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El Gobierno prorroga con La Palma la elaboración de informes para el dictamen de discapacidad

A través de este acuerdo se encomienda al Cabildo de La Palma la elaboración de informes psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy jueves, 26 de diciembre, la prórroga con vigencia para el año 2020, del convenio firmado el 14 de octubre de 2016, por el que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, encomienda la gestión al Cabildo Insular de La Palma de la actividad consistente  en  la  elaboración de  informes médicos, psicológicos y sociales que sirvan de base para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad.

En este sentido, y dado el resultado positivo de la encomienda de gestión, se amplía la vigencia de la misma hasta el 31 de mayo de 2020 por un importe de 21.000 euros.

Con el objeto de articular la encomienda de gestión de la actividad consistente en la elaboración de informes médicos, psicológicos y sociales que sirvieran para el dictamen del reconocimiento del grado de discapacidad, el 14 de octubre de 2016, se suscribió entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma un convenio de colaboración, cuyo plazo de vigencia expiraba el día 31 de diciembre de 2016 y que ha sido objeto de prórroga, mediante la suscripción de las pertinentes Adendas para los años 2017, 2018 y 2019.

El objeto de esta encomienda se concreta en la elaboración de los informes psicológicos y sociales para el reconocimiento del grado de discapacidad de aquellas personas que residen en la isla de La Palma, siguiendo los criterios de eficacia, economía y eficiencia.

Además, en el citado acuerdo se incluyen la elaboración de otros informes relacionados con la discapacidad, como pueden ser el informe técnico para vivienda de protección oficial o el informe técnico para ingreso en centro residencial sociosanitario.

2,6 millones para modernizar la orientación profesional y los procesos de mejora de la empleabilidad

La subvención tiene como objetivo favorecer la inserción laboral de las personas desempleadas inscritas en el Servicio Canario de Empleo, impulsando mejoras en orientación, formación y prospección

El Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves el gasto correspondiente para la concesión de una subvención por parte del Servicio Canario de Empleo (SCE) a la Fundación Canaria para el Fomento del Trabajo (Funcatra), por importe de 2,6 millones de euros, para el desarrollo de la estrategia de modernización del servicio de orientación profesional y la innovación en los procesos de mejora de la empleabilidad. Las acciones de este proyecto están incluidas en el Plan Reincopora-T (2019-2021) para la atención a las personas desempleadas de larga duración, aunque se presta también especial atención a las personas paradas de difícil inserción, jóvenes inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, mayores de 55 años, personas discapacitadas y mujeres.

Entre los objetivos principales de esta subvención, que tiene como plazo de ejecución hasta diciembre de 2020, se encuentra la mejora de la empleabilidad de los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral. Para ello, se plantea una actuación sobre tres ejes: la orientación, la formación y la prospección.

Así, se pondrán en marcha las actuaciones necesarias para mejorar la calidad y eficiencia del proceso orientador, con las miras puestas en mejorar el nivel de empleabilidad de las personas desempleadas y dotarlas de nuevas oportunidades laborales.

Se ejecutarán acciones de formación para los usuarios, sobre todo conducentes a la obtención de una cualificación profesional, y para los profesionales de la red de orientación, con el fin de actualizar y modernizar el proceso orientador.

Se ofrecerá atención e información personalizada, fomentando la comunicación y el acercamiento al tejido empresarial canario, por medio de la prospección, y se difundirán los distintos servicios y ayudas e incentivos a la contratación por parte del SCE, al tiempo que se impulsará la detección de las necesidades formativas de los trabajadores de las empresas y las necesidades del empleador para valorar su inclusión en la planificación de acciones de formación del Servicio Canario de Empleo.

Aprobada una subvención de 246.000 euros al Cabildo de Tenerife para generar empleo estable en la isla

Los fondos irán al proyecto ‘Microindustria’, centrado en la sensibilización y motivación al emprendimiento, así como en el apoyo técnico a las personas emprendedoras para crear y consolidar iniciativas empresariales

El Gobierno de Canarias ha autorizado la concesión de una subvención directa del Servicio Canario de Empleo (SCE) al Cabildo de Tenerife, por importe de 246.000 euros, para ejecutar un proyecto de promoción del desarrollo y de la actividad económica (Prodae) en 2020.

La ayuda estará destinada a cofinanciar los costes laborales totales de 14 personas trabajadoras para poner en marcha el proyecto ‘Microindustria’, centrado en la sensibilización y motivación al emprendimiento, así como en el apoyo técnico a personas emprendedoras en la creación y consolidación de sus proyectos empresariales.

El objetivo principal de esta ayuda, cuyo plazo de ejecución abarca desde febrero a diciembre de 2020, es promover la creación de empleo estable en la isla de Tenerife a través de la dinamización de la creación y consolidación de empresas, según criterios de calidad, innovación y sostenibilidad, para lograr un desarrollo económico diversificado y mejoras en la calidad de vida de la población. Además, contempla el apoyo específico a un sector clave para el desarrollo insular y para la diversificación de la actividad económica: la microindustria.

