de flexibilización de la parte fija del horario que han de cumplir los trabajadores y trabajadoras, permitiendo su incorporación más tarde o pudiendo finalizar su jornada más temprano, o bien en su caso, interrumpiendo el desarrollo de la jornada, para atender las necesidades de cuidado, siempre y cuando se cumpla con el horario total.

Asimismo, se prevé la ampliación del período diario de descanso para quienes tengan la condición de personal con discapacidad o estén en procesos de recuperación por enfermedad grave, y se flexibiliza el horario en determinados períodos del año con la finalidad de favorecer la conciliación de las obligaciones laborales con el curso escolar.

También se permite la progresiva reincorporación al trabajo, mediante una adaptación horaria, a quienes hayan padecido una enfermedad oncológica o cualquier otra de especial gravedad. De otra parte, se fomenta la participación del personal en su formación y perfeccionamiento previendo la Resolución períodos de cortesía que compatibilicen su horario de trabajo con la formación.

Respecto al cuidado directo de familiares, se establecen medidas concretas respecto de hijos e hijas que padecen una enfermedad oncológica u otra de especial gravedad, también por hospitalización de familiares, por episodios de enfermedad contagiosas de menores de 14 años, para atender circunstancias personales como el fallecimiento de familiares, el matrimonio o la constitución como pareja de hecho, el cambio de domicilio, o la asistencia a técnicas de fecundación o de reproducción asistida.

Destaca la implementación en la Administración General de un crédito horario anual para la conciliación, de carácter recuperable, que podrá disponerse por el personal para atender necesidades de conciliación relacionadas con menores de edad y otros familiares, y que será del 3% de la jornada anual en 2019; del 4% en 2020, y del 5% en 2021, y que atendiendo a las condiciones para su disfrute es, a día de hoy, el crédito horario más avanzado del Estado.

Por otro lado, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en cumplimiento de aquel compromiso adquirido convocará esta semana a la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, a iniciativa de las organizaciones sindicales, para alcanzar un acuerdo por el que se constituirá una Comisión General de Conciliación cuya finalidad será estudiar la aplicación de un marco de medidas de conciliación para el conjunto de la Administración autonómica que se adapte a las específicas características de los distintos sectores públicos como son la Educación, la Sanidad, la Policía Canaria o la Administración de Justicia.

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