El Gobierno aprueba el reparto de 47,5 millones entre los cabildos para subvencionar el transporte por carretera

Consejo de Gobierno de Canarias

Esta aportación proviene del Estado y se suma a los 10 millones de euros de fondos propios que la Comunidad Autónoma ya ha transferido a los cabildos para garantizar, entre otros, las bonificaciones de las compañías de guaguas y tranvía

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda para proceder a la transferencia entre los siete cabildos insulares de los 47,5 millones de euros que el Gobierno de España ha concedido a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar el transporte público regular de viajeros. Por segundo año consecutivo, la Administración General del Estado amplía esta partida destinada a las islas en 20 millones, ya que originalmente esta subvención es de 27,5 millones de euros.

A esta partida que concede el Estado hay que sumar otros 10 millones de euros de fondos propios que aporta el Ejecutivo regional a través de la Dirección General de Transportes y que ya han sido distribuidos entre los cabildos, por lo que finalmente se transferirán este año un total de 57,5 millones de euros.

Con esta partida de fondos estatales y autonómicos se garantiza la operatividad del sistema de transporte público de viajeros por carretera del Archipiélago ya que los cabildos repartirán luego estas ayudas entre los distintos operadores que operan en cada isla. Estas compañías de transporte colectivo urbano o interurbano de pasajeros, tanto en guaguas como en tranvía, podrán emplear esta subvención para financiar gastos de explotación o para garantizar las bonificaciones establecidas para estudiantes, jubilados y otros colectivos beneficiados.

El Ejecutivo procederá ahora a la transferencia de ese importe a los Cabildos porque son estas instituciones las que tienen delegadas las competencias en el transporte regular terrestre. El número de operadores beneficiarios es de 14 en todo el Archipiélago, siendo por isla: uno en La Palma, uno en El Hierro, uno en La Gomera, dos en Tenerife, dos en Lanzarote, seis en Gran Canaria, y uno en Fuerteventura. Y el importe por islas es el siguiente:

  • El Hierro: 1.011.500 euros
  • Fuerteventura: 2.490.500 euros
  • Gran Canaria: 19.473.000 euros
  • Tenerife: 18.428.000 euros
  • La Gomera: 1.204.000 euros
  • La Palma: 2.421.750 euros
  • Lanzarote: 2.471.250 euros

Para la justificación de esos fondos, la Consejería lanza una orden por la que los Cabildos deben justificar una serie de indicadores, como son kilómetros recorridos, plazas ofertadas, viajeros por línea, tarifas por título, auditoría de sus estados financieros, número de vehículos, edad media de la flota, inversiones en movilidad y políticas de reducción del impacto ecológico, además de varios indicadores de calidad como número de paradas con marquesina, con sistema SAE o encuestas de satisfacción de los clientes.

El Gobierno modifica parcialmente los convenios del FDCAN suscritos con cinco Cabildos

El acuerdo, adoptado a instancias de las corporaciones insulares, permitirá adaptar los plazos al ritmo de ejecución de los programas

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy la modificación de la cláusula relativa a los plazos de ejecución y justificación de los convenios del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) suscritos con los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

El acuerdo, adoptado a instancias de las propias corporaciones insulares, permitirá modificar los plazos de la anualidad del año 2018 para ajustarlos al ritmo de ejecución de los programas por parte de éstas.

El Gobierno satisface, de esta manera, la petición de los cabildos y evita, en última instancia, que ésos tengan que devolver al Ejecutivo las cantidades no aplicadas en el plazo previsto inicialmente.

Del mismo modo, el Ejecutivo autoriza la suscripción de las correspondientes adendas de modificación.

Incremento en 85.000 euros el convenio con Puertos destinado a sufragar los gastos de los espacios portuarios

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el incremento de 85.000 euros en el convenio suscrito entre la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y Puertos Canarios para los espacios de los marineros en los recintos portuarios

Se trata de una transferencia de crédito que tiene por objeto aumentar la dotación del convenio suscrito por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y el ente Puertos Canarios, con fecha 1 de julio de 2019, cuya cuantía inicial era de 100.000 euros y por el que se instrumenta una subvención directa a favor del ente con el fin de compensar los gastos que genera la ocupación de espacios y almacenaje de la actividad pesquera profesional en los puertos e instalaciones portuarias de su competencia, es decir, el canon de ocupación de espacios y la Tasa T-9.

La subvención fue concedida a Puertos Canarios en atención a su condición de entidad pública empresarial con personalidad jurídica-pública y patrimonio propio, independiente de la Comunidad Autónoma de Canarias con competencia para recaudar los ingresos públicos y las tarifas por las concesiones y autorizaciones otorgadas y por los servicios portuarios prestados.

Las actuaciones previstas en dicho convenio afectan a los inmuebles cuya titularidad corresponde a la entidad de Puertos Canarios, ocupados mediante la correspondiente concesión administrativa otorgada por dicho ente público empresarial a las respectivas cofradías en el espacio físico del recinto portuario, ocupado por las mismas: local social, puntos de primera venta, edificios de utilidad a la cofradía y zonas de varada.

El Gobierno de Canarias destina 395.000 euros al abono de los sexenios del PDI contratado de las universidades

El Ejecutivo ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno esta medida que responde a la apuesta decidida del Ejecutivo regional por el fomento de la investigación en el ámbito universitario

El Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto de 395.000 euros para dar cobertura al pago de los sexenios del personal docente e investigador (PDI) contratado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de la Universidad de La Laguna (ULL), correspondiente al ejercicio 2019.

Se trata de un complemento de productividad que certifica la producción científica de alto nivel. Esta medida responde a la apuesta decidida del Ejecutivo regional por el fomento de la investigación en el ámbito universitario.

Los sexenios los establece la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) -adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-, a través de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), que realiza la evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios y del personal de las escalas científicas de los organismos públicos de investigación.

Dicho complemento se implantó en un principio para el PDI funcionario, titulares de universidad y catedráticos en exclusividad, ampliándose posteriormente a los contratados doctores, que son personal laboral fijo.

El Gobierno autoriza la prórroga del convenio de asistencia jurídica para trabajadores del SCS

Garantiza el asesoramiento, orientación y asistencia letrada gratuitas al personal sanitario que haya sufrido agresiones en el desarrollo de sus funciones

El Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Sanidad a prorrogar el convenio de colaboración suscrito entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y el Consejo Canario de Colegios de Abogados mediante el cual se da asistencia jurídica al personal de los centros asistenciales que sufran una agresión durante el desarrollo de sus funciones profesionales.

Este convenio, financiado íntegramente por el SCS, entró en vigor en noviembre de 2007 y, desde 2016, incluye asistencia letrada gratuita en procedimientos abreviados y en los que se interponga recurso de apelación, para casos de agresiones calificadas como delito.

De esta manera, el SCS da cobertura gratuita sobre asesoramiento y orientación jurídica en materia civil y penal, a los trabajadores que comuniquen haber sufrido una agresión, y sobre asistencia letrada en los procedimientos judiciales que se decida interponer o se inicien de oficio por el Juzgado.

Además, desde el año 2006 el SCS cuenta con el Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores, que incluye formación e información en las distintas Gerencias para que los trabajadores aprendan a manejar situaciones de riesgo que se puedan registrar en sus puestos de trabajo.

El Gobierno autoriza a Sanidad a prolongar en 2020 las inversiones financieramente sostenibles

Están destinadas a la renovación y ampliación del equipamiento tecnológico de los hospitales del SCS

El Consejo de Gobierno autorizó hoy a la Consejería de Sanidad a realizar durante el ejercicio 2020 las inversiones financieramente sostenibles (IFS) que, por motivos de coyuntura económica, sea preciso ejecutar el próximo año para cumplir con el objetivo de renovar y ampliar el equipamiento tecnológico de los hospitales del Servicio Canario de la Salud.

Con el acuerdo adoptado hoy, la Consejería tramitará el próximo año los expedientes de suministro de equipamiento incluidos en las IFS del presente ejercicio que están en fase de inicio y cuyo procedimiento administrativo se precisa continuar durante 2020.

Estas inversiones, para las que el Gobierno de Canarias autorizó este año un crédito extraordinario por importe de 24.950.000 euros, tienen un notable impacto en la actividad de los hospitales públicos, al estar destinadas a la compra de equipos necesarios para seguir disminuyendo las listas de espera, mejorar la calidad asistencial e incrementar la eficiencia en el gasto de los recursos públicos.

Crédito de 2,9 millones para adjudicar por 6 meses el servicio de limpieza de los CAE y CAP de Tenerife a Tragsa

Los trabajadores y trabajadoras quedarán subrogados a la entidad pública mientras se procede a la licitación de un nuevo contrato

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado un crédito extraordinario de 2.989.532,50 euros para llevar a cabo la adjudicación, por una duración de 6 meses, del servicio de limpieza de los Centros de Atención Especializada y Centros de Atención Primaria de Tenerife a la empresa pública Tragsa.

De esta forma, los trabajadores y trabajadoras que venían prestando sus servicios en la empresa Ralons serán subrogados durante ese período de seis meses por Tragsa, mientras se procede a la licitación de una nueva adjudicación.

La imposibilidad de adjudicar el contrato del servicio mediante un procedimiento negociado sin publicidad debido a su elevado coste, ha llevado a adoptar esta vía como única opción viable para garantizar tanto los puestos de trabajo de la plantilla como la limpieza de los Centros de Salud y Centros de Atención Primaria de Tenerife. Así, la empresa que resulte adjudicataria de la nueva licitación también tendrá que subrogar al conjunto de los trabajadores y trabajadoras.

Tanto el Gobierno de Canarias como la Consejería de Sanidad quiere mostrar su agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras por su profesionalidad y su solidaridad ante la difícil situación que vienen soportando desde hace meses. Además, también quieren transmitir su agradecimiento a la dirección regional y central de la empresa Tragsa por su disposición y sensibilidad ante esta problemática, posibilitando una solución provisional para los trabajadores y sus familias, así como el mantenimiento del servicio de limpieza de los centros